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| Enrique Ortega |
La llegada de los Fondos europeos a España ha sido un complejo y largo camino. Se inició el 21 de julio de 2020, cuando la Cumbre europea aprueba un Plan de inversiones para luchar contra la tremenda recesión provocada por la pandemia: el Next Generation EU, unas inversiones extras de 750.000 millones, en subvenciones y créditos a repartir por los paises para ayudar a la recuperación. Era un Plan tardío y cicatero (Estados Unidos, con Trump, aprobó en marzo la Ley Cares, con 2,2 billones de dólares de ayudas, al que se sumó, en marzo de 2021, otro Plan de estímulos de Biden, con 1,9 billones de dólares más), pero suponía un gran avance para Europa, porque apostaba por las ayudas en vez de recortes (los que sufrimos de 2010 a 2015) e incluía por primera vez la emisión de deuda europea para financiarlo.
El Plan Next Generation EU tardó en “parirse” pero más en aprobarse, por las reticencias de los paises “austeros” del centro y norte (Holanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia, también Alemania) y el cruce de los problemas políticos con Polonia y Hungría. Finalmente, en la madrugada del 11 de diciembre de 2020, la canciller Merkel logró que otra Cumbre europea aprobara definitivamente el Plan y las ayudas, siendo España el 2º país más beneficiado (tras Italia): 140.000 millones de euros (70.000 millones en subvenciones y el resto créditos).
El Gobierno Sánchez apostó por este Plan europeo de estímulos y ya desde julio de 2020 puso un equipo a trabajar en el Plan de recuperación español, que presentó en la Moncloa el 7 de octubre de 2020, a fuerzas sociales, instituciones y embajadores de la UE. Y en paralelo, su vicepresidenta Calviño multiplicó las reuniones en Bruselas, para ajustarse a las exigencias de la Comisión, en un intento de “trabajar sobre seguro”. Y así, a los cuatro meses de aprobarse oficialmente el Plan europeo, España fue el primer país en presentar en Bruselas su Plan de recuperación, el 30 de abril de 2021. En mayo, sólo lo habían presentado 10 paises.
El trabajo de un equipo en España de 150 personas y cientos de reuniones con la Comisión lograron que España haya sido, junto con Portugal, el primer país europeo al que el ejecutivo europeo aprueba su Plan de recuperación. Fue el 16 de junio y la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen viajó personalmente a España para entregar al presidente Sánchez la evaluación del Plan español: recibió la máxima calificación posible de los servicios técnicos de la Comisión en 10 de las 11 variables analizadas. El resultado del análisis “ha sido excelente”, según la Comisión, quien destacó que España “ha puesto en marcha una infraestructura adecuada para implementar el Plan y garantizar su seguimiento”.
Este “aprobado con nota” del Plan español se confirma un mes después, el 3 de julio, en la reunión de los ministros de Economía de los 27. Y con ello, el 17 de agosto llega a España un anticipo del dinero europeo: 9.036 millones. El Gobierno y la Comisión siguen negociando, unos exigiendo reformas y proyectos, y otros aprobándolas. Y así se llega a otra fecha crucial, el 3 de diciembre de 2021: la Comisión Europea avala las reformas del Plan de recuperación español y autoriza el primer pago formal de 10.000 millones de euros, tras constatar el cumplimiento de los 52 primeros compromisos contemplados en el Plan (entre ellos, la aprobación de la Ley de Cambio Climático, la Ley de Educación , la Ley del Teletrabajo, el ingreso mínimo vital, el decreto sobre igualdad retributiva de hombres y mujeres, el Plan de digitalización de las pymes, la creación del Comité de expertos para la reforma fiscal, la creación del Instituto para la Transición Justa…)
Otra vez más, la presidenta europea alaba el trabajo de España en este tuit, donde destaca que la entrega de fondos se debe a que “España ha trabajado mucho en la implementación del Next Generation EU. Y vendrán más”. Y el comisario europeo Gentiloni declara que “en estos tiempos de incertidumbre enviamos una señal de confianza en la puesta en marcha del ambicioso Plan de España para conseguir un crecimiento más fuerte, inclusivo y sostenible”. Con estos avales, el siguiente paso ha sido un mero trámite: el 21 de diciembre pasado, el Comité Económico y Financiero del Consejo europeo (los 27) emitió un dictamen favorable (el 1º que emite) para el desembolso del primer pago de 10.000 millones a España, unos Fondos que se transferirán antes de fin de año.
Estos primeros Fondos europeos (los 10.000 de ahora más los 9.083 del anticipo de agosto) ya están “apalabrados”, porque el Gobierno incluyó en el Presupuesto 2021 una partida de 24.198 millones con cargo a los Fondos Europeos, de los que casi el 60% corresponden a proyectos que van a gestionar las autonomías (11.247 millones). El Gobierno, y en especial el equipo de Economía y Hacienda que impulsa el Plan han tratado de acelerar los proyectos que van con cargo a los Fondos europeos, sobre todo este mes de diciembre. Y a fecha 20 de diciembre, está autorizado el 78% del gasto y comprometido el 71%, según el balance hecho por la vicepresidenta Calviño en la comisión mixta Congreso- Senado. Y será más para fin de año, aunque el Gobierno se ha cubierto, aprobando en los Presupuestos 2021 una disposición que permite ejecutar en 2022 lo que no se comprometa ahora.
El gran tirón en los proyectos europeos se dará en 2022, donde el Presupuesto contempla otros 26.900 millones con cargo a los Fondos europeos. Las principales partidas serán el Plan de choque para la movilidad sostenible (1.124 millones de euros) y el Plan de rehabilitación de vivienda (1.389 millones), junto a la financiación de una serie de Planes estratégicos (PERTEs): el PERTE VEC para el vehículo eléctrico (3.000 millones: el primer PERTE aprobado por Bruselas a un país, el 9 de diciembre), el PERTE para la salud de vanguardia (aprobado el 30 de noviembre, el PERTE de energías renovables (aprobado el 14 de diciembre), el PERTE del español, el de la cadena agroalimentaria, de la industria aeroespacial y el de la Economía social de los cuidados (pendientes de aprobarlos el Gobierno y luego Bruselas).
En total, España tiene derecho a 69.512.589.611 euros de Fondos europeos (esa es la cifra exacta) hasta 2026 (España quiere adelantar el cobro del 80% de las subvenciones a 2021,2022 y 2023). La Comisión Europea ya ha hecho un anticipo y un primer pago, pero no hará los 7 restantes (semestrales) hasta que España demuestre que invierte bien y que hace las reformas pactadas. Y así, semestre a semestre, aunque el control es diario, telemático: España y la Comisión han establecido un sistema bilateral de seguimiento, que se completa en España con un sistema de seguimiento estatal (ver web) que lidera una Comisión interministerial presidida por el presidente del Gobierno y donde destacan los controles de Economía (gestión) y Hacienda (auditoría) y autonómico (menos perfilado).
La Comisión Europea quiere ser muy estricta con el seguimiento y control de las ayudas europeas, para afrontar la desconfianza de los paises austeros sobre la Europa del sur. Y Bruselas está utilizando a España para demostrar su firmeza, para marcar el camino a los demás paises, lo que ha endurecido los requisitos y retrasado las aprobaciones. Pero ahora, la Comisión confía en los mecanismos de seguimiento y control puestos en marcha. Y cree que España va a cumplir, aunque el reto de gestión es enorme: esos 140.000 millones de Fondos europeos (subvenciones y créditos) previstos son tantos en 6 años como todo el dinero recibido de los Fondos europeos de 1986 a 2020 (34 años). Y habrá Ministerios que tendrán que gestionar inversiones de 2.000 millones cuando hasta ahora gestionaban 100.
Para afrontarlo, el Gobierno aprobó en diciembre de 2020 un real decreto que pretendía modernizar la Administración y los contratos públicos, para reducir la burocracia e intentar acelerar los trámites administrativos y los informes preceptivos. Y dicen que han reforzado los equipos de algunos Ministerios, para asegurar el gasto. La mayor duda está en las autonomías, que han de gestionar el 60% de los Fondos europeos, algunas con poca experiencia y recursos para gestionar grandes proyectos. Y con la batalla política por medio, que se agudizará en 2022 con las elecciones en Castilla y León y Andalucía. Urge unir fuerzas entre la Administración central y la autonómica (y local: en 2021 gestionarán 3.000 millones de Fondos europeos). Y contar en todos los casos con la colaboración de las empresas (y los sindicatos), para que los proyectos se ejecuten en fecha y forma. Porque si una autonomía no cumple, a Bruselas le da igual: quien perderá los recursos será España.
Y no se trata sólo de gastar bien los Fondos europeos, sino de cumplir también con las 170 reformas prometidas a Bruselas, para modernizar nuestra economía. De momento, el calendario se va cumpliendo (a costa de poner dos Consejos de Ministros por semana) y el último avance es la reforma laboral pactada el jueves entre Gobierno, patronal y sindicatos, que ahora debe aprobar Bruselas, como también la reforma de pensiones, aprobada el pasado miércoles en el Senado.
Por una vez, España es el alumno aplicado de Europa y la Comisión Europea nos pone como ejemplo, a pesar de las críticas constantes del PP, que primero habló de “opacidad y falta de transparencia” en el Plan de recuperación y que ahora le reprocha a Sánchez “tacticismo electoral”, personalizando sus ataques en Nadia Calviño, la responsable de la buena marcha del Plan y nuestra mejor “garantía” para Bruselas (por cierto, señor Casado: su prestigio en la UE acaba de llevar a Nadia Calviño a ser elegida presidenta del Comité responsable de las políticas del Fondo Monetario Internacional, el FMI) . Sería importante que el PP y las autonomías que gobiernan colaboraran a tope y sin reticencias en la puesta en macha del Plan de recuperación y en las reformas exigidas. Nos beneficiaría a todos.
España se juega mucho con la puesta en marcha del Plan de recuperación y sus reformas. Por un lado, este enorme esfuerzo inversor va a ayudar a la recuperación de la economía, que está siendo más débil de lo esperado por el repunte de la pandemia pero que es mayor de lo que algunos dicen, como acaba de confirmar el INE: el crecimiento de España en el tercer trimestre fue del 2,6% (no el 2% que avanzó en octubre), por encima del crecimiento europeo (+2,1% la UE-27 y +2,2% la zona euro) y de Alemania (+1,7%), según Eurostat. Y aunque España fue el país que más cayó en 2020 (-10,8%), también se espera que sea el país europeo que más crezca en 2022 (al menos +6%).
Pero el principal objetivo del Plan de recuperación y reformas es modernizar la economía, aprovechar los Fondos europeos para reformar nuestro sistema productivo, como se hizo a finales de los años 80 con el ingreso de España en la CEE (1986). Podemos dejar de ser un país de bares, hoteles y turistas para intentar convertirnos en un país más competitivo, con más industria, más tecnología, empresas más grandes y competitivas, aprovechando las fuertes inversiones previstas en la transición ecológica (39% del Plan), la transformación digital (29%), la educación y formación (10%), la Ciencia e investigación (7%) y las inversiones en infraestructuras y cohesión territorial (15%). Conseguir en unos años “otra economía”, más productiva, que cree más empleo y riqueza, que sea menos vulnerable ante la próxima crisis. Es una oportunidad histórica y no podemos desaprovecharla. Tiene que salir bien.
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