Pocas residencias de ancianos
El IMSERSO ha publicado el primer Censo de las
residencias de ancianos en España: 5.188 Centros, con 381.514 plazas,
aunque 100.000 plazas están vacías, por el desigual reparto de
oferta y demanda. España, el 4º país más envejecidos de Europa, tiene
menos residencias de ancianos (4,11 plazas por cada 100 mayores) que la
media europea (4,5) y la recomendación de la OMS (5 plazas), que sólo
cumplen 5 autonomías, con un gran déficit de residencias en Murcia,
Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias, Andalucía, Cataluña y Madrid. El
problema es que las autonomías apenas gastan en residencias, aunque el
Estado les transfiere 4.000 millones más para Dependencia. Y que el 75% de
las residencias son privadas y buscan la rentabilidad, impulsadas por
Fondos de inversión extranjeros, constructoras y aseguradoras. Faltan ahora
100.000 plazas de residencias y 400.000 para 2050. Urge cambiar
el modelo de residencia, más pequeña y con más servicios y personal,
mientras se refuerza la atención de los mayores en su casa, para
que no tengan que irse. 
Más de 3 de cada 4 residencias de ancianos son de
titularidad privada (77,3% del total) y sólo un 22,7% son de
titularidad pública, aunque incluso una parte de estas residencias públicas
las gestionan empresas privadas: sólo
el 14,2% de todas las residencias de ancianos en España son de titularidad y
gestión pública, siendo el 85,8% restante de gestión privada. En
cuanto al reparto de las plazas, el 75% de los mayores están en residencias
de titularidad privada. La mayoría de las residencias de mayores son
pequeñas o medianas y sólo el 36,1% de los Centros tienen más de 75 plazas
(de ellos, sólo el 3,4% de las residencias tienen más de 200 plazas), aunque estas
residencias más grandes, en su mayoría privadas, concentran a dos
tercios de los mayores residentes (al 66,3%).
La mayoría de las habitaciones en las 5.188
residencias de mayores censadas son dobles (el 56%) o triples (el 1%), siendo
sólo el 43% de las habitaciones de uso individual (en las residencias públicas,
suben al 48% y en las privadas bajan al 39%), según
el IMSERSO. Es llamativo que sólo el 39% gestionen la accesibilidad
y que sólo el 75% de las residencias permitan “sectorializar el edificio” por
razones de seguridad o sanitarias (una cuestión clave en la pandemia). Un 79%
de las residencias están dentro de los cascos urbanos, el 90,7% disponen de
terraza o jardín exterior y sólo el 71% de las residencias disponen de
acceso a Internet (un porcentaje que baja al 56,3% en las residencias
públicas).
De los 288.765 mayores en residencias a finales de
2022, sólo el 13,6% están en Centros de titularidad y gestión pública, según
el IMSERSO, estando el resto en residencias privadas (75,7%) o públicas con
gestión privada (10,7%). Casi 3 de cada 4 mayores en residencias tienen más
de 80 años (el 74,3%), otro 21,4% tienen entre 65 y 69 años y el
4,2% restante son residentes con menos de 65 años. Dos de cada tres mayores en
residencias son mujeres (68,2%), porque viven más años que los hombres
(el 31,8%). La mayoría de residentes tienen una dependencia moderada o severa
(43,2% tienen grado 1 y 2) y algo más de un tercio (36,7%) son grandes
dependientes (grado 3), siendo el resto de residentes dependientes pendientes
de valorar o sin grado.
En las residencias de ancianos censadas
por el IMSERSO trabajan 206.496 empleados (el 86,1 % son mujeres),
el 95,4% de ellos en plantilla de los Centros y el resto (9.522 personas) subcontratados.
Las residencias de titularidad y gestión pública tienen más del doble de
subcontratados que las privadas (8,9% de las plantillas frente al 3,5%). Y
en conjunto, las residencias disponen de 0,62 personas por residente
(0,36 de atención directa, 0,11 de personal de 2º nivel y 0,15% de atención
indirecta), pero hay más atención de personal en las residencias públicas (0,96
personas por residente) que en las privadas (0,55 personas por residente), que
en definitiva tienen “ánimo de lucro”.
España, el
4º país más envejecido de Europa, tiene menos residencias de ancianos
que la media europea. Este Censo aporta una ratio de 4,11 plazas por
cada 100 mayores de 65 años, frente a 4,5% de media en Europa y a
tasas mayores en el centro y norte de Europa: 7,5 plazas por 100 mayores en
Paises Bajos, 7,1 en Suecia, 6,8 en Bélgica, 5,7 en Finlandia, 5,4 en Alemania
y 5,1 en Francia, según
este estudio de PwC. Y estamos lejos del 5% de plazas que recomienda la
Organización Mundial de la Salud (OMS), ratio que sólo cumplen 5 autonomías:
Castilla y León (7,8 plazas por cada 100 mayores de 65 años), Castilla la
Mancha (6,91%), Aragón (6,67%), Extremadura (6,65%) y Asturias (5,62%). Las autonomías
con más déficit de residencias son Murcia (2,27 plazas por cada 100 mayores), Comunidad Valenciana (2,77%), Galicia (2,83%) y Canarias (2,84%).
El problema no es sólo que falten residencias de mayores en
media España, sino que cada vez hay más mayores y las plazas disponibles
apenas crecen. Así, entre 2010 y 2020, aumentaron en 1,2 millones los
españoles mayores de 65 años y las plazas en residencias sólo crecieron en
20.226 plazas, según
el IMSERSO. Y hoy, con 9,4 millones de españoles superando los 65 años (1
de cada 5), sólo hay 381.514 plazas en residencias.
Lo que urge es aumentar las plazas en residencias
para los dependientes que ya las necesitan: de los 190.000 dependientes “en
lista de espera” para recibir una prestación pública, 30.000 mayores esperan
una plaza en una residencia de ancianos, según
los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que han denunciado
reiteradamente que muchos de estos mayores se mueren sin recibir la ayuda
(45.360
dependientes murieron en 2022 esperando una ayuda que tenían reconocida).
Actualmente, una plaza subvencionada en una residencia es una de las
ayudas más difíciles de conseguir para los dependientes: de los
1.410.084 dependientes beneficiarios de una ayuda a la dependencia en
abril, sólo 181.496 (el 12,87%) estaban en una residencia. Y
eso, porque es la ayuda más cara de financiar, por lo que las autonomías
concentran sus ayudas en servicios más baratos, como la teleasistencia, la
ayuda a domicilio, los centros de día o el pago a los cuidados familiares.
Con ello, el problema de las familias con mayores
dependientes es que no encuentran una residencia subvencionada (el
75% son privadas) que sufren una larga lista de espera y cuyo precio es
muy dispar, según la autonomía donde se viva: el precio público de una
residencia está en 18.645 euros anuales, pero varía entre los 11.409 euros
en La Rioja y los 22.392 euros en Extremadura. Y además, el precio varía
según el mayor sea no dependiente (17.526 euros), dependiente (19.897 euros) o
necesite atención psicogeriátrica (24.299 euros),
según datos del IMSERSO. Así que muchos, que no quieren esperar o que
tienen mayores ingresos, optan por una plaza no concertada, en una
residencia privada. Y eso supone de media pagar 2.000 euros al mes (más
en algunos lugares y Centros).
Por todo esto, la falta de plazas y la dificultad de recibir
ayudas públicas, las
residencias de ancianos se han convertido en un negocio para las
empresas privadas que sostienen el 75% de la oferta de residencias en España y
que facturan
ya más de 5.000 millones anuales.
Un negocio en auge, que ha atraído a muchos Fondos de inversión
extranjeros (bastantes radicados en paraísos fiscales), a constructoras y
aseguradoras, que están multiplicado sus inversiones en el sector (junto
a inmobiliarias, la otra pata del negocio), concentrando
la oferta en menos grupos, con compras e inauguraciones.
El top
10 de las residencias privadas está encabezado por la multinacional
francesa DomusVi (propiedad del fondo británico ICG y capital francés) con
200 centros y 25.000 plazas. Le siguen el Grupo Clece, filial de la
constructora ACS (Florentino Pérez), “los Albertos” y el Fondo BlackRock, con
145 residencias y 17.000 plazas. En tercer lugar, el grupo Orpea (cuyo
mayor accionista es el fondo de pensiones Canadá Pension Plan, junto a
inversores franceses y belgas), con 53 Centros y 8.800
plazas. En 4º lugar, el grupo Vitalia Home (vinculado al Fondo
británico CVC y otros 2 fondos más, todos con sede en Jersey), con 54 Centros y
8.000 camas. En 5º lugar, el grupo español Ballesol (75,3% propiedad de
la aseguradora Santa Lucía), con 50 Centros y 7.334 plazas, seguido de Mensajeros
de la Paz, con 104 residencias y 6.364 plazas, y Sanitas Mayores
(propiedad del grupo británico que controla Sanitas), con 47 Centros y 6.344
plazas. En 8º lugar, el grupo francés Amavir (propiedad de la familia Mulliez,
la 5ª fortuna de Francia, dueños de Alcampo, Decathlon y LM), con 42 Centros y
6.223 plazas, seguido por Colisée España (otra multinacional francesa, aunque
la mayoría corresponde al Fondo IK VIII Fund, con sede en Jersey), con 51
Centros y casi 6.000 plazas. Y en el 10º puesto del ranking, la Fundación
San Rosendo, dependiente del obispado de Orense, con 47 Centros y 3.342
plazas para mayores.
El déficit de residencias para mayores es ya importante, porque
si tuviéramos el 5% de oferta para los mayores que recomienda la OMS, España
debería tener casi 100.000 plazas más que ahora (+93.486 plazas), según
los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Donde hacen falta más
plazas hoy es en Andalucía (se necesitan 28.457 plazas más), Comunidad
Valenciana (+21.900), Galicia (+14.902), Cataluña (+9.045), Madrid
(+8.283), Canarias (+7.574), Murcia (+6.542) y País Vasco
(+6.074 plazas). Y según
el último Censo, las autonomías que tienen menos residencias para la
población mayor de 80 años ( hay 18,11 centros por cada 10.000 mayores)
son Ceuta y Melilla (8,23 centros por cada 10.000 mayores de 80 años), Murcia
(,893), Andalucía (10,16) Baleares (10,34), Comunidad Valenciana (11,13) y
Madrid (12,67 Centros).
Como cada vez habrá más mayores, este déficit de 100.000
residencias irá a más en las próximas décadas: en 2050, España
debería contar con 400.000 plazas más de residencias de ancianos, hasta
785.000, más del doble que hoy (381.514), según
este informe de la consultora PwC. El problema es quien las construye
y financia, porque la gestión de la Dependencia (y de las
residencias) es de las autonomías, no del Gobierno central. Y aunque
financian el 60,4% del gasto público en Dependencia (el 39,6% restante lo
aporta el Estado), cada vez “racanean” más. De hecho, el
Gobierno Sánchez ha aumentado su aportación a la Dependencia en +4.000
millones en los últimos tres años (2021-2023) y muchas autonomías
han aprovechado estos mayores recursos estatales para reducir ellas
su gasto (ver
Blog). Así que mucho me temo que las autonomías no promuevan las
nuevas residencias que hacen falta y lo dejen en mano de las empresas privadas,
que abrirán nuevos Centros sólo en los lugares que vean negocio.
Otro problema de las residencias de mayores es que hay
una gran disparidad en la oferta, no sólo en precios, sino también en los servicios
que ofrecen a los mayores, desde el tipo de habitación al personal y los cuidados.
Por ello, el Gobierno Sánchez trató hace dos años de coordinar la oferta y
crear un marco más homogéneo para las residencias en toda España. Así, el
28 de junio de 2022 aprobó con las autonomías un nuevo modelo de cuidados,
que prohíbe la construcción de macro residencias para mayores,
fijando un tamaño máximo para las futuras (no más de 75 plazas en zonas
rurales, 90 en zonas medias y 120 plazas en ciudades) y unos requisitos
mínimos de personal para mejorar la atención a los mayores: en 2029 se
exigirá un trabajador de atención directa (desde auxiliares a fisios o
terapeutas ocupacionales) por cada 2 residentes, frente a los 0,72 trabajadores
que hay ahora.
La idea de mejorar la oferta futura y la calidad de las
residencias es buena, pero hay que financiarla, porque encarecerá las
instalaciones y la atención. Y por eso, sólo 10 autonomías votaron a favor de
este Plan y 9
autonomías votaron en contra , una de ellas la “socialista” Castilla
la Mancha (“ellos invitan y yo pago”, se quejó muy gráficamente su presidente, García
Page). Así que con la pelea política actual y la mayoría de autonomías controladas
por PP ( y Vox), no parece posible que este acuerdo avance y la
mayoría de las autonomías se embarquen en mejorar su oferta de residencias en
los próximo años.
El progresivo envejecimiento de España obliga
a abrir nuevas plazas en residencias, mientras en paralelo se debería reducir una parte de la demanda
mejorando la atención a domicilio de los mayores (para que no
tengan que salir de casa). Urge poner más dinero en todo el proceso de atención
a los mayores, en la Dependencia, la 4ª pata del Estado del Bienestar,
que está claramente infra financiada. Basta ver los datos: el
gasto público en Dependencia es de 8.312 millones anuales (y otros
2.134 millones que aportan las familias por copagos), frente a los 55.175
millones del gasto público en educación, los 92.000 millones que
cuesta la Sanidad y los 190.687 millones que gastamos en pensiones.
Hay margen para gastar más en Dependencia y en residencias asequibles y decentes.
Y en atención domiciliaria, para que no tengan que irse. Es lo menos que les
debemos a nuestros mayores.
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