En los últimos meses, se han multiplicado en media España las
manifestaciones y protestas de
sanitarios y pacientes en defensa de la sanidad pública, cada
día más deteriorada y con crecientes listas de espera (9,1 días para ver
al médico de cabecera). El último Barómetro de Sanidad y el CIS refleja que casi
la mitad de los españoles creen que la sanidad funciona mal o
necesita cambios. Y la peor
valoración se da en Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias. La clave de los
problemas sanitarios es la escasa financiación, menor que en Europa, con
varias autonomías con un gasto sanitario por habitante por
debajo de la media: Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y
La Rioja, mientras los que gastan más en salud son País Vasco,
Asturias , Extremadura, Cantabria y Castilla y León. Los expertos piden más
gasto público en sanidad, sobre todo en atención primaria, y contratar 100.000
enfermeras y 6.000 médicos. Gastar más y mejor repartido, para que la
atención sanitaria no dependa de dónde vivamos.
Uno de los servicios peor valorado de la sanidad pública es la
Atención Primaria, muy tensionada por el aumento de población (más
envejecida) y la falta de recursos y sanitarios: la nota que dan los
encuestados es 6,27 sobre 10 (era 7,13 en 2019). Y la queja más frecuente es la
creciente espera para ser atendido por el médico de familia: 9,15 días de
media, el doble que antes de la pandemia (4,7 días de espera en 2019).
Una espera que es mucho mayor en Andalucía (11,16 días de media
para ser atendido), Cataluña (10,59 días), Madrid (9,60 días) y Comunidad
Valenciana (9,34 días), bajando a la mitad en País Vasco (4,91 días de
espera media) y siendo baja en Asturias (5,45), Cantabria (5,90) y Ceuta (5,95
días).
La atención de los
especialistas es el servicio peor valorado (5,74 sobre 10),
debido a la enorme espera que supone conseguir una cita con el especialista
(128,9 días, más de 4 meses de media). El ingreso y la atención en
hospitales es mejor valorado (7,02 sobre 10), especialmente en Cantabria
(7,64), Asturias (7,55), País Vasco (7,53) y Castilla y León (7,52), bajando la
valoración de los hospitales en Ceuta (5,92), Melilla (6,18), Canarias (6,62) y
Comunidad Valenciana (6,72 sobre 10). El servicio mejor valorado es el
061/112, con un 7,26 sobre 10, seguido de las
urgencias hospitalarias, con una nota de 7,26 puntos, que sube en País
Vasco y Cantabria (6,71 puntos) y baja en Ceuta (5,05%), con un tiempo medio de
espera de 2,5 horas y Madrid liderando su uso: acude el 68,5% de la población,
frente al 41% de españoles que acuden a las urgencias hospitalarias,
una cifra altísima, consecuencia de los largos tiempos de espera en atención
primaria y especialistas.
La clave de esta valoración a la baja de la sanidad
pública está en el creciente deterioro de los servicios, en especial la
Atención Primaria y las consultas de los especialistas, lo que colapsa las
urgencias y los hospitales. Un deterioro que tiene tres explicaciones básicas:
hay más población en España (somos 49, 68 millones de habitantes, 9
millones más que en el año 2000 y 2,75 millones más que en 2019), somos una
población más envejecida y con más enfermedades crónicas (el porcentaje de
mayores de 65 años ha pasado del 16,5% en el año 2000 al 21,1% en
2026) y el gasto sanitario público es escaso y crece poco.
El gasto sanitario público en España fue de 101.739
millones de euros en 2024 (último
dato publicado por Sanidad), un 6,4% del PIB. Y lo primero que llama
la atención es que este gasto público sanitario es menor, en
porcentaje de nuestra riqueza, del que gastábamos en 2020: 83.634
millones, el 7,4% del PIB. Lo que sí ha aumentado es el gasto
sanitario privado, lo que gastan los españoles en seguros médicos, medicinas
sin receta y consultas privadas (desde el dentista al oculista o el
fisioterapeuta): suponía un 2,5% del PIB en 2024 (39.857 millones de
euros). Tanto en el conjunto del gasto sanitario (8,9% del PIB) como en el
gasto sanitario público, España está por debajo del gasto sanitario que se hace en la mayoría de Europa.
Y además, el porcentaje de gasto público (el 74% del gasto total) es inferior al
que hacen Alemania, Suecia o Noruega (el 86% del total).
Una peculiaridad de España respecto a muchos paises es que las
autonomías gestionan la sanidad pública y son responsables
del 93,6% del gasto sanitario, con enormes diferencias entre lo que
gastan entre ellas. Así, en 2024, el gasto sanitario por habitante
fue de 2.084 euros, pero había autonomías que gastaban mucho menos,
según
los datos de Sanidad: Andalucía (1.658 euros/habitante) y Madrid
(1.779 euros) sobre todo, también la Comunidad Valenciana (1.867 euros), la Rioja
(1.878) , Baleares (1.956) y Castilla la Mancha (1.957 euros/habitante). Y
destacan por su mayor gasto el País Vasco (2.332 euros por
habitante), Asturias (2.322, Extremadura (2.246) y Cantabria (2.242
euros). Y si miramos los que gastan porcentualmente menos de su riqueza
(PIB) en sanidad pública, Madrid lidera la lista (gasta el 4% de
su PIB), junto a Baleares (5,4%),Cataluña y Navarra (gastan 5,5% PIB). Y
los que hacen más esfuerzo en financiar su sanidad son Extremadura (gasta 8,9% PIB), Murcia (8%), Canarias (7,9%) y Asturias (7,8%).
Estas enormes diferencias en el gasto sanitario
público por autonomías responden a tres factores, según
un reciente estudio del Foro Económico de Galicia : diferencias en la
estructura de población (tamaño, escala de población y más o menos
envejecimiento), los recursos que destinan las autonomías (tras recibir
las transferencias del Estado) y las preferencias políticas sobre el
gasto de los gobiernos autonómicos. Y a su vez, también hay enormes
diferencias en el destino del gasto sanitario, que cada año se
dirige más a financiar los hospitales, las urgencias y sus medicamentos (62%
del gasto) y menos a la atención primaria (se lleva el 28,8% del gasto público,
pero la mitad se destina al pago de las recetas financiadas, con lo que se
lleva realmente el 14,37%). Los expertos coinciden en que la Atención
Primaria está “infra financiada”, que debería llevarse el 25%
del presupuesto, la media recomendada. Y Madrid es la que menos gasta en
atención primaria, el 10,9%.
El gasto sanitario es pues bajo en España, más en algunas
autonomías (donde hay más protestas) que en otras, pero el déficit se va
a agravar en los próximos años, porque va a seguir aumentando la
población, que estará cada año más envejecida (los mayores de 65 años
pasarán del 21,1% actual al 30% en 2050) y con más enfermedades
crónicas, mientras aumentará además el gasto sanitario por las nuevas
tecnologías y medicamentos. Así que si ahora tenemos un déficit de financiación, personal y medios, iremos a
peor.
Los expertos que denuncian la infra financiación de la
sanidad resaltan otro problema: cada vez hay más
fondos públicos que se destinan a la sanidad privada, en perjuicio
de la pública. Según los datos de Sanidad, en 2024 se destinaron 10.143
millones a conciertos con la sanidad privada (el 9,96% del
gasto sanitario total), una cifra que en 2020 eran 8.383 millones. La mayor
parte de estos conciertos con dinero público los paga Cataluña (6.838 millones
en 2024), seguida de Madrid (1.209 millones), Comunidad Valenciana (982
millones) y Andalucía (413 millones). Según un estudio de la Federación
en Defensa Sanidad Pública (FADSP), las autonomías con mayor
velocidad de privatización sanitaria son, por este orden, Madrid, Canarias,
Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana, siendo las menos “privatizadoras”
Cantabria, Castilla la Mancha, Navarra y Asturias.
Con todo este panorama sanitario, la FADSP, ha publicado un balance
de la sanidad pública en 2025 donde destaca 5 puntos:
aceleración de la asistencia hospitalaria y desmantelamiento de la Atención Primaria
(sobre todo en Madrid y Andalucía), aumento de las listas de espera (con cifras
que consideran cada vez más “maquilladas”), deficiente gobernanza (una gestión
sin planificación a medio plazo y muy politizada), enfrentamientos dentro del
sector sanitario (entre médicos y otros profesionales y el Ministerio), aumento
de los problemas y escándalos (“cribados” en Andalucía o las denuncias en el
hospital madrileño de Torrejón). Y destacan como señal del descontento, de
profesionales sanitarios y pacientes, las numerosas protestas y
movilizaciones de la “marea blanca” en Madrid,
Andalucía,
Comunidad
Valenciana, Galicia,
Aragón,
Murcia
y Castilla
y León, reflejo de una sanidad con múltiples problemas.
Lo preocupante ya no es sólo que la sanidad pública, “la
joya del Estado del Bienestar”, ofrezca una atención muy mejorable y con
enormes ineficacias sino que el gasto, la atención prestada y los
servicios son muy desiguales por autonomías, desde los profesionales
disponibles a las camas que se ofrecen o los tratamientos (la Asociación contra
el cáncer ha
denunciado muchas veces la desigualdad en los tratamientos y cribados por
autonomías). La FADSP analiza un listado de 35 variables y da
una nota a la sanidad de las 17 autonomías.
En 2024, destacaba 4 autonomías con los mejores servicios sanitarios,
por este orden: Navarra (106 puntos sobre 142), País Vasco (105),
Asturias (100) y Castilla y León (95). Tienen una sanidad “regular”
Aragón, Cantabria y la Rioja (91 puntos cada una), Extremadura (90) y Galicia
(82). Tienen una sanidad “deficiente” Cataluña (80 puntos),
Canarias, Castilla la Mancha y Madrid (79 puntos cada una). Y “la peor
sanidad” se la adjudican a la Comunidad Valenciana (62 puntos), Andalucía
(66), Baleares (77) y Murcia (78).
Cara al futuro, la clave para mejorar la sanidad es aumentar
el gasto, en toda España y especialmente en las autonomías que menos
gastan por habitante (Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares), según
el informe del Foro Económico de Galicia. Lo que proponen los expertos es aumentar
el gasto público del 6,4% sobre el PIB (2024) al 8% que gastan de media los
paises europeos. Eso supondría gastar 27.000 millones más al año,
que podría ser un objetivo de aquí a 2030.Un mayor gasto, mejor repartido, que
debería destinarse a potenciar la Atención Primaria y a reforzar las
plantillas sanitarias: el Ministerio
de Sanidad estima que hacen falta 100.000 enfermeras más (para
equipararnos con Europa) y 6.000 médicos adicionales, tres de cada
cuatro para reforzar la Atención Primaria.
Pero además, una parte mayor del gasto sanitario
debería dirigirse a prevención, porque es la inversión
sanitaria más rentable. El estudio
gallego señala, con simulaciones de la OCDE, que si España redujera a los niveles de los
mejores paises los principales factores de riesgo sanitario (obesidad,
tabaquismo, dietas poco saludables y contaminación atmosférica), tendríamos un
ahorro anual de 4.278 millones de dólares (3.733 millones de euros), además
de evitarse 2.473 muertes anuales. El gasto en prevención
ayudaría a reducir drásticamente el gasto sanitario en una década, pero para
ello debe subir del mínimo 3% actual.
Más gasto, más sanitarios, más Atención Primaria y más
prevención parecen las medidas urgentes para recomponer la
sanidad pública, así como frenar la privatización de servicios. Pero no
basta con eso: urge
un profundo cambio en la gestión, desde las políticas de
horarios e incompatibilidades hasta las incompatibilidades: no es de recibo que
los quirófanos y maquinas sofisticadas estén paralizados muchas horas del día
ni que se tarde meses en acudir a una consulta del pediatra público porque tiene
consulta privada… Hay que sentarse y pactar una organización más eficiente
de los medios y el personal de la sanidad pública, para optimizar
recursos antes de aumentar medios y personal, que también hace falta. Y además,
hay que homogeneizar la atención sanitaria y los tratamientos,
con un catálogo mínimo en toda España, lo que exige una coordinación Sanidad-autonomías
que no existe.
En resumen, la sanidad pública ha protagonizado los
últimos meses múltiples protestas en media España que son sólo un
síntoma de un sistema que funciona peor, con pocos medios y demandas
crecientes, que disparan las listas de espera y la desatención, en beneficio de
los seguros médicos y la sanidad privada. Pero los españoles apuestan por la
sanidad pública y piden en las protestas que se refuerce con
más medios y más gasto. Algo que sólo es posible con dos medidas:
un pacto para articular una
nueva financiación autonómica (con más transferencias a las autonomías
con más población mayor y dispersa) y un
pacto sanitario para aumentar el gasto y distribuirlo mejor entre
autonomías. Hoy por hoy, los dos pactos políticos parecen
imposibles. Así que nuestra sanidad pública irá a peor.
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