El desarrollo humano se estanca

Los españoles y el resto de europeos estamos ahora preocupados por nuestra seguridad y por una nueva crisis si se mantienen los aranceles de Trump. Una visión “eurocentrista” de los problemas del mundo, que no escucha la última alerta de la ONU: el desarrollo humano se ha estancado en 2024 y de seguir así, los paises en desarrollo seguirán con problemas en los próximos 25 años. Además, este estancamiento económico global ha aumentado las diferencias entre paises ricos y pobres, otro detonante de tensiones geopolíticas. Y en paralelo, también desoímos otra alerta reciente de la OMS: el atraso económico y la pobreza acortan la vida en los paises más pobres y dentro de los paises, donde los más vulnerables viven menos años. En un momento donde Trump y el nacionalismo ultra atacan la cooperación internacional, es más urgente que nunca mantenerla y avanzar en el comercio y las inversiones internacionales, en reducir las diferencias entre paises ricos y pobres. Porque un mundo menos desigual nos beneficia a todos.

En 1990, la ONU introdujo un índice para medir el desarrollo de los paises: el índice de desarrollo humano (IDH), que mide 3 indicadores claves para reflejar la situación económica y social de un país: la esperanza de vida de la población, el nivel de estudios y educación y el nivel de vida (PIB per cápita descontando la inflación). Sobre estos 3 indicadores, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publica cada año el índice de desarrollo humano del mundo y el índice de los 193 paises analizados. Y el PNUD acaba de publicar el IDH de 2024, una “alerta” para el mundo: se ha estancado en 0,76 puntos en 2024, el mismo índice que en 2023 y casi el mismo que en 2019, antes de la pandemia (0,75).

El objetivo de la ONU era que este índice de desarrollo humano (IDH) llegara a 0,81 puntos en 2030, pero los expertos del PNUD alertan que va a ser difícil conseguirlo y que si seguimos la tendencia de estos últimos años, el IDH podría estancarse en esos 0,76 puntos actuales en 2030, algo que nunca ha pasado en las últimas décadas. Y eso porque los paises ricos crecen poco y se ha estancado el crecimiento de los paises en desarrollo, una situación agravada en los últimos meses por las crisis geopolíticas y las tensiones en el comercio mundial, por la amenaza de aranceles de Trump. Y además, se está frenando la bajada de tipos (en USA y Europa), lo que agrava los problemas de deuda de muchos paises.

El otro problema sobre el que alerta la ONU es el aumento de la desigualdad entre los paises, una brecha que se había reducido y que ha crecido tras la pandemia. Esta desigualdad se refleja en los distintos índice de desarrollo humano (IDH) que publica el PNUD (ver listado). Hay un primer grupo de 74 paises de “muy alto nivel de desarrollo”, con un IDH de 0,914 puntos, encabezado por Islandia (0,972 puntos), Noruega (0,970). Suiza (0,970), Dinamarca (0,962) y Alemania (0,959 puntos). EEUU ocupa el lugar 17 (0,938 puntos del IDH), Francia el 26º, España el lugar 28º (0,918 puntos) e Italia el 29º (0,915 puntos).

El segundo grupo de paises, por su “desarrollo humano” (esperanza de vida, educación y nivel de vida) lo integran otros 50 paises con un “alto nivel de desarrollo” (media IDH 0,777 puntos), donde están China (0,797 de IDH), Brasil (0,786) y muchos paises de Latinoamérica, Asia y Oriente medio. El tercer grupo lo integran 43 paises con un “nivel medio de desarrollo” (0,656 de IDH), entre ellos India (0,685) y varios paises de Asia y África. Y el cuarto grupo lo integran los 26 paises con “bajo nivel de desarrollo” (0,515 puntos de IDH), los paises más pobres y con peor desarrollo humano del mundo. De los 10 últimos, 9 son paises de África: Sudán del sur (0,388 de IDH, la mitad que la media mundial), Somalia (0,404), República Centroafricana (0,414), Chad (0,416), Níger (0,419), Mali (0,419), Burundi (0,439), Burkina Fasso (0,459), Sierra Leona (0,467) y Yemen (0,470 puntos IDH).

El informe del PNUD (ONU) alerta que esta desigualdad en el desarrollo entre paises se ha agravado en 2024, el 4º año consecutivo en que crece la brecha entre paises ricos y pobres, tras haberse reducido en las dos décadas anteriores. Y alertan que esta mayor desigualdad mundial es un riesgo porque alienta el aumento de conflictos y de ruptura económica. Además, el informe muestra su preocupación por el futuro, ya que si se mantienen estas tendencias (estancamiento del IDH y aumento de la desigualdad entre paises), será difícil conseguir los Objetivos del Desarrollo previstos para 2030, entre ellos, acabar con el hambre en el mundo: actualmente pasan hambre 733 millones de personas y la ONU solo puede atender, con el programa de alimentos (WFP) a 123 millones de personas. ”Si sigue el estancamiento actual, los objetivos previstos para 2030 pueden demorarse décadas, haciendo del Planeta un lugar menos seguro, más dividido y más vulnerable a las perturbaciones económicas y ecológicas”, alerta Achim Steiner, administrador del PNUD (ONU).

En paralelo a este informe de la ONU se ha publicado la semana pasada otro informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que tampoco ha tenido eco en los medios. Su conclusión es tremenda: la pobreza acorta la vida. El estudio revela que la falta de oportunidades laborales, de educación y vivienda son más determinantes para provocar problemas de salud que los factores genéticos y sanitarios. Y que el nivel de desarrollo supone que las personas vivan más o menos. Un ejemplo: en paises de altos ingresos (como Suecia o Japón), la esperanza de vida es 33 años superior a la de paises pobres (como Chad o República Centroafricana. Y reitera la OMS: “millones de personas sufren más riesgo de enfermedad y muerte por las condiciones socioeconómicas en que han nacido o por el grupo social al que pertenecen. La desigualdad sanitaria no es un accidente, es consecuencia de la forma en que la sociedad distribuye recursos y oportunidades”.

Este informe de la OMS no sólo refleja una desigualdad en la sanidad y esperanza de vida entre paises, según su nivel de desarrollo, sino también dentro de cada país, según las zonas y grupos sociales. Así, revela que en el mismo Japón, los hombres de las regiones más atrasadas viven 2 años y medio menos que los de las zonas ricas. En Canadá, los inuit viven de media 12,5 años menos que el resto de la población. Y en Australia, la población aborigen vive 10 años menos que la media de la población. También en España, los datos del INE reflejan que la esperanza de vida en los municipios más ricos (Majadahonda, Las Rozas, Pozuelo) es 6 años mayor que en los municipios más pobres y con más paro (Ceuta, la Linea de la Concepción, Melilla, Algeciras o Linares).

La OMS también alerta que el mayor o menor desarrollo afecta también a la mortalidad infantil: los niños nacidos en paises pobres tienen hasta 13 veces más de posibilidades de fallecer antes de cumplir los 5 años que los de las naciones más ricas. Y señala que si consiguiéramos reducir las desigualdades entre los paises (con inversiones en servicios sanitarios, sociales, educación, servicios públicos e  infraestructuras), se podría salvar la vida de 1,8 millones de niños del mundo cada año…

Volviendo al estancamiento del desarrollo humano (IDH), la ONU (PNUD) propone medidas para impulsar el crecimiento mundial, con más cooperación internacional por la vía de inversiones y comercio, al contrario de lo que propone Trump y la extrema derecha mundial. También es clave la inversión en educación y sanidad. Y en su informe, proponen aprovechar la Inteligencia artificial (IA) para impulsar el desarrollo de los paises más pobres, lo que exige solventar las actuales brechas de estos paises en su acceso a la electricidad, a Internet y a las aplicaciones de la IA. En definitiva, creen que la IA puede corregir parte de la actual desigualdad mundial, pero si se aplica mal, sin contar con los paises en desarrollo, puede agravar esa desigualdad, planteando un futuro a 2 velocidades…

El problema de fondo es que la economía mundial se ha estancado tras la pandemia, tras décadas de crecimiento, según revela otro informe, esta vez del Banco Mundial. Y no sólo crecen menos los paises ricos, sino que “ha pinchado” el crecimiento de los paises en desarrollo: crecieron una media del +5,9% entre 2000 y 2010, un +5,1% entre 2010 y 2020 y sólo el +3,5% entre 2020 y 2024, según el Banco Mundial. Y además, estos paises en desarrollo han crecido un 0,5% menos que las economías ricas desde 2014, lo que ha ampliado la brecha de desarrollo entre paises ricos y pobres.

Lo preocupante es su futuro: “los próximos 25 años serán más difíciles para las economías en desarrollo de lo que han sido los últimos 25 años”, augura Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial. Así que no sólo tenemos el problema de que se ha estancado el desarrollo humano de los más pobres (como dice la ONU) sino que seguirá estancado los próximos años. Y eso porque se han frenado las fuerzas que les hicieron crecer, sobre todo el comercio y las inversiones (y la deuda) . Y ahora, con un menor crecimiento también para los paises ricos, preocupa que los paises en desarrollo frenen sus exportaciones y reciban menos inversiones, mientras les sigue pesando la deuda (por los todavía altos tipos de interés) y se agravan las consecuencias negativas del cambio climático.

El futuro de las economías en desarrollo no sólo es importante para ellas sino también para las economías desarrolladas. Y a su vez, el crecimiento de EEUU, Europa y Japón es clave para promover el crecimiento de los paises en desarrollo. Actualmente, ambas crecen poco y se multiplican los problemas en el comercio mundial (aranceles y proteccionismo), las inversiones y la deuda. El informe del Banco Mundial señala que los paises en desarrollo necesitarán en los próximos años un nuevo modelo estratégico que acelere las reformas estructurales, fomente la inversión nacional y extranjera, fomente nuevas áreas de relaciones comerciales y promueva un uso más eficiente del capital, el talento y la energía. Y estos retos serán claves en América Latina, África y Asia, los paises con menos crecimiento futuro. Las dificultades serán el aumento de la incertidumbre de los inversores, las tensiones geopolíticas y comerciales y el temor a una mayor inflación, que frene la bajada de tipos y encarezca la deuda.

“El mundo no puede permitirse dar la espalda a los paises en desarrollo”, dijo hace un año en Washington el economista jefe y vicepresidente del Banco Mundial, Indermit Gill. Y no sólo por humanidad y por justicia, también por “egoísmo económico”: “La historia deja claro que cerrar las brechas de renta y desarrollo entre las naciones más pobres y las más ricas beneficia a todas las economías”, señaló el Banco Mundial. Porque si los 75 paises más pobres mejoran y se reduce la brecha con los ricos, todos saldremos ganando en crecimiento, comercio, inversiones, empleo, con menos guerras, tensiones y conflictos.

Ahora que parece que cada país y cada continente se cierran sobre sí mismos, es el momento de coordinar esfuerzos, de aunar fuerzas y reforzar las instituciones internacionales, para reducir el hambre, la pobreza y la desigualdad entre paises. Hasta ahora habíamos reducido la brecha entre ricos y pobres, pero ahora hay más desigualdad global, una fuente de conflictos, de más muertes y menos esperanza de vida. Hay que atajarla entre todos, con más comercio, inversiones y colaboración multinacional. Miremos un poco al mundo.

España y el lastre de la "economía sumergida"

Pandemia, guerra de Ucrania, inflación disparada, nevada Filomena, volcán de la Palma, dana de Valencia, apagón eléctrico… Problemas y catástrofes que nos han revelado la importancia de los servicios públicos y la necesidad de que el Estado funcione. Pero eso exige contar con medios y personal, gastar más con eficacia. Y como cada vez tenemos más necesidades, hay que recaudar más para pagar lo que hace falta, para tener un país más seguro. El problema de España es que recaudamos menos que el resto de Europa, aunque parezca que nos fríen a impuestos. Pero hay mucho fraude. Y una parte es la “economía sumergida”, las actividades que no se declaran ni pagan impuestos. Un reciente informe señala que España es el tercer país europeo con más “economía sumergida, un 24% del PIB. Si aflorara y pagara impuestos, esta economía “oculta” aportaría 57.300 millones más de recaudación, que buena falta nos hace. Urge pactar un Plan para legalizar esta parte de la economía y que pague impuestos.

España tiene un problema fiscal de fondo, reiterado en este blog: recaudamos por impuestos menos que la mayoría de Europa, lo que nos obliga también a gastar menos que otros paises. En 2024, España recaudó el 42,4% de lo que produjo (PIB), frente al 46,1% que ingresó de media la UE-27, el 46,8% de su PIB que ingresó Alemania, el 46,9% de Italia y el 51,3% que recaudó Francia, según los datos de la Comisión Europea. A lo claro: que ingresamos 58.946 millones de euros menos de lo que nos correspondería según la media europea. Y 70.000 millones menos que si recaudáramos como  Alemania, 71.691 millones menos que Italia y 141.789 millones menos que si recaudáramos como Francia. Y por eso, también podemos gastar menos que ellos: el 45,4% del PIB frente al 49,2% de gasto en la UE-27.

¿Por qué recaudamos menos que la mayoría de Europa?  Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y recaudamos menos en todos los impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB frente al 10% la UE-27, el 9% que recaudan Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% en Dinamarca. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia: el 6,3% del PIB frente al 6,9% de media en la UE. La culpa es del exceso de productos con el IVA reducido (al 10%) o superreducido (4%). En el impuesto de Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa: el 2,3% del PIB, por debajo del 2,5% que recauda la zona euro. Otra vez, la culpa son las enormes exenciones y beneficios fiscales, que restan recaudación. Y en los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también España recauda menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos, debido a que el tabaco, el alcohol y los carburantes pagan menos impuestos en España. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

Un culpable claro de que recaudemos menos es que tenemos mucho fraude fiscal, en todos los impuestos pero sobre todo en el IVA y sociedades (empresas). Y una parte de ese fraude se debe a que una parte importante de la actividad económica en España está “oculta”, no paga impuestos ni cotizaciones. Son empresas y autónomos que no declaran todos sus ingresos, compras y servicios que no pagan el IVA o trabajadores que cobran “en negro” una parte de su sueldo o sus horas extras. Es la llamada “economía sumergida”, que se estimaba en el 16,9% del PIB en 2021 (235.000 millones de euros), según los cálculos de los técnicos de Hacienda (Gestha), quienes estiman que hay 4,3 millones de “empleos sumergidos”, que no cotizan ni pagan impuestos.

Pero hace poco se ha publicado un informe del CEPR que eleva el peso de la economía sumergida en España hasta el 24% del PIB, lo que nos colocaría como el tercer país europeo con más economía sumergida, sólo por detrás de Grecia (36% del PIB) e Italia (31%), empatados con Portugal (24% del PIB) y por delante de Francia (14% del PIB “sumergido”), Alemania (13%), Finlandia (10%), Suecia ()6%), Dinamarca o Austria (9%). Eso significa que casi la cuarta parte de lo que producimos (381.990 millones en 2024) no pasa por la caja de Hacienda ni de la Seguridad Social, está “oculta”. De ser el dato cierto (es una estimación, obtenida al comparar los ingresos por IVA y las encuestas de consumo), son 381.990 millones que no pagan impuestos ni cotizaciones. Sólo con que pagaran de media un 15% de impuestos, España recaudaría 57.300 millones más… Un dinero que nos vendría muy bien para fortalecer el Estado y los servicios públicos.

El Gobierno ha dicho en los últimos años que la pandemia y las ayudas posteriores a trabajadores y empresas (ERTEs) y a las familias más necesitadas (subvenciones e ingreso mínimo vital) han servido para “aflorar” una parte de la economía sumergida, que se ha “regularizado” para poder acceder a esas ayudas. De hecho, sus datos reflejan que entre 2020 y 2022 afloraron 285.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social (250.000 eran asalariados y otros 35.000 autónomos que no se afiliaban). Puede ser que las ayudas postpandemia hayan llevado a empresas y trabajadores a “legalizarse”, pero este reciente estudio europeo del CEPR revela que España es el país donde más creció la economía sumergida entre 1999 y 2020: +7% (del 17 al 24%), frente al 1% que creció en Italia y Alemania, el 2% que creció en Francia y el 4% que creció en Portugal.

¿Dónde se concentra la economía sumergida? Básicamente, en la agricultura, en los “arreglos” de la construcción, el servicio doméstico y empresas de limpieza, la hostelería, inmobiliarias, peluquerías, talleres y transporte según un estudio de la Universidad de Murcia, que revela un mayor porcentaje de economía sumergida en Canarias, Andalucía, Extremadura y Murcia. En líneas generales, esta “economía sumergida” no declara trabajos hechos por empresas y autónomos, ni parte de sueldos y horas extras, ni alquiles ni ventas (en muchos casos declaradas por debajo de su valor). Este fraude recorta los ingresos por IVA, lo que hay que declarar por IRPF y los impuestos a pagar por módulos y sociedades.

Hay “5 prácticas tipo” que son las más utilizadas por la economía sumergida en España: trabajos sin contrato ni alta en SS (el 32% de los jóvenes de 16 a 24 años han recibido dinero “en B” en los últimos años, frente al 11% de todos los trabajadores, según InfoJobs), autónomos que trabajan sin darse de alta ni declarar ingresos, actividades “informales” al margen de la legalidad (venta ambulante, reparaciones, mantenimiento, comercio “informal”…), subcontratas opacas que trabajan para empresas legales y pagos en efectivo no declarados. Y también, una parte de los parados hacen “chapuzas”, trabajos no declarados. Muchos de los que no declaran sus ingresos lo justifican en la alta fiscalidad que hay en España (ojo: menor a la de la mayoría de Europa) y a las elevadas cotizaciones sociales.

La Comisión Europea lleva años llamando la atención a España por su baja recaudación fiscal, el elevado fraude y el gran peso de la economía sumergida. Ya en 2018, en su discurso de investidura, Pedro Sánchez prometió reformar la fiscalidad (no ha conseguido aprobar una reforma fiscal, sólo “parches” y subida de impuestos a energéticas y bancos), establecer un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de Sociedades (aprobado por el Gobierno en junio de 2024 y aprobada en diciembre por el Congreso) y “combatir la economía sumergida”.

Para cumplir con las exigencias de Bruselas, el Plan de Recuperación, aprobado en abril de 2021, incluyó un apartado, el Componente27, con “medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal”. Ahí se incluía el compromiso de aprobar una Ley contra el fraude fiscal, aprobada por el Congreso en junio de 2021, que incluyó algunas medidas contra la economía sumergida: se limitó el pago en efectivo a 1.000 euros (desde 2.500), se prohibió el software de doble uso (programas informáticos que permiten manipular la contabilidad y pueden usarse por las empresas para ocultar parte de su actividad), se estableció un mayor control sobre las criptomonedas y contra la elusión en paraísos fiscales.

En paralelo, los Planes anuales de inspección de Hacienda están muy centrados en vigilar a empresas y autónomos inmersos en la economía sumergida, aunque los resultados no parecen muy fructíferos. Así, en 2023, Hacienda descubrió ventas ocultas por importe de 466 millones de euros, tras 2.317 actuaciones dirigidas a aflorar la economía sumergida, con sanciones impuestas a 1.200 contribuyentes, según la Agencia Tributaria . Y en 2024, el Plan de inspección de Hacienda se ha centrado en vigilar a los profesionales que manejan mucho efectivo y los que impiden el pago con tarjeta, además de rastrear a empresas, autónomos y profesionales de los que hay sospechas de falseo de ventas o manipulación de existencias, junto a la detección de facturas falsas. Otra medida importante, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, es la obligación de enviar a Hacienda las facturas digitales que emitan las empresas y autónomos que facturen menos de 6 millones de euros al año.

La lucha contra la economía sumergida no es sencilla y exige Planes y medios. El Comité de Sabios que preparó en 2022 un informe con propuestas para una reforma fiscal (y que está en el cajón de Hacienda, por la imposibilidad política de pactar una reforma) ya propuso la creación de una Unidad Permanente de análisis del cumplimiento tributario, dentro del Instituto de Estudios Fiscales, unidad que no se ha creado. Además, los técnicos de Hacienda(Gestha) insisten en que hace falta reforzar la Agencia tributaria, porque tiene pocos inspectores para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida: son 7.198 funcionarios en funciones de auditoría, investigación y control, frente a 12.834 en Francia o 24.533 en Alemania.

Los expertos apuestan por aprobar un Plan contra la economía sumergida, que cuente con más personal de investigación y más herramientas digitales, entre ellas la Inteligencia Artificial (IA) y el refuerzo de la digitalización de datos, para ser más eficientes en la detección de la economía oculta, con incentivos a los que regularicen su situación fiscal. Necesitamos con urgencia más recaudación fiscal (no menos, como defienden el PP y Vox con su cantinela de “bajar impuestos”), para afrontar las necesidades que tenemos para digitalizar y descarbonizar la economía, mejorar la innovación y la tecnología y reforzar los servicios públicos, la Defensa y la Seguridad, en especial los servicios de protección civil, para afrontar con mejores resultados las futuras “emergencias” (que vendrán).

No podemos permitir que la cuarta parte de la economía (“sumergida”) no pague y arrime el hombro, porque eso nos quita recursos necesarios y obliga a la mayoría a pagar más impuestos de los que debería, mientras muchos se escaquean. El debate no es subir o bajar impuestos sino quien tiene que pagar más porque no paga (poco o nada). Y recordemos: pagar impuestos hoy (todos, no los de siempre) es la garantía de que nos van a atender mañana.

Los mayores viven mejor

En abril, los jubilados han cobrado una pensión media de 1.503 euros mensuales, el doble de lo que cobraban en 2007 y un 32,5% más que hace 5 años. Las pensiones han subido mucho más que los salarios y la inflación, mejorando sustancialmente los ingresos de los mayores, aunque más de la mitad de los pensionistas cobran menos del salario mínimo. Las rentas de los mayores han crecido más que las del resto de españoles y más que las de los jubilados europeos, lo que les permite ahorrar y ayudar a sus hijos y nietos, apoyados además por tener la mayoría una vivienda en propiedad. Con todo, el problema sigue estando en los que tienen de 55 a 65 años, que tienen mucho paro y pocos ingresos, sobre todo los menos formados. Un estudio revela que mejorar la formación de los mayores es clave para su salud y calidad de vida. Algo clave en España, porque en 2050 habrá 16,68 millones de mayores, el 30% de la población.

                    Los mayores de 65 años serán el 30% de los españoles en 2050

El 1 de enero de 2025, vivían en España 10.183.437 personas mayores de 65 años (4,44 millones de hombres y 5,74 millones de mujeres), uno de cada cinco españoles (el 20,74%), según el último Censo del INE. Una cifra de mayores que se ha disparado desde 2008 (7.633.807 mayores, el 16,57%), por el aumento de la esperanza de vida. Y las previsiones del INE auguran que la cifra de mayores seguirá subiendo: 11.827.742 en 2030 (el 22,8% de la población) y 16.684.954 mayores en 2050 (el 30,4% de los habitantes).

Además del fuerte aumento de los mayores, otro dato relevante es que han sorteado las últimas crisis mejor que el resto de la población, gracias a la subida de sus pensiones. Y además, la renta de los mayores en España supera a la de los mayores del resto de Europa, según un reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie: tienen una renta mediana de 19.320 euros (2023), un 6,4% más que los 18.152 euros de renta que tienen en la UE-27. Estas mayores rentas de los mayores españoles son aún mayores entre los que tienen estudios superiores: 30.864 euros de renta mediana  en España, un +18% que en Europa (26.072 euros). Y aún hay más diferencia entre los mayores con estudios medios; 23.134 euros en España, un +26% que en la UE-27 (18.364 euros). Y también hay diferencia (+5,1%), entre los mayores con estudios básicos: 16.807 euros frente a 15.980.

Dentro de España, los mayores son el colectivo que mejor ha soportado las últimas crisis, según otro estudio del Banco de España: los hogares encabezados por personas mayores de  75 años han mejorado sus ingresos un +9,1% entre 2020 y 2022 (de 19.800 a 21.600 euros) y los hogares encabezados por personas de 65 a 75 años los han mejorado un +4,46% (de 29.100 a 30.400 euros). En cambio, los hogares encabezados por menores de 35 años han bajado su renta mediana un -8,2% (de 31.700 en 2020 a 29.100 en 2022, los hogares encabezados por personas de 35 a 44 años han visto caer su renta real un -0,9% (de 37.300 a 35.600 euros). Y a partir de esa edad, han mejorado sus rentas: un +7,3% los hogares de personas de 45 a 54 años (de 34.300 a 36.800 euros) y un +0,55% (de 35.900 a 36.100euros) los hogares con el cabeza de familia de 55 a 64 años.

En definitiva, han sido los hogares jóvenes los que han perdido ingresos con la pandemia y la alta inflación, como consecuencia de que tienen peores trabajos y sueldos más bajos, además de beneficiarse menos de las ayudas aprobadas contra la inflación (que porcentualmente han ayudado más a los que más ganan). Y los mayores se han beneficiado más de estas ayudas y, sobre todo, de que las pensiones les han subido más que la inflación.

La revalorización de las pensiones ha sido del +21% entre 2019 y 2025, tras varios años en que sólo subieron un +0,25% anual (2014-2018). Una subida de las pensiones superior a la de los salarios (+18,6% han subido los salarios de convenio entre 2019 y 2025) y a la subida de la inflación (+18,7%), lo que ha permitido mejorar el poder adquisitivo de los mayores, básicamente de los que no tienen que pagar alquiler ni hipotecas. Y con ello, la pensión media de los 9.333.486 pensionistas (4.707.565 hombres y 4.625.885 mujeres) fue en abril de 1.309 euros mensuales, por encima del nuevo salario mínimo (1.184 euros en 2025). Y la pensión de jubilación, que cobran dos tercios de los pensionistas, superó en abril la barrera de los 1.500 euros mensuales (1.503,3 euros), lo que supone duplicar la pensión media de jubilación que se cobraba en 2007 (757 euros al mes) y un aumento del +32,5% sobre la jubilación media que se cobraba antes de la pandemia (1.135 euros).

La pensión media, global y de jubilación, ha crecido mucho, pero no podemos olvidar que hay muchos pensionistas con pensiones bajas y en mínimos. Así, en abril, más de la mitad de todos los pensionistas (concretamente 4.784.170, el 51,25%) cobraban de pensión menos del salario mínimo (menos de 1.135 euros mensuales), mientras otros 4.374.099 pensionistas (el 46,8%) cobraban entre el SMI y la pensión máxima (3.267,70 euros en 2025), según los datos de la SS. Y sólo 175.217 pensionistas (el 1,8%) cobran la pensión máxima. Una desigualdad de pensiones fruto del tiempo cotizado y los sueldos cobrados, que perjudican sobre todo a las mujeres, que cobran de media un -45,97% menos de pensión media (1.071,76 euros las mujeres frente a 1.564,53 euros los hombres).

Pero no es sólo que los mayores cobren más pensiones que antes y hayan mejorado su economía. Es que además, en los últimos años de su vida laboral, los sueldos de los mayores de 45 años son superiores a los de los jóvenes, porque tienen más empleos indefinidos y también por el mayor peso de la antigüedad. Así, a igualdad de estudios, el salario de los mayores es un +11,9% superior al de los trabajadores de 25 a 54 años. Y si tienen estudios superiores, es un 25% más alto, según el estudio de la Fundación BBVA e Ivie.

Además, los mayores suelen tener su vivienda en propiedad (incluso una segunda alquilada) y eso les reduce costes (de alquiler e hipoteca, muy importantes ahora), aumentando sus ingresos reales. De hecho, un 84% de los mayores de 75 años tienen vivienda en propiedad y un 83,1% de los que tienen entre 65 y 74 años, mientras que sólo tienen piso propio el 31.8% de los menores de 35 años (lo tenían el 66% de esa edad en 2002), según el estudio de la Fundación BBVA e Ivie, que refleja cómo el 81% de los nacidos entre 1945 y 1965 tienen piso propio frente a sólo el 45% de los nacidos después de 1985.

Otra diferencia importante es que los mayores tienen más dinero ahorrado que los jóvenes, gracias a que han trabajado muchos años, con mejores contratos y sueldos. Así, los mayores de 65 años tienen unos 37.000 euros de media en el banco, más del doble de lo que tienen los menores de 35 años (14.430 euros). Y eso tiene mucho que ver con los ingresos percibidos y la mayor o menor dificultad para llegar a fin de mes: tienen problemas el 23,2% de los españoles de 18 a 64 años y sólo el 15,9% de los que tienen más de 65 años.

Al final, los ingresos, el ahorro y las propiedades configuran la riqueza media de los hogares, que es muy diferente según la edad del cabeza de familia, como refleja el estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Así la mayor riqueza media la acumulan las familias encabezadas por mayores de 75 años (454.700 euros de media), seguidos muy de cerca por las familias encabezadas por personas de 65 a 74 años (442.300 euros de riqueza). Y luego la riqueza neta va bajando con la edad: 352.900 euros entre 55 y 64 años, 257.300 entre 45 y 54 años, 191.100 euros entre 35 y 44 años y sólo 77.600 euros de riqueza los hogares encabezados por menores de 35 años. Y si lo miramos en perspectiva , los “abuelos” (más de 74 años)  han aumentado su riqueza un +19,2% desde 2017, mientras sus hijos (55-64 años) la han reducido un -1,5% y sus nietos (menos 35 años) la han aumentado un +44%...

Pero esta es la versión más positiva, la que refleja que muchos mayores viven mejor que antes de la pandemia. Pero hay otros “menos mayores” que sufren muchos problemas: los que tienen entre 55 y 65 años y no trabajan ni se pueden jubilar. En España hay 7 millones de personas en esta franja de edad y lo llamativo es que más de una tercera parte de estos “mayores” (55 a 65 años) ni trabajan ni estudian, un 38,1% son “ninis” (2.668.280 personas), un porcentaje mucho mayor que los “ninis” jóvenes (16,1% entre 25 y 34 años), según el informe de la Fundación BBVA e Ivie. Y son estos mayores (55 a 65 años) los que acaparan el 45% del paro de larga duración (más de un año), porque la mayoría de las empresas no les contratan (ni les forman cuando trabajan: prefieren formar a los más jóvenes). Y la mayoría de estos mayores “sin salida” son mujeres, muchas poco formadas.

Otra conclusión del estudio sobre los mayores de la Fundación BBVA e Ivie es que la formación es clave para que los mayores vivan sanos y mejor. Por un lado, los mayores ingresos de los mayores españoles ya conducen a que vivan más años sin discapacidad que los mayores europeos, según la Encuesta Europea de Salud: 10,5 años a partir de jubilarse en España frente a 9,7 años de media en la UE-27. Pero además, en la salud de los mayores influye mucho el nivel educativo. Así, los datos revelan que los mayores de 65 años con estudios superiores tienen menos sobrepeso y obesidad (sólo el 54,1%) que los mayores que tienen sólo estudios primarios (63,6% son obesos). Y también hacen más ejercicio (36,1% los que tienen estudios superiores y el 30,9% si tienen estudios primarios). Además, el estudio revela que a más formación, más movilidad y menos problemas para cuidarse solos (el 56% de los que tienen educación primaria y el 25,6% con estudios superiores). Y lo mismo con las enfermedades crónicas: bajan entre los mayores más formados.

Además de influir sobre la salud, la formación también afecta al bienestar emocional y a las relaciones de los mayores: el estudio revela que se sienten más “excluidos” de su entorno los mayores (de 55 años) con estudios primarios (el 8,8%) que los mayores con estudios superiores (sólo 4% se sienten excluidos). También los más formados se sienten menos solos  (21,5% frente al 32,4% los menos formados), tienen más relaciones con amigos y apuestan más por un “envejecimiento activo”: más actividad física y deportiva, más participación en actividades culturales y más tareas de voluntariado.

En definitiva, este estudio revela algo que hasta ahora no se tenía en cuenta: que el bienestar de los mayores no sólo está ligado a sus ingresos sino que su salud y bienestar mental está muy relacionado con su formación: cuanto más formado esté un mayor (ya desde los 55 años) más sano envejecerá y menos problemas de salud y dependencia tendrá. “Mens sana in corpore sano”, que dijo Juvenal. Por eso, el estudio propone mejorar la formación de los mayores (a partir de los 50 años), tanto para que se reciclen y no pierdan sus trabajos (o se coloquen si están parados) como para mejorar su envejecimiento, con una jubilación más sana. Esto llevaría a aprobar un Plan integral de formación de los mayores, no sólo en habilidades digitales sino en una formación multidisciplinar, sobre todo para aquellos que en su día no pudieron completar su educación básica.

Vamos camino de una sociedad envejecida, donde casi un tercio de los españoles tendrán más de 65 años en 2050. Eso exige seguir financiando las pensiones, porque estos millones de personas no tienen otra fuente de ingresos y son claves para ayudar a hijos y nietos. Hay que rechazar los argumentos de que las pensiones “están ya demasiado altas” mientras los jóvenes no pueden independizarse. Son dos cuestiones distintas: hay que apoyar a los jóvenes, con trabajos decentes y alquileres accesibles, pero sin enfrentarlos con los mayores y sus pensiones. Y, sobre todo, hay que prepararse para atender a 16,68 millones de mayores en 2050, desde la financiación de las pensiones y la dependencia a su salud y bienestar, para lo que ayudaría formarles más, con más recursos públicos. No sólo asegurarles pensiones decentes, sino hacerles sentir vivos y útiles.

1º de mayo: el empleo que viene

El empleo ha “pinchado” en el primer trimestre, como es habitual, con una pérdida de 92.500 empleos, al retrasarse la Semana Santa a abril. Pero se espera que suba este 2º trimestre y en verano, porque las empresas siguen contratando y hay 2 millones más de personas trabajando que hace 5 años. Pero hoy, 1º de mayo, podríamos reflexionar sobre el empleo del futuro, que va a cambiar drásticamente por la tecnología y la inteligencia artificial (IA). De hecho, el Foro Económico Mundial estima que 4 de cada 10 trabajadores españoles deberán “mejorar sus habilidades” para tener un empleo en 2030. A lo claro: los trabajadores tienen que reciclarse y formarse si quieren seguir trabajando en unos años. Un reto que obliga a Gobiernos y empresas a gastarse más dinero en formación y reciclaje profesional, para afrontar la digitalización, la descarbonización, la robótica y la IA, un reto del que apenas hablan los sindicatos hoy. Hay que prepararse para esta “revolución silenciosa”, la del empleo futuro.

                            Enrique Ortega

El primer trimestre suele ser malo para el empleo, por el fin de las Navidades y el menor consumo en la “cuesta de enero”. Además, este año la Semana Santa ha caído en abril y no en marzo (como en 2024), lo que ha restado empleo entre enero y marzo. Por todo ello, en el primer trimestre se perdieron -92.500 empleos, aunque son menos que en el primer trimestre de 2024 (-139.700), según la EPA publicada este lunes. Con todo, a finales de marzo había en España 21.765.400 ocupados, así que trabajan 2,08 millones de personas más que hace 5 años, antes de la pandemia (19.681.300 ocupados en marzo 2020).

El empleo ha caído sólo entre los hombres (-94.100 ocupados), mientras aumentó algo entre las mujeres (+1.600). Y lo han perdido los trabajadores españoles (-144.500 empleos), porque los extranjeros han ganado empleos (+52.000).  La pérdida de empleo se ha dado casi en exclusiva en el sector público (-92.200 empleos, por el aumento de jubilaciones) , mientras apenas caía el empleo privado (-300). Y se ha perdido empleo entre los trabajadores maduros (-119.800 empleos entre 40 y 54 años) y los más jóvenes (-60.800 empleos perdieron los de 16 a 24 años). Todos los sectores han perdido empleo, salvo el campo (+25.000), especialmente los servicios (-112.300). Y por autonomías,  han perdido más empleo Baleares (-42.400), Comunidad Valenciana (-20.400) y Andalucía (-12.300), mientras lo ganaron Madrid (+14.800) y País Vasco (+11.300 empleos).

La caída del empleo al inicio de 2025 ha provocado también un aumento del paro, que subió en +193.700 desempleados, un aumento récord desde 2013, debido a que han aumentado mucho los que buscan empleo, los “activos”: +101.200, todo un récord en los últimos años, por el aumento de mujeres que buscan trabajo (+118.100), mientras hay menos hombres buscando (-16.900). Con ello, España alcanza un récord histórico de “activos”, personas que trabajan o buscan trabajo: 24.554.500. Esto supone que, aunque crezca el empleo en los próximos meses, el paro bajará menos, porque hay más gente buscando trabajo.

Con este aumento del paro, son ya 2.789.200 las personas que están en paro, un 11,36% de las personas en edad de trabajar, según la EPA, una cifra elevada pero son 523.800 parados menos de los que había en España hace 5 años, antes de la pandemia  (3.213.00 parados en marzo de 2020, el 14,41% de la población activa). El paro ha subido en este primer trimestre más entre las mujeres (+116.500 paradas) que entre los hombres (+77.200), más entre los españoles (+147.900) que entre los extranjeros (+45.800) y más entre los trabajadores maduros (+141.300 entre 25 y 44 años), cayendo entre los más jóvenes (-12.000 parados). Por sectores, crece sobre todo en los servicios (+124.900, la mitad por el turismo y la hostelería) y también más en Cataluña (+47.200), Baleares (+42.800), Madrid (+23.900) y Canarias (+21.800), bajando sólo en Murcia (-4.400), País Vasco (-4.300) y Cantabria (-1.100).

Mientras sube el paro, hay algunos datos de fondo preocupantes. Por un lado, todavía hay 882.900 hogares donde todos sus miembros están en paro, aunque son 95.000 menos que hace un año. Por otro, baja  el porcentaje de parados que cobran el desempleo: cobraban alguna ayuda en febrero 1.722.042 parados, el 66,77% de los parados registrados en las oficinas de empleo, frente al 69,44 % hace un año. Y además, la mayoría (813.181) cobran un subsidio asistencial (480 euros al mes), mientras sólo 908.861 parados registrados cobran el subsidio contributivo (1.014,90 euros mensuales). Y ha subido el número de parados que llevan más de 1 año sin trabajo (1.065.400 parados), con lo que el 38,10% son “parados de larga duración” y tienen mucho más difícil recolocarse.

Lo más preocupante es que la tasa de paro ha subido en el primer trimestre, del 10,61% en que estaba a finales de 2024 al 11,36%, aunque es mucho más baja de la tasa de paro que teníamos hace 5 años (14,4%). Una tasa muy alejada de Europa, donde es menos de la mitad (5,7% en la UE-27 y 6,1% en la zona euro), siendo la tercera parte en Alemania (3,1%), según Eurostat. Y ha subido este trimestre la  tasa de paro juvenil (menores 25 años), que en España es el 26,5%, frente al 14,5% en Europa y el 6,3% en Alemania. Además, persiste el problema de que hay 2 Españas en el paro. Una, 8 autonomías con alta tasa de paro: Melilla (26,6%), Ceuta (26,1%), Extremadura (16,6%), Andalucía (16,4%), Baleares (14,78%), Canarias (13,27%), Castilla la Mancha (13,27%) y Murcia (12,83%). Y otra, las 8 autonomías que tienen una tasa de paro casi “europea”: Navarra (7,49% de paro), País Vasco (7,71%), Cantabria (7,86%), Aragón (8,29%), Castilla y León (8,70%), Galicia (8,80%) y Cataluña (8,91%), según la EPA de marzo.

Con todo, lo más positivo sigue siendo la mejor calidad del empleo que se crea en España, tras la reforma laboral de 2022. Este primer trimestre, el 43,07% de los contratos firmados son indefinidos, algo menos que hace un año (44,5% el primer trimestre de 2024) pero un porcentaje muy superior a los de 2023 (38,7%), 2021 (10,9%) y la media de 2014 a 2020 (sólo entre el 6 y el 8% de los contratos eran indefinidos). Con ello, ya hay 15,7 millones de asalariados con contrato indefinido, el 84,88% del total, frente al 74,61% de fijos a finales de 2021). Lo que no mejora son los contratos a tiempo parcial (por horas o días), que aumentan (+134.400 en el último año) y superan los 3 millones de asalariados, sobre todo por las mujeres (el 73,6% de estos contratos), que trabajan a tiempo parcial porque no encuentran trabajos a jornada completa o para cuidar a hijos y mayores.

Ahora, en 2015, el Gobierno y los expertos creen que España seguirá creando empleo, más que el resto de Europa pero menos que en 2023 y 2024, porque creceremos algo menos (+2,6%, frente al +3,2% en 2024). La previsión enviada por el Gobierno a Bruselas, en octubre de 2024, apostaba por crear 1,6 millones de empleos entre 2024 (+556.132 empleos, aunque realmente se han creado +468.100), 2025  (548.645 empleos) y 2026 (494.878 empleos), con el objetivo de que España roce los 23 millones de ocupados (22.989.350 en 2026) y baje su tasa de paro del 10% en 2026 (ahora parece más factible).

Los datos indican que estamos en el buen camino para lograr ambos objetivos. Pero el Gobierno Sánchez no puede “lanzar las campanas al vuelo” con el empleo y el paro, por dos razones. Una, porque seguimos siendo el país de Europa y de la OCDE (36 paises) con la mayor tasa de paro: 11,36% en España frente al 5,7% en la UE-27 y el 4,8% en la OCDE. Y la otra, porque la tasa de empleo en España es mucho más baja que en Europa: a finales de 2024 trabajaban el 71,4% de los que tienen entre 20 y 64 años, frente al 75,8% que trabajaban en Europa, el 75,1% en Francia o el 81,3% en Alemania, según Eurostat. A lo claro :que España tiene 1,08 millones de personas menos trabajando que las que deberíamos tener si fuéramos como la media europea. Y que trabajan 2,4 millones de españoles menos de los que trabajarían si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania.

Ese es nuestro gran reto: reformar la economía para que ofrezca empleo a más gente (entre 1 y 2 millones más) y eso permita reducir la tasa de paro “a niveles europeos”. En eso deberíamos centrarnos a medio plazo, sin regodearnos en los récords. Y eso implica tomar 2 medidas a corto plazo, que exigen (¡ cómo no¡ ) un pacto político económico y social. Una, aprobar un Plan de empleo, para fomentar la contratación de parados mayores de 45 años, mujeres y jóvenes, sobre todo en esas 8 regiones con más paro que la media, canalizando inversiones públicas y privadas  e incentivos a las contrataciones.

Y la otra, reformar de verdad las oficinas de empleo, porque no ayudan a los parados a recolocarse. Se han cumplido 2 años de la Ley de Empleo (entró en vigor el 2 de marzo de 2023) y no ha funcionado: ni se ha hecho un perfil de los parados ni se les ayuda individualmente a colocarse. De hecho, las oficinas de empleo sólo colocan al 1,9% de los parados y apenas un 10% de los desempleados hacen cursos de formación (largos y poco útiles). Y en la web del SEPE sólo hay registradas 83.444 empresas y 29.305 ofertas de empleo. Urge cambiar la operativa y dotar de medios a estas oficinas, gestionadas de forma muy desigual por las autonomías.

Además, este 1º de mayo habría que pensar también en el empleo a medio plazo, porque el mercado laboral va a cambiar radicalmente en los próximos años. En el mundo, 59 de cada 100 trabajadores necesitarán “cualificarse” para no perder sus empleos actuales, por la tecnología, la robotización y la inteligencia artificial (IA), según el último informe sobre el futuro del empleo del Foro Económico Mundial. Y en el caso de España, este informe señala que 4 de cada 10 trabajadores españoles deberán mejorar sus habilidades para tener empleo en 2030. Los expertos laborales y las empresas reiteran la urgencia de formación y reciclaje de los trabajadores, para mejorar su cualificación y afrontar la demanda de nuevos empleos: muchos empleos actuales desaparecerán (administrativos, secretarias, asistentes administrativos, cajeros de banco…) y se crearán otros (analistas de datos, expertos en IA, desarrolladores de software, técnicos ambientales, expertos en ciberseguridad…).

En definitiva, que no basta con que la economía española cree más empleo, para conseguir una tasa de paro “europea”, sino que hay que formar a los jóvenes en los futuros empleos que van a demandarse en los próximos años y reciclar a los empleados actuales para que no pierdan su empleo en el futuro. Esto exige una mayor inversión en formación y “capital humano”, con importantes cambios en el diseño de la educación, desde la escuela a la Universidad, y con mayor gasto en formación de las empresas y el Estado. Hay que prepararse desde ya al empleo que viene, con acuerdos entre Gobierno, empresas y sindicatos para configurar la oferta de empleo que exige el futuro. Un reto del que apenas se habla este 1º de mayo, mucho más de fondo que la jornada laboral o los salarios.

Gasto en Seguridad: otro estímulo económico

El Gobierno español acaba de comprometerse con la OTAN y la UE a gastar 10.471 millones más este año en Defensa y Seguridad, para cumplir el objetivo de gastar el 2% del PIB. Para conseguirlo, ha arañado distintas partidas del Presupuesto, con dos promesas: no se recortará el gasto social y el 87% del gasto militar irá a empresas españolas, lo que permitirá crecer más y crear 100.000 empleos. Otra vez, como con la pandemia o Ucrania, se intenta “hacer de la necesidad virtud”: aprovechar esta crisis para estimular la economía y dar un salto industrial con la Defensa y la Seguridad. Un empeño en el que está Europa, que busca una autonomía defensiva ahora que se retira Trump, con un Plan (“ReArmar Europa” ) para  gastar 800.000 millones en Defensa en 4 años. La clave es coordinarse los paises para gastar juntos y mejor, no “hacer la guerra” cada uno a su aire. Y que estas enormes inversiones relancen la economía, la industria y la tecnología europea.

La “pinza” de Trump y Putin ha puesto patas arriba el orden internacional, desde la Defensa al comercio y la economía. Y en el caso de Europa, las amenazas de Trump nos han hecho ver que “tenemos que defendernos solos”, que se ha acabado la época en que EEUU se hace cargo de la Seguridad y Defensa de los europeos, financiando el 69% de la OTAN, mientras los grandes paises europeos apenas financian este paraguas de seguridad común (el Reino Unido financia el 6% de la OTAN, Alemania el 5,27%, Francia el 4,7%, Italia el 2,72% y España el 1,24%). “La era del dividendo de la paz hace mucho que se acabó. Estamos en una era de rearme”, dijo recientemente la presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen.

De repente, en los últimos meses, la mayoría de los paises europeos se han dado cuenta del peligro, de que “tenemos que defendernos solos” ante un mundo más peligroso y donde EEUU (con o sin Trump) no está dispuesto a ser “el gendarme del mundo”. Esta preocupación por la Defensa y la Seguridad es mayor en los paises europeos que tienen frontera con Rusia (los nórdicos, bálticos y Polonia), pero ha calado en la opinión pública de toda Europa. De hecho, Alemania ha reformado su Constitución para elevar su gasto en Defensa, Polonia ha pedido a Washington el despliegue de armas nucleares en su territorio, los paises bálticos y Polonia estudian volver a desplegar minas antipersona en su frontera con Rusia y hay varios paises europeos (Polonia, Alemania o Francia) que se plantean reimplantar el servicio militar obligatorio (en España se abolió en 2001), que ya tienen 10 paises UE (Estonia, Letonia, Lituania, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Croacia, Austria, Grecia y Chipre) y otros 6 europeos (Noruega, Turquía, Ucrania, Moldavia, Bielorrusia y Suiza).

En definitiva, que tras las crisis de la pandemia y la invasión de Ucrania, la llegada al poder de Trump ha desatado en Europa otra nueva crisis, la preocupación por “la autonomía estratégica” de Europa, la necesidad de reforzar la Defensa y la Seguridad europeas. El 4 de marzo, la presidenta de la Comisión lanzó un Plan estratégico, “ReArm Europe” (ReArmar Europa), con una cifra mágica (la misma que la del Plan “Next Generation” contra la pandemia): gastar 800.000 millones en 4 años para dar un salto hacia adelante en la autonomía estratégica de Europa, para financiar proyectos de Defensa y seguridad europeos. El Plan incluye 150.000 millones de créditos europeos (financiados con la emisión de “deuda europea”), que se ponen a disposición de los 27 paises UE (y otros que los pidan), para financiar proyectos de rearme. Y se propone que los 650.000 millones restantes los financien los paises, a cambio de dejarles que gasten más y superen sus déficits (hasta un 1,5% del PIB) sin sancionarles.

Unos días después, el 19 de enero, la Comisión Europea publicó el Libro Blanco sobre la defensa Europea, concretando más el Plan “ReArmar Europa”. Ahí se esbozan las prioridades de inversión en la Defensa y Seguridad europeas: avanzar en los sectores donde Europa tiene más necesidades sin cubrir, realizar compras conjuntas de armamento y seguridad (como con las vacunas), fomentar la creación de una potente industria europea de la Defensa (con la coordinación o fusión de empresas), avanzar en la innovación tecnológica y conseguir una mayor autosuficiencia estratégica, para que los suministros futuros vengan de empresas europeas (ahora, el 60% del armamento paises UE se compra a EEUU).

Al día siguiente de presentarse estos Planes se convocó una Cumbre europea, donde los paises apoyaron estas propuestas de “rearme europeo”, aunque con matices: unos, como Alemania o Francia, están de acuerdo en movilizar fondos nacionales para reforzar su Defensa (300.000 millones Alemania y 200.000 millones Francia) mientras otros, como España y Polonia defienden que haya “un Fondo Europeo de Defensa”, como el Fondo Next Generation” contra la pandemia, que incluya no sólo créditos (los 150.000 millones prometidos por la Comisión) sino subvenciones a fondo perdido (como los del Plan de recuperación), para facilitar que los paises con menos recursos inviertan en Defensa y Seguridad.

En medio de este panorama europeo “de rearme”, España se veía “señalada”, por ser el país europeo que menos gasta en Defensa: 1,4% del PIB en 2024, sólo por detrás de Luxemburgo (1,29%), Eslovenia (1,29%) y Bélgica (1,3%), como Italia (1,49%) pero lejos del 2,12% de Alemania, el 2,06% de Francia o el 4,12% de Polonia (y del 3,71% de USA). Y sobre todo, España no ha cumplido el compromiso firmado por Rajoy en 2014, en la Cumbre de la OTAN de Gales: que todos los paises gastarían el 2% del PIB en Defensa en 2024. El Gobierno Sánchez pensaba cumplirlo más tarde, en 2029, presionado por la falta de Presupuestos y la postura “pacifista” de Sumar y Podemos. Pero estaba en medio de esa “vorágine europea de rearme” y se ha sentido presionado por Italia y Bélgica, que acaban de comprometerse a gastar ese 2% en Defensa este año. Así que, el día antes del plazo dado por la OTAN para enviar sus previsiones, el Consejo de Ministros aprobó (el 22 de abril). aumentar el gasto para alcanzar ese 2% en Defensa este año 2025, no en 2029.

Una vez más, como en la pandemia o la crisis de Ucrania, el Gobierno ha querido “hacer de la necesidad virtud” y propone que España aproveche el reto del “rearme” para dar un salto industrial y tecnológico, para reforzar el crecimiento, la innovación y el empleo con el gasto en Defensa y Seguridad. Así justifica gastar este año 10.471 millones más, para acabar gastando 33.123 millones en Defensa y Seguridad en 2025, el 2% del PIB. Como no hay Presupuesto y resultaría imposible que el Congreso apruebe este mayor gasto (los socios del Gobierno no quieren gastar más y el PP y Vox no quieren apoyar al Gobierno en un mayor gasto con el que están de acuerdo), el Gobierno ha buscado “un atajo”: arañar dinero de otras partidas para conseguir esos 10.471 millones extras.

El nuevo dinero para gastar este año en Defensa y Seguridad (10.471 millones) sale de tres fuentes: de reasignar partidas del Plan de Recuperación (como 1.300 millones para Ciberseguridad), de los ahorros conseguidos en el Presupuesto (3.000 millones menos gastados en intereses de la deuda pública, 2.819 millones del Fondo de Liquidez Autonómica o los 1.700 millones en compensar a las autonomías por menores ingresos, que ya no están justificados, 1.680 millones de préstamos de Industria y 1.395 millones del Fondo de contingencia) y por una mayor recaudación fiscal debido al mayor crecimiento y empleo.

El propio Pedro Sánchez explicó, al aprobar este gasto extra, a qué se destina, dejando claro que sólo el 18,75% de este nuevo gasto será para armamento (1.962 millones), para blindados, fragatas y armas, para “equipos de Defensa y disuasión más eficientes y seguros para los soldados españoles”. El resto del gasto (81,25%) no es gasto en armas sino en Defensa y Seguridad. La mayor partida, 3.712 millones (el 35% del gasto extra) se destina a mejorar la situación de las Fuerzas Armadas españolas: aumento de plantillas, mejora de sueldos (más bajos que en Europa), mejor formación y equipamiento. La segunda mayor partida, 3.262 millones (el 31,16%) se destina a mejoras de telecomunicaciones y Ciberseguridad (cada año sufrimos más de 1.000 ciberataques en infraestructuras críticas, desde hospitales a redes de energía y aeropuertos). La cuarta mayor partida (la 3ª es la compra de armamento) se destina a reforzar las Fuerzas Armadas para que atiendan catástrofes naturales (inundaciones, incendios…): se invertirán 1.750 millones (el 17% del gasto extra). Y la 5ª partida son 328 millones (el 3.14%) se destina a mejorar el equipamiento de los 3.000 militares españoles que participan en misiones extranjeras (16).

Pedro Sánchez justificó este mayor gasto militar en que “el mundo ha cambiado” y España se tiene que “implicar en la Defensa de Europa”. Y planteó dos compromisos. Uno, que este mayor gasto militar se va a financiar sin tocar el gasto social: “una economía saneada y dinámica como la española puede invertir en bienestar y en seguridad al mismo tiempo”. El otro, que el 87% de esta inversión en Defensa y Seguridad “se quedará en España”: 9.000 millones del gasto extra irán a empresas españolas de todas las autonomías (“vamos a exigir a las empresas que involucren en los proyectos a pymes y empresas emergentes”). Además, más de un tercio de las inversiones son en “tecnologías de doble uso”, es decir que no sólo suponen una innovación para la defensa sino también para toda la economía.

Al final, la filosofía del Gobierno es otra vez aprovechar una crisis, como la de la pandemia o la invasión de Ucrania, para “hacer de la necesidad virtud”: ya que tenemos que gastar en Defensa y Seguridad , que sirva para que España dé otro salto tecnológico e industrial, para reforzar la industria de la Defensa, Seguridad y Telecomunicaciones, que en España  integran 400 empresas (muchas de ellas “punteras”), con 36.000 empleos. Precisamente, el presidente Sánchez se reunió con ellas en La Moncloa, en marzo, para pedirles que reforzaran sus inversiones y se prepararan para “el rearme europeo”, participando en programas con otras empresas del continente. Con todo este programa inversor en Defensa y Seguridad, el Gobierno espera crecer más (un +0,4/+0,7% adicional del PIB), crear 100.000 nuevos empleos (de calidad) y aumentar la inversión en tecnología un 18%. Otro fuerte estímulo al crecimiento, como lo está siendo el Plan de recuperación.

España no ha querido esperar a que Bruselas concrete su Plan “ReArmar Europa” para comprometer este gasto extra en Defensa y Seguridad, con el que se presentará a la Cumbre de la OTAN de junio en La Haya. Una Cumbre donde se espera aumentar el gasto militar de la OTAN hasta el 3,5% del PIB en 10 años. Así que España y el resto de Europa tendrán que seguir aumentando su gasto en Defensa y Seguridad en los próximos años, con fondos europeos y nacionales. El objetivo de Bruselas es conseguir un gasto militar y una mayor independencia estratégica en 5 años, la base de un “ejército Europeo”. Para ello, tratarán de reforzar la industria de defensa europea (con programas de inversión y fabricación conjunta), unificando compras y equipos y coordinando prioridades.

El último informe sobre Defensa del Parlamento Europeo, presentado el 2 de abril, refleja las carencias comunitarias, las que deben ser ahora las prioridades europeas: comunicaciones por satélite (habría que integrar las empresas Thales, Airbus y Leonardo, para crear un gigante europeo que compita con los satélites de Elon Musk), los aviones de transporte de tropas y de reabastecimiento en vuelo (ahora son de USA), conseguir cadenas de mando y control integrados y avanzar en artillería y escudos antimisiles. Y es clave avanzar en las compras conjuntas, tras la aprobación por Bruselas del EDIRPA, la norma que obliga a los paises a que el material militar que compren contenga un 65% de material “made in Europe”…

Bueno, parece que Europa “se ha despertado de un sueño” y ahora la mayoría de paises y ciudadanos (por las encuestan) apoyan un mayor gasto en Defensa y Seguridad, sabiendo que no es tanto gastar más en cañones, tanques o aviones como gastar en tecnología, satélites, inteligencia militar y ciberseguridad. Y que no se trata de gastar más sino de gastar mejor y juntos. Porque se da la paradoja de que Europa es la 2ª potencia militar del Planeta, tanto en efectivos como en capacidades y gasto, pero no es eficaz porque no actúa como un solo país, sino que son 27 paises (o 35) “haciendo la guerra por su cuenta”, con sus propias estructuras, sus distintas prioridades y su distinto armamento (un ejemplo: en Europa hay 20 tipos distintos de tanques…). Hay que avanzar en unificar la Defensa y Seguridad del continente, un eslabón clave para conseguir una Europa más integrada y unida.

En definitiva, nos guste o no, Europa tiene que “rearmarse”, para poder “auto defenderse” en el futuro ante un mundo convulso y de bloques. Tardaremos años y nos costará dinero y grandes esfuerzos, pero no se puede delegar nuestra seguridad en otros. El dilema no es “cañones o mantequilla” sino “seguridad o inseguridad”. Europa no puede aspirar sólo a mantener el Estado de Bienestar de sus ciudadanos porque sin seguridad no hay bienestar. No se trata de ser “militarista” o “pacifista”: la realidad es que hay que invertir para defenderse. Y si encima conseguimos reanimar  la economía, crear empleo y ganar en industrialización y tecnología, mejor.

Llega la nueva tasa de basuras

Desde el 10 de abril, los Ayuntamientos con más de 5.000 habitantes tienen que cobrar una nueva tasa de basuras a sus vecinos. Actualmente, las viviendas y locales ya pagamos un impuesto municipal por la recogida de basuras, pero sus ingresos sólo cubren el 58% del coste de recogida y tratamiento. Ahora, la Comisión Europea obliga a los paises a subir las tasas de basuras, para facilitar su tratamiento y reciclaje, muy bajo en España: el 48% de las basuras acaba en vertederos y Bruselas nos ha abierto varios expedientes. El problema es que el PP (y Vox), que gestionan la mayoría de Ayuntamientos, no están de acuerdo con esta tasa, aunque están obligados a aplicarla antes de fin de año. Pero no hay una directriz homogénea para hacerlo y cada Ayuntamiento aplicará criterios diferentes. Lo seguro es que pagaremos más por la basura (ahora sólo 100 euros al año de media). Y habría que incentivar a las viviendas y locales que recojan y reciclen mejor. Necesitamos un país más limpio.

                       Ayuntamientos han de cobrar nueva tasa de basuras antes de fin de año

Europa, como el resto del mundo, tiene un grave problema con las basuras y residuos urbanos, que crecen de forma imparable, con un bajo reciclaje. En 2023 se generaron 511 kilos por europeo de residuos municipales (domésticos y comerciales), 32 kilos más que diez años antes (2013) y sólo 2 kilos menos que a principios de siglo (513 kilos en el 2000), según Eurostat. Los paises europeos más ricos del centro y norte de Europa son los que generan más residuos urbanos: Dinamarca (802 kg/habitante en 2023), Luxemburgo (712), Bélgica (689), Chipre (674), Malta (606), Alemania (601), Francia (530) y  Eslovenia (517). Les siguen Italia (486), Portugal (505), Croacia (475), Eslovaquia (472), Paises Bajos y Finlandia (468), con España en el puesto 16º : 465 kilos de residuos municipales por habitante.

Sin embargo, España es el país europeo que más ha reducido sus residuos en este siglo: -188 kg/habitante desde el año 2000 (generábamos 653 kg/habitante), mientras la UE-27 los ha reducido sólo -2 kilos (513 en 2000), Alemania los ha recortado en -41 kg/habitante (642 en 2000), Italia en -23 kg/habitante (509 en 2000) y Francia los ha subido (+16 kg, desde 514 kg/habitante que generaba en el año 2.000).

El problema no es sólo que los residuos sean muy elevados en toda Europa sino que su tratamiento es muy deficiente, las basuras apenas se reciclan, según los datos de Eurostat: en la UE-27 sólo se reciclaron el 48% de las basuras municipales en 2023, superando ese porcentaje Alemania (recicla el 68,2% de su basura), Eslovenia (59,76%), Paises Bajos (58,33%), Luxemburgo (56,32%) e Italia (53,29%). Reciclan menos que la media europea Francia (42,26%) España (41,50% en 2023), Portugal (30,5%) o Grecia (17,54%). Otro porcentaje de las basuras se incinera: un 25,2% de media en la UE-27, porcentaje superado en Alemania (44,87%) y Francia (30,37%), pero que es mucho menor en Italia (18,50%), Portugal (18,21%), España (10,53%) y Grecia (1,54%). Y el resto de la basura que ni se recicla ni se incinera, acaba en los vertederos, un grave problema en España.

En el conjunto de Europa, sólo un 22,5% de la basura municipal (viviendas y locales) acaba en vertederos (115 kg/habitante en 2023). En Alemania, sólo un 1,16% de la basura acaba en vertederos, frente al 22,8% en Francia y el 18,10% en Italia, según Eurostat. Pero en España, acaba en vertederos casi la mitad de la basura municipal (223 kg/habitante, el 47,95% de los residuos urbanos), un elevadísimo porcentaje que nos ha costado la apertura de varios expedientes (y multas) de Bruselas. Lo mismo les pasa a Portugal (56,43% de la basura acaba en vertederos) y Grecia (80,92% de la basura va a vertederos).

Ante este “sucio panorama”, la Comisión Europea lleva más de una década dictando normas para intentar reducir las basuras y tratarlas mejor. Ya en 2008 aprobó la Directiva 2008/98/CE sobre gestión de residuos, con un doble objetivo: que los paises reciclaran el 50% de su basura para 2020 y sólo el 35% acabara en vertederos. Después, en 2018, la Comisión Europa aprobó unos objetivos más ambiciosos para el futuro: subir el porcentaje de reciclaje al 55% para 2025 y al 65% en 2035. Y más recientemente, en junio de 2019, la Comisión aprobó otra Directiva europea para retirar del mercado los plásticos de un solo uso, dando un plazo de 2 años a los paises.

Pero se ha avanzado muy poco. El 8 de junio de 2023, la Comisión Europea publicó un informe sobre el cumplimiento por los paises de estos objetivos de reciclaje, en base a los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA). Y el balance fue desolador: 18 paises comunitarios no cumplían el objetivo de reciclar un 50% de sus residuos urbanos en 2020, entre ellos España. Es más corto dar la lista de los 9 paises que sí habían cumplido: Alemania, Austria, Eslovenia, Paises Bajos, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Italia y república Checa. Y el otro objetivo, no enviar a los vertederos más del 35% de la basura, lo han incumplido también 13 paises de los 27: España, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Grecia, Hungría, Letonia, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovaquia. Resumiendo: la mayoría de Europa recicla mal. De hecho, en julio de 2024, la Comisión Europea abrió  un expediente sancionador a los 27 paises de la UE por incumplir sus obligaciones en materia de recogida y reciclaje de residuos…

Lo peor de este informe de la Comisión Europea sobre el reciclaje no es el balance de estos años, muy marcados por el COVID y sus esfuerzos extras para todos, sino el futuro, que prevén muy gris para el reciclaje. El primer objetivo, ampliar el reciclaje al 55% de los residuos urbanos en 2025 se ve muy difícil para la mayoría: de hecho, la Comisión Europea prevé que incumplan este futuro objetivo de reciclaje 18 paises, entre ellos España, los mismos que ahora. Y respecto al otro objetivo para 2035, rebajar al 10% el porcentaje de basura que acaba en vertederos, la Comisión Europea estima que habrá 13 paises europeos que lo incumplan también: España, Portugal, Grecia, Malta, Chipre, Chequia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Polonia y Rumanía.

España afrontó el grave problema de los residuos trasponiendo (con retraso) la Directiva europea de Residuos de 2008 y la de plásticos de 2019, aprobando el Gobierno Sánchez (en mayo de 2021) una Ley de Residuos que no se aprobó en el Congreso hasta el 31 de marzo de 2022, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular tiene 2 objetivos básicos: reducir los residuos generados (un -13% para 2025 y un -20% para 2030 sobre los generados en 2010) y aumentar su reciclado (será difícil alcanzar el objetivo europeo de reciclar el 60% de los residuos urbanos en 2030 si ahora estamos en el 41,50%). Y se añade un tercer objetivo para lograrlo: reducir un -50% los plásticos de un solo uso para 2026 y un -70% para 2030 (sobre el consumo de 2022). Para ello, en julio de 2022 se prohibieron los plásticos de un solo uso (bastoncillos, pajitas, cubiertos o platos). Y antes, en abril de 2022, entró en vigor la norma que obliga a bares y restaurantes a servir agua a granel gratis a sus clientes.

La Ley de Residuos aprobó 2 nuevas tasas estatales ligadas a los residuos y plásticos, que entraron en vigor el 1 de enero de 2023. La primera es una tasa estatal a los residuos, de 40 euros por tonelada, que pagarán los que lleven residuos a reciclar (“quien contamina paga”). La otra tasa estatal es un impuesto a la producción de plásticos, de 0,45 euros por kilo, que pagarán los fabricantes, aunque la repercutirán las empresas que utilicen plásticos y envases. Otro cambio importante de la Ley de Residuos es que acelera la recogida separada de residuos urbanos orgánicos, que ahora fija cada Ayuntamiento. A partir de julio de 2022, esa recogida separada es “obligatoria” para las ciudades con más de 5.000 habitantes y a partir de 2024 para todos los municipios, que tendrán que decidir cómo lo hacemos. A partir de 2022, se obligó a clasificar por materiales los residuos de la construcción y demolición. Y a partir de 2025, es obligatoria la recogida separada de residuos textiles, aceite de cocina usado y residuos domésticos peligrosos y voluminosos. El gran objetivo es que en 2035 se recojan separadamente el 50% de los residuos urbanos, facilitando su reciclaje.

Pero quedaba poner en marcha el punto más polémico de la Ley de Residuos de 2022, la implantación de una nueva tasa de basuras a vecinos y locales comerciales de los municipios con más de 5.000 habitantes  (son 1.304 ciudades y pueblos), cuya entrada en vigor se demoró 3 años, hasta el 10 de abril de 2025. Actualmente, las viviendas y locales ya pagamos una tasa de basuras, pero es muy baja: apenas cubre el 57,7 % del coste de recoger, transportar y tratar las basuras municipales, según el estudio de la Fundación ENT. Ahora, la recogida de basuras tiene un coste de 3.947 millones para los Ayuntamientos, Diputaciones y Mancomunidades y sólo se ingresan por las tasas 2.278 millones (hay un déficit de -1.669 millones que se cubre con otros ingresos).

Además de ser insuficiente, la actual tasa de basuras es muy desigual por ciudades, según el estudio: la media que pagamos por la basura son 100,12 euros por vivienda, pero hay ciudades donde se paga mucho más (236 euros en Tarragona, 209 en Palma, 194 en Bilbao, 180 en Córdoba, 170 en Girona o Murcia, 167 en San Sebastián o 165 en Logroño, siendo 113 en Barcelona y 117 en Madrid, según la OCU) y otras mucho menos (29,7 euros en Sevilla, 39 en Alicante, 43,4 en Toledo o 50,6 euros anuales en León). Y también hay muchas diferencias en la tasa de basuras de locales y comercios : 202 euros una peluquería, 214 una tienda de ropa, 271 un taller, 358 una tienda de alimentación, 396 un bar, 501  un banco, 583 un restaurante, 785 un hotel o 845 euros un supermercado… Barato parece.

Ahora, la Ley de residuos obliga a los Ayuntamientos a aprobar una nueva tasa de basuras, que tienen que cobrar antes de fin de año. El único criterio obligatorio es que esa nueva tasa tiene que cubrir todos los costes de la recogida, transporte y tratamiento de las basuras municipales, no puede ser deficitaria como ahora. Así que pagaremos más por las basuras. ¿Cuánto más? Dependerá de las cuentas de cada Ayuntamiento, que tendrá que justificar a Hacienda (para que lo traslade a Bruselas) el coste global del servicio y lo que recauda con la nueva tasa. El problema es que la Ley no fija los criterios para establecer esta nueva tasa y cada Ayuntamiento la fijará según distintos criterios: tamaño de la vivienda (o local), zona y valor catastral, número de personas que viven, consumo de agua…

Veamos lo que va a hacer el Ayuntamiento de Madrid, como ejemplo. Establecerá la nueva tasa (que quiere cobrar en septiembre: una media de 141 euros por vivienda y 310 euros por comercio) en base a una parte fija (81%), calculada en base al valor catastral de la vivienda o local y otro 19% variable, según el barrio, los residuos que ahora genera y el porcentaje de reciclaje que se hace. Y con deducciones para familias vulnerables. La mayoría de los Ayuntamientos, que están estudiando cómo cobrarán la nueva tasa, tendrán en cuenta el valor de la vivienda, número de ocupantes y consumo de agua. Pero la mayoría no tienen datos de cómo es la basura que recogen, con lo que no contemplan incentivos para los vecinos y locales que separen y recojan mejor, uno de los principales objetivos de Bruselas.

En general, la mayoría de los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes no se han preocupado hasta ahora de la nueva tasa de basuras, cuando el 10 de abril se hizo obligatoria. Detrás de este desinterés hay una razón política: el PP se abstuvo en la votación de la Ley de Residuos y ahora, por la presión de Vox (que votó en contra), ha tratado de frenar esta nueva tasa, alegando que Bruselas no obliga a imponerla. Incluso aprovechó su mayoría en el Senado para aprobar una proposición de Ley para suprimir la obligatoriedad del cobro. Y en la Federación de Municipios (FEMP), que controla, aprobó en octubre (por unanimidad) una declaración en la que pedían “reconducir” esta tasa…

Pero la Ley ha entrado en vigor y los grandes Ayuntamientos la tienen que aplicar, creando una nueva tasa de basuras y cobrándola ya en 2025. Una tasa que supondrá una subida sobre la tasa actual (100,12 euros) y que será diferente según donde uno viva, no tanto por los residuos que se generen como por los criterios para cobrarla que elija cada Ayuntamiento. Al final, el problema es que “la derecha” (PP y Vox) no quiere penalizar los residuos y van a boicotear de una u otra forma la nueva tasa de basuras, como atacan toda la regulación medioambiental (como las zonas de bajas emisiones…). Pero la realidad es que “tenemos un grave problema de residuos”, que sólo se resuelve  con el principio de “quien contamina paga”. Quien más basura genera y no recicla, que lo pague.

Esta filosofía choca con el problema de que la mayoría de los Ayuntamientos no saben cómo es la basura que recogen ni trata de concienciar a sus vecinos y locales de que separen mejor la basura (en bolsas y contenedores), facilitando la recogida selectiva. Y tampoco penalizan con multas al que recoja mal y no recicle. El problema de tratar mejor la basura no es una opción política, (no es “woke”), es una exigencia si no queremos ser “líderes en vertederos”. Y eso exige mucha información, muchas campañas, un trabajo bloque a bloque y una política de multas e incentivos para los que incumplan y cumplan mejor. No es un problema de fácil solución, pero hay que conseguir un consenso generalizado, para reducir las basuras, separarlas y reciclarlas mejor, en beneficio de todos. Y todo ello necesita además inversiones y costes, que tendremos que pagar con tasas más altas pero repartidas con justicia. Necesitamos un país más limpio.