La penúltima reforma de las pensiones

El Gobierno ha aprobado la 2ª fase de su reforma de las pensiones, pactada con Bruselas y los sindicatos, rechazada por la patronal, PP, Vox y Ciudadanos. Mientras las anteriores reformas (Zapatero 2011, Rajoy 2013) estaban centradas en recortar el gasto, esta reforma (con medidas ya implantadas en 2022 y otras aprobadas ahora) se centra en aumentar los ingresos, 15.000 millones anuales hasta 2050, que saldrán de aumentar las cotizaciones, sobre todo de los sueldos más altos: subirá sólo 37 céntimos el coste por hora trabajada, de los más bajos de Europa. Y deja para 2044 la subida del periodo de cotización de 25 a 27 años (que recortará pensiones). Esta reforma, que también mejora las pensiones mínimas, pretende contener el gasto en pensiones hasta 2050. Importante: fija un mecanismo de seguimiento: si el gasto se dispara, obliga a futuros Gobiernos a tomar medidas. Si no lo hicieran, subirían automáticamente las cotizaciones. Casi seguro que necesitaremos futuras reformas. Lo importante es apostar por garantizar las pensiones futuras.

Enrique Ortega

El futuro de las pensiones preocupa a la mayoría, porque sabemos que el gasto se ha disparado en los últimos años y tememos que un día no haya dinero para pagarlas. Los datos demuestran que el gasto en pensiones ha crecido de forma exponencial: si en el año 2000, España gastó 52.451 millones del Presupuesto en pagar pensiones, en 2008 eran ya casi el doble (98.011 millones) y en 2019 casi el triple (144.834 millones). Y a partir de ahí, el gasto ha crecido hasta 171.165 millones en 2022 y 190.687 millones destinados a pagar pensiones en el Presupuesto 2023, casi el doble que hace 15 años. Hay otra forma muy visual de ver el salto en la factura de las pensiones (ver cuadro): en enero de 2008, pagar las pensiones costó 5.947 millones de euros mensuales (4,13 millones por minuto) y ahora, en enero de 2023, han costado 11.902 millones (8,26 millones de gasto por minuto)…

El problema no es sólo que el gasto en pensiones se ha disparado, sino que todo apunta a que va a crecer más rápido y con más intensidad en el futuro, sobre todo a partir de 2027, cuando se jubile la generación del “baby boom” (nacidos entre 1960 y 1975). Hay varias causas que forzarán ese mayor gasto. Una, la revalorización de las pensiones con el IPC, aprobada por Ley desde 2022, que ya ha supuesto un coste adicional de las pensiones de 13.600 millones en 2023 y que se irá consolidando año tras año. La segunda, que las nuevas pensiones son más altas y lo serán más en el futuro, por la subida de salarios y los años cotizados. Así, la pensión media era de 932 euros el 1 de febrero de 2018 y ha subido a 1.191 el 1 de febrero de 2023 (+27,7% en 5 años). Y en ese periodo, la jubilación media ha pasado de 1.077 a 1.370 euros (+27,2%). Y la tercera causa, la más importante, es que van a aumentar mucho los pensionistas: han pasado de 7.587.389 en febrero de 2008 a 9.067.267 pensionistas en febrero de 2023. Y serán casi 16 millones en 2050, según la AIReF. Además, vivirán más años (86,8 años en 2050 frente a 83 años ahora y 81,3 años en 2008), con lo que habrá que pagarles pensión más años (20 de media).

Todos estos factores van a disparar el gasto en pensiones, en España y en el resto del mundo, con dos “hándicaps” para nosotros: seremos el país más envejecido de Europa y nuestra población está cayendo más, por la baja natalidad (7,6 nacimientos por cada 1.000 habitantes frente a 9,3 de media en la UE, 9,5 en Alemania y 11,2 en Francia), con lo que tendremos menos gente trabajando (28 millones en edad de trabajar en 2050, frente a 30 millones ahora) y cotizando para pagar las pensiones futuras. El dato es escalofriante: en 2050 habrá 1,75 trabajadores cotizantes por cada pensionista, frente a 2,24 en 2022 (y 2,6 en 2007). Así que vislumbramos mucho más gasto con menos cotizantes para pagarlo.

Ante este panorama, los paises y Gobiernos han tratado y tratan (Francia) de hacer reformas de las pensiones, básicamente para recortar gastos. En España, la primera reforma de pensiones la hizo Zapatero, en julio de 2011, apoyada por los sindicatos, la patronal, PSOE y CiU. Era una reforma impuesta por la Comisión Europea, que exigía hacer recortes para que España evitara el rescate. Esta reforma de ZP intentó frenar el gasto futuro con 4 medidas polémicas pero eficaces: subir la edad de jubilación (de 65 a 67 años en 2027), elevar el periodo cotizado para recibir el 100% de pensión (de 35 a 37 años en 2027), aumentar los años exigidos para retirarse a los 65 años (de 35 a 38 y 6 meses en 2027) y aumentar el periodo de cómputo cotizado (de 16 años a 25 en 2022).

La segunda reforma de pensiones la implantó Rajoy en septiembre de 2013, esta vez en solitario, con Bruselas también vigilante en una época de recortes. Dos fueron las medidas impuestas: una mínima revalorización de las pensiones (no con el IPC, sino en función del déficit de la SS), que aumentó las pensiones un +0,25% entre 2014 y 2017, y un Factor de Sostenibilidad, para subir menos las pensiones futuras (suponía un recorte del -30% para 2050). Al final, Rajoy tuvo que dar marcha atrás en 2017, forzado por el PNV (lo necesitaba para aprobar los Presupuestos de 2018) y aprobó una mayor revalorización (+1,6% en 2018) y retrasó (de 2019 a 2023) la entrada en vigor del Factor de Estabilidad.

En 2020, la mayoría progresista que apoyaba al Gobierno Sánchez, promovió en la Comisión del Pacto de Toledo (Congreso) la aprobación, el 27 de octubre, de 22 medidas de reforma de las pensiones (apoyadas por todos los partidos, salvo VOX, y la abstención de ERC y Bildu), que se resumían en 4 medidas básicas: revalorización de las pensiones con el IPC, quitar a la SS de gastos impropios, acercar la edad de jubilación real a la oficial y una subida extra de las cotizaciones del 0,6%. Con este amplio acuerdo político, el Gobierno Sánchez aprobó en 2021 y 2022 la 1ª fase de esta tercera reforma de pensiones. Primero, a finales de 2021, aprobó la revalorización de las pensiones con el IPC previsto para 2022 (+2,4%), un decreto Ley que votaron en contra PP, Vox y Ciudadanos. Segundo, ya en 2021 transfirieron a la SS 13.929 millones para cubrir parte de los gastos “impropios”. En 2022 transfirieron otros 18.396 millones y 22.567 millones más en 2023, lo que suprimía el déficit del sistema.

La 3ª medida, aprobada en 2022, fue penalizar más a los que se jubilen anticipadamente (la edad real de jubilación era 64 años y 6 meses en 2021), lo que supone un gran ahorro (14.000 millones anuales por cada año que suba la jubilación real). Y en paralelo, incentivar (con un cheque) a los que se jubilen más tarde de lo debido. Y la 4ª medida, aprobada en 2022 y la única no apoyada por la patronal CEOE, fue implantar una cotización extra, del +0,6% (+0,5% lo pagarán las empresas y el 0,1% sus trabajadores), a pagar entre 2023 y 2032, para crear una “hucha” (el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, MEI), para reforzar los ingresos a partir de 2032, cuando se dispare el gasto con las jubilaciones del “baby boom”.

Estas 4 medidas (ya en marcha) de la 1ª fase de la reforma de pensiones del Gobierno Sánchez, recibieron en 2022 el visto bueno de la Comisión Europea, obsesionada (como en 2011 y 2013) porque las pensiones disparen el déficit público en España. Pero no les bastaban: creían que se había tapado el déficit de la SS, con los ingresos trasvasados de los Presupuestos, pero que no se aseguraba el futuro de las pensiones. Y pedían más medidas, como requisito para que España siga recibiendo Fondos europeos en 2023. Así que esta vez, el Gobierno ha empezado la 2ª fase de la reforma al revés: negociando primero con Bruselas los cambios ineludibles y luego tratando de conseguir apoyos en España.

Las autoridades europeas insistían en que España recortara gastos y aumentara ingresos para asegurar el futuro de las pensiones. La petición más polémica era aumentar los años de computo para calcular la pensión (los que ZP aumentó de 16 a 25 años), lo que supondría una pensión menor. Pero aquí, el Gobierno chocaba con el rechazo frontal de los sindicatos (y de Podemos). Así que al final se ha optado por una vía intermedia: se subirán los años de cómputo, de los 25 actuales a 27, pero con dos cautelas, para “suavizar” el ajuste. La primera, que los futuros pensionistas podrán elegir (ojo: hasta 2044) entre tomar los últimos 25 años o los últimos 29 quitando los dos peores. Y la otra, que el nuevo sistema de cómputo será progresivo, desde 2026: los años de cómputo alternativo (y los meses a descartar) irán aumentando progresivamente hasta 2038, primer año en que se podrían elegir los últimos 29 quitando los dos peores. El Gobierno reitera que el nuevo sistema es “neutro”, no ahorra gasto, aunque puede beneficiar a algunos futuros pensionistas. Además, en paralelo, la reforma ayudará a los trabajadores con “vacíos de cotización”, sobre todo a mujeres que dejaron de trabajar por atender a hijos y padres. Pero ojo, a partir de 2044, ya no habrá “paños calientes”: el periodo de cotización será de 27 años, lo que supondrá un ligero recorte de las pensiones a partir de entonces.

Una vez asumido este recorte “diferido”, la 2ª fase de esta reforma de pensiones se centra en aumentar los ingresos, algo nada polémico para los sindicatos pero sí para la patronal. Para conseguirlo, se han aprobado tres medidas. Una, eliminar el tope de cotización a los salarios más altos (la parte del salario superior a 4.495 euros no cotiza ahora) y subir ese tope cada año (el IPC más un 1,2%). A cambio, estos altos sueldos tendrán ahora una pensión máxima de jubilación mayor (hoy es de 3.058 euros), aunque proporcionalmente crecerá menos (por solidaridad). La segunda medida aprobada es crear una cuota de solidaridad, que se aplicara a la parte de los sueldos altos que no coticen (hay 35.000 millones en salarios que no cotizan nada hoy): empezará con una cuota del 1% en 2025 e irá subiendo 0,25% al año hasta alcanzar el 6% en 2045, cuota de la que se excluye a los autónomos. Y la tercera medida consiste en reforzar el Mecanismo de Solidaridad Intergeneracional (MSI) aprobado en la 1ª fase de la reforma y aplicado desde enero de 2023: esa cotización extra del 0,6% se aumenta ahora, año tras año, hasta duplicarse (1,2%) en 2029.

El Gobierno estima que con estas tres medidas, los ingresos del sistema de pensiones aumentarán en 15.000 millones anuales para 2050, sobre todo por "destopar" los salarios altos (50% nuevos ingresos) y por duplicar la cotización extra intergeneracional (aporta otro 40%), una medida con la que se espera llenar “la hucha de las pensiones” (que ahora tiene 3.000 millones)  con hasta 130.000 millones de euros para 2040. La reforma contempla que la SS pueda “tirar de esta hucha” desde 2032 (no antes), para pagar la mayor factura de las pensiones que se espera hasta 2044, por la jubilación del “baby boom”.

Ante este aumento de ingresos vía cotizaciones (que pagan empresas, 23,60% del salario, y trabajadores, 4,70%), la patronal CEOE ha mostrado su rechazo, acusando al Gobierno de “voracidad recaudatoria” y de “lastrar el talento” y “la competitividad de las empresas españolas”. Pero el Gobierno ha recibido el visto bueno de Bruselas porque las autoridades europeas saben que los costes laborales (sueldos más cotizaciones sociales) en España son de los más bajos de Europa y “hay colchón” para subirlos. Y más cuando su impacto es bajo, según insiste el ministro Escrivá: la subida de cotizaciones repercutirá 37 céntimos en los costes laborales de las empresas españolas en 2050 (10 céntimos en 2023, 13 entre 2024 y 2030, 6 entre 2031 y 2040 y 8 céntimos entre 2041 y 2050). Con ello, tendrán un coste total (sueldos más cotizaciones) de 23,8 euros por hora trabajada en 2050 (frente a 23,40 hoy), todavía un 30% por debajo de los costes laborales de la zona euro (33,8 euros por hora hoy) y muy inferiores a los costes laborales de Francia (39,2 euros por hora trabajada), Alemania (38,3 euros) e Italia (29,9 euros). Y además, las cotizaciones que más suben, las de los salarios altos, las pagan sólo 1,2 millones de trabajadores, el 7% de todos los asalariados.

Además de subir los ingresos y retrasar la subida del periodo de cómputo, la reforma incluye una subida de las pensiones mínimas, hoy demasiado bajas. Las mínimas contributivas subirán más cada año para que en 2027 lleguen al 60% de la renta media (y alcancen 1.178 euros al mes en 14 pagas, un 22% más que hoy). Y lo mismo las mínimas no contributivas (asistenciales), que subirán de los 457 euros actuales (en 14 pagas) a 593 euros en 2027. Algo bastante justo, que aumentará el gasto en 2.500 millones anuales.

Al final, el objetivo de esta reforma es que el gasto en pensiones no se dispare en las próximas décadas y, aunque crezca (por el envejecimiento), no supere el 15% del PIB,  frente al 12% actual. El ministro Escrivá cree que, con las medidas aprobadas (entre 2021, 2022 y ahora), será posible consolidar los ingresos y “embridar” los gastos, para no superar ese tope, que es la exigencia de la Comisión Europea. Lo más importante no es sólo que se aprueba esta reforma, sino que incluye un mecanismo de seguimiento y control, que ha convencido a Bruselas. Por un lado, cada tres años habrá un informe de evaluación de ingresos y gastos, que elaborará la Agencia estatal independiente AIReF, la primera en marzo de 2025. En cada evaluación se hará un seguimiento y si se dispara el gasto, la AIReF propondrá al Gobierno de turno que tome medidas, enviando propuestas al Pacto de Toledo (Congreso). Y la reforma establece que las Cortes deberán aprobar esas medidas antes de finales de año. Pero ojo, si el Parlamento o el Gobierno no lo hacen, entraría en funcionamiento un mecanismo de ajuste automático: subirían las cotizaciones para compensar desde enero el 20% del exceso del gasto y el resto en los años siguientes.

La verdad es que el sistema de pensiones sale más robusto de esta reforma, aunque es muy probable que sea insuficiente en una década, lo que obligará a futuras reformas, que incidirán sobre el gasto (recortes) y los ingresos (cotizaciones y quizás un impuesto específico para las pensiones). Con todo, España debería avanzar en otras dos vías de las que apenas se habla: aumentar la natalidad y la población (la población “española” está cayendo y sólo van a salvar las pensiones los inmigrantes) y aumentar el empleo, avanzar en la modernización y competitividad de la economía para que trabajen (y coticen) más personas: deberían trabajar entre 1,7 y 4 millones de españoles más si nuestra tasa de empleo fuera como la media de la UE-28 y la de Alemania. Esos dos factores, más población y más gente trabajando, son las verdaderas garantías de las futuras pensiones.