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| Enrique Ortega |
España, al tener menos renta por habitante que buena parte de Europa, genera menos basura que la media europea: 472 kilos al año de residuos municipales por habitante, frente a 530 kilos de media en la UE-27, según Eurostat (datos 2021). Hay paises de la Europa rica del norte que generan muchos más residuos por habitante, como Dinamarca (786 kg), Bélgica (759 kg), Alemania (646 kg) , Finlandia (609 kg), Francia (561 kg) o Paises Bajos (515 kg), y otros de la Europa del sur con menos residuos, como Italia (487 kg) o Portugal (514 kg). El problema viene después, a la hora de gestionar estos residuos: normalmente, la Europa rica del norte recicla más y los paises pobres del sur reciclan menos.
Aquí está el problema de España: recicla poco y mal. En 2020, nuestro país reciclaba el 36,4% de los residuos urbanos, frente al 49% de media en Europa (UE-27) y porcentajes mucho más altos de reciclaje en la Europa rica: Alemania (reciclan el 67% de los residuos), Austria (62,2%), Paises Bajos (55%), Bélgica (54,2%), Dinamarca (53,9%), Luxemburgo (52,8%), Italia (51,4%), Francia (42,7%), Finlandia (41,6%) y Suecia (38,3%), según Eurostat. De hecho, España es el 10º país europeo que menos recicla, sólo por detrás de Malta, Chipre, Portugal, Grecia y 5 paises del Este. Y lo peor es que llevamos más de una década así: en 2008 reciclábamos el 40% de los residuos urbanos y después hemos estado entre un mínimo del 27% en 2011 y un máximo del 38% en 2019.
Lo peor es que la mayor parte de la basura que no se recicla en España acaba en vertederos, muchos de ellos ilegales y sin control. En 2020, el 52% de los residuos urbanos generados en España acababa en vertederos, frente a una media del 23% en la UE-27, según Eurostat. Con ello, España se coloca en el grupo de los 9 paises europeos más adictos al vertedero, donde tiran más del 50% de su basura, sin reciclarla: Malta (82,5%), Grecia (77,7%), Rumanía (74,3%), Chipre (67%), Bulgaria (61%), Croacia (55,7%), Hungría (54%), Letonia (52,8%) y España (52%). Algo que contrasta con la Europa más rica, donde hay 7 paises que tiran a los vertederos menos del 2% de su basura: Dinamarca (0,9% basura acaba en vertederos), Suecia (1%), Alemania y Finlandia (1%), Bélgica (1,1%), Paises Bajos (1,4%) y Austria (1,8%). Mientras, Francia envía a vertederos el 18,1% de sus residuos, Italia el 20,1% y Portugal el 47,5%.
El problema de España es que esta política de enviar la mayoría de la basura a vertederos viene de lejos: en 2016 se enviaba el 54%. Esta política nos ha causado ya graves problemas con las autoridades europeas: hay 3 sentencias contra España del Tribunal de Justicia de la UE por vertederos ilegales. Y el último informe de Bruselas (2018) denunciaba la existencia en España de 1.513 vertederos ilegales, la mayoría todavía sin cerrar hoy.
Y la tercera opción para los residuos urbanos, incinerar la basura (una fuente, además, de energía renovable), también se utiliza poco en España: se incineran un 11,6% de los residuos urbanos (2020), frente al 27,12% de media en la UE-27, el 32,2% en Alemania, el 38% en Francia y el 19,6% en Italia. En general, la construcción de incineradoras tiene un alto coste económico y provoca un rechazo social, por su posible contaminación y emisiones, además de suponer un alto coste por tonelada de basura incinerada, lo que lleva a muchas empresas a optar directamente por los vertederos.
La Comisión Europea lleva más de una década dictando normas para reciclar los residuos urbanos. Ya en 2008 aprobó la Directiva 2008/98/CE sobre gestión de residuos, con un doble objetivo: que los paises reciclaran el 50% de su basura para 2020 y sólo el 35% acabara en vertederos. Después, en 2018, la Comisión Europa aprobó unos objetivos más ambiciosos para el futuro: subir el porcentaje de reciclaje al 55% para 2025 y al 65% en 2035. Y más recientemente, en junio de 2019, la Comisión aprobó otra Directiva europea para retirar del mercado los plásticos de un solo uso, dando un plazo de 2 años a los paises.
Ahora, el 8 de junio de 2023, la Comisión Europea ha publicado un informe sobre el cumplimiento por los paises de estos objetivos de reciclaje, en base a los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA). Y el balance es desolador: 18 paises comunitarios no han cumplido el objetivo de reciclar un 50% de sus residuos urbanos en 2020, entre ellos España. Es más corto dar la lista de los 9 paises que sí han cumplido: Alemania, Austria, Eslovenia, Paises Bajos, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Italia y república Checa. Y el otro objetivo, no enviar a los vertederos más del 35% de la basura, lo han incumplido también 13 paises de los 27: España, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Grecia, Hungría, Letonia, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovaquia. Resumiendo: la mayoría de Europa recicla mal.
Lo peor de este informe de la Comisión Europea sobre el reciclaje no es el balance de estos años, muy marcados por el COVID y sus esfuerzos extras para todos, sino el futuro, que prevén muy gris para el reciclaje. El primer objetivo, ampliar el reciclaje al 55% de los residuos urbanos en 2025 se ve muy difícil para la mayoría: de hecho, la Comisión Europea prevé que incumplan este futuro objetivo de reciclaje 18 paises, entre ellos España, los mismos que ahora. Y respecto al otro objetivo para 2035, rebajar al 10% el porcentaje de basura que acaba en vertederos, la Comisión Europea estima que habrá 13 paises europeos que lo incumplan también: España, Portugal, Grecia, Malta, Chipre, Chequia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Polonia y Rumanía.
Hay un tercer objetivo europeo, sobre la recogida de envases. El primer objetivo europeo era la recogida del 60% de envases para 2020 y el 65% para 2025. España está entre los 18 paises europeos que sí cumplen hoy el objetivo (reciclan el 68,3% de los envases) y que pueden cumplirlo también en 2025. Sin embargo, la AEMA destaca que España ha reducido su reciclado de envases en los últimos 4 años y resalta que se puede haber producido una menor notificación de los residuos declarados por los productores. Esto coincide con las denuncias recientes de organizaciones ecologistas en España, que se quejan de manipulación en los datos de reciclaje por parte de Ecoembes.
Además del reciclaje de los envases genéricos, la Comisión Europea analiza las perspectivas de reciclaje del papel y cartón (objetivo: reciclar el 55% para 2025), hierro y metal (reciclar el 65%), aluminio (50%), vidrio (reciclar 70%), plástico (reciclar el 50%) y madera (reciclar el 25%). La estimación de la Comisión es que todos los paises cumplirán los objetivos de reciclaje de papel y cartón salvo 4 paises (España, Croacia, Malta y Eslovaquia). Que en reciclaje de hierro y metal cumpla España y 21 paises más. Que en reciclaje de aluminio, no cumpla en 2025 ni España ni otros 8 paises más. En reciclaje de vidrio si piensan que puede cumplir España y 16 paises más, lo mismo que en reciclaje de madera. Y en el objetivo más ambicioso, reciclar la mitad de los plásticos, España y otros 18 paises corren el riesgo de incumplirlo, alcanzando sólo el objetivo en 2025 Bélgica, Alemania, Paises Bajos, Suecia, Letonia, Chequia y Eslovenia, según el informe de la Comisión Europea.
Las autoridades europeas piden a los paises un mayor esfuerzo para cumplir con los objetivos de residuos, aumentando el porcentaje de reutilización y reciclaje y reduciendo drásticamente el vertido de residuos, como medidas claves para “lograr la neutralidad climática, aumentar la seguridad del suministro de materias primas, el ahorro de energía y la dependencia europea de terceros paises”. Y dan varias recetas básicas, a España y al resto de paises: reciclar más, limitar los vertederos, aumentar la recogida separada de residuos orgánicos, reducir el consumo de plásticos y aumentar la recogida de envases. Para incentivar estas medidas, proponen subir las tasas a la basura y los impuestos al plástico, medidas que encarecerán los costes a empresas y consumidores.
España afrontó el grave problema de los residuos trasponiendo (con retraso) la Directiva europea de Residuos de 2008 y la de plásticos de 2019, aprobando el Gobierno Sánchez (en mayo de 2021) una Ley de Residuos que no se aprobó en el Congreso hasta el 31 de marzo de 2022, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular tiene 2 objetivos básicos: reducir los residuos generados (un -13% para 2025 y un -20% para 2030 sobre los generados en 2010) y aumentar su reciclado (será difícil alcanzar el objetivo europeo de reciclar el 60% de los residuos urbanos en 2030 si ahora estamos en el 36,4%). Y se añade un tercer objetivo para lograrlo: reducir un -50% los plásticos de un solo uso para 2026 y un -70% para 2030 (sobre el consumo de 2022). Para ello, en julio de 2022 se prohibieron los plásticos de un solo uso (bastoncillos, pajitas, cubiertos o platos). Y antes, en abril de 2022, entró en vigor la norma que obliga a bares y restraurantes a servir agua a granel gratis a sus clientes.
La Ley de Residuos aprobó 2 nuevas tasas estatales ligadas a los residuos y plásticos, que entraron en vigor el 1 de enero de 2023. La primera es una tasa estatal a los residuos, de 40 euros por tonelada, que pagarán los que lleven residuos a reciclar (“quien contamina paga”). Hasta entonces, había 10 autonomías que tenían tasas por vertidos y residuos industriales, mucho más bajas que las tasas europeas (la tercera parte) y que además eran muy distintas entre regiones, lo que provoca “el turismo de las basuras”, buscando llevarlas a donde se paga menos (Castilla la Mancha, Galicia, Asturias, País Vasco, Baleares y Canarias no cobran tasas). Y en cuanto a los vertidos municipales, sólo los cobran ahora 4 autonomías (Extremadura, Castilla y León, Cataluña y Navarra). Ahora, se crea una tasa igual a los vertidos que pagará quien los genere. Y en el caso de los residuos municipales, se daba un plazo de 3 años a los Ayuntamientos para que desarrollen una tasa sobre la gestión de residuos.
La otra tasa estatal es un impuesto a la producción de plásticos, de 0,45 euros por kilo, que pagarán los fabricantes, aunque la repercutirán las empresas que utilicen plásticos y envases. El objetivo es reducir el 50% de las botellas de un solo uso para 2030, conseguir envases 100% reutilizables, que las frutas y verduras con menos de 1,5 kilos se vendan sin envase y el fomento de la venta “a granel”: antes de finales de 2023, los supermercados de más de 400m2 tendrán que dedicar un 20% de su superficie a la venta a granel. Y la Ley abre el camino al sistema de recogida de envases (SDDR), a implantar en 2 años (2025), primero para el vidrio: volveremos al viejo sistema de “devolver el casco” y recuperar lo pagado al comprarlo. Y no se descarta aplicarlo también para los plásticos si no se cumplen los objetivos de reducción de uso: 70% de botellas recicladas para 2023 y 85% para 2027.
Otro cambio importante de la Ley de Residuos es que acelera la recogida separada de residuos urbanos
orgánicos, que ahora fija cada Ayuntamiento. A partir de julio de 2022, esa recogida separada es
“obligatoria” para las ciudades con más
de 5.000 habitantes y a partir de 2024
para todos los municipios, que tendrán que decidir cómo lo hacemos. A partir
de 2022, se obligó a clasificar por materiales los residuos de la construcción
y demolición. Y a partir de 2025, será obligatoria la recogida separada de
residuos textiles, aceite de cocina usado y residuos domésticos peligrosos y
voluminosos. El gran objetivo es que en 2035 se recojan separadamente el 50% de los residuos urbanos, facilitando
su reciclaje.
Tenemos Ley de Residuos, pero hay que ir aplicándola y cambiando todos los hábitos, desde los fabricantes (envases y plásticos) a los usuarios, pasando por las industrias, la construcción y los Ayuntamientos. Por un lado, hay que concienciar para reducir los residuos urbanos y dar una nueva vida a muchos de ellos, con “la economía circular”. Y por otro, hay que obligar al reciclaje, con tasas a las basuras y a su gestión, para que “el que contamine pague”. Y prohibir con más dureza los vertederos ilegales, que son la demostración más patente de nuestro fracaso medio ambiental. Y todo ello exige inversiones y costes, que tendremos que pagar: si cada día generamos más residuos, gestionarlos mejor será más caro. Para industrias, constructores, negocios, bares, comercios, particulares y ciudades. Deberá subir el coste de la recogida de basuras, hoy demasiado barato para la mayoría.
En definitiva, si queremos seguir consumiendo y generando residuos, tendremos que pagarlo para conseguir un país más limpio, sin vertederos y con más reciclaje. El problema es cómo se reparte esta factura, que no acabe repercutiendo sólo en el consumidor final, vía recargos en los envases o en la recogida de basuras. Es lo que no concreta la Ley de Residuos: un reparto más concreto y eficaz de los costes, para que no paguemos los de siempre. Y otro problema más grave: si ganan las elecciones del 23-J los que no apoyaron la actual ley de Residuos (PP y Vox), ¿retrocederemos en la lucha por un país más limpio? Me temo lo peor.
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