España crece cinco veces más que la zona euro,
gracias al tirón del turismo, el consumo y las exportaciones.
Pero el 4º motor de la economía, la inversión, falla: apenas
crece y es menor que en 2019, antes de la pandemia. Un problema
preocupante, porque la inversión es el mejor cimiento del crecimiento y
empleo futuros. La inversión pública ha mejorado tras la
pandemia, pero no despega la inversión privada (el 90% de toda la
inversión), porque las empresas han destinado sus mayores beneficios a “desendeudarse”
(devolver créditos), no a invertir. Y por la fuerte subida de tipos. Lo
positivo es que gana peso la inversión en maquinaria y tecnología y lo
pierde la inversión inmobiliaria. Bruselas ha pedido a España que
las empresas inviertan más en innovación y tecnología, porque gastan la
mitad que las europeas. Hay que agilizar la ejecución de los Fondos europeos,
promover la inversión por todos los medios (incluidos fiscales) y rebajar
la crispación política, porque no ayuda a invertir. 
¿Qué está pasando con la inversión? Hay dos
causas que la han retraído, en España y en todo el mundo. Una, la
debacle económica de la pandemia, que hundió las ventas y la economía y
que tardó en recuperarse, en 2020 y 2021, por los “embudos” en las cadenas de
suministro internacionales. Y este factor ha afectado más a la inversión
en España, porque muchas de las inversiones dependen más de las cadenas
internacionales (automoción, textil, energía, química y farmacia). La otra
causa ha sido la
drástica subida de los tipos de interés (del 0 al 4,5% entre
2021 y 2023), que ha retraído la inversión, más en España porque aquí
las empresas dependen más del crédito bancario. Y otro factor autóctono es que
las empresas españolas han aprovechado sus altos
beneficios de los últimos años no para invertir sino para devolver
créditos, con lo que ahora están menos endeudadas que las europeas: así,
entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023, las empresas españolas han
reducido su deuda en 38.924 millones, según
el Banco de España, dejándola en el
menor porcentaje de los últimos 10 años (939.924 millones, el 64,2% del PIB
frente al 80% en 2021).
Además, no ha ayudado a recuperar la inversión la
incertidumbre geopolítica internacional, con la guerra de Ucrania primero y
el conflicto en Palestina ahora. Y en España, los cambios electorales y la
tremenda crispación política. Ahora, debería ayudar al despegue de la inversión
la esperada bajada de tipos (en junio), aunque será lenta y larga, la
moderación salarial (los españoles cobran 18 euros por hora de trabajo, 6
euros menos que la media europea y 13 euros menos que en Alemania, según Eurostat) y el mantenimiento del consumo y el empleo, que permiten a las
empresas mantener beneficios, con los que podrían invertir más.
Pero al margen de la coyuntura, la
inversión lleva siendo un problema en España desde hace década y media.
Entre 1995 y 2007, España vivió un “boom
inversor”, apoyado en el ladrillo y las inversiones inmobiliarias,
lo que duplicó la inversión bruta (de 141.493 millones en 1995 a 288.335
millones en 2007). Pero llegó la crisis financiera y estalló la burbuja
inmobiliaria, desplomando la inversión (hasta un mínimo de 177.852 millones de
euros en 2013, una caída del -38,3% sobre 2007). A partir de ahí, la inversión
empezó a remontar, hasta los 235.829 millones en 2019. Luego llegó la
pandemia y volvió a caer, en 2020 y 2021, recuperándose en 2022 y 2023
(232.034 millones), pero quedando todavía por
debajo de la inversión anterior a la pandemia. Y en 2023, cuando la
economía ha crecido un 2,5%, la inversión ha crecido sólo la tercera parte
(0,8%), según el INE.
Las cifras totales de inversión no revelan tanto el problema
como su menor
peso en la economía: lo que ha pasado es que la economía ha
crecido (desde 2014) más que la inversión. Y así, si la inversión llegó
a suponer el 30% de la economía (del PIB) en 2006, el mejor año, redujo ese
peso año tras año, hasta suponer el 20% en 2019 e incluso bajar ese
porcentaje al 19,34% del PIB en 2023. Un peso de la inversión, antes y
ahora, que es menor al que tiene la inversión en el resto de Europa,
donde supone un 22% de media (del PIB). Y en la mayoría de los paises,
salvo Alemania, la inversión pesa más ahora que en 2019.
Este menor peso de la inversión en España, año tras
año desde 2006, es especialmente preocupante porque la
inversión es la clave para modernizar la economía y destinar recursos a las
nuevas tecnologías y a la innovación. Pero junto a este menor peso de la
inversión, hay otro dato positivo del balance de la última década
y media, según
este reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie: ha perdido peso la
inversión inmobiliaria y lo ha ganado la inversión en maquinaria, servicios
privados y públicos. A lo claro: menos ladrillo y más tecnología.
El gran cambio es que la inversión
inmobiliaria ha pasado de representar el 41% de la inversión total en
2007 a representar el 29% de toda la inversión en 2021-23, según
el estudio. Y en contrapartida, ha crecido el peso de la inversión no
residencial, del 59 al 71%. Esto se ve más claro en los últimos tres años
(2021-2023): ha crecido la inversión en servicios privados (+4,8%),
tanto los tradicionales (+5,5%) como los servicios de intensidad digital
(+4,3%), en industrias manufactureras (+3,7%) y la inversión en
servicios públicos (+2,1%), mientras cayó la inversión residencial, en
construcción (-3,7%), en energía (-1,5%) y en agricultura,
ganadería y pesca (-5,2%).
Eso se ha traducido en mayores
inversiones estos últimos 3 años
en maquinaria (26,95% del total), equipos de transporte (10%), tecnología
de la información (TIC, el 10% de la inversión) y activos inmateriales (servicios,
el 12,8%), mientras la construcción no residencial (infraestructuras, naves,
locales) se lleva ahora el 33,4% restante de la inversión total, la mitad que
hace 16 años. En definitiva, todavía se invierte poco, menos que la mayoría
de Europa, pero se invierte más que antes en destinos más productivos que el
ladrillo.
Con todo, la vieja burbuja del ladrillo es todavía un
gran lastre para España y para el futuro de la inversión. Y eso,
porque los activos inmobiliarios suponen un 88% del stock de capital que
tenemos, del capital acumulado (4,2 billones de euros en 2023), un stock que
hay que mantener cada año para cubrir su depreciación. De
hecho, el 75% de la inversión que se hace cada año es para “mantener” ese stock
de capital, donde pesa demasiado el ladrillo (naves, locales,
terrenos, inmuebles), mucho más que en el resto de Europa (en Alemania,
los activos inmobiliarios suponen el 82% del stock de capital y en Reino Unido
el 80%).
Por eso, por tener que dedicar un 75% de la inversión a
cubrir la depreciación del capital, el
capital neto sólo supone un 25% de lo que se invierte cada año y
es lo que podemos dedicar a modernizar la economía. Esta inversión neta
ha caído también desde 2007 (era de 146.498 millones), a la mitad en 2009
(75.704 millones) y a menos de la 6ª parte en 2013 (21.558 millones),
recuperándose después hasta 2019 (62.538 millones) y cayendo con la pandemia,
para no haberse todavía recuperado en 2023 (51.760 millones). La
inversión pública se ha recuperado en parte por las ayudas frente a la
COVID y la inflación (aunque sigue un 55% por debajo de 2009), pero la
inversión privada (que supone el 90% de la inversión
total) se ha recuperado más lentamente desde 2021.
Ahora, la prioridad debe ser recuperar la inversión
(sobre todo la privada), que puede generar más crecimiento y empleo,
dado que se dirige a sectores y destinos más productivos que el
ladrillo. La propia Comisión
Europea acaba de pedir a España
que refuerce la inversión empresarial, sobre todo en innovación y tecnología,
donde las empresas españolas invierten la mitad que las europeas (el 0,8% del
PIB frente al 1,5% de media en la UE-27 y el 2,5% que invierten en I+D+i las
empresas de Bélgica o Suecia). Además, la mayoría de expertos
reiteran la importancia de recuperar la inversión, porque es
la clave para aumentar la productividad de España, más baja que la de la
mayoría de Europa: nuestra producción por habitante (PIB per cápita
descontando la inflación) es el
89% de la media UE-27, porque trabajamos menos gente (2 millones menos
de los que deberían) y porque trabajan con menos eficacia, entre otras causas
porque invertimos menos en modernizar la economía.
El resultado es que España, la 4ª mayor economía
de la UE (tras Alemania, Francia e Italia) ocupa el puesto 16º en
producción por habitante (y en renta o nivel de vida), tras Luxemburgo,
Irlanda, Holanda, Dinamarca, Austria, Bélgica, Suecia, Alemania, Finlandia,
Malta, Francia (estos 11 paises tienen un PIB por habitante superior a la media
UE), Italia (97%), Chipre (95%), Eslovenia y Chequia (91%), según
el ranking recientemente publicado por Eurostat. Y ojo, España
lleva más de una década produciendo por debajo de la media europea: tenemos
una “brecha” con Europa desde 2010 (96% del PIB por habitante de la
UE-27 ese año, mejor del 89% que tenemos ahora, en 2023).
Si queremos recortar esta “brecha” económica con Europa, ser
más productivos, los
expertos insisten en que hay que reconvertir la economía, fomentar la
innovación y la tecnología, apostar por la industria, mejorar la formación de
los trabajadores y de los gestores, aumentar el tamaño de las empresas,
fomentar la exportación, conseguir una economía más verde y digital. Y todo
esto exige aumentar la inversión, tanto la pública (en
servicios públicos e infraestructuras) como sobre todo la inversión privada.
Y para ello, urge promover nuevos proyectos, con el apoyo de los Fondos
europeos, reduciendo burocracia y agilizando las inversiones, que deben
fomentarse con ayudas e incentivos fiscales. Y también es clave reducir
la crispación política y clarificar el futuro de esta Legislatura,
porque la incertidumbre no ayuda. Todo para relanzar la inversión,
la clave para asegurar el crecimiento y el empleo del futuro.
Más de medio millón de jóvenes de 18 a 25 años (1
de cada 7) apuestan en juegos online, un 41% más que antes
de la pandemia, según los últimos datos oficiales. Y de ellos, un 12,5%
tienen problemas de “adicción”. Si ampliamos el foco, 2 de cada 3
jugadores online tienen menos de 35 años y son el motor de un negocio
que movió 32.000 millones de euros en 2023: 3,6 millones jugados cada hora. Y por
si no fuera preocupante, el 40% de los chavales de 15 a 17 años juegan
online, aunque lo tengan prohibido. Estamos ante un grave problema de juego
entre jóvenes y adolescentes, una “droga digital” que está
disparando adicciones y problemas mentales. Y sin medios en la
sanidad pública para tratarlos. Como se hizo con el alcohol y tabaco, hay
que frenar esta pandemia del juego online (y el auge de salones
y salas de apuestas), con medidas legales, campañas y medios sanitarios contra
la adicción. Actúen ya.
Enrique Ortega
Tras una década legalizado (desde
junio de 2012), el juego online se ha disparado en España. El año 2023
se cerró con un récord histórico de cantidades jugadas: 31.905
millones de euros, según el último
balance de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), 3,6
millones jugados cada hora. Un volumen de dinero que multiplica por
5,6 lo jugado en el primer año completo de juego online legalizado, los
5.673 millones jugados online en 2013. Y que casi duplica lo jugado
antes de la pandemia (19.026
millones en 2019).
El sector del juego online, que mueve el 10% de
todo lo que se juega en España (Lotería, casinos, bingos, salones, máquinas…)
facturó
en 2023 otra cifra récord, 1.236 millones de euros de facturación
neta (lo jugado menos los premios), 5,4 veces más de su facturación neta en
2013 (229 millones). Se trata de un gran negocio para ellos, porque el
80,14% de los jugadores online pierden (un 8% más que en 2016), un
0,93% se quedan igual y sólo el 18,9% de los jugadores ganan, según la
DGOJ. El sector del juego online está integrado por 78 operadores con
licencia (ver listado), un mercado controlado por las multinacionales
(británicas y de la UE) y pocas empresas españolas, radicadas muchas en paraísos
fiscales.
El juego online ha disparado las cifras jugadas y su
facturación de la mano de un salto en los jugadores: en 2023 había 3
millones de cuentas abiertas para jugar online en las distintas plataformas,
con 1.637.819
jugadores activos, un 20% más que antes de la pandemia (1.366.422
en 2019). La mitad de estos jugadores juega a un solo juego, pero la otra mitad
comparte juegos y apuesta en varias plataformas. El gasto medio de estos
jugadores activos es de 736 euros (61,32 euros al mes), que se juegan sobre
todo en casinos online (19.591 millones, el 61,4% del total jugado,
sobre todo en máquinas online, ruleta y black jack) y en apuestas (9.486
millones jugados, el 29,73% del total, sobre todo en apuestas deportivas en
directo, en apuestas convencionales, hípicas y cruzadas), además del póquer (2.730 millones), bingo online (96,40
millones) y concursos (737.000 euros).
La “gasolina” de todo este negocio del juego online
son los gastos en promoción y marketing de las distintas plataformas. En 2023,
el sector gastó en marketing y promoción 402,7 millones de
euros, un +7,5% sobre 2023 (374,5 millones) y casi cuatro veces el gasto de
promoción de 2013 (111,5 millones). Desde que en 2021, el
Gobierno restringió la publicidad del juego online, las
empresas han reajustado su
estrategia: ahora gastan menos en publicidad directa (147,94
millones en 2023 frente al máximo de 201,73 millones en 2020) y en patrocinio
(4,3 millones frente a 26,2) pero gastan más en bonos para atraer a los
nuevos jugadores (199,89 millones en 2023) y en bonificaciones a los “afiliados”
(50,02 millones), los “ganchos” que utilizan para que los nuevos jugadores “prueben”
a jugar sin dinero.
Esta política de bonos y afiliación, más la facilidad que
supone jugar online (las 24 horas del día desde cualquier dispositivo, sin
testigos) explican el gran
salto en jugadores y en cantidades jugadas, sobre todo tras la
pandemia (con el confinamiento, muchas más personas se “engancharon al juego
online”). Pero lo más preocupante es que el juego online crece sobre todo
entre los jóvenes. De hecho, en 2023, 2 de cada 3 jugadores online (el
65,5%) tenían menos de 35 años: 1.072.732 jugadores de los 1.637.831
españoles que jugaron en 2023, según el
reciente Informe de la Dirección General del Juego (DGOJ). Eso significa
que hay 172.000 jóvenes más que juegan online ahora que en 2019, un 20%
más que antes de la pandemia. Pero lo más llamativo es que quienes más se
han “enganchado al juego online son los más jóvenes: 534.335 jóvenes
de 18 a 25 años (1
de cada 7 jóvenes con esa edad) jugaron
online en 2023, un +41% que en 2019 (378.798 jugadores
de 18 a 25 años), según la DGOJ.
Así que el juego online “engancha” a los jóvenes, pero sobre todo a los menores
de 25 años, los más vulnerables, que gastan lo poco que tienen (o lo que quitan
a su familia).
Ya en 2021, la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) alertó de que “el juego
online se ha convertido en la principal causa de ludopatía entre los menores de
26 años”, aportando el testimonio de médicos y profesionales, que llevan
años advirtiendo del aumento de la ludopatía entre los menores y de que cada
vez hay chavales más jóvenes enganchados al juego : algunos hablan ya de “la
heroína online”. En octubre
de 2023, un
informe de prevalencia elaborado por la Dirección General del Juego (DGOJ) ponía
cifras al grave problema de la ludopatía en los jóvenes que juegan online: el
12,5% tienen algún problema de adicción. Eso suponía 176.837 jóvenes
de 18 a 25 años con problemas por el juego online. Un porcentaje que sube entre
los que juegan a la ruleta online (23,3% jugadores tienen problemas), o al póquer
online (20% con problemas).
Pero el problema del juego de los jóvenes no es
sólo el juego online, porque también hay jóvenes “enganchados” al juego en
los salones, los locales de apuestas deportivas y las máquinas
de juego de los bares, según
las estadísticas de CEJUEGO.
Empezando por los salones
de juego, que proliferan en los barrios populares de las grandes
ciudades, hay 3.483 salones, sobre todo en Andalucía (950), Baleares (146), Aragón
(120) y Asturias (116). Los visitaron 2,8 millones de españoles en 2022, que se
gastaron 810 millones netos (jugado menos premios). Dos de cada tres clientes
fueron hombres y los más asiduos fueron los jóvenes: el 38,8% tenían entre 18 y
24 años y otro 28% tenían entre 25 y 34 años, que jugaron sobre todo en
ruletas, máquinas y apuestas deportivas. Y además, hay
892 salas de apuestas, que visitaron 1,5 millones de españoles en 2022,
el 81,6% de ellos jóvenes (menores de 35
años), con un gasto total (jugado menos premios) de 359 millones de euros. Y
quedan las 150.000
máquinas de juego instaladas en bares, donde casi 2 millones de
españoles se gastaron 2.271 millones netos (jugado menos premios). Y aunque la
mayoría de estos jugadores tienen más de 35 años, un 48,5% son jóvenes.
Hasta aquí el alcance del juego online y presencial de
los jóvenes. Pero queda el juego de los adolescentes, de los menores
de 18 años, que juegan aunque lo tienen prohibido, gracias a que
falsifican su edad o utilizan una tarjeta ajena al jugar online: se
ha detectado que más del 40% de los chavales entre 15 y 17 años juegan
online, aunque la Ley lo prohíbe. Y además, 1 de cada 3 adolescentes que
juegan entre 1 y 3 veces al mes tienen ya problemas de adicción (un 0,7% de
adolescentes tienen trastornos que hay que tratar), que se agravan cuando
cumplen 18 años y pueden jugar ya legalmente. Los expertos creen que lo más
peligroso para los adolescentes son las tragaperras online, donde
se ha detectado que el 93% de los adolescentes que juegan están “enganchados”.
La vía de entrada más fácil y peligrosa para el juego
online de los adolescentes son los videojuegos, donde se ha detectado
que el 24% de los jugadores jóvenes (de 15 a 17 años) utilizan las
“cajas botín” ("loot boxes") para obtener recompensas en el juego a cambio de
dinero. En 2021, 3 de cada 10 jóvenes gastaron dinero dentro de los
videojuegos para mejorar su posición, personaje, accesorios o imagen,
al margen de la compra inicial. Es una entrada al juego de los adolescentes por
la puerta de atrás de los videojuegos, lo que preocupa a los expertos. Por eso,
el Gobierno Sánchez aprobó
en julio de 2022 un anteproyecto de Ley para regular las “cajas
botín” en los videojuegos, aunque finalmente no se aprobó en el Consejo
de Ministros, por el fin de la anterior Legislatura. Entre tanto, en enero de 2023, el
Parlamento europeo aprobó una resolución que insta a Bruselas a
legislar sobre las “cajas botín” en Europa, después de que EE. UU. haya
sancionado a Fortnite por “usar patrones oscuros para fomentar compras no
deseadas, sobre todo en menores y adolescentes”.
El anterior ministro de Consumo, Alberto Garzón, prometió en 2023 que el
futuro Gobierno (tras las elecciones del 23-J) aprobaría la Ley sobre las “cajas
botín” en los videojuegos, pero no se ha hecho, aunque el ministro ahora
responsable del juego, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo, ha
prometido que se aprobará en 2024. Otra medida en estudio es obligar a las
operadoras a establecer mayores controles para impedir el acceso de los
menores a la lotería online, muy generalizada. Y el Gobierno se plantea aprobar
una
tercera medida, introducir un nuevo sistema para fijar límites a lo
que puede gastar un jugador: ahora hay un límite por defecto por jugador
(600 euros semanales y 1.500 euros mensuales), pero funciona por cada
plataforma, con lo que el jugador puede “eludirlo” cambiando de plataforma, poniendo
así su “nuevo marcador a cero”. En cualquier caso, es un límite meramente
indicativo, porque el jugador es libre de ampliar el límite y gastar
lo que quiera en jugar online. Pero el Gobierno cree que si se cambia el
límite por jugador y no por plataforma (como se hace en Alemania), será una
medida disuasoria para frenar el gasto en el juego online.
Estas medidas pueden ayudar, pero no dejan de ser “parches”
ante un juego online que avanza imparable, sobre todo entre los
jóvenes, dejando una secuela de adolescentes y jóvenes con problemas serios
de juego, como denuncian las ONGs y los médicos, preocupados porque el
juego patológico se ha convertido en la
3ª enfermedad mental que más suicidios provoca, tras el trastorno bipolar y
la depresión. Y con el problema añadido de que la
sanidad pública carece de medios para tratar la ludopatía, desde los
médicos de familia a los especialistas y hospitales, con sólo 3 Unidades
especializadas en grandes hospitales para tratar las adicciones del
juego en toda España.
Los expertos y las ONGs que atienden a ludópatas (cada vez
más jóvenes) insisten en que hay
que tomar medidas más eficaces para frenar esta pandemia del juego,
sobre todo online. Por un lado, habría que lanzar Campañas de concienciación
sobre el juego (como se hace con el tráfico, el tabaco, el alcohol o las
drogas), incluyéndolo en la formación de Colegios, Institutos y
Universidades. Y por otro, habría que reforzar la sanidad pública, con
especialistas y unidades especializadas conta la ludopatía, aumentando también
las ayudas a las ONGs que atienden a los ludópatas. Todo ello podría
financiarse con una parte de los ingresos fiscales del juego: 1.180
millones ingresados en 2022 (sólo 109 millones del juego online), que
reciben básicamente las autonomías (1.035 millones).
Además, habría que tomar
medidas para obligar a las plataformas a detectar y controlar
mejor el juego excesivo, desde la entrada de menores a las apuestas
descontroladas. La tecnología ofrece múltiples herramientas para hacerlo,
para conseguir “jugar con cabeza”, aunque eso reduzca el negocio de las
multinacionales del juego. Pero no podemos dejar que el juego online se multiplique
sin control y destruya a parte de nuestros jóvenes, ya bastante afectados
en su vida cotidiana por la precariedad y la dificultad de emanciparse. El
juego en sí no es malo, para puede ser una peligrosa evasión para muchos.
Actúen ya.
El dato es impactante: más de un millón de españoles
(1,1) no van cada día a su trabajo por enfermedad (ILT), según
los datos oficiales de bajas laborales, que en 2023 alcanzaron un récord
histórico. De cada 1.000 trabajadores, más de 400 cogieron una baja
laboral el año pasado, lo que duplica el absentismo de 2012. Y coloca a
España como el 2º país europeo con más ocupados que se
ausentan del trabajo por enfermedad, accidente o incapacidad temporal (ILT),
por detrás de Francia e igualados con Portugal. Pero aunque se pierden 396
millones de horas de trabajo, la mitad de estas bajas son por menos de 3
días y no las pagan las empresas ni la Seguridad Social. Mientras la patronal
habla de grave aumento del absentismo, sindicatos y expertos lo achacan
a las listas de espera en la sanidad y a la poca agilidad en los expedientes de
ILT. Ahora, el Gobierno prepara una norma para que muchas bajas las
controlen y agilicen las Mutuas laborales. Enrique Ortega
Las bajas
laborales vienen creciendo en España desde 2014, cuando se empezó a
superar la crisis financiera de 2008. En 2012, en lo peor de la crisis,
la tasa de absentismo (porcentaje de ocupados que se ausentan del
trabajo por incapacidad laboral temporal, por ILT) había bajado al 2%,
desde el 2,8% de 2007. Y a partir de 2014 sube, hasta una tasa del 2,7% en
2019. La pandemia de 2020 y 2021 trastoca las cifras (de un 4,3% de
absentismo en junio de 2020 al 4,9% en marzo de 2021) y las mantiene en un 4,1%
de absentismo en 2022 y 2023, según
los datos oficiales, un máximo histórico. Y este alto nivel de absentismo casi
duplica el de Europa (2,5% de ocupados se ausentaron de su trabajo por enfermedad),
según
Eurostat (2022), siendo España el 2º país europeo con más absentismo,
tras Francia (4,6%) e igualado a Portugal (4,1%), lejos del absentismo de Italia
(1,3%), Paises Bajos (1,6%), Alemania (2,4%), Austria, Finlandia o Suecia
(2,9%) y Bélgica (3,6%).
El absentismo laboral en España presenta 3
rasgos preocupantes sobre el resto de Europa, según
un reciente estudio del Instituto valenciano Ivie y la Mutua Umivale Activa
: la intensidad del fenómeno y el gasto asociado, su rápido
crecimiento en los últimos 16 años y que se produce en todas las
autonomías, aunque más en el norte que en el sur. En cuanto a la
intensidad, España
es el 4º país europeo que más gasta en prestaciones por incapacidad laboral
temporal (ILT) con relación al PIB, un 1,4% en 2022, unos 18.850 millones de
euros), sólo por detrás de Paises Bajos y Alemania (gastan el 2% del PIB) y
Suecia (1,5%), muy por encima de la media UE-27 (el gasto en ILT supone el 1,2%
del PIB), del coste en Francia (0,8%), Portugal (0,6%) o Italia (0,5%).
Por
autonomías, todas tienen en 2023 tasas de absentismo superiores a las
de 2007 y a las de la mayoría de paises europeos, destacando el alto
absentismo en el norte de España, sobre todo en el País Vasco
(5,8% de la población ocupada, frente al 4,1% de España y el 2,5% de Europa),
Galicia (5,5%), Asturias y Cantabria (5.1% cada una), seguidas de Canarias (4,9%),
Murcia (4,7%), Castilla y León (4,5%), Navarra (4,3%), Extremadura (4,2%) y
Melilla (4,1%). El resto de autonomías tienen un absentismo inferior a la
media, tanto Ceuta Y Comunidad Valenciana (4&), la Rioja y Cataluña (3,9%),
Castilla la Mancha (3,7%), Aragón (3,4%), Baleares (3,3%) y Madrid (3,2%),
la región con menos absentismo de España.
Hay dos
formas de medir el absentismo, la ausencia al trabajo por
enfermedad, accidente o incapacidad temporal (ILT). Una es la baja
por contingencias comunes, una baja que se solicita por enfermedad
común (una gripe) o accidente fuera del trabajo (una rotura de un
brazo). Esta baja surte efecto al 4º día de solicitarse y el trabajador cobra el
60% de la base reguladora del día 4 al 21º (la empresa paga del 4ºal 20º) y un
75% después (cuando la paga la Seguridad Social. Estas bajas son la
mayoría (el 91% del total) y las gestionan la Seguridad Social y las Mutuas.
La otra baja es por
contingencias profesionales, causadas por el desempeño de la actividad
profesional, por una enfermedad profesional o accidente de trabajo. Estas bajas
surten efecto desde el primer día y el trabajador cobra el 75% de la base reguladora
desde el día siguiente. Estas bajas supusieron el 9% del total en 2023 y
son mayoritariamente gestionadas por las Mutuas.
El ”problema” del actual absentismo laboral se da
ahora en el primer grupo de bajas, las bajas por contingencias
comunes, que supusieron
414 bajas por cada 1.000 ocupados en las gestionadas por la
Seguridad Social (409 en el caso de las Mutuas), cuando en 2008 eran 350 (y
340 en el caso de las Mutuas). En Cataluña, esas bajas llegan a 669 por cada
1.000 ocupados (SS), en Navarra a 657, en Baleares 473, en el País Vasco 459 y
en Madrid 399, mientras sólo son 237 en Extremadura, 334 en Asturias y 340 en
Galicia, según
los datos de la Seguridad Social en 2023, aportados por Ivie. Sin embargo, las
bajas por contingencias profesionales sólo fueron de 41,6 por 1000 ocupados
(Mutuas) o 55,6 por cada 1000 (bajas gestionadas por la SS, unas bajas
que apenas han crecido desde 2008.
Al final, se suman los dos tipos de bajas y aparece el dato
de 450,6 bajas laborales (ILT) por cada 1.000 ocupados (en las
gestionadas por las Mutuas) o 473,6 bajas totales en el caso de las
gestionadas por la Seguridad Social. Eso significa una media de 20 días
de ausencia por trabajador al año, sólo por enfermedad
(no por otras causas personales). Y eso se traduce, según los expertos, en que 1,1
millones de trabajadores no fueron ningún día a trabajar en 2023 por
incapacidad temporal (ILT) . Y también significa que en España se
perdieron más de 396 millones de jornadas laborales por ILT en 2023, un 62%
más de las horas perdidas por enfermedad o accidente en 2018.
La duración
media de las bajas por contingencias
comunes (el 91% de todas las bajas) osciló en 2023 entre los 38,2 días
(en las gestionadas por la SS) y los 31,9 días (Mutuas), o sea, más de
un mes, aunque lo positivo es que esta duración ha bajado (de 41 días de media en
2018-19 a 34,4 días en 2023), según la Seguridad Social, siendo las bajas que
gestionan las Mutuas las que más han reducido la duración (un -20%).
Al final, el coste de estas bajas para las empresas y la
Seguridad Social es menor de lo que podría pensarse porque más
de la mitad de las bajas no se pagan, por su corta duración, según los
datos de la Seguridad Social. Así, en todo 2023 se iniciaron 6.334.995 procesos
de bajas laborales (ILT), de los que sólo 2.351.221 procesos fueron indemnizados
(por las empresas o la SS), un 37,11%). Y al final del año, habían finalizado
6.253.629 procesos de los iniciados, de los que 2.591.506 fueron indemnizados,
sólo el 41,44% de los expedientes de ILT finalizados, con un coste total de
10.108 millones de euros, según
la última estadística de la Seguridad Social. Eso quiere decir que la
mayoría de bajas (58,56%) no se pagaron
al trabajador, básicamente porque fueron inferiores a 3 días o porque no se
justificaron adecuadamente. El problema está en esos 81.366 expedientes de
baja abiertos en 2023 y no finalizados: son las bajas más complejas, de
mayor duración (180 días los procesos en vigor) y los más costosos.
¿Por qué se ha disparado el absentismo laboral en España?
Para
muchos expertos, la pandemia supuso una situación disruptiva que
agravó los problemas sanitarios, laborales y sociales que ya habían elevado el
absentismo. Y sobre todo, el subsiguiente deterioro de la sanidad pública, que
ha
aumentado las listas de espera para el médico de familia, las pruebas y las
consultas de los especialistas, lo que complica que muchos trabajadores con
problemas de salud o roturas puedan volver a trabajar. Y además, la falta de
personal en la Seguridad Social ha retrasado la resolución de muchos
expedientes, a pesar de la ayuda inestimable de las Mutuas (que han de pasar
por un médico de familia para dar las altas).
También hay otros factores que explican el
aumento del absentismo, en España y en todo Occidente : el aumento de la
población ocupada (hay 4,2
millones de trabajadores más en España que en 2014), la menor tasa de paro
(11,76% frente
al 26,94% en 2013), con lo que hay “menos miedo a perder el empleo y, sobre
todo, una “distinta
actitud ante el trabajo” de los jóvenes: muchos tienen contratos
precarios y mal pagados y tienen menos interés por su trabajo, mientras han
aumentado los problemas de ansiedad y salud mental. Y no ayuda a bajar el
absentismo la falta de conciliación familiar y los disparatados horarios
laborales.
Al final, el elevado absentismo laboral daña la
productividad del país y de las empresas, pero también a los trabajadores,
que cobran mucho menos mientras están de baja o no cobran nada. Por eso, el
absentismo preocupa no sólo a los empresarios (que llevan
años quejándose del aumento) sino también a los sindicatos, lo que
se ha traducido en que ambas partes hayan dedicado un capítulo (el
VII) a abordar el absentismo en el V
Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado el 10 de mayo de
2023. En ese documento, tanto la patronal como los sindicatos exhortan al estudio
de las causas, incidencia y duración de las bajas laborales y están de
acuerdo en pedir una mayor colaboración de las Mutuas de Trabajo para
agilizar los expedientes, en coordinación con el personal sanitario del SNS. Y además,
piden más medios para reducir las listas de espera de la sanidad pública y
medidas para proteger la salud de los trabajadores y reducir los procesos
de bajas.
En linea con estas propuestas de las fuerzas sociales, el
Gobierno anunció en febrero que
aprobará próximamente una medida para agilizar y reducir las bajas
laborales: que las Mutuas laborales (que son parte del sistema público de SS) controlen las bajas
laborales (ILT) de origen traumatológico, que concentran 8 de
cada 10 bajas por contingencias comunes. Eso supondrá que los médicos de
familia derivarán estas bajas a las Mutuas, que gestionarán el proceso de
recuperación y rehabilitación, proponiendo después el alta a los médicos del
SNS, los únicos que podrán darlas. No se trata de “privatizar” el proceso,
que estará siempre supervisado por entidades públicas y sujeto al
consentimiento del trabajador, pero sí de aligerar de la mayor parte de esta
tarea a los médicos de los centros de salud, que hoy están superados con el
seguimiento de las bajas.
En paralelo, otra
medida que estudia el Gobierno (la Seguridad Social) es reformar los
criterios para autorizar jubilaciones anticipadas a trabajadores
que lleven meses o años con bajas persistentes, que en realidad
justifican flexibilizar los procedimientos para que puedan optar a una jubilación
anticipada con coeficientes reductores.
En resumen, tenemos un problema de demasiadas bajas
laborales que tardan en resolverse, en perjuicio de los propios
afectados, sus empresas y la Seguridad Social. No se trata de acusar a
los trabajadores de “escaquearse” y pedir una baja injustificada
para no trabajar (como hacen algunos líderes patronales) sino de analizar
con datos y rigor qué está pasando, por qué se han disparado las bajas
y qué se puede hacer para reducirlas y evitar su abultado coste, que perjudica
al trabajador, a la empresa y a toda la economía. Hay
que huir de soluciones “fáciles”, “populistas o demagógicas”
y pactar fórmulas para agilizar los tratamientos y los
expedientes. Y, en paralelo, avanzar en prevención y salud laboral,
fortaleciendo una sanidad pública que no se recupera. Pero, sobre todo,
hay que mejorar el trabajo en las empresas: menos “ordeno y mando” y más
integración, mejor ambiente laboral, para que ir a trabajar
no sea un tormento. Así también habrá menos absentismo.
Los españoles se han lanzado a viajar esta Semana
Santa, por España y por Europa, mientras hay un aluvión de extranjeros
en costas y ciudades. A pesar del mal tiempo, será otra Semana Santa récord,
tras la de 2023, con una ocupación hotelera que supera el 85% en
muchos destinos, en el litoral, islas y ciudades con procesiones. Una “fiebre
por salir” que no se detiene ante las fuertes subidas de precios,
superiores al 15%, en transportes, hoteles, restaurantes, cultura y ocio. El
Gobierno espera 14,2 millones de turistas extranjeros entre marzo y
abril, 2 millones más que el año pasado, que gastarán 19.000
millones (+3.700). Y seguirá el aluvión hasta el verano, cuando se esperan
más turismo (nacional y extranjero) que en 2023. Ya se habla de 93 millones
de turistas en 2024 y 100 millones en 2025. Pero ojo: la saturación
turística, como en esta Semana Santa, puede volverse en contra y matar nuestra
primera industria, el turismo. Hay que reconvertir los viajes y el ocio. Enrique Ortega
El año 2024 ha empezado muy bien para el turismo.
En enero y febrero se produjo un récord de pernoctaciones
(estancias en hoteles y alojamientos turísticos), según el INE:
34.995.422 pernoctaciones, 2,7 millones más que al inicio de 2023 (+8,38%),
sobre todo por la mayor llegada de extranjeros (22,5 millones de pernoctaciones,
+12,6%). Y enero de 2024 fue el mejor mes de enero de nuestra
historia para el turismo: llegaron 4,8 millones
de extranjeros, un +15,3%, sobre todo europeos y de EE. UU.
(+23,6%), casi la tercera parte a Canarias (1,32 millones, +9,25%), pero
también a Cataluña (958.726, +20,37%), Andalucía (666.363, +17,4%), Comunidad
Valenciana (619.718 turistas, +29,06%) y Madrid (609.325, +17,45%). Y estos turistas extranjeros que llegaron en enero se gastaron
6.550 millones de euros, un 25,5% más que en enero de 2023, con una
estancia media de 8,71 días y un gasto medio de 158 euros diarios, según
Frontur.
En marzo, a falta de datos oficiales, el sector
confirma que han seguido aumentando las pernoctaciones y la llegada de
turistas extranjeros, atraídos por el excepcional buen tiempo. Y así, se ha
llegado a una
Semana Santa que se espera récord, con una ocupación media
del 85%, que superará el 90% en las islas, zonas de costa y algunas
ciudades de interior con atractiva oferta de procesiones (en Andalucía y
Castilla y León). Los hoteleros insisten en que las reservas de Semana Santa se
anticiparon este año, superando en un 35% la ocupación de 2023 (cuando tuvimos
una Semana Santa récord) e incluso la de 2019 (+25% de reservas). La
novedad este año es que lo que más crecen son las reservas de españoles,
sobre todo a Canarias, Navarra, Murcia y Aragón, según
CEHAT. Y todo ello ayudado por un aumento de los vuelos (Iberia y
sus filiales han ofertado 1 millón de plazas más) y de trenes (2,5
millones de plazas en Renfe), además de un récord en los desplazamientos por
carretera.
Se espera pues un récord histórico de ocupación esta
Semana Santa, a pesar del mal tiempo y, sobre todo, de que los
viajeros se encuentran con unos
precios disparados, desde los carburantes (el diesel está
más
caro que hace un año y la gasolina está en máximos de cuatro meses, aunque
más barata que en la Semana Santa de 2023) y los billetes de avión y tren
a las estancias en hoteles, las comidas y bebidas en restaurantes y
bares o el coste de la cultura y el ocio. En febrero, los
hoteles ya habían subido un +9% anual (y los restaurantes un 5,1%), según el INE, pero para
Semana Santa, las habitaciones de hotel han subido una media del +15%. Y
más en algunas ciudades como Palma (+28%), Madrid (+19%), Sevilla o Málaga. A
pesar de este fuerte aumento de precios, generalizado, españoles y extranjeros no
han renunciado a viajar, aunque algunos han recortado su estancia (4
días en lugar de toda la semana) y otros han buscado más casas rurales y apartamentos
que hoteles. Y los
supermercados están multiplicando ventas en zonas turísticas.
Este aluvión de viajes esta Semana Santa está
sirviendo para mantener el consumo y la actividad económica, que
habrá vuelto a crecer este primer trimestre gracias al turismo (que ya
aportó en 2023 el 70% de todo el crecimiento español, 1,75% del 2,5% que
crecimos). Y se notará también en el empleo, porque se han realizado
116.200 contrataciones extras en marzo por la Semana Santa (+18,6% que en
2023), según
Randstad, sobre todo en Andalucía, Cataluña y Madrid. Eso sí, la subida de
precios provocada por la Semana Santa (“todo el mundo se aprovecha”) provocará
una subida de la inflación en marzo, que subió al 3,2% anual (+0,4%), según
el dato adelantado del INE, una mala noticia que puede retrasar la bajada
de tipos del Banco Central Europeo (BCE), esperada para junio.
Con todo, esta Semana Santa récord no es un hecho aislado,
sino que se espera un aumento del turismo y los viajes (de españoles y
extranjeros) el resto de la primavera, a la vista de las reservas ya
hechas y del aumento de billetes de avión y tren ofertados y reservados. Las
previsiones de Turespaña, tras sondear los mercados internacionales, son
que visiten España, entre marzo y abril de 2024, unos 14,5 millones
de turistas extranjeros, 2 millones más que en esos meses de 2023. Y
además, que esos turistas hagan también un gasto récord, de 19.000 millones
de euros (+3.700 millones que en marzo y abril de 2023). En paralelo, el sector
hotelero espera aumentar sus ingresos un +14% esta primavera respecto
a la de 2023 (y +25% sobre la primavera de 2019), gracias a un aumento
de la ocupación (+4%) y sobre todo a la subida de precios (+10%), según
el Smart Observatory, elaborado por la Confederación hotelera CEHAT y la
consultora PwC.
Los expertos reiteran que crece
el interés por viajar a España, esta primavera y el próximo verano,
como lo atestiguan las búsquedas por Internet, las reservas y el aumento de
plazas en los vuelos internacionales. Así que el sector espera una
primavera récord (de abril a junio) y que el verano vuelva a
ser récord, superando la llegada de turistas de 2023 y el turismo de
los españoles. Y además, creen que la buena temporada turística podría extenderse
hasta septiembre y parte de octubre, si el “buen tiempo” acompaña. Se observa
un
gran interés de los europeos (no sólo británicos, franceses y alemanes) por
viajar a España y un fuerte aumento de turistas de América y Asia, que nos
ven como un país “seguro” (ante el conflicto en Palestina, que desalienta
viajar a Turquía o Egipto) y con una oferta muy completa, que suma al
sol y playa la gastronomía, el ocio y la cultura.
Además, los expertos creen que “la
tendencia a viajar” se ha consolidado como una prioridad
para los consumidores occidentales, tras el gasto en comida y vivienda.
Así que todos los europeos (y los españoles) ya no sólo viajan en vacaciones,
sino que aprovechan cualquier hueco o fin de semana para “escaparse”,
para buscar nuevas experiencias fuera de su ciudad, “cueste lo que cueste”. Es esta
“fiebre”, desatada en Occidente tras el fin de la pandemia, la que
explica el aluvión de viajes y turistas, aunque suban los precios. Y por eso, las
previsiones sobre el año turístico en España son “estratosféricas”: ya se
habla de recibir este año 93
millones de turistas, 8 millones más que en 2023 (85,1 millones). Y llegar
a los 100 millones de turistas extranjeros en 2025…
Una locura, si recordamos
que en 2003 llegaron la mitad de turistas extranjeros (50 millones) y en
1995 la tercera parte (33 millones). Está claro que el turismo es
nuestra primera industria y la locomotora de la economía, el sector que
este año 2024 volverá a aportar casi la mitad del crecimiento (el 41,4%
del 1,6% que esperamos crecer) y crea
1 de cada 4 nuevos empleos. Pero ojo, podemos “morir de éxito”,
llegar a una situación en que el exceso de turistas (sobre todo en algunos
destinos) retraiga a los visitantes y cree problemas serios con la población
local, que la fiebre por viajar acabe convirtiéndose en un hartazgo ante
los destinos masificados y caros, que fuercen a buscar destinos
alternativos fuera de España. Es un temor que ya han reiterado expertos y
hoteleros españoles, que llevan meses pidiendo “repensar el turismo”,
alcanzar un
Pacto de Estado entre instituciones y empresas para conseguir un
crecimiento sostenible del turismo.
Para ello, el
sector propone una hoja de ruta hasta 2030 que tenga en
cuenta las exigencias medioambientales y sociales, que reduzca
los pisos turísticos (principales responsables del turismo masivo “low
cost”), que mejore y diversifique la oferta turística
(fuera de las zonas masificadas y de los meses tradicionales de viajes),
afrontando una mayor digitalización y una profunda reconversión del sector para renovar la obsoleta
oferta turística en muchos destinos de sol y plaza, para lo que piden aprovechar
los Fondos europeos.
En definitiva, planificar el crecimiento del
sector turístico en las próximas décadas, para no
matar a la gallina de los huevos de oro. Por eso, el sector, los
sindicatos, el Gobierno, las autonomías
y los Ayuntamientos tienen que sentarse y lograr un Pacto por el turismo
a medio plazo, para que sea sostenible y de calidad, que no nos agobie viajar.
No es fácil, pero hay que conseguirlo.
En 2023, las ventas en los Centros Comerciales españoles
superaron las cifras de antes de la pandemia, alcanzando un récord
histórico, gracias a las mayores ventas en ropa, restauración y ocio,
aunque todavía reciben menos visitas que en 2019. Son ya 580 los
parques y Centros Comerciales que hay en España (somos el 4º país europeo
con más espacios, tras Reino Unido, Alemania y Francia), con 33.500 tiendas
dentro, que pagan alquileres cada vez más altos (después de pasar algunas por “listas
de espera”). Unos Centros Comerciales cada vez con más servicios, desde
gimnasios y hospitales a centros de buceo, rocódromos y espectáculos. De aquí a
2026 se prevé abrir 42 nuevos espacios, la mayoría Parques
comerciales y centros de outlet. Y ha vuelto “el apetito” de los
inversores, sobre todo de los Fondos extranjeros, por comprar y vender Centros
comerciales, un negocio con enormes plusvalías. El riesgo es que volvamos a alimentar una “burbuja” de Centros Comerciales
y un día nos estalle.
La pandemia hundió las visitas
(cayeron un 35% en 2020) y las ventas (-27%) a los Centros
Comerciales, con el riesgo de que estallara la “burbuja”, como había
pasado en Estados Unidos tras la crisis financiera: entre 2008 y 2023 cerraron
300 de los 1.200 “Mail” que había en USA, por un exceso de oferta y
porque muchos se habían quedado obsoletos. En Europa, la oferta de
Centros Comerciales no era tan excesiva (347
m2 por 1.000 habitantes, 14 veces menos a los 5.000 m2 por 1.000 habitantes
en EE. UU.). Por eso, aunque tras la pandemia se cerraron algunos Centros
Comerciales, en la mayoría de paises aguantaron, con menos
tiendas y pocas aperturas. Y a partir de 2022, volvieron a inaugurarse nuevos
Centros y Parques comerciales, cerrando 2023 con 580 Centros (12
más que antes de la pandemia), 33.500 comercios (el 85% con menos de 300
m2) y 16,7 millones de m2 disponibles, según la Asociación de Centros Comerciales (AECC).
Con este volumen de Parques y Centros Comerciales, España
se consolida como el
4º país europeo con más grandes espacios comerciales, sólo por
detrás de Reino Unido (más de 1.200 Centros), Alemania y Francia
(con unos 750 Centros cada uno). Y además, España ha sido el tercer país que inauguró
más Centros Comerciales antes de la pandemia (300.000 m2 abiertos entre 2019 y
2020), tras Francia y Polonia, según
el estudio de la consultora Cushman&Wakefield. Y tras la pandemia,
España es de los paises europeos con más aperturas. En 2022 abrieron
Mirasierra Gallery (Madrid) , Parque Comercial Atalaya del Tormes (Salamanca),
Nasas Nigrán (en Nigrán, Pontevedra) y Parc Comercial Vilanova (en Vilanova i
la Geltrú, Barcelona). Y en
2023 se inauguraron La Finca Gran Café (en Pozuelo, Madrid), Nasas
Torrejón (en Torrejón, Madrid), Nexus Retail Park (en Fuenlabrada, Madrid) , Parque
comercial A Revolta (A Coruña) y Parque comercial Oalma Center (en León),
además de las obras de ampliación en el CC Jaén Plaza.
El sector de Parques y Centros Comerciales está eufórico
porque ha cerrado 2023 con un récord
histórico de ventas: 52.051 millones de euros, +9,6% que en 2022 y +13,2%
por encima de las ventas de 2019, antes de la pandemia, gracias a un
mayor consumo y a la subida de precios. Eso sí, todavía no se han
alcanzado las visitas de antes de la pandemia: hubo 1.840 millones de
visitas en 2023, +6,3% que en 2022 pero todavía un -8,3% que en 2019, según
la Asociación AECC. Eso sí, han crecido las tiendas que venden en CC y el sector
mantiene 870.000 empleos directos e indirectos, aportando el 1% del
PIB español.
El negocio de Parques y Centros Comerciales “se ve fuerte”
y asegura que han demostrado que es uno
de los formatos que mejor se adapta hoy a los hábitos de consumo de los
españoles, al ofrecer tiendas de distinto tamaño y oferta, con amplios
aparcamientos y entradas independientes, situadas en ubicaciones estratégicas a
las afueras de grandes ciudades y pueblos. Además, otra de las claves de su
éxito, añaden, es que los Parques y Centros comerciales han
ampliado su oferta de servicios: ya no hay sólo tiendas de moda y
alimentación, sino que proliferan los puntos de restauración y ocio y servicios
que han aumentado su demanda tras la pandemia, como el bricolaje, las tiendas
de perfumería y droguería, los centros de deporte y las tiendas de mascotas. Y en
los nuevos Centros se están incluyendo hospitales (como la Clínica CEMTRO
en el Mirasierra Gallery de Madrid).
Este tirón de las visitas y ventas en Centros
Comerciales sigue atrayendo a los inversores, sobre todo
a Fondos de inversión extranjeros, que ven en los Parques y Centros una
máquina de generar ingresos por alquileres y gestión. De ahí que haya 42
nuevos proyectos de Parques y Centros Comerciales previstos de aquí a
2026, según
la Asociación AECC. De ellos, 34 son proyectos de Parques comerciales,
a los que ven más futuro que a los Centros Comerciales (la diferencia: no
es una única ubicación cerrada, como el CC, sino un Parque con grandes locales con
salida directa a la calle). Son más fáciles de gestionar (tienen 20 o 30
grandes tiendas frente a 300) y ahora se opta por un tamaño mediano y
pequeño, que se puede ubicar mejor en localidades más pequeñas (las
grandes capitales tienen ya una excesiva concentración de CC). Y también se
apuesta por los Parques outlet (con grandes tiendas de descuento, a las
que están llegando nuevas marcas). La mayoría de las aperturas en 2024 (ver
lista) serán en Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.
Actualmente, unas pocas multinacionales y Fondos
extranjeros son los propietarios de la mitad de los 580 Parques y Centros Comerciales
abiertos en España, según
los últimos datos de la Asociación AECC. La multinacional francesa Carrefour
es la líder del sector, con 109 Centros Comerciales gestionados por
Carrefour Property y otros 79 por Carmila (una inmobiliaria de Sebastián
Palacios donde Carrefour tiene el 35%) . Le sigue Ceetrus (propiedad de la
multinacional francesa Auchan), con 53 Centros y Auchan directamente con
otros 32. Tras los 2 franceses está Castellana Properties (propiedad del
Fondo sudafricano Vukile), con 16 Centros Comerciales y la “española” Lar
(25% del Fondo Sudafricano Vukile, un 14% de la inmobiliaria Lar y el resto
repartido entre Santa Lucía y Fondos de pensiones USA), que cuenta con 14
Centros. General de Galerías Comerciales (del magnate murciano Tomas
Olivo) gestiona 9 Centros Comerciales y la francesa URW gestiona 8
Centros más, la cartera con más valor (La Vaguada, Parque Sur, Equinoccio, la
Maquinista, Gloríes, Splau…). Y luego, varios Fondos internacionales,
como Nuveen, Klempierre, Neinver, MDSR (israelí) gestionan cada uno
entre 8 y 5 Centros Comerciales en España.
La verdad es que el negocio de los Parques y Centros
Comerciales se ha convertido en uno de los grandes objetivos de los Fondos
internacionales. Por un lado, buscan la liquidez mensual que ofrecen los
alquileres de las 33.500 tiendas y locales que operan en sus Centros, unos alquileres
que
se han disparado en el
último año, de tal manera que hay “lista de espera”
para cubrir los espacios que se quedan vacíos o los que se van a abrir en el
futuro (cuando en
2019, el 18% de los locales estaban vacíos). Y eso, a pesar de que los
alquileres alcanzan hasta 20.000 y 100.000 euros al mes, más gastos
comunitarios y en ocasiones un porcentaje sobre ventas. Pero el negocio de
los Centros Comerciales no está tanto aquí (que lo hay) como en
las compraventas, en la especulación de lanzar un Parque o un CC y
venderlo en unos años con jugosas plusvalías (y a veces con pérdidas).
Por eso, hay un constante cambio en la propiedad y la gestión
de muchos de los Centros Comerciales que visitamos, aunque los usuarios no
nos enteramos. Un ejemplo: Puerto Venecia, en Zaragoza, el mayor
Centro Comercial de España (19 millones de visitantes en 2023), ha
cambiado de dueño 5 veces (más una compra fallida) desde su
inauguración en 2012, la última en diciembre de 2019, cuando el grupo
inmobiliario británico Intu se
lo vendió al Fondo Generali por 475 millones de euros (con 115 millones de
plusvalía). En 2024, los expertos
alertan que hay Centros Comerciales a la venta por valor de más de 1.000
millones de euros, entre ellos Islazul (Madrid) , Zielo Shopping (Pozuelo,
Madrid), Gran Vía de Alicante, Salera (Castellón), Imaginalia (Albacete), Splau
en Cornellá, Barcelona), Los Fresnos (Gijón),
Alzamora (en Alcoi, Alicante), Odeón (Ferrol), Ruta de la Plata (Cáceres),
Equinoccio Park (en Majadahonda, Madrid) o Moraleja Green (en Alcobendas,
Madrid) , tras el cambio de propiedad realizado en julio en los CC de Rivas
Futura (Madrid) y Vista Hermosa (Alicante). Operaciones especulativas que
suponen cambios en la gestión y a veces reformas y mejoras en los
Centros Comerciales, para venderlos más caros en unos años.
Así que todo apunta a que vuelve
a creer la burbuja de los Parques y Centros Comerciales, en España
y en el resto de Europa, alimentada por un consumo en alza y la
perspectiva de bajada de los tipos de interés, que fuerza a los Fondos
a buscar inversiones más especulativas. Y todo ello alimentado por un
cambio en “la cultura del consumo”, donde muchas personas y familias
aprovechan la visita a los Centros Comerciales no sólo para comprar comida o
ropa (en muchos casos, para recoger compras hechas por Internet) sino también
para hacer deporte, acudir a una consulta médica, ir al cine o a un espectáculo,
comer, cenar o tomar copas, todo en el mismo espacio y con aparcamiento
asegurado.
Esta tendencia de los grandes espacios comerciales se
consolidó hace décadas en las grandes capitales y ahora llega
a muchas pequeñas ciudades del resto de España. Un proceso que
parece imparable pero que tiene un riesgo evidente: que venga
otra crisis, “estalle la burbuja” y los Centros Comerciales se vacíen, con el
coste de cierre de tiendas o negocios y pérdida masiva de empleos. Por eso, alguien
(Estado, autonomías, Ayuntamientos) debería “vigilar y controlar” el
proceso de crecimiento de los Centros Comerciales, para conceder
licencias sin demasiado riesgo, para evitar que esos “grandes templos
del consumo” sean un día “cementerios comerciales”. Hay que autorizarlos
“con cabeza”.
Los Fondos Europeos han superado la primera
mitad de su trayecto, que acaba el 31 de agosto de 2026, cuando
tienen que estar adjudicados los 163.800 millones que llegarán de Europa
(mitad subvenciones, mitad créditos). De momento, vamos bien,
porque se han adjudicado el 48% de las subvenciones inicialmente
previstas, dirigidas a 600.000 proyectos en marcha, que benefician a 400.000
empresas y autónomos, 150.000 particulares y 5.000 centros de investigación.
Pero lo más difícil está por hacer: habrá que adjudicar 114.500
millones en los próximos 2 años y medio, más del triple de lo
adjudicado hasta ahora. Eso exigirá un enorme esfuerzo de gestión
al Gobierno, autonomías, Ayuntamientos, empresas y centros de investigación,
porque el dinero que no se ejecute se pierde. Y estos Fondos
europeos son claves para modernizar la economía y afrontar los retos
energético y digital, la garantía para mejorar nuestra productividad, empleo
y nivel de vida. Nos jugamos mucho gastando bien estos Fondos europeos, un
reto que debería unirnos a todos, relegando las peleas políticas (?).
España fue el primer país europeo en aprobar un
Plan de Recuperación, el
27 de abril de 2021, para optar a las ayudas y créditos del
Fondo “Next Generation EU”, unos 140.000 millones inicialmente
adjudicados a España (70.000 en subvenciones a fondo perdido y 70.000 en créditos
con bajo interés a devolver), con 4
objetivos básicos: la
transición energética, la digitalización de la economía, las reformas
económicas necesarias y la reducción de desigualdades regionales, sociales y de
género. El Gobierno Sánchez envió el Plan a Bruselas el 30 de abril y un mes y
medio después, el 16 de junio de 2021 lo
aprobó la Comisión Europea (fue el primer Plan nacional aprobado),
siendo ratificado por los ministros de Economía de la UE, el 13 de julio de
2021, “con la máxima calificación”.
A partir de ahí, el Plan de Recuperación empezó a andar
y enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el
Tesoro español recibió la
primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación”.
A partir de ahí, se establecían 8 desembolsos oficiales, 8 entregas de
Fondos europeos hasta agosto de 2026, que se irían abonando a medida que
España justificara a la Comisión Europea que se habían hecho las reformas e
inversiones exigidas. Había que “sudar” para recibir cada entrega…
El primer
desembolso oficial condicionado
(tras el anticipo de agosto) llegó el 27 de diciembre de 2021: 10.000
millones de euros, que eran, otra vez más, la
1ª entrega de Fondos del Plan de Recuperación que hacía Bruselas a
un país europeo, tras confirmar la Comisión que España había cumplido 52
hitos y reformas, entre ellas la Ley de Cambio Climático, la mejora de
la conectividad, la aprobación del Plan de Ciencia, la modernización de la
Administración Pública y los Planes para la igualdad retributiva de hombres y
mujeres. Además, España tuvo que aceptar y firmar antes, en noviembre de 2021,
el Reglamento de concesión de los Fondos europeos aprobado por la Comisión, una
exigente “hoja de ruta” para asegurar su buen funcionamiento.
España siguió con su calendario de reformas e inversiones y el
27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó un segundo
desembolso oficial a España: otros
12.000 millones de euros de subvención, recibidos tras cumplir 40
hitos, entre ellos la aprobación de la reforma laboral, la primera fase de
la reforma de las pensiones, la estrategia de movilidad sostenible, la hoja de
ruta de la eólica marina, la Carta de Derechos Digitales, la Ley Riders
(repartidores), las medidas fiscales para el despliegue de la Red 5-G, la
modernización de la Agencia Tributaria, el Plan de acción para la Atención Primaria
y la Ley de la Cadena Alimentaria.
Y ya en 2023, el 17 de febrero, la Comisión Europea
autorizó el
tercer desembolso condicionado para España
(la 4ª entrega efectiva de Fondos): 6.000 millones de euros, que
llegaron el 28 de marzo, tras confirmarse que España había cumplido otros 29
hitos y objetivos en 2022, entre ellos la Ley Concursal, la Ley de Formación
Profesional, la reforma de la cotización de autónomos y la Ley de medidas
contra el fraude fiscal. Esta vez, la
luz verde al tercer pago costó más, porque España tuvo que convencer a la
Comisión de los cambios en el sistema de control y auditoría implantados para
cumplir con los estándares de vigilancia europeos, una
herramienta llamada CoFFEE, perfilada por Economía y Hacienda.
En total, con estas 3 entregas condicionadas y el anticipo
inicial, España recibió en el primer año y medio del Plan 37.036
millones de subvenciones de Fondos europeos,
el 52,9% de las ayudas a fondo perdido previstas inicialmente (70.000
millones). Y había cumplido, en esos primeros 18 meses, 121 hitos
(objetivos y reformas), el 30% de los 416 hitos que España se comprometió a
cumplir dentro del Plan de Recuperación hasta 2026. Con ello, España era
el país europeo más avanzado en el cumplimiento del Plan y la Comisión lo
ponía como “ejemplo”, como demostraban los
2 tuits escritos el 17 de febrero de 2023, el día que se autorizó el tercer
pago condicionado: “Doy la enhorabuena a España. Que siga
trabajando así de bien y que la Comisión está a su lado”, escribió la
presidenta Úrsula Von der Leyen. “Enhorabuena a España. La
Comisión avala la tercera solicitud de pago del Plan de recuperación”,
tuiteó el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis.
Este apoyo explícito de la Comisión a España, más
avanzada que la mayoría
de los paises en el cumplimiento de los Planes de Recuperación, chocaba
con la actitud crítica del PP español, que llevaba año
y medio poniendo en cuestión la
ejecución y la transparencia del Gobierno Sánchez con los
Fondos Europeos. Primero criticó la gestión en España y luego llevó sus
críticas a Bruselas y al Parlamento Europeo, “alimentando las dudas” de los partidos populares europeos (sobre todo, alemanes y holandeses), a
los que no les gusta mucho el Fondo de Recuperación europeo, básicamente porque
les toca pagar… (a los paises derrochadores del sur, Italia y España). Además, una parte de “la familia popular europea”, el
ala “más ultra” (encabezada por el alemán Manfred Weber, de la CSU) intentaron
utilizar a los Fondos Europeos y a España para atacar a la
presidenta Von der Leyen (de la CDU), cuyo puesto Weber quiso ocupar.
Así se explica que la presidenta del Comité de Control del
Parlamento Europeo, la
eurodiputada alemana Mónica Hohlmeier (de la CSU y brazo derecho de Weber),
organizase una visita a España el 21 y 22 de febrero de 2023, acompañada
de eurodiputados españoles, para una misión de “control y auditoría” de
los Fondos europeos. Tras dos días de reuniones con Hacienda, Economía,
autonomías, empresarios y sindicatos, analizando proyectos e inversiones (“hasta
el detalle de los movimientos de tesorería”, reconocieron), la delegación del
Europarlamento abandonó España señalando Hohlmeier que “no
ha encontrado fraude ni incumplimientos legislativos” en el
despliegue de los 31.000 millones recibidos. Y la misión constató que “España
cumple”.
Un año después, este 14 de marzo de 2024, la Comisión
Europea se ha reunido en Madrid con el
ministro de Economía y otros expertos, para hacer un balance de
la ejecución de los Fondos europeos, cuando se cumple la mitad de su
trayectoria (2 años y medio). La Comisión ha calificado de “excelente”
el Plan español, en palabras del Comisario de Economía, Paolo Gentiloni, aunque
pide “acelerar ahora la ejecución de los Fondos europeos porque tienen
que gastarse para 2026”. Y como prueba de buena voluntad, la
Comisión ha concedido a España un
plazo extra de 2 meses, hasta el 20 de mayo, para que culmine dos
reformas que se exigen para entregarnos la 4ª entrega condicionada de fondos,
otros 10.021 millones de euros, vinculados al cumplimiento de 61
hitos y objetivos. Ahora, España tiene que avanzar en dos de esos hitos
pendientes: uno, aprobar una nueva reforma del seguro de desempleo (la
anterior fue
aprobada el 19 de diciembre, pero Podemos
la tumbó en el Congreso este 10 de enero) y el otro, introducir una
serie de cambios técnicos (exigidas por el Tribunal de Cuentas Europeo)
en las inversiones en las redes de transportes.
Mientras España aprovecha esta prórroga para aprobar los
cambios, el Gobierno ha hecho un balance
del cumplimiento del Plan de Recuperación
en su primera mitad de vida: se han utilizado ya, el Tesoro ha adjudicado 37.000
millones de euros (a 30 de noviembre de 2023), el 48% de los Fondos
europeos asignados a España. O sea, que se han “inyectado” a la economía la
mitad de los fondos disponibles al cumplirse la mitad del Plan. Inicialmente,
en 2020, se dijo que España iba a recibir 69.500 millones de euros en
subvenciones a fondo perdido. Pero después, la
Comisión ha ampliado esta cifra, porque resulta que la caída del
PIB de España con la pandemia fue mayor de la esperada (-11,2%) y así, en
octubre de 2023, nos
han adjudicado 7.700 millones más en
transferencias adicionales (de ahí que los 37.000 millones adjudicados supongan
el 47,92% de los 77.200 millones en subvenciones que nos corresponden). Y
todavía hay otros 2.600 millones más de ayudas a fondo perdido para
España, con cargo al Plan REPower EU, un
nuevo Plan que Bruselas aprobó en mayo de 2022, a raíz de la invasión de Ucrania
para diversificar el abastecimiento energético.
A finales de noviembre, según
el último informe de ejecución del Plan de Recuperación, se habían adjudicado
el 47% de las subvenciones recibidas por España (37.000 millones pagados
por el Tesoro), con una media de 2.000 millones licitados al mes). Y en
febrero, según el ministro de Economía, se había hecho la convocatoria para
adjudicar 60.000 de los 70.000 millones inicialmente previstos (el 86%).
Según este balance, se han convocado licitaciones para 600.000 proyectos:
400.000 de empresas y autónomos, 150.000 de particulares (ayudas a coches
eléctricos y paneles solares) y 5.000 a proyectos de investigación. Los
grandes beneficiados por estas convocatorias son las empresas
(17.000 millones), los Ayuntamientos (7.200), las autonomías (3.000), entidades
de investigación (2.100 millones), particulares
(1.300 millones) y otras entidades (3.000 millones). En conjunto, la
Administración central y las autonomías son quienes impulsan el Plan.
Parece que “vamos bien” con la ejecución del
Plan de Recuperación, pero en realidad “vamos lentos”. Y eso, porque a
los 77.200 millones de subvenciones (más los 2.600 millones de
ayudas para inversiones energéticas del Plan REPower EU) hay que sumar otros
84.000 millones en créditos (a devolver) que la
Comisión Europea adjudicó a España en octubre de 2023, dentro de la 2ª fase
del Plan de recuperación. El Gobierno español aprobó pedir estos créditos el 20
de diciembre de 2022, como una “adenda” (añadido) al Plan de recuperación,
comprometiéndose a cambio a aprobar 30 nuevos hitos y reformas.
Ahora, tras recibir la luz verde a estos créditos del Plan
de Recuperación (24.000 los canalizará el Banco Europeo de Inversiones y 40.000
España), el
Gobierno aprobó el 24 de febrero 5 líneas
de crédito en el ICO para facilitar la concesión de estos 40.000
millones de créditos UE a empresas y particulares: linea ICO verde (22.000
millones), linea ICO empresas y emprendedores (8.150 millones), linea ICO
vivienda (4.000 millones para financiar viviendas en alquiler), linea Spain
Audiovisual Hub (1.712 millones) y linea Fondo Next-Techo (4.000 millones para
tecnologías disruptivas que promuevan la innovación y digitalización).
Entre subvenciones a fondo perdido (79.800 millones) y
créditos (84.000 millones), España contará con 163.800 millones de euros de fondos
europeos, que hay que adjudicar antes del 31 de agosto de 2026, antes de
2 años y medio. Y de momento, hemos adjudicado 37.000 millones,
el 48% de las subvenciones pero sólo el 22,5% de los Fondos disponibles.
Y quedan 2 años y medio para ejecutar el 78,5% restante. Por eso
habla la Comisión Europea de que hay que “agilizar el Plan”, porque
queda mucho por adjudicar e invertir en estos 2 años y medio (y lo que no
esté adjudicado el 31 de agosto de 2026, se pierde). De hecho, basta
ver los calendarios de pagos previstos: 25.600 millones a recibir en
2024, 44.600 en 2025 y 44.300 millones en 2026. En total, 114.500 millones
pendientes de recibir de Bruselas estos 2 años y medio (y de
gastar) , frente a los 37.330 millones recibidos (y ya adjudicados)
en los 2 años y medio pasados.
En resumen, que queda el grueso de los Fondos europeos (el
70%) por recibir y por gastar. Un
reto colosal para cualquier país y más para España, cuya
administración pública adolece de falta de experiencia y medios (aunque la
ejecución del Plan está muy digitalizada) para movilizar unos Fondos gigantescos
(suponen el 12% del PIB español). Hay
que agilizar al máximo los procesos, reduciendo burocracia, pero asegurando
que las inversiones se seleccionen con rigor y eficacia ( y sin fraudes),
lo que exige la cooperación de autonomías, Ayuntamientos, instituciones y empresas, que deberían volcarse más en esta tarea, “el
gran objetivo” de España en los próximos dos años y medio.
Así deberían verlo todos los partidos políticos, evitando
que la polarización y el constante enfrentamiento político impidan cumplir los
objetivos y acabemos perdiendo unas ayudas imprescindibles. Porque estos
163.800 millones son
el empujón que necesita España para modernizar su economía y afrontar los
retos climáticos y digital, para mejorar nuestra productividad, crecimiento,
empleo (los Fondos crearán más de 1 millón de empleos) y nivel de vida. Hay
que aprovechar hasta el último euro. Nos jugamos el futuro en ello.
