La pandemia duplica las listas de espera

El coronavirus ha absorbido de tal manera nuestros recursos sanitarios que en estos meses no se han hecho casi operaciones (las urgentes) ni pruebas diagnósticas y se han cancelado las consultas. Por eso, los sanitarios temen que las listas de espera se hayan duplicado y que más de un millón de españoles esperen ahora para operarse, hacerse pruebas o acudir a consulta. De momento, la mayoría de autonomías no publican datos actualizados. Pero este aluvión de pacientes exige un Plan de choque para rebajar las listas de espera, que ya eran insostenibles antes de la pandemia, mayores que en el resto de Europa. Urge incluir este grave problema en el refuerzo futuro de la sanidad, con más medios y personal para operar, hacer pruebas y consultas. Si no, quien ganará con el coronavirus y sus listas de espera “extras” será la sanidad privada, donde 12 millones de españoles pagan ya un seguro médico para no esperar (tanto). No nos dejen esperando meses.

enrique ortega

El coronavirus absorbió casi todos los recursos y torpedeó el normal funcionamiento de la sanidad, en España y en todo el mundo. Así,  la pandemia ha obligado a suspender el 72% de las operaciones no urgentes. Y el 81% de la cirugía benigna, el 37,7% de la cirugía del cáncer y el 25% de las cesáreas se suspendieron o retrasaron en la mayoría de los paises, según un estudio publicado por la British Journal of Surgery. En España, a falta de que las autonomías publiquen sus datos, se estima que se han suspendido 3 de cada 4 operaciones, la mayor parte de las pruebas diagnósticas y casi todas las consultas. Incluso ha habido pacientes que no se atrevieron a ir a urgencias, con posibles enfermedades graves, por miedo a contagios. Y se han paralizado “cribados” de pruebas decisivas, como colonoscopias o mamografías, que pueden traer consecuencias posteriores irreversibles.


Ahora, cuando lo peor de la pandemia ha remitido, se espera “un aluvión de pacientes” para consultas, pruebas y operaciones, engrosando una lista de espera que ya era muy abultada antes y que ahora va a ampliarse, aumentando los retrasos. Hay tres estimaciones de expertos sanitarios que coinciden en que “las listas de espera se han duplicado con la pandemia”. Por un lado, la Federación de Sanidad de CCOO estima que “podrían haberse duplicado las listas de espera quirúrgicas y, sobre todo, las de pruebas diagnósticas”, que es donde hay más problemas. Por otro, la Fundación en Defensa de la Sanidad Pública (FDSP) estima que las listas de espera “se habrán duplicado si no más”. Y los sindicatos médicos (CESM) coinciden en que “las listas de espera se han podido duplicar” y alertan sobre las demoras en atención primaria. Ya antes había hasta 72 horas de demora para acudir al médico de familia y ahora no se sabe, porque hay ciudades (como Madrid) donde no se puede pedir cita online, sólo llamando a un teléfono que comunica constantemente.


El agravamiento de las listas de espera, para consultas, pruebas y operaciones, ha debido ser mayor en las autonomías más tensionadas por la pandemia, especialmente en Madrid, Cataluña, Castilla y León, Castilla la Mancha y Aragón. A falta de que publiquen datos de mayo o junio, podemos hacernos una idea de la situación con los datos de abril que ha hecho públicos la consejería de Sanidad catalana, en el Parlament. Ahí se ve que la demora en las operaciones, que estaba en 155 días, ha aumentado en 35 días, con 185.848 pacientes esperando una intervención quirúrgica y 70.000 intervenciones retrasadas por la pandemia. En pruebas diagnósticas hay otros 162.151 pacientes esperando en Cataluña, una media de 113 días. Y en consultas, hay otros 439.271 pacientes esperando sólo en Cataluña, una media de 131 días, con 7 meses de retraso para el urólogo (5 semanas más que antes) o 131 días para operarse de la cadera o cataratas (45 días más que en febrero).


Lo normal es que este agravamiento de las listas de espera de Cataluña sea similar en el resto de España, por lo que médicos y expertos exigen que las autonomías publiquen ya sus datos, que Sanidad difunde después. Y este agravamiento es más preocupante porque las listas de espera ya eran uno de los graves problemas de la sanidad española antes del coronavirus. Su origen estaba en el aumento de la demanda de atención sanitaria (por el aumento y envejecimiento de la población española, con una mayor esperanza de vida) y los recortes sanitarios aprobados entre 2009 y 2013: -9.787 millones de euros de gasto sanitario (1 de cada 7 euros perdidos, según datos de Hacienda) y 41.000 profesionales menos (-11.000 médicos y -30.000 enfermeras), recortes sólo parcialmente compensados hoy.


Empecemos por las listas de espera para operarse, que han pasado de 372.468 pacientes en 2009 a 614.101 en diciembre de 2016 y 704.997 pacientes en diciembre de 2019, el último dato publicado por Sanidad. El tiempo medio de espera para operarse ha pasado de 67 días a finales de 2009 a 115 días a finales de 2016 y 121 días a finales de 2019. Y además, lo peor es que el 19,9% de estos pacientes esperan más de 6 meses para operarse. Y la situación es peor en algunas autonomías. Así, Cataluña es la región con más porcentaje de pacientes en espera para operarse (24,01 por 1.000 habitantes, frente al 15,53 de media en España), seguida de Extremadura (21,95 por 1.000), Asturias (19,17), Cantabria (18,70), Andalucía (18,59) y Castilla la Mancha (18,50 por cada 1.000 habitantes), siendo muy bajo el porcentaje que esperan a operarse en el País Vasco (7,69 por 1.000), Baleares (10,61), Comunidad Valenciana (11,51), Navarra (12,53) y Canarias (12,71). Por días de espera, la mayor demora para operarse se da en Castilla la Mancha (163 días), Andalucía (161), Cataluña (155) y Extremadura (125), siendo baja en el País Vasco (48 días) y La Rioja (53).


Sigamos con las listas de espera para consultas externas, para el especialista, que han pasado de  59 días de retraso en 2009 a 72 días en diciembre de 2016 y 88 días de retraso a finales de 2019, según los últimos datos de Sanidad. Estaban en espera 63,72 pacientes por cada 1.000 habitantes (son 3 millones de españoles) y casi la mitad (el 49,1%) esperan consulta más de 60 días. Las consultas con más demora son las de traumatología (109 días de media y esperan 9,91 por 1.000 habitantes), urología (87 días y 8,36 pacientes en espera por 1.000 habitantes), oftalmología (83 días y 8,36 pacientes en espera por 1.000 habitantes), digestivo (76 días) y dermatología (74 días). Las autonomías con más retraso en las consultas de especialistas son Andalucía (131 días y 89,75 de cada 1.000 personas en espera), Canarias (122 días, Cataluña (101 días) y Asturias (100 días), siendo pequeñas las demoras en el País Vasco (29 días), Baleares (39 días) y la Rioja (47 días).


De las listas de espera para pruebas diagnósticas y terapéuticas, Sanidad no publica datos estatales y los difunde cada autonomía. Las esperas también son abultadas, a la vista de los datos de Madrid y Cataluña. En Madrid, a febrero 2020 (antes pandemia), había 152.590 pacientes en espera de una prueba, una media de 25,10 por 1.000 habitantes, que esperaban 49,36 días de media. Y en Cataluña, con datos de abril, había 162.151 pacientes en espera de pruebas diagnósticas (+43% que un año antes), con una demora de 113 días (frente a 79 días de espera de abril de 2019). Y así, autonomía por autonomía.


Estas listas de espera son un punto negro en la sanidad española que señalan cada año los informes sanitarios europeos de la OCDE y la Comisión Europa, donde se destaca que tenemos una sanidad más eficiente que la mayoría, porque consigue más esperanza de vida con menos gasto. Pero advierten que tiene más listas de espera que la sanidad europea. Y ponen dos ejemplos. En una operación de cataratas, la media española está en 90/100 días de espera, frente a 60 en Holanda o Reino Unido, aunque la demora es de 120 días en Portugal. Y en una operación de cadera, la demora en España es de 135 a 150 días frente a 50 en Holanda, 8º en Reino Unido y 120 en Portugal, según el último informe “State of Health in the EU 2019”.


En definitiva, que ya antes del coronavirus teníamos un serio problema de listas de espera, tanto para consultas al especialista como para pruebas diagnósticas y para operarse, sin olvidar las demoras incluso para ir a nuestro médico de cabecera. Si ahora, con todas las consultas y operaciones no hechas, las listas de espera se han duplicado, estamos hablando de 1,5 millones de españoles esperando para operarse y otros 6 millones esperando para ir al especialista. Un problema muy serio, que no puede obviarse más por el coronavirus. Y que antes o después va a tensionar seriamente la sanidad pública, sobre todo cuando los pacientes pierdan el miedo y acepten operarse. Porque lo que ha pasado en junio es que hasta un 60% de pacientes a los que llamaban para hacerles una operación retrasada no han querido operarse por miedo a contagiarse, según algunos hospitales catalanes.


Urge aprobar y poner en marcha un Plan de choque contra las listas de espera en toda España, coordinado por Sanidad, para que las autonomías se fijen objetivos de rebaja y las ataquen con los 9.000 millones recibidos del Estado central para fortalecer la sanidad. Este Plan de choque exige poner los medios materiales (quirófanos e instalaciones) y humanos (cirujanos, anestesistas, especialistas) para rebajar las listas de espera, con un objetivo realista: quitarse en 1 año las listas de espera extras por el coronavirus, volver a las listas de espera de diciembre de 2019 (que ya eran abultadas). Y dentro de un año, cuando se haya “dado salida” a este embolsamiento extra, habría que poner en marcha otro Plan de actuación a medio plazo, para reducir al mínimo todas las listas de espera en esta Legislatura.


Un Plan de choque contra las listas de espera “extras” exige primero datos actualizados y después, fijar prioridades, tanto en las operaciones como en las pruebas diagnósticas y las consultas a especialistas. Pero hace falta contar con más personal (ya en 2019, Sanidad estimó que habían falta 4.000 especialistas más), para lo que hay que reordenar toda la política de personal y contrataciones, en especial los MIR (médicos residentes). Y contar con más medios y una mejor planificación de los recursos disponibles, para sacar el máximo partido de quirófanos y máquinas diagnósticas (es inaudito no hacer TAC o mamografías por las tardes o fines de semana, para reducir esperas), a cambio de ajuste de sueldos y horas y bonificaciones al personal. Hay que lanzar “una cruzada sanitaria” para rebajar drásticamente las listas de espera ahora duplicadas.


Y hay que tener cuidado de que algunas autonomías, especialmente las gobernadas por el PP (como Madrid, que ya tiene “antecedentes, o Andalucía y Galicia) no utilicen el grave problema de las listas de espera para “alimentar a la sanidad privada”, derivando pacientes pendientes de pruebas y operaciones a hospitales privados mientras no se refuerzan los hospitales públicos. De hecho, la sanidad privada ya propuso hace casi 3 años (en septiembre de 2017) que se les derivaran los pacientes en lista de espera quirúrgica (614.101 entonces), con la promesa de “acabar con ellas en 4 meses” en sus 452 hospitales privados. Eso sí, a cambio de cobrarles a las autonomías 1.500 millones de euros. La propuesta no salió adelante, pero en este tiempo han aumentado los conciertos de la sanidad pública con la privada, a los que se destinan ya 8.000 millones, el 12% del gasto sanitario público.


La sanidad pública tiene muchos retos por delante y muy serios, empezando por la lucha contra el coronavirus, la gran prioridad. Pero el Gobierno y las autonomías no pueden olvidar el grave problema creado estos meses con las listas de espera, que podrían haberse duplicado, creando un serio reto de salud pública y un deterioro en la salud de millones de españoles. Y este deterioro en las listas de espera es “el mejor comercial” para los seguros privados de salud, que ya tienen contratados 12 millones de españoles. No podemos seguir por esta vía: que el que tenga dinero se pague un seguro para que le atiendan antes. Hay que reforzar de una vez la sanidad pública, para reducir  las listas de espera acumuladas por la pandemia y bajarlas al mínimo.Tiene que haber un Plan estatal contra las listas de espera, no dejar que cada autonomía las reduzca a su manera, según sus medios y su ideología. Todos necesitamos una sanidad digna y eficiente, vivamos donde vivamos. No nos dejen esperando meses.

Coronavirus: 3 años perdidos

Iniciamos la última semana del estado de alarma (serán 15 semanas, 98 días exactos), con la vista puesta en la ansiada movilidad por toda España, que empieza el domingo 21, cuando llegarán también los turistas europeos. Empezará “la nueva normalidad”, pero también el mayor riesgo de rebrotes. Mientras, las empresas vuelven a la normalidad, aunque millones de trabajadores seguirán en ERTEs al menos hasta septiembre. Y la emergencia económica sigue ahí y es muy seria: el Banco de España advierte que la recesión va para largo, que a finales de 2022 no habremos recuperado el nivel previo a la pandemia y todavía tendremos 700.000 parados más. Tres años perdidos. Y será peor si hay rebrotes: España sería el país occidental que más los sufriría, según la OCDE. Por eso, debemos tener especial cuidado con posibles rebrotes en verano y otoño. No bajar la guardia y preparar un Plan por si acaso, como piden 27 expertos en Reino Unido. Nos jugamos la salud y el pan.

enrique ortega

El coronavirus ha cumplido 5 meses y medio pero no se frena sino que acelera sus contagios: si tardó 3 meses en contagiar el primer millón y sólo 12 días los millones siguientes, en llegar al 7º millón ha tardado sólo 8 días (30 mayo-7 junio), según la estadística diaria de la Universidad Jhons Hopkins. Y el jueves 11 de mayo batió otro récord: 138.400 contagiados en un solo día, 12 veces más que el 14 de marzo. Hoy ha contagiado ya a 7.914.866 personas en 188 paises, siendo el centro de la pandemia América, sobre todo Estados Unidos (2.094.069 contagiados), pero se ha desplazado a Latinoamérica (2.263.967 contagiados): Brasil (867.624), Perú (229.736), Chile (174.293), México (146.837), Colombia (48.896), Ecuador (46.751), Argentina (31.577) o República Dominicana (22.962). Y avanza por Asía y Oriente Próximo, en India (332.424 contagiados), Irán (187.427), Pakistán (178.239), Arabia Saudí (127.541), Qatar (79.602) y Emiratos (42.294), más Turquía (174.093 contagiados). Y se mantiene en Europa (2.354.844 contagiados), encabezada por Rusia (528.267), Reino Unido (297.342), España (242.928), Italia (236.989), Francia (194.153) y Alemania (187.518). La pandemia se ha cobrado 433.472 muertos, un listado encabezado por EEUU (115.732 fallecidos), Brasil (43.332) y Reino Unido (41.783), seguidos por Italia (34.345), Francia (29.410), España (27.136), México (17.141), Bélgica (9.655), India (9.520), Irán (8.837) y Alemania (8.801).


En España, la pandemia sigue contagiando a ritmo lento y centrada en 6 autonomías que tienen un ritmo de contagios superior a la media (9,43 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días): Madrid (21,82), Ceuta (21,23), Castilla la Mancha (17,91), Cataluña (17,56), Castilla y León (16,54) y Aragón (10,01), según los datos de Sanidad, que reflejan un ligero  aumento de los nuevos contagios diarios (48 el lunes 8, 167 el miércoles, 155 el viernes 12 y 48 ayer domingo), debido a que ahora se hacen más test PCR (+ 238.858 la última semana). Se mantienen estables los nuevos hospitalizados (+145 el lunes 8, +139 el miércoles, +141 el viernes y +110 ayer) y los ingresos en UCIs la última semana (+14, +12, +10, +5). Y siguen sin estar claros los muertos nuevos, según los datos incongruentes que envían las autonomías: ningún muerto nuevo desde el domingo 7 a ayer 14 y 26 fallecidos en la última semana, con un balance oficial de muertos estancado en 27.136 fallecidos, según Sanidad.


Estas semanas han saltado nuevos rebrotes, sobre todo en Basurto y Vitoria, y aumentan los test PCR (ya se han hecho 3.061.738, una media de 65 por cada 1.000 habitantes, según este cuadro de Sanidad) y el seguimiento de los casos nuevos, aunque no se conoce cómo han llegado 104 casos importados (24 en la última semana), con las fronteras cerradas. Casos que parecen proceder de EEUU, Latinoamérica y Oriente Próximo, ligados a profesionales y diplomáticos autorizados a viajar. Y nos muestra una deficiencia en el Servicio de sanidad exterior (dependiente de Sanidad), infra dotado de medios y personal, que hay que subsanar con urgencia para cuando el 1 de julio se abran todas las fronteras. Otro problema sin resolver son las residencias de ancianos, sobre todo en Madrid y Cataluña, dado que el 15% de residencias catalanas reportaron contagios en los días previos a pasar a fase 2 (5 junio), con 110 residencias con positivos en Barcelona y 10 en Lérida.


Con este panorama, de rebrotes, residencias sin protocolos ni pruebas y servicios de atención primaria desbordados por pruebas PCR y rastreos, hoy estrenamos cambios de fase, con una novedad: las autonomías en fase 3 son ahora responsables de gestionar la pandemia y parecen más “sensatas” que cuando presionaban a Sanidad por no quedarse las últimas en la desescalada. Así, Cantabria, el País Vasco, Asturias, Navarra y Galicia no van a autorizar esta semana los viajes entre autonomías, por los rebrotes, mientras Castilla y León mantienen en fase 2 a las provincias cercanas a Madrid (Segovia, Ávila, Salamanca y Soria), junto a Madrid, Barcelona y Lleida. Así, el mapa de la desescalada mantiene en fase 2 al 30% del país (12 millones de españoles), sitúa en fase 3 a 13 autonomías, Ceuta y Melilla (34 millones de españoles) y pasa hoy a la “nueva normalidad” Galicia (2,6 millones).


Ahora, todo el mundo espera al domingo 21 (0 horas), cuando termina el “estado de alarma”, un confinamiento muy duro y económicamente costoso, pero que ha salvado 3,1 millones de vidas en Europa y 450.000 vidas en España, según un estudio del Imperial College. Ahora, el decreto sobre la nueva normalidad (ver aquí) fija básicamente la obligación de usar mascarilla y las normas de distanciamiento social e higiene que se mantendrán hasta que haya una vacuna, quizás a principios de 2021. Entre tanto, hay 2 riesgos inminentes: la movilidad entre autonomías, que millones de españoles viajen de un sitio a otro desde el 22 de junio, y, sobre todo, la llegada de turistas europeos desde el 21 de junio (antes, desde hoy 15 de junio, habrá una prueba piloto para traer a 10.900 turistas alemanes a Mallorca).  Y a partir del 1 de julio, podrán venir turistas de fuera de Europa, de "paises seguros" y con condiciones. Hay que recordar que en julio y agosto de 2019 vinieron a España 20 millones de turistas extranjeros. Con que vengan “solo” 5 millones, ya será un gran reto para controlar y evitar rebrotes. Eso sí, se facilita la llegada de “turistas que gasten en España”, pero Andalucía pide prohibir la “Operación paso del Estrecho”: 3 millones de personas (magrebíes que viven en Europa) que cruzan España en verano y embarcan el 80% a través de Algeciras…


Estos riesgos de nuevos rebrotes, por la mayor movilidad interna y externa, no son sólo preocupantes porque tensarían otra vez un sistema sanitario sin medios y pondrían en riesgo más vidas, sino porque agravarían la emergencia económica y la recesión, según alertó  la semana pasada la OCDE. De hecho, España sería el país occidental más vulnerable a un rebrote de la pandemia, en verano o en otoño: la recesión sería este año del -14,4% del PIB frente al -11,1% previsto ahora, con lo que sufriríamos los efectos del rebrote como Francia (-14,4%) pero más que Italia (-14%), Reino Unido (-14%), Portugal (-11,3%) y toda la zona euro (-11,5%), cuando sin rebrote tendremos una recesión (-11,1%) inferior a la de Francia (--11,4%), Italia (-11,3%) o Reino Unido (-11,5%).

Un rebrote de la pandemia haría más daño a España que a otros paises europeos por cuatro razones que resume el Banco de España en un reciente informe: porque hemos tenido un confinamiento más intenso y más prolongado que otros paises, porque dependemos más del turismo y su empleo (más afectados con esta pandemia), porque tenemos más peso y más empleo en las pymes (más vulnerables) y porque somos el país europeo con más empleo temporal (el 25%), el primero que se despide cuando una empresa va mal. Y encima, España tiene menos capacidad fiscal para  reaccionar contra la pandemia y un rebrote, porque teníamos más déficit y más deuda pública que la mayoría de Europa ya antes del coronavirus.


Así que tenemos que ser más cuidadosos que ningún país y evitar los rebrotes como sea, porque ya sin ellos estamos en una recesión muy seria, según detalla un informe publicado la semana pasada por el Banco de España, que agrava la caída estimada hace sólo mes y medio. Ahora, el banco central fija dos escenarios, uno de recuperación temprana (sin rebrotes y con poco deterioro de las empresas y el empleo) y otro de recuperación gradual (con brotes, pero menos virulentos, y daños concentrados en sectores y empresas), que parece el más posible. En caso de recuperación temprana, el PIB caería este año el -9% y en el caso de recuperación gradual, la economía caería un -11,6 (más que el -9,2% que prevé el Gobierno y el -9.4% que estima Bruselas). Para 2021, el Banco de España prevé una mayor recuperación (entre el +7,7% y el +9,9%) que el Gobierno (+6,8%) y Bruselas (+7%) y en 2022 espera un crecimiento “normal” (del +2,4% al 2,1%). Con ello, el balance de estos 3 años (2020-2022) variaría entre ganar un +1,1% del PIB (con recuperación temprana) o perder el -0,3% del PIB  (escenario de recuperación gradual, el más posible).


O sea, que esta pandemia nos hará perder 3 años. Lo ha dicho bien claro Oscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España: “La caída va a ser muy grande y es bastante probable que en 2022 ni siquiera hayamos recuperado el nivel previo a la crisis. Nos va a llevar tiempo”. Lo que sí deja claro el Banco de España es que, a finales de 2022, tendremos menos empleo y más paro que antes de la pandemia. El informe prevé una pérdida de empleo de -257.130 a -375.806 ocupados en estos tres años (2020-2022), sobre las 19.779.300 personas que trabajaban en 2019. Y estima que la tasa de paro en 2022 estará entre el 17,1%  y el 17,4%, casi 4 millones de parados, entre 700.000 y 762.000 parados más que en 2019 (14,1% de paro).


Así que vamos a tardar más de lo que algunos creen en recuperarnos, incluso si no hay rebotes graves (un escenario que el Banco de España también contempla, con una caída del PIB hasta el -15,1% este año, que no recuperaríamos hasta 2024: serían 4 años perdidos, mejor no pensemos en ello). El futuro, pues, sigue en el aíre, según la evolución de la pandemia y, sobre todo, según avancemos en la reconstrucción económica y social. Una cuestión clave es mantener las ayudas a las empresas, prorrogando este martes los ERTEs hasta septiembre, mientras se recuperan la actividad y el empleo: casi 900.000 personas han vuelto a trabajar en junio, 700.000 de los ERTES y 200.000 que han recuperado su trabajo perdido por la pandemia, según el ministro de la SS. Ahora, se trata de apoyar a sectores concretos (automóvil, turismo) y mantener los ERTES en hostelería, comercio y algunas industrias, pero sabiendo que tienen un alto coste (6.250 millones al mes).


En paralelo, el Gobierno aprobará esta semana otro paquete de ayudas claves para la reconstrucción, 16.000 millones para las autonomías no reembolsables (no tendrán que devolverlos), destinados a recomponer la sanidad (9.000 millones), para preparar la educación a un curso que exigirá más profesores y medios (2.000 millones), para compensar los menores ingresos del transporte público (800 millones) y los 4.200 millones restantes para compensar las caídas de ingresos de las autonomías, aunque se echan de menos los 1.000 millones para gasto social que se han caído del reparto inicial y que harán mucha falta, a pesar del ingreso mínimo vital (autonomías y Ayuntamientos atienden 10 millones de peticiones anuales de ayudas sociales). Pero es una inyección de recursos públicos sin precedentes, que se repartirá en junio (4.000 millones), septiembre, noviembre y diciembre.


A pesar de todas estas ayudas, que van a disparar el déficit público y la deuda, harán falta más medidas, dentro de ese Plan  de reconstrucción que no acaba de alumbrar la Comisión del Congreso, totalmente politizada. Y aunque hay una Cumbre europea este viernes 19 de junio, no se espera un acuerdo sobre el Fondo Europeo de Reconstrucción de 750.000 millones (140.000 para España), porque Alemania, Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca siguen poniendo pegas a la cifra, al reparto (500.000 a fondo perdido) y a las condiciones exigidas (Ojo, por si no se ha enterado: los eurodiputados del PP español se reunieron el martes con los paises duros del norte, para apoyarles en imponer condiciones muy estrictas a las ayudas, en perjuicio de España e Italia). Por todo esto, no será posible la unanimidad hasta otra Cumbre en julio o incluso en otoño, lo que retrasará la llegada del dinero, hasta 2021 y 2022. Así que tendremos que ver cómo pagar aquí el grueso de la reconstrucción, con deuda y más ingresos, dentro de un Presupuesto de emergencia que urge pactar.


Mientras nos preocupamos de la reconstrucción, debemos estar más vigilantes con la pandemia, ahora que vamos a movernos más y a recibir turistas. Haría falta preparar un Plan de actuación en caso de rebrotes, sean en verano o en otoño-invierno, cuando los esperan los expertos. Es lo que han pedido 27 expertos en Reino Unido, un Plan para que los rebrotes nos cojan más preparados que la pandemia. Pero aquí nadie piensa en eso, sólo en salir al paso cada día y superar el verano sin muchos problemas. Y ¿después? Habría que prepararse, anticiparnos a un otoño de posibles rebrotes. Porque si no lo hacemos, alerta la OCDE, nos jugamos la salud y el pan. Estamos advertidos.

Salvar al automóvil tras la pandemia

El confinamiento ha hundido las ventas de coches: en abril sólo se vendieron 4.163 coches en España, menos de los que se vendían en un solo día un año antes. Y al ritmo que vamos, se venderán 725.000 coches en 2020, casi la mitad que el año pasado. La caída mundial de ventas pone en apuros  a las 17 fábricas instaladas en España y los 2 millones de empleos que viven del automóvil, como se ha visto con el cierre de Nissan. El Gobierno quiere recuperar este mes un Plan de apoyo al automóvil (10.000 millones), que aprobó en febrero de 2019 y no se aplicó por las 2 elecciones y la falta de Presupuestos. Es prioritario apoyar al automóvil, la 3ª industria del país, pero el problema de fondo  es que sus decisiones se toman fuera. Y la clave es apostar por el coche eléctrico, pero España sólo fabrica 4 modelos y no hay demanda ni postes de recarga. Ahí nos jugamos su futuro y empleo.

enrique ortega

El sector del automóvil fue de los primeros en percatarse del coronavirus. Ya en enero y febrero, las fábricas europeas de coches (también las españoles) empezaron a sufrir la falta de piezas y componentes, llegados en gran medida de China, Corea y Asia, sumidos en los primeros embates de la pandemia. Luego, el 14 de marzo, cerraron en España fábricas y concesionarios, así que los coches ni se fabricaban ni se vendían. Y así, hasta finales de abril, cuando se reanuda la producción en algunas fábricas españolas de automóviles. Eso sí, para ir a comprar un coche a un concesionario hubo que esperar al 11 de mayo.


El balance de este obligado confinamiento ha sido dramático para la industria del automóvil. Sólo entre enero y mayo, se han dejado de fabricar 2,4 millones de vehículos en Europa (-452.115 en España, el 2º país más afectado, tras los -616.541 vehículos perdidos en Alemania), según la patronal europea ACEA. En España, el 2º mayor fabricante europeo, la producción de vehículos cayó de 240.035 vehículos en enero a 143.737 en marzo y sólo 4.849 en abril, según Anfac. Y con ello, las exportaciones de coches fabricados en España se desplomó: de 183.730 coches vendidos fuera en enero a 3.753 exportados en abril de 2020, según Anfac. Y todo apunta, según la patronal europea, a que Europa fabricará 5 millones menos de coches este año, 700.000 menos en España. Y con ello, la industria europea del automóvil perderá en 2020 unos 150.000 millones de euros (-21.000 millones en España).


Esta caída en la fabricación de coches con la pandemia es consecuencia del desplome de ventas de coches en toda Europa, por el confinamiento y la recesión anunciada. En Europa, se estima que este mayo se habrán vendido 500.000 vehículos, menos de la mitad que en mayo del año pasado (1.200.000), tras haberse desplomado un -38,5% entre enero y abril, mes en que se vendieron en toda Europa 270.682 coches, menos de la cuarta parte de los vendidos en abril de 2019 (1.143.046 vehículos). Las mayores caídas de ventas por paises se produjeron, entre enero y abril (últimos datos) en España (-46,6%), Francia (-41,6%), Italia (-41,4%) y Alemania (-22,5%), según la patronal europea. En España, se vendieron 76.144 coches entre enero y mayo, según Faconauto, casi la cuarta parte que en los 5 primeros meses de 2019 (367.699 coches matriculados), aunque los meses nefastos de ventas han sido marzo (37.064 matriculaciones frente a 94.620 en enero y 86.443 en febrero), sobre todo abril (4.163 coches vendidos, frente a 119.417 en abril de 2019) y también mayo (34.337 coches vendidos, frente a 125.623 en mayo 2019).


Ahora, las fábricas de automóviles trabajan contra reloj para recuperar su producción, para el mercado interno y las exportaciones, pero los concesionarios no consiguen recuperar ventas, ni siquiera multiplicando las ofertas para deshacerse de stocks: se estima que los concesionarios hicieron una rebaja media de 5.000 euros por coche en mayo. El sector no cree que se puedan superar este año las 725.000 matriculaciones, lo que supondría vender casi la mitad de coches que el año pasado (1.258.260 matriculados) y caer al mínimo histórico de ventas tras la crisis de 2008 (699.587 coches vendidos en 2012 y 722.689 en 2013). Y eso si no cae demasiado el empleo ni se producen rebrotes en la pandemia.


El coronavirus ha desplomado la fabricación y venta de automóviles, pero el sector ya tenía problemas serios antes de la pandemia. Eso se tradujo en 2019 en una caída de las matriculaciones en España (1.258.260), el -4,88% sobre 2018 (1.321.438 matriculados), tras haber disfrutado de 6 años antes de recuperación de ventas (entre 2013 y 2018). Y esta caída de ventas en 2019 fue fruto de 2 factores: por un lado, la desconfianza de los compradores tras el escándalo Dieselgate (en septiembre de 2015 se descubrió que Volkswagen intentó engañar a las autoridades USA para camuflar las emisiones reales de 11 millones de vehículos vendidos  entre 2009 y 2015 en todo el mundo). Y por otro, el temor de los usuarios a comprar un coche de gasoil, a la vista de noticias que auguraban una futura limitación de su venta y su circulación en muchas ciudades en pocos años (para 2040). En España, la puntilla a los coches diesel se  la dio la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el 7 de julio de 2018, al declarar en el Congreso: “El diesel tiene los días contados”.


El “runrún” contra el diesel (aunque contamina menos que la gasolina)  llevaba varios años y se ha traducido en un desplome de ventas, en todo el mundo y en España, sobre todo desde 2017. Así, si en 2007, el 71% de los coches matriculados en España eran diesel, bajó al 66,1% en 2014, al 56,8% en 2016, al 48,3 en 2017, el 31,9% en 2018 y el 27,9% en 2019, con una estabilización del dato durante la pandemia: 27,8% de los coches vendidos entre enero y mayo han sido diesel. En contrapartida, se han disparado las ventas de coches de gasolina, del 25% que se vendían en 2007 al 35,1% en 2015, el 46,6% en 2017 y el 60,1% de ventas en 2019, tendencia que se ha mantenido durante el confinamiento (54,2% coches vendidos hasta mayo han sido diesel), según los datos de Faconauto.


Este desconcierto de los usuarios ante el diesel se unió el año 2019 a una cierta incertidumbre económica, con la actividad y el empleo creciendo menos (y un cierto temor a una “enfriamiento” de la economía en 2020: no esta recesión brutal, claro) y a que muchos dudaban si comprar ya un coche híbrido o eléctrico (a la vista de las limitaciones de entrada en las ciudades a los coches antiguos más contaminantes)  o esperar unos meses más a ver si hay más ayudas y postes de recarga. Todo ello ya había frenado unas ventas que ahora se han desplomado. Por eso, ante esa desaceleración y preocupación del sector, el Gobierno Sánchez, en funciones, aprobó en febrero de 2019 un Plan estratégico de apoyo integral al sector del automóvil, para movilizar 10.000 millones de inversiones entre 2019 y 2025. Pero el día que se presentaba a los medios, se disolvieron las Cortes (4 de marzo 2019) y hubo en España dos elecciones, con un nuevo Gobierno el 13 de enero de 2020, que no pudo aprobar un nuevo Presupuesto 2020 para implantar el Plan prometido al sector.


Ahora, con la emergencia económica desatada por el coronavirus, el Gobierno Sánchez quiere recuperar este mes de junio ese Plan de apoyo al sector del automóvil, haciendo de la necesidad virtud. Sabe que tanto Francia (Renault, PSA-Opel) como Alemania (Volkswagen, Daimler, Porche, BMW) están ayudando a su industria automovilística con créditos y ayudas de Estado. Y sabe que existe un serio riesgo de que algunas multinacionales reduzcan plantas o plantilla en España, como ya ha confirmado Nissan, si no se aprueban ayudas. Y aunque serían ayudas para empresas “extranjeras”, 7 multinacionales cuyas decisiones se toman  en Francia, Alemania, Japón, Corea o EEUU, se trata de la tercera mayor industria española (tras el turismo y la alimentación), con un tremendo peso en la economía: aporta el 10% del PIB, emplea a más de 2 millones de españoles, es la primera exportadora del país y aporta unos 30.000 millones al año en recaudación al Estado, autonomías y Ayuntamientos.


No podemos reconstruir España sin el automóvil. Pero el sector necesita  afrontar una profunda reconversión para salir adelante, ya antes de la pandemia y más ahora con la tremenda recesión que tenemos. El Plan de apoyo al sector del automóvil 2019-2025 pretende movilizar 10.000 millones de inversiones  (2.634 millones públicos), para modernizar los procesos de fabricación de vehículos, impulsar la innovación y la tecnología, nuevas medidas laborales y, sobre todo, mejorar la fiscalidad, las ayudas e infraestructuras de carga para la compra de coches eléctricos y de bajas emisiones, los únicos que se podrán comprar a partir de 2040. El proyecto estrella serán las nuevas ayudas que se aprobarán en semanas (5.500 euros por vehículo) para la compra de vehículos de bajas emisiones, 300 millones públicos a los que sumar otros 300 millones que aportará el sector.


La cuestión ahora será cómo financiar este Plan, consensuado con el sector del automóvil en 2019, dado que seguimos sin Presupuesto (están prorrogados los de Montoro de 2008). El sector quiere ahora, tras el desplome del coronavirus, que las ayudas sean más ambiciosas y que el Gobierno destine al automóvil hasta un 20% de todas las ayudas del Fondo de reconstrucción europeo (28.000 de los 140.000 millones prometidos), aunque no debemos olvidar que el grueso de esas ayudas llegará entre 2021 y 2022 y quizás las fábricas de coches (y sus dueños extranjeros) no puedan esperar tanto. Por eso urgen esas ayudas concretas, para ayudar a la compra de coches y para modernizar las fábricas, con objeto de que España sea un eslabón clave en la estrategia mundial de fabricación de coches eléctricos.


Porque el sector del automóvil y España se juegan su futuro con el coche eléctrico. Y, de entrada, estamos en una posición muy desfavorable. Porque uno de los criterios en que se fijan las multinacionales para producirlos es lo cerca que esté el mercado de venta. Y España es uno de los paises europeos donde se venden menos coches eléctricos. En 2019, sólo el 12% de los coches matriculados en España fueron “vehículos alternativos”: híbridos enchufables y no enchufables, eléctricos, hidrógeno y GLP. Pero de ellos, sólo 10.380 turismos vendidos fueron “eléctricos puros”, aunque crecieran un 63,4% sobre los vendidos en 2018 (6.003) y fueran diez veces los vendidos en 2014 (1.035 coches eléctricos). Pero los turismos eléctricos puros son el chocolate del loro, el 0,9% de todas las ventas. Y eso nos coloca casi como Italia (0,5%), por debajo de la media europea (2,3% de ventas coches eléctricos: ver mapa), de Francia (2,1%), Bélgica (2,4%) Reino Unido y Austria (2,5%), Portugal (3,4%) y muy lejos de Finlandia (4,7% ventas eléctricos puros), Holanda (6,7%), Suecia (8%) y Noruega (49,1%), los paises nórdicos que más interesan a los fabricantes.


Debido a estas cortas ventas, el parque eléctrico existente en España es también muy bajo: 30.811 turismos eléctricos puros más 6.596 furgonetas, 32.211 vehículos (y 25.363 en Italia) frente a 180.277 en Francia, 216.264 en Alemania, 212.651 en Reino Unido y 274.207 en Noruega, según este Observatorio eléctrico OVEMS. Y con tan poco parque, hay una escasa presión para que se instalen más infraestructuras de carga: tenemos 5.221 postes en España, 1.600 en Portugal y 3.824 en Italia frente a 20.549 en Reino Unido, 25.479 en Francia, 28.377 en Alemania, 12.622 en Noruega o 7.751 en Suecia (ver mapa). Si faltan postes de recarga (sobre todo súper rápidos), los compradores se retraen, así que los Gobiernos deben invertir en estos postes en la calle y en los garajes.

Con estos datos, ventas e infraestructuras de recarga, España está a la cola de Europa en el indicador global de electro movilidad del Barómetro trimestral que elabora la patronal Anfac: nivel 17,2 sobre 100, frente a un 29,8 de media UE, 27,2 Francia, 32,5 Alemania, 37,5 Reino Unido  y los 111 de Holanda o los 241 de Noruega. Y por autonomías, están mejor que la media española Cataluña (22,9), Asturias y Madrid (21,3) o Cantabria (20,7), estando a la cola de movilidad eléctrica Ceuta y Melilla (4,9), Galicia (9,1) y Murcia (10,6).


Con este bagaje, no debería extrañarnos que las multinacionales del automóvil hayan marginado a España en la fabricación de coches eléctricos, donde está el futuro: sólo se fabrican aquí 4 modelos eléctricos, 2 turismos (Opel Corsa en Figueruelas, Peugeot 2008 en Vigo) y 2 comerciales (Mercedes Benz eVito en Vitoria y Nissan e-NV200 en la zona Franca de Barcelona), más dos híbridos enchufables (Ford Kuga PHEV en Almusafes) y Renault Captur E-Tech en Valladolid).  La esperanza es que las multinacionales aseguran que van a fabricar en España 16 modelos eléctricos y enchufables en los próximos 2 años, algo que veremos si mantienen tras los reajustes que  imponga el coronavirus.


En cualquier caso, el Gobierno español debe ligar sus inversiones y ayudas a que España se convierta en una de las plataformas de producción de coches eléctricos en Europa y participemos en las futuras industrias de baterías europeas  (hoy, el 97% vienen de otro continente), para asegurar la viabilidad futura, en cuanto a ventas y fabricas, aunque aportarán menos empleo, porque fabricar un coche eléctrico tiene sólo 200 piezas frente a 1.400 de uno de combustión, lo que exige un 30% menos de mano de obra, según los sindicatos. Pero la lucha contra el Cambio Climático y el deterioro ambiental de nuestras ciudades exigen reducir los motores de combustión (más los de gasolina que los diesel, que emiten menos CO2) y multiplicar las ventas de vehículos híbridos y eléctricos, con 0 emisiones.


Pero no basta con apoyar la fabricación de los coches eléctricos. Hay que tomar otras medidas claves, como la rebaja paulatina o la supresión del IVA al comprarlos, la modificación del impuesto de matriculación (que no se pague por la potencia del coche sino por sus emisiones), la penalización fiscal del gasoil y la gasolina (con impuestos subvencionados) y aprobar suficientes incentivos para cambiar vehículos viejos por eléctricos, con planes específicos para vehículos comerciales y de empresa. Y todo ello, con una política pública activa para acelerar la construcción de una red de puestos de carga, colaborando con empresas, instituciones, garajes y asociaciones de vecinos. Acelerar a tope el coche eléctrico para que salve la industria automovilística y nuestro medio ambiente. Arranquemos.

Parches y retraso (político) en la reconstrucción

El próximo domingo cumplimos tres meses de confinamiento, muy suavizado para el 52% de españoles que hoy pasan a fase 3, con Madrid, Barcelona y Castilla y León (los epicentros de la pandemia) ya en fase 2, junto a Lérida, Comunidad Valenciana, Toledo, Ciudad Real, Albacete y Ceuta. Esto aumenta el riesgo de rebrotes, mientras se estabilizan los contagios y bajan los muertos (sin saber cuántos son realmente). Ahora, autonomías y políticos se centran en la desescalada y en recuperar el turismo, un gran riesgo para todos. Y el 22 de junio  llegará la movilidad entre autonomías, otro incentivo para los rebrotes. Mientras, el empleo aumentó en mayo y todo dependerá de que se amplíen (hasta septiembre o diciembre) los ERTEs, donde hay “aparcados” 4,5 millones de trabajadores y autónomos. Un “parche” más, como las ayudas anunciadas para el turismo y el automóvil. Falta un verdadero Plan de reconstrucción, como pactaron el miércoles en Alemania. Pero aquí, algunos prefieren que no salgamos de la recesión para tumbar mejor al Gobierno. Así nos va.

enrique ortega

El coronavirus ha cumplido ya 23 semanas y no se frena en el mundo sino que ha vuelto a batir un récord la semana pasada: 131.900 nuevos contagiados el 5 de junio, según la Universidad Jhons Hopkins, que contabiliza hoy 7.016.794 personas contagiadas en 188 paises. El epicentro de la pandemia ha pasado ya de Europa (2.229.455 contagiados) a América (3.304.500 contagiados), por su importante alcance en Estados Unidos (1.942.363 contagiados, +29.034  diarios), Brasil (691.758, +30.830 diarios), Perú (196.515, +8.875), Chile (134.150, +5.246 diarios), México (117.103, +3.593), Canadá (97.178), Ecuador (43.120), Colombia (36.759) o Argentina (22.020 contagiados). En Europa destacan Rusia (467.073 contagiados, +8.984 diarios), Reino Unido (287.621, +1.577 diarios), España (241.550 contagiados, +102 diarios), Italia (234.998, +270), Francia (191.102, +579) y Alemania (185.750, +301 diarios). La pandemia ha causado ya 402.874 muertos en el mundo, sobre todo en Estados Unidos (110.514), Reino Unido (40.625), Brasil (36.455), Italia (33.899), Francia (29.158), España (27.136), México (13.699), Bélgica (9.595) y Alemania (8.685 fallecidos).


En España, tras 12 semanas de confinamiento, el coronavirus parece bajo control, aunque han repuntado algo los nuevos contagios (+71 el lunes 1, +219 el miércoles, +177 el viernes y +102  ayer domingo), que siguen apareciendo en Madrid, Cataluña, las dos Castillas  y Aragón. Y crecen también los nuevos hospitalizados (+245, +221, +162 y + 148), mientras son muy escasos los enfermos que ingresan en UCIs (+9, +10, +14 el viernes y ayer), aunque los datos “bailan” cada día por retrasos en la información de las autonomías. El problema lo seguimos teniendo con los muertos, desde que el 25 de mayo se cambiaron las estadísticas. La semana pasada hubo dos días (lunes y martes) “sin ningún muerto” por coronavirus, 1 el miércoles, 5 el jueves, y 1 el viernes, sábado y ayer domingo, aunque Sanidad contabiliza 72 muertos la última semana y 27.136 en toda la pandemia. Pero Estadística (INE) acaba de publicar que hubo una  mortalidad extra en España (del 9 de marzo al 10 de mayo) de +48.500 fallecidos y lo lógico sería pensar que la mayoría se deben al coronavirus. Eso indicaría que hay 20.000 muertos extras no contabilizados en las cifras oficiales, que sólo incluyen los fallecidos tras una prueba PCR (criterio OMS).


Con estos datos poco homogéneos y dispares de contagios, hospitalizados y muertes, afrontamos las dos últimas semanas del estado de alarma, en medio de una carrera de las autonomías por la desescalada y la vuelta a una normalidad que no lo será. Hoy, 12 autonomías y el 52% de los españoles pasan ya a la fase 3 (ver mapa), donde serán las autonomías quienes gestionen la desescalada y una alta movilidad,  lo que multiplica el riesgo de rebrotes, que siguen apareciendo, ligados a fiestas familiares, comidas, viajes y temporeros. Y pasan a la fase 2 las zonas epicentro de la pandemia (Madrid, las provincias limítrofes de Castilla y León, Barcelona) más Lérida, Comunidad Valenciana, Toledo, Albacete, Ciudad Real y Ceuta (por precaución), el 48 % de españoles restantes, con ciudades muy pobladas y transportes masivos que pueden acarrear nuevos contagios. Pero lo más preocupante llegará el lunes 22 de junio, cuando termine el estado de alarma y se permita la movilidad entre autonomías,  los viajes que podrían trasladar el virus otra vez.


Avanzamos en la desescalada, pero casi  tan a ciegas como al principio, porque el 94,8% de los españoles no se han contagiado, no tienen anticuerpos frente al coronavirus, según la 2ª oleada del Estudio de seroprevalencia.  Y recordemos que un tercio de los portadores del virus son asintomáticos, no saben que están contagiados y contagian. Otro problema de fondo es que no se están haciendo suficientes test (59,9 test PCR por 1.000 habitantes), porque los centros de atención primaria no tienen capacidad y tenemos un embudo en los laboratorios para analizar las pruebas. Además, hay muchas diferencias regionales, según Sanidad (ver cuadro): la Rioja ha hecho 107,2 test PCR por 1.000 habitantes, Asturias 99,7, Madrid 91,9 (ha hecho 76.314 la última semana), Cataluña 68 y Andalucía 24,6 o Murcia 28,8, con lo que pueden tener muchos asintomáticos sin saberlo. Otro tema preocupante es la escasa capacidad de las autonomías más pobladas (Madrid y Cataluña, sobre todo) para detectar y  seguir los nuevos contagios, para  frenar los posibles rebrotes.


Con todas estas incertidumbres, la mayoría de las autonomías siguen en la loca carrera por avanzar en la desescalada, pidiendo una mayor movilidad entre sus provincias y con autonomías limítrofes (Galicia con Asturias y Portugal, Cantabria con Euskadi ) y acelerando la apertura de sus playas, para captar el turismo interior primero y luego el extranjero. Y una carrera por acelerar la normalidad en negocios, comercios e incluso colegios, mientras hay Clubes que no se cortan en pedir partidos de fútbol con público…

Con todo, la gran carrera, en Europa y en España, está en abrirse al turismo extranjero. Los paises mediterráneos más débiles, desde Grecia a Croacia, pasando por Portugal o Malta, ya han abierto sus fronteras al turismo extranjero, aprovechando que la pandemia les ha dañado menos que a Italia, España o Francia (hasta ahora, porque el virus sigue ahí). Y los tour operadores, alemanes y británicos, presionan a sus paises y a España para que se abran al turismo extranjero cuanto antes, para no perder negocio. Y presionan en Bruselas para crear “pasillos seguros” entre paises (lo único “seguro” es no viajar). En España, la poderosa industria turística presiona al Gobierno para que abra los vuelos y el turismo extranjero desde el 22 de junio, al menos en Baleares y Canarias, una semana antes del 1 de julio, cuando el presidente Sánchez prometió abrir España al turismo extranjero.


La apertura al turismo, nacional y extranjero, va a ser todo un test para el sistema sanitario y su capacidad de detectar brotes, dado que más de la mitad de españoles toman vacaciones y que el año pasado nos visitaron 20 millones de extranjeros entre julio y agosto (con que vengan sólo 5 millones, es un reto enorme).Está claro que el turismo es clave para el empleo y la economía, pero si no se tiene especial cuidado y hay rebrotes, podemos “matar la gallina de los huevos de oro” para muchos años. Y sobre todo, poner en peligro muchas vidas.


Mientras todo el mundo tiene la vista puesta en la desescalada y  las vacaciones, la recesión económica sigue ahí, con nuevas empresas en apuros, aunque también con una mejoría del empleo en algunos sectores, por la vuelta a la actividad. De hecho, en mayo se crearon 187.814 empleos, sobre todo en la construcción, la industria, el campo y la hostelería, según los datos de afiliación de la Seguridad Social. El balance de la pandemia (entre el 11 de marzo y el 31 de mayo) son ahora -760.082 empleos perdidos. Y eso gracias a los empleos “remansados” en los ERTES (de los que han salido 457.909 trabajadores en mayo, quedando ahora 2.998.970 trabajadores) y en la prestación extraordinaria para autónomos (donde cobran ayudas 1.508.185 autónomos, tras volver s su actividad 131.146 en mayo). 


Ahora, el temor es qué va a pasar a finales de junio con estos 4,5 millones de trabajadores y autónomos que tienen su empleo “temporalmente salvado”. La patronal quiere que el Gobierno amplíe los ERTEs y la suspensión temporal de actividad de los autónomos hasta diciembre, pero el Gobierno prefiere ampliarlos hasta septiembre y luego estudiar caso por caso, para evitar “abusos” y sobre todo porque la factura es muy elevada: 11.000 millones de euros gastados de marzo a mayo, entre ayudas y exenciones y moratorias de cuotas, a las que añadir otros 6.750 millones en junio. Y las múltiples ayudas por otras vías a empresas (créditos y avales), trabajadores y familias (hipotecas y alquileres), más los 3.000 millones anuales que costará el ingreso mínimo vital (desde junio). 


El Gobierno quiere aprobar esta semana un Plan de ayuda al sector del automóvil, tras  haberse desplomado su fabricación y ventas con la pandemia: entre marzo y mayo se matricularon 76.144 turismos, casi la quinta parte que el año pasado (367.699). Y el sector teme que este año se venderán unos 725.000 coches, casi la mitad que en 2019 (1.258.260). Peligra así la tercera industria del país (tras turismo y alimentación), que aporta el 10% de la riqueza (PIB) y mantiene 2 millones de empleos, ahora en peligro, como se ha visto con la anunciada marcha de Nissan en diciembre. El Gobierno pretende recuperar el Plan de apoyo al sector que aprobó en febrero de 2019 y que no pudo aplicar por las dos elecciones y la falta de Presupuesto. Aprobará nuevas ayudas (Plan Moves 2) para comprar coches eléctricos (entre 4.000 y 5.500 euros por coche, aunque sólo habrá 65 millones) y 2.634 millones de inversión pública para movilizar 10.000 millones de inversiones en el sector hasta 2025.


Otro Plan que espera aprobar el Gobierno, el 17 de junio, son ayudas al sector turístico. Por un lado, 151 millones a fondo perdido para “la transformación digital” del sector, y por otro, avales para movilizar 2.500 millones de créditos ICO para las empresas. La patronal turística lo considera “insuficiente” y piden un Plan con 35.000 millones de euros, la cuarta parte del Fondo prometido por Bruselas. Parece razonable si el turismo es la primera fuente de riqueza en España, porque aporta el 12,3% del PIB y mantiene 2.622.000 empleos (1 de cada 8). Y sobre todo, ingresa 92.278 millones de euros en divisas (2019), con las que luego pagamos el petróleo y las importaciones. Este año, con la pandemia, ya hemos perdido -19.112 millones de ingresos por turismo y podríamos perder -51.500 millones en todo 2020,  lo que nos colocaría (como advierte aquí el Banco de España) en una situación de déficit de balanza de pagos, por primera vez desde 2011, un histórico problema de España que habían corregido el turismo y las exportaciones. 


Ambos Planes, el de apoyo al automóvil y al turismo, son “parches” temporales, a la espera de que lleguen las ayudas europeas del Fondo de reconstrucción, esos 140.000 millones que no estarán disponibles hasta 2021 y 2022. Y mientras, el Gobierno va tapando “agujeros” (ERTES, autónomos, ayudas a familias, alquileres, ayudas contra la pobreza), sumando gastos sin saber cómo los va a pagar. De momento con deuda, 300.000 millones este año (110.000 más de lo previsto), gracias a la ayuda inestimable del Banco Central Europeo, que aprobó el jueves comprar otros 600.000 millones más de deuda pública y privada europea hasta junio de 2021, con lo que serán 1,3 billones en total, lo que da una mayor tranquilidad a España, Italia y Francia, los tres paises que más se van a endeudar con la pandemia.


Pero la deuda tiene un límite y también los gastos y el déficit público que vamos acumulando, que podría no ser del -10,3% del PIB previsto por el Gobierno para 2020 sino del -14% del PIB, según ha advertido el jueves la Agencia independiente fiscal (AIReF). Un “agujero” tremendo, que podría ser mayor si se aprueba un Plan de reconstrucción, como aprobó Alemania el miércoles, con el pacto entre la derecha (CDU y CSU) y los socialistas (SPD), un Plan de 130.000 millones de euros para reactivar la economía alemana: rebaja del IVA (del 19 al 16% y del 7 al 5%), 10.000 millones para los Ayuntamientos, ayudas para la compra de coches eléctricos (de 3.000 a 6.000 euros), 50.000 millones para innovación, 300 euros de ayuda por hijo, 6.000 millones de rebajas fiscales a la inversión, 25.000 millones de créditos a las pymes y recorte del 40% en las cotizaciones sociales para 2021.


España debería aprobar un Plan de reconstrucción similar, integrando en él las medidas y ayudas ya aprobadas y otras nuevas. La clave no es sólo qué gastos hacer, a quién ayudar, cuáles son las prioridades de la reconstrucción sino, sobre todo, cómo se paga. Porque la gran diferencia con Alemania es que ellos pueden pagarse este Plan y la billonaria ayuda ya destinada  a la reconstrucción (994.500 millones hasta el 10 de mayo, según la Comisión Europea) porque tienen superávit presupuestario (+49.788 millones en 2019) y España tiene déficit (-35.195 millones en 2019), además de no tener casi deuda (59,8% del PIB frente al 95,5% España en 2019) y ser más ricos (+9.400 euros por habitante). Y, sobre todo, Alemania puede pagar mejor su reconstrucción no porque sean más austeros (gastan más que España: el 45,4% del PIB frente al 41,9% nosotros) sino porque recaudan más que España, no porque sean más ricos, sino en porcentaje a su riqueza: ingresan el 46,8% del PIB frente al 39,1% del PIB que recauda España. O sea, que si la Hacienda española fuera tan eficiente como la alemana, España recaudaría 95.890 millones más cada año. Por eso, porque aquí no se recauda como en Alemania tenemos más déficit y más deuda y podemos gastar menos en la necesaria reconstrucción de la economía.


Este es el debate que no oímos a los políticos: cuánto necesitamos gastar en la reconstrucción y cómo podemos pagarlo, con más ingresos y deuda, más la ayuda tardía que nos venga de Europa. Esto es en lo que debería trabajar el Congreso, en lugar de las peleas políticas y el acoso a un Gobierno legalmente constituido. Hace falta un pacto político a varios años, para acordar las prioridades en las ayudas, la recomposición de la sanidad y el Estado del bienestar, las inversiones necesarias para modernizar el país y sacarlo de la recesión. Y un pacto sobre la deuda, el déficit y los ingresos públicos, para conseguir recaudar como alemanes y europeos, lo que exige que la mayoría paguemos lo mismo y una minoría que ahora paga pocos impuestos (multinacionales, grandes empresas, bancos y los más ricos) paguen más, una reforma fiscal que urgía ya antes de la pandemia. No es fácil, pero urge pactar un Plan de reconstrucción como ha hecho Alemania. Hay que olvidar el enfrentamiento constante y sumar esfuerzos para salir de la recesión.


El Pacto no parece posible, a la vista del comportamiento del PP, azuzado por VOX. Pero debemos saber que si no pactamos la reconstrucción, nos la impondrán desde fuera, o los mercados (con otra crisis de nuestra deuda) o Europa, los paises “austeros” (y ricos) del Norte, que condicionarán sus ayudas a nuevos recortes, en caso de que no consigamos recaudar más y pactar aquí una salida de la crisis. Algunos buscan el “cuanto peor mejor”, para tumbar al Gobierno gracias a la recesión. Pero es una vía peligrosa para los españoles: obligará a ajustes y retrasará la recuperación. Avisados estamos.