Entramos en la semana 12ª de confinamiento, suavizado para el 70% de españoles en fase 2, mientras Madrid, Barcelona, Lérida y la mayoría de Castilla y León siguen en fase 1. Los contagios aumentan poco (pero aumentan), aunque se han cambiado los datos y puede haber 10.000 fallecidos más por coronavirus. Y mientras aparecen rebrotes (Lérida, Murcia, Ceuta, Córdoba, Badajoz, Gijón), hoteleros y autonomías turísticas presionan para que lleguen extranjeros el 15 de junio, 2 semanas antes de lo previsto. Y empiezan los despidos industriales (Nissan y Alcoa), que aumentarán en julio, cuando no esté prohibido despedir. La Comisión Europea ha presentado un Plan de reconstrucción tacaño (750.000 millones frente a 1,5 billones que pedían España e Italia), insuficiente (140.000 millones para España, que ya hemos gastado), tardío (el grueso del dinero llegará entre 2022 y 2024) y con condiciones (reformas y ajustes). Así que debemos reconstruir el país casi solos, con deuda y recaudando más como sea. Y sobre todo, unidos, algo imposible hoy. Nos jugamos el futuro.
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| enrique ortega |
Ayer se cumplieron 5 meses desde que China comunicara el primer contagio por coronavirus, el 31 de diciembre de 2019. Pero la pandemia sigue imparable y batiendo récords: 134.700 contagios nuevos el sábado 30 de mayo, según la Universidad Jhons Hopkins. Son ya 6.170.556 contagiados en 118 paises, un tercio en Europa (2.106.381), aunque el epicentro de la pandemia sigue en América, especialmente en Estados Unidos (1.790.191 contagiados, +18.123 diarios) y Brasil (514.849 contagiados, +33.274 diarios), seguidos por Rusia (405.843 contagiados, +9.268 diarios), Reino Unido (276.156, +2.445 diarios), España (239.429 contagiados, +96 diarios), Italia (232.997 contagiados, +416 diarios), India (190.622 contagiados, +8,380 diarios), Francia (189.009 contagiados, +1.828 diarios) y Alemania (183.410, +286 diarios). El coronavirus ha causado ya 372.099 muertos en el mundo, casi un tercio en EEUU (103.853 fallecidos), seguido por Reino Unido (38.751), Italia (33.415), Brasil (29.314), Francia (28.805), España (27.127 muertos), México (9.930), Bélgica (9.467) y Alemania (8.546 muertos).
En España, tras 11 semanas de confinamiento, los nuevos contagios se estabilizaron ligeramente al alza la semana pasada (+132, +194, +231, +182, +187 y +271 diarios, bajando ayer domingo a +96), mientras todavía hay 7 autonomías con más contagios que la media española, que sube muy ligeramente (de 14,36 a 14,77 contagios por 100.000 habitantes los últimos 14 días), según Sanidad: Cataluña (39,74, Castilla y León (24,63) y Madrid (24,36), las tres en fase 1, más Ceuta (Ojo: 33,03), Castilla la Mancha (21,60), Navarra (20,02) y Aragón (17,21), estas cuatro en fase 2. Pero resulta muy difícil el seguimiento de los datos, porque Sanidad volvió a cambiar las estadísticas, el lunes 25 de mayo, rompiendo las series, y las autonomías siguen reportando “a su aire”. Un ejemplo: el miércoles y jueves sólo se contabilizó 1 muerto diario por coronavirus entre todas y el viernes y domingo 2 muertos cada día, un dato que ahora se da por semanas (+39 muertos en la última semana).
Precisamente, la estadística de muertos por coronavirus ofrece muchas dudas. Primero, Sanidad hizo un reajuste el lunes 25 y rebajó los muertos en casi 2.000 (de 28.752 el 24 de mayo a 26.834 el 25), aunque el martes volvió a reajustarlo (a 27.117 muertos). Y segundo, con la vuelta a la normalidad de los Registros Civiles, afloraron 12.000 muertos no registrados y con ellos, entre el 1 de maro y el 12 de mayo se han registrado 43.295 muertos más que el año pasado, según el sistema MOMA del Instituto de Salud Carlos III. Una parte importante, 27.302 eran los muertos “oficiales” por coronavirus (a los que se hizo la prueba), pero hay otros 15.993 muertos “extras” (más que el año pasado), la mayoría en Madrid (+6.695), Cataluña (5.495), Castilla y León (2.681) y Castilla la Mancha (+2.493), los cuatro “epicentros” de la pandemia. Sólo con que dos tercios de estos muertos “extras” hayan sido también por el COVID19, tendremos 10.000 muertos más por coronavirus de los oficiales (que son hoy 27.127).
Al margen de la disparidad estadística, Sanidad ha decidido los nuevos avances en la desescalada desde hoy, que esta vez suponen menos cambios (ver mapa) porque mantiene la exigencia de estar 2 semanas en cada fase. Así, un 30% de España (22 millones de personas) siguen en fase 1, concretamente la mayoría de Castilla la Mancha, Barcelona, Lérida (por un rebrote) y Madrid, que no ha conseguido anticipar la apertura de los Centros Comerciales ni abrir hoy los colegios para algunos alumnos. Siguen en fase 2 las autonomías que ya lo estaban más la Comunidad Valenciana, Granada, Málaga, Ciudad Real, Albacete y Toledo (70% del país, 25 millones de habitantes). Y se mantienen en fase 3 sólo Formentera, Hierro, La Gomera y la Graciosa (45.000 personas), no aceptándose que pasaran todas las islas Baleares y Canarias.
Mientras, los centros de atención primaria intentan detectar los nuevos contagios y hacer pruebas PCR a los que tienen síntomas, aunque faltan medios para hacer test : se han hecho 314.737 test PCR la última semana, según Sanidad, sumándose ya 2.536.234 test hechos (53,8 por 1000 habitantes), muchos en La Rioja (110,5/1.000) o Asturias (90,5), en Barcelona (80,5) o Madrid (61,4) y bastantes menos en Andalucía (21,7) o Murcia (25,4). Y también falta personal para rastrear los nuevos contagios (sobre todo en Madrid y Barcelona). Una novedad es la “carrera” entre algunos Ayuntamientos de Madrid, gobernados por el PP, para hacer test a todos sus habitantes. La ha comenzado Torrejón de Ardoz, que inició el viernes un test a sus 135.000 habitantes, un negocio para Ribera Salud, la empresa privada que gestiona el Hospital público de Torrejón (desde Esperanza Aguirre) y que ha desplazado a 100 sanitarios desde la Comunidad Valenciana (donde gestiona varios hospitales), por lo que la han abierto un expediente. Otro Ayuntamiento madrileño que quiere pagar pruebas a sus vecinos es Pozuelo, el municipio más rico de España, también gestionado por el PP, en una “carrera” desaconsejada por la OMS y Sanidad, que recomiendan hacer test “solo a los que tengan síntomas” de coronavirus.
Y seguimos sin saber nada de los protocolos sanitarios aplicados en las residencias de ancianos, epicentro de contagios y muertes por coronavirus, porque Sanidad no publica los datos. Pero el último balance hecho por la Cadena SER revela que 19.200 ancianos han muerto en residencias “por coronavirus o síntomas compatibles” desde el 8 de marzo, el doble de los ancianos muertos oficialmente por COVID 19 (9.600). El mayor número de muertos en residencias corresponde a Madrid (5.972), donde varios ancianos murieron hace días sin prueba PCR, Cataluña (3.928), donde se han detectado síntomas de COVID 19 al 80% de los 64.000 ancianos que viven en residencias, Castilla y León (2.560) y Castilla la Mancha (2.405). Un tema especialmente preocupante y más cuando Sanidad permite ya las visitas a residencias, aunque con condiciones.
En definitiva, que sigue la desescalada, con más de 10 rebrotes locales, pero también sin información sobre los efectos de la mayor movilidad en los contagios y con una capacidad limitada de los centros de salud, donde empiezan a volver los enfermos de siempre (muchos, mayores vulnerables). Y siguen las presiones del comercio y el turismo para ir más rápido. El presidente Sánchez ya se comprometió a permitir el 1 de julio el turismo extranjero, mientras negocia “pasillos turísticos seguros” con Francia, Alemania, Italia y Portugal. Pero los hoteleros (y los tour operadores alemanes) quieren anticiparlo, sobre todo en Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Andalucía. De hecho, el gobierno balear y la patronal hotelera proponen recibir turistas extranjeros a partir del 15 de junio, un enorme riesgo por mucho que multipliquen las precauciones. Y más en julio, a pesar de que el BOE y los Ayuntamientos prometan controlar el aforo a las playas (algo imposible: ver Playa de la Concha el viernes).
Todo el mundo parece volcado en el verano, mientras el día a día nos revela el alcance de la emergencia económica, “atenuada” porque hay 5,7 millones de personas cobrando algo entre ERTES (3,4 millones), autónomos con cese temporal (1,3 millones) y nuevos parados (1 millón). El problema vendrá cuando se acaben los ERTES (aunque se prorroguen unos meses) y cuando las empresas puedan volver a despedir, a partir del 1 de julio. Es lo que ya han anunciado Nissan (que cierra en diciembre sus tres centros de Barcelona: 3.000 empleos director y 20.000 indirectos) y Alcoa (500 despidos directos más 700 indirectos en Lugo). Y vendrá “un rosario” más de despidos, en el automóvil, aerolíneas, industrias, hoteles y comercios. En muchos casos, porque hay grandes multinacionales que reajustarán su estrategia mundial, cerrando plantas en España. Otra desventaja que tenemos: el poco peso de la industria puramente española, mientras Francia ayuda a sus multinacionales (10.000 millones para salvar Renault o Air France), como Alemania (9.000 millones para salvar Lufthansa, 2.000 millones para Adidas y 1.800 millones para TUI).
Precisamente, esto nos lleva a una cuestión europea “escondida” estos meses: las ayudas de los Estados a sus empresas. A fecha 10 de mayo, se habían aprobado 1.950.000 millones de ayudas públicas a empresas, según la Comisión Europea. Y el 51% de todas esas ayudas de Estado las ha concedido Alemania (994.500 millones), seguida de Francia (el 17%: 331.500 millones), Italia (15,5%), Reino Unido (4%: 78.000 millones), Bélgica (3%: 58.500 millones) y Polonia (2,5%: 48.700 millones), colocando la Comisión a España en 7º lugar, con el 1,4% del total , porque solo contabilizó los primeros 20.000 millones de créditos del paquete aprobado de 100.000 millones. En realidad, España ha gastado ya 138.900 millones en ayudas a empresas, trabajadores y familias, lo que sería un 7% del total comunitario, pero muy lejos de Alemania, Francia o Italia.
Al final, la cuestión es que Alemania sobre todo, y también Francia e Italia, han aprovechado su potencial económico (y en el caso alemán, su superávit público) para volcarse en ayudar a sus empresas, lo que muchos expertos europeos critican, por “competencia desleal”, por utilizar la pandemia para fortalecer sus empresas y su economía más que el resto de paises. Con lo que si hoy ya son más competitivos y más ricos (Alemania tiene el 123% de la renta europea, 9.400 euros anuales más por habitante que España, según Eurostat), lo serán más tras la pandemia. Es una cierta “selección natural”, la supervivencia de los paises más fuertes, que lo serán aún más tras la reconstrucción.
Lo escandaloso es que mientras la Comisión Europea “hace la vista gorda” a que Alemania concentre el 51% de todas las ayudas de Estado europeas, “racanee” a la hora de aprobar un Fondo de Reconstrucción para Europa. Lo han vendido como “un gran avance para Europa”, 750.000 millones para las nuevas generaciones (“Next Generation EU"), pero el Fondo resulta claramente insuficiente: España e Italia pedían 1,5 billones y el Parlamento Europeo pidió 2 billones. Supone sólo el 0,7% del PIB de la UE-27 y además se repartirá en 4 años (2021-2024). Además, sólo 500.000 millones son a fondo perdido (España e Italia querían que fuera todo) y 250.000 son créditos, a devolver en 30 años. Y, sobre todo, cobrarlo se va a retrasar (el grueso se repartirá entre 2022 y 2024) y estará condicionado a un Plan de reformas, que habrá que presentar para abril de 2021 y sobre el que podrán opinar (y vetar) los demás paises, especialmente la Europa del norte partidaria de los "ajustes".
Así que este Plan europeo de reconstrucción no es para echar las campanas al vuelo. Primero, porque es sólo una propuesta de la Comisión, que ahora exige la unanimidad de los paises y que no convence a los 4 paises del norte calificados de “frugales”: Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca, apoyados “en la sombra” por Merkel, que presionan para que todo el Fondo sean créditos y que ese dinero sólo se conceda a cambio de planes de reforma (a lo claro: de ajustes y recortes como los que nos exigieron en 2010). Y segundo, porque la aprobación del Fondo va a ser lenta: se debatirá en la Cumbre europea del 19 de junio y quizás en otra después, pasará luego al Parlamento europeo y tiene que aprobarse, junto al Presupuesto plurianual 2021-2027 (también ridículo: 1,1 billones en 7 años), en los 27 Parlamentos nacionales. Al final, el Fondo estaría disponible a principios de 2021 pero no se abonaría hasta que los paises consiguieran aprobar sus planes de reformas, en abril de 2021. Bruselas espera asignar el 60% del Fondo a finales de 2022 y terminar de repartirlo en 2024.
Para entonces, “todos calvos”. Y más España, que podría recibir de este Fondo europeo de reconstrucción 140.446 millones de euros (77.324 euros a fondo perdido y 63.122 euros en créditos a 30 años), la segunda mayor cantidad, tras Italia (172.745 millones), por delante de Polonia (63.838 millones), Francia (38.772), Grecia (31.997), Rumanía (31.206 millones), Alemania (28.806 millones) y Portugal (26.361 millones). Un dinero que no se puede utilizar para financiar la sanidad o las ayudas a empresas y familias (obligadas por la pandemia) sino a la reconstrucción: han de ser inversiones en turismo (161.000 millones), comercio (115.000), energías renovables (100.000), energía e industrias intensivas (88.000), digitalización (66.000), transporte y automoción (64.000) y construcción (54.000).
España, de momento, tiene que financiar la factura más inmediata, los 138.900 millones ya gastados en créditos y ayudas a empresas, autónomos, parados y familias, más exenciones de cuotas e impuestos, que no se pueden pagar con el futuro Fondo de reconstrucción europeo. Podríamos acudir a los créditos del MEDE (240.000 millones ya aprobados), pero España e Italia no quieren porque “suena a rescate” y temen la reacción de los mercados. Lo que sí pediremos serán los 15.000 millones de créditos que nos tocan del Programa SURE (100.000 millones), para pagar la factura de los ERTEs (dará para pagar el gasto de 2 meses). El resto, tendrá que salir de endeudarse en los mercados, hasta 300.000 millones este año (110.000 más de lo previsto antes del coronavirus). Y falta el grueso de la factura, el coste de la reconstrucción, muy superior a lo gastado hasta ahora y para lo que llegará tarde el dinero europeo.
Por eso, urge poner en marcha en España un Presupuesto de emergencia para la reconstrucción, listo para octubre y vigente en 2020 y 2021. Ahí habría que evaluar los gastos imprescindibles, antiguos y nuevos, y ver cómo los pagamos, con deuda y con recaudación, teniendo en cuenta que Hacienda va a ingresar este año 42.000 millones menos de lo previsto por la recesión. Y que con la economía en la UVI, resulta difícil subir impuestos, aunque habrá que buscar dinero como sea porque el endeudamiento tiene un límite. Esto es lo que deberían estar discutiendo y pactando los partidos, no mentando a los padres de nadie ni acusando de golpismo. Pero no parece que los políticos, sobre todo PP y Vox, estén por la labor de pactar la reconstrucción y cómo pagarla. Si no lo hacemos, nos lo harán desde fuera, desde Europa: o vía mercados (disparando el coste de nuestra deuda) o vía Bruselas y paises del norte, imponiéndonos más austeridad y recortes a cambio de las ayudas.
Es lo que hay, aunque muchos políticos no se enteren. Mientras, todos tenemos que ayudar con nuestro comportamiento para no retroceder contra la pandemia, exigiendo al Gobierno y las autonomías que frenen los rebrotes, aíslen los contagios y refuercen al máximo la sanidad y las residencias de ancianos. La reconstrucción económica es prioritaria, pero mucho más frenar al virus y salvar vidas (lean este clarificador artículo del Nobel Paul Krugman). La vida, no la bolsa. Porque si rebrota el virus no hay reconstrucción posible. Que lo piensen los que tienen tanta prisa en abrir negocios o Centros comerciales y en que lleguen turistas. Nos jugamos algo mucho más importante.
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