Pensiones: las cuentas empeoran

El pago de pensiones ha costado en febrero más de 9.500 millones, con el mayor aumento de esta factura desde 2008. Y no sólo porque haya más pensionistas y cobren pensiones más altas, sino por la subida del 1,6% en 2018 y 2019, el 3% de las mínimas y la “paguilla” de febrero. Con ello, el déficit de la Seguridad Social superará este año los  -18.500 millones de los últimos tres años. Mientras, la Comisión del Pacto de Toledo se cerró sin aprobar ninguna reforma, tras más de 2 años de debate. Y la SS necesitará un nuevo préstamo y “tirar” de la hucha (dejándola en 1.350 millones) para pagar las pensiones este año. El “agujero” empeora y nadie toma medidas ni dice cómo van a pagar las próximas subidas y cómo asegurarán el futuro de las pensiones. Habrá que recaudar más por cotizaciones, trasvasar impuestos y hacer ajustes, aunque no nos guste. Si no, mejorarán las pensiones actuales pero tendrán un problema grave nuestros hijos y nietos. SOS pensiones.

enrique ortega

El “agujero” de la Seguridad Social, el déficit entre ingresos y gastos, empeora. Hasta 2010, la SS tuvo superávit, porque se creaba empleo, se ingresaban más cotizaciones y había menos pensionistas. De hecho, en 2008, la Seguridad Social tuvo un superávit de +16.743 millones (1,5% del PIB). Pero llegó la crisis, se desplomó el empleo y las cotizaciones y en 2011 empezó el primer déficit, pequeño (-487 millones), que se multiplicó por 12 al año siguiente (-5.812 millones en 2012), se duplicó con creces en 2014 (-13.762) y siguió creciendo con la recuperación, hasta alcanzar un déficit de -18.537 millones en 2016, que incluso ha subido en 2017 (-18.756 millones) y 2018 (- 18.937 millones, el 1,6% del PIB).

En total, un déficit acumulado en la Seguridad Social de - 101.723 millones de euros entre 2011 y 2018, un “agujero” que se ha tapado emitiendo deuda pública (supera ya el billón de euros) y tirando de la “hucha de las pensiones”: en 2011 tenía 66.815 millones ahorrados de los años buenos y Rajoy la dejó con 8.000 millones, de los que Sánchez sacó 3.000 en 2018 y su sucesor tendrá que sacar otros 3.696 millones este año, para dejarla en 1.350 millones a finales de 2019. Además de la hucha, este año se ha aprobado otro crédito de 15.164 millones y una transferencia de 850 millones, para pagar la pensión extra de verano y Navidad.

Como se ve, el agujero de las pensiones en un tema serio y todo apunta a que este año 2019 va a empeorar, con la revalorización de las pensiones, y podría alcanzar los -22.000 millones de euros. De entrada, en febrero de 2019, la factura de las pensiones ha tenido un coste histórico: 9.563,1 millones (9.535 millones en enero), con un aumento del 7,16% sobre febrero de 2018, la mayor subida mensual en 10 años, desde diciembre de 2008 (entonces pagar las pensiones costaba un tercio menos: 6.332 millones).

La factura de las pensiones sube ahora más, desde el verano de 2018, no sólo porque aumentan los pensionistas (ya son 8.818.371) y las pensiones (hay 9.707.140), por el envejecimiento de la población, sino porque los nuevos pensionistas cobran pensiones más altas que los antiguos: la pensión nueva de jubilación era en enero de 1.446 euros, 448 euros más alta de las que cobraban los que han muerto y son bajas del sistema. Las subidas de los sueldos en los últimos años (aunque bajas) y la fuerte subida del salario mínimo (+34% entre 2017 y 2019) han hecho que los nuevos pensionistas tengan ahora derecho a pensiones más altas: la pensión media de todo el sistema es de 985,16 euros (+5,6% que hace un año) y ya supera los 1.000 euros en 12 provincias (aunque no llega a 800 euros en Orense, Lugo y Almería). La pensión media de jubilación es de 1.131 euros, un 5,04% más que hace un año. Y la pensión media de viudedad es de 708,26 euros (+8,6%).

Pero hay otra razón básica de que la factura de las pensiones haya subido un 7,16% en febrero: la revalorización de las pensiones. Después de muchos años subiendo sólo un 0,25%, en 2018 y en 2019, las pensiones han subido un 1,6%. Y las mínimas un 3%, mientras se subía del 56 al 60% la base reguladora de las pensiones de viudedad. Y en febrero, además, se ha cobrado una “paguilla” para compensar la mayor subida del IPC en 2018. Todo esto está muy bien, pero hay que pagarlo. Y se estima que esta revalorización habrá costado 3.000 millones extras en 2018 y costarán otros 4.000 millones en 2019, con una factura que crece año tras año y supondrá un coste extra de 37.550 millones hasta 2022, según estimó la Seguridad Social. Y hasta 85.000 millones extras si se mantiene la revalorización hasta 2050.

El problema es que todos los partidos acordaron que las pensiones suban con el IPC, pero nadie se preocupó de buscar dinero para pagarlo, más allá de recurrir a la deuda y a la “hucha” de las pensiones (que se ha agotado). Y también pactaron que no entrara en vigor en enero de 2019 otra medida de ajuste, el “factor de sostenibilidad” (pagar las nuevas pensiones en función de la esperanza de vida), retrasando su aplicación hasta 2023, de momento. Con ello, las nuevas pensiones de este año y los tres siguientes no se verán recortadas (como preveía la reforma de 2013 de Rajoy), pero la decisión va a suponer otro aumento extra de la factura de las pensiones, entre 3.000 y 5.000 millones más al año.

Así que tenemos un agujero de las pensiones (-18.937 millones en 2018) y las medidas aprobadas por todos los partidos en 2018 (revalorización con el IPC y retraso de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad) van a aumentar este déficit, como ha advertido recientemente la Comisión Europea, preocupada porque las pensiones impidan reducir la deuda y el déficit público en España. Y en contrapartida, los partidos, presentes en la Comisión del Pacto de Toledo, han sido incapaces de aprobar reformas para tapar este agujero creciente y asegurar la financiación de las pensiones a medio plazo. Y cuando quieran pactar algo, se habrá perdido otro año.

El problema ya no es que tengamos un agujero en las pensiones, lo más preocupante es que se va a multiplicar en los próximos años, por culpa del envejecimiento de la población, que va a disparar las pensiones, de las 9,7 millones actuales a 15 millones de pensiones en 2050. Y para poder pagarlas, habría que contar entonces con 30 millones de españoles trabajando, 10,5 millones más que hoy, algo casi imposible: la Comisión Europea estima que no habrá más de 20 millones de españoles trabajando para 2050, lo que daría 1,3 ocupados por cada pensión. Y así no salen las cuentas.

Así que sólo hay dos soluciones: o modernizamos la economía para poder emplear a 10,5 millones de personas más (sobre todo inmigrantes, porque la población española cae y habrá menos jóvenes) o atemperamos la factura de las pensiones, para poder pagar estos 15 millones de pensiones aunque sea menos a cada una. Lo lógico sería actuar en los dos frentes. El problema se agrava y se hará más acuciante a partir de 2027, cuando se jubilarán los españoles del “baby boom”, los nacidos entre 1960 y 1975.

Así que tenemos dos problemas con las pensiones. Por un lado, afrontar el agujero actual, que lleva ya cuatro años en -18.500 millones y creciendo. Y a medio plazo, el agujero futuro, tomar medidas para que las pensiones no se coman la mitad del gasto público en 2050 (hoy se llevan la cuarta parte). Los partidos, en la Comisión del Pacto de Toledo, han sido incapaces de dar soluciones, pero hay expertos que proponen medidas. Y entre ellos, la propuesta más razonable a corto plazo es la de la AIReF (la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal), que propone suprimir el déficit actual de la SS por dos caminos: uno, trasvasando 10.400 millones de cuotas del desempleo a la Seguridad Social (dejaría de pagar el desempleo no contributivo y bonificaciones de cotizaciones, que cargarían sobre el Presupuesto del Estado) y el otro, quitando a la SS 7.000 millones de gastos que pagarían los Presupuestos (el  coste de funcionamiento de la SS, gastos de fomento del empleo y bonificación de cotizaciones, subvenciones a regímenes especiales y el pago de las prestaciones por paternidad y maternidad). Básicamente, se trata de descargar a la Seguridad Social de 17.400 millones de gastos que se financiarían con impuestos vía Presupuestos.

Es un “parche”, cambiar el "agujero" de sitio (y quien paga: en vez de las cotizaciones, que no llegan, los impuestos), pero serviría para quitar a la Seguridad Social la losa del “déficit coyuntural” actual. Pero eso no nos resuelve el problema de fondo: que las pensiones y su coste crecen más que los ingresos por cotizaciones (sobre todo con empleos precarios y mal pagados). Por eso, hay que pensar en medidas a medio plazo, para evitar el anunciado “gran agujero” a partir de 2027, el déficit “estructural”. Y aquí, la AIReF plantea algo muy sensato: defender que no se revaloricen las pensiones “no es políticamente viable”, nadie lo va a defender con la presión de 9 millones de pensionistas (votantes) detrás. Pero sí hay que defender “atemperar” el ritmo de crecimiento de las pensiones, porque si seguimos la inercia actual, no serán viables para 2050. Y eso hay que decirlo.

Para “atemperar” el gasto en pensiones, la AIReF propone buscar otras vías de revalorización que no sean el IPC, muy volátil y costoso. Una alternativa sería revisarlas lo que crezca la economía (aumento del PIB) o los salarios (que se traduce en la subida de cotizaciones). Además, proponen 2 medidas que serían muy efectivas para atemperar el ritmo de gasto en pensiones. La primera y que tiene más efecto de ahorro, retrasar la edad efectiva de jubilación en 1 año, no sólo la legal (que estará en 67 años para 2027), para que la edad efectiva de jubilación sea de 65,5 años en 2048 frente a los 62,7 años actuales (aunque legalmente sea de 65 años y 8 meses). Y la otra, aumentar el periodo de cálculo de la pensión, de los 25 años previstos para 2027 a 35 años, con la idea de contemplar después el cómputo de toda la vida laboral.

Son dos medidas que recortarían el gasto en pensiones del 18% del PIB en 2050 (si no se hace nada, un gasto insostenible) a un 13,4% del PIB, que sí se podría pagar. Y claro, en paralelo habría que tomar otras medidas como subir en lo posible las cotizaciones sociales (son algo más bajas en España, según Eurostat: un 12,2% del PIB frente al 13,3% en la UE-28, sobre todo las cotizaciones de los trabajadores) y conseguir más ingresos fiscales (se puede: España recauda cada año 81.000 millones menos que la media europea) para financiar con impuestos las pensiones no contributivas, las de viudedad y orfandad y los complementos de mínimos a las más bajas (hoy, la cuarta parte de las pensiones).

Las soluciones no son sencillas pero hay que empezar a tomar medidas con una idea clara: hay que mejorar en lo posible las pensiones actuales pero sin poner en peligro las pensiones futuras, con un equilibrio generacional en los sacrificios. Y eso pasa por saber algunos datos y asumirlos. Como que los pensionistas actuales tienen una esperanza de vida de 21,1 años (a partir de los 65 años), 6,1 años más que en 1975. Y todavía aumentará hasta 22 o 23 años, lo que dispara el gasto en pensiones y obliga a pagar algo menos durante más años para que no estalle el sistema. Y además, hay que saber que las pensiones en España son de las más generosas de Europa y que no hemos cotizado suficiente por ellas.

Los datos son explícitos. En España, la pensión media supone el 78,7% del último salario, frente al 49,9% del último salario que supone la pensión media en la zona euro, el 45,4% en Francia o el 37,8% del último salario en Alemania. O sea que aunque se hable de “pensiones de miseria” (la cuarta parte, 2,4 millones sí son mínimas), las pensiones en España son más altas sobre el último salario que en casi toda Europa (eso sí, los salarios son más bajos y por eso la pensión es baja, pero ese es otro tema). Y la otra cuestión: con lo que cotizamos (si se ha cotizado 37 años), se pagan 13,2 años de pensión media, con lo que no se pagan todos los que se cobran de media (21,1 años): hay 8 años que se cobra pensión sin haber cotizado por ellos (y con una tasa de reposición del 78,7%, faltarían 5,1 años de cotizar, según este detallado estudio de Fedea que conviene conocer.

En definitiva, que las pensiones “no son de chicle” y se puede pagar lo que se puede pagar, lo que dan de sí las cotizaciones e impuestos. Y no queda más remedio (aunque no nos guste) que frenar el gasto, retrasando la edad de jubilación, aumentando los años de cómputo y compaginando lo que se cobra con lo que se vive, porque si no, no salen las cuentas y el problema lo tendrán los que se jubilen en 2050: nuestros hijos y nietos. Por eso, hay que hacer muy bien las cuentas, difundirlas sin demagogia y proponer  a los españoles medidas justas y equilibradas, que repartan el pastel disponible  entre los pensionistas actuales y los futuros. Una reforma pactada por la mayoría y que no se cambie por circunstancias políticas o electorales. No podemos seguir otro año más, como los dos anteriores, sin tomar medidas, sin frenar el déficit, sin asegurar el futuro de las pensiones. Cuanto más se tarde en atajar los problemas, más duras serán las soluciones. SOS pensiones.

Otro "parche" al alquiler

Alquilar un piso en una gran ciudad es cada día más difícil y caro: los alquileres han subido un +46% desde 2014 y, como no hay, los propietarios “seleccionan” a los inquilinos. Y muchos acaban no pagando, lo que ha disparado los desahucios. Ante este panorama, el Gobierno Sánchez aprobó un decreto de alquileres en diciembre, que rechazó el Congreso (por Podemos) y acaba de aprobar otro, para ampliar plazos y subir los alquileres el IPC, con medidas anti-desahucios. Los expertos creen que reducirá y subirá los alquileres, al exigir más a los propietarios. Es un “parche”, porque los alquileres no se bajan con más controles, sino aumentando la oferta. Y para ello, hay que “animar” a los propietarios a alquilar los pisos vacíos y promover viviendas públicas para alquiler, como existen en toda Europa. Aquí se hicieron 3.500 VPO en 2018, frente a las 100.000 anuales en décadas anteriores. Sólo sacando al mercado 1 millón de alquileres más en 5 años se pueden bajar los precios. Y es factible.

enrique ortega

España es un país de propietarios, pero con la crisis empezó a cambiar el comportamiento de las familias, sobre todo de los jóvenes, que han empezado a alquilar más que a comprar. Y eso ha provocado que suba el porcentaje del alquiler, del 19,4% que suponía en 2007 al 22,9% de 2017, según Eurostat, aunque todavía seamos uno de los paises de Europa con menos peso del alquiler, muy lejos del 30,7% que supone en Europa (UE-28), del 33,9% en la zona euro, el 35,6% en Francia, el 35% en Reino Unido, el 27,6% de Italia, el 45% en Austria o el 48.6% de las viviendas en Alemania.

Este “tirón del alquiler”, en un país con muchas viviendas vacías y donde se hacen pocas viviendas nuevas (60.000 en 2018, casi la décima parte de las 597.631 viviendas construidas en 2006), ha provocado una tensión en el mercado, disparando los precios de los alquileres, que han subido un 46% entre 2014 y 2018, según la Sociedad de Tasación, el doble que la compraventa de viviendas (+17,8%). La subida de alquileres ha ido “in crescendo” hasta 2017 y parece haberse estabilizado en 2018, año en que los alquileres han subido entre un +1,8% (portal  Idealista) y el +9,3% (Fotocasa). Pero sobre todo, subieron en 2018 en Madrid (entre +4,3 y +13,7%), Barcelona (entre -1% y +3,1%) y las grandes ciudades, sobre todo San Sebastián, Valencia, Sevilla, Málaga y Santa Cruz de Tenerife. Y con ello, el precio medio del alquiler en España ronda los 9 euros/m2 (810 euros por 90m2)  pero sube hasta 15,5 euros en Madrid (1.400 euros) y 16,60 euros en Barcelona (1.500 euros).

Unos alquileres “imposibles” para muchas familias y sobre todo para los jóvenes, que se ven obligados a alquilar en la periferia de las grandes ciudades o a compartir piso, alquilando una habitación (y eso ya cuesta 426 euros al mes en el centro de Madrid y 492 euros en Barcelona, según Fotocasa). O simplemente, obliga a los jóvenes a seguir viviendo con sus padres: el 80,9% de los jóvenes españoles (16-29 años) vivía con sus padres en 2017 (sólo lo hacía el 72% en 2008), frente al 66,7% de jóvenes no emancipados en Europa, el 63,5% en Alemania, el 56,6% en Reino Unido, el 54,9% en Francia, el 42,2% en Suecia, el 35,8% en Dinamarca o el 35,6% en Finlandia, según los últimos datos de Eurostat.

Además, en los últimos años, la subida de los alquileres y la precariedad de muchos contratos laborales ha hecho que un número creciente de familias y jóvenes no hayan podido pagar el alquiler o su subida (sobre todo en viviendas del centro de las ciudades). Y por eso, se han disparado los desahucios por impago de alquiler: en 2018 hubo en toda España 59.671 desahucios de viviendas y dos tercios  (37.285 desahucios) fueron por impago de alquileres, sobre todo en Madrid (el 80% de todos los desahucios fueron por alquileres) y Cataluña (1 de cada 4 desahucios hechos en España).

La escasez de alquileres y los impagos han provocado que los propietarios “miren con lupa” a quien busca alquilar y “elijan” y “seleccionen” a sus inquilinos, según su nacionalidad, edad, tipo de familia, trabajo, sueldo y tipo de contrato, con lo que las familias más desfavorecidas, los inmigrantes y los jóvenes lo tienen peor para alquilar. Y si lo consiguen es pagando precios más altos y fianzas abusivas (hasta 6 meses), avales o seguros. Y muchos propietarios, en cuanto pueden, rescinden el contrato para subirlo y conseguir otro inquilino que les pague más o sea “más seguro”. Máxime cuando están entrando en este rentable mercado del alquiler (la rentabilidad llega al 11,7% anual, más que la Bolsa, según el Banco de España) las grandes inmobiliarias y  muchos “fondos de inversión” internacionales (el norteamericano Blackstone, con 32.000 viviendas en alquiler, es “el mayor casero de España”) que ,de momento sólo controlan un 5% del mercado (120.000 viviendas de 2,3 millones de alquileres), pero que tienen mucho peso en algunas zonas del centro de las grandes ciudades, condicionando bastante los precios finales del alquiler. 

Ante este panorama, el Gobierno Sánchez pactó en octubre pasado con Podemos tomar medidas para frenar los precios del alquiler y dar más protección a los inquilinos. Y el 14 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó un decreto de alquileres que subía de 3 a 5 años el plazo de los alquileres, pero sin incluir un límite a las subidas ni establecer un índice de referencia a los alquileres, para que los Ayuntamientos controlen los precios, como quería Podemos. Por eso, el 23 de enero, el Congreso rechazó convalidar este decreto-ley de alquileres, gracias a los votos en contra de Podemos, PP, Ciudadanos, ERC y Bildu. Después, el 1 de marzo, El Gobierno Sánchez ha aprobado un segundo decreto-ley de alquileres, que espera convalidarse este mes de marzo en la Diputación permanente del Congreso, ahora con el apoyo explícito de Podemos.

El nuevo decreto, operativo para los nuevos alquileres hechos desde el 6 de marzo, amplía los alquileres de 3 a 5 años (7 si los hacen empresas), limita la subida anual al aumento del IPC, fija un límite de 3 meses a las fianzas (1 obligatorio más 2 meses complementarios), limita los desahucios (el juzgado debe informarse antes si el inquilino es vulnerable y aplazarlo de 1 a 3 meses) y se compromete a crear un índice estatal de alquileres en 8 meses, para que los Ayuntamientos puedan tener el dato oficial de precios y promover ayudas fiscales (bonificar hasta el 80% del IBI) a los propietarios que suban por debajo del alquiler de referencia. Expertos e inmobiliarias creen que el decreto recién aprobado subirá los alquileres en vez de bajarlos, porque al aumentarles el plazo, los propietarios intentarán “cubrirse” y subir más de entrada, sobre todo si sólo se revisan con el IPC. Y además, alertan, los propietarios “seleccionarán” más a los inquilinos, con lo que un 15% tendrán ahora más difícil alquilar.

Podemos quería ir más allá y que el decreto permitiera a los Ayuntamientos establecer controles a los alquileres, pero esa medida (al afectar a un derecho fundamental como es la propiedad) exigiría una Ley específica y hacerlo por decreto-Ley sería anticonstitucional. Pero Podemos no renuncia a proponerlo en la próxima Legislatura, aunque el PSOE no parece a favor de implantar controles a los alquileres.

Controlar la subida de los alquileres es “un atajo” populista que no ha dado buenos resultados en las ciudades de Europa donde se ha intentando aplicar. Así, en París, una de las ciudades con los alquileres más caros de Europa (1.150 euros de media, frente a 890 en Madrid, según Eurostat), un Tribunal administrativo anuló en noviembre de 2017 la limitación de la subida de alquileres en los casos más flagrantes, aunque el Consejo de la ciudad va a implantar esta primavera nuevos controles, con precios tope barrio a barrio. En Berlín, los controles de precios tampoco han funcionado (el alquiler medio es de 960 euros) y la canciller Merkel aprobó una Ley para toda Alemania, que ha entrado en vigor en enero de 2019, para limitar la subida de los alquileres un 10% sobre el precio medio de la zona. Otra vía es la de Roma (930 euros de alquiler medio), donde el Ayuntamiento y las asociaciones de propietarios e inquilinos han pactado alquileres máximos y mínimos, con incentivos fiscales. Y luego está el caso de Londres, la ciudad más cara (1.750 euros de alquiler medio) y menos regulada.

El sentido común nos dice que si a un propietario de vivienda se le limita legalmente el alquiler que puede cobrar, lo normal es que no alquile o se busque “trampas” (como alquilar sin contrato, “en negro”). Por eso, los expertos rechazan el control de alquileres que defiende Podemos y algunos grandes Ayuntamientos, porque reduciría la oferta de alquileres y provocaría una subida de precios, no los bajaría. Otra cosa es “incentivar” a los propietarios a que pongan voluntariamente precios razonables al alquiler, en línea con los precios medios o incluso por debajo, a cambio de incentivos fiscales, como no pagar el IBI municipal o asegurarles el cobro del alquiler con un sistema municipal de seguros y fianzas. Y por supuesto, con seguridad jurídica y eficacia en los procesos judiciales por impago.

El problema de fondo es que este “atajo” de controlar los precios desconoce cómo funciona el mercado del alquiler (y todos los mercados): con la oferta y la demanda. Los alquileres suben porque hay pocas viviendas en alquiler, sobre todo en algunas ciudades y barrios, y cada día hay más jóvenes y familias que buscan casa. Faltan alquileres y por eso suben, máxime si hay inversores (ahorradores, inmobiliarias y Fondos) que buscan rentabilidad en el alquiler y si hay propietarios que ven que es más rentable alquilar su piso a turistas que a inquilinos normales: hay ya 450.000 pisos desviados al alquiler turístico, lo que resta alquileres a familias y jóvenes, haciendo subir los precios (hay propietarios que pueden sacar hasta 1.621 euros de alquiler por 21 noches, que en muchos casos no declaran).

Así que la clave para hacer bajar los alquileres es aumentar la oferta, además de regular los alquileres turísticos (el decreto incluye que los vecinos puedan "vetarlos" por más de 3/5 votos) y evitar los abusos de los Fondos de inversión arrendatarios. Y para eso, para aumentar la oferta de pisos en alquiler solo hay 2 caminos. Uno, incentivar a los propietarios de los 3,5 millones de viviendas vacías (particulares, bancos y empresas) para que las pongan en alquiler, básicamente con ayudas fiscales y seguridad en el cobro, convenciéndoles que “les sale más a cuenta” alquilarlas que tenerlas vacías. Eso pasa por crear un sistema público de seguros de cobro de alquileres y por aprobar más deducciones fiscales sobre el alquiler que cobren (Rajoy se lo bajó del 100 al 60%), máxime si el precio es “razonable” y está en línea con el cobrado en la zona. El objetivo podría ser que 500.000 de estos 3,5 millones de pisos vacíos se alquilen, algo posible de conseguir en cinco años  si no se “asusta” a los propietarios y se toman medidas fiscales eficaces.

El otro camino para que haya más pisos en alquiler es la promoción pública de viviendas (las VPO) para destinarlas luego a alquiler social para los más pobres (de 150 a 250 euros al mes) o a alquiler subvencionado (de 250 a 450 euros al mes), para esos jóvenes y familias que no pueden pagar un alquiler “de mercado” (esos 810 euros al mes de media). El crear este parque público de viviendas en alquiler no es “una propuesta de izquierdas”, es algo que se hace en toda Europa, donde muchos paises han conseguido crear un importante parque de viviendas públicas en alquiler: supone el 30% del mercado en Holanda (2,3 millones de viviendas públicas en alquiler), el 24% en Austria, el 20,9% en Dinamarca, el 17,6% en Reino Unido, el 16,8% en Francia (y un 20% en París), el 13% en Finlandia, el 3,9% en Alemania, el 3,7% en Italia y sólo el 1,5% en España, según este estudio de la Fundación Alternativas.

Veamos el caso de Viena, un ejemplo a seguir. De sus 1,8 millones de habitantes, el 62% viven en casas con alquileres limitados por el Ayuntamiento: 200.000 viviendas son de alquiler municipal (pagan una renta media de 400 euros mensuales) y otras 220.000 son pisos privados con renta subsidiada (pagan 512 euros al mes). Y con estas 420.000 viviendas con rentas públicas y controladas, los restantes alquileres privados “libres” tienen menos incentivos para subir, porque hay una potente competencia pública que fuerza a bajar los precios.

En España, no sólo no hay apenas un parque público de viviendas en alquiler sino que tampoco se promueven viviendas públicas desde hace años. El último dato es escandaloso: hasta septiembre de 2018, sólo se habían finalizado 2.504 viviendas públicas (VPO) y serán unas 3.500 en todo 2018, tras hacerse 4.938 VPO en 2017 (de ellas, sólo 152 VPO para alquiler), según los datos de Fomento. Una vergüenza, por parte del Estado, las autonomías (Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha y la Rioja no han hecho ninguna VPO en 2018) y los Ayuntamientos, que se gastan el dinero público en fiestas y encierros pero no en promover viviendas. Algo que contrasta con el pasado, con la dictadura y la transición, hasta la “burbuja inmobiliaria” privada: entre 1957 y 1989 se terminaban en España más de 100.000 VPO cada año, en 1991 habían caído a 44.514 y a 52.972 en 2000 para subir a 68.857 en 2008 y desplomarse a 17.054 en 2013 y 3.500 esperadas en 2018 (el 2% de las VPO que se hacían con Franco).

El Estado, desde Fomento a las autonomías y el último Ayuntamiento, “ha tirado la toalla” con la vivienda y así nos va. El ministro Ábalos propone construir 20.000 viviendas públicas para alquilar en 4 años, 5.000 al año, una miseria, a la vista de las necesidades y de lo hecho en el pasado. Habría que ser más ambicioso y promover al menos 20.000 viviendas públicas anuales: suelo público hay, sólo haría falta algo de financiación (costarían unos 1.000 millones anuales) y facilitar las cosas a los promotores privados (los que hacen la mayoría de las pocas VPO actuales), con ayudas fiscales y menos burocracia, además de permitir que los Ayuntamientos se gasten en VPO una parte del superávit fiscal que tienen (y que no es “para presumir” en Bruselas). Estas nuevas VPO podrían crear un gran parque público de vivienda en alquiler, incorporando las 15.000 VPO que hay vacías, sumando las 76.000 viviendas del banco malo (SAREB) que le hemos costeado a la banca y comprando a precio razonable una parte del stock de viviendas sin vender que tienen particulares y bancos (476.938 viviendas a finales de 2017, según Fomento), Con todo ello, podría conseguirse un parque público de 500.000 viviendas para alquilar en 5 años.

Por los dos caminos, más viviendas privadas en alquiler y más VPO para alquilar, sería posible aumentar la oferta en 1 millón de alquileres en 5 años, unos 200.000 alquileres más cada año. Eso si haría bajar los precios (no los controles “populistas”)  y facilitaría el acceso al alquiler a 1.500.000 españoles que hoy tienen problemas serios de vivienda, básicamente jóvenes, ancianos (800.000 viven de alquiler) y mujeres solas con niños (hay 1,5 millones). Y habría que seguir después apostando por la VPO y los incentivos al alquiler, porque para 2030 habrá 2.650.000 españoles que no podrán comprar ni alquilar en el mercado libre, según un estudio de la Fundación Alternativas.

La vivienda es una necesidad básica que hay que resolver, con más recursos públicos (este año 2019 se gastarán 350 millones frente a 2.500 millones anuales en 2009) y una apuesta decidida por la vivienda pública en alquiler, en todos los rincones de España, más un gran pacto con los promotores privados y los propietarios para conseguir aumentar el parque de alquileres con seguridad pero a precios asequibles. Como siempre pasa, el alquiler es un problema complejo, que no se resuelve con “parches” y “atajos”, sino con medidas realistas y justas, pactadas y no impuestas. Otro gran reto para el próximo Gobierno.

Somos menos productivos (y menos ricos)

Hoy escribo sobre una noticia que no habrán visto en los medios ni comentan los políticos: la productividad española se ha estancado, por primera vez en 20 años, y es un 10,5% menor que en 1995. “¿Y a mí, qué?” Pues nos afecta mucho, porque si no mejora la productividad no crece el pastel de la renta y no mejora nuestro nivel de vida. La prueba, otra noticia reciente: España sigue en el puesto nº 14 en el ranking europeo de renta por habitante, aunque seamos la 5ª mayor economía europea. Tenemos el 92% de la renta europea y el 75% de la alemana, porque  somos menos productivos. La culpa está en que gastamos menos en tecnología, estamos peor formados, nuestro empleo es muy precario, invertimos y exportamos menos, tenemos demasiadas pymes y la organización del trabajo es deficiente y autoritaria. Habría que mejorar todo esto, al margen de la política, para ser más productivos y conseguir vivir mejor. Otro tema que no saldrá en la próxima campaña electoral.

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Todo el mundo sabe que los europeos más ricos son los alemanes. ¿Por qué? Pues porque producen más que los demás. Quédense con este dato: Alemania produce al año por valor de 3,27 billones de euros, casi el triple que España (1,1 billones de PIB), con el doble de habitantes que nosotros. Y Francia produce casi el doble (2,29 billones), con un tercio más de habitantes. ¿Por qué? Pues porque son más productivos, más eficaces trabajando: cada alemán y cada francés produce por valor de más euros que cada español. Y como son más productivos, el pastel de su renta es mayor y tocan más al repartir la riqueza creada. A lo claro: son más ricos.

Veamos las cifras que salieron la semana pasada y de las que nadie habla. La producción media por habitante en Europa (UE-28) fue de 30.000 euros en 2017, homogeneizada la cifra con la inflación de cada país (poder de compra), según Eurostat. Y cada español produjo por valor de 27.600 euros, lo que supone el 92% de la renta media europea (índice 100). Pues bien, según ese ranking, España ocupa el puesto nº 14 en PIB por habitante (PIB dividido entre la población), por detrás de Luxemburgo (75.900 euros, el 253% de la renta media UE), Irlanda (181% media UE), Dinamarca (128%), Holanda (128%), Austria (127%), Alemania (37.100 euros, el 124% de la renta media UE), Suecia (121%), Bélgica (116%), Finlandia (109%), Francia (31.200 euros, el 104%), Malta (el 97% de la renta media UE) e Italia (28.900 euros per cápita, el 96% de la renta media UE). Los últimos de la fila son Bulgaria (14.800 euros por habitante, el 49% de la renta media UE), Croacia (62%), Rumanía (63%), Grecia y Letonia (67%), Hungría (68%) y Polonia (70% de la renta UE).

España es la 5ª potencia económica de Europa (el 5º mayor PIB: 1.166.319 millones de euros en 2017), tras Alemania (3.227.340 millones), Reino Unido (2.337.971 millones), Francia (2.291.705 millones) e Italia (1.724.955), pero a la hora de ver lo que se produce por habitante, es la 14ª economía, y nos ganan en producir mucho más paises pequeños como Irlanda, Dinamarca, Holanda, Austria, Suecia, Bélgica, Finlandia o Malta, que por eso son más ricos que España (producen más por habitante). Y lo peor es que España se ha estancado en este lugar 14º, el mismo que en 2016, según Eurostat. Y que, con la crisis, hemos ido a peor. Veamos. En 1986, cuando España ingresó en la UE, teníamos el 72% de la renta europea (PIB/habitante). Con el fuerte crecimiento de finales del siglo XX y principios del XXI, nos equiparamos con los europeos en 2002 (100% de la renta europea ese año) e incluso mejoramos después, para llegar a un máximo del 103% de su riqueza en 2007. Pero luego sufrimos con más dureza la crisis, perdimos su nivel de renta en 2010 (99% de la media UE) y caímos hasta un mínimo del 90% de su renta en 2015. Y llevamos 2 años (2016 y 2017) en el 92% de la renta europea.

Por esto, porque producimos menos por persona es por lo que somos más pobres que media Europa. Y a nivel mundial, somos el país nº 26 en producción por habitante (en 2017), según el último ranking de The Conference Board, que encabezan Luxemburgo, Singapur, Noruega, Hong Kong, Suiza, Irlanda y Estados Unidos.

¿De qué depende que un país produzca más o menos y sea más o menos rico? Pues, básicamente, de su productividad, un indicador que mide la eficacia con que se utilizan los factores de producción, básicamente el trabajo y el capital (maquinaria, equipos, infraestructuras). Y España tiene un problema “estructural” de baja productividad, que arrastramos desde mucho antes de la crisis. Así, si ponemos el marcador a 100 en 1995, la productividad total de los factores (PTF) había caído a 96,74 en España en el año 2.000, a 92,02 en 2007, a un mínimo de 87,13 en 2014 y a sólo 89,49 en 2017 (como en 2009). Y mientras, la competitividad en Europa ha subido estos años de 100 a 104,5. O sea, que la productividad total de España ha caído un 10,5% entre 1995 y 2017 mientras la de Europa ha mejorado un +4,5%, la de la eurozona un +1,4%, la de Alemania un +8,5% y la de Francia un +2,2%, mientras la de Italia caía un 9,7%, según un interesante estudio de la Fundación BBVA e Ivie, que explica porque somos ahora más pobres que media Europa.

Dentro de la productividad total, un componente básico es la productividad del trabajo, lo que se produce por hora trabajada. Este componente de la productividad ha mejorado en España por algo simple: se produce más con 1 millón menos de españoles trabajando que en 2007 (tras 3,8 millones de despidos, de los que sólo se han recuperado 2,8 millones). Eso permite que la productividad por hora trabajada haya mejorado un +17,5% entre 1995 y 2018, según el estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Pero en Europa, la productividad laboral ha mejorado mucho más estos años: un +37,1% en la UE-28 y un 30,7% en la eurozona, con lo que nos hemos vuelto a quedar rezagados (y producimos comparativamente menos que la mayoría de europeos).

El problema más preocupante es que la productividad del trabajo se ha estancado y no creció nada en 2018, por primera vez en 20 años, según el INE. La productividad por puesto de trabajo a tiempo completo creció un 0,3% anual entre 2002 y 2006, luego se disparó entre 2007 y 2013, por los despidos (+2% anual, un +12,4% en 6 años), creció muy poco entre 2014 y 2017 (+entre +0,3 y +01% anual) y no ha crecido nada en 2018 (+0%), año en que incluso ha caído la productividad por hora efectivamente trabajada (-0,25%), según el INE. Y esto es un problema serio, porque significa que la economía española no consigue producir más con los mismos trabajadores. Y sólo crece, aumenta el pastel del PIB, con más gente empleada, empleos que se están creando en los sectores menos productivos, como los servicios, mientras se pierden empleos en la industria (-3.000 en 2018), el sector con más productividad. Concretamente, el nuevo empleo creado en España desde 2014 tiene una productividad un 78% inferior a la media, según un informe de CaixaBank.

¿Por qué España produce menos que Alemania, Francia y 12 paises europeos más, lo que nos hace más pobres? Una parte es por nuestro modelo económico, donde tienen más peso los servicios (turismo, hostelería y comercio) o la construcción y menos la industria (aporta el 16,06% del PIB frente al 25% en Alemania), el sector más productivo y eficiente. Pero esta no es la razón clave, según el estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Somos menos productivos (y menos ricos) que la mitad de Europa por tres causas fundamentales: porque invertimos menos en tecnología, porque tenemos una mano de obra peor formada y porque hay menos inversión pública y privada. Veámoslo.

El esfuerzo inversor en tecnología e innovación es clave para producir más con la misma gente, para mejorar la productividad y el nivel de vida, según todos los expertos. Y aquí, España invierte la mitad que Europa (1,2% del PIB se gasta en Ciencia frente al 2,17% en la UE-28) y menos que 20 paises europeos, sobre todo mucho menos que los más productivos y ricos: Suecia (gasta 3,30% del PIB en I+D+i), Finlandia (3,17%), Dinamarca(3,05), Austria(2,9%), Alemania (2,5%), Francia (2,22%) y Reino Unido (1,66%). Y por si fuera poco, las empresas españolas también gastan menos en tecnología e innovación que las europeas y tenemos menos investigadores (2,8% de los españoles activos frente al 3,9% en la UE).

Otro factor clave para explicar nuestra baja productividad es la menor inversión en educación, que sitúa nuestro “stock” de capital humano un 4% por debajo de la eurozona. España ha bajado drásticamente su esfuerzo educativo, pasando de gastar el 4,99% del PIB en 2009 al 4,32% en 2014 y el 4,1% en 2018, según Educación. Un gasto educativo que queda muy por debajo de la media europea (4,7% del PIB en la UE-28), de países punteros como Dinamarca (6,9%), Suecia (6,6%), Finlandia (6,1%) y Francia (5,4%) e incluso de Reino Unido (4,7% del PIB) o Alemania (4,2%). Y no se trata sólo que gastemos menos en educación, sino que hay serios desajustes entre la formación de los jóvenes españoles y lo que demandan las empresas, según refleja el último informe sobre España de la Comisión Europea. Y sólo el 12% de los jóvenes estudian Formación Profesional, frente al 25% en la OCDE y el 50% en Alemania, uno de los paises con más productividad.

Pero además de gastar menos en educación, España tiene un hándicap de partida: tenemos una mano de obra mucho peor formada, menos productiva. Tenemos muchos adultos sin casi formación (el 40,9% no tiene acabada la ESO, frente al 21,8% en la OCDE y el 19,8% en la UE-22) y muchos adultos universitarios (36,4% en España frente a 37,7% en la OCDE y el 34,3% en UE-22) pero muy pocos adultos con formación intermedia (Bachillerato o FP de grado medio), un 22,7% en España, un 43,8% en la OCDE y un 45,9% en Europa (UE-22), según el Panorama de la Educación 2018 de la OCDE. Y por eso, a las empresas les falta personal con formación media y como hay mucho paro, los sustituyen por universitarios, lo que es un despilfarro como país y una enorme frustración para los jóvenes. Y las empresas insisten en que muchos puestos de mediana cualificación no los pueden cubrir.

La tercera causa clave de nuestra menor productividad está en que España invierte menos, sobre todo en capital público, en “stock” de capital por habitante (un 5,2% inferior a la UE, según la Fundación BBVA e Ivie), sobre todo desde 2010, por los recortes en la inversión pública, que supone ahora menos de la mitad del esfuerzo de antes de la crisis, lo que ha frenado muchas infraestructuras necesarias para competir. De hecho, la Comisión Europea acaba de pedir a España, en su informe de febrero de 2019, que invierta en conexiones ferroviarias y portuarias  para el transporte de mercancías y en los corredores atlántico y mediterráneo, para facilitar el acceso a Europa, porque tenemos un hándicap geográfico: nuestros productos están a 2.200 kilómetros de los principales mercados centro-europeos.

Pero además, hay otras causas que nos restan productividad (y riqueza). Una importante es que en España hay demasiadas pymes y pocas grandes empresas: el 99% de las empresas censadas (ver datos enero 2018) tienen menos de 50 trabajadores y sólo hay un 0,15% de empresas grandes (4.487 empresas con más de 250 empleados), frente al 0,5% en Alemania (más de 9.000 grandes empresas), el 0,4% en Reino Unido o el 0,2% en Francia. Y está demostrado que las grandes empresas son más productivas porque son más longevas (sobreviven más años), exportan más (un factor clave: los paises más exportadores son más productivos y más ricos), se financian mejor y son más innovadoras, según se detalla en este estudio de CaixaBank Research sobre la productividad.

Veamos otra causa importante de nuestra menor productividad: la elevada precariedad del empleo en España. Tenemos un 27,43% de asalariados con contratos temporales, según la EPA, el porcentaje más alto de Europa, donde la temporalidad varía entre el 12,9% de los contratos en Alemania, el 15,5% en Italia o el 17,7% en Francia al 14,3% de media en la UE. Y está demostrado que los trabajadores con contrato temporal tienen menos incentivos a esforzarse en el trabajo y las empresas dedican menos recursos a formarles, lo que reduce su eficacia  y la productividad futura del país.

Otra causa clave de la menor productividad, ligada con las empresas, es la organización del trabajo en España: hay poca participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, según revela el estudio de CaixaBank Research. Así, los “jefes” en España ejercen más control sobre sus subordinados (un 41% frente al 24% en Alemania), sólo un 26% de las empresas encuestan las opiniones de sus empleados (un 51% en Alemania) y sólo el 17% toman las decisiones “en equipo” (el 35% en Alemania). La gestión del “ordeno y mando”, muy afincada en la mayoría de empresas españolas, no ayuda a mejorar nuestra productividad.

Y todavía hay otros factores que restan eficacia y productividad a España, como la excesiva regulación y burocracia (España está entre los 10 paises europeos con más restricciones al establecimiento de locales comerciales, según la Comisión Europea), la dispersión de normas (17 autonomías), la falta de competencia en muchos sectores (oligopolios), la lentitud de la Justicia, las dificultades de financiación, los elevados costes energéticos, la falta de estabilidad normativa y laboral o el retraso en la digitalización de la economía.

Ya sabemos mejor por qué somos menos productivos y menos ricos. Las empresas, sobre todo las que exportan, han tratado de paliarlo con una receta drástica: despedir gente primero (menos a producir lo mismo aumenta la productividad), entre 2009 y 2013, y pagar peor a los que trabajan (bajando sueldos a los nuevos y congelando los antiguos), lo que les ha permitido seguir compitiendo por el mundo, a costa de una devaluación de los salarios: el coste por hora trabajada en España era de 15,9 euros en 2017, frente a 20,36 euros en Europa (+ 28%), 26,4 euros por hora en Alemania (+66%) o 24,2 euros en Francia (+52 %), según los datos de Eurostat. O sea, ante el hecho de que somos menos productivos, España ha buscado “tirar salarios”, ser “la China de Europa”.

Pero no se puede seguir por este camino, de cargar sobre los trabajadores y sus salarios la responsabilidad de competir y producir más (y ser más ricos). Habría que hacer un gran Pacto nacional por la productividad, con múltiples medidas para mejorarla y acercarla a Europa, como propone la Comisión Europea en su informe 2019: gastar el doble en Ciencia, aumentar el gasto en educación, reformar la enseñanza universitaria y apostar por la FP, mejorar la formación de parados y trabajadores, aumentar las inversiones públicas (sobre todo en infraestructuras de transporte), apostar por la digitalización de la economía, facilitar las fusiones de empresas (para aumentar su tamaño), mejorar la calidad del empleo, volcarse en las exportaciones y la internacionalización de las empresas, reducir burocracia y normativas, agilizar la Justicia, fomentar la competencia en todos los sectores y aumentar la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Medidas que deberían apoyar todos los partidos políticos, empresas y sindicatos, porque buscan mejorar la productividad y el nivel de vida de los españoles.

Pero me temo que esta cuestión clave no se va a debatir en la campaña electoral ni será una prioridad para el futuro Gobierno. Y seguiremos siendo menos productivos y más pobres que media Europa, como en las últimas tres décadas. Otra importante asignatura pendiente de nuestra democracia. No la olviden.