jueves, 13 de marzo de 2025

Récord de ciberataques (sin Ley)

Europa está empeñada en una política de Seguridad propia, que no consiste en comprar más tanques o aviones sino en políticas que también luchen contra los hackers de Putin (atacaron a España en febrero) o los ciberdelincuentes internacionales, un negocio criminal que supera a las drogas, la trata o el tráfico de armas. Los ciberataques se disparan y 2024 ha sido un año récord, con ataques a grandes empresas españolas, bancos e instituciones, incluidos hospitales. Y los delitos informáticos se duplican en España desde 2019 , afectando a una gran parte de ciudadanos, con más eficacia gracias al uso de la Inteligencia Artificial (IA). El problema es que las empresas (sobre todo las pymes) no gastan suficiente en ciberseguridad, faltan expertos y los ciudadanos no tomamos medidas eficaces. Y encima, España no tiene aún una Ley de Ciberseguridad, que Bruselas obligó a aprobar para octubre de 2024. Urge un pacto político  para aprobarla cuanto antes y medidas para garantizar nuestra ciberseguridad, porque estamos a merced de una potente delincuencia internacional y geopolítica.

                            Enrique Ortega

La gran desventaja de que todo el mundo funcione hiperconectado a Internet es que somos muy vulnerables a los ataques, desde la energía, los transportes o las infraestructuras básicas a los datos sanitarios o nuestras cuentas bancarias. Y cada día más. De hecho, se estima que cada segundo se producen 500 ciberataques en el mundo. Y los daños son tales que habrán superado los 10 billones de dólares en 2024, el 1% del PIB mundial. Así que la ciberdelincuencia se ha configurado ya como el primer negocio criminal en el mundo, por delante de las drogas, la trata de personas o el tráfico de armas. Un negocio ilegal que tiene dos ventajas, según los expertos: requiere poca inversión previa y pocos medios y tiene un enorme “retorno” (el 1.400%). Y en los últimos años, cuenta además con la  ayuda de la Inteligencia artificial (IA), que sofistica y mejora los ciberataques.

El año 2024 ha batido todos los récords de ciberdelincuencia, según los expertos, y 9 de cada 10 organizaciones sufrieron al menos una amenaza cibernética, según el Foro Económico Mundial. Estos ciberataques han aumentado con la guerra de Ucrania, por la participación de Rusia y sus granjas de bots (programas informáticos que simulan interactuar en Internet) en ataques a infraestructuras básicas europeas (aumentaron los ataques a España en febrero, tras la visita de apoyo de Sánchez a Kiev), así como por la proliferación de dispositivos conectados a Internet (Internet de las cosas), el auge del 5G y la Inteligencia Artificial, que permite detectar y aprovechar mejor las brechas de seguridad de instituciones, empresas y ciudadanos, que siguen sin invertir suficiente en su ciberseguridad. El problema es tan serio que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alertado que los ciberataques son “una amenaza crítica” para la estabilidad  financiera mundial.

El último informe de Europol, la policía europea, sobre los ciberataques en la UE señala el salto que han dado en 2024, los ciberataques contra empresas e infraestructuras críticas europeas, con la técnica del ransomware: robo de datos o anulación de las infraestructuras con una petición de rescate para anularlo. El informe alerta que estos ciberataques son cada vez más sofisticados, con cifrados más complejos, que no solo pretenden robar datos (para luego venderlos en el mercado negro digital) sino acceder a información sensible e inutilizar servicios e infraestructuras críticas (como suministro eléctrico, aeropuertos y hospitales), poniendo en riesgo servicios públicos y la propia seguridad nacional.

Tras el ransomware a empresas e instituciones, Europol alerta sobre el crecimiento de los fraudes online a particulares, con el phishing (“pesca” de datos), cada vez más sofisticados, ya que no sólo son mails que buscan que los internautas envíen datos y contraseñas, sino que se han perfeccionado los sistemas de fraude, con la Inteligencia artificial (IA). Así, se ha generalizado el “fraude del CEO, por el cual un trabajador recibe un correo (o un vídeo o nota de voz) del jefe de su empresa (que parece muy “real”) en el que le pide que haga un pago o transferencia. Y también  se envía a proveedores, para que hagan pagos o paguen facturas falsas. O a empleados de recursos humanos para que envíen datos de empleados. Y también se han popularizado los “fraudes románticos, a través de redes sociales o aplicaciones de citas, donde se pide el envío de dinero o la colaboración en “inversiones solidarias”. 

Y además, Europol alerta sobre el auge de las criptomonedas y su colaboración con los ciberdelincuentes, para cobrar rescates en criptos y comprar y vender datos en la Web oscura (operaciones muy difíciles de rastrear), lo que configura unas redes internacionales de ciberdelincuencia cada vez más poderosas. Y también ha crecido de forma alarmante, según Europol, el material pedófilo y de explotación sexual infantil, cuya oferta se puede multiplicar gracias al uso de la Inteligencia artificial (IA).

En España, el año 2024 ha batido todos los récords de ciberdelitos: “la ciberseguridad ha llegado a un punto crítico”, señala un detallado informe de APTE, donde se destaca que los ciberataques al sector público se han duplicado en 2024 (+190%), mientras también han crecido los ataques a empresas, concentrados en un 62% en el sector tecnológico, financiero e infraestructuras. De hecho, ya en 2023, el Centro Criptográfico Nacional (dependiente del CNI) detectó en España 107.777 ciberataques, el doble que en 2022 (55.695), más otros 83.567 ataques “menores” detectados por el Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad). Ahora, a falta de los datos oficiales de 2024, España es el 8º país del mundo con más ataques de ransomware y casi la mitad de los internautas han sufrido algún ataque informático el año pasado, según una Encuesta del CIS.

En 2024, han sido muchas las grandes empresas del IBEX 35 que han sufrido importantes ataques informáticos que se han hecho públicos (otros no), poniendo en riesgo los datos de sus clientes (Telefónica, Repsol, Banco de Santander), así como importantes empresas (Orange, FIATC Seguros, Total Energies, Alcampo, Cortefiel, Perfumerías Douglas, consultoras Ayesa o Aerotecnic), medios (RTVE, El Confidencial), organismos públicos (la DGT, INTA, Comisión Nacional de la Competencia o la Guardia Civil, a través de una empresa de chequeos médicos), hospitales, Ayuntamientos y Diputaciones

En muchos casos, la ciberdelincuencia conduce a infracciones penales, que acaban en el listado de delitos del Ministerio del Interior. En 2024, el balance fue de 465.838 delitos informáticos, el 19% de todos los delitos reportados (9,6 ciberdelitos por cada 1000 habitantes frente a 41 delitos/1000 habitantes de los delitos “convencionales). Esta cifra supone duplicar los ciberdelitos de 2019 (218.032 reportados)  y cuadruplicarlos desde 2016 (92.716 ciberdelitos, sólo el 4,6% del total). Un dato llamativo: los ciberdelitos son 4 veces más que los robos con fuerza en viviendas y establecimientos (114.978 en 2024). El 88% de los ciberdelitos denunciados son fraudes (estafas) y el resto amenazas o coacciones (5,9%) y delitos sexuales (0,81%). A la cabeza de los ciberdelitos denunciados están Andalucía (17,5%), Cataluña (16,25%), Madrid (15,88%) y la Comunidad Valenciana (10,06%).

Lo que parece claro, frente a este auge de la ciberdelincuencia, es que no estamos preparados, ni las empresas ni los organismos públicos ni los particulares. De hecho, sólo el 2% de las organizaciones españolas cuentan con una infraestructura adecuada para enfrentarse a los ataques más sofisticados de la ciberdelincuencia, según el Informe de APTE. Y en el caso de las pymes, la mayoría siguen siendo muy vulnerables ante ciberataques que las pueden llevar al cierre. En  cuanto a los ciudadanos, el 60% admiten carecer de conocimientos (y de antivirus eficaces) para evitar sufrir fraudes online.

Frente a los ataques a empresas e infraestructuras críticas, es donde más se ha avanzado, pero también los que más preocupan, por su tremendo impacto. En España existe un triple mecanismo público de defensa ante los ciberataques: el INCIBE, que protege a los ciudadanos (con alertas y consejos, su web y el teléfono 017), las empresas y los organismos universitarios y de investigación, el Centro Criptográfico Nacional (adscrito al CNI), que protege a la administración y al sector público y el equipo de respuesta de emergencias informáticas (CERT) de Defensa. Y además está la Oficina de Coordinación de la Ciberseguridad (integrada por policías y guardias civiles) que colabora con las empresas para la Ciberdefensa de los 171 operadores críticos (que en 2023 sufrieron 237 incidentes graves, según el INCIBE), en la energía, banca, agua y salud. Sin olvidar que las grandes empresas cuentan con Centros de respuesta ante emergencias informáticas (CERT), igual que Cataluña y País Vasco, coordinados con los del Estado.

Todos ellos suponen una enorme red de Ciberdefensa, que realiza básicamente un trabajo preventivo (detectar la llegada de virus a las redes, para evitar ataques) y posterior a los ataques, coordinando medidas. Un sistema de protección, público y privado, que convirtió a España en el 4º país más ciberseguro del mundo (cuando en 2016 éramos el 23º), según el Índice de Seguridad Global 2020, elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ONU): sólo estamos por detrás de EEUU, Reino Unido y  Arabia Saudí. En el último informe, de 2024, ya no hay ranking, pero España está en el grupo de cabeza, entre los 46 paises más ciberseguros del mundo, con una nota de 95 sobre 100, la mayor puntuación en cuatro de los 5 pilares que analiza y superando la nota media de la UE-27.

Mientras España ha avanzado en Ciberseguridad global, como país, y en la estrategia de las grandes empresas (bancos, aseguradoras, energía, telecomunicaciones, servicios), queda mucho por hacer en la ciberseguridad de la mayoría de las empresas (sobre todo pymes, que sólo invierten un 6% en seguridad informática) y de los particulares, los internautas. Los grandes retos pendientes son, según el informe de APTE, la mayor inversión de empresas y organismos en ciberseguridad, la formación de expertos (faltan 80.000 especialistas), la vigilancia de los avances en IA para los ciberdelincuentes, el cierre de las brechas que deja el 5G y el Internet de las cosas, el aumento de empresas españolas que ofrezcan soluciones de ciberseguridad, una mayor cooperación público-privada, una mayor conciencia y seguridad de los internautas y más campañas públicas de prevención. Y sobre todo, reforzar una Estrategia europea de seguridad cibernética, más en momentos de crisis geopolíticas.

Europa se empezó a tomar en serio la Ciberseguridad con la Directiva 2022/2555 , aprobada el 14 de diciembre de 2022 por el Parlamento europeo y el Consejo. Conocida como NIS2, esta Directiva europea pretende que los paises europeos apliquen medidas, en sus organismos y empresas para mejorar la Ciberseguridad en la UE. Las entidades públicas y privadas afectadas (organismos, grandes empresas y pymes que presten servicios esenciales) están obligadas a hacer una evaluación de sus riesgos informáticos, aprobar medidas para elevar su seguridad y prevenir riesgos. Y además, deben informar de los ataques e incidentes significativos y comunicárselos a los personas afectadas, creando el responsable de Ciberseguridad, que elaborará y supervisará esta estrategia.

El plazo para que los paises europeos aplicaran esta Directiva NIS2 se terminó el 17 de octubre de 2024. Y España fue uno de los pocos paises europeos que no cumplió este plazo: ha retrasado su trasposición hasta el 14 de enero de 2025, cuando el Consejo de Ministros ha aprobado (tarde) un anteproyecto de Ley de Ciberseguridad, elaborado por tres Ministerios (Interior, Defensa y Transformación Digital). Ahí se fija qué entidades y empresas públicas están obligadas a aprobar planes de ciberseguridad, básicamente en sectores críticos: energía, transporte, banca y mercados financieros, sanidad, agua, infraestructuras digitales y servicios tecnológicos, industria nuclear y entidades públicas. En general, la Ley de Ciberseguridad afectará a organismos y empresas grandes y medianas (más de 50 empleados y más de 50 millones de euros de negocio), aunque también afectará a pequeñas empresas de sectores críticos (mensajería, gestión residuos, químicas, alimentación, proveedores de servicios digitales, seguridad privada e investigación científica).

Tras la ronda de consultas, el anteproyecto de Ley de Ciberseguridad volverá al Consejo de Ministros, para aprobarla como proyecto de Ley y enviarla al Parlamento, para tramitarla por el procedimiento de urgencia. Pero a la vista de los plazos y de la polarización política, no será posible aprobarla antes de finales de 2025. Sólo entonces podrá crearse el Centro Nacional de Ciberseguridad contemplado en la Ley, adscrito a la Presidencia del Gobierno y máximo organismo de coordinación con la política de Ciberseguridad de la UE. Un retraso que agrava la vulnerabilidad de organismos, empresas y ciudadanos, por lo que debería pactarse una tramitación rápida y unánime. Y en paralelo, habrá que destinar más recursos públicos a la Ciberseguridad de organismos e instituciones, así como incentivos y ayudas para que las empresas (sobre todo las pymes) se gasten más en seguridad informática y contraten a más expertos, formando mejor a sus empleados para cerrar brechas a los ciberdelincuentes. Y luego queda que nosotros, los internautas, tomemos conciencia de lo vulnerables que somos, gastemos en antivirus y seamos más precavidos en Internet.

Estamos en guerra frente a una Ciberdelincuencia sofisticada y poderosa, que pone en peligro nuestras economías, nuestros servicios básicos, nuestra intimidad y nuestro dinero, hasta nuestras libertades. No podemos perderla.

lunes, 10 de marzo de 2025

6ª bajada tipos, pero hipotecas más costosas

El Banco Central Europeo (BCE) bajó el jueves los tipos de interés oficiales (-0,25%), por 6ª vez en los últimos nueve meses, tras haberlos subido 10 veces antes, entre 2022 y 2023. Ahora, el BCE podría darse una tregua en las bajadas, por temor a un repunte de la inflación tras los aranceles de Trump. Con todo, el Euribor bajó al 2,40% en febrero y eso abarata la cuota de las hipotecas que se revisen los próximos meses. Pero ojo: la bajada de tipos no abarata las nuevas hipotecas, porque el precio de los pisos se ha disparado y eso provoca que la cuota a pagar ahora sea más alta en muchas ciudades. Y los precios seguirán subiendo, porque hay poca oferta y resulta más barato pagar una hipoteca que un alquiler en las grandes ciudades (para los que tengan ahorros y un salario suficiente, no para jóvenes y familias vulnerables). Por mucho que bajen los tipos, si no se promueven más viviendas, las hipotecas serán prohibitivas.

                            Enrique Ortega

Como se esperaba, el Banco Central Europeo (BCE) bajó el jueves los tipos de interés oficiales, otro -0,25%, la 6ª bajada del precio oficial del dinero en los últimos meses (junio, septiembre, octubre y diciembre de 2024, enero y marzo de 2025), dejándolos en el 2,50%, el tipo en que estaban en diciembre de 2022 y a finales de 2008. Con ello, el BCE desanda parcialmente el camino de las 10 subidas de tipos aprobadas entre julio de 2022 y septiembre de 2023, cuando disparó el precio del dinero del 0 al 4,5%.

Con esta 6ª bajada de tipos, el BCE se distancia de la Reserva Federal USA, que sólo ha aprobado 3 bajadas de tipos en los últimos meses (septiembre, noviembre y diciembre de 2024) y que decidió no bajarlos el 29 de enero, a la vista de la amenaza de aranceles de Trump, aunque los había subido antes que Europa (en marzo de 2022), más veces (11 subidas de tipos entre 2022 y 2024) y los mantiene en un nivel más elevado (4,50%, frente al 2,5% el BCE). Y también se distancia del Banco de Inglaterra, que sólo ha aprobado 3 bajadas de tipos en los últimos meses (agosto y noviembre 2024 y febrero 2025), tras 14 subidas de tipos entre 2021 y 2024 y que también tiene el dinero más caro que Europa: 4,25%.

El BCE ha bajado más veces y más los tipos en los últimos meses (-1,50%) que EEUU (-1%) y Reino Unido (-0,75%) porque la economía europea está estancada y crece mucho menos y los tipos altos no ayudan sino que perjudican la recuperación. En 2024, la zona euro apenas creció un +0,7% (frente al +2,7% que creció USA y el +1% el Reino Unido), mientras Alemania seguía en recesión (-0,2% caía su PIB) y apenas crecían Francia (+1,1%) e Italia (+0,5%), sólo España (+3,2%), según Eurostat. Y el panorama para 2025 no es muy halagüeño, según el propio BCE, que ha rebajado la previsión de crecimiento de la zona euro (+0,9% frente al +1,1% que esperaban crecer hace unos meses). Así que necesitaban bajar los tipos en marzo, para no hundir más la economía europea.

Y se podía hacer, porque la inflación en Europa está medianamente controlada: ha bajado al 2,4% en la zona euro en febrero, tras 4 meses antes de subidas (desde el 1,7% de septiembre al 2,5% de enero). Ahora, el BCE espera que la inflación de la zona euro siga estable y acabe el año en el 2,3%, algo más de lo previsto hace unos meses (2,1%), pero en un nivel asumible, para poder bajar del 2% (su gran objetivo) en 2026.

Con este panorama, la estrategia del BCE era seguir bajando los tipos en 2025, al menos otras dos veces más, hasta acabar el año en el 2%, para no entorpecer el bajo crecimiento europeo. Pero Trump ha trastocado esta estrategia y el BCE ya ha anticipado que podría darse una tregua en las bajadas y no aprobar otro recorte en su próxima reunión, el 17 de abril. El temor es que la amenaza de aranceles de Trump a Europa (a partir del 2 de abril) dispare la inflación en los próximos meses, no sólo en la UE sino en el resto del mundo, por la generalización de aranceles. Y que este proteccionismo provoque una recesión en Europa. Así que el BCE se coloca en posición de “esperar y ver” antes de aprobar nuevas bajadas.

Este complicado panorama económico internacional podría frenar la bajada de tipos no sólo en Europa, sino también en EEUU y el resto del mundo, afectando negativamente a las empresas y a las familias, a la inversión, el consumo y el crecimiento. Y podría frenar la caída del Euribor, que ya ha bajado mucho en los últimos meses: ha caído del 4,16% en octubre de 2024 (tipo más elevado en los últimos 4 años) al 2,40% con que cerró febrero de 2025. Y algunos expertos creen que bajará al 2,2% en verano y rozará el 2% a fin de año.

Todo va a depender de los aranceles y los enfrentamientos geopolíticos, pero, de momento, los 4 millones de familias que están pagando una hipoteca verán reducida su cuota cuando les toque revisar su hipoteca a tipo variable. Ya ahora en marzo, la rebaja será de 110 euros al mes para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años (que paga el Euribor+1%). Y lo notarán más los que revisen su hipoteca a partir de junio, porque el Euribor superó el 4% en junio de 2024 (hasta diciembre, que bajó el 3,67%) y esta primavera rondará el 2,2%, lo que supondrá rebajas de cuotas de unos 160 euros mensuales. También notarán la rebaja de tipos las empresas que tienen créditos referenciados al Euribor.

El problema lo tendrán los que están pensando en pedir una hipoteca nueva para comprar una casa. Con las anteriores rebajas de tipos del BCE, la contratación de hipotecas se ha reanimado y hasta disparado en diciembre de 2024, cuando aumentaron un 30% (32.377 hipotecas), según el INE. Así, en 2024, los españoles contrataron 423.761 hipotecas, +11,2% que en 2023 y la 2ª mayor cifra (tras las 464.107 de 2022) desde la caída iniciada en 2013 (199.703 hipotecas).Ahora, se espera que la demanda de hipotecas siga creciendo, con la bajada de tipos, aunque el precio que se paga apenas haya bajado (3,25% pagado en diciembre de 2024, frente al 3,33% en diciembre de 2023).

Pero los que piensan en contratar una hipoteca tienen un problema, que no son los tipos: el precio de coste de las viviendas que vayan a comprar se ha disparado estos años, más de lo que han bajado los tipos. Y, en consecuencia, las hipotecas son ahora más costosas, hay que pagar una mensualidad más alta, aunque los tipos bajen. Veamos algunos ejemplos.

Un piso cuesta ahora de media en España 2.271 euros/m2, según los datos del portal Idealista, frente a 2.056 euros que costaba en febrero 2024, 1.960 euros en febrero 2023 y 1.801 euros que costaba en febrero 2022 (cuando el Euribor estaba en negativo). Si calculamos la evolución del precio de una vivienda media, de 90 metros cuadrados, el precio ha saltado de 162.090 euros en 2022 a 204.390 en febrero 2025. Y si comparamos el coste mensual de una hipoteca (por el 80% del valor en cada momento, a 25 años y pagando el euribor+1%), comprobamos la subida de la cuota: de 469,28 euros en febrero de 2022 a 787,12 en febrero de 2023 y a 837,24 euros en febrero de 2024. Y tras las 5 bajadas de tipos anteriores del BCE, la mensualidad apenas baja y se quedaba en 810,45 euros en febrero…

Pero eso es la media en el conjunto de España. Si tomamos los precios de las grandes ciudades, resulta que la cuota que pagamos ahora por comprar un piso es más alta que hace un año, a pesar de las bajadas de tipos. En Madrid capital, la hipoteca de un piso medio de 90 metros (que cuesta ahora 471,420 euros, según Idealista) sale por 2.133 euros, frente a los 1.738 euros que había que pagar de hipoteca por ese mismo piso en febrero de 2024 (cuando costaba 384.000 euros). Y en Barcelona, la cuota hipotecaria para comprar un piso de 90 metros (que cuesta ahora 427.590 euros, según Idealista) es de 1.934,70 euros mensuales, frente a los 1.755,12 euros de hipoteca que costaba comprar es mismo piso en febrero de 2024 (cuando costaba 387.900 euros). Y eso mismo pasa en ciudades como Bilbao, Málaga , Valencia, Sevilla, Palma, San Sebastián, Cádiz, Las Palmas, Coruña…: los precios de los pisos han subido mucho más de lo que han bajado los tipos de las hipotecas. Hay que pagar más cuota mensual para comprarlos (y más entrada y gastos).

Este es un grave problema con el que se van a encontrar los jóvenes y familias que piensen ahora en comprar piso, tras haber bajado los tipos: les saldrá más caro. Y más cada mes, porque hay una falta de viviendas en el mercado y los pisos siguen subiendo, tras haberse encarecido un +11,3% en 2024 (según el INE) y un +43,8% entre 2014 y 2023, según el INE. Pero a la vez, mucha gente se hace esta otra cuenta: ahora sale más barato comprar que alquilar. Y es verdad. Un alquiler medio en España cuesta 1.260 euros (14 euros por metro cuadrado, un piso de 90 metros), según el portal Idealista (febrero 2025) y la cuota de una hipoteca por el 80% del precio medio de un piso de 2ª mano (204.390 euros) sale por 810,45 euros, dos tercios del precio del alquiler. En el caso de Madrid capital, el alquiler medio es de 1.908 euros (21,2 €/m2) y una hipoteca para comprarlo (80% de los 471.420 euros de precio de venta) cuesta poco más, 2.133 euros. Y en Barcelona, con un alquiler medio más alto, de 2.133 euros, el coste de una hipoteca para comprarlo (80% de los 427.590 euros de precio de venta) sale por 1.935,70 euros mensuales, menos que el alquiler.

Estas cuentas se pueden hacer extensivas a la mayoría de España: en 2024, en 60 de las 64 ciudades con más de 100.000 habitantes costaba menos la cuota de una hipoteca que el alquiler, según este estudio de UVE Valoraciones. Sólo había cuatro grandes ciudades donde alquiler era más barato que comprar: San Sebastián, Marbella, Cádiz y Palma. Y ahora, en 2025, se ha sumado Madrid, por la fuerte subida precio vivienda en los últimos meses.

Pero estas cuentas no tienen presente un doble problema. Por un lado, que hay muchos jóvenes y familias que no pueden pensar en comprar un piso, aunque la cuota les sea más baja que el alquiler, porque no tienen dinero ahorrado para pagar la entrada (el 20% del valor del piso que no cubre la hipoteca) y los gastos e impuestos que hay que pagar (otro 10% más). O sea, que para comprar un piso “medio” que vale ahora 204.390 euros (no en una gran ciudad, donde este precio se duplica), habría que tener “ahorrados” ( o que se lo dejen los padres) unos 62.000 euros (o 135.000 en el caso de Madrid o Barcelona), algo inalcanzable para la mayoría de los jóvenes y para muchas familias.

Pero además de tener ahorros para la entrada y gastos, conseguir una hipoteca no es algo sencillo, como todo el mundo sabe. Hay que tener unos ingresos regulares y un contrato laboral medianamente estable, pero sobre todo, hay que asegurarle al banco que el pago mensual de la hipoteca no supera el 30% de los ingresos. Así, si un joven o una familia se plantea pedir una hipoteca de 163.500 euros, para pagar el 80% del precio de ese piso “medio” (de 204.390 euros, que “no existe en la mayoría de ciudades), debe saber que la cuota mensual a pagar (810 euros ahora, con el Euribor de febrero) no puede ser más del 30% de su sueldo. O sea, que esa familia tiene que ingresar 2.700 euros al mes… Y si piensa comprar un piso en Madrid, pagando una hipoteca  de 2.133 euros mensuales, debe justificar que la familia gana al menos… 7.110 euros al mes. Algo imposible para casi todos.

Así que bajan los tipos, pero comprar un piso sigue siendo algo difícil para la mayoría, aunque sobre el papel sea “más barato” que alquilar. Sobre la base de las bajadas, los bancos españoles ya preparan “una guerra de hipotecas” para primavera, buscando clientes que puedan pagarlas (no es fácil encontrar quienes tengan sueldos “suficientes). Así que la estrategia es “filtrar” clientes, conseguir aquellos con nóminas estables y suficientes y ofrecerles “tipos escaparate” bajos, a ser posible “fijos” (más rentables para las entidades a medio plazo) y que ronden la cifra mágica del 3%. O tipos variables con el “gancho” de Euribor más 1% y menos, a cambio de que el hipotecado se “vincule” con el banco: nómina, tarjetas, seguros y todo aquello que genere comisiones para sumarlas al margen en los tipos. Es el “secreto” que ha permitido a los 6 grandes bancos españoles ganar 31.768 millones de euros en 2024, más del doble que antes de la pandemia (13.222 millones en 2019).

En resumen, los tipos bajan, pero podrían no seguir bajando este año, si los aranceles siguen adelante y se despierta la inflación en el mundo y en Europa. Pero el problema es que la rebaja de tipos no beneficia a jóvenes y familias que busquen casa, porque la fuerte subida de precios hace que el coste mensual de las nuevas hipotecas suba, sobre todo en las grandes ciudades. Así que cada vez será más difícil comprar. Y cuanto más suban los alquileres, peor, porque se encarecerán las compras y las hipotecas. Así que la clave no está en las hipotecas y los tipos sino en aumentar la oferta de viviendas (para compra y alquiler), consiguiendo más suelo, financiación y promociones, con un Pacto (que parece imposible) entre el Gobierno, las autonomías, Ayuntamientos, promotores y bancos. Y ayudar a los que tienen viviendas vacías a que las alquilen, con garantías de seguridad y precio. Pero nada de esto se hace y la angustia de los que buscan casa crece cada día. Un problemón.

martes, 4 de marzo de 2025

8-M: las mujeres siguen discriminadas

Este sábado se celebra el 8-M, el Día de la Mujer, cuya discriminación olvidamos el resto del año. Este aniversario celebramos que hay más mujeres que nunca (25 millones) y que trabajan más de 10 millones. Pero sigue habiendo más mujeres inactivas, menos trabajando, con peores contratos, empleos y sueldos (la brecha salarial con los hombres se mantiene en -19,6%), más paradas y cobrando menos desempleo, con pensiones más bajas y más mujeres dependientes sin ayudas… Demasiadas discriminaciones que apenas mejoran. Y que tienen tres orígenes: los cuidados (las mujeres tienen que cuidar a hijos y padres), el desigual acceso al trabajo y a los mejores empleos y las interrupciones en la carrera laboral que recortan sus pensiones. Y sobre todo, porque los hombres “ayudamos” en casa pero no “compartimos tareas” para que puedan trabajar más y mejor. Es hora de mejorar la atención a la Dependencia, aumentar guarderías y mejorar la contratación y los convenios para las mujeres. Acabar con la discriminación de media España.

                            Enrique Ortega

Curiosamente, el número de mujeres ha aumentado en España este siglo mucho más que los hombres. Así, el 1 de enero de 2025 se superaron los 25 millones de mujeres censadas (25.009.634), casi 1 millón más que hombres (24.068.350 habitantes), según el INE. Es la mayor distancia entre mujeres y hombres en este siglo (+817.504 en el año 2.000 y +485.970 en 2008). Y de los 8,6 millones de habitantes más que hay en España (49,07 millones frente a 40,47 millones en el 2000), las mujeres han aumentado en +4.365.791 personas este siglo, más que los hombres (+4.242.011). Ha crecido el número de mujeres nacidas en España (+1,84 millones desde 2002), pero sobre todo han crecido las mujeres inmigrantes (+2,2 millones), que ya eran 3.390.951 en enero de 2025. Así que viven en nuestro país más mujeres que nunca (25 millones) y el 13,5% son mujeres nacidas fuera de España (en 2002, las extranjeras eran sólo el 5,5% de las mujeres).

Más mujeres que hombres y también más mujeres en edad de trabajar (más de 16 años): 21.487.600 mujeres frente a 20.322.500 hombres. Pero a partir de ahí, empiezan las discriminaciones a la mujer. La primera, que hay más mujeres inactivas, que ni trabajan ni buscan trabajo, que “tiran la toalla” aunque están en edad laboral, básicamente porque se dedican a “las tareas de casa”, a cuidar a los hijos (y maridos) o a padres y adolescentes dependientes (el 75% de los “cuidadores” son mujeres). A finales de 2024, había 9.973.700 mujeres inactivas frente a 7.383.000 hombres. A lo claro: hay 1.900.000  mujeres que han "renunciado" de entrada a trabajar.

A causa de esta 1ª discriminación, la tasa de actividad de las mujeres (trabajan o buscan trabajo entre 16 y 64 años) es del 71,38%, frente al 77,91% en los hombres. Una tasa mucho menor a la de las mujeres europeas: allí son “activas” el 70,2% de las mujeres de 20 a 64 años, frente al 65,7% en España, el 77,2%% en Alemania, el 71,7% en Francia y el 56,5% en Italia (otro país con pocas mujeres “activas”), según Eurostat. Desde la pandemia y tras la crisis de la energía y la alta inflación, hay en España más mujeres “activas” (+669.800 que en 2019), pero todavía sigue habiendo menos mujeres “activas” que hombres (11,4 millones frente a 12,77), aunque sean más población.

La 2ª gran discriminación es que hay menos mujeres con empleo. No sólo hay menos mujeres “activas” que lo buscan, sino que las mujeres tardan más en encontrar trabajo y lo encuentran peor que los hombres, a pesar de que están más formadas, según las estadísticas educativas. Así, a finales de 2024 había 10.151.200 mujeres ocupadas, frente a 11.706.600 hombres ocupados, según la EPA. Son más mujeres que nunca trabajando en España (había 5,8 millones de mujeres trabajando en el año 2000, frente a 9,9 millones de hombres), pero sigue habiendo más hombres con trabajo (+1,55 millones), aunque hay más mujeres. Y otra vez, la tasa de empleo femenino en España (70,5% de las que tienen entre 20 y 64 años) es inferior a la de las mujeres europeas (75,3% trabajan).

Además, las mujeres han conseguido llevarse más nuevos empleos que los hombres tras la pandemia: trabajan ahora 992.900 mujeres más que en 2019, frente a 898.000 hombres más. Eso sí, la mayor parte de estos empleos “ganados” por las mujeres han sido para las mayores de 50 años (+642.200 empleos), ya que las de menos edad apenas han ganado empleo (+64.000 para las mujeres entre 16 y 40 años) y lo han perdido las mujeres de 40 a 50 años (-7.200 empleos). Así que las que consiguieron trabajo son mujeres mayores, que dejaron de trabajar en su momento y han vuelto, sobre todo en los servicios (empleo doméstico y cuidados, hostelería, comercio y trabajos eventuales, muchas inmigrantes).

Con todo, las mujeres copan menos del 50% de los empleos en 73 de los 100 sectores económicos. Y aquí tropezamos con la 3ª gran discriminación laboral de las mujeres: trabajan en sectores más precarios y peor pagados, con contratos de menos calidad, peores puestos y categorías. Empezando por el tipo de contrato, las mujeres copan los contratos a tiempo parcial: de 3.059.000 asalariados a tiempo parcial (menos jornada o menos días), 2.252.600 son mujeres (el 73,6%), según la última EPA. Y si trabajan menos horas o días que los hombres no es porque quieran: la mayoría de las mujeres dicen que es porque no encuentran otro trabajo a tiempo completo. Y 357.000 mujeres trabajan a tiempo parcial para cuidar a un familiar (11 veces más que los hombres: sólo 33.000 lo hacen).

Las mujeres tienen también más contratos “temporales” que los hombres: de los 2.876.700 asalariados con contrato temporal (diciembre 2024), 1.609.800 son mujeres (el 17,90% de las que trabajan, frente al 13,20% de los hombres).

Además, el 44% de las mujeres trabaja en 7 sectores económicos que son los que tienen los sueldos más bajos. Y de las 10 actividades con nóminas más bajas, en 7 hay más mujeres que hombres trabajando: servicio doméstico, hostelería, sanidad, cuidados, actividades auxiliares, actividades artísticas y recreativas y comercio, según este estudio de CCOO. Pero también, hay muchas más mujeres trabajando en las categorías laborales más bajas y en empleos menos cualificados, ocupando menos puestos directivos, donde se frena la promoción a mujeres: sólo el 34,5% ocupan puestos de gerentes y directivos.

Esta mayor precariedad en los empleos de las mujeres conduce a la 4ª gran discriminación laboral: tienen peores sueldos que los hombres. El sueldo medio bruto de los hombres es de 29.615 euros frente a 24.758 euros las mujeres, según la EPA (Decil de Salarios 2023). Eso supone una “brecha salarial” para las mujeres del -19,6% (lo que tendría que subir su sueldo para igualarse a los hombres). Una brecha que se ha estancado: era del -19% en 2022, aunque mejora respecto a 2019 (-22,6%), 2014 (-31,4%) y 2008 (-30%), según CCOO. Y una brecha salarial que es menor en España que en el resto de Europa, según Eurostat: era del -8,7% en 2022 (diferencia por sexo en el salario hora), frente al -17,7% en Alemania, -13,9% en Francia y -4,3% de diferencia salarial en Italia.

Esta brecha salarial” del -19,6% en España, según el INE, es mayor en 6 sectores de actividad, algunos con mucho peso del empleo femenino: actividades administrativas (-36% de diferencia salarial las mujeres), actividades profesionales, científicas y técnicas (-35%), sanidad y servicios sociales (-31%), comercio (-31%), inmobiliarias (30%) y finanzas (-28%). Los estudios revelan que la principal causa de esta “brecha salarial” entre mujeres y hombres es el alto porcentaje de empleo femenino a tiempo parcial, que explica el 64% de la brecha, según CCOO. Y otro factor clave son los “complementos salariales”, la parte que se cobra junto al sueldo base: las mujeres apenas cobran “pluses” por nocturnidad, penosidad, esfuerzo físico o disponibilidad horaria, que pesan mucho en las nóminas de los hombres. Además, las mujeres cobran también menos por “antigüedad”, porque muchas han interrumpido sus carreras laborales para cuidar hijos y padres.

Y pasamos a otra discriminación de las mujeres, la 5ª: hay más mujeres en paro que hombres. A finales de 2024 había en España 2.595.500 parados EPA , de los que 1.362.600 eran mujeres paradas y 1.232.900 hombres desempleados. La tasa de paro femenina es más alta (11,83%) que la masculina (9,53%) y también mucho más alta que la tasa de paro de las mujeres europeas (6,2%). Eso sí, tras la pandemia, el paro femenino se ha reducido algo más (-296.200 desde 2019) que el masculino (-273.200), aunque esta bajada se ha dado sobre todo entre mujeres de 25 a 54 años, mientras subió el paro femenino entre las más jóvenes (+11.000) y entre las mujeres mayores de 55 años (+13.400 paradas que en 2019), porque intentan ahora recolocarse y ayudar económicamente en casa.

No sólo es que haya más mujeres paradas que hombres, es que además cobran menos desempleo, la 6ª discriminación, porque han cotizado menos años y por sueldos más bajos. Así, aunque hay más mujeres paradas que hombres, en noviembre de 2024 (último dato de Trabajo) había 451.041 paradas cobrando una prestación contributiva y 430.615 parados hombres. Y estas paradas cobraban una media de desempleo de 941 euros al mes, frente a los 1.076,4 euros que cobraban los parados hombres. Una “brecha” en el desempleo del -14,20%, que es mucho mayor en las paradas de más edad (-18,47% de brecha en las paradas de 50 a 54 años, -23,18% las desempleadas de 55 a 59 años y -24,11% de brecha en el desempleo para las paradas de 60 y más años). Sólo cobran el mismo subsidio (463,21 euros mensuales) que los hombres el millón largo de mujeres (1.006.862 paradas) que cobran el subsidio asistencial (frente a 795.591 hombres).

Y tras una vida con menos actividad, menos y peores empleos, las mujeres se jubilan con peores pensiones, la 7ª discriminación. Por un lado, la pensión media de los hombres es de 1.564,53 euros, frente a 1.071,76 euros las mujeres, según los datos de la Seguridad Social al 1 de enero de 2025. Una “brecha” de pensiones del -45,97%. Y si miramos la diferencia de pensiones de jubilación (las cobran 3,84 millones de hombres y 2,71 millones de mujeres), la brecha es similar, del -43,95%: 1.714,47 euros de jubilación media para los hombres, frente a 1.190,95 euros la jubilación de las mujeres. Sólo cobran más pensión las viudas (por sus maridos) que los viudos: 960 euros (2,14 millones de mujeres viudas) frente a 639,90 los hombres (sólo las cobran 209.625 viudos).

Queda otra discriminación más, la 8ª: la desigualdad en la Dependencia, debido a que las mujeres viven más años que los hombres (86,20 años de media frente a 80,74) y por tanto tienen más riesgo de necesitar ayuda y ser dependientes al final de su vida. De hecho, casi 2 de cada 3 dependientes con más de 80 años son mujeres (el 61,06% en 2024). Y por eso sufren más que los hombres el problema de los retrasos en las ayudas (142.446 dependientes a finales de 2024) y en el reconocimiento de la dependencia (otros 127.879 están pendientes de valoración), según el balance de los Directores de Servicios Sociales. Y estos retrasos provocan que 94 dependientes mueran cada día sin recibir la ayuda solicitada o a la que tienen derecho, 57 de ellas mujeres dependientes.

Por si fueran pocas estas discriminaciones, las mujeres sufren otra discriminación más, la 9ª de la lista, la que sufren en su propia casa, porque cargan con la mayor parte de las tareas del hogar y de los cuidados de niños y padres, complicando más su vida laboral. De hecho, el 45,86% de las mujeres cargan con la mayor parte de las tareas del hogar, algo que sólo hacen el 14,92% de los hombres. Y otro 34,96% de mujeres realizan una parte importante de las tareas, aunque compartida. Esto significa que el 80,82% de las mujeres cargan con las tareas del hogar, frente al 48,61% de los hombres. Y un 51,37% de los hombres (unos 12 millones) confiesan que “hacen poco o nada”, según la última Encuesta del INE (2021). Además, el 40,2% de las mujeres se ocupan “mayoritariamente” de los niños, frente al 4,8% de los hombres. Y un 48,3% de cuidar a los mayores (frente al 20,5% los hombres).

En resumen, que trabajan más mujeres que nunca, pero siguen con la discriminación de trabajar menos, con empleos más precarios y peor pagados, con más paro y peor desempleo y pensiones, con más años de vida y un mayor riesgo de ser dependientes. Y con poca ayuda en casa de los hombres, que “ayudan” pero no comparten tareas y cuidados.

Cara al futuro, hay tres medidas claves para reducir las discriminaciones de las mujeres. Una, mejorar la atención a la Dependencia, para que los ancianos y jóvenes dependientes tengan más ayudas públicas (a domicilio y en centros de día y residencias) y no supongan “una carga” para las mujeres, a costa de su vida laboral. La segunda, una mayor atención a la infancia, desde el aumento de guarderías públicas asequibles a las ayudas por hijo, fomentando la conciliación entre la vida laboral y familiar, con más tareas compartidas por los hombres. Y la tercera, un Pacto social entre patronal y sindicatos, para reducir las desigualdades en las empresas y los convenios, desde el acceso al primer empleo a la igualdad en la contratación y en la promoción, buscando reducir la brecha salarial con mayores subidas de los sueldos más bajos (que suelen ser los de las mujeres).

Al final, cada año pasa lo mismo con el 8-M: se habla mucho de la discriminación de la mujer, se hacen manifestaciones de protesta, pero se avanza poco para conseguir una igualdad que, a este paso, tardará décadas en conseguirse. Avanzar en la igualdad de la mujer requiere pactar medidas concretas, en el Parlamento, en los convenios y en las familias, al margen de posiciones políticas y enfrentamientos de género. Estamos ante uno de los grandes retos de este siglo, como la crisis climática, la digitalización o la tecnología: lograr que alguien no sea discriminado por nacer mujer. Conseguir la igualdad para media España. Ganaríamos todos.

lunes, 3 de marzo de 2025

Autonomías: las 3 Españas siguen ahí

La propuesta de perdonar 83.000 millones de deuda a las autonomías es el último acto del enfrentamiento constante entre el Gobierno Sánchez y las autonomías gestionadas por el PP, que llevan años pidiendo más recursos, mientras bajan impuestos y se deterioran los servicios públicos. Pero nadie habla del tema de fondo: España crece, pero no sirve para corregir las desigualdades entre regiones: ahí siguen las 3 Españas, la rica (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares y la Rioja), la pobre (Melilla, Ceuta, Andalucía, Extremadura, Canarias, Castilla la Mancha y Murcia) y la intermedia (el resto). Unas diferencias regionales que se mantienen desde hace 50 años. Urge acordar un nuevo sistema de financiación autonómica y apostar por una política económica dirigida a “repartir” mejor el crecimiento español, porque ahora se concentra (el 72%) en 6 autonomías, las más ricas. Eso exigiría un gran Pacto autonómico, para reducir la brecha entre las 3 Españas y conseguir que nuestro nivel de vida y los servicios públicos no dependan de dónde vivimos.

                            Enrique Ortega

España crece cuatro veces más que la media europea, pero este fuerte crecimiento se concentra en 6 regiones, que son el motor de la economía y el empleo: Madrid (aportó el 19,6% del PIB de 2023), Cataluña (aportó el 18,8%), Andalucía (13,3%), Comunidad Valenciana (9,3%) País Vasco (5,9%) y Galicia (5,2%), según los últimos datos del INE. Estas 6 autonomías aportaron juntas el 72,1% del PIB total de España (1.498.324 millones en 2023), con lo que las 11 autonomías restantes, más Ceuta y Melilla sólo aportan el 27,9% del PIB español. Una concentración de la producción que apenas ha variado en este siglo, porque en el año 2000, estas 6 autonomías aportaban el 71% del PIB español, casi como ahora. Y un dato más, que revela con claridad la desigualdad en el crecimiento: la aportación de la Comunidad de Madrid al PIB español (19,6% del total) equivale a la de otras 7 regiones juntas, Castilla y León (aporta el 4,7%), Castilla la Mancha (3,6%), Canarias (3,6), Aragón (3,1%), Murcia (2,7%) y Asturias(1,9%). Tremendo.

Madrid se consolida como la región que más produce en España (293.069 millones en 2023, el 19,6%), reforzando su liderazgo frente a Cataluña (281.845 millones producidos en 2023, en 18,8%). Tradicionalmente, la región que mas producía era Cataluña, pero en 2012 la superó Madrid y se mantiene por delante desde entonces. Madrid está ganando la carrera apoyada por un fuerte crecimiento de la población (+405.000 habitantes entre 2019 y 2024, frente a +399.227 en Cataluña y +202.145 en Andalucía), unos menores ajustes durante la crisis, el efecto negativo del procés sobre la economía catalana, el tirón de inversiones y  turismo y el “factor capitalidad” (concentra empleo público, multinacionales y grandes empresas), así como la oferta de servicios de alto valor añadido. Ahora, el president Illa ha aprobado un Plan a medio plazo, que prevé invertir 18.500 millones en infraestructuras, formación, servicios públicos y modernización de su economía para que Cataluña consiga recuperar el liderazgo económico en España en 10 años (“o en 5, si podemos”).

Pero lo importante no es lo que produzca cada región o cada país, sino lo que se produce por habitante (PIB por habitante), el indicador que permite conseguir un mayor o menor nivel de renta. Así, España es el 4º país que más produce en la UE (1.593.136 millones de euros en 2024), tras Alemania (4.305.260 millones producidos), Francia (2.822.455 millones) e Italia (2.128.001 millones de euros de PIB). Pero luego, al tener en cuenta la población de cada país, España baja hasta el puesto nº 15 en PIB por habitante, según Eurostat: produjimos 30.968 euros por habitante (2023), frente a 38.130 euros de media en la UE-27, con lo que nos adelantan” 14 paises en PIB por habitante, no sólo los tres grandes (Alemania, Francia e Italia, que también tienen más PIB total) sino otros paises más pequeños, como Luxemburgo, Irlanda, Paises Bajos, Dinamarca, Austria, Bélgica, Suecia, Alta, Finlandia, Chipre y Eslovenia. Producimos menos que ellos por habitante.

Dentro de España pasa lo mismo: hay regiones que producen mucho (como Andalucía o la Comunidad Valenciana) pero que, como tienen mucha población, en realidad son “menos productivas” que otras que producen menos y tienen poca población. La clave es comparar la producción por habitante (el PIB por habitante). Ese es el verdadero ranking de las autonomías: las más productivas (y por ello las más ricas) y las menos productivas (y más pobres), según los datos de 2023 publicados por el INE en diciembre. Y así podemos perfilar el mapa de las 3 Españas: la rica (7 autonomías), la pobre (5 regiones más Ceuta y Melilla) y la intermedia (5 autonomías restantes).

La España rica, la que produce por habitante más que la media (30.968 euros en 2023) la integran Madrid (42.198 euros por habitante, el 136,3% de la media), País Vasco (39.547 euros, el 127,7%), Navarra (37.088 euros, el 119,8% de la media), Cataluña (35.125 euros, el 114,1%), Aragón (34.658 euros, el 111,9%), Baleares (34.381 euros, el 111%) y la Rioja (32.828 euros, el 106% de la media). La España intermedia la componen 5 autonomías que producen por habitante menos que la media española, pero no demasiado: Castilla y León (29.698 euros, el 95,9%), Galicia (28.644 euros, el 92,5%), Cantabria (28.461 euros, el 91,9%), Asturias (28.130 euros, el 90,8%) y la Comunidad Valenciana (26.453 euros, el 85,4%). Y el resto componen la España pobre: Murcia (25.887 euros, el 83,6% de la media), Castilla la Mancha (25.758 euros, el 83,2%), Canarias (24.345 euros, el 78,6%) y sobre todo, Extremadura (23.604 euros, el 76,2%), Andalucía (23.218 euros, el 75% de la media), Ceuta (22.751 euros, el 70,5%) y Melilla (produce 20.479 euros por habitante, el 66,1% de la media).

Estos datos revelan que Melilla produce por habitante menos de la mitad que Madrid (el 48,5%) y Andalucía el 55%. Lo peor no es sólo esta tremenda “brecha” entre dos regiones  (una produce el doble que la otra) sino que esa diferencia apenas ha mejorado desde 2019 (Melilla producía el 49,36% y Andalucía el 53,92%) e incluso desde el año 2.000 (Extremadura, entonces la más pobre, producía el 49,53% que Madrid), según los datos del INE. Y además, las 7 regiones más ricas en 2023 (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares y Rioja) son las mismas que en 2008 y casi las mismas que en el año 2.000 (Madrid, Navarra, Baleares, País Vasco, Cataluña, la Rioja y Aragón). Y las más pobres de hoy (Melilla, Ceuta, Andalucía, Extremadura y Canarias) son las mismas que en 2019, casi las mismas que en 2008 (entraba Castilla la Mancha) y casi las mismas que en el año 2.000 (Melilla, Ceuta, Extremadura, Andalucía y Castilla la Mancha).

Pero hay algo más llamativo: esta brecha entre regiones más o menos productivas se arrastra desde hace siglo y medio, según el libro “La desigualdad regional en España 1860-2015”, escrito por tres catedráticos universitarios (Díez Minguela, Martínez-Galarraga y Tirado). Ahí documentan que la desigualdad regional aumentó entre 1860 y 1910, se redujo después entre 1910 y 1950, volvió a bajar entre 1960 y 1985 y lleva siendo elevada desde 1986, a raíz de la entrada de España en Europa, debido a que una economía más abierta ha agravado las diferencias regionales, al competir mejor unas autonomías que otras.

¿Por qué hay tanta desigualdad en el crecimiento de las autonomías? La existencia de 2 o 3 Españas tiene mucho que ver con la estructura económica de cada región (más o menos industria, más o menos servicios y el tipo de agricultura), su población (poca o mucha y nivel de envejecimiento), la educación y formación de sus trabajadores, el nivel tecnológico, la mayor o menor inversión pública o privada, las infraestructuras disponibles o el peso de la exportación. Y en el caso de Madrid, el factor “capitalidad”, que aporta un “crecimiento extra” porque las instituciones públicas y ser la capital del país atrae empresas, inversiones, población y talento, según este estudio del IVIE. Por todo ello hay regiones más o menos productivas, aunque el factor que más ha jugado en este siglo para explicar la brecha regional es la desigual creación de empleo.

Pero tras la mayor o menor productividad por habitante, luego entran en juego “los contrapesos”, mecanismos que intervienen para que esas regiones tengan más o menos renta. En principio, las regiones más productivas son también las más ricas, pero hay factores de corrección de esa “brecha económica”: las transferencias públicas (pensiones, desempleo, ayudas a la Dependencia), subvenciones y prestaciones sociales, el gasto público en sanidad y educación, las inversiones públicas, impuestos y la financiación autonómica. Y dentro de estas “medidas correctoras” destacan las ayudas europeas, que buscan corregir los desequilibrios regionales y que han sido ingentes (España ha recibido 176.000 millones de Fondos estructurales europeos entre 1989 y 2020, muchos para las regiones más desfavorecidas).

Pero estas transferencias y políticas públicas no han conseguido corregir las diferencias de renta entre las autonomías. En consecuencia, nos tropezamos otra vez con 3 Españas, según la renta neta por persona publicado por el INE. En 2023, la media española fue de 14.807 euros, siendo muy diferente según la región donde vivimos. Otra vez nos encontramos con una España rica, con más renta que la media, integrada por 7 autonomías: País Vasco (19.078 euros), Madrid (17.275 euros), Navarra (17.253 euros), Cataluña (16.546 euros), Asturias (16.201 euros), Baleares (15.926 euros) y Aragón (15.747 euros). Son las mismas regiones que tienen un mayor PIB por habitante, salvo Asturias (donde el envejecimiento y las pensiones suben la renta por persona). El mapa de la España pobre, con menos renta por persona, lo integran otras 8 regiones: Murcia (11.967), Andalucía (12.191), Melilla (12.745), Castilla la Mancha (12.357), Extremadura (12.421 euros), Comunidad Valenciana (13.374), Canarias (13.372) y Ceuta (13.403 euros). Coinciden con las autonomías menos productivas, aunque en otro orden (por las compensaciones de transferencias e impuestos). Y quedan las 4 autonomías de la España intermedia: Castilla y León (14.940 euros de renta por persona), Cantabria (14.708), Galicia (14.558) y La Rioja (14.529).

Estos datos significan que la renta media por persona en Murcia es un tercio menor (el 62,6%) que en el País Vasco y en Andalucía un 30% menos que en Madrid. Un problema que llevamos arrastrando décadas: hace casi 50 años, en 1977, un balear (los más ricos entonces) tenía 1,81 veces la renta de un extremeño (los más pobres), según un informe de la Fundación Alternativas. Luego, a lo largo de este siglo XXI, la brecha ha mejorado algo, pero poco: en el año 2000, un aragonés ingresaba 1,53 veces la renta de un extremeño, en 2008 (antes de todas las crisis), un vasco tenía 1,65 veces la renta de un extremeño y en 2023 (último dato publicado) , un vasco tiene una renta 1,6 veces superior a la de un murciano… Y además, España es el 2º país occidental (tras EEUU) donde más ha crecido la brecha entre regiones entre 2019 y 2022, según la OCDE, por la pandemia, la energía  y la elevada inflación.

¿Qué se puede hacer? Lo primero, gastar e invertir pensando en corregir estos desequilibrios regionales, tanto los Presupuestos como los Fondos europeos, esos 140.000 millones de euros que van a llegar hasta 2026. El objetivo es regionalizar la mitad de estos Fondos UE, pero la otra mitad, la que gestione el Estado, debería  invertirse con el objetivo de reconducir el crecimiento y el empleo de las regiones más pobres. Una segunda medida es planificar las inversiones públicas e infraestructuras para fomentar la inversión e instalación de empresas en la España más atrasada, que no debe vivir sólo del turismo, la agricultura o las pensiones. Un tercer frente de actuación es la fiscalidad, homogeneizando impuestos y evitando “paraísos fiscales” (Madrid). Y en cuarto lugar, urge aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica (pendiente desde 2014), porque el actual beneficia claramente al País Vasco y Navarra (reciben un 80% más por habitante que el resto, según la Fundación Alternativas), así como a Cantabria, la Rioja, Extremadura, Asturias, Aragón y Castilla y León, curiosamente a 7 de las 11 regiones españolas con más renta…

Mientras parece imposible pactar un nuevo sistema de financiación autonómica, el Gobierno Sánchez pone encima de la mesa “el caramelo” de perdonar 83.000 millones de deuda a las autonomías y traspasarla al Estado, con lo que las evitarían pagar unos 7.000 millones anuales en intereses. Es “un parche”, forzado por ERC, pero supondría “un alivio” para las autonomías, aunque debería aprobarse con 2 condiciones: que se utilice el “alivio” para gastar más en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales (no para ahorrarse pagos, como han hecho con el IMV y la Dependencia) y que no bajen impuestos (las autonomías del PP se quejan de falta de recursos, pero han perdido 2.856 millones sólo en 2024 por bajadas de impuestos, que benefician a los más ricos).

En cualquier caso, urge aprobar un nuevo sistema de financiación, que tenga más en cuenta la población y su edad, la "España vaciada" y los servicios públicos prestados, contemplando un Fondo de Compensación para que las autonomías más ricas ayuden a las más pobres a reducir la brecha de renta. Y en paralelo, pactar una hoja de ruta, con medidas económicas y sociales, inversiones y fiscalidad que promuevan un mayor crecimiento de las autonomías menos productivas y más pobres, para reducir la brecha de productividad en una o dos décadas. Hay que “repartir geográficamente” el crecimiento. Porque no es de recibo que los españoles tengamos distinta renta y distintos servicios públicos según donde vivamos. Hay que recortar la histórica “brecha” entre las 3 Españas. Este debería ser el gran debate y no el de perdonar la deuda.

jueves, 27 de febrero de 2025

España, un país mucho más digital

En unos pocos años, desde la pandemia, España ha dado un salto de gigante en la digitalización de la vida y la economía. Por un lado, somos el 5º país europeo con más hogares conectados a Internet y uno de los paises que más utiliza WhatsApp, las redes sociales o lee noticias, mientras más de 30 millones de españoles compran online. También somos el 5º país europeo con más uso online de servicios públicos (pago impuestos o cita sanitaria, por ejemplo), mientras tenemos más personas con competencias básicas de Internet que la UE-27. Incluso nuestras empresas se han digitalizado y un tercio de nuestras pymes venden online, siendo más las empresas que utilizan el análisis de datos, la factura electrónica o la inteligencia artificial que la media europea. Pero todavía queda mucho por hacer, sobre todo gastar más en tecnología y formación de especialistas TIC. La digitalización se lleva un 30% de los Fondos UE y hay que aprovechar para seguir avanzando hasta 2026, cuando se acaban.

                            Enrique Ortega

España es el 5º país europeo con más hogares con acceso a Internet: un 96,83% de los hogares españoles (18,75 millones, donde viven 47,4  millones de personas) tenían acceso a Internet en 2024, frente al 94,09% de hogares conectados en la UE-27, según los últimos datos de Eurostat. Sólo están más “conectados” que nosotros Paises Bajos (99,04% hogares conectados), Luxemburgo (98,84%), Finlandia (97,35%) y Dinamarca (96,83%), mientras superamos en conexión a Internet a Suecia (95,43%), Austria (94,96%), Francia (94,44%), Italia (93,41%), Alemania (92,65%) o Bélgica (91,38%). Un gran salto, dado que en 2015, sólo el 78,75% de los hogares españoles estaban conectados a Internet, frente al 84,7% en la UE-27, donde ocupábamos el puesto 15º en el ranking de conectividad.

Además de ser un país muy conectado, los españoles usamos mucho Internet: un 95,78% de los adultos (16 a 74 años) lo han usado en los últimos 3 meses, más que la media UE-27 (92,83% lo usaron) y nos coloca como el 8º país europeo con más uso de Internet, sólo por detrás de Dinamarca (99,77%), Paises Bajos (99,52%), Luxemburgo (98,76%), Irlanda (98,60%), Finlandia (97,95%) y Bélgica (95,98%), superando en uso de Internet a paises como Austria (94,92%), Francia (94,14%), Alemania (93,50%) o Italia (89,23%). Y si miramos los españoles que se conectan a Internet diariamente, son ya el 92% (entre 16 y 74 años), somos también el 8º país del ranking, tras Paises Bajos e Irlanda (98%), Dinamarca (97%), Suecia (96%), Luxemburgo o Chipre (94%) y Bélgica (93%), muy por delante de la UE-27 (88% adultos se conectan diariamente), Alemania o Francia (88%) e Italia (87%). Además, la “inclusión digital” de mayores y zonas rurales es mejor aquí que en la UE-27.

¿Para qué nos conectamos tanto a Internet? El último informe de Eurostat revela el elevado uso del correo electrónico (lo utilizan el 83,04% de los adultos en España, frente al 80,42% de media en la UE-27, siendo el 12º país del ranking de uso, por detrás de los paises nórdicos, Francia y Alemania), pero sobre todo el altísimo uso de la mensajería instantánea (el 93,12% de los adultos españoles usan WhatsApp y otros, siendo el 2º país donde es más popular, tras usarlo un 97,82% de las personas en Paises Bajos y el 79,22% en la UE-27) y la menor participación en las redes sociales: las utilizan en España el 64,7% de los adultos (16-74 años), frente al 79,22% de media en la UE-27, el 90,02% en Dinamarca, el 80,96% en Paises Bajos o el 72,64% en Bélgica, aunque su uso es aún menor en Alemania (58%), Italia (55,96%) o Francia (44,50%). Y España ocupa el lugar 10º en el ranking de lectura de noticias por Internet: las leen así el 75%, más que en la media UE (65%), Alemania (63%), Italia /55%) y Francia (52,6%), pero menos que en Paises Bajos y los nórdicos.

En España, los internautas también se conectan más que en Europa para ver vídeos de intercambio en YouTube o TikTok (75% de usuarios frente al 62% en la UE-27) y para ver los canales de TV de pago por streaming (58% en España, sólo por detrás de Dinamarca, Finlandia, Irlanda y Paises Bajos, frente al 48% en la UE-27). También los internautas españoles destacan en la utilización de servicios de e-salud: búsqueda de información sanitaria online (70% frente al 58% en la UE-27), reserva online de cita médica (el 61”, lo que nos convierte en el 2º país tras Finlandia, frente al 40% de media europea) y acceso online a historiales médicos (45% usuarios frente al 28% en la UE-27). Y en educación, España es el 4º país europeo donde se hacen más cursos online: un 30% de los adultos frente al 17% en Europa (ojo: 10% en Alemania, 14% en Francia y 18% en Italia).

El tremendo salto en el número de internautas en España y el gran uso de Internet se traduce en que cada vez más españoles compran online: en 2024, casi el 69%  de los adultos (16-74 años) compraron algo por Internet, un 10% más que antes de la pandemia (58% en 2019), lo que nos sitúa en la mitad del ranking europeo (puesto 16 de 27), con un porcentaje menor de compradores online que los paises líderes (94,70% Irlanda, 94,06% Paises Bajos, 90,86% Dinamarca y 88,39% Suecia), por debajo de Francia (80,29% adultos compran online) o Alemania (77,89%) y por delante de Italia (53,6%) y paises del Este. Y si tomamos sólo a los internautas, el porcentaje de los que compraron online el último año sube al 71,54% en España, por debajo de 19 paises y de la media UE (76,58% internautas).

Así que hemos dado un gran salto en compras online, pero todavía compramos por Internet menos que la mayoría de los europeos. Con todo, ya son más de 30 millones los españoles que compran online, según un reciente estudio de Red.es, con una cifra de ventas de 99.200 millones de euros en 2023, lo que supone 3.307 euros de gasto medio por comprador online. Lo que más compramos por Internet son ropa, calzado y accesorios (78,9% compras), seguido de entradas a eventos (57%), cosméticos (56,7%) y compra de comida (56,5). Los compradores online en España son, mayoritariamente, personas de mediana edad y con alto nivel de estudios e ingresos, que valoran la comodidad y el precio y se sienten cada vez más seguros al comprar online, sobre todo con el móvil (78,9% compras).

El tirón de las compras online tiene mucho que ver con el auge de las Webs extranjeras, porque más de la mitad de las compras online  hechas en 2023 (el 56,84%) fueron hechas fuera de España, sobre todo en Webs europeas (94,4% de las utilizadas), Reino Unido (2,1%), EEUU (1,4%) y Asia (0,8%), según los datos de la CNMC. Pero las empresas españolas cada vez venden más por Internet, según los datos de Eurostat: el 32,3% de las pymes españolas venden online, frente al 23,83% de las pymes europeas, lo que nos sitúa como el 6º país con más ventas online de las pymes, tras Lituania (42,07% pymes), Irlanda (39,57%) Dinamarca (38,76%), Suecia (36,50%) y Malta (34,51), muy por delante del porcentaje de pymes que venden online en Francia (18,34%), Alemania (22,97%) e Italia (20,41%). Sin embargo, tomando el conjunto de empresas que venden online, España aún tiene mucho pendiente: el volumen del comercio online es sólo el 10% del total, frente al 12% en la UE-27.

El gran salto digital que ha dado España en los últimos años se traduce en el índice DESI, que elabora la Comisión Europea sobre la digitalización de los paises UE. En el último estudio sobre la Década Digital, publicado en julio de 2024 (datos 2023), España se sitúa en el 8º lugar del ranking europeo de digitalización (con una nota de 62,9 puntos), frente al 11º lugar que ocupaba en el ranking DESI 2020. Y destaca que sólo nos superan en digitalización Dinamarca (69,6 puntos), Finlandia (68,4), Paises Bajos (67,5), Malta y Suecia (67), Irlanda y Luxemburgo (63 puntos). Y que estamos 6 puestos por encima de la media UE-27 (56,8 puntos) y muy por delante de Francia (56,8), Alemania (55) e Italia (54 puntos).

Este informe de la Comisión Europea evalúa 4 bloques de indicadores. El primero, sobre “capacidades digitales”, donde España ocupa el 7º lugar de Europa (con 8,8 puntos, por delante de los 7,6 puntos de media europea), tras Dinamarca, Finlandia, Paises Bajos, Suecia, Irlanda y Luxemburgo, gracias a que hemos mejorado en usuarios de internet, en personas con capacidades básicas digitales  (66%, frente al 56% de media en la UE-27 y todavía lejos del 85% de objetivo para 2030) y en graduados TIC, aunque todavía tenemos menos especialistas TIC (4,4% de los trabajadores) que la media europea (4,8%).

El 2º bloque que se evalúa son “las infraestructuras digitales” de cada país y aquí España ocupa el tercer lugar en Europa (23,7 puntos frente a 19,3 puntos en la UE-27), sólo por detrás de Dinamarca y Paises Bajos, gracias a nuestra extensa red de fibra óptica instalada  (tenemos más red de fibra óptica instalada que Francia, Alemania, Italia y Reino Unido juntos) y a la mayor cobertura de 5G y redes de alta capacidad, fruto de las inversiones hechas las últimas décadas por las telecos españolas, a costa de sus beneficios y nuestras tarifas.

El tercer bloque donde España también destaca es el de “digitalización de servicios públicos”, donde ocupamos el 5º lugar europeo (21,7 puntos frente a 20,3 la UE-27), sólo por detrás de Irlanda, Finlandia, Malta y Paises Bajos. Aquí, España destaca por tener más usuarios de la Administración electrónica (79,69% frente al 70% la UE-27), la mayor disponibilidad de servicios públicos online para ciudadanos (84% frente a 79%) y para empresas (91% frente al 85%, con el objetivo de llegar al 100% en 2030) y un alto acceso a servicios de salud electrónicos (85% en España y 79% en la UE, para llegar al 100% en 2030).

Donde España “pincha” en digitalización, a pesar de lo avanzado estos años, es en el bloque de “digitalización de empresas”, donde ocupamos el puesto 11º, con una nota inferior a la media UE (8,7 puntos frente a 9,6).  Estamos bien en el porcentaje de pymes con un nivel básico de intensidad digital (61% frente a 58% UE-27), intercambio de información electrónica (54% frente a 42%), uso de redes sociales (38% frente a 31%), análisis de datos (38% frente a 33% UE), ventas online pymes (32,22% frente a 23,83%), pero hemos avanzado menos en la utilización de “la nube” (27,2 frente al 38,9% la UE), el peso del comercio electrónico (10% frente al 12%), igualando el poco uso de la inteligencia artificial (9% frente al 8% la UE). Y tenemos menos empresas con alta intensidad digital (26 frente al 27,08% la UE).

Al final, salimos bastante bien parados de este “examen digital” de la UE, en un puesto intermedio, con menos digitalización que los paises nórdicos, Irlanda y Países Bajos, pero más avanzados digitalmente que Francia, Alemania, Italia y la Europa del Este, lo que no deja de ser “un milagro”, fruto en gran medida del Plan de Recuperación y de la apuesta de este Gobierno por la digitalización de la economía y la transición ecológica. De hecho, la digitalización de la economía es el 2º mayor bloque de gasto de los Fondos Europeos : se lleva el 29% de los Fondos, unos 33.700 millones (ayudas y créditos) entre 2021 y 2026. Un dinero que ya se ha gastado en gran parte, para financiar las grandes partidas de la Agenda Digital 2025: digitalización de pymes, desarrollo 5G, mejora competencias digitales, modernización de la Administración y digitalización del sistema educativo, sanitario y del turismo, junto al desarrollo del comercio online y la inteligencia artificial.

España ha conseguido que estas y otras inversiones (europeas, públicas y privadas) estén mejorando la digitalización de nuestra vida y nuestras empresas, algo imprescindible para competir, crecer y sostener el empleo. Pero todavía queda una gran tarea por delante, que hemos de “acelerar”, porque en 2026 han de ultimarse los proyectos financiados con Fondos europeos. Hay que seguir apostando por la digitalización desde la enseñanza (más FP y más carreras universitarias orientadas a formar especialistas TIC) a las pymes, pasando por los servicios públicos y la Administración. Tenemos ventajas de partida (como el amplio despliegue de fibra óptica y 5G) o el mayor porcentaje de internautas mejor formados), pero  queda avanzar en el mundo empresarial, con más gasto (público y privado) en tecnología e innovación: España invierte en I+D+i el 1,5% del PIB frente al 2,2% la UE.

La transformación digital es uno de los grandes retos del mundo en el siglo XXI, junto a la sostenibilidad medioambiental , la tecnología y la demografía. España ha conseguido subirse a este tren, del que va a depender nuestra competitividad, nuestro crecimiento y los futuros empleos (que nos obligarán a un completo reciclaje). Pero necesitamos avanzar en ese tren, con ayudas, inversiones y mucha formación, desde los jóvenes al último consumidor, desde las grandes empresas a las pymes y exportadores. Hay que completar esta “reconversión digital”.