Subida telecos y pelea por Telefónica

Movistar sube hoy sus tarifas de móviles e internet, como hizo Vodafone el 1 de enero y harán después los demás. Es el 10º año consecutivo de subida de tarifas, entre 28 y 40 euros al mes desde 2015, un aumento (+38%) muy superior al del IPC y los sueldos. Mientras, las telecos tienen “una gran movida” en España: esperan que Bruselas autorice la fusión de Orange y MásMóvil (anunciada hace año y medio), un fondo británico es el nuevo dueño de Vodafone y un Fondo saudí se ha convertido (sin previo aviso) en el primer accionista de Telefónica, la empresa que controla las comunicaciones de nuestras Fuerzas armadas y de seguridad. Por eso, el Gobierno ha reaccionado, aprobando la entrada del Estado en Telefónica (10%) y promoviendo un frente de accionistas españoles (con BBVA y la Caixa), para salvaguardar una empresa estratégica, como hicieron Alemania, Francia o Italia, accionistas de sus grandes telecos. Son “movidas” que revolucionan el sector, aunque las subidas de tarifas seguirán.

                 Enrique Ortega

Otro año más, nos suben las tarifas del móvil, internet y TV de pago. Hoy 15 de enero, Movistar  aplica la subida a sus 22,8 millones: entre 1 y 3 euros más al mes, según tarifas (y un 1 euro adicional en los contratos con TV de pago). Una subida media del +3,1%, inferior a la aplicada a principios de 2023 (entre 6 y 13 euros, un +6,18%). Como ya ocurrió en la subida de 2023, en esta de 2024 no hay una mejora de servicios, no se amplía a cambio ni la velocidad de conexión ni los datos. Y se justifica por el aumento de la inflación y costes. Otra teleco, Vodafone, ya subió el 1 de enero las tarifas a sus 11 millones de clientes: entre 0,70 y 4,30 euros más al mes, una subida media del +4,38% (inferior al 8,1% que subió Vodafone sus tarifas en 2023). Mientras, Orange no ha anunciado una nueva subida, aunque ya el año pasado se desmarcó y aumentó sus precios en marzo de 2023, dos meses después que Movistar y Vodafone. Y además, está pendiente de que Bruselas apruebe su fusión con MásMóvil, que en 2023 no subió tarifas (aunque sí las subió a finales de 2022 al 20% de sus clientes). Y Digi no va a subir tarifas este año, como tampoco lo hizo en 2023.

La subida de este año 2024 es la 2ª que no se justifica por una mejora de servicios (“más por mas”: más velocidad o más datos), como tampoco la de 2023, sino por la subida costes de las operadoras. Vodafone ya cambió sus contratos en 2022 para introducir una clausula de revisión automática anual de tarifas, según la subida del IPC entre octubre del año anterior y septiembre de cada año. Y también Movistar ha incluido una clausula para subir las tarifas por tres posibles motivos: subida del IPC, cambios normativos o aumento de costes del servicio (energía, licencias, impuestos). Eso sí, Movistar da la opción a sus clientes de darse de baja sin penalización, mientras Vodafone establece que los clientes con permanencia deben pagar una penalización si se dan de baja.

Con estas subidas de enero, es ya el 10º año consecutivo en que las telecos nos suben el precio del servicio. Las subidas empezaron en 2015, tras las fuertes bajadas de precios hechas entre 2009 y 2014, en medio de una batalla salvaje por el recién liberalizado mercado de las telecomunicaciones. En estos 10 años, las tarifas de las telecos por los servicios de móvil e Internet (más TV de pago) han subido entre 28 y 40 euros al mes desde 2015, lo que supone que ahora pagamos entre 336 y 480 euros más al año, lo que significa que pagamos casi el doble por estar conectados, aunque no nos demos cuenta porque han sido muchas pequeñas subidas consecutivas. Una subida media global del +38,1% desde 2015, muy superior a lo que ha subido la inflación en estos años  (+23%) y mucho más de lo que han subido los salarios (+16,86 subieron los convenios).

Lo peor no es que llevemos 10 años pagando más por utilizar los móviles e Internet, sino que los usuarios sufrimos una política de tarifas “de locos”, que perjudica a los clientes antiguos “fieles” en beneficio de los clientes nuevos, que consiguen mejores tarifas de entrada al cambiarse de compañía. Lo que sucede desde 2015 es que los clientes antiguos sufren subidas anuales (+38,1% en 10 años), mientras las mismas telecos se dedican a lanzar “ofertas low cost” a través de segundas marcas, con las que “tiran precios” para conseguir nuevos clientes y sustituir a los cientos de miles que les roban cada año las nuevas telecos. Un “doble rasero” que ya hemos visto en las aseguradoras: subidas anuales a los clientes antiguos y ofertas a mitad de precio a los clientes nuevos. Y así pagamos 85 euros al mes por un paquete de móvil e Internet (y más de 100 euros con fútbol), mientras esa misma teleco (a través de sus marcas low cost: O2, Lowi, Simyo) ofrece por 38 euros (y menos incluso) un servicio básico de móvil e internet…

Esta locura de tarifas (y las “ofertas” por Navidad o verano, que complican aún más el mercado) es fruto de la tremenda competencia entre las telecos, tanto entre las cuatro grandes (Movistar, Orange, Vodafone y MásMóvil) como entre ellas y las nuevas operadoras (Digi, Finetwork, Avatel o Adamo), que no tienen casi red y alquilan las de las grandes telecos para competir con ellos, aprovechando que tienen menos costes e inversiones. Esto provoca una espectacular “fuga de clientes” entre las telecos: en 2021, las tres grandes (Movistar, Orange y Vodafone) perdieron 1,5 millones de clientes y en 2022 perdieron otro millón, según los datos de la CNMC), en beneficio de Más Móvil y Digi. Y en 2023, los datos provisionales indican que Vodafone perdió 598.000 clientes, Movistar otros 273.000 y Orange 176.000, ganándolos  MásMóvil (+57.000) y sobre todo la rumana Digi (+598.000 clientes), que ya supera los 6,1 millones de clientes.

Esta guerra de tarifas y la fuga constante de clientes ha hundido las cuentas de las principales telecos en España: las compañías tienen más clientes (varios contratos por persona), cada vez más conectados, pero ingresan menos que hace una década: la facturación del sector se ha reducido un -25%, cayendo de un máximo de 44.080 millones en 2008 a 32.693 millones en 2021. Ingresan menos por cliente, porque las tarifas reales de móviles (por la guerra del “low cost”) han caído un -32% desde 2008, según la CNMC. En 2022, las telecos congelaron sus ingresos por servicios minoristas, que sólo crecieron un 0,96%. Y en 2023, las tres grandes telecos (Movistar, Orange y Vodafone) ingresaron en España 15.734 millones de euros, de enero a septiembre, sólo un 0,2% más que en ese periodo de 2022 (MásMóvil facturó un 3% más y Digi un +30,5%), según la CNMC. Como además de ingresar lo mismo, tienen que invertir en redes, sus beneficios se resienten: Telefónica ganó 2.011 millones (-40%), Orange 1.111 millones (-4%), Vodafone 947 millones (-1,1%) y MásMóvil 1.199 millones (+26%).

Con estas cuentas tan deterioradas, no sorprende que las telecos necesiten subir cada año las tarifas a sus clientes. Además, han buscado otras vías para ajustar sus cuentas. La primera vía, recortar plantillas año tras año, en perjuicio de la atención a los clientes: desde 2002 a 2021, las telecos que operan en España han recortado 38.252 empleos, un 46% de las plantillas. Y no paran. En enero de 2024, Telefónica ha pactado con los sindicatos un ERE para despedir a 3.421 empleados mayores de 56 años, el 21% de la plantilla (tras haber salido 11.000 empleados desde 2015). Y se teme que los cambios accionariales en Vodafone España traigan más despidos este año a su plantilla (4.000 trabajadores), lo mismo que a Orange y MásMóvil tras la fusión. La 2ª vía para ajustar cuentas ha sido la venta de activos, desde redes y clientes a torres de telefonía. La tercera vía, diversificar y meterse en nuevos negocios, para aprovechar sus 54 millones de clientes, a los que intentan vender alarmas, energía, seguros de salud, banca y créditos. Y la cuarta vía son las fusiones, intentar “ganar tamaño” para conseguir “economías de escala” (más ingresos y menos costes).

Las telecos españolas llevan años quejándose de que en Europa hay demasiada competencia, porque los Gobiernos han fomentado la entrada de nuevos operadores (sin red ni inversiones), para forzar a la baja los precios. Y denuncian también que hay demasiados operadores: Europa tiene 98 empresas de telecomunicaciones, mientras EEUU tiene solo 3 grandes (Verizon, T-Mobile y ATT), igual que China (China Mobile, China Unicom y China Telecom) y Japón (Softbank, NTT y KDDI). Y este enorme tamaño de norteamericanos y asiáticos (Verizon tiene 114 millones de clientes y China Mobile 900 millones frente a 40 millones de clientes Deutsche Telecom, la teleco líder en Europa) es lo que les permite ingresar más, invertir más, ofrecer más servicios y competir mejor con Europa. Y encima, en España hay 8 operadores de telecomunicaciones, frente a tres o cuatro en los principales paises europeos.

Por todo ello, las telecos que operan en España llevan años defendiendo las fusiones, mientras la Comisión Europea no las apoya. En 2016, bloqueó la venta de la filial británica de Telefónica, O2, a la china Hutchinson Whampoa. Y ahora, la Comisión Europea está retrasando la autorización de la fusión de Orange y MásMóvil, anunciada en julio de 2022 y pendiente de que Bruselas se pronuncie en febrero, tras varias dilaciones y exigencias. Esta fusión Orange-MásMóvil creará la primera teleco en España, con 31 millones de clientes (el 43% del mercado, por delante del 28% de Movistar y el 22% de Vodafone).

Mientras el sector espera la luz verde a esta fusión, este mes de enero se ha concretado otro cambio importante en Vodafone España, la 3ª mayor operadora (fruto de la compra de Airtel en el año 2000 y de Ono en 2014): ha tomado las riendas de la gestión su nuevo propietario, el fondo británico Zegona, que compró en octubre el 100% de Vodafone España por 5.000 millones, una operación pendiente de aprobar por el Gobierno, la CNMC y Bruselas. Al ser Zegona un fondo de inversión y no una teleco, algunos expertos temen que utilice su control para desmantelar Vodafone (vendiendo redes y clientes), mientras los sindicatos temen más despidos. Y los nuevos gestores anticipan que van a utilizar su marca low cost, Lowi, para promover una política de tarifas más agresiva y recuperar clientes.

En medio de la “movida” por la fusión de Orange y MásMóvil  y el cambio de propietario en Vodafone España, el sector se ha visto impactado por otra compra, la que anunció el 5 de septiembre la teleco saudí STC (controlada por PIF, el Fondo soberano de Arabia Saudí): había comprado (por sorpresa, sin avisar antes) el 4,9% del capital de Telefónica y tenía intención de comprar otro 5%, para convertirse en el primer accionista de la compañía. Esta compra hizo saltar todas las alarmas, en Telefónica y en el Gobierno Sánchez. Primero, porque ya había un precedente “poco edificante”: otro fondo de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Etisalat, compró entre 2022 y 2023 un 14,6% de la multinacional Vodafone, con la intención de controlar el 25%. Y en octubre de 2023, decidió vender la filial Vodafone España al fondo de inversión Zegona. Y segundo y más importante, porque Telefónica es la compañía que presta servicios estratégicos de comunicaciones a las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas españolas, que ahora controlaría un fondo soberano saudí. No por casualidad, es Defensa quien tiene que autorizar la 2ª compra de STC, el 5% pendiente.

El Gobierno Sánchez decidió apostar por el carácter estratégico de Telefónica y aprobó en Consejo de Ministros, el 19 de diciembre de 2023, la compra del 10% de Telefónica por la SEPI (la empresa pública que controla las participaciones del Estado en empresas públicas como Correos, Navantia, Mercasa, Hispasat o Tragsa y en empresas privadas como Indra, Red Eléctrica, Enagás o Iberia), con lo que el Estado se convertirá en el primer accionista de Telefónica. Algo que, a pesar de las críticas del PP,  sucede ya en otros paises europeos, cuyos Gobiernos controlan su principal teleco, por motivos estratégicos: el estado alemán posee el 13,8% de Deutsche Telecom, el francés controla el 13,4% de Orange y el gobierno italiano aprobó en agosto aumentar al 20% el control público en Telecom Italia. Además, el Gobierno promueve un frente de accionistas españoles en Telefónica, sumando al 10% de la SEPI el 6,03% de la Caixa y Criteria y el 4,87% que tiene el BBVA. En total un 20,9% de capital español, frente al 9,9% de STC (si se autoriza el 5% pendiente), más las participaciones de fondos extranjeros (4,48% de Black Rock, 3,14% de Vanguard Group y 1,95% de Norges Bank).

Este mes de enero, el Gobierno y la SEPI contratarán a un banco para organizar la compra de ese 10% de Telefónica entre inversores y Bolsa, que hoy costaría 2.136 millones (la acción cotiza a 3,71 euros), algo más de lo que les costó a los saudíes (2.000 millones, porque la acción de Telefónica estaba en agosto a 3,68 euros). Y a partir de ahí, el Estado y los inversores españoles pasarán a controlar la gestión de Telefónica, al cumplir 100 años de crearse, el 19 de abril de 1924, durante la dictadura de Primo de Rivera y controlada por la norteamericana ITT. En 1945, Franco nacionalizó Telefónica, que se privatiza después, entre 1995 (Felipe González vende un 10,7%) y 1997, cuando Aznar privatiza el 20,96% restante y pone al frente a directivos afines (Villalonga, Alierta), iniciándose su internacionalización, con 315 millones de clientes en 20 paises.

Como se ve, el sector de las telecos está en medio de “una gran movida” accionarial y de poder, con los Gobiernos europeos intentando promover una independencia estratégica frente a fondos especulativos y multinacionales extranjeras. Todo apunta a que habrá más fusiones y menos empresas ofreciendo servicios, lo que puede ser bueno para competir pero malo para los usuarios: tendremos menos operadores, más fuertes, que impondrán tarifas y condiciones, como se ha visto con los bancos, las petroleras y las eléctricas. Es lo que viene. Y pagaremos lo que nos cobren, porque no podemos vivir sin estar conectados. Cueste lo que cueste.

Los becarios ya cotizan (poco)

Desde el 1 de enero, es obligatorio que las empresas e instituciones que contratan a becarios (más de 1,2 millones) coticen por ellos, para su futura jubilación y para cubrirles en caso de accidente de trabajo. Pero su cotización está bonificada por la Seguridad Social, al 100%  los  estudiantes de Formación Profesional (las empresas no pagan nada por ellos) y al 95% los becarios universitarios, por los que empresas e instituciones pagarán ahora menos de 10 euros al mes. Y aún así, protestan, tanto las Universidades (que gestionan las becas) como los que contratan becarios, aunque les costarán menos que una comida. Mientras se ha avanzado con su cotización, está paralizado el Estatuto del Becario, que presentó Yolanda Díaz y los sindicatos en junio, sin que luego lo aprobara el Gobierno y con la oposición de la patronal. Entre tanto, el Europarlamento ha pedido a la Comisión una Directiva para regular las prácticas de los jóvenes europeos. Urge regular el trabajo de los becarios, porque hay demasiados abusos. Y poco empleo real.

                   Enrique Ortega

España es un país con muchas empresas e instituciones donde trabajan “becarios”, jóvenes que hacen prácticas durante algunos meses, la mayoría sin cobrar: los vemos en bancos, consultoras, aseguradoras, asesorías, despachos de abogados, medios de comunicación, empresas de marketing y una larga lista de empresas e instituciones que los han utilizado para contar con “mano de obra gratuita” y para “seleccionar personal”. De hecho, España es el 2º país europeo con más becarios universitarios, tras Eslovenia, según un Informe de 2015: el 67% de los titulados universitarios de 18 a 35 años habían hecho alguna práctica como becario, el doble que la media en la UE (33% de titulados han sido becarios). Y según otro estudio europeo de 2017, España era uno de los paises con más becarios que no cobran nada: el 58% no percibían remuneración, aunque un 70% de ellos trabajaban igual que sus compañeros no becarios. Y lo peor: 2 de cada 3 becarios acabaron sus prácticas sin quedarse en la empresa, repitiendo prácticas en otras empresas varias veces más.

Ya en 2012, la Comisión Europea advirtió a España que la mayoría de los becarios españoles hacían prácticas sin contrato ni garantías y pidió al Gobierno que mejorara sus condiciones laborales. Pero sólo lo han hecho algunas grandes empresas, sobre todo bancos, consultoras y multinacionales, que han firmado convenios con Universidades para cubrir cada año plazas de becarios, por unos meses, con un contrato y a veces con un pequeño sueldo (entre 600 y 1.000 euros mensuales). Pero la mayoría de los becarios siguen haciendo prácticas sin cobrar y quejándose de que aprenden poco, porque realizan tareas menores y no tienen un “mentor”, un tutor que les guíe o ayude (y si lo tienen, les dedica poco tiempo). Y en paralelo, las empresas se quejan de que los becarios “les llegan muy verdes”, “sin saber su cometido”, olvidando que van a aprender, no a cubrir un empleo.

Las asociaciones de jóvenes universitarios, los sindicatos y muchas Universidades llevan años pidiendo “regularizar” la situación de los becarios, desde hacerles un contrato a cotizar por ellos. Aprovechando la pasada reforma de las pensiones, el Gobierno Sánchez (el ministro Escrivá) introdujo en el Real Decreto Ley 2/2023, de 17 de marzo de 2023, un compromiso para que las empresas e instituciones que contratan a becarios sin remuneración (los becarios que reciben un sueldo ya cotizan desde 2011) coticen por ellos, una obligación que entró en vigor el 1 de enero de 2024. Eso sí, la cotización ahora obligatoria por estos becarios (en torno a 1.200.000 jóvenes) será nula o muy baja.

Hay dos tipos de becarios no remunerados y habrá dos tipos de cotización. En el caso de los estudiantes de formación profesional (FP) que hacen prácticas formativas en empresas (unos 500.000 el curso pasado, aunque este curso 2023-24 las prácticas/formación dual son obligatorias para todos los alumnos de FP, 1 millón en España), la Seguridad Social bonifica ahora el 95% de su cotización y el Ministerio de Educación paga el 5% restante, con lo que la empresa o institución donde haga las prácticas no cotiza nada por el becario. En el caso de los becarios universitarios (otros 650.000), la Seguridad Social bonifica el 95% de la cotización por contingencias comunes (la mínima) y la empresa o institución que los acoja debe pagar el 5% restante, más la cotización mínima por contingencias profesionales.

¿Cuánto van a pagar las empresas o instituciones por tener uno o varios meses a estos becarios universitarios (los de FP no les cuestan nada)? La cuota por contingencias comunes (excluida la prestación por incapacidad temporal, la baja por enfermedad, que no les cubre) es de 57,87 euros mensuales, pero como se les bonifica el 95%, sólo pagarán 2,89 euros mensuales. Y otros 7,03 euros mensuales por contingencias profesionales (no bonificadas), que cubre al becario en caso de accidente laboral o enfermedad profesional. En total, pues, la empresa o institución que contrate a un becario pagará 9,92 euros al mes, menos de 10 euros durante un periodo que suele ser de 2 a 6 meses. El coste de invitarle a comer… Y a cambio, el becario cotiza estos meses de prácticas (y otros que haga) para su futura jubilación y está más protegido en caso de accidente laboral. Eso sí, no les da derecho a cobrar el paro.

Pero resulta que las Universidades y muchas empresas han puesto el grito en el cielo por tener que cotizar ahora por los becarios universitarios (esos 650.000), por tener que pagar menos de 10 euros al mes por ellos… Ya hay empresas y sobre todo pymes (como farmacias, que tenían becarios estudiantes dos meses) que no van a coger becarios este año, al tener que cotizar por ellos, aunque dicen que no es tanto por el dinero (una miseria…) como por el coste administrativo de darles de alta en la Seguridad Social. En el caso de las Universidades, los rectores se han opuesto frontalmente a la nueva cotización, quejándose de que no tienen una estructura burocrática para afrontar este trabajo (hay Facultades que gestionan 400 prácticas y eso ahora les supone más trabajo).

El problema es que hay dos tipos de prácticas universitarias. Unas, las “curriculares”, son obligatorias, están ligadas a los estudios de grado, máster o doctorado: si el alumno no hace estas prácticas, no obtiene el titulo (caso de Farmacia, Medicina, Magisterio y muchas otras carreras). Las otras prácticas, “extracurriculares”, son voluntarias: los universitarios las pueden hacer o no, para mejorar su currículo y empleabilidad, pero no se exigen para titularse. Ahora, los universitarios que están forzados a hacer prácticas para titularse tienen un doble problema: conseguir una empresa o institución (el 65% de las prácticas se hacen ahora en instituciones públicas) que les coja y que quiera cotizar por ellos (menos de 10 euros al mes). Ya hay Universidades que denuncian el rechazo de empresas e instituciones y que se han visto obligadas a cotizar ellas (las Universidades) por los becarios para “colocarlos”.

Es una vergüenza que alguien rechace a un becario por evitarse papeleo y pagar 10 euros al mes, pero hay que inscribirlo en una vieja tradición de muchas empresas que no ven la necesidad de formar jóvenes (y menos pagando…), aunque luego se quejan de que no encuentran trabajadores… Mientras, los sindicatos creen que la obligatoriedad de cotizar por los becarios tiene una ventaja adicional, además de mejorar su protección laboral actual y su pensión futura: controlar el alcance de las prácticas, el abuso de la figura del becario, saber exactamente cuántos becarios hay, donde están y en qué condiciones. Además, Gobierno, sindicatos y patronal se han comprometido a negociar cómo reconocer la cotización de los becarios que han trabajado en los últimos 5 años, cara a su futura jubilación.

La cotización obligatoria de todos los becarios, desde el 1 de enero, es un gran paso para dignificar la primera experiencia laboral de los jóvenes, pero no el único que hace falta. De hecho, el 14 de junio de 2023, el Parlamento Europeo reclamó a la Comisión Europea por una amplia mayoría (404 votos a favor, 78 en contra y 130 abstenciones, incluidas las del PP español) que apruebe una Directiva para regular las prácticas formativas en Europa, en materia de duración, remuneración y protección social, dado que la normativa europea vigente es de 2014, tras la crisis financiera y sin el auge de la digitalización.

Un día después, el 15 de junio de 2023, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se quiso apuntar un tanto presentando públicamente el Estatuto del Becario, pactado exclusivamente con los sindicatos (presentes a su lado), un acuerdo que no contaba con el apoyo de los empresarios pero tampoco del resto del Gobierno Sánchez: la vicepresidenta Calviño creía que “estaba muy verde” y la prueba es que no se había aprobado en Consejo de Ministros. Finalmente, se convocaron elecciones y el Estatuto está en un cajón, pendiente de un doble acuerdo: por un lado en el seno del Gobierno y por otro como un tema más a negociar dentro del “diálogo social” con los sindicatos y la patronal. Así que los becarios tienen cotización obligatoria pero no un Estatuto, como pidió el Europarlamento.

El proyecto (no aprobado) de Estatuto del Becario, promovido por Yolanda Díaz y los sindicatos, incluye tres temas polémicos. El primero, restringe las horas de prácticas que puede hacer el becario: las “curriculares” (obligatorias) no podrán supera las 1.500 horas (188 días) y las prácticas “extracurriculares” (voluntarias) se limitan a 480 horas (60 días), la mitad que ahora. El segundo, el que despierta más rechazo patronal, que se pretende obligar a las empresas a compensar gastos al becario (aunque no obliga a remunerarlas), desde gastos de transporte a manutención, compensación que no se aplica si la empresa paga algún tipo de sueldo al becario. Y el tercer punto controvertido, que se aumentarían mucho las sanciones a las empresas incumplidoras, desde 7.501 euros a un máximo de 225.018 euros. Además, el borrador de Estatuto del Becario incluye limitar el número de becarios (no más del 20% de la plantilla), el número de becarios por tutor (no más de 5) y ampliar sus derechos: disfrute de vacaciones y festivos, derecho a los servicios de la empresa y derecho a ausentarse del trabajo por asistencia médica, enfermedad o accidente.

Mientras la Directiva europea del Becario y el Estatuto del Becario en España están “aparcados”, los jóvenes tratan de conseguir una beca con la que poner un pie en el mundo del trabajo. Parece claro que necesitamos una norma que evite abusos y regule estas prácticas, integrando en la regulación los distintos intereses de empresas, Universidades y estudiantes. Parece claro que la clave es separar lo que es formación de lo que es trabajo, para evitar que algunas empresas e instituciones utilicen a los becarios para “ahorrarse mano de obra”. De hecho, UGT estima que las empresas españolas se ahorran 3.300 millones anuales en salarios y otros 1.312 millones en cotizaciones por tener becarios. Esto es lo que hay que regular: que se les pague algo dignamente y que coticen por ellos, para que estén cubiertos ante incidencias y cara a su futura jubilación.

Pero los becarios son sólo una de las vías por las que los jóvenes acceden a un empleo. El alto nivel de paro de los jóvenes españoles (27,9% en menores de 25 años, frente al 14,5% en la UE-27 y el 5,6% en Alemania, según Eurostat) obliga a poner en marcha un abanico de medidas para conseguir que trabajen más jóvenes (sólo trabajan el 38,8% de los jóvenes españoles de 15 a 29 años, frente al 49,2% en la UE-27 y el 61,7% de los jóvenes en Alemania). Por un lado están los contratos en prácticas y para la formación, pero otra vía es el contrato de relevo: un mayor de 60 años trabaja menos horas (jubilación parcial) y es sustituido esas horas por un trabajador joven. Un tipo de contrato que ahora se utiliza poco (sólo hubo 25.131 jubilaciones parciales en 2022), porque hay demasiadas restricciones y las empresas cotizan lo mismo por el trabajador que reduce su jornada para que lo releve parcialmente un joven. Algo preocupante porque tenemos unas plantillas envejecidas (2 millones de trabajadores tienen más de 60 años) y 500.000 jóvenes en desempleo.

Ante el preocupante panorama de los jóvenes en España, la OCDE nos dio en octubre pasado  dos recetas: mejorar su formación, para que aprendan lo que necesitan las empresas (que se quejan de que no encuentran los profesionales que buscan) y ayudarles a colocarse, con una reforma de las oficinas de empleo, para hacer un seguimiento de la empleabilidad de los parados y ayudarles a colocarse, sobre todo a los jóvenes. Ambas vías tienen que ver también con las prácticas, que deberían reconfigurarse no sólo para que no haya abusos sobre los jóvenes sino para que sean eficaces para encontrar un empleo futuro. Eso debería ser el centro de cualquier futura normativa sobre los becarios. Ayudarles a trabajar.

Coto a los pisos turísticos

Los alquileres han vuelto a subir en 2023, un +10,1%. Con ello, alquilar es hoy un +69,5% más caro que hace una década. La causa, que faltan viviendas para alquilar y la oferta se ha reducido incluso en el último año. Una parte, porque se desvían pisos al alquiler turístico, buscando mayor rentabilidad, lo que ha disparado los alquileres en ciudades y pueblos turísticos. De hecho, hay 340.000 viviendas turísticas, un récord histórico, sobre todo en Málaga, Sevilla, Baleares, Canarias, Madrid, Barcelona, Valencia y 48 municipios donde los pisos turísticos superan el 10% del total, deteriorando los cascos históricos y dificultando que trabajen y alquilen camareros, personal hoteles, profesores y médicos. Por eso, hay muchas ciudades que ponen trabas a los pisos turísticos, en España y en otros paises, mientras la Comisión Europea prepara un Reglamento para regularlos. Y también el Gobierno Sánchez prepara medidas, aunque la competencia es autonómica y municipal. Reducir los pisos turísticos ayudaría a bajar los alquileres, pero urge aumentar la oferta de viviendas.

Alquilar es un grave problema que no mejora. En 2023, los alquileres han vuelto a subir un +10,1%, según el portal Idealista. Y 28 capitales tienen ya unos precios históricos de los alquileres, con un precio medio de 12,1 euros por metro cuadrado. Y con ello, los alquileres han subido ya un +69,5% en la última década. Los expertos insisten: la causa principal de estas subidas está en la falta de viviendas en alquiler, que incluso se han reducido el último año, porque algunos propietarios han retirado sus viviendas del  mercado, ante la limitación de subir más del 3% y por temor a los futuros topes de alquileres que permite la Ley de Vivienda. Y en otros casos, muchos propietarios han desviado su vivienda como piso turístico, buscando ingresar en dos fines de semana lo que antes recibían por un mes de alquiler (y sin problemas de impagos y okupas).

Las estadísticas oficiales de pisos turísticos han dado un salto espectacular, según el INE: a finales de agosto había en España 340.400 viviendas turísticas registradas (y puede que otras 200.000 “ilegales”, no dadas de alta), un 10,8% más que hace sólo dos años (307.000 en agosto de 2021), con 1.737.509 plazas turísticas. Por autonomías, la mayor oferta de pisos turísticos se registra en Andalucía (79.065, con 395.467 plazas turísticas), seguida de la Comunidad Valenciana (58.337 pisos y 302.921 plazas), Cataluña (52.026 pisos y 289.637 plazas), Canarias (44.376 pisos y 188.355 plazas), Baleares (26.507 pisos y 165.717 plazas), Galicia (18.080 pisos y 95.778 plazas) y Madrid (16.970 viviendas turísticas y 64.811 plazas). Pero por ciudades, la mayor oferta de pisos turísticos se registra en Madrid (14.133 viviendas turísticas, con 51.265 plazas), Barcelona (7.531 pisos y 36.122 plazas), Málaga (6.550 pisos y 28.228 plazas), Valencia (5.892 pisos y 23.310 plazas) y Sevilla (5.432 pisos y 22.622 plazas turísticas), según el INE.

El porcentaje de pisos turísticos sobre el total de viviendas es bajo (1,29% de media en España), pero hay autonomías con un peso mucho mayor, como Canarias (4,08% viviendas son turísticas) y Baleares (4,06%), Cantabria (1,80%), Comunidad Valenciana (1,78%, con 2,81% del parque total en Alicante), Andalucía (1,69% del total, subiendo al 3,92% en Málaga, con 39.041 pisos turísticos en toda la provincia  y al 2,30% en Cádiz, con 14.894 pisos turísticos en la provincia) y Cataluña (1,33% de pisos turísticos, con el 4,27% en Girona, que tiene 21.632 pisos turísticos en capital y provincia). Y sobre todo hay 48 municipios españoles con más del 10% de sus viviendas de uso turístico, según el INE: 13 municipios en Cataluña (10 de ellos en Girona), 11 en Canarias (en Yaiza, el 22% de las viviendas son pisos turísticos) , 10 en Baleares (en Pollensa, el 21,4% del parque son pisos turísticos), 4 en Andalucía (3 de ellos en Cádiz: en Conil, el 14,4% de las viviendas son pisos turísticos), 4 municipios de la Comunidad Valenciana (todos en Alicante) y 1 más en Huesca.

Con este enorme porcentaje de pisos turísticos en algunas ciudades y pueblos, se reduce drásticamente la oferta de alquiler para uso residencial, disparándose los alquileres. Y eso sin contabilizar los pisos que se alquilan para uso turístico sin estar registrados como tales: el Ayuntamiento de Barcelona acaba de multar con 420.000 euros al propietario de un bloque de 14 viviendas en la Ciudad Vieja que llevaba 6 años alquilándolas para uso turístico sin licencia. Son muchos los propietarios que, ante la limitación de alquileres (pueden subir un 3%) y los temores a futuros topes (la Ley de Vivienda los contempla para zonas tensionadas y estarán listos en 2024), han dejado de alquilar sus viviendas y las destinan ahora al alquiler turístico, donde ganan en un par de fines de semana lo que antes ingresaban por el alquiler de un mes. Y hay inmobiliarias y profesionales especializados en esta oferta: el 26% de los pisos turísticos ofertados en Madrid y el 37% de Barcelona son de anunciantes que tienen más de 10 inmuebles, según el portal Inside Airbnb.

Este “boom” de los pisos turísticos tiene otras consecuencias, además de disparar el precio de los alquileres para las familias y personas que los necesitan para vivir. Por un lado, se producen “fugas” de familias que dejan los centros de las ciudades y se van a vivir a las afueras, para evitar las incomodidades de portales y casas repletas de turistas, sobre todo los fines de semana. Es lo que se llama la “gentrificación” de los cascos históricos. En Sevilla, por ejemplo, en el barrio de Santa Cruz, los estudios revelan que 6 de cada 10 viviendas se alquilan a turistas. Y en el centro de Madrid, en la zona de la Puerta del Sol, el 28,3% de las viviendas son apartamentos turísticos. Lo mismo pasa en el centro de Barcelona, Málaga, San Sebastián, Palma o Valencia.

Este desvío de viviendas al alquiler turístico está afectando seriamente a algunos trabajadores que necesitan alquilar un piso para vivir y trabajar en zonas con un alto porcentaje de pisos turísticos, como Barcelona, Gerona, Baleares, Canarias, Levante y Costa del Sol, donde los hoteleros, bares y restaurantes no encuentran personal porque el alquiler les cuesta más que el sueldo que reciben. Y lo mismo les pasa a profesores, policías o médicos, a los que no compensa ir a trabajar a zonas turísticas, porque o no encuentran casa o sólo se la alquilan en invierno y en verano no encuentran o se tienen que ir (hay casos de camareros en Mallorca que duermen en el coche…).

El auge de las viviendas turísticas tiene otro problema más: satura de turistas muchas zonas de España, que se han colapsado con viajeros (nacionales y extranjeros) que antes no iban o que ahora van más porque el fin de semana les cuesta menos en un piso turístico. Ese aluvión de turismo de bajo coste, que busca pisos de fin de semana o vacaciones en las plataformas de alquiler turístico, ya ha provocado protestas de los vecinos en Palma, la Costa Brava, Alicante y Valencia, Málaga y la Costa del Sol, Andalucía y muchos pueblos de Canarias. Y en paralelo, los hoteleros se quejan de “competencia desleal”, de que muchas de estas viviendas turísticas no están registradas o no pagan impuestos como ellos.

Por todos estos problemas, en especial disparar los alquileres, son muchos los paises y ciudades del mundo que están limitando los pisos turísticos. Ya en 2021, Barcelona fue la primera ciudad europea en controlar y limitar los alquileres turísticos. Y le han seguido París, Ámsterdam o Londres (donde la primera vivienda se puede alquilar un máximo de 30 a 120 días al año), mientras en Berlín este alquiler también necesita un permiso (máximo 90 días). También hay controles y limitaciones al alquiler turístico en Tokio, Singapur o Sídney. Y la ciudad de Nueva York aprobó en septiembre una Ley local que establece 5 requisitos para poder alquilar una vivienda con fines turísticos, lo que ha recortado drásticamente la oferta de las plataformas. También Portugal aprobó otra Ley en septiembre para prohibir nuevos pisos turísticos en las principales ciudades. Y en noviembre, la ciudad de México aprobó una iniciativa para controlar las estancias turísticas en la capital. La última en sumarse a esta corriente ha sido Florencia, prohibiendo los alquileres de corta duración en el centro de la ciudad, donde ya un 30% de las viviendas son de uso turístico.

En España, múltiples ciudades han limitado la proliferación de viviendas de uso turístico, con Barcelona y Palma como pioneras. En la capital catalana, el alcalde Xavier Trías (Convergencia) y congeló las licencias turísticas en 2014. Y un año después, Ada Colau aprobó un Plan que sólo permitía nuevos pisos turísticos en zonas periféricas, Plan que los tribunales declararon nulo, por lo que presentó una nueva versión. Y ahora, el nuevo alcalde socialista quiere controlar y reducir más las viviendas turísticas. En Palma, ya en 2017 se prohibió ampliar la oferta de pisos turísticos, aprobándose también limitaciones en el resto de las islas. Y lo mismo hizo el Ayuntamiento de Valencia, en 2018. Ahora, tanto en Baleares como en Valencia, gobernados por el PP con apoyo de Vox, se teme que los nuevos ediles abran la mano a los pisos turísticos y los vigilen menos, aunque existe una gran presión popular. Y en Madrid, el anterior Ayuntamiento de Manuela Carmela aprobó un Plan para restringir los alquileres turísticos en el centro, Plan que la Justicia rechazó en 2021, tras un cumplimiento deficiente. Y ahora, los vecinos de muchos barrios del centro se quejan de que el Ayuntamiento popular limita las inspecciones a los apartamentos turísticos.

En 2023, se han aprobado medidas para limitar los alquileres turísticos en Santiago de Compostela, Toledo (se prohíbe superar el 20% del parque en el caso histórico), San Sebastián (se “cerró el grifo” en marzo a nuevas licencias), Burgos y Pamplona, mientras Sevilla y Cádiz aprobaron nuevas ordenanzas ya en 2022.

En muchas ciudades, los intentos de limitar los alquileres turísticos han chocado con recursos de particulares y empresas, a los que han apoyado los Tribunales. Por eso hay autonomías que han preparado Leyes autonómicas para dar amparo a las decisiones municipales. En enero de 2023, el anterior Gobierno de Aragón aprobó un decreto para regular las viviendas turísticas, decreto ahora en el aire, tras el Gobierno de PP y Vox. El Gobierno andaluz va a publicar este mes de enero un Decreto que habilitará a los Ayuntamientos andaluces a limitar los alquileres turísticos en sus Planes urbanísticos. Y en Cataluña, el Govern aprobó el 7 de noviembre un Real Decreto que permite a los Ayuntamientos limitar los pisos turísticos (con un tope de 10 apartamentos por cada 100 habitantes en 262 municipios saturados), una normativa apoyada por ERC y PSC, con Junts, PP y Vox en contra. El Gobierno catalán quiere con esta norma cerrar 28.000 pisos turísticos de los 103.000 que cree existen en Cataluña.

Mientras se generaliza esta “cruzada” internacional y española contra la proliferación de pisos turísticos, algunos vecinos han encontrado una vía legal para defenderse de la invasión: aprobar en las Juntas de vecinos, por mayoría del 60%, la prohibición de dedicar viviendas al alquiler turístico. Y eso porque hay una sentencia del Tribunal Supremo que ha dado la razón a dos Comunidades de propietarios (en San Sebastián y Oviedo), que habían recurrido contra la existencia de pisos turísticos en sus portales porque los Estatutos de sus Comunidades prohibían expresamente que las viviendas se usasen “para ejercer una actividad económica”. Y el Supremo cree que el alquiler turístico lo es.

Ahora, el nuevo Gobierno Sánchez se ha sumado a esta “cruzada” para poner coto a los pisos turísticos, al crear en diciembre pasado un Grupo de Trabajo, entre el nuevo Ministerio de Vivienda y el de Industria y Turismo, para estudiar posibles medidas legales y propuestas para poner coto a los pisos turísticos, aunque la competencia es de autonomías y Ayuntamientos. Entre las medidas que se estudian está una posible reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, para facilitar que las Comunidades de propietarios aprueben la prohibición de pisos turísticos, y medidas fiscales para incentivar a los caseros que alquilen sus viviendas para usos tradicionales. Y además, incluirían posibles medidas que apruebe la Comisión Europea, que ha elaborado un Reglamento para exigir más trasparencia y más control a las plataformas que alquilan pisos turísticos en Europa.

Al final, si se consigue que la mitad de los pisos turísticos actuales (más de 500.000) vuelvan a alquilarse para familias y jóvenes que los necesitan, eso aumentaría la escasa oferta actual y ayudaría a bajar los alquileres. Pero no es la medida más eficaz: la clave es aumentar la oferta de viviendas en alquiler, incentivando (no imponiendo) el alquiler a los que tienen una vivienda vacía (1.900.000) o vieja (rehabilitándola) y aumentando la promoción de viviendas públicas y privadas para alquiler. Se estima que hacen falta 1.200.000 viviendas en alquiler en los próximos 10 años para atender a la demanda actual y futura. Eso exige aumentar el parque público en alquiler (hoy casi inexistente) y ayudar a que Ayuntamientos y promotores promuevan viviendas públicas y privadas con alquileres accesibles, dotando los proyectos con suelo barato y financiación asequible. No basta con poner coto a los pisos turísticos ni imponer topes (“populistas” e inútiles) a los alquileres: hay que sacar al mercado viviendas vacías y construir más .

La Superliga, un pastel de 5.000 millones

Los aficionados al fútbol han vivido estas Navidades otro capítulo del “culebrón” de la Superliga, que enfrenta al Madrid y al Barça con la UEFA: una sentencia del Tribunal de Justicia europeo dio alas a la nueva competición europea, acusando al organismo del fútbol europeo de “abuso de posición dominante”, pero les obliga a pactar su futuro con la UEFA. Un empate que tardará en dirimirse y que encubre un problema de fondo: los grandes Clubes de futbol están metidos en una tremenda burbuja de gastos y necesitan urgentemente ingresos. La Superliga les ofrece un nuevo pastel de 5.000 millones y la UEFA promete ampliar la Champions y sus ingresos la próxima temporada. El problema es que los ingresos de los Clubes se estancan y sus costes (sobre todo por fichajes) se disparan, con lo que no les salen las cuentas. Al final, intentan buscar dinero por cualquier vía, que no les estalle "la burbuja", una huida hacia delante que mantenga el negocio, mientras el deporte de base carece de recursos.

                   Enrique Ortega

El fútbol europeo es uno de los grandes negocios del continente. Sólo las 5 grandes Ligas europeas (Premier británica, Liga española, Bundesliga, la serie A italiana y la Ligue 1 francesa) superaron los 17.244 millones de euros en la temporada 2021-22, el 60% de los 29.500 millones de euros que facturaron todas las competiciones continentales, un nuevo récord de ingresos, según el informe anual de la consultora Deloitte. Y los 20 Clubes de fútbol más importante de Europa ingresaron más de 9.200 millones de euros en la temporada 2021-2022, encabezados por el Manchester City (731 millones), el Real Madrid (714 millones) y el Liverpool (701,7 millones), con el Barcelona en 6º lugar (638,2 millones) y el Atlético de Madrid en el puesto 12º del ranking (393,9 millones), según Deloitte.

Los grandes Clubes y Ligas europeas llevan años metidos en una carrera por crecer, para conseguir más ingresos con los que pagar sus crecientes gastos, sobre todo en fichajes. Y en esa estrategia, el 18 de abril de 2021, el Real Madrid, el Barcelona y otros 10 grandes Clubes europeos (británicos e italianos) lanzaron la idea de la Superliga, una competición cerrada para esos 12 Clubes, al margen de la UEFA, con el apoyo financiero del banco de inversión JP Morgan, que prometía buscar inversores y financiación. Para gestionarla, el Madrid y el Barça contrataron (en marzo 2021) a la sociedad A22 Sports, radicada en Madrid y controlada por dos inversores internacionales que habían ayudado al presidente del Madrid, Florentino Pérez, a conseguir un crédito de 370 millones para financiar el nuevo Bernabéu.

Pero la propuesta de la Superliga apenas duró unas horas, porque el carácter cerrado de la competición provocó manifestaciones en contra de aficionados, sobre todo británicos, así como una amenaza del primer ministro, Boris Johnson, de aprobar de urgencia una Ley para “salvar el glorioso fútbol británico”, pionero en el mundo… El resultado fue que los grandes equipos de la Premier británica se descolgaron antes de 24 horas de la Superliga, lo mismo que el Atlético de Madrid, el Inter y el Milan, preocupados por las amenazas de la UEFA de sancionar a los Clubes que se unieran a la nueva competición. El Madrid y el Barça recurrieron a un Tribunal de lo Contencioso en Madrid, que “se quitó de en medio”, reenviando el litigio al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Ahora, 2 años y medio después, el 21 de diciembre de 2023, el Tribunal Europeo (TJUE)  hizo pública su sentencia, bastante contundente. Señala que tanto la FIFA como la UEFA están “abusando de posición dominante” con respecto a la autorización de la Superliga, al amenazar con sanciones e impedir su lanzamiento. Y además, el TJUE señala que estos vetos “son contrarios al derecho de la Unión Europea y a la normativa europea de la competencia”, porque la organización de competiciones de fútbol y su explotación son “actividades económicas”.

En definitiva que el fútbol es un negocio y la UEFA debe respetar las normas europeas en materia de competencia y libertad de circulación. A cambio, la sentencia reconoce también que la Superliga, como cualquier competición, debe contar con el visto bueno de la UEFA, ya que los Clubes participan en Ligas nacionales y torneos internacionales. En definitiva, el Tribunal defiende la libre competencia pero llama al acuerdo. Empate, aunque ambas partes creen que les favorece. Por un lado, la UEFA (y la FIFA) señala que ya reformó hace un año sus amenazas sobre la Superliga y que no está dispuesta a aplicarlas. Por otro lado, la Superliga ha reformado drásticamente la competición, que ahora abre a 64 Clubes europeos masculinos, en 3 divisiones: Star (16), Gold (otros 16 y Blue (32 equipos, que jugarían en grupos de 8 (a 2 vueltos) y un mínimo de 14 partidos. El nuevo sistema contempla ascensos y descensos entre divisiones  y contempla 20 entradas de nuevos equipos cada año  a la 3ª división (Blue), por méritos en las Ligas domésticas. Y una Superliga femenina.

Además de “abrir la competición” (pero dejando a los grandes equipos en la 1ª y 2ª división, Star y Gold, de esta Superliga), la nueva propuesta viene con un “caramelo” económico para los grandes Clubes: se contempla emitir los partidos por televisión, a través de un nuevo canal en streaming (Unify), de acceso gratuito y financiado con publicidad e inversores europeos y norteamericanos. Y gracias a estos ingresos de emisión, sobre todo en Asia y América, la Superliga ofrece a los Clubes unos ingresos adicionales de 5.000 millones de euros, destinando el 8% de ellos (400 millones) a “acciones de solidaridad”. Y ofreciendo a los jóvenes aficionados ver los partidos gratis (más partidos, ya que se jugarían entre semana y durante todo el año), sin tener que abonarse “a costosas plataformas”. Y a los Clubes, no depender de las telecos para financiarse.

Ahora, la Superliga quiere negociar estas nuevas condiciones con los Clubes en privado (de momento sólo tienen el apoyo del Real Madrid, el Barça y el Nápoles), sin que trascienda, para evitar el rechazo de los aficionados y de las Ligas nacionales, tratando de convencerles de que es una forma de ingresar más. Y en paralelo, la UEFA les promete una nueva Champions para la próxima temporada, con más partidos (189 frente a los 125 actuales) y más ingresos: sumarían 4.400 millones para la temporada 2024-25, entre los ingresos de la Champions, la Europa League y la Conference League, de los que los Clubes se llevarían unos 3.800 millones de euros anuales (frente a 3.238 este año). 

Así que las espadas siguen en alto, a la espera de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso nº 10 de Madrid (que tardará) y de las negociaciones (ahora “discretas”) de los Clubes con la UEFA y la Superliga. Pero no se pueden poner “puertas al campo” y los grandes Clubes seguirán buscando fórmulas para ingresar más y afrontar unos gastos disparados. Y la UEFA seguirá defendiendo su poder y su presupuesto millonario, mientras los aficionados asisten atónitos a esta pelea interesada, donde se juegan millones y no deporte. Y otra consecuencia: los jugadores tendrán cada año más partidos y torneos, aumentando las lesiones.

En el fondo, lo que se dirime en esta pelea por la Superliga es el futuro del gran negocio del fútbol, en Europa u en el mundo, sumido en una “gran burbuja” de costes. Los grandes Clubes, como los británicos de la Premier o el Real Madrid y el Barça se enfrentan a unos gastos desorbitados, motivados por una guerra de fichajes y la entrada de Arabia Saudita y otros paises árabes en el negocio. La última década del fútbol europeo se ha caracterizado por unos fichajes desorbitados: los Clubes de la Premier League británica han gastado el verano pasado 2.800 millones de euros en fichajes, cuadruplicando lo gastado en 2013. Y también se han disparado los salarios de los jugadores. Sin embargo, los ingresos por TV se han estancado, lo mismo que los ingresos por entradas y marketing, que no crecen al mismo ritmo que los gastos. Y encima, muchos han tenido que endeudarse para construir estadios faraónicos, que suponen una enorme carga financiera para sus cuentas.

Los grandes Clubes de fútbol europeo tratan de sobrevivir y que no estalle esta burbuja de costes, buscando desesperadamente ingresos. Una vía es la Superliga, salga adelante o no. Y si no, vendrán otras, a costa de internacionalizar la audiencia, de buscar nuevos inversores y telespectadores por el mundo. Pero los ingresos no son fáciles de aumentar y la presión de los fichajes y los sueldos millonarios es imparable. Por eso, hasta la propia UEFA está preocupada por el estallido de la burbuja del fútbol europeo. Ya esta temporada ha impuesto un tope de costes (en fichajes, traspasos, salarios y honorarios de intermediarios), que no pueden superar el 90% de los ingresos totales (y beneficios de la compraventa de jugadores). Y para la próxima temporada, el tope de gastos bajará al 80% de los ingresos y al 70% en la temporada 2025-2026. Esta nueva limitación de gastos de la UEFA preocupa mucho a la mayoría de Clubes, porque los 20 grandes europeos tienen un porcentaje medio de gastos que suponen hoy el 86% de sus ingresos, según la consultora Football Benchmark. Así que la mayoría tendrán que ajustar sus cuentas o buscar desesperadamente ingresos. Por eso asistimos a la batalla de la Superliga y a los cambios de la UEFA.

Mientras los grandes Clubes del fútbol europeo pelean por  su negocio y tratan de evitar que la burbuja que han creado les estalle en la cara, la mayoría de los equipos “normales”, al margen de los grandes, tratan de sobrevivir, sin dinero para grandes fichajes ni estadios, con estrecheces económicas, defendiendo el deporte por encima del negocio. Aplausos a ellos.