lunes, 16 de noviembre de 2020

Fondos cazan "gangas" en plena pandemia


En esta pandemia, la mayoría miramos los datos de contagios y muertes, pero otros (Fondos e inversores) se dedican a mirar la Bolsa. Y eso, porque el coronavirus desplomó las cotizaciones (-40% en marzo) y muchas empresas valen ahora la mitad, con lo que es más barato controlarlas. Ante las primeras compras especulativas, el Gobierno incluyó en el Decreto del 17 de marzo una disposición para exigir autorización a las compras de extranjeros superiores al 10%. Eso frenó OPAS hostiles, pero estos meses se han hecho pequeñas compras de empresas por 4.000 millones. Y la vigilancia sigue, dado que antes de la pandemia, en 2019, un 50,2% de la Bolsa española estaba en manos de inversores extranjeros, sobre todo de Black Rock (EEUU), Norges (Noruega) y otros fondos USA. Mientras, la Comisión Europea ha aprobado un Reglamento para vigilar las inversiones extranjeras (China, Rusia y EEUU) en sectores estratégicos. Defendernos o no, ese es el debate en Europa, con o sin COVID. Lea y opine informado.

Una de las primeras consecuencias de la pandemia, con la caída de la actividad y el confinamiento, fue el desplome de la Bolsa: el IBEX 35 cayó un -39.43% en menos de un mes, entre el máximo del 19 de febrero (índice 10.083,60) y el mínimo el 16 de marzo (6.107,20), con el estado de alarma. Esto se tradujo en que las 35 grandes empresas españolas que cotizan en el IBEX 35 (y el resto) valían casi la mitad: era el caso de Telefónica (valía 18.242 millones frente a 32.403 el 19 de febrero), Repsol (9.745 millones frente a 20.071 millones un mes antes), Santander (36.128 frente a 61.986), BBVA (17.565 frente a 34.495), Mapfre (3.874 millones frente a 6.795) o Meliá Hoteles (675 millones de valor bursátil el 16 de marzo frente a 1.560 el 19 de febrero). Y lo mismo el resto de empresas que cotizan en el mercado continuo (129 en total) o en el MAB (41 empresas).

Con el desplome de las cotizaciones, muchos Fondos e inversores estaban con la vista puesta en “cazar gangas”, para aumentar su participación en las empresas a mitad de precio. Por un lado, los grandes Fondos internacionales, que se dedican a invertir por todo el mundo el dinero que les aportan grandes inversores o Fondos de pensiones. El 20 de marzo, dos de ellos comunicaron a la Comisión que vigila la Bolsa (CNMV) dos operaciones hechas antes de decretarse el estado de alarma. Una de JP Morgan Chase, el mayor banco de inversión USA, que había comprado el 4,731% de Repsol (unos 500 millones) con lo que ya tenía el 6.855% del capital y se convertía en el 2º accionista de la petrolera, tras la española SACYR (8,20%). La otra, la compra del 0,085% de Telefónica (20,5 millones) por Black Rock (USA), la mayor gestora de fondos del mundo, que elevaba así al 5,295% su participación en la teleco española, reforzándose como 2º accionista, tras el BBVA (6,96%).

No fueron las únicas “compras oportunistas” antes del estado de alarma. Black Rock hizo dos compras de ACS en febrero y marzo, operando después hasta agosto, para aumentar su participación del 3,1773% de febrero al 4,998% actual, colocándose como el 6º mayor accionista de la empresa de Florentino Pérez. El mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, compró el 9 de marzo un 2,449% (31,4 millones) de la inmobiliaria Metrovacesa, con lo que ya tiene el 5,495% del capital y se consolida como el 3º mayor accionista, tras Santander (49,362%) y BBVA (20,849%). Y el fondo Fidelity (USA) amplió el 10 de marzo al 1,017% su participación en Amadeus. Además, varios inversores españoles y empresas familiares aprovecharon la pandemia para aumentar el paquete de acciones de sus empresas: el inversor Daniel Bravo amplió en febrero y marzo su participación en CAF (al 5%), la familia Grifols compró el 16 de marzo un 0,041% de su empresa y la familia Riberas, el 17 de marzo, 1,6 millones de acciones (3,6 millones €) de su empresa, Gestamp.

Muchas empresas estaban preocupadas ante compras hostiles y se lo trasladaron a la vicepresidenta Calviño, a principios de marzo. Y pidieron al Gobierno medidas para prevenir posibles OPAS hostiles. Por eso, el Consejo de Ministros incluyó en el Decreto de medidas urgentes del 17 de marzo (Real Decreto 8/2020) una Disposición final 4ª que sometía a autorización gubernamental la compra por inversores extranjeros del 10% o más del capital de empresas de sectores considerados estratégicos (sanidad, energía, transporte, agua, materias primas, alimentación, datos, aeronáutica, defensa, finanzas, tecnológicas, inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad o nanotecnología). Lo que hacía el Gobierno era trasponer una Comunicación similar hecha por la Comisión Europea el 13 de marzo.

Por si no quedaba claro, el propio Gobierno aprobó unos días después, el 31 de marzo, otro Real Decreto (11/2020, publicado en el BOE del 1 de abril) para aclarar algunos aspectos del blindaje: se consideran inversores extranjeros a los no comunitarios y también a las empresas radicadas en Europa pero que sean propiedad en un 25% de extranjeros (caso de muchos Fondos USA y de terceros paises radicados en Luxemburgo o Países Bajos). Además, se aclaraba que las compras inferiores a 1 millón no necesitaban autorización. Y se quitaba la referencia a que la limitación duraría lo que el estado de alarma. Es “sine die.

El blindaje ha evitado “sustos” de compras hostiles a las grandes empresas españolas, que siguen a precio de saldo, pero no ha evitado compras especulativas, que se han seguido haciendo desde el 17 de marzo hasta hoy, por un importe de 4.000 millones de euros, según se deduce rastreando la web de la CNMV, a quien es obligatorio informar de las compras superiores al 3% o al 1% si compra un Fondo a través de una empresa radicada en un paraíso fiscal. Las mayores compras se han dado en Cellnex Telecom, la 4ª mayor empresa española por capitalización bursátil: 895 millones invertidos por el fondo noruego Norges Bank (controla ya el 3,516% de la teleco española), 819,5 millones invertidos por el Fondo norteamericano GQG (controla el 3.219%)  y 775,4 millones comprados por Fidelity (el Fondo USA alcanza ya el 3,002% capital de Cellnex). Le siguen las compras en Amadeus: 635,9 millones el Fondo T. Rowe Price (3,01% capital) y el también norteamericano FMR (que sube del 2,954 al 3,087% del capital). En Ferrovial: D1 Capital Partners, el fondo de moda USA que invierte en Netflix o Facebook, ha gastado 160 millones para controlar el 1,08% del capital. En Enagás: Credit Agricole ha invertido 152 millones y Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi otros 155,7 millones, para hacerse cada uno con algo más del 3% del capital. Y más operaciones en IAG (158,9 millones invertidos por el fondo norteamericano Marshall  Wallace, que se hace con el 3,02%), en Bankia (Black Rock invierte 100 millones más y se hace con el 4% del banco), en Solaria (Black Rock invierte 69,6 millones y controla el 3,171%) o en Bankinter (Black Rock invierte otros 4,89 millones y alcanza el 5,17% del banco).

Además de estas “compras oportunistas”, pequeñas y no hostiles, se ha aprovechado la pandemia para cerrar otras 3 importantes operaciones. Una, la OPA amistosa sobre MasMóvil (la 4ª teleco española) por parte de las gestoras de capital riesgo KKR (USA), Cinven (GB) y Providence (USA), que han invertido 2.760 millones para hacerse con el 91,2% de la teleco, que ya no cotiza en Bolsa y que podría ser vendida a Vodafone más tarde. La segunda operación, gestada antes de la pandemia y completada en junio, ha sido la OPA de la firma suiza SIX (gestiona la Bolsa de Zúrich) para comprar por 2.570 millones BME, la empresa que gestiona las Bolsas españolas. Y la tercera operación, en septiembre, la compra  por 1.300 millones de El Idealista por el fondo sueco EQT.

Como se ve, la pandemia no ha frenado a los inversores, que siguen a la caza de “gangas”, dado que las empresas siguen a precios de saldo, aunque la Bolsa se ha recuperado algo en los últimos meses. Pero cae un 18,5% desde enero (IBEX en 7.783 el viernes) y las cotizaciones de las grandes empresas del IBEX son entre la mitad y un tercio más baratas que a principios de año: Telefónica cotiza a 3,36 €/acción (frente a 5,97), Repsol a 7,26 (frente a 13,14), Santander a 2,38 ( frente a 3,73), BBVA a 3,17 (frente a 4,71), Mapfre a 1,57 (frente a 2,27) o Meliá Hoteles a 4,65 €/acción (frente a 7,86 el 31 de diciembre). Por eso, el Gobierno mantiene su blindaje a las compras del 10% o más, en línea con Europa.

Ya antes de la pandemia, las autoridades europeas estaban preocupadas por la entrada de inversores extranjeros (sobre todo de China, Rusia y Estados Unidos) en sectores y empresas estratégicas de Europa. Y esa preocupación se agravó con la COVID 19. Ya el 26 de febrero, el Parlamento Europeo aprobó una nueva regulación sobre la inversión extranjera directa en sectores estratégicos, con la intención de proteger la energía, el transporte, la industria aeroespacial, las comunicaciones, las finanzas, el manejo de datos, la robótica, la fabricación de semiconductores, la defensa, los medios de comunicación, el agua y la seguridad alimentaria, la biotecnología y, muy especialmente, la industria sanitaria. El 13 de marzo, la Comisión Europea mandó su primera Comunicación a los paises, para que tomaran medidas de blindaje (como hizo España el 17 de marzo) y el 26 de marzo aprobó esta Comunicación donde concreta y explica las orientaciones sobre el blindaje ante las futuras inversiones extranjeras, que se concretarán en un próximo Reglamento.

Europa es la región del mundo más abierta a las inversiones extranjeras, que superan los 7 billones de euros. Pero las autoridades comunitarias se han dado cuenta de que han de tomar medidas, porque en los últimos 20 años, China ha multiplicado por 6 sus inversiones en la UE y Rusia las ha duplicado, aumentándolas también EEUU, todos más que las inversiones europeas fuera, que chocan con muchas limitaciones “encubiertas”. Así que, a falta de fortalecer la industria europea, sólo competitiva en algunos campos (como el automóvil y la industria aeroespacial) pero “en pañales” en inteligencia artificial, biotecnología o comunicaciones e Internet, la Comisión Europea prefiere blindarse ante entradas hostiles, mientras consigue fomentar una potente industria europea.

En España, el peso de la inversión extranjera es muy importante en algunos sectores, como se ve en la Bolsa: antes de la pandemia, en 2019, los inversores extranjeros controlaban un 50,3% de las empresas del IBEX, según el último informe de BME, que resalta el gran salto producido desde 2007, cuando los extranjeros controlaban el 36,8% de la Bolsa española. Una participación que es mayor que en otros paises: en Francia, por ejemplo, los extranjeros controlan el 42,2% de la Bolsa. La mayor parte de este control extranjero se hace a través de inversores institucionales: gestoras de fondos de inversión y de planes de pensiones, compañías de seguros y bancos de inversión, sobre todo de EEUU, Europa y Asia.

El informe de BME destaca 2 Fondos que controlan la mayor parte de esta inversión extranjera en España: el norteamericano Black Rock, el mayor Fondo de inversión del mundo (con 6,6 billones de patrimonio, 6 veces el PIB de España), que tiene invertidos 18.000 millones en 20 compañías españolas, y Norges Bank, el fondo de Noruega, el mayor fondo soberano del mundo (que invierte en 9.000 compañías de 73 paises, con un patrimonio que ronda 1 billón de euros), con 8.000 millones invertidos en empresas españolas en 2019. Les siguen, de lejos, el fondo británico CVC (4.489 millones invertidos y 2º accionista de Naturgy, con el 20,41%), el norteamericano Global Infraestructure (con 4.473 millones y 3º accionista de Naturgy, con el 20% del capital), el fondo soberano de Qatar (con 3.588 millones invertidos, en el 10,01% de Amadeus y el 5,02% de Aena), el Deutsche Bank (2.306 millones, en el 4,85% de Amadeus, el 4,39% de Aena y el 4,16% de Colonial) y el fondo norteamericano Massachusetts Finantial (1.905 millones, el 5,02% de Amadeus y el 3,05% de Aena).

Lo más impresionante es el peso de Black Rock en las empresas españolas. Es accionista de los 6 grandes bancos: el primer accionista del Santander (5,426%, frente al 0,171% que tiene Ana Patricia Botín) y del BBVA (el 5,917%), el 2º de CaixaBank (3,078%) y Bankia (4%), el 3º de Bankinter (5,173%) y el 8º del Sabadell (3,378%). Y es el 1º accionista de Amadeus (6,153%), el 2º mayor accionista de Telefónica (4,983%), Iberdrola (5,251%) y Red Eléctrica (3,147%), el 3º de Repsol (4,998%) y Merlin (3,996%) y el 4º mayor accionista de Aena (3,244%), Enagás (3,383%) y Mediaset (2,988%). No entra en la gestión de ninguna compañía, pero su “vigilancia” es permanente y eficaz. Lo mismo hace el Fondo noruego Norges, con un tremendo peso en nuestra economía: es el 2º mayor accionista de BBVA (3.366%), el 3º mayor de Iberdrola ( 3,117%) y del Santander (2,5% ), el 4º de Telefónica (2,88%) y ACS (2,74%), el 7º mayor de Inditex (0,62%), Amadeus (2,88% ), Repsol (1,50%) y Aena ( 1,62%) y el 9º de Naturgy (0,93%).

La inversión extranjera tiene un aspecto muy positivo: es un ahorro exterior que ayuda a crear riqueza y empleo en España. Pero tiene dos aspectos que pueden ser negativos: a veces es una inversión muy especulativa (algunos Fondos, sólo buscan hacer dinero rápido: entrar barato y salir cuando antes, como los Fondos inmobiliarios) y siempre toman las decisiones fuera, al margen de lo que interese a España. Y si algo no les gusta, venden y se van y nos dejan compuestos y sin la inversión. Tenemos una parte importante de muchas empresas, y por tanto, de nuestra economía, en manos de terceros. Y eso tiene un riesgo, como se ha visto en España con el automóvil: el no tener a Seat hace que la decisión de abrir o cerrar una planta se tome en Wolfsburgo, París, Seúl, Tokio o Detroit. Y lo mismo ha pasado con el aluminio (cierre de Alcoa) o el acero (plantas de Arcelor Mittal), por no hablar del turismo, donde nuestra industria está en manos de tour operadores alemanes o británicos.

Por eso es tan importante para España contar con grandes multinacionales (como Repsol, Telefónica, Iberdrola, Cellnex, Enagás, ACS, Ferrovial o Grifols) y grandes bancos, claves para la reconstrucción del país. Y por eso es prioritario defenderlos ante posibles compras hostiles, ahora que con la recesión valen la mitad. No se trata de ser proteccionistas o liberales, sino de garantizar mejor el futuro, con un peso creciente de las compañías españolas. Pero no hay que hacerlo sólo con Recomendaciones y Decretos: hay que promover una potente industria europea, gastando más en investigación y tecnología, en formación, en compras públicas, en promover fusiones y fomentar  las exportaciones y la promoción exterior. Blindarnos siendo más competitivos.

jueves, 12 de noviembre de 2020

Banca: pérdidas, despidos y más comisiones


Los Gobiernos europeos, el BCE y el Banco de España están preocupados porque la pandemia provoque una nueva crisis bancaria, como en 2012. Los bancos españoles han vuelto a pérdidas este año, tras multiplicar sus saneamientos, y buscan sobrevivir con más cierres de oficinas (4.000), más despidos (15.000) y subiendo las comisiones a los clientes. Pero se teme lo que les pase en 2021, cuando acaben las moratorias concedidas en créditos e hipotecas y las empresas tengan que empezar a devolver los créditos ICO. El BCE ha alertado que podría haber 1,4 billones de “créditos dudosos” en la eurozona y propone crear “un banco malo para evitar otra crisis bancaria, mientras el Banco de España abre la puerta a “quitas” (perdón) de deudas. Pero además, la banca tiene 2 problemas de fondo que no son la pandemia: tipos de interés negativos (hasta 2031) y una dura competencia de los gigantes tecnológicos. Tienen que reconvertirse a fondo, con transparencia. Pero no a costa de despidos y comisiones.

La anterior crisis económica, la de 2008, fue “una escabechina” para la banca española: decenas de Cajas y varios bancos desaparecieron, con compras y fusiones, y de las 62 entidades que había en 2008 (42 Cajas y 20 bancos) hemos pasado a 10 entidades hoy (ver listado cambios entidades), tras la fusión CaixaBank-Bankia. La banca tardó en hacer saneamientos, intentando mantener los beneficios (18.888 millones en 2008, que bajaron a 8.275 en 2011), pero en 2012 tuvieron que declarar pérdidas (-2.825 millones) y pedir un rescate a Europa: 65.725 millones de euros para sanear 15 entidades, un dinero público que será difícil de recuperar. Con menos entidades y estas ayudas, más la recuperación económica, los bancos volvieron a tener beneficios en 2013 (7.267 millones) y los aumentaron hasta 2017 (12.044 millones), estancándose en 2018 (10.989 millones) y 2019 (11.904 millones), por el poco negocio y los bajos tipos de interés.

Ahora, al estallar otra crisis con la pandemia, los bancos españoles han aprendido la lección de 2012 y se han lanzado a sanear sus cuentas lo más posible, destinando 26.518 millones (lo ganado en 2018 y 2019) a provisiones y saneamientos en el primer semestre de 2020 (17.000 más que en 2019), según las cuentas de la AEB. Y con ello, los bancos que operan en España volvieron a tener pérdidas en la primera mitad de 2020: -11.531 millones, lo ganado en todo 2019. 

En el caso de los 6 grandes bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter) han publicado ya sus datos de los primeros 9 meses de 2020 (enero a septiembre) y confirman esa línea: han destinado 19.400 millones a saneamientos (+70% sobre 2019), con lo que afloran unas pérdidas conjuntas de -7.734 millones hasta septiembre, por primera vez desde 2012. Eso sí, las pérdidas se concentran en Santander (-9.048 millones) y BBVA (-15 millones), como resultado de una menor valoración de sus filiales en Reino Unido, EEUU y Polonia , ya que los demás grandes bancos siguen dando beneficios, aunque menos que en 2019: 726 millones CaixaBank (-42,6%), 180 millones Bankia (-68,8%), 203 millones Sabadell (-74,1%) y 220 millones Bankinter (-50,5%).

Los grandes bancos han vuelto a tener pérdidas por la pandemia en 2020, pero ha sido por el desplome de la economía en el primer semestre, ya que en el tercer trimestre (con la recuperación de la desescalada), volvieron a tener beneficios: +3.561 millones, que no compensaron los -11.295 millones perdidos en la primera mitad de 2020. Ahora, con la caída de actividad esperada en el 4º trimestre, por los rebrotes de la 2ª ola, se espera que la gran banca vuelva a tener pérdidas y cierren 2020 perdiendo unos -8.500 millones de euros.

Los bancos españoles han intentado fortalecer sus balances, con más provisiones y saneamientos, para afrontar que familias y empresas dejen de pagarles sus créditos. Y para cuadrar sus cuentas, a la vista de que les caen los ingresos (por la recesión tienen menos negocio y los tipos están muy bajos), han utilizado dos vías de ajuste, que llevan explorando desde la crisis anterior: recortar costes vía cierre de oficinas y despidos y aumentar ingresos vía aumento de comisiones a clientes.

Los grandes bancos tienen Planes para cerrar 4.000 oficinas más en 2021 y reducir sus plantillas en otros 15.000 empleados, la mayoría en CaixaBank-Bankia (la fusión reducirá unos 7.500 empleos), en Santander España (-3.000 empleados), en Sabadell (-2.000) y en Liberbank-Unicaja (si sale adelante esta 2ª fusión, se perderían 1.500 empleos más). Con ello, la banca española habrá cerrado en 12 años (2008-2020) un 50% de sus oficinas (pasarán de 46.065 a 24.004) y habrá despedido al 37% de sus empleados (-103.050), que llegarán a ser 120.000 empleos menos en 2021 (un 43% de los 276.497 que había en 2008). 

La justificación para estos despidos, en plena pandemia, es que el margen de la banca no para de caer (por la bajada del negocio y los tipos) y tienen que ajustar costes para sobrevivir. Y además, argumentan, España es el 2º país de Europa con más oficinas bancarias, con menos habitantes por oficina (1.995), tras Francia (1.850), muy por encima de la media de Europa (3.145 habitantes por oficina). Eso sí, no dicen que hay muchas zonas rurales sin oficina, lo que causa un serio problema a la España vaciada.

La otra vía que utiliza la banca para ajustar sus cuentas es subirnos las comisiones bancarias, que este año 2020, en plena pandemia, les reportan ya un 31% de sus ingresos totales, frente al 30% que aportaban en 2019. Y hay bancos que se han volcado especialmente en subir el peso de las comisiones para afrontar la crisis, como Bankia (les reportan el 36,74% de los ingresos), Santander España (33,78%) y Sabadell (32,32%), siendo menor su peso en  el BBVA (30,78% de los ingresos totales), CaixaBank (30,43%) y Bankinter (27,62%). En conjunto, los 6 grandes nos han sacado de comisiones 15.417 millones en 2020 (enero-septiembre), un 9,16% menos, a pesar de que la economía ha caído más. Y hay tres bancos que incluso han ingresado más por comisiones en plena pandemia: Bankia (+10,50%), Bankinter (+3,52%) y CaixaBank (+0,1%).

En  los últimos meses, hay 3 grandes bancos que han puesto en marcha Planes para aumentar sus ingresos por comisiones: Santander, CaixaBank y BBVA. En todos los casos, la estrategia es doble: por un lado, elevar los requisitos de vinculación a los clientes (nómina, recibos, tarjetas o más contratación de productos o depósitos) para no cobrarles comisiones y subir lo que cobran al resto en comisiones por mantenimiento de cuenta, sacar dinero en las oficinas, transferencias, tarjetas o mantenimiento de valores. Se trata de cobrar más a todos por los servicios bancarios y en especial a los que usan poco el banco. Incluso ING, "el banco sin comisiones", va a cobrar 10 euros al mes por la Cuenta Naranja a los clientes sin nómina y con más de 30.000 euros

Los bancos tratan de ingresar más con comisiones y recortar costes (con cierre de oficinas y despidos) para paliar sus menores ingresos y las exigencias de más saneamientos, ante el esperado aumento de la morosidad. Pero no quieren utilizar para ajustar sus cuentas parte de sus beneficios, no repartiendo dividendos (un porcentaje de sus beneficios de 2019) a sus accionistas. Al final, ha tenido que ser el BCE el que prohíba a los bancos repartir dividendos, para que tengan ese “colchón” ante esta crisis. Primero recomendó en marzo no repartirlos este año y en julio extendió la prohibición hasta el 1 de enero de 2021. Pero los bancos europeos, y sobre todo los españoles, ya han dicho que van a repartir ese dividendo en 2021, lo que supondrá destinar una parte importante de sus beneficios 2019 (un 14% el Sabadell, un 26% el Santander, un 25% CaixaBank, un 48% Bankinter, un 49% BBVA y un 66% Bankia) a sus accionistas y no a reforzar sus balances, despedir menos empleados o no subirnos tanto las comisiones a los clientes.

Cara al futuro, los bancos españoles dicen que ahora están mejor preparados y son más solventes que en la crisis de 2008-2012. Y es verdad. Pero los expertos temen que lo peor para la banca está por venir, porque en 2021 puede estallar la morosidad, dispararse los créditos impagados. De momento, los grandes bancos españoles tienen una baja tasa de morosidad (% de créditos impagados o de dudoso cobro), inferior incluso a la de 2019: 2,51% Bankinter, 3,15% Santander, 3,5% CaixaBank o 4,9% Bankia. Pero los expertos creen que eso se debe a las ayudas públicas a familias y empresas, junto a las moratorias aprobadas para retrasar el pago de hipotecas y créditos. Y piensan que esta baja morosidad es un espejismo, que puede estallar en 2021 por dos vías. Una, cuando acaben las moratorias aprobadas por el Gobierno y los bancos para pagar créditos (6 meses) o hipotecas (1 año) a los más afectados por la pandemia. De hecho, en el tercer trimestre ya han expirado algunas de estas moratorias y una minoría no ha podido pagar 2.400 millones (el 2,4% de los aplazamientos). La otra vía llegará en primavera de 2021, cuando las empresas tengan que empezar a pagar a los bancos los créditos ICO, concedidos con un año de carencia (un año de “tregua”, para empezar a devolverlos después en 5 años).

Así que lo que hoy no parece un problema, que familias y empresas no paguen sus créditos e hipotecas, puede estallar con virulencia en abril y mayo de 2021, poniendo en un serio peligro a la banca. Un problema que es europeo: la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ya ha alertado que “en un escenario severo pero posible  de la pandemia, los bancos de la zona euro podrían acumular créditos dudosos por valor de 1,4 billones de euros”, un nivel de morosidad muy superior al alcanzado en la crisis financiera de 2008-2010. Y esta preocupante situación afectaría más a los bancos españoles, por dos razones: porque la recesión por la pandemia es más grave en España y porque los bancos españoles están a la cola de rentabilidad en Europa (-9,2% en el primer semestre frente al +0,01% de media los bancos de la zona euro).

Algunos directivos del BCE ya han propuesto que Europa cree un banco malo, para meter en él los créditos dudosos de los bancos europeos y quitarles así ese lastre, con lo que podrían estar más saneados y dedicarse a financiar la recuperación. El problema vendrá de Alemania, Holanda y los paises ricos del norte, que no querrán cargar con el coste de este banco malo, sobre todo si la mayoría de los créditos malos vienen de los paises del sur. Pero si no se hace, podríamos tener un problema con la banca, en España, Italia, Portugal o Grecia, como en 2010-2012. Y habría que volver a otro “rescate bancario”. La perspectiva es tan preocupante que incluso el Banco de España propuso en el Congreso, en octubre, un tema tabú para la banca: estudiar “quitas” (perdonar) de parte de las deudas de empresas viables que en primavera no puedan empezar a devolver los créditos ICO. Antes, para evitarlo, el Banco de España ha propuesto ampliar el año del periodo de carencia de estos créditos.

Como se ve, la banca no tiene tan claro el futuro como dice. Además, cuando salgamos de esta pandemia y de su recesión (con suerte, en 2023), la banca española seguirá teniendo 2 problemas estructurales, que amenazan sus cuentas y su futuro. El primero, los bajos tipos de interés, que reducen sus márgenes y su beneficio. De momento, el Euribor (tipo al que se prestan los bancos entre sí) lleva en negativo casi 5 años (desde febrero de 2016) y se espera que los tipos sigan en negativo hasta 2031, según ha vaticinado recientemente el consejero delegado de CaixaBank-Bankia, Gonzalo Cortázar. Y eso obliga a los bancos a cobrar tipos mínimos a familias y empresas, que además se endeudan poco tras la mala experiencia de la anterior crisis. Y el segundo problema de fondo es la creciente competencia, de los gigantes de Internet, las telecos y los nuevos bancos online (N26, uno de los últimos, ha conseguido 500.000 clientes). Nuevos competidores que tienen además una gran ventaja sobre la banca tradicional: su buena imagen.

Porque el tercer problema de fondo de la banca es su mala reputación: la banca se ha ganado la mala reputación que tiene. No podemos echarle la culpa a nadie, no ha venido una norma y nos ha puesto mala reputación, sino que el sector se lo ha ganado”, reconocía a finales de 2019 Gonzalo Cortázar, nombrado ahora consejero-delegado de la nueva CaixaBankia, el primer banco español y el 10º de la zona euro. Una reputación que no mejora con cierre de sucursales, nuevos despidos y más comisiones a los clientes, que cada año multiplican las  demandas en los Tribunales y las reclamaciones (14.621 presentadas en 2019 ante el Banco de España), siendo casi la cuarta parte (22%) desoídas por las entidades.

Vienen meses duros para la economía y para la banca, que tendrá que reforzar sus balances y ajustar sus cuentas, pero sin agravar las cifras de paro y cargar excesivas comisiones sobre sus clientes, familias y empresas. Y tendrán que replantearse de una vez su negocio, reconvertirse, para poder competir con otras compañías que aspiran a mover nuestro dinero y financiarnos. Necesitamos una banca más saneada (que reinvierta sus beneficios, no aumente sus dividendos),  a la que no tengamos que volver a rescatar. Y una banca no más grande (fusiones) sino más transparente, más eficiente y más justa. Amén.

lunes, 9 de noviembre de 2020

Pandemia: la 2ª ola agrava la crisis (ciérrennos)


El coronavirus avanza en todo el mundo y más en Europa, donde 12 paises tienen incluso una mayor tasa de contagios que España. Aquí, semana a semana crecen los contagios, hospitalizaciones y las muertes: 3.000 más la última semana (con actualizaciones). Y hay 12 autonomías con más de 500 contagios recientes por 100.000 habitantes, 5 con las UCIS ocupadas más del 40% con pacientes COVID. Ante la gravedad de esta 2ª ola, media Europa se ha confinado, mientras el Gobierno español pide esperar a ver esta semana el resultado de las drásticas medidas implantadas en la mayoría de autonomías (cierre de ciudades, toques de queda y cierre de bares y hasta comercios). Pero la OMS lo tiene claro: cuanto más se espere al cierre domiciliario, mayor problema tendremos. Y si no se frenan en seco los contagios, se agravará la crisis. De hecho, la Comisión Europea augura una caída del PIB en España este 4º trimestre y un crecimiento menor en 2021. Ciérrennos ya. 

La COVID 19 avanza imparable por el mundo, batiendo récords: en octubre superó tres días el listón de los 500.000 contagios diarios y noviembre ha superado otro listón récord, con 642.724 contagios el pasado viernes 6, el doble que hace solo dos meses (312.845 contagios el 4 de septiembre), según los datos de la Universidad Jhons Hopkins. Hoy son ya 50.407.410 contagiados en 190 paises, destacando el alcance de la pandemia en América (21.370.015 contagiados), Europa (13.135.548 contagiados), sudeste de Asia (9.641.945), Oriente Medio (3.307.199), África (1.357.945) y Pacífico (765.197), según la OMS. Por paises, los más afectados son EEUU (9.971.651 contagiados), India (8.553.657), Brasil (5.664.115),  Francia (1.835.187), Rusia (1.7.60.420) y España (1.328.832), seguidos de Argentina (1.242.182), Reino Unido (1.195.350), Colombia (1.143.847), México (967.825), Italia (935.104), Perú (922.333), Sudáfrica (737.278), Alemania (682.624) y Polonia (546.425), según la Universidad Jhons Hopkins.

También aumentan imparables las muertes por la COVID 19, que ascienden hoy a 1.256.254 fallecidos en todo el mundo, destacando la mortalidad en EEUU (237.574 muertos), Brasil (162.397), India (126.511), México (95.027), Reino Unido (49.134), Italia (41.394), Francia (40.490), España (38.833 muertes con la última actualización de Sanidad: somos el 3º país con más muertes COVID por millón de habitantes, tras Perú y Bélgica), Irán (38.291), Perú (34.879), Argentina (33.560), Colombia (32.791), Rusia (30.292), Sudáfrica (19.809), Indonesia (14.614), Chile (14.543), Bélgica (13.055), Ecuador (12.830) y Alemania (11.372), según la estadística de la Universidad Jhons Hopkins.

Con este panorama, la 2ª ola de la pandemia se ha agravado en Europa, con un fuerte rebrote de contagios en Francia (+58.046 contagios diarios, 881 en las últimas 2 semanas por 100.000 habitantes), Italia (+34.502, 563 por 100.000), Reino Unido (+24.138 diarios, 438 por 100.000), Bélgica (+15.671, 1.448/100.000 habitantes), Polonia (+24.692, 592 por 100.000),  Chequia (+15.731, 1.477 por 100.000 habitantes), Holanda (7.622, 700 por 100.000 habitantes o Portugal (+7.497 contagios diarios, 461 por 100.000). De hecho, ahora hay 12 paises europeos con una tasa de contagios superior a la de España, que era el viernes de 525 contagiados recientes (14 días) por 100.000 habitantes (teníamos 284 el 30 de septiembre), con 22.586 nuevos contagios el viernes 6 de noviembre (tuvimos sólo  la mitad, 11.016 nuevos contagios el 30 de septiembre).

El salto en la 2ª ola se dio antes en España, desde principios de septiembre, que en el resto de Europa, por lo que , aunque ahora los contagios crezcan menos, tenemos muchos más contagiados que la mayoría de paises, salvo Rusia y Francia. En octubre, los contagios aumentaron en 416.490 (+54%) y en la primera semana de noviembre (del 30 al 6), en pleno nuevo estado de alarma, han aumentado en otros 143.154 contagiados, con lo que tenemos casi 560.000 contagiados más que a finales de septiembre (+72%). Las hospitalizaciones se han duplicado (de 10.855 a finales de septiembre a 20.209 el viernes) y casi lo mismo los ingresos de enfermos COVID en UCIs (de 1.539 a 2.833). Pero lo más llamativo es el crecimiento de las muertes: +347 el viernes 6 y +2.955 la última semana (viernes 30 al viernes 13), tras la última actualización de Sanidad (que ha sumado 1.326 muertos “anteriores”), frente a +1.126, +997, +826 y +843 en las cuatro semanas anteriores. Y como ya pasó en la primera ola, el 86% de los muertos de esta 2ª ola tienen más de 70 años, aunque ahora hay más mortalidad entre los mayores de 80 años (67,5% de todos los muertos).

La otra novedad de esta 2ª ola en noviembre es que la pandemia ha empeorado en casi todas las autonomías: si en septiembre había 6 autonomías (Aragón, Madrid, Melilla, Navarra, País Vasco y la Rioja) por encima de la tasa media de contagios del país (216 el 4 de septiembre), en octubre eran ya 11 autonomías (se sumaban Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Ceuta y Murcia)  las que superaban ya la media española de contagios (361 el 23 de octubre). Y el último viernes 6 de noviembre, eran ya 12 autonomías las que superaban la media de contagios de España (525 contagios en las últimas 2 semanas por cada 100.000 habitantes): Melilla (1.365), Navarra (1.118), Aragón (1.077), Ceuta (987), Castilla y León (809), La Rioja (802), Cataluña (720), País Vasco (690), Murcia (661), Extremadura (598), Castilla la Mancha (551) y Andalucía (545). Y las restantes autonomías  están por encima de 250 contagios/100.000 habitantes, un nivel que la OMS considera “muy preocupante”, con la única excepción de Canarias (72 contagios/100.000 habitantes), según los últimos datos publicados por Sanidad.

Ante este panorama, las autonomías han seguido tomando medidas de contención de la movilidad en las últimas semanas, básicamente el cierre perimetral de autonomías y ciudades, la aplicación de toques de queda nocturnos (desde las 10, las 1 o las 12 de la noche, según lugares) y la restricción de grupos (no más de 6 personas) y de clientes en bares, restaurantes y comercios, cada gobierno autonómico a su aire y con el “paraguas legal” del estado de alarma que se impuso hasta el 9 de noviembre. Además, en los últimos días, ha habido autonomías que han endurecido las medidas, con el cierre total de la hostelería en Castilla y León, Murcia, 60 municipios de Galicia, Euskadi y Aragón, con cierre incluso de comercios (vea qué se puede hacer en cada región), mientras varios gobiernos regionales (como los de Asturias, el País Vasco, Castilla y León y Ceuta) han pedido al Gobierno Sánchez el confinamiento domiciliario, como ya han impuesto varios gobiernos europeos, entre ellos Francia, Reino Unido, Bélgica, Italia y Grecia.

El Gobierno Sánchez, a través del ministro Illa, les ha contestado que “aún es pronto” para aprobar el confinamiento domiciliario, como en marzo (“es el último cartucho”) y que hay que esperar los resultados de las medidas drásticas tomadas en las últimas dos semanas, que tardan de 10 a 15 días en surtir efecto. Por eso, volverán a estudiar el posible confinamiento domiciliario este miércoles 11 de noviembre, en la Comisión interterritorial de Sanidad. Pero todo apunta a que, antes o después, se aprobará, por la tremenda presión que sufren los hospitales, las UCIs y los centros de atención primaria. Y a la vista de lo que ha hecho media Europa. El propio enviado de la OMS a Europa lo planteaba el viernes: “Mejor actuar con rapidez y firmeza que pasar mucho tiempo con la incertidumbre. Cuanto más se espere mayor será el problema”, decía David Nabarro.

El dilema es claro: si se confina a los españoles en sus casas, la economía se resentirá (y muchos ciudadanos también, sobre todo los más vulnerables). Pero si no se hace, podemos asistir con este goteo imparable de contagios y muertes (347 el viernes), al colapso de la sanidad… y la economía. Porque no existe el dilema de salud o economía: si no hay salud, la economía no despega. Lo dijo ya en octubre el FMI (“es mejor un confinamiento duro y corto que unas medidas restrictivas suaves si quieren salvar la economía”) y lo reitera ahora la OMS. Y lo acaba de corroborar la semana pasada la Comisión Europea, que ha cambiado a la baja sus previsiones de recuperación en Europa por la 2ª ola de la pandemia.

El primer mensaje del gobierno europeo es claro: toda Europa va a caer más de lo esperado este año (-7,8% en vez del -7,7% estimado en mayo), y va a crecer menos en 2021 (+4,2% en vez de +6,3%). Y el segundo mensaje: España es el país que sale peor parado, tanto por la pandemia como por los rebrotes. Primero, en 2020, la economía española caerá un -12,4%, tres puntos más de lo que Bruselas nos vaticinaba en mayo (-9,4%). España será así el país con la mayor recesión en Europa, una caída muy superior a la de Reino Unido (-10,3%), Italia (-9,9%), Croacia (-9,6%), Francia (-9,4%), Portugal (-9,3%), Grecia (-9%), Bélgica (-8,4%), Eslovaquia (-7,5%), todos con una caída mayor que la media de la UE-27 (-7,4%). Y España caerá más  porque los rebrotes hundirán la recuperación en este 4º trimestre (el PIB caerá un -0,2% en vez de crecer un +3,7% como estimaba en mayo la Comisión Europea).

Y hay todavía un tercer mensaje de Bruselas, que es el más preocupante: los rebrotes del coronavirus van a debilitar la recuperación económica de Europa en 2021 y 2022. El año que viene, la zona euro crecerá un +4,2%, en vez del +6,3% previsto en mayo. Y la UE-27 crecerá 4,1%, en vez del 6,1% previsto en primavera. Pero este mensaje es peor para España: creceremos sólo un +5,4% en 2021, frente al 7% previsto en mayo por Bruselas. Y la recuperación será también más lenta en 2022, tanto en la zona euro como en la UE-27 (+3%) y también en España (+4,8%), aunque seguiremos creciendo más que la media europea. Al final, las nuevas previsiones confirman que la mitad de los paises europeos (entre ellos España, Francia, Portugal, Austria, Bélgica y Holanda) no saldrán de esta crisis hasta 2023: necesitarán 3 años (2020, 2021 y 2022) para recuperar su producción anterior a la pandemia, el PIB de 2019. Sólo Alemania, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Chequia recuperarán sus economías pre-COVID en 2022.

El informe de otoño de la Comisión Europea deja a España otros 3 mensajes preocupantes. Uno, que el paro en España mejorará en 2020 frente a lo previsto en mayo (16,7% frente al 18,9%), gracias al “cochón” de los ERTEs, pero empeorará en 2021, donde nos adjudican una tasa de paro del 17,9%, más del doble de la europea (8,6% en la UE-27) y superior ya al paro de Grecia (17,5%), el país líder en desempleo hasta ahora. Además, el déficit público en España va a ser mayor del esperado, por el mayor coste de las ayudas: estiman un -12,2% en 2020 del PIB (frente al -10,1% que preveían en mayo) y el -9,6% en 2021 (-6,7% antes). Y el tercer mensaje, relacionado con este: la deuda pública  española será mayor de la prevista: el 120,3% del PIB en 2020 (antes el 119,6%) y el 122% del PIB en 2021 (antes el 113,7%).

En resumen, España va a tener más paro y más agujero en las cuentas públicas (déficit y deuda) como resultado de que la crisis será peor este año y creceremos menos en 2021. Y si Bruselas acierta con estas previsiones, los Presupuestos 2021 del Gobierno Sánchez están en entredicho, porque son demasiado optimistas respecto al crecimiento esperado (+9,8% frente al 5,8% que vaticina la Comisión Europea). Y si crecemos casi la mitad, se crearán menos empleos en 2021: Bruselas estima ahora que el empleo aumentará un +3,5% (antes esperaba +6,1%), unos 650.000 ocupados más, la mitad de los 1.340.000 empleos que espera crear el Gobierno (el +7,2% de aumento del empleo señalan los Presupuestos 2021). Y además, tendremos más déficit público: -9,6% del PIB, frente al -7,7% que estiman los Presupuestos 2021: son 23.270 millones más de agujero en las cuentas públicas para 2021. O Bruselas nos deja tener ese “déficit extra” o no se podrá gastar ese dinero.

Como puede verse, la 2ª ola de contagios ha desbaratado las cuentas de la recuperación, en Europa pero más en España. Por eso es doblemente urgente parar la curva ascendente de contagios: para salvar vidas y para salvar la economía. Cuanto más se retrasen las medidas drásticas, más se mantendrá la crisis (ya no sólo este cuarto trimestre, sino también el 1º de 2021) y más se retrasará la recuperación. Y costará más, en pérdida de actividad y empresas, en empleos, en recaudación, en déficit y en deuda. Y para España es aún más prioritario actuar con urgencia y decisión, porque somos el país más dañado por la pandemia y el que va a necesitar más ayudas para la reconstrucción. Los Presupuestos 2021, con un récord de gasto, son un buen punto de partida, pero si no se frenan los contagios, serán papel mojado. Por eso, hay que confinarse en casa otra vez, para salvar la salud y la economía. No queda otra.


jueves, 5 de noviembre de 2020

Inflación negativa y euro fuerte: un coctel nefasto


En octubre, la inflación anual sigue negativa (-0,9%), por 7º mes consecutivo. Y España es el país grande europeo donde más caen los precios. Que bajen puede parecer una buena noticia, porque nos permite ganar poder adquisitivo, pero es muy mala: los consumidores retrasan sus compras, las empresas venden y ganan menos, invierten menos y crean menos empleo, retrasando la reconstrucción del país. Y encima, el euro sigue fuerte, lo que alienta más la bajada de precios (hay más importaciones) y encarece las exportaciones europeas, retrasando la recuperación. La inflación negativa continuará unos meses más y provocará que el BCE tome medidas en diciembre, inyectando más liquidez a la economía. En España, urge aprobar los Presupuestos 2021, para relanzar el gasto y la inversión, el crecimiento y la inflación. Pero es clave que no caigan los salarios, para recuperar el consumo y los precios. Porque la inflación negativa es un síntoma de que la economía está en la UCI.

 

Una secuela de todas las crisis es que bajan los precios, como reacción para contrarrestar la caída del consumo y la actividad. Pero en esta crisis del COVID 19, la caída de precios ha sido más rápida que en la anterior crisis de 2008. Entonces pasaron 6 meses entre la caída de Lehman Brothers (septiembre 2008) y la primera caída de la inflación anual (-0,1% en marzo de 2009), que se prolongó durante 8 meses, hasta octubre de 2009 (-0,7%). Ahora, la inflación se estancó ya el primer mes del confinamiento (+0% de inflación anual en marzo de 2020, tras haber subido un +0,7% en febrero) y lleva cayendo mes a mes desde abril (-0,7% anual) hasta octubre (-0,9%), 7 meses consecutivos según el INE.

La inflación negativa ha aparecido también en Europa, pero más tarde que en España: en la zona euro (19 paises UE), la inflación negativa no apareció hasta agosto de 2020 (-0,2%) y ha empeorado ligeramente en septiembre (-0,3%) y octubre (-0,3%), según el último dato de Eurostat. Con ello, España se sitúa como el país grande del euro con más inflación negativa (-1% en octubre, el dato de inflación anual armonizada con Europa), más del triple de caída que la media del euro (-0,3% en octubre) y por encima de la caída en Alemania (-0,5%), Italia (-0,6%) y Francia (+0%) o Portugal (-0,6%), mientras los paises ricos del norte tienen subidas de precios (+1,1% Holanda, +1,3% Austria, +0,4% Bélgica, +0,2% Finlandia) y caen más que en España en Grecia (-2%), Irlanda (-1,8%), Estonia (-1,7%) o Chipre (-1,3%). Al final, los paises que más sufren la pandemia ven mayores caídas de precios.

Esta bajada de precios en la mayoría de Europa se debe a la recesión por el COVID 19 (con menos actividad, las empresas buscan mantener ventas con bajadas de precios), la caída de los precios del petróleo (de 68,71 dólares/barril el 3 de enero a 22,98 el 22 de marzo y 41 dólares/barril hoy), a la bajada coyuntural del IVA en Alemania y otros paises europeos, al aumento de importaciones y al envejecimiento de la población europea, que alienta un menor consumo y menores subidas de precios (como se ha visto en Japón). Algunos expertos, como los de Funcas, señalan que no podemos hablar todavía de “deflación” (exige 12 meses continuados de bajadas de precios, según la definición del FMI, y sólo llevamos 7) y creen que no hay que preocuparse demasiado, porque la bajada de precios no es generalizada: se debe sobre todo a la bajada de la energía y lo que es la inflación “de fondo” (la llaman inflación “subyacente: sin energía ni alimentos no elaborados) sube, está en positivo (+0,4% en octubre), con subidas anuales en alimentación (+2,4%), vestido y calzado (+1%), enseñanza (+1,2%), medicina (+0,4%), menaje (+0,4%) y hoteles y restaurantes (+0,3%), según las subidas recogidas en el último IPC detallado por el INE, el de septiembre.

A pesar de todo esto, la inflación sigue negativa y va a continuar así varios meses más , según la última previsión del FMI, de octubre: la inflación anual caerá este año al -0,3% en España, con lo que seremos el 2º país europeo que cerrará el año 2020 con una inflación negativa, junto a Francia (-0,5%), mientras en Italia los precios subirán un +0,1%, en Alemania y Reino Unido un +0,3% y en la zona euro un +0,1%. Tanto la Comisión Europea como el Gobierno Sánchez son más optimistas, porque creen que los precios podrían cerrar el año con una subida del 0%, que mejoraría en 2021 hasta subir los precios un +0,9%. Con todo, estamos ante la inflación más baja del siglo y de varias décadas anteriores.

Podría parecer que esta baja inflación (ahora negativa y en unos meses cero) es algo “bueno” para España y el resto de Europa, sobre todo para los consumidores porque podemos comprar más barato, mejora nuestro “poder adquisitivo”. Y es así, pero este aspecto positivo se contrarresta con muchos otros aspectos negativos, que preocupan a los Gobiernos y expertos. El primero, que la inflación negativa desincentiva la inversión y el empleo, algo especialmente preocupante para España, porque tenemos más del doble de paro que Europa (16,5% en septiembre frente al 7,5% en la UE-27, según Eurostat). El mecanismo es sencillo de entender: si un consumidor ve que los precios están bajos, retrasa sus compras a la espera de que bajen más o porque no teme que suban. Y las empresas ven recortarse sus ventas y sus márgenes, al ser forzadas a recortar precios para competir. Y con esto, venden menos, ganan menos, invierten menos y no crean empleo (o lo reducen). Y esto es especialmente preocupante ahora, porque retrasa la recuperación post COVID.

Un segundo problema que acarrea la inflación negativa (o muy baja) es que reduce los ingresos públicos, sobre todo el IVA (también Sociedades, IRPF e impuestos especiales), tanto porque se reduce el consumo como porque bajan las ventas y los precios (se aplica un IVA sobre un precio menor). Es algo que ya está pasando en 2020, con la recesión ligada a la pandemia. Y un problema más preocupante para España, porque este año 2020 tendremos un déficit público récord, del -10,1% del PIB, frente al -8,5% de la zona euro, el -7% de Alemania, -9,9% de Francia o el 11,1% de Italia, según la Comisión Europea.

El tercer problema que implica una inflación negativa (o muy baja) es que perjudica a los que tienen deudas, porque no rebaja lo que hay que devolver (si la inflación es alta, en realidad hay que devolver menos dinero comparado con lo que valía cuando lo pedimos).Y este es un problema que también perjudica más a España, porque somos uno de los paises más endeudados del mundo. Las Administraciones Públicas (Estado, SS, autonomías y Ayuntamientos) debían en junio 1.291.057 millones de euros, el 110,1% del PIB, según el último dato publicado por el Banco de España. Y los particulares debían todavía más, 1.654.000 millones (el 141,2% del PIB), entre las empresas (944.138 millones) y las familias (otros 709.861 millones de euros), según el Banco de España. Para todos , una inflación negativa es una mala noticia, porque les dificulta devolver esa deuda.

Y además, hay un cuarto problema: una inflación negativa (o muy baja) obliga a las empresas a entrar en una dinámica de ofertas “low cost, a tirar precios para competir, lo que aumenta la ya preocupante “precariedad laboral” (más contratos basura y más tareas “subcontratadas”) y deteriora aún más los salarios, que ya cayeron con la anterior crisis y que no suben ahora sino que bajan con el coronavirus. Así que lo que podríamos ganar los ciudadanos como consumidores (poder comprar más batato) lo perderemos como trabajadores, como familias endeudadas y como contribuyentes. Mal negocio.

Lo peor ahora es que hay otro factor en Europa que se suma a la inflación negativa: el euro fuerte frente al dólar (se necesitan más dólares para comprar un euro). La moneda única, que empezó el año en una cotización de 1,1208 dólares por euro, cayó hasta un mínimo de 1,0831 dólares/euro (7 de mayo) y repuntó luego en verano hasta un máximo de 1,1938 dólares (31 agosto), que se ha suavizado hasta los 1,1809 dólares por euro de hoy, a la espera de los resultados de las elecciones USA. La revalorización del euro (+5,36% desde enero) no se debe a que Europa vaya económicamente mejor que EEUU (va peor: la zona euro ha caído un -11,8% con la pandemia, frente al -9,1% USA) sino a que la Reserva Federal Norteamericana se ha gastado mucho más dinero en reanimar la economía (ha inyectado 3,1 billones de euros frente a 1,4 billones el BCE), lo que hace que en EEUU haya mucha más liquidez , más dólares en circulación y eso deprecia el billete verde. Y además, en esta crisis, el dólar no ha actuado como “valor refugio”, por la incertidumbre sobre Trump, lo que ha permitido al euro ganar terreno durante todo el año.

Y la previsión, muy pendiente de lo que pase con Trump, es que el euro se fortalezca más en 2021. Así, el escenario de los Presupuestos 2021 contempla que la cotización media del euro se estabilice en 1,10 dólares por euro en 2020 (como 2019) pero que suba a una media de 1,20 dólares por euro en 2021 (+9,1% de revalorización). ¿Qué problema supone tener un euro fuerte? Básicamente, dos. El primero, que un euro más fuerte abarata las importaciones de los paises europeos (de España también) y eso presiona a las empresas nacionales a bajar más los precios para competir: es otro acicate para la inflación negativa (o muy baja). El segundo problema de un euro fuerte es que encarece las exportaciones europeas, al tener que pagarlas en euros más caros. Y esto es muy negativo para España y el resto de paises europeos, porque una de las claves para salir de esta crisis es que las empresas puedan recuperar sus exportaciones de antes, diezmadas por la pandemia.

Así que, por si teníamos poco con la inflación negativa de los últimos meses, el euro más fuerte se suma al coctel para forzar a la baja los precios y dificultar las ventas en el extranjero. La baja inflación de la zona euro, que va a seguir todavía unos meses (y se agrava con los rebrotes de la pandemia) preocupa muy seriamente al Banco Central Europeo (BCE), cuyo objetivo desde su creación es “luchar contra la inflación”, impedir que suba del 2%. Pero lleva ya una década con poca inflación (+1,2% de subida media en la zona euro entre agosto de 2008 y finales de 2019) y ahora tres meses incluso de inflación negativa. Y asistiendo al grave problema de que Europa apenas crece, antes y ahora con la pandemia.

Por eso, el BCE quiere poner la inflación en 2º plano y buscar cómo ayuda a reanimar la economía europea, que sufre la mayor crisis desde el final de la II Guerra Mundial. Y ya ha anticipado que en diciembre tomará más medidas, para estimular la economía de la zona euro con una nueva inyección de liquidez, por tres vías: más compra de deuda pública y privada europea (+600.000 millones que se suman a los 1,4 millones de estos años), ampliar 6 meses el programa de compra (hasta finales de 2021) y mantener el tipo de interés preferencial (-1%) para sostener a los bancos. El objetivo es dar otro empujón a las economías europeas, tras la 2ª ola de contagios, y de paso, con esta inyección de liquidez, subir algo la inflación (al 1% en 2021) y bajarle los humos al euro, dos logros colaterales, que, de conseguirse, ayudarían a la recuperación de las economías europeas.

En España, todas  las esperanzas están puestas en los Presupuestos 2021, que incluyen un gasto y una inversión pública récord (con el adelanto de 26.634 millones de fondos europeos), que deberían reanimar la actividad y el consumo, sobre todo con la subida del 0,9% a los pensionistas (8.867.680 personas que han ganado poder adquisitivo en 2020, que cerrará con una inflación del 0%) y a los funcionarios (2,6 millones de empleados públicos que también han ganado poder adquisitivo y que no lo perderán tampoco, como los pensionistas, en 2021, cuando se espera un 0,9% de aumento de precios). Eso sí, el Gobierno ha congelado el salario mínimo en 950 euros, tras subirlo un 29% en los últimos dos años.

La clave de 2021 va a estar en los salarios, porque si no suben algo y pierden poder adquisitivo, será difícil reanimar el consumo y la inflación. De momento, la subida pactada en los pocos convenios firmados este año 2020 (7 millones de trabajadores en 868.400 empresas) ha sido del +1,93%, inferior al +2,26% de aumento pactado en 2019, según los datos de Trabajo. Pero la mayoría de trabajadores no están incluidos en estas estadísticas (pymes, personal fuera de convenio, empresas que no han firmado convenio), con lo que la subida salarial de este año será mucho menor. Y hay muchas empresas que, por la pandemia, ya están bajando sueldos a cambio de mantener el empleo (o en las nuevas contrataciones): un 17% de los trabajadores ya han sufrido una reducción de salarios y a otro 53% se les ha congelado, según una reciente Encuesta de la consultora Hays. Y un estudio del grupo Adecco prevé un reajuste de salarios en las nuevas ofertas de empleo, con bajadas del -10 al 15%. Y peor será para los que acaben despedidos.

En resumen, es prioritario reanimar el consumo y el gasto para recuperar  la economía y hacer subir los precios, requisito clave para reconstruir la economía. Y para ello, las empresas tienen que intentar no bajar los salarios de sus trabajadores y subirlos los que puedan (supermercados, empresas de logística, e-commerce, sanidad y educación), porque es “la gasolina” que necesitamos para aumentar el consumo y los precios. Si no lo hacen y las empresas aprovechan la pandemia para recortar salarios, retrasarán la recuperación.