Todos los partidos (salvo Vox, ERC y Bildu) han acordado 20 recomendaciones para reformar las pensiones, tras casi 4 años de debate en el Pacto de Toledo. El Gobierno ya ha tomado 2 medidas en los Presupuesto 2021: revalorizar las pensiones con el IPC y cargar con 14.000 millones de gastos “impropios” que pagaba la SS. Así pretende acabar con el déficit de las pensiones en 2023. Además, promoverá los planes de pensiones de empresa, penalizará más las jubilaciones anticipadas y fomentará el trabajo después de los 67 años. Está bien, son cambios que mejorarán las cuentas de las pensiones, pero falta una reforma más profunda, para afrontar el aumento de gasto a partir de 2027, cuando se disparen las jubilaciones y bajen los trabajadores por la caída de la natalidad. No valen parches: hay que aumentar ingresos (cotizaciones e impuestos) y “atemperar” los gastos para que el sistema no estalle en 2050 (o antes). No podemos dejar el problema a nuestros hijos y nietos.
La pandemia ha hundido aún más las cuentas de las pensiones, al reducir mucho los ingresos de la Seguridad Social (caída de cotizaciones, por los ERTEs y el paro) y aumentar los costes, por la necesidad de mayores ayudas. El hecho es que la SS cerrará este año 2020 con un déficit histórico, según la última previsión del Gobierno: -45.321 millones de euros (el 4,1% del PIB), casi el triple que el “agujero” de 2019 (-16.502 millones). Un déficit que se suma a una década de “agujeros” (ver gráfico déficit SS) : la Seguridad Social empezó perdiendo -2.433 millones en 2010, elevó el déficit por encima de -10.000 millones en 2012, 2013 y 2014, superó los -13.000 millones en 2015 y rondó los -17.000 millones en 2016, 2017 y 2018, para mantenerse en los -16.502 millones de déficit en 2019, a los que ahora se suman los -45.321 previstos en 2021. En total, un “agujero” acumulado de -161.963 millones de euros en estos 11 años, que se han “tapado” con deuda, aportaciones del Estado a la SS y tirando de la hucha de las pensiones (tenía 66.815 millones en 2011 y está casi a cero).
Lo peor es que la previsión del Gobierno, enviada a Bruselas en mayo, era que “el agujero” de las pensiones se mantuviera muy elevado en los próximos años: -30.000 millones en 2021 y unos -20.000 millones en 2022 y 2023. Un déficit insostenible para las arcas públicas y que ponía en grave riesgo el sistema de pensiones. Por eso, la Comisión Europea y los paises ricos del norte de Europa (Holanda, Austria, Finlandia y Suecia, más Alemania) llevan meses presionando a España para que reforme cuanto antes las pensiones. Y por ello, en junio pasado, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo reinició sus trabajos, comenzados en noviembre de 2016, para pactar una nueva reforma de las pensiones, tras las reformas de 2011 (pactada por Zapatero) y la de 2013 (impuesta por Rajoy).
Finalmente, el martes 27 de octubre, la Comisión del Pacto de Toledo pactaba (con el voto en contra de VOX y las abstenciones de ERC y Bildu) 20 recomendaciones para la reforma de las pensiones. Las 2 primeras han sido ya incluidas por el Gobierno en los Presupuestos 2021 presentados la semana pasada en el Congreso: la revalorización de las pensiones con el IPC y el reequilibrio financiero, gracias a que las cotizaciones van a pagar sólo las pensiones contributivas y serán los impuestos (el Presupuesto) quien cargue a medio plazo con una serie de gastos “impropios” de la Seguridad Social, estimados en 22.871 millones al año: subsidios de paro no contributivos (11.305 millones), tarifas planas y rebajas de cotizaciones (1.818 millones), prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos (2.953 millones), pago complementos de maternidad (1.082 millones), subvenciones a regímenes especiales (1.14 millones), costes extras en el cálculo pensiones (788) y los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (3.911 millones que pagan las cotizaciones, no el Presupuesto).
En consecuencia, los Presupuestos 2021 contemplan una revalorización de las pensiones del 0,9% en 2021 para los 8.861.000 pensionistas que hay en España (una subida media de 9 euros al mes) y un 1,8% de aumento para los 450.000 que cobran pensiones mínimas. El coste de esta revalorización será de 1.406 millones de euros en 2021, con lo que el gasto total en pensiones (ya son 9.765.352) será de 163.297 millones de euros el año que viene, más de un tercio (el 35,8%) de todo el gasto público en España. Un gasto que se lleva ya un 13,3% de la riqueza (PIB) y que se ha disparado en la última década, ya que en 2008 se gastaba en pensiones 98.012 millones de euros (el 8,8% del PIB) y 112.216 millones en 2011 (el 10.54% del PIB español).
La otra novedad de los Presupuestos 2021 es que se hacen cargo de parte de los “gastos impropios” de la Seguridad Social, concretamente de 13.929 millones que hasta ahora se pagaban con cotizaciones. El objetivo es seguir pagando con impuestos más gastos” impropios” cada año, hasta asumirlos todos (los 22.871 millones) en 2023. Además de esta “ayuda”, otra: los Presupuestos 2021 cargan con más de la mitad del déficit esperado de la Seguridad Social en 2021 (el 1,7% del 3% del PIB que sería el agujero), para lo que la transfieren otros 18.396 millones de euros más. Y gracias a este trasvase de fondos del Presupuesto (unos 32.000 millones en total), la Seguridad Social tendrá sólo un déficit de -15.921 millones de euros en 2021 (el 1,3% del PIB), que el Estado cubrirá con un crédito, como hizo en los últimos años. Y el objetivo es seguir tapando el agujero, cargando con más gastos en los Presupuestos, para que la SS no tenga déficit en 2023, como pide la primera de las 20 recomendaciones del Pacto de Toledo.
Las demás recomendaciones, tras la revalorización con el IPC y el equilibrio financiero, son menos explícitas y los políticos “se mojan menos”. Están a favor de acercar la edad de jubilación real (64 años y 6 meses) a la oficial (65 años y 10 meses en 2020), pero no dicen cómo. Defienden reconstruir la hucha de las pensiones y dificultar que los Gobiernos la utilicen, pero no detallan cómo. No son partidarios de tocar los periodos de cómputo para jubilarse (25 años en 2022), pero defienden que se puedan elegir los mejores años. Y reconocer la pensión de viudedad a los convivientes no casados legalmente. Están a favor de promover los planes de pensiones de empresa (hoy poco utilizados) y que la Seguridad Social informe a los trabajadores de la pensión que les quedará cuando se jubilen. Y piden que se cree una Agencia para gestionar la Seguridad Social.
Ahora, el Gobierno tiene que transformar estas recomendaciones en propuestas de reformas y llevarlas al Congreso. Y primera reforma será acercar la edad de jubilación real a la legal, porque es la que más ahorro conlleva: se consigue reducir el gasto en 14.400 millones anuales (1,2% del PIB) por cada año que suba la edad real (la media de los jubilados este año tenía 64,6 años, luego hay 2,4 años de margen hasta los 67 años en que habrá que jubilarse en 2027). Para conseguirlo, hay 2 vías. Una, penalizar más a los que se jubilan antes de tiempo (un 37,47 % de los jubilados este año), que ya sufren recortes del 1,65 al 2% por cada trimestre (y encima, el sistema actual penaliza menos a los que tienen pensiones más altas, algo que el Gobierno tiene que cambiar en 3 meses, por otra recomendación del Pacto de Toledo). La otra, incentivar que los trabajadores se jubilen más tarde: ya se hace hoy, pero poco (un 2%, frente al 5% en Francia y el 6% en Alemania). El Gobierno estudia incentivarlo más (4,6% anual) y hacerlo con un cheque, para “visualizarlo”.
La segunda reforma que estudia el Gobierno es promover los planes de pensiones de empresa, que hoy sólo tienen las grandes compañías, menos de 2 millones de trabajadores, con 35.000 millones en primas (frente a 75.000 los planes de pensiones individuales). Se trata de promover que se hagan planes de pensiones en muchas empresas, también en pymes, incentivándolos con más deducciones fiscales. De hecho, en los Presupuestos 2021 se bajan las aportaciones que se pueden deducir los planes de pensiones privados individuales (de 8.000 euros a 2.000) y ese ahorro se destina a subir las aportaciones con deducción a planes de empresa (de 8.000 a 10.000 euros). Un modelo que gustaría imitar es el británico, donde hay 800.000 empresas y 9,1 millones de trabajadores con planes de pensiones. Para animar el mercado, el Gobierno ha anunciado incluso que va a crear un Fondo público de pensiones de empleo, donde podrán entrar autónomos, pymes y funcionarios.
Todas estas reformas están muy bien pero son insuficientes. No basta con tapar el déficit para 2023 y esperar que la recuperación y el empleo saneen las cuentas de las pensiones. Porque hay un problema a medio plazo que es estructural: los pensionistas van a crecer exponencialmente y no podrán crecer tanto los ingresos. El problema se agravará a partir de 2027, cuando se empiecen a jubilar los españoles del “baby boom”, los nacidos entre 1.960 y 1975. Basten dos datos. Uno, la evolución de los pensionistas: si hoy hay 9,27 millones de españoles mayores de 65 años, en 2050 serán 15,67 millones, según el INE. Y si hoy tenemos 3 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, en 2050 habrá 1,65 activos por cada jubilado, por la caída de la natalidad y el envejecimiento, según CaixaBank. Serán menos españoles a trabajar y más jubilados, que además vivirán 4 años más (estarán 20,2 años cobrando pensión si se jubilan a los 67 años).
Este doble problema demográfico (envejecimiento y caída de la natalidad y los activos) es una verdadera “bomba de relojería” para el futuro de las pensiones. Y sobre el que no entran las recomendaciones del Pacto de Toledo, quizás para obviar polémicas. Pero hay que afrontarlo con medidas estructurales, a medio plazo. Y todos los expertos apuntan que hay que actuar por dos caminos: aumentar ingresos y “atemperar” gastos.
El primer camino, aumentar ingresos para financiar las pensiones, exige actuar en dos frentes. Uno, aumentar la recaudación fiscal, lo que se puede hacer si tenemos en cuenta que recaudamos menos que la mayoría de Europa: España recaudó en 2019 el 39,2% del PIB frente al 46,1% de media en la UE-27, según Eurostat. Eso significa que ingresamos -85.889 millones menos cada año que la media europea. Una parte de estos mayores ingresos (cuando puedan subirse impuestos, a partir de 2023) deberían ir a apoyar el pago de las pensiones, al menos en los años que haga falta. Y el otro frente es actuar sobre las cotizaciones sociales, también más bajas que en Europa, según Eurostat (2019): suponen el 12,9% del PIB, frente al 14,2% en la UE-27, el 15,1% en la zona euro, el 13,5% en Italia, el 16,8% en Francia y el 15,7% en Alemania, tres paises con los que competimos. Eso significa que si tuviéramos unas cotizaciones como la zona euro, la SS ingresaría 26.950 millones más cada año. Podrían subirse esas cotizaciones a partir de 2023, para no dañar ahora la necesaria reconstrucción del país.
El segundo camino que habrá que recorrer, aunque no guste, será “atemperar” el gasto en pensiones: no recortarlas pero sí que crezcan menos, para asegurar que se pueden pagar en 2050.Y eso pasa por tomar ahora algunas decisiones, aunque no sean populares. Sobre todo, dos: ampliar los años de cotización que se toman para tener derecho a pensión (en 2011 se decidió subirlos de 15 a 25 años en 2022 y ahora habría que pensar en subirlos a 35 años y después a toda la vida laboral) y, si hace falta, aumentar los años exigidos para tener derecho al 100% de la pensión (hoy 36 años y 37 años en 2027). Y habría que tener en cuenta la mayor esperanza de vida, el cobrar pensión más de 20 años, para repartir cuantías. Suena mal, pero al ritmo actual de aumento de las nuevas pensiones, será imposible pagar 15 millones de pensiones en 2050, con el empleo e ingresos previsibles hoy.
Por eso, cuando salgamos de esta pandemia y de esta recesión, habrá que plantearse otra nueva reforma de las pensiones, más profunda que la que plantea ahora el Pacto de Toledo. Europa nos va a presionar a hacerlo, porque será una de las vías para rebajar el déficit, una exigencia que nos van a recordar a partir de 2023. De hecho, ya llevan años diciendo que España tiene que ajustar su gasto en pensiones, porque creen que son “demasiado generosas”, aunque más de la mitad de los pensionistas (4,8 millones) cobran menos del salario mínimo, menos de 950 euros al mes, según las estadísticas de la SS. Pero la OCDE insiste: las nuevas pensiones españolas son más generosas que en otros paises: suponen el 84,3% del último salario cobrado, frente al 65,5% de media en Europa, el 58,6% en la OCDE (36 paises), el 80,2% en Holanda, el 73,6% en Francia o el 51,9% del último salario (más alto) en Alemania, según este informe de la OCDE.
Así que, deberíamos hacer una reforma más a fondo de las pensiones, en cuanto salgamos del túnel de esta pandemia, en 2023. Si no reformamos nosotros, nos impondrá la reforma Europa. Pero sobre todo, hay que hacerlo por las generaciones futuras, para evitar graves problemas a los que se jubilen dentro de 20 o 30 años. No vale “poner parches” para “tapar” el déficit de las pensiones en 2023 y no afrontar el reto demográfico posterior. No vale “el que venga detrás, que arree”. Hay que pensar en nuestros hijos y nietos.
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