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| Enrique Ortega |
Este nuevo curso escolar 2022-23, crecerá poco (un +1%) el número de alumnos que estudian enseñanzas no universitarias, que rondarán los 8.250.000 estudiantes, frente a 8.216.171 el curso pasado, según Educación. Se espera que sigan bajando los niños en Educación infantil (-282.000 niños matriculados que en 2011-2012) y en Primaria (-50.000 alumnos estudiando que en 2012), por el desplome de la natalidad en la última década, aunque seguirán creciendo los alumnos en ESO, Bachillerato y FP (se han duplicado los alumnos de 2010, superando ya el millón los matriculados el curso pasado), nacidos antes. Y siguen cayendo también los alumnos matriculados en los centros públicos (concentran el 67,4% de los estudiantes no universitarios, frente al 69% que había en 2010-11, bajando al 51% en el País Vasco y el 54,1% en Madrid), a costa de un fuerte aumento de la enseñanza concertada (enseña al 25,2% de alumnos, el 29,8% en Madrid) y la enseñanza privada (7,4% alumnos no universitarios, el 16,1% en Madrid).
Una novedad de este curso es que despega la educación infantil pública gratuita (de 0 a 3 años), gracias a que el Gobierno Sánchez aprobó en noviembre de 2021 una partida de 670 millones de euros para que las autonomías creen 65.000 plazas públicas de educación infantil (0-3 años) hasta 2024, la mayoría en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, para favorecer la conciliación familiar y el trabajo de las madres. Gracias a este empuje y el propio de algunas autonomías, este curso habrá más guarderías públicas gratuitas en Galicia (guarderías públicas y concertadas), Castilla y León (gratis 2-3 años en centros públicos y concertados), Madrid (centros públicos), Andalucía y Cataluña (públicos y concertados).
Otra novedad de este curso es que entra en vigor la nueva Ley de Formación Profesional (aprobada en marzo de 2022, con la única oposición del PP y la abstención de Vox y ERC), que reformula las enseñanzas de FP, con una formación “dual” que obliga a incluir una parte del aprendizaje (del 25 al 35%) en las empresas, con una importante financiación pública (5.474 millones entre 2022 y 2025) para que las autonomías creen 80.000 nuevas plazas públicas de FP, que faciliten el empleo de los jóvenes. Con ello, las peticiones de matrícula en centros de FP se ha disparado aún más este año, aunque faltan plazas públicas (33.000, según CCOO, sobre todo en Madrid y Cataluña), lo que obliga a los alumnos y a sus familias a matricularse en costosos centros privados de FP, un nuevo negocio que ya ha atraído a Fondos de inversión extranjeros y nacionales.
Con todo, la mayor novedad de este curso escolar 2022-23 es que entra en vigor (parcialmente) la nueva Ley de Educación, la LOMLOE (Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica de Educación de 2006). Es la 8ª Ley de Educación de la democracia y se aprobó en el Senado en diciembre de 2020, con 142 votos a favor, 9 abstenciones y 112 votos en contra de Ciudadanos, Vox, regionalistas y el PP, que amenaza con derogarla si llega a la Moncloa. El cambio más importante de la LOMLOE es que pretende modificar el sistema de enseñanza, para que se base menos en la memoria y más en aprender competencias y habilidades, donde los alumnos españoles están a la cola de la OCDE, según el informe PISA. Para ello, se van a cambiar los contenidos de las asignaturas, para que los centros cambien lo que hay que enseñar y cómo evaluarlo. De momento, este año se empieza con los cursos impares (1º,3º y 5º de Primaria, 1º y 3º de la ESO, 1º de Bachillerato y 1º de FP básica. Y el próximo curso, se ampliará el cambio de contenidos a los cursos pares (2º, 4º y 6ª).
Si ya es complicado cambiar los contenidos de la enseñanza de un año para otro, lo va a ser más este curso 2022-23 porque los cambios de contenidos se han retrasado, con lo que al principio de curso (entre el 5 y 12 de septiembre, según las regiones) no todos los centros tenían los nuevos libros de texto. Así, a primeros de septiembre, hay 7 autonomías, que representan el 57,5% del alumnado (4,5 millones de escolares), que no han aprobado y publicado los nuevos currículum, la programación y contenidos de los cursos impares que cambian: Galicia, Castilla y León, Andalucía, Murcia, País Vasco, Cataluña y Canarias (4 gobernadas por el PP y “resistentes” a la LOMLE). Culpan del retraso al Gobierno central, que publicó el decreto de enseñanzas mínimas entre febrero y abril de 2022, pero Educación se defiende diciendo que han tenido tiempo suficiente, como demuestran las 10 autonomías “cumplidoras” (que publicaron los temarios entre julio y agosto).
Las 7 autonomías “retrasadas” han repartido a los centros borradores de los currículos y contenidos, para que puedan empezar a trabajar con los alumnos desde el primer día de clase. Pero las editoriales no pueden ultimar y editar los libros hasta que estas autonomías no publiquen los contenidos definitivos. Contenidos diferentes entre regiones, porque los gobiernos autonómicos aprueban entre el 40 y el 50% de los temarios, siendo el resto de contenidos (comunes) elaborados por el Ministerio de Educación. Así se amplía las diferencias de contenidos entre autonomías, como se ha visto ya en Geografía e Historia, donde los alumnos de la ESO tienen 17 contenidos diferentes, según donde estudien…
Además del cambio en el sistema de enseñanza (“menos aprender de memoria y más entender y razonar”) y en los contenidos y libros de texto, este curso 2022-23 hay más cambios. Habrá una asignatura nueva, Educación en Valores Cívicos (similar a la Educación para la Ciudadanía de hace 15 años), y la asignatura de Religión dejará de tener valor en la nota media del expediente (importante para solicitar una beca o solicitar carrera). Y se introduce un nuevo Bachillerato General (poco a poco, en algunos centros), que se sumará a dos Bachilleratos artísticos (Música y Artes Escénica y Artes Plásticas, Diseño e Imagen), el Bachillerato de Letras y el de Ciencias (habrá 5 en total). Además, se crea un modelo transitorio de pruebas de Selectividad (con menos exámenes y más pruebas de competencias), en vigor hasta 2027, cuando se apruebe otro modelo “definitivo” .Y otro cambio destacable: los centros deben crear la figura de Coordinador de Bienestar y Protección, un profesor responsable de vigilar y evitar el acoso escolar, ciberataques, maltrato, autolesiones y suicidios.
Otra novedad importante de este curso escolar es que desaparecen las restricciones frente al COVID-19 (ni mascarillas ni distancia de seguridad ni grupos burbuja), aunque la pandemia sigue ahí (1 millón de españoles más contagiados entre junio y septiembre, con 6.300 muertos con COVID los últimos tres meses) y más de la mitad de los niños de 5 a 12 años (3.815.164 en total) no están inmunizados: sólo tienen las dos dosis de la vacuna 1.741.903 niños, el 45,7% del total, según Sanidad. Un dato que revela un fracaso de la vacunación pediátrica y la falta de colaboración de las familias, que ahora se pueden ver afectadas (padres y abuelos) si la pandemia repunta este otoño-invierno en los centros escolares.
Una de las cuestiones que más preocupa este curso es la falta de profesores de apoyo, porque la mayoría de las autonomías han vuelto a despedir a profesores contratados en 2020 por la COVID. De hecho, de los 33.323 profesores de refuerzo contratados en 2020, sólo la mitad (17.297) siguen en activo, según denuncia CCOO de la Enseñanza: 12.000 fueron despedidos el curso pasado (2021-2022) y otros 4.000 se han perdido para este curso, a pasar de los fondos transferidos por el Gobierno a las autonomías en 2020, 2021 y 2022. Y a pesar de que en 2023, las autonomías recibirán del Estado los mayores recursos de su historia: 134.333 millones, un 24% más que en 2022 (+26.130 millones más).
Este menor gasto autonómico en profesores de refuerzo para 2022-23 agravará los problemas de la enseñanza: aumentará los ratios de alumnos por clase a los niveles de 2019, lo que impedirá reforzar la docencia para recuperarse de la pandemia y afrontar los cambios que exige la nueva Ley de Educación. Y además, dificultará reducir el abandono escolar y los repetidores, donde España es líder europeo. Precisamente, tener malos resultados educativos tiene más coste que el gasto en reforzar profesores: España podría contratar 44.700 profesores más (y reforzar a 2,2 millones de alumnos) con lo que le cuesta al sistema la repetición de curso del 29% de los estudiantes de 15 años (costó 1.441 millones en el curso 2019-2020), según un informe de Save the Children, Así que recortar en profesores sale mucho más caro en repetidores, abandono escolar y mala calidad de la enseñanza.
Este menor gasto en educación del necesario es más preocupante porque hay autonomías que siguen “ahorrando” en educación, gastando menos que la mayoría, o bien porque “gastan en otras cosas” o porque ingresan menos con la “bandera” de bajar impuestos (más a los más ricos). En 2020, último año con datos homogéneos, España gastó 905 euros por habitante en educación, pero Madrid gastó mucho menos (725 euros), al igual que Asturias (826 euros), Canarias (838), Castilla y León (842), Baleares (858), Cataluña (866), Castilla la Mancha (870) y Aragón (889 euros), mientras el País Vasco gastaba casi el doble (1.329 euros por habitante), seguida de Navarra (1.146), Extremadura (1030) y Comunidad Valenciana (1.005 euros), según un estudio de los Gerentes de Servicios Sociales.
Mientras España gasta menos en educación (55.625 millones en 2020, el 4,93% del PIB) que la mayoría de Europa (5,1%) y la OCDE (5,3%), las familias gastan más cada año en educar a sus hijos, tanto en los centros concertados (pago de cuotas “voluntarias”, libros, uniformes, transporte y comedor, extraescolares) como en los públicos (libros, uniformes y múltiples gastos obligados). De hecho, España es el país europeo donde las familias gastan más en educación, según el último informe de la OCDE: aportan un 13% del gasto total (86% el gasto público y 1% otros), frente al 8% de media que pagan en la OCDE y el 5% en Europa (1% en Finlandia, 6% en Irlanda, 8% en Italia y Francia, 9% en Reino Unido, 11% en Portugal y 12% en Alemania).
El problema se agrava este curso 2022-23, porque se ha disparado la inflación. Y eso está encareciendo el gasto escolar de las familias: 400 euros de media por hijo. Suben los libros de texto (+12%), el material escolar (se ha disparado el precio del papel), los uniformes, las actividades extraescolares, el transporte escolar (+10%) y los comedores escolares (+6%), uno de los gastos más preocupantes, porque 1 de cada 3 niños españoles vive en familias con problemas económicos y sólo el 11% recibe ayuda para pagar el comedor escolar, con lo que hay 500.000 niños que no van a poder pagar este curso el comedor escolar, según la ONG Educo. Por eso, las asociaciones de padres y los centros piden ayudas de choque para este curso, que complementen el aumento de becas que ya ha hecho el Gobierno: el gasto en becas educativas (para todas las enseñanzas, incluida la Universidad) ha aumentado un 45% entre 2017-18 (1.472 millones en becas) y 2022-23 (2.134 millones), adelantando 4 meses la convocatoria este año (desde marzo).
Estamos pues al inicio de un curso complejo, donde los centros, profesores y alumnos tendrán que hacer un esfuerzo extra para poner en marcha la nueva Ley educativa, para ir cambiando poco a poco un sistema educativo menos basado en estudiar de memoria y más en aprender cuestiones útiles para el futuro. Esto exige un rodaje y tiempo, pero sobre todo medios personales y refuerzo a los alumnos con problemas. Y si apostamos por la Formación Profesional, por una enseñanza dual centro-empresa, hay que crear las plazas necesarias y colaborar con las empresas para que apuesten por la FP y luego no se quejen de que no encuentran trabajadores formados. Y sobre todo, hay que gastar más y de una forma uniforme en la enseñanza, para mejorar su calidad, porque hay demasiados repetidores, demasiado abandono escolar y demasiadas diferencias entre autonomías. Este curso 2022-23 debe ser el inicio de un salto educativo en España. Nos jugamos el futuro.
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