Protestas del campo: razones y sinrazones
Los agricultores han sacado sus tractores por toda
España y media Europa para protestar por su difícil situación y pedir
ayudas y cambios. Tienen muchos motivos razonables para quejarse:
bajos ingresos, producir a pérdidas mientras los precios engordan camino del
súper, importaciones masivas de alimentos más baratos y con menos controles,
daños por la sequía y competencia de grandes empresas. Otras quejas son menos
razonables: exigencias medioambientales y de bienestar animal, abandono de
Europa y los Gobiernos (la PAC gasta en el campo un tercio del Presupuesto UE),
exceso de burocracia (las ayudas hay que controlarlas) y negativa a acuerdos
comerciales con terceros paises (que facilitan exportaciones europeas). El problema
de fondo es que el campo necesita una profunda reconversión,
que exige incorporar jóvenes, inversiones, tecnología y cambios en los
cultivos y la gestión, agrupándose en cooperativas fuertes que negocien
precios. Y, además, que agricultores y ganaderos se sientan valorados y
no abandonados por la cultura urbana dominante. Los móviles no se comen. ![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhL6YddHWeeDtb2_-GacLrfXZd6NgbTiuXcastNt-WMOnaFduTPqr1wfAdvG_8SOv5tf6eWRGYPYuemIWwL5Db8PaGkqasTroywzy55vOzqNO3-0f9GMXFBo_Q_48lUFCbdaJGhyS9FGRL6RPFsZXc2fyXbNNua8WuIO3gtAX9zXnFymc5R3ClYtTnHKyde/w400-h225/Tractorada%201.jpg)
Protesta agricultores febrero 2024
En los últimos 70 años, España ha pasado de ser un país agrícola
a uno de servicios, con el campo perdiendo peso en la economía y el
empleo. Basten tres datos. Uno, la caída drástica de la aportación
de la agricultura al PIB español: de suponer el 29,9% de la economía
en 1950 cayó al 11,3% en 1970, al 5% en 1990, al 4% en el año 2000 y al 2,34% en 2022.
Dos, otra caída drástica en el número de explotaciones agrarias: de
tener 2.690.000 en 1976 se pasó a 1.420.300 en 1990, a 1.289.451 en
1999, a 989.796 en 2009 y a 914.871
explotaciones agrarias en 2020. Y tres, la caída del empleo en el
campo, incluso en este siglo: de 813.200 ocupados en 2008 (de ellos, 432.300
asalariados) se pasó a 793.900 en 2019 (499.300 asalariados) y a 770.700 ocupados en
el campo en 2023 (477.000 asalariados).
Aunque los agricultores paralicen carreteras y ciudades
con sus tractores y protestas, su
poder real en la economía es cada vez menor y lo saben, mientras el
resto de españoles no valoran suficiente que nos den de comer cada día. Pero,
sobre todo, los agricultores y ganaderos saben que trabajan 365 días,
sin horarios ni vacaciones, y que sus ingresos son más bajos que los del
resto del país. Por un lado, la renta agraria es un 40% inferior a la
media española. Y por otro, hay
una gran desigualdad (en toda Europa) entre la renta de la población
rural (el 75% de la media) y la renta de los que viven en las ciudades
(125% de la renta media). Así que el campo sufre “un agravio de ingresos”. Pero
además, sienten “un
agravio subjetivo” frente a la ciudad, se sienten “abandonados” por la
sociedad y los políticos, por unas élites urbanas que no valoran su
papel económico y social. Dos agravios, económico y vital, que están detrás de estas protestas del campo.
La primera razón de las protestas agrarias es que las
cuentas del campo se han deteriorado en los dos últimos años, con la
guerra de Ucrania y la inflación disparada. Los datos revelan que los costes
(energía, fertilizantes, forraje, financiación, sueldos…) les han subido
mucho más (un 20% de media) que los ingresos, porque apenas
han podido repercutirlos en los precios que cobran y además han
producido mucho menos, por la sequía y las malas cosechas. La producción
agraria cayó
un -5,5% en 2022 y ha crecido un +11%
en 2023, gracias a que los costes se han moderado y han subido algunos
precios. Pero sigue habiendo agricultores y ganaderos que producen “a
pérdidas” o con una mínima rentabilidad. Y mientras, los
consumidores pagamos los alimentos en los súper mucho más caros.
Los que tienen ganado o un cultivo protestan con razón de
que los alimentos suben y ellos no reciben más por su trabajo,
porque el beneficio se queda por el camino, entre los grandes
distribuidores, el transporte, las fábricas de alimentos y los súper. Por eso
piden que se aplique la Ley
de la Cadena Alimentaria, aprobada en diciembre de 2021 para regular el
proceso e impedir que agricultores y ganaderos vendan a pérdidas. Se quejan de
que no se cumple y que la Agencia de Información y Control alimentario no
publica datos de costes y precios ni inspecciona suficiente ni pone multas
ejemplares. Quien publica datos mensuales es la organización agraria COAG, cuyo
Observatorio
de Precios revela que, este enero, los precios agrícolas que pagamos
en el súper fueron 4,17 veces los que cobraban los agricultores. Y 3 veces
los productos ganaderos. Hace un año, en enero de 2023,
pasaba algo parecido: pagábamos los alimentos 4,50 veces más y las carnes 2,93
veces más que pagan al campo. Hay ejemplos escandalosos: el limón
(nos cuesta 9,8 veces lo que cobra el productor), el plátano (8,33
veces), la patata (5,72 veces), el tomate (3,92 veces), la ternera (3,86
veces), el cerdo (3,89 veces), el pollo (2,76 veces), la leche (1,77 veces) o
los huevos (1,47 veces).
El segundo motivo de las protestas es la
competencia “desleal” de los alimentos que se importan de fuera de Europa “sin
control”, una pancarta con “razones” y “sinrazones”. Por un
lado, es verdad que las
importaciones agrícolas se han disparado (de 28.700 millones en 2013
a 54.100 millones en 2022, un +88,5%), pero la mayoría son alimentos que vienen
de Francia (4.734 millones), Paises Bajos (3.583 millones), Alemania (3.185
millones), Portugal (3.007 millones) e Italia (2.407 millones) y son menores
las compras a Brasil (3.973 millones), China (2.130 millones), EE. UU. (2.033
millones), Marruecos (2.108 millones) y Ucrania (1.890 millones). Y no dicen
que, en paralelo, España se ha convertido en el
4º mayor exportador de alimentos de Europa: hemos pasado de vender
fuera 37.600 millones en 2013 a 68.000 millones de euros en 2022, un +80,85%),
alimentos producidos en el campo español y que se venden en Europa, pero
también en USA, China y Marruecos (1.063 millones).
Además, no es verdad que estos alimentos extranjeros
entren en España “sin control”: Agricultura controla las importaciones,
el origen, la calidad y los productos fitosanitarios que contienen, que han de
cumplir las normas europeas. Concretamente, en el puerto de Algeciras, donde
llegan un tercio de los alimentos importados, se controlan cada día
contenedores y camiones (ver
noticia TVE). Una crítica justificada es que este control es
menor en Europa, donde apenas se controlan las entradas masivas por Holanda
y donde la mayoría hacen controles a los alimentos importados en
los mercados, no en frontera como España.
Otra petición de los agricultores estos días es que
Europa no firme acuerdos de libre comercio con terceros paises, porque
perjudican a los agricultores al facilitar (bajando o suprimiendo aranceles) la
llegada de alimentos extranjeros. Las organizaciones agrarias europeas
presionan para que la Comisión no firme el
Tratado de libre Comercio con Mercosur (Argentina, Brasil,
Paraguay, Uruguay y Venezuela), tras haberse ratificado en diciembre el Tratado
con Nueva Zelanda y mientras se negocian otros Tratados de la UE con Chile,
México, Kenia, India o Australia. Y critican el Acuerdo de Asociación con Marruecos,
que entró en vigor en 2020, y las facilidades de entrada a los productos de Ucrania,
tras la invasión rusa.
Aquí, las pretensiones agrarias de volver
al proteccionismo alimentario no son razonables. Primero,
porque la producción agrícola europea no alcanza para alimentarnos y
necesitamos importaciones. Y en el caso de Ucrania, ha sido otra forma de
ayudarles. Segundo, porque esos Acuerdos comerciales que firma la UE con
terceros paises permiten a las empresas europeas invertir y vender fuera,
manteniendo empleos europeos no agrarios, desde la industria a los servicios. Y
tercero, porque cuando hablan de “competencia desleal”, están hablando de alimentos
que son más baratos, básicamente, porque los
sueldos en el campo en esos paises son mucho más bajos: un trabajador en Marruecos,
por ejemplo, gana 300 euros (los niños, que allí trabajan, menos) y en España 1.134
euros de SMI .Y el
70% del coste de un tomate es mano de obra. Se puede intentar poner “clausulas
espejo”, obligar a que los fertilizantes, pesticidas y las condiciones
laborales de paises terceros sean similares (algo difícil de conseguir), una medida
que apoyan España, Francia y paises del Este, pero no la mayoría de Europa
(priorizan el abastecimiento) ni la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Otra queja de los agricultores es que Europa
y los Gobiernos “les abandonan”, no les ayudan. Tampoco es razonable.
Si hay un sector “mimado” por los Presupuestos europeos es el
campo, desde que en 1962 se puso en marcha la
PAC (ver historia y objetivos), para asegurar el suministro alimentario y
consolidar las zonas rurales. En 2021, la PAC aportó al campo europeo 98.107
millones de euros en ayudas directas (55.713 millones) e indirectas, el
33% de todo el Presupuesto UE. España fue el 2º país receptor (ver reparto por paises) de todas estas ayudas agrícolas europeas (11.871 millones, el 12,1% del total), tras Francia (16.092 millones, el 17,1%)
y por delante de Alemania (11,2%), Italia (10,5%) y Polonia (8,8%). Para el periodo
2021-2027, la PAC aportará al campo europeo 386.602 millones de euros
(45.000 para España), un 31% del Presupuesto UE.
Así que no están abandonados. De hecho, un tercio de los ingresos
que obtienen los agricultores europeos (y españoles) vienen de la PAC.
Otra cosa es que esta ayuda básica haya estado mal
repartida: hasta 2022, en España, el 20% de agricultores más
ricos se han llevado el 80% de las ayudas PAC. Y el 2% de agricultores se
llevan las ayudas más altas (entre 50.000 y más de 500.000 euros), mientras el
70% de agricultores y ganaderos reciben menos de 5.000 euros. Algo que
se pretende cambiar desde 2023, con una
reforma de la PAC, que vincula más las ayudas a los rendimientos
y características de las explotaciones agrarias.
Una queja generalizada en estas protestas agrarias ha sido
la crítica
a las “exigencias medioambientales” desmedidas que se imponen al
campo europeo: restricciones al uso de fertilizantes y fitosanitarios,
rotación de cultivos, 4% de tierras en barbecho, obligación de dejar pastos permanentes,
no quema de rastrojos, protección de humedales, bienestar animal… En general, muchos
agricultores se quejan (apoyados
por VOX y parte de la derecha “negacionista climática”) del papel que
les obligan a tomar en la defensa del medio ambiente (a cambio de las ayudas de
la PAC), exigencias que consideran “exageradas” y que les obliga a dedicar
tiempo a tareas burocráticas, como el llevar al día un “cuaderno
digital de la explotación”, para facilitar el seguimiento de la PAC (y controlar
las ayudas).
Veamos por qué algunas de estas posturas no son “razonables”.
En primer lugar, los agricultores deberían ser los primeros interesados
en cuidar el medio ambiente, porque el campo europeo está muy
deteriorado, por la desertificación y la falta de lluvias: entre el 60
y 70% del suelo europeo está muy deteriorado, según
la Agencia Europea del medio Ambiente, y la aridez ha aumentado un 84% en
España, con un
tercio de los suelos desérticos en Murcia y Almería. Se están perdiendo
cultivos y especies y la falta de agua es un mal endémico en todo el sur de
Europa. Por ello, parece razonable reducir el uso de productos químicos y
fertilizantes, apostar por cultivos que utilicen menos agua y cuidar al máximo
los ecosistemas, sobre todo ante la imparable crisis climática. Y para ello, agricultores
y ganaderos deben ser protagonistas claves,
los primeros “agentes ecológicos”. Otra cosa es ayudarles en su
tarea, flexibilizando exigencias y tareas burocráticas, para lo que deberían
agruparse. Y en el caso de la sequía, modificar el sistema de seguros
agrarios, para que abarquen a más cultivos y a más explotaciones, con
ayudas públicas y reconversión de cultivos.
Y luego hay un tema que el campo no destaca en sus
protestas, la necesaria reconversión
y modernización del campo español (y europeo). De las 914.871
explotaciones existentes, el 51,5% son muy pequeñas, de menos de
5 hectáreas, y les resulta muy difícil competir con grandes explotaciones
agrícolas y ganaderas (las “macrogranjas), que tienen cada día más poder en la
elección de cultivos y en la fijación de precios. Además, 7 de cada 10
explotaciones tienen al frente a un
hombre, en su mayoría mayor (el
41% de los agricultores y ganaderos tienen más de 65 años), con lo que hay
pocas mujeres y jóvenes. Urge una renovación generacional del
campo, que modernice explotaciones y aporte las ventajas de la
digitalización y las nuevas tecnologías, mejorando la baja
productividad de las explotaciones (1.183 euros por Ha., 400 euros
menos que en Francia o Alemania). Un “nuevo agricultor”, más
profesionalizado y que invierta más, con ayuda de otros: el cooperativismo,
la agrupación de productores es clave para competir mejor con los grandes y con
los intermediarios.
Hasta aquí el análisis de las razones
y sinrazones de las protestas del campo. Pero no olvidemos que es una
protesta “patronal”, de empresarios y autónomos, no de los
trabajadores del campo, que están mucho peor que los dueños para
los que trabajan. En España hay 477.800 asalariados del campo,
una cuarta parte extranjeros (22,9%) o con doble nacionalidad (2,9%), que
trabajan en condiciones muy precarias: muchas horas
(39,6 frente a 36,7 el resto trabajadores), con más contratos temporales
(37,6% frente al 16,5% de media), peores sueldos (1.477 euros de media,
los terceros más bajos tras la hostelería y las empleadas del hogar) y más
muertes (72
en 2023). Y muchos inmigrantes trabajan en el campo, como temporeros, en
condiciones penosas y sin contrato, denunciadas
por la ONU.
En resumen, muchas de las protestas del campo pueden y deben
ser atendidas, con las propuestas
que España llevará al Consejo de Agricultura europeo
del 26 de febrero: más información de precios y costes, más control
importaciones y más flexibilidad con “el cuaderno digital de explotación” y algunas
exigencias medioambientales de la PAC. Pero cuando vuelvan con sus tractores a
casa, agricultores y ganaderos tendrán que afrontar el problema de fondo:
rejuvenecer y modernizar sus explotaciones, agruparse más en cooperativas,
renovar cultivos y producciones, adaptándose a la sequía y el medio ambiente. No
podemos seguir cultivando
aguacates en el país con menos lluvia de Europa. Hay que
profesionalizar más las tareas agrícolas, con más tamaño e inversión, para
aumentar la productividad y mejorar la calidad de los alimentos, que necesariamente
tendremos
que pagar más caros. No es de recibo que dos tomates cuesten menos que
un café o una cerveza. Habrá que pagar la comida por algo más de lo que valga
producirla con calidad y ecología. Hagámonos a la idea.
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