Vigilan la fuerte subida de una luz más sucia

En julio sigue subiendo la luz en el mercado eléctrico, tras subir un 16,4% en el semestre y costar ahora el mayor precio de los últimos 5 años. Eso después de tener la primavera más lluviosa desde 1965, que debería abaratar la luz. Por todo ello, la Comisión de la Competencia (CNMC) investiga este repunte de precios, después de sancionar a Iberdrola y Viesgo por fraude. Al margen de prácticas ilícitas, el mercado eléctrico se rige por un sistema (Aznar) que paga la luz más barata (hidroeléctrica y nuclear) al precio de la más cara (gas y carbón), un contrasentido que pagamos los consumidores. Y con los peajes, pagamos también costes de más en el 42% del recibo, así como más impuestos que en Europa. Así se explica, con tanto extracoste, que paguemos la 3ª luz más cara de Europa. Y la más sucia, culpable del 22% de todas las emisiones de CO2. No podemos seguir así. Urge que el Gobierno pacte una nueva política eléctrica, una de las asignaturas pendientes de la transición.

enrique ortega

A finales de junio, el precio de la luz en el mercado eléctrico estaba a 58,60 euros por MWh, un 16,41% más caro que un año antes y un precio que es un 24% más alto del que ha tenido de media la luz en junio de los últimos  5 años, según ha alertado el secretario de Estado de Industria. Y este mes de julio, sigue la tendencia al alza: hoy lunes, 23 julio, el coste del kilovatio superaba ya los 63 euros por MWh (63,10), según los datos del mercado eléctrico (OMIE) lo que suponía otro 12% de aumento sobre el precio de principios de julio (56,26 euros/MWh). Por todo ello, la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) ha confirmado que está investigando este repunte de precios en el mercado eléctrico, por si detrás de la subida hay “algo más” que una situación coyuntural.

La CNMC sabe de qué habla, porque ya ha sancionado a dos compañías eléctricas por cometer presuntos fraudes en el mercado eléctrico,” inflando artificialmente” precios. La primera, Iberdrola, a la que multó en diciembre de 2013 con 25 millones de euros por parar la producción de sus centrales hidroeléctricas del Duero, Tajo y Sil, provocando una falta de oferta de electricidad barata que obligó a utilizar las centrales de gas (más caras) y disparó el precio de la luz en el mercado eléctrico (y sus beneficios). Hace unos meses, la UCO (Guardia Civil) ha descubierto en Iberdrola correos y archivos que demuestran el fraude. Y en junio, la CNMC ha multado a otra eléctrica, Viesgo, con 6 millones de euros por otra infracción grave por manipular su oferta de la central de los Barros(Cádiz), excluyéndola del mercado diario para luego vender su electricidad en el mercado marginal a precios más elevados.

Todo esto es posible porque el mercado eléctrico ibérico (MIBEL), donde se fija cada día el precio de la luz desde 1998, es un mercado “estrecho” (pequeño) y muy volátil (tiene grandes altibajos de precios), que facilita estos fraudes, al regirse por un sistema de precios “de locos”, que autorizó Aznar (Ley eléctrica de 1997). Es un mercado donde cada empresa va aportando su electricidad, empezando por las más baratas (hidroeléctricas, nucleares, renovables) y siguiendo con las más caras (carbón, fuel y gas). Y al final, es el precio del kilovatio más caro el que se paga a todas las energías, normalmente los 60 euros del kilowatio de las centrales de gas, aunque el kilowatio hidroeléctrico cueste producirlo 10 euros y el nuclear 22 euros. Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos toda a precio de chuletón. El experto Jorge Fabra estima que los consumidores hemos pagado 20.000 millones de más a las eléctricas, sólo entre 2005 y 2015, por este injustificable sistema de precios.

Así que da igual que llueva o no, porque la luz sube aunque los pantanos hayan estado a rebosar, después de haber tenido la primavera más lluviosa desde 1965. Las centrales hidroeléctricas han subido su peso en la generación de electricidad (del 8% en mayo de 2017, en plena sequía, al 16% en mayo de 2018), pero esta electricidad, como la nuclear o la renovable (las 3 más baratas) no se han pagado a su coste, sino al coste extra de la poca electricidad generada por carbón y gas, cuyo precio subió mucho en el mercado internacional. Así que las eléctricas dueñas de centrales hidroeléctricas, nucleares y renovables se han forrado, cobrando la luz  6 veces o 3 veces lo que les costaba producirla. Y nosotros, los consumidores, aunque haya mucha lluvia, pagamos la luz al precio de lo que cuesta generarla con carbón o gas, aunque sea una parte marginal del mercado. Una locura.

Este precio de la luz en el mercado eléctrico diario influye en una parte del recibo de la luz, supone aproximadamente un 37% de la factura total que pagamos. Por eso, la factura de un consumidor medio (4,4 kw de potencia y 3.900 kwh consumidos)  ha subido, entre abril y junio, un 10,3%, según la CNMC. Antes, había bajado en enero (-6,1%), subido en febrero (+2%) y bajado en marzo (-9%), con lo que el recibo medio del primer semestre habrá bajado un 2,9%. Pero subirá en julio (más de un 4%) y el balance anual de 2018 será de subida del recibo hasta julio. Y todo apunta a que el resto del año, hasta diciembre, la luz va a seguir subiendo, como anticipan los precios del mercado de futuros (compras a plazo) , por el mayor consumo del verano y el turismo, el cierre temporal de dos nucleares (Vandellós y Trillo) y la menor electricidad eólica. Con ello, 2018 podría cerrar con otra subida del recibo de la luz a los hogares, en torno al 5%, tras haber subido un 10,3% en 2017.

Pero la luz no sube sólo porque suban los precios en un mercado eléctrico “de locos”. La segunda parte del recibo, el 42% de la factura que pagamos, no tiene que ver con lo que cueste la luz en cada momento: son los costes regulados que fija el Gobierno cada año, los llamados “peajes”, que llevan cinco años sin subir (tampoco en 2018) pero que son un enorme “cajón de sastre” de costes que encarecen nuestro recibo. Unos son costes “justificados” pero demasiado elevados, como los costes por el transporte (el 2,96% del recibo) y la distribución de la electricidad (10,04%) y otros “injustificados”: ayudas a las renovables (el 17,22% del recibo), por el “parón nuclear” (0,41%), para amortizar la deuda eléctrica acumulada (2,84% del recibo), para compensar a Endesa por producir luz en las islas (4,2% recibo), para compensar a grandes industrias de poder cortarles la luz (no se les ha cortado nunca, pero les pagamos el 3% del recibo), para abaratar la luz a las industrias vascas (y que el PNV apoyara los Presupuestos 2018: 50 millones que pagamos con el recibo), ayudas para que las centrales de gas estén disponibles, etc., etc. Unos “extracostes” que deberían suprimirse o pagarse con los Presupuestos, no a costa de nuestro recibo.

Y todavía queda la tercera parte del recibo, el 21% restante de la factura que pagamos, que son impuestos: un impuesto especial eléctrico (del 5,113% sobre la potencia contratada y el consumo, 1.300 millones anuales que ingresan las autonomías) y el IVA sobre la factura total (incluido el impuesto eléctrico, con lo que pagamos un impuesto sobre otro impuesto). Y aquí, también pagamos de más, porque el IVA de la luz es el 21%, uno de los más altos de Europa: en Reino Unido se paga el 5% de IVA en la luz, el Italia el 10%, en Grecia el 13%, en Irlanda el 13,5%, en Francia el 16,7% y en Alemania, el 19%.

Recapitulando, vemos que en las tres partes del recibo (coste de producirla, peajes que aprueba el Gobierno e impuestos) pagamos costes de más. Pero incluso antes, al contratar la luz, muchos consumidores ya empiezan pagando de más, porque contratan más potencia de la que necesitan, por miedo a que “les salte el automático”: un 20% de españoles tienen contratada más potencia de la que necesitan y pagan 52,82 euros de más al año, según un estudio de Mirubee. Antes no era tan caro hacerlo, pero desde 2013, con la “reforma eléctrica” aprobada por el Gobierno Rajoy, se subió mucho el componente potencia del recibo (+92% a los consumidores domésticos y +145% a los industriales), como una forma de “garantizar ingresos” a las eléctricas en unos años de menos consumo, por la crisis. Y por eso, ahora, pagamos casi tanto por potencia como por consumo. Yo pago 17,98 euros  por potencia y 23,99 por consumo. Miren su recibo. Y si pueden, contraten menos potencia.

Al final, tras sumar tantos extracostes, la factura se ha disparado y los españoles pagamos la tercera luz más cara de Europa, sin impuestos, según los datos de Eurostat. En los hogares, pagamos 0,1712 euros/kWh (finales 2017), sólo por detrás de Irlanda (0,1865) y Bélgica (0,1790) y muy por encima de la media UE-28 (0,122 euros/kwh), zona euro (0,123), Alemania (0,1383), Reino Unido (0,1344), Italia (0,1326, Francia (0,1132) o Portugal (0,1080 euros/kwh). Y si nos fijamos en los precios de la luz industrial, las empresas españolas pagan la cuarta electricidad más cara de Europa, 0,0982 euros/kwh a finales de 2017 (sin impuestos), sólo por detrás de tres islas, Malta (0,1377 euros/kwh), Chipre (0,1258) e Irlanda (0,1093) y un 28,8% más cara que la luz industrial en la UE-28 (0,0766 euros/kwh), un 20,7% más cara que Italia (0,0813 euros/kwh), un 24,9% más cara que Alemania (0,0786 euros/kwh) y un 47% más cara que Francia (0,0666), países con los que competimos.

No sólo tenemos la luz más cara que Europa sino que es una luz más sucia, porque producirla supone emitir cada año más CO2. En 2017, España ha sido el 4º país de Europa que más ha aumentado sus emisiones de CO2, un +7,4%, según publicó Eurostat en mayo (sólo menos que Malta, Estonia y Bulgaria) o un +4,4%, según ha publicado el Ministerio de Transición Energética en julio. Es el mayor aumento anual de emisiones desde 2002 y de los 338,8 millones de toneladas emitidos, 74,9 millones (el 22%) son por la generación de electricidad, según Red Eléctrica. El año 2017, que fue extremadamente seco, obligó a consumir mucho carbón (+21%) y mucho gas (+31,8%), los dos combustibles que generan más emisiones de CO2 para producir electricidad (además de los más caros).Baste decir que las 15 centrales de carbón existentes generaron, ellas solas, el 12,7% de todas las emisiones de CO2 que genera España.

A la vista de este panorama, una luz tan cara y tan sucia, el nuevo Gobierno Sánchez debía intentar reformar a fondo el sistema eléctrico, pactando medidas con el resto de partidos, aunque sea difícil. A corto plazo, ya ha anunciado que va a cerrar en las próximas semanas la primera central de carbón, la de Anllares (León), de Endesa y Gas Natural Fenosa, algo a lo que se oponía el anterior Gobierno Rajoy. Y que su intención es proponer cerrar para 2020 otras 6 centrales de carbón más, 7 centrales en total de las 15 existentes, las que no han realizado (porque no les compensa económicamente) las inversiones medioambientales que exigirá la Unión Europea para 2020.

A medio plazo, la intención del Gobierno Sánchez es sustituir paulatinamente las centrales de gas (que sólo funcionan al 15% de su capacidad) por más electricidad de origen renovable (eólica y solar), para lo que han decidido mantener la actual rentabilidad de las plantas renovables en el 7,4%, algo que tendrán que tramitar en el Congreso (no será fácil), porque hay que modificar para ello la Ley del sector eléctrico que aprobó Rajoy. Y también a medio plazo, el Gobierno Sánchez quiere cerrar las centrales nucleares cuando cumplan los 40 años de vida, con lo que, de aprobarse en el Congreso (el PP está en contra), las 5 centrales nucleares en funcionamiento cerrarían sus instalaciones en 2024 (Almaraz y Ascó), 2025 (Ascó) y 2028 (Almaraz y Trillo). Todo ello debe incluirse en la próxima Ley contra el Cambio Climático que el Gobierno ha prometido enviar al Congreso antes de fin de año.

En paralelo a estos cambios legales, el Gobierno debe modificar de una vez el funcionamiento del mercado eléctrico, para que cada tipo de electricidad se pague por su coste y no paguemos la luz que viene de los pantanos al precio de la luz que se genera con fuel o gas. Urge hacer una “auditoria de costes” y remunerar la luz por lo que cuesta  producirla (y transportarla y distribuirla), más un beneficio razonable. Eso permitiría rebajar el recibo un 20%. Y en el siguiente escalón, quitar la mayor parte de los “peajes”, esos extracostes que son “herencias” del pasado y que debían suprimirse o pagarse a cargo del Presupuesto (con los ingresos del IVA eléctrico y nuevos impuestos medioambientales), no de nuestro recibo. Según el informe de los 14 “sabios” que estudiaron el sector eléctrico, quitar los peajes del recibo permitiría bajar un 30% la electricidad a hogares e industrias. O sea, que se puede bajar la luz un 50% tocando el mercado eléctrico y los peajes.

Todas estas medidas suponen recortar los beneficios de las eléctricas, un sector con mucho poder económico, político y mediático, que consiguió una situación de privilegio con la Ley eléctrica de Aznar en 1997 y que ha frenado después todas las reformas posibles. La reconversión del sector eléctrico es una asignatura económica pendiente desde la transición y aunque el panorama político no sea favorable, hay que intentar poner en marcha los cambios más urgentes, para que hogares y familias no paguen la luz más cara de Europa y la más sucia. No deberían esperar más. Luz y taquígrafos para que paguemos por la luz lo que cuesta, no extracostes sin fin para beneficiar a las eléctricas.