Enrique Ortega |
Esta tormenta de precios en el mercado eléctrico en enero se debió no sólo a factores climatológicos (que impidieron producir electricidad con energía solar y eólica, más baratas), sino también a una subida extra en el precio del gas natural (por problemas de suministro en Argelia y una mayor demanda de las centrales de gas) y por la subida de los derechos de CO2 que pagan las centrales de carbón y gas que se tuvieron que enganchar al sistema. Y además, el frío generalizado disparó la demanda de energía en todo el mundo, en especial en Asia (Japón pidió limitar el consumo para evitar apagones), elevando los precios.
Al final, este vaivén de precios en enero en el mercado mayorista de la electricidad (MIBEL) se traduce en una subida del recibo de la luz a los 11 millones de españoles (el 37% de los usuarios) que tienen un contrato de precio regulado (PVPC: precio voluntario al pequeño consumidor). Como el coste de la electricidad en el mercado supone un 35% del recibo, la subida de enero ha provocado que el recibo de una familia media (4,4 kwh de potencia y 3.900 euros de consumo) haya subido +10,36 euros en enero, según el simulador de la CNMC, quedando en 73,59 euros (frente a 63,23 euros en diciembre). Para los demás consumidores, los 18,6 millones que tienen un contrato “libre”, el precio que pagarán será el que fijaron para este año con su compañía (una “tarifa plana” más alta que la regulada).
Ahora, el Gobierno dice que el mercado eléctrico seguirá bajando en febrero (-37% sobre enero) y en el 2º trimestre (-45%), pudiendo subir para el verano, como pasa siempre, con lo que tendremos por delante varios meses de bajada del recibo de la luz. Y además, el Gobierno ha puesto en marcha 2 reformas que van a forzar una mayor bajada de la luz, con lo que espera que siga bajando en 2021 y 2022 y, según la ministra de Transición Ecológica, acabe siendo “más barata que en Francia” (ahora es más cara).
El primer cambio entrará en vigor el 1 de abril, cuando sea obligatorio que las eléctricas cobren la luz según la hora en que se consume, tras varios años de adaptación de contadores y compañías. Habrá 3 tarifas según la franja horaria: la más cara (de 10 a 14 horas y de 20 a 22 horas), la más barata (entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, más sábados, domingos y festivos) y la intermedia (resto de horas). Estas nuevas tarifas con discriminación horaria se aplicarán obligatoriamente a los clientes con previo regulado (PVPC), mientras que a los clientes que estén en el “mercado libre”, será la comercializadora la que le detalle la oferta. Además, a partir de abril, también se podrá contratar potencias distintas para horas distintas, otro sistema para reducir costes fijos. Al final, si nos acostumbramos a poner la lavadora por la noche y a cocinar más en fines de semana, podemos ahorrar en el recibo, hasta un 10% (3 euros de media).
El segundo cambio lo aprobó el Gobierno el 15 de diciembre y se aplicará gradualmente en los próximos 5 años. Se trata de quitar del recibo de la luz las ayudas a las energías renovables, unos 7.000 millones anuales, que ahora financiamos con “los peajes” (ese cajón de sastre de costes varios que supone el 40% del recibo de la luz). Y pasar este coste, estas ayudas a las renovables, a un Fondo (FNSSE) que financiarán las comercializadoras de gas y electricidad y los operadores petroleros. O sea, que en vez de que los consumidores financiemos a las renovables (para fomentar las energías limpias), pagarán esta ayuda las empresas que comercializan electricidad, gas y petróleo, que probablemente nos cargarán este nuevo coste cuando vayamos a echar gasolina o compremos butano… Pero el cambio permitirá abaratar el recibo de la luz un 13% en los próximos cinco años, según el Gobierno.
Las dos medidas ayudarán a abaratar la luz, pero son un parche. Porque el problema de fondo que tenemos es que la luz es mucho más cara en España que en la mayoría de Europa y eso se debe a que pagamos muchos costes de más, extracostes con los que hay que acabar, no sólo con los de las renovables. Veamos primero la situación de partida: el precio de la luz para los consumidores domésticos es en España el 5º más caro de Europa: costaba 0,2239 euros/kwh en junio 2020, frente a 0,2126 euros de media en la UE-27, los 0,2266 de Italia, los 0,2203 de Reino Unido, los 0,2120 de Portugal o los 0,1899 euros/kwh de Francia (-15,2% menos que España), siendo sólo la luz más cara en Alemania (0,3043 euros/kwh), Dinamarca (0,2833), Bélgica (0,2413) e Irlanda (0,2239, según la última estadística publicada por Eurostat. Y en los consumidores no domésticos (empresas), España el país nº 13 con la luz más cara de Europa: 0,1302 euros/kwh, muy por encima de los 0,0826 euros/kwh que cuesta de media en la UE-27.
¿Por qué tenemos la luz más cara, ahora y en las últimas décadas? La razón es que los usuarios pagamos costes de más en las tres partes del recibo de la luz: en el coste de la generación de electricidad (el 35% del recibo), en los”peajes” (costes varios) que aprueba el Gobierno cada año (40% del recibo) y en los impuestos (25% restante). Veámoslo.
El primer componente, el precio de producir la luz, se fija en el mercado eléctrico ibérico (MIBEL), un mercado donde se negocia el precio de la luz cada hora, según la aportación de las distintas energías y su coste. Pero el sistema de fijación de precios, aprobado por Aznar en la Ley eléctrica de 1997, es “de locos”: cada empresa aporta su electricidad, empezando por las más baratas (hidroeléctricas, nucleares y renovables) y siguiendo con las más caras (carbón, fuel o gas). Y al final, el precio resultante para todas es el del kilowatio más caro. Lo normal es que la energía que falta (cuando hay un salto de demanda o no llueve ni hace viento) se cubra con centrales de carbón, fuel o gas, que producen a 60 euros/kwh. Y ese es el precio que se paga a las centrales hidroeléctricas (a las que les cuesta 10 euros producir un kwh) o a las nucleares (a las que les cuesta 22 euros/kwh), centrales ambas que, además, ya están amortizadas (tras 90 o 40 años de vida). Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y nos la cobrarán a precio de chuletón.
Este sistema de fijación de precios (“marginalista”) busca compensar a las eléctricas por tener centrales con poco uso (de gas y fuel), que se mantienen para asegurar el suministro ante cualquier eventualidad. Pero nos cuesta a los usuarios unos 2.000 millones extras al año desde 2006 (hemos pagado 28.000 millones de extracoste en nuestros recibos), según estima la profesora Natalia Fabra. Además de fijar un precio no justificable, el mercado eléctrico español es poco transparente (lo controlan de hecho las eléctricas, que son “juez y parte”), muy volátil (con muchos altibajos de precios, más que en Europa) y promueve el fraude, como ha detectado en varias ocasiones la Comisión de la Competencia (CNMC), que ha multado ya a todas las eléctricas por “manipular la oferta y los precios”, poniendo y quitando en el mercado centrales, malas prácticas que les han costado varias multas.
Vayamos al segundo componente del recibo de la luz (un 40%), los llamados “peajes”, un “cajón de sastre” donde los distintos Gobiernos han ido incluyendo múltiples costes, que pagamos cada mes en el recibo: ayudas a renovables, cogeneración y residuos (20,6%), compensaciones por el parón nuclear (0,41%), pago para amortizar la “deuda” acumulada con las eléctricas (2,89%), compensación a Endesa por la electricidad que produce en Baleares y Canarias (4,2%), ayudas a las centrales de gas, compensaciones a las grandes industrias consumidoras y el pago por el transporte de electricidad (el 2,96% del recibo) y por su distribución (10,04%),los dos únicos costes “justificados” pero que se consideran elevados.
El gasto más discutible es el margen que pagamos a los distribuidores de electricidad, empresas que dependen de las eléctricas y que nos cargan un margen medio del 17% sobre el precio que pagan (a ellas mismas) al comprar la electricidad en el mercado mayorista. Los expertos denuncian que hay un oligopolio de distribución, que 3 compañías (creadas por las 3 grandes eléctricas) controlan el mercado y fuerzan márgenes y precios. De hecho, en el mercado libre (el que tienen dos tercios de consumidores, Iberdrola (35,6%), Endesa (29,3%) y Naturgy (11%) controlan el 75,9% del mercado. Y llegan al 84,3% con EDP (5%) y Viesgo-Repsol (3,4%). Pero además, se lo tienen repartido por regiones, de tal manera que Iberdrola controla Madrid (52,9% mercado), las dos Castillas, Levante y Murcia, Endesa controla Barcelona (60,5%), Cataluña, Andalucía y Canarias (90%) y Naturgy Galicia, según el mapa 2019 publicado por la CNMC. Y en el caso del mercado regulado (el tercio restante de clientes), pasa lo mismo: Naturgy controla el 55,8% del mercado eléctrico en Galicia, Energía XXI (Endesa) el 43% de Canarias, el 33% de Cataluña o el 30,9% de Baleares, y Curenergía (Iberdrola), el 31,5% del mercado valenciano y el 17,6% del madrileño.
Y acabemos en la tercera parte del recibo, los impuestos (el 25% restante): el impuesto especial (el 5,113% sobre la potencia instalada y el consumo) y el 21% de IVA sobre la factura total (incluido el impuesto eléctrico, con lo que pagamos un impuesto sobre otro). Y aquí también pagamos impuestos de más. Somos el 3º país de la UE con más peso de los impuestos sobre el precio final de la electricidad a los consumidores domésticos: un 47,38%, frente al 66,4% en Dinamarca y el 53% en Alemania, muy por encima del peso de los impuestos en la luz de la UE-27 (40%), de Portugal (48%), Italia (39%) y Francia (34,3%). Y somos el 5º país europeo con el IVA de la electricidad más alto (21%), sólo por detrás de Dinamarca y Suecia (25%, Finlandia (24%) y Portugal (23%),según Eurostat. Y en el caso de la luz para empresas y consumidores no domésticos. España es el 6º país con más peso de los impuestos (28%), detrás de Alemania (52%), Holanda (50,5%), Italia (43%), Bélgica y Portugal, aunque por debajo del peso de los impuestos en la UE-27 (36%).
Ahora ya sabemos por qué pagamos la luz más cara que en Europa: por extracostes en la generación de electricidad, mayores márgenes al comercializarla, exceso de costes “políticos” y más impuestos. Habría que hacer una reforma integral del sistema eléctrico, no seguir con “parches” cuando se dispara el recibo. Y para eso, la clave sería que el Gobierno impusiera una auditoría de costes, para saber de verdad cuánto nos cuesta producir la luz y cuáles son los extracostes desde la central hasta el recibo. No vale decir que el sistema de fijación de precios es “europeo” y no puede tocarse, porque hay paises, como Francia, que han aprobado retribuir a las nucleares con un precio fijo (no el marginal del mercado) que cubre sus costes medios. Habría que aprobar precios fijos para las energías ya amortizadas (como hidráulica y nuclear) y compensar de otra forma a las centrales “de refuerzo” (gas), no a costa de que se dispare el precio final, como ahora. Y renegociar los márgenes de transporte y distribución, así como rebajar el IVA lo que se pueda (déficit).
Sólo así bajará de verdad la luz, con transparencia en los costes y con más competencia en la distribución y comercialización, atacando el oligopolio y fomentando más la competencia. El sistema vigente desde hace décadas beneficia a las eléctricas (duplican el beneficio de las europeas) y perjudica a los consumidores, que pagamos la luz más cara. Es hora de reformar este mercado, que ellos ganen menos y nosotros paguemos menos. El problema es que son muy poderosos y será difícil imponerles los cambios. Luz y taquígrafos.
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