La inflación agobia a toda Europa, pero en España lleva 3 meses bajando y tenemos la 2ª menor inflación de la UE, el 7,3% (un tercio menos que en julio). Ello se debe a las ayudas aprobadas para compensar las subidas de la luz, carburantes y gas, pero sobre todo a “la excepción ibérica”: el tope al gas para producir electricidad, que cumple mañana 5 meses, nos ha ahorrado 3.000 millones en la factura de la luz. Ahora, el Gobierno estudia la prórroga de las ayudas para 2023, pero hay 3 problemas: son muy costosas (18.000 millones), alimentan las emisiones de CO2 (consumimos más carburantes y gas) y son injustas (ayudan más a los que más tienen), por lo que muchos defienden concentrarlas en los 6 millones de familias que más sufren la inflación. Mientras, Europa no aprueba un tope al gas ni extiende la excepción ibérica. Y cada país aumenta sus ayudas, más los ricos (+200.000 millones Alemania). Urge un Fondo UE contra la inflación.
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| Enrique Ortega |
La inflación amenaza todas las economías, acercándonos a la recesión, especialmente en Europa, que apenas crecerá el año próximo (+0,3%), cayendo Alemania (-0,6%) y creciendo España sólo un +1%, según el último pronóstico de la Comisión Europea. La fuerte dependencia del gas ruso y de una energía disparada (gas y petróleo), más el repunte de la demanda y los embudos en las cadenas de producción, han provocado que la inflación lleve 16 meses consecutivos subiendo en la zona euro: pasó del 1,9% en junio 2021 al 2,2% en julio y el 5% en diciembre, para escalar al 7,4% en marzo (tras la invasión de Ucrania) y el 10,7% en octubre, la inflación más alta en los 20 años de historia del euro. En España, la inflación también se disparó, del 2,7% en junio de 2021 al 6,5% en diciembre, el 9,8% en marzo de 2022 y un máximo del 10,8% en julio, pero desde entonces lleva ya tres meses bajando, hasta el 7,3% en octubre, según el INE, algo que sólo ha pasado en otros tres países europeos (Estonia, Chipre y Eslovenia). Y tenemos la 2ª menor inflación de la zona euro, sólo algo mayor que Francia (+7,1%) y mucho menor a la de Holanda (16,8%), Bélgica (13,1%), Italia (12,8%) o Alemania (+11,6%), según Eurostat. Y menor que Reino Unido (+9,9%) o EEUU (+7,7%).
Así que nuestra inflación es muy alta (7,3%, la más alta desde 1986), pero es menor que la de la mayoría de Europa. Eso se debe a varios factores, desde una menor dependencia del gas ruso a un mayor peso de las energías renovables (somos el 2º país que genera más electricidad con renovables, tras Alemania), a la contención de los salarios (las subidas pactadas en los convenios, hasta octubre, han sido del 2,6%) y, sobre todo, a las medidas tomadas estos meses por el Gobierno para frenar la subida de los precios de la energía: bajada del IVA y los impuestos a la electricidad, supresión de cargos en el recibo de la luz, bajada del IVA del gas, bonificación de 20 céntimos a los carburantes y ayudas a distintos sectores (transportes, pesca, industria), subvenciones al transporte público y, sobre todo, la aprobación de la “excepción ibérica”, el tope al gas para producir electricidad aprobado por Bruselas.
Mañana se cumplen 5 meses de la entrada en vigor de la excepción ibérica, el 15 de junio de 2022, tras aprobarlo la Comisión Europea sólo para España y Portugal (durante un año), por su avance en las energías renovables y el escaso peso de las importaciones eléctricas (una “isla” eléctrica). La medida suponía poner un tope al precio del gas que se utiliza para producir electricidad (40 euros MWh al principio y hasta 70 euros al final, en junio de 2023), de tal manera que el resto de energías (hidráulica, carbón, térmicas de fuel y renovables) no se beneficiaban de cobrar más de ese tope (los “beneficios caídos del cielo”) y el coste de la electricidad en el mercado mayorista se abaratara drásticamente. Y aunque los consumidores tenían que compensar a las eléctricas de la diferencia en el precio del gas (precio mercado-tope), aun así la factura se abarataba.
Veamos el positivo balance de la “excepción ibérica estos 5 meses. Por un lado, el precio mayorista de la luz se ha mantenido bastante estable, al toparse el precio del gas natural costase lo que costase en el mercado: de tener “picos” que sobresaltaban al consumidor (360 euros MWh el 22 de diciembre o 545 euros el 15 de marzo, tras la invasión de Ucrania) se ha pasado a un mercado más estabilizado (ver curva de precios), con precios en origen de 165,59 euros el 15 de junio a un máximo de 200 euros el 3 de octubre y 121,18 el viernes 11 de noviembre. Y eso se ha traducido en que la media mensual del precio mayorista de la luz ha pasado de 283,3 euros en marzo 2022 a 169,63 euros en junio y 126,68 euros en octubre de 2022, el precio en origen más bajo desde agosto de 2021.
Y aunque el consumidor ha tenido que pagar más por la luz (al sumar a este precio mayorista la compensación a las eléctricas por el tope al gas), el precio final de la factura también es menor que si no hubiera existido el tope al gas: se ha pasado de pagar 225 euros el 15 de junio (con compensación) a 475 euros con el precio más alto del gas (30 de agosto), para bajar luego a un mínimo de 80,44 euros en octubre y 128,86 euros el viernes (con compensación al gas). Y si miramos la factura final, a los consumidores con tarifa regulada (11 millones en el sistema PVPC), el recibo ha bajado de 143 euros que pagaron de media en marzo de 2022 (tras la invasión) a 98,8 euros en mayo, para subir luego a 114 en julio, 131 euros en agosto (el 2º peor mes) y 85,63 euros en octubre 2022, la factura de la luz más baja desde agosto 2021 (78,31 euros), según la OCU.
El Gobierno estimó en octubre que “la excepción ibérica” había ahorrado a los españoles 3.000 millones en la factura de la luz, una media de 17 euros al mes por recibo. Y con ello, España está pagando la luz un 35% más barata que los franceses, un 40% más barata que los italianos y un 25% menos que los alemanes, razón por la que la mayoría de países quieren extender esta “excepción ibérica” a toda Europa. Sin embargo, el PP y Feijóo siguen hablando de “timo ibérico” y se agarran a un dato que es falso: que los consumidores españoles “estamos financiando con 1.000 millones a los consumidores franceses”. La realidad es que las “rentas de congestión” (para compensar la diferencia de precios entre dos zonas) entre el 15 de junio y el 17 de octubre han sido positivas para España, más de 700 millones, de los que 414 millones se han inyectado a las centrales, para reducir la compensación a pagar al gas. Y en octubre, la renta de congestión ha sido de 99 millones, el 50% para España, según la OMIE…
Otra medida que ha sido muy efectiva para bajar la inflación los últimos 3 meses ha sido la subvención al transporte público, tanto la gratuidad en los servicios de cercanías, rodalies de Cataluña y media distancia (que beneficia a 2 millones de usuarios y que se va a extender a todo 2023) como la subvención al 30% en los bonos del transporte público de grandes ciudades. Y también han sido decisivos los 20 céntimos de subvención a los carburantes, que hacen que los conductores paguen ahora por la gasolina (1,51 euros, descontando la bonificación) y el gasóleo (1,76 euros de media la semana pasada) menos de lo que pagaban en marzo (1,81 euros el litro de gasolina y 1,83 el gasóleo). Y por supuesto, también han moderado las subidas de la energía la bajada de impuestos a la luz y el gas.
El problema es que aunque los precios hayan bajado un tercio estos tres últimos meses, hay muchas familias que apenas lo notan, porque sus ingresos no les permiten llegar a fin de mes: son 6 millones de familias, el 32% de los hogares, que no ingresan lo suficiente para pagar la vivienda, la energía, la educación y los alimentos, según el último informe Foessa publicado por Cáritas. Y encima, estos datos son de finales de 2021, con lo que hoy serán muchas más de 6 millones las familias vulnerables, las que están sufriendo especialmente la actual subida de precios. Son, según Cáritas, las familias con 2 hijos que ingresan menos de 2.208 euros al mes, las mujeres solas con niños con ingresos inferiores a 1.816 euros y los que viven solos con menos de 1.136 euros al mes. Es sobre estas familias más vulnerables (en alquiler, con hijos o con trabajos y sueldos precarios) sobre quien cae lo peor de esta crisis de la inflación, aunque nos afecte a todos.
Ahora, la inflación podría estar bajando o estabilizada en noviembre, dado que el gas, el petróleo, la luz y los carburantes no suben apenas, aunque sí los alimentos. Pero todo apunta a que, cuando llegue el frío, la energía, el gas y la luz volverán a subir, dificultando más los problemas de las familias vulnerables y del resto. Y por eso, el Gobierno Sánchez estudia estos días prorrogar las ayudas contra la inflación para 2023, al menos hasta abril. Una decisión que choca con tres problemas, que se están evaluando.
El primer problema es el elevado coste de las ayudas contra la inflación. El Gobierno estima que todas las ayudas aplicadas en 2022 han costado ya 38.500 millones de euros, el 3,19% del PIB. Y ampliar sólo las medidas para frenar los precios de la luz, el gas y los carburantes costaría 18.528 millones en 2023, según FEDEA. Además hay que sumar las ayudas directas a las familias más vulnerables: aumento ingreso mínimo vital, bono social, complemento de becas, ayuda 200 euros personas con bajos ingresos, rendimientos trabajo IRPF…), otra cifra que rondará otros 20.000 millones. La cuestión es que la mayoría de estos costes no están incluidos en los Presupuestos 2023, aunque el Gobierno le ha comentado a Bruselas que cuenta con un “colchón” de 20.000 millones de recaudación extra que espera ingresar en 2023. Pero la AIREF y muchos expertos alertan de que España, con su alto déficit y muchísima deuda, debe mirar mucho lo que gasta en ayudas, sobre todo porque llevamos “tirando del Presupuesto” desde 2020, primero por la pandemia y ahora por la inflación.
El segundo problema que plantea prorrogar algunas ayudas es que favorecen el consumo de energía y las emisiones de CO2, agravando el Cambio Climático. De hecho, entre abril y octubre, la bonificación a los carburantes ha aumentado su consumo, aunque todo el mundo se queje del alto precio: el consumo de gasolina ha crecido un +6,2% y el de gasóleo A un +1,77%, según CORES.Y el consumo español de gas ha crecido un +0,66% entre abril y agosto. Solo ha bajado el consumo de electricidad, un -3%, y más por el buen tiempo que porque ahorremos luz. Así que mantener la bonificación a los carburantes (costaría 4.269 millones), la bajada de impuestos y cargos a la luz (10.452 millones de coste) o la rebaja del IVA al gas (800 millones), tendría un alto coste económico y climático.
El tercer problema es más de fondo: muchas de las ayudas en vigor son injustas, socialmente regresivas, porque benefician más a los que más tienen. Sobre todo las que no son ayudas directas a las familias vulnerables, como las bonificaciones a los carburantes (benefician más a los que tienen más coches, más caros y que gastan más), la bajada de impuestos a la luz y al gas, o incluso la gratuidad y rebaja en los transportes públicos, según demuestra un estudio de la AIReF y ya habían alertado la OCDE y el FMI.
En definitiva, que hay que pensarlo bien antes de prorrogar las ayudas actuales, porque son muy costosas, contaminantes y benefician más a los que sufren menos la inflación. Por eso, la AIReF y muchos expertos, incluyendo la Comisión Europea, defienden concentrar las ayudas en las familias más vulnerables, en esos 6 millones de hogares que sufren más esta crisis, según Cáritas. FEDEA ha lanzado una propuesta concreta: si se centran las ayudas en los que ganan menos de 2.000 euros al mes, podrían recibir un cheque de 1.900 euros anuales con el mismo coste (y más eficacia) que hoy tienen las ayudas vigentes para todos. Eso tiene dos dificultades. Una técnica: perfilar estas familias y poner en marcha un sistema que sea ágil y flexible (algo difícil, como se ha visto con el ingreso mínimo vital). La otra "pega" es política: es difícil que un Gobierno, en un año electoral, prefiera concentrar las ayudas en un tercio de las familias en lugar de generalizarlas a todos los ciudadanos (y votantes).
Probablemente, la decisión del Gobierno será híbrida: más ayudas directas a los más vulnerables y mantener las ayudas generalizadas, con cambios en la subvención a los carburantes (más restrictiva). Con todo, el Presupuesto no es de chicle y habrá que ver qué pasa si la guerra se prolonga mucho y hay que mantener las ayudas todo 2023. De momento, ya vemos lo que ha pasado: que los países ricos de Europa están gastando mucho más que los pobres, según Bruegel: 264.200 millones en ayudas lleva Alemania (7,33% del PIB), 97.000 Reino Unido (3,66%), 71.600 Francia (2,86% PIB), 62.600 Italia (3,51%), 38.500 España (3,19% PIB), frente a 12.400 millones Polonia (0,47% PIB), 10.500 Grecia (5,77%), 7.000 Portugal (3,2%) o 1.800 millones Bulgaria (1,29% PIB).
Y cara al futuro, Alemania ya ha anunciado que va a gastar otros 200.000 millones en ayudas, limitando desde febrero 2023 el precio que pagan hogares e industrias por el gas, la calefacción y la electricidad (subvencionará un 40% los precios). Y mientras, en diciembre, el Gobierno alemán asumirá el 100% de la factura de gas de familias y empresas. Así que el país más rico de Europa se niega a poner un tope al precio del gas europeo y extender la “excepción ibérica” a todo el continente, pero mientras subvencionará a sus hogares y empresas, que tendrán menos costes energéticos para afrontar la recesión y ejercerán una “competencia desleal” con el resto de Europa. España y otros países se han quejado de estas anunciadas ayudas alemanas, pero no las retirarán. Así que a los demás no les queda otro camino que seguir su estela, mantener y aumentar si pueden las ayudas, aunque se carguen las cuentas públicas, salvo que quieran enfrentarse a protestas sociales y a perder las próximas elecciones.
La alternativa europea debería ser otra, por un doble camino: tomar medidas eficaces para frenar los precios de la energía (tope al gas, desechado por Alemania, Holanda y la Comisión Europea, y extender "la excepción ibérica", que nos ha funcionado) y, en paralelo, crear un Fondo europeo de ayudas contra la inflación, como se hizo con la pandemia, para homogeneizar las ayudas públicas entre los 27 y repartir su coste y financiación (problema: los países ricos pagarían más e ingresarían menos). Dos caminos en los que Europa no avanza, mientras la recesión amenaza a la vuelta de la esquina.
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