Los alquileres siguen subiendo

En enero subieron los alquileres, un +1,8%, tras una subida del +10,1% en 2023. Con ello, los alquileres han subido un +69,5% la última década, el triple que la inflación y cuatro veces los salarios. La causa es la escasez de oferta: hay un 30% menos de pisos en alquiler, porque la nueva Ley de Vivienda (en vigor desde mayo) ha desatado los recelos de los propietarios a alquilar, desviando pisos al alquiler turístico, a los alquileres de temporada y la venta. Por eso, los inquilinos tienen cada día más problemas para alquilar (los dueños les “seleccionan”) y pagan de media el 33% de sus ingresos. Los jóvenes lo tienen peor:  el alquiler se come sus bajos sueldos y no funcionan las ayudas del bono joven (autonomías). Y todo puede empeorar en febrero, cuando el Gobierno apruebe los topes máximos al alquiler, que sólo aplicará Cataluña: podría retraer más la oferta. Urge un Plan de choque, para promover más viviendas, sobre todo en alquiler. Más oferta de viviendas, no más controles de precios.  

 

                  Enrique Ortega

El año 2024 ha empezado como terminó 2023 y los años anteriores: subiendo los alquileres. En enero, la subida media fue del +1,8%, según el portal Idealista, con lo que el alquiler medio alcanza los 12,4 euros/m2, un máximo histórico. Todas las capitales españolas tienen alquileres por encima de 2008 y en enero, varias capitales alcanzaron precios históricos del alquiler: Barcelona (20,8 euros/m2), Madrid (18,3 euros/m2), San Sebastián (17,2), Palma (15,7), Bilbao (13,8) y Málaga (13,7 euros/m2), mientras en el otro extremo, con los alquileres más baratos están Zamora (6,3 euros/m2), Ciudad Real (6,7) y Jaén (6,8 euros/m2). Y son ya 11 las autonomías con sus alquileres en máximos históricos, según Idealista.

Esta subida de enero continúa la tendencia de 2023, cuando los alquileres subieron un +10,1%, según el portal Idealista (y el +5,7% según Fotocasa o el +6% según pisos.com). Los alquileres subieron durante 2023 en 50 capitales, sobre todo en Segovia (+24,6%) , Alicante (+16%), Málaga (+14,5%), Córdoba (+13,8%), Madrid (+13,6%) y Barcelona (+12,4%), por los pisos de temporada y turísticos más la fuerte demanda de alquileres. Y con esta subida, 28 capitales españolas tienen sus alquileres en máximos históricos, entre ellas Barcelona, Madrid, Palma, Bilbao, Valencia, Alicante, Zaragoza, Málaga, Girona, Lleida, Cádiz, A Coruña, Oviedo, Valladolid o Burgos.

La subida de alquileres de 2023 (+10,1%) es superior a la de 2022 (+8,4%, según Idealista) y a la de 2020 (+4,6%), tras haber bajado los alquileres sólo en 2021 (-3,6%), tras lo peor de la pandemia. Y entre 2014 y 2019, los alquileres ya habían subido un +50%, según el portal Idealista. Con ello, en la última década (2014-2023), los alquileres han subido en España un +69,5%, el triple de lo que han subido la inflación general (+21,3%, según el INE) y cuatro veces los salarios en convenio (+17,66%, según Trabajo).

¿Por qué suben tanto los alquileres? Todos los expertos coinciden: porque falta oferta. Aumenta más la demanda de alquileres, por los jóvenes y las nuevas familias (200.000 cada año), que la oferta, porque se hacen muchas menos viviendas nuevas (81.600 estimadas en 2023, frente a 597.632 en 2006 y 365.000 en 2009) y muchas viviendas actuales no se alquilan (hay 1,9 millones de viviendas vacías). Pero este problema de fondo, mucha demanda y poca oferta, se ha agravado en los dos últimos años, por la gestación y aprobación de la Ley de Vivienda, en vigor desde mayo de 2023. La nueva norma, empujada por Podemos, defiende “un atajo populista” para fijar topes a los alquileres en las zonas tensionadas, además de limitar la subida de los alquileres (3% en 2024) y obligar a los propietarios a pagar la formalización de los contratos. Medidas que han provocado una caída del 30% en la oferta de alquileres desde la aplicación de la nueva Ley, según las inmobiliarias.

Parece claro que la nueva Ley de Vivienda “asusta” a los arrendadores, que han reaccionado alquilando menos o cobrando más y poniendo muchos requisitos a los inquilinos. Según una Encuesta de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), hecha a 637 Agencias, el 45,59% de los propietarios han subido los nuevos alquileres (para cubrirse de bajas revalorizaciones y posibles impagos) y han endurecido los requisitos que exigen a sus potenciales inquilinos (obligan a “casting” muy severos, para “filtrarles” por ingresos, empleo y contrato, edad, nacionalidad o color de piel y tipo de familia). Otro 15,44% responde que los propietarios han trasladado el alquiler permanente a alquiler de temporada, un 6,2% se han pasado al alquiler turístico y otro 13,07% han decidido vender el piso que hasta ahora alquilaban. Todo esto explica, según la FAI, que haya un 30,57% menos de oferta de alquileres tras la Ley, agravando la falta de oferta.

Los expertos han detectado tres vías por las que se ha reducido la oferta de alquileres en los últimos años. La primera, el desvío de alquileres a pisos turísticos. En España había 340.000 viviendas turísticas registradas a finales de agosto, +10,8% que hace dos años, según el INE, a las podrían sumarse otras 200.000 “ilegales”. Por autonomías, la mayor oferta se registra en Andalucía (79.065), seguida de la Comunidad Valenciana (58.337), Cataluña (52.026), Baleares (26.507), Galicia (18.080) y Madrid (16.970 viviendas turísticas). Pero por ciudades, la mayor oferta se registra en Madrid (14.133 viviendas turísticas), Barcelona (7.531), Málaga (6.550), Valencia (5.892) y Sevilla (5.432 pisos). El problema se agrava en algunos municipios turísticos (hay 48 con más del 10% de sus viviendas dedicadas al alquiler turístico) y en los centros de algunas capitales, como Barcelona, Madrid (el 28,3% de viviendas de la zona de Sol son turísticas), Málaga, Sevilla (6 de cada 10 viviendas del Barrio de Santa Cruz), Palma, Valencia o San Sebastián.

Otro camino por el que se desvían alquileres tradicionales es su cambio a alquileres de temporada: propietarios que ahora no quieren alquilar su piso 12 meses a unos jóvenes o a una familia y que prefieren alquilarlo por temporada, a estudiantes (9 meses), trabajadores desplazados (profesores, médicos, camareros, temporeros…) o por vacaciones. Estos alquileres de temporada no se rigen por la Ley de Vivienda (ni en el importe a cobrar ni en las subidas) sino por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), con lo que las condiciones las pactan “libremente” las partes. Y son también diferentes a los alquileres turísticos, que regulan autonomías y Ayuntamientos, no la Ley de Vivienda.

El auge de los alquileres de temporada, empujados por la nueva Ley de Vivienda, es evidente: a finales de 2013, suponían el 11% de todos los alquileres, tras crecer un +58% en el 4º trimestre, según el portal Idealista. Pero es mucho mayor su peso en las ciudades donde los alquileres son más escasos y caros: San Sebastián (un 32% de todos los alquileres ofertados son por temporada), Barcelona (el 30%), Cádiz (22%), Valencia (15%), Málaga (14%) y Madrid (13%). Esto explica, por ejemplo, que Segovia haya sido la ciudad donde más subieron los alquileres en 2023: los propietarios prefieren alquilar sus pisos a los estudiantes y no a las familias que los necesitan todo el año. El problema (y el “fraude”,  posible hoy) es tan serio que el Ministerio de Vivienda ha creado un grupo de trabajo para tomar medidas. Incluso las Asociaciones Inmobiliarias (agencias) se ha ofrecido a participar.

El tercer camino por el que se reducen alquileres son los propietarios que deciden vender su piso en vez de alquilarlo, a la vista de la nueva Ley de Vivienda y empujados por la subida de precios: en 2023, los pisos subieron un +4,7%, a pesar de bajar las ventas (por la subida de tipos y la caída de hipotecas). Pero también hay más demanda que oferta para comprar piso y por eso muchos propietarios optan por vender y quitarse de problemas. A la vista de los datos de las agencias (un 13,07% de propietarios han decidido vender), podría haber más de 100.000 pisos que ya no se alquilan porque se han vendido en 2023.

En definitiva, si faltaban pisos para alquilar, ahora faltan más porque muchos se han desviado al alquiler turístico, al alquiler de temporada o a la venta. Y eso provoca que los alquileres habituales sean más escasos y sigan subiendo. Con ello, las familias tienen más problemas para pagar su alquiler. El “esfuerzo” que exige alquilar suponía destinar el 33% de los ingresos del hogar a finales de 2023, un +3% que hace un año, según el portal Idealista. Y hay 10 capitales donde el alquiler supera o ronda el 30% de los ingresos, el tope recomendable: Barcelona (se lleva el 44% de los ingresos familiares), Palma (43%), Valencia (39%), Málaga (38%), Madrid (37%), Alicante (35%), San Sebastián (33%), Las Palmas (32%), Bilbao (30%) y Segovia (30%). Pero hay alquileres en la provincia de Málaga que se llevan el 53% de los ingresos, como en zonas de Baleares (el 48%) y de Canarias (37% en las Palmas o 35% en Santa Cruz), lo que explica que falten camareros, médicos o docentes. Y otro dato llamativo: el esfuerzo de alquilar (33% ingresos familiares) es mayor que el de comprar (22%) en toda España, salvo en San Sebastián, Palma, Granada y A Coruña.

Los que lo tienen aún más difícil, con la subida de los alquileres, son los jóvenes. Su “esfuerzo”, en caso de querer alquilar, se lleva todo su sueldo (no el 33% del resto), porque su salario medio es de 1.005 euros (en 12 pagas) y el alquiler medio era de 944 euros en 2023 (y si sumamos los gastos de luz, agua y suministros, subiría a 1.082 euros mensuales, más de lo que ganan), según el Laboratorio de Emancipación. Eso explica que la mayoría de los 7 millones de jóvenes (menores 30 años) vivan con sus padres y sólo el 16,30% estén emancipados (frente al 31,9% en la UE).

El problema no es sólo que los jóvenes tengan “imposible” alquilar, sino que no funcionan las ayudas aprobadas, los “bonos de alquiler joven”. A principios de 2022, el Gobierno aprobó 200 millones de euros para financiar esta ayuda de 250 euros mensuales (durante 2 años) para ayudar a los jóvenes (hasta 35 años) a alquilar, con 2 requisitos: que el alquiler no supere los 600 euros (900 en algunos lugares) y que ganen menos de 24.318 euros. En abril de 2022 se repartieron esos 200 millones por autonomías, las que gestionan esas ayudas. Y en 2023, había autonomías que todavía no las habían adjudicado. Un caso típico es Andalucía (también hay quejas en Madrid): a 21 de diciembre de 2023 (20 meses después del reparto), sólo había recibido 17.000 solicitudes de bonos de alquiler y se habían concedido 6.790 (hay 1.725.200 jóvenes andaluces de 18 a 35 años…). El Defensor del Pueblo andaluz ha reiterado fallos en la gestión del sistema y el propio Moreno Bonilla ha pedido 2 veces disculpas.

Ahora, la nueva ministra de Vivienda ha prometido que aprobará más fondos para el bono de alquiler joven en 2024, pero el problema es que su adjudicación se retrasa (años, no meses) y no llega a muchos jóvenes, por el exceso de burocracia y los alquileres superiores a 600 euros. Otra medida que ultima el Gobierno para mejorar los alquileres es la aprobación de los topes al alquiler que recoge la nueva Ley de Vivienda y que se publicarán este mes de febrero. El Ministerio decidirá los criterios para que una zona (localidad) pueda ser declarada “zona tensionada” por sus altos alquileres y la Ley permite a las autonomías que lo soliciten que autoricen a esos Ayuntamientos a limitar los alquileres.

La Ley establece dos topes posibles a los alquileres en esas zonas tensionadas. Para los alquileres actuales, los congela en el caso de la mayoría de los arrendatarios (con menos de 5 viviendas en alquiler) y los limita al índice de alquiler tope que ahora se fije en el caso de inmobiliarias y grandes propietarios (más de 5 alquileres). Para los alquileres futuros, desde 2025, tanto los particulares como las inmobiliarias, no podrán cobrar un alquiler superior al índice establecido para cada municipio tensionado.

El problema es que las 11 autonomías del PP (y Vox) rechazan solicitar la declaración de zona tensionada y del resto, sólo se aplicará en Cataluña, a 140 municipios (donde viven 6,8 millones de personas, el 80% de los catalanes), sobre todo de Barcelona y provincia (ver mapa). El problema es que este control de alquileres, estos topes, van a reducir aún más la oferta de alquileres, porque habrá propietarios que no quieran alquilar y derivarán su vivienda al alquiler turístico, al alquiler de temporada o la venta. Y así, los topes conducirán a más subidas de los alquileres, no a que bajen, como denuncian la mayoría de profesionales del sector, que piden buscar otros caminos y no “ir contra el mercado”, con un “intervencionismo contraproducente”, que ya ha restado oferta y la restará más en 2024, especialmente en Cataluña, donde el problema del alquiler es más grave. Por eso, la mayoría de expertos apuestan porque los alquileres subirán en 2024, entre un +5 y un +10%, porque se reducirá aún más la oferta, crecerá la demanda (por la creación de empleo y mejora de salarios) y aumentarán las viviendas desviadas del alquiler a la venta, por la bajada de tipos.

Ante este panorama, muchos profesionales piden un Plan de choque que aumente la oferta de vivienda por tres vías. Una, facilitando la construcción de nuevas viviendas, dado que la obra nueva se ha estancado (81.600 viviendas en 2023, la mitad de las que harían falta) e incluso ha caído en 2023 en Madrid (cae un -32,1%), Barcelona (-75,5%) y Málaga (-57,6%), donde hacen más falta. Urgen acuerdos entre promotores, Ayuntamientos, autonomías y Estado para conseguir suelo y financiación suficientes, para construir unas 120.000 viviendas al año, una parte para alquiler. La segunda vía es configurar un parque público de vivienda, promovido por el Estado, autonomías y Ayuntamientos, con viviendas de la SAREB (los municipios sólo han comprado 350 viviendas sociales de las 21.000 ofertadas por "el banco malo)" y otras que compren y promuevan ellos, para alcanzar una oferta suficiente de viviendas en alquiler para las familias más vulnerables, que no puede pagar los alquileres de mercado. Y la tercera vía, incentivar a los propietarios de viviendas vacías (1,9 millones) para que las rehabiliten y alquilen, dándoles ayudas y seguridad jurídica, incluso con apoyo de entidades públicas de gestión de alquileres, como hace Euskadi (Programa Bizigune).

En conjunto, hacen falta 1,3 millones de viviendas en alquiler en los próximos 10 años, según la inmobiliaria Culmia y GAD3, que podrían salir de las viviendas vacías, el parque público y las nuevas viviendas que se construyan. Eso sí sería eficaz para bajar los alquileres y resolver el grave problema de la vivienda a familias y jóvenes. Déjense de topes y “atajos populistas”. La vivienda sí tiene enmienda: aumentar la oferta. 

Beneficios récord banca, por clientes y BCE

Los 6 grandes bancos españoles llevan 3 años seguidos con importantes beneficios, tras las pérdidas de 2020. En 2023 ganaron 26.355 millones, un +26% más que en 2022 y más del doble de beneficio que antes de la pandemia (2019). Los bancos ganan mucho más a costa de nosotros, sus clientes, que hemos pagado bastante más por créditos e hipotecas y que hemos cobrado poco por el ahorro, a pesar de la subida de tipos. Y nos cobran más comisiones y contienen costes, recortando plantillas y sucursales y subiendo los sueldos mucho menos que la inflación. Además, han tenido “un regalo” del que no se habla: el pago del 4% por sus depósitos en el BCE (9.170 millones “extras” para la banca española). A pesar de estos beneficios récord, ofrecen subir los salarios un 8% los próximos 3 años, provocando hoy manifestaciones sindicales y una huelga en marzo. Ahora, los bancos creen que 2024 “les va a ir mejor”, porque los tipos no bajarán hasta el verano. Seguiremos alimentando sus beneficios.

                  Enrique Ortega

Los 6 grandes bancos españoles, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, (que controlan el 77% del negocio bancario) se ha recuperado con fuerza de las pérdidas de la pandemia (- 5.536 millones en 2020, aunque en realidad sólo el Santander tuvo pérdidas ese año: -8.771 millones, por ajustes extraordinarios). Ya en 2021 tuvieron unos beneficios de +16.290 millones, sin contar ajustes extraordinarios. En 2022, con la subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE), los beneficios de los 6 grandes aumentaron un +28%, hasta los 20.849 millones. Y en 2023, acaban de publicar otro aumento de beneficios del +26,4%, ganando 26.355 millones de euros, más del doble que antes de la pandemia (habían ganado 11.904 millones en 2019). Un beneficio bancario que marca un récord histórico, porque en 2007, antes de la crisis financiera, toda la banca española ganó 18.877 millones de euros, según la patronal bancaria AEB.

¿Por qué gana tanto dinero la banca española? La respuesta corta es que estos millones han salido de nuestros bolsillos, de las familias, empresas y el Presupuesto. Precisando más, hay que recordar la esencia del milenario negocio bancario, que es simple: consiste en coger dinero con una mano (lo más barato posible) y prestarlo con la otra (lo más caro posible), reduciendo al mínimo los costes por el camino. Y lo que ha pasado, sobre todo en 2022 y 2023, es que la banca ha cobrado mucho más por los créditos, hipotecas y deuda pública (aprovechando las 10 subidas de tipos del BCE) y apenas nos ha pagado más por los ahorros, mientras recortaba plantillas y congelaba sueldos, aumentando las comisiones que nos cobra. Y encima, ha tenido un regalo extra, cobrando más por los depósitos que tienen en el BCE y el Banco de España. Veámoslo.

Los bancos europeos han encarecido el dinero que prestan siguiendo la estela del BCE, que subió 10 veces los tipos de interés (la 1ª, el 21 de julio de 2022), desde el 0% en que estaban (desde 2014), hasta dejarlos en el 4,5% en septiembre de 2023, el precio más alto del dinero desde 2001. Esto se tradujo en una subida generalizada y acumulativa de los créditos a familias, empresas y Gobiernos (deuda). En España, 4,5 millones de familias pagan una hipoteca, que se ha encarecido desde 2022. El tipo medio de las nuevas hipotecas subió del 1,82% en diciembre de 2021 al 2,66% en diciembre de 2022 y el 3,27% en noviembre de 2023, según el INE. Y el Euribor mensual con que se revisan las hipotecas antiguas subió del 0,013% en abril de 2022 al 3,018% en diciembre y al 3,679% en diciembre de 2023. Y en paralelo, subieron los créditos al consumo (del 6,10% en 2021 al 8,52% en diciembre del 2023), y el tipo de las tarjetas, según el Banco de España.

Los bancos también subieron los créditos a las empresas: a las pymes, para importes de hasta 25.000 euros, el tipo subió del 1,69% en diciembre de 2021 al 5,14% en diciembre de 2023.  Los créditos de 250.000 euros a 1 millón subieron del 1,29% (diciembre 2021) al 5,01% (diciembre 2023). Y los créditos de más de 1 millón de euros pasaron del 1,04 al 4,94%, según el Banco de España. Y también el Estado tuvo que pagar más por colocar su deuda entre los inversores (un 13% colocada en la banca). Los bonos a 10 años pasaron de colocarse al 0,76% en febrero de 2022 al 3,738% en septiembre de 2023. Y las Letras del Tesoro (el 15,5% las compran los bancos), que se colocaban al 0,078% en mayo 2022 saltaron al 3,216 un año después y al 3,30% en la última subasta de 2023. 

Esta subida de tipos de la banca a familias, empresas y al Estado ha mejorado su margen, en 2022 y 2023. Y sobre todo porque, en paralelo, la banca española apenas ha subido lo que nos paga por el ahorro. A finales de 2022, pagaban por los depósitos (a menos de 2 años) una media del 0,64%, menos de lo que pagaba toda la banca de la zona euro (1,20%). Un pago por el ahorro que era la cuarta parte de lo que cobraban entonces por una hipoteca (2,66%). En 2023, tras una “bronca” del BCE, los bancos europeos (y españoles) empezaron a pagar más por el ahorro, todavía poco: un 1,8% en diciembre en España (depósitos a menos de 2 años) frente al 2,28% de media los bancos de la zona euro. Así que las familias españolas, que tenían más de 1 billón de euros en depósitos (2022) veían que los bancos apenas se los remuneraban mientras les subían las hipotecas y créditos.

Este esquema de negocio, prestar más caro y pagar poco por el ahorro, ha permitido a los bancos españoles (y europeos) mejoren su margen, sobre todo en 2022 y 2023. Tomando los datos de los 5 grandes bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter), han aumentado su “margen de intereses” (lo que cobran menos lo que pagan) en 2023 un +44% en España (+20% en todo el mundo), hasta los 26.969 millones de euros, destacando el fuerte aumento del margen de BBVA (+49%), Santander (+46%) y CaixaBank (+44%).

Además del beneficio por el aumento del margen de intereses, otro ingreso importante lo han obtenido por las comisiones que nos cobran, con las que han ingresado otros 24.013 millones, un aumento de sólo el +1,3% (+9,7% en 2022), porque la subida de tipos les ha permitido subir menos comisiones a los clientes. Pero aún así, el BBVA las subió un +17% (6.288 millones ingresados), Santander un +7% (12.057 millones por comisiones) y Sabadell otro +7% (1.386 millones), mientras las bajaba un 5,1% CaixaBank (3.658 millones).

Los bancos no sólo ganan más dinero porque presten más caro, paguen poco por el ahorro y nos cobren comisiones por casi todo. En 2022 y 2023, una parte de sus mayores beneficios han sido gracias a sus empleados, a que han recortado plantillas y apenas han subido los salarios. La banca viene ajustando plantillas desde 2009, por la crisis financiera: pasaron de tener un máximo de 278.000 empleados en 2008 a menos de la mitad en 2022 (130.000), tras cerrar 24.000 sucursales (de 43.000 a menos de 19.000). Sólo en 2022, los 6 grandes bancos recortaron sus plantillas en 5.900 empleados (hasta 120.600) y cerraron 1.360 sucursales, lo que les ayudó a recortar costes y aumentar beneficios. Además, congelaron salarios en 2019 y 2020, firmando en enero de 2021 un convenio que subió los sueldos de la banca +0,25% en 2021, +1% en 2022 y +1,25% en 2023, con lo que sus empleados perdieron poder adquisitivo estos dos últimos años de alta inflación (aunque en noviembre pasado revisaron la subida salarial de 2023, que acabó siendo del +4,5%).

Por si no fuera bastante con los tipos, las comisiones y el recorte de costes, en 2023 (y en 2022), los bancos tuvieron un regalo extra, del que apenas se habla: el BCE (y el Banco de España en nuestro caso) les pagaron un alto interés, del 4%, por las reservas que los bancos españoles tienen depositadas. Una remuneración que beneficia a todos los bancos europeos: ganaron 140.000 millones de euros “extras” en 2023 por los 3,7 billones que tienen en reservas en el BCE y en sus bancos centrales. A los bancos españoles, les ha supuesto un ingreso extra de 9.170 millones de euros en 2023, un tercio de sus beneficios (los bancos alemanes se han llevado 49.107 millones y los franceses 35.925 millones). Un dinero público que se les abona con total seguridad y ningún riesgo, mientras los bancos beneficiados apenas pagan una media del 0,35% a sus ahorradores. Por ello, un grupo de expertos y diputados europeos mandaron una carta en diciembre al BCE quejándose de esta “ayuda a la banca” y exigiendo que aumenten las reservas bancarias no remuneradas.

Hasta aquí los caminos por los que la gran banca española ha conseguido 26.355 millones en 2023, más del doble que en 2019. Unos beneficios que se reparten de una forma muy desigual. Este año, la mitad del beneficio irá a los 5,6 millones de accionistas de la banca, que recibirán esos 13.000 millones en forma de dividendos (un pago por acción que les abonan dos veces al año) y recompra de acciones: los bancos compran acciones propias, para reducir su número y conseguir así que suban de precio (cotización). Ya en 2022, los 6 grandes bancos destinaron un 44% de sus beneficios (8.340 millones) a dividendos y recompra de acciones, pero el BCE y el Banco de España, les pidieron moderación, destinar más beneficios a aumentar su solvencia y su capital. Este año, no les han hecho caso y reparten más, en perjuicio de su ratio de capital, inferior al de otros grandes bancos europeos.

Otra parte del beneficio se destina a los presidentes y directivos de los grandes bancos, que cada año ganan más. Ya en 2022, tres de los cuatro banqueros mejor pagados de Europa fueron españoles:  Ana Patricia Botín, Presidenta Santander (11,74 millones), José Ángel González, consejero delegado BS (9,57 millones), Christian Sewing, consejero delegado Deutsche Bank (8,93 millones) y Carlos Torres, Presidente BBVA (8,29 millones), seguidos por Omur Genç, consejero delegado BBVA, el 6º del ranking (7,15 millones), Gonzalo Cortázar, consejero delegado CaixaBank, en 10º lugar (3,90 millones) y César González Bueno, consejero delegado de Sabadell, en el puesto 13º (2,47 millones). Ya en 2021, 221 banqueros españoles ganaron más de 1 millón de euros, según la EBA, con un ingreso medio de 2,16 millones de euros.

Pero hay más. El sueldo medio de los equipos de alta dirección del Banco de Santander fue de casi 3,6 millones por cabeza en 2021, 64,5 veces el salario medio de la plantilla del banco (55.673 euros) Y en el BBVA, la remuneración media de la alta dirección fue de 1,58 millones anuales, 18,6 veces el sueldo medio de la plantilla (34.000 euros), según un estudio hecho por CCOO sobre los directivos de las empresas del IBEX. Y el primer ejecutivo del Sabadell gana 412 veces la media de su plantilla, 220,7 veces el del Santander, 181,8 veces en el BBVA, 54,4 en CaixaBank y 20,2 veces en Bankinter.

Mientras, los grandes banqueros se quejan de que una parte (mínima) de sus beneficios se los lleva el Gobierno Sánchez, que aprobó un impuesto extraordinario sobre los beneficios de la banca para 2022 y 2023 (prorrogado para 2024), impuesto recurrido ante la Audiencia Nacional. En 2023, toda la banca pagó 1.260 millones por este impuesto extraordinario, de ellos 1.045 millones pagados por los 5 grandes (el 5,07% de los 20.589 millones ganados en 2022). Y en 2024, se estima que toda la banca pagará otros 1.650 millones por este impuesto extraordinario, de ellos 1.450 los 5 grandes bancos (el 5,55% de los 26.088 millones ganados por ellos en 2023). El año pasado, CaixaBank pagó 373 millones extras (7,7%), Santander 224 millones (2 de cada 100 euros de beneficio), BBVA 215 millones (2,6%), Sabadell 256 y Bankinter 77,5 millones.

En medio de tan abultados beneficios, dividendos y sueldos de directivos, la plantilla de la banca acaba de recibir una rácana oferta de convenio para los próximos tres años: +8% de subida salarial entre 2024 y 2027 (+2,75% de subida en 2024, cuando se prevé una inflación del +3,3%, 2,25% para 2025 y +1,5% de aumento en 2026 y 2027). Enfrente, los sindicatos piden una subida del +23% en estos cuatro años (+17% fijo y otro 6% en función del IPC y de los resultados de la banca). Y como no ven posibilidades de acuerdo, han convocado manifestaciones para hoy 8 de febrero y amenazan con una huelga en marzo.

Cara a 2024, los grandes banqueros españoles se muestran muy optimistas.” Si 2023 ha sido bueno, 2024 va a ser aún mejor”, ha dicho sin rubor Ana Patricia Botín, del BS. “El beneficio seguirá creciendo”, ha añadido el presidente del BBVA.  Y esperan ganar más por tres razones. Una, porque se prevé que el BCE no baje los tipos hasta el verano y poco (sólo un -0,5% en 2024, según la OCDE). Dos, porque todavía habrá mejora de márgenes en la primera mitad del año, por la revisión de algunos créditos e hipotecas, mientras seguirán sin pagar más por el ahorro. Y la tercera, porque van a vigilar los costes (con subidas salariales mínimas) y aumentarán las comisiones, mientras este año no tendrán que hacer aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos y al Fondo Único de Resolución (2.500 millones de ahorro).

En resumen, que la banca española lleva 3 años de fuertes beneficios y va a por el 4º, a costa de clientes, empresas, deuda y empleados. Es bueno que la banca tenga beneficios y no pérdidas (porque las acabamos pagando los contribuyentes), pero ya es hora de ajustar las estructuras, los dividendos y los sueldos de los directivos para que la banca pueda ser rentable de una forma “moderada” y racional, buscando un mejor servicio a los clientes, una financiación más flexible y barata a las empresas y una gobernanza más transparente. Beneficios sí, pero sin abusar de su posición dominante y beneficiando a familias, empresas y economía. Quizás sea mucho pedirles, pero si no lo hacen, que luego no se quejen de los impuestos.

Inmigrantes logran la mitad del empleo nuevo

 

De cada 10 nuevos empleos creados en 2023, sólo 4 han ido a españoles: los 6 restantes han sido para extranjeros (4,26) y residentes con doble nacionalidad (1,74). Lo mismo ha pasado con los 1.280.000 empleos creados en España desde 2019: sólo 465.700 (el 31,3%) han sido para nacidos en España. Los extranjeros están copando muchos nuevos empleos en sectores con trabajados duros y bajos sueldos, que no quieren muchos españoles: hostelería (40% afiliados SS son extranjeros), el campo (35%), la construcción, cuidados a mayores o inmobiliarias (25%) y empleadas de hogar (45% afiliadas son extranjeras). Con la caída de la población nacida en España, los inmigrantes crecen cada año y ya suponen el 14,2% de los ocupados, cuando eran el 1,3% en 1986. No deberíamos rechazarlos, porque están contribuyendo al mayor crecimiento y a salvar las cotizaciones (pensiones), la recaudación y el consumo. Pero hay que organizar su llegada, para frenar la inmigración ilegal, buscando la mano de obra formada que falta en muchos sectores.

                Enrique Ortega

La llegada de extranjeros ha cambiado visiblemente el mapa de la población española en este siglo. Baste un dato: si en 2002 había censados en España 1.737.972 extranjeros (el 4,32% de la población), en octubre de 2023 el censo recogía ya 6.373.463 residentes extranjeros (el 13,15%), casi 1 de cada 7 españoles, según el INE. La llegada de extranjeros se concentró en los años 90 del siglo pasado y sobre todo hasta 2008, con el “boom” del ladrillo y el turismo, para frenarse después con la crisis financiera (hubo inmigrantes que se fueron entre 2009 y 2014). Y los extranjeros han vuelto a España tras la pandemia, sobre todo en 2022 (+580.000 censados) y 2023 (+283.843 hasta octubre).

Lo más llamativo es que la población residente en España habría caído en esta década de no ser por la llegada de inmigrantes, ya que desde 2012 hay menos nacimientos que defunciones y los inmigrantes tienen el doble de tasa de natalidad y son más jóvenes que los españoles nacidos aquí (37 años de edad media frente a 45 años). Así, en 2023 superamos la cifra de 48 millones de españoles (48.446.594 habitantes censados el 1 de octubre), que son un millón largo más (+1.127.644 habitantes) de la población que teníamos antes de la pandemia (47.318.950 habitantes el 1 de enero de 2020).

 Pero ojo: en estos casi 4 años, la población nacida en España se ha reducido en -426.677 habitantes (de 40.303.297 a 39.876.640 censados). Y si hemos ganado población como país ha sido porque han aumentado los habitantes nacidos fuera, +1.555.201 censados más (de 7.014.763 habitantes nacidos en el extranjero en enero de 2020 a 8.569.954 ahora). Y con ello, los residentes en España nacidos fuera han pasado de ser el 5,69% de la población en 2002 al 17,68% en 2023. Y pronto serán 1 de cada 5 censados.

Este aluvión creciente de extranjeros, hacia España y hacia el resto de Europa, pelea cada día por conseguir un empleo. Y en los últimos años, después de la pandemia, copan una gran parte de los nuevos empleos que se han creado en España. El dato más llamativo es el de 2023, según la EPA recién publicada: de los 783.000 nuevos empleos creados, más de la mitad han sido para extranjeros (333.700, el 42,6% del total) y para personas con doble nacionalidad (+136.200, el 17,4% del total), destinándose sólo 313.100 de los nuevos empleos a españoles (el 40% del empleo creado). Un reparto similar también se dio en el empleo creado en 2022 (+279.000 empleos totales) y 2021 (+840.600 empleos tras la debacle de 2020, por la pandemia). Y, en consecuencia, de los 1.280.000 empleos netos creados en España respecto a antes de la pandemia (diciembre 2019), la mayoría han sido para trabajadores nacidos en el extranjero (553.000 empleos, el 43,2% del total) y los que tienen doble nacionalidad (261.300 empleos, el 20,4%), copando los españoles menos de un tercio del nuevo empleo creado estos 4 años (465.700, el 31,2%), según la EPA.

A finales de 2023, trabajaban en España 3.022.300 trabajadores extranjeros, el 14,13% del total de ocupados, 1 de cada 7 trabajadores con empleo (21.246.900 ocupados), según la EPA, además de 974.200 trabajadores con doble nacionalidad, frente a 17.250.400 trabajadores españoles. Tomando sólo los trabajadores extranjeros (esos 3 millones), hay más hombres (1.601.900) que mujeres (1.420.300, aunque son ellas las que han crecido más desde 2019). La mayoría de estos trabajadores extranjeros proceden de Latinoamérica (1.187.400 trabajadores, +440.000 que en 2019), seguidos de lejos por los trabajadores extranjeros de la UE (880.800, +71.700 que en 2019), los 241.300 trabajadores europeos de fuera de la UE (+44.400 que en 2019) y otros 712.000 trabajadores nacidos en el resto del mundo (+104.200 ocupados que en 2019).

La mayoría de estos 3 millones de trabajadores extranjeros llevan en España 7 años o más (1.970.300) y si les sumamos los que llevan de 4 a 6 años (otros 554.300), podemos concluir que dos de cada tres inmigrantes que trabajan en España llegaron antes de la pandemia. Y sólo 231.500 llevan trabajando aquí 1 año o menos, según la EPA. Los trabajadores extranjeros se concentran en Cataluña (689.900 a finales de 2023, el 18,3% de los trabajadores), Madrid (587.900, el 16,8% del total), Comunidad Valenciana (385.700, el 16,7%) y Andalucía (351.100 trabajadores extranjeros, el 18,3% del total), aunque su peso destaca más en Baleares (138.800 trabajadores extranjeros, pero suponen el 26,4% del empleo), también en Canarias (138.800 extranjeros, el 18,4%) y Murcia (104.800, el 15,3% de la mano de obra).

Para saber dónde trabajan los extranjeros hay que ir a los datos de afiliación a la Seguridad Social: 2.712.113 trabajadores extranjeros cotizaban a la SS en diciembre de 2023, menos de los 3.022.300 que reconocían estar trabajando según la EPA. Esa cifra de cotizantes extranjeros supera en +549.714 cotizantes a la de diciembre de 2019 (2.162.399 cotizantes extranjeros), lo que refleja un aumento del +25,42% en cuatro años, más del triple del aumento del conjunto de cotizantes a la SS desde 2019 (+1.422.751 cotizantes, +7,3%). A lo claro: los ingresos de la SS (y nuestras pensiones) se han salvado por los inmigrantes. Sólo en 2023, casi un 40% de los nuevos cotizantes fueron extranjeros (+211.436 de un aumento de +549.714 cotizantes), según Trabajo.

La mayoría de los cotizantes extranjeros (2.668.766 afiliados medios en 2023) son hombres (1.495.935), aunque han crecido más las cotizantes mujeres (son 1.172.806). Y destacan los trabajadores extranjeros de mediana edad (1.464.971 cotizantes tienen entre 35 y 54 años), aunque crecen los más jóvenes (900.310 trabajadores extranjeros tienen menos de 35 años), según Trabajo. Los paises de origen son básicamente Latinoamérica (1,1 millones) y Europa (853.188 extranjeros proceden de la UE), destacando por nacionalidades los trabajadores rumanos (328.545 cotizantes) y marroquíes (319.433), a los que siguen de lejos italianos (174.664), colombianos (174,583), venezolanos (148.324), chinos (115.952), peruanos (70.708), ecuatorianos (69.815) y ucranianos (65.694).

La mayoría de los trabajadores extranjeros cotizan en el régimen general de la SS (1.834.654), pero hay un número muy importante cotizando en el régimen especial agrario (229.420 cotizantes, 97.205 de Marruecos y 40.260 de Rumanía), como empleadas de hogar (168,773 cotizantes, 23.073 rumanas, 14.139 colombianas, 21.423 hondureñas, 12.431 paraguayas, 3.987 ecuatorianas y 2089 dominicanas) y como trabajadores del mar (4.022  cotizantes, 867 senegaleses, 712 indonesios y 508 marroquíes), además de 428.989 que cotizan como autónomos no del campo (63.967 chinos, 46.772 rumanos, 38.330 italianos, 27.004 marroquíes, 26.005 británicos y 18.711 venezolanos).

Los trabajadores extranjeros se concentran en unos pocos sectores: la hostelería (ahí trabajan el 20,5% del total de inmigrantes), el comercio (otro 16,8%) y la construcción (11,2% del total) aglutinan casi la mitad de los extranjeros que trabajan en España), siendo muy baja su presencia en la industria (8,1% de todos los inmigrantes), el transporte (6,3% de ellos), las actividades profesionales (5% del total de extranjeros) y la educación (5%) y la sanidad (5%).  Esto ha llevado a que los inmigrantes tengan un gran peso en algunos sectores: son casi el 40% de los trabajadores de la hostelería, el 35% de los trabajadores del campo y la pesca, el 30% en la construcción, un 25% en servicios (como los cuidados a mayores), otro 25% en inmobiliarias. Y un 45% de las empleadas del hogar.

¿Por qué los extranjeros consiguen más empleos? Muchos expertos coinciden en que buscan trabajo en sectores y empleos más duros, con peores condiciones de trabajo y bajos sueldos, que no quieren los españoles, como el campo, la hostelería, las empleadas del hogar, los cuidados a mayores y las residencias, el comercio y el transporte y la logística. Trabajos con horarios muy amplios, contratos precarios y unos sueldos menores, como en la hostelería (los más bajos: 14.632 euros brutos, frente a 25.896 de media) y el comercio. De hecho, los inmigrantes ganan de media un 36% menos que los trabajadores españoles (especialmente las mujeres), según la Agencia Tributaria. Y para los que insisten en que “los inmigrantes nos roban trabajo”, es falso: 4 de cada 10 se incorporan a ocupaciones elementales y mal remuneradas, con un salario medio que es un 56% del que reciben los españoles, según un informe del Defensor del Pueblo.

Además, el trabajo de los inmigrantes aporta diversas ayudas claves a la economía española. Por un lado, es uno de los motores del fuerte crecimiento en los últimos años, tras la pandemia, al proporcionar una mano de obra abundante (y barata) a sectores que han sido claves, como el turismo, el comercio, el campo, la construcción y muchos servicios. Eso ha permitido mejorar los ingresos por cotizaciones de la SS y asegurar las pensiones, aumentando la recaudación de impuestos. Y su gasto ha mantenido el consumo y la actividad, tirando del empleo. Para los que piensan que también los emigrantes se llevan una gran parte de los gastos sociales, desde la sanidad a la educación o las ayudas públicas, muchos estudios revelan que aportan más de lo que reciben.

Pero la principal aportación de los inmigrantes es que están salvando la demografía, al compensar con su llegada (y sus hijos) la caída de la población española, lo que permite contar con la mano de obra y los ingresos y cotizaciones que necesitamos. Y los inmigrantes “nos van a salvar aún más en el futuro”, según las preocupantes proyecciones de población del INE. Así, los nacidos en España van a caer de 40.229.931 personas en 2020 a 37.108.939 españoles en 2050 y a 33.794.071 en 2070. Una caída de “españoles” de -6,5 millones sobre 2020, que el INE espera que se compense con los inmigrantes: su previsión es que los extranjeros residentes pasen de 7.471.460 en 2020 a 12.801.174 en 2050 (+5,8 millones) y 16.795.740 extranjeros censados en 2070 (+9,8 millones).

Con este “panorama demográfico”, España (y Europa) necesitarán a los inmigrantes en las próximas décadas para mantener sus economías. Lo ha dicho claramente la ONU: Europa necesita abrir sus puertas a 60,8 millones de trabajadores extranjeros para 2050. Y en el caso de España, necesitamos 7 millones de inmigrantes más entre 2020 y 2050 (más de los 5,8 millones que espera el INE), según el Centro de Desarrollo Global de Washington. De hecho, el problema de falta de trabajadores se está dando ya en varios sectores, tras la pandemia, según alertan los empresarios del turismo y la hostelería, el campo o la construcción, el transporte y la logística (sectores con muchos inmigrantes), así como en el sector tecnológico y digital más las energías alternativas.

Cara al futuro, hay que “canalizar” la llegada de trabajadores extranjeros, organizando y planificando sus llegadas de forma legal y ordenada. Es lo que intentó hacer el Gobierno Sánchez en julio de 2022, al reformar el Reglamento de Extranjería, para facilitar la contratación de inmigrantes en sus paises de origen y a la vez regularizar parte de los inmigrantes irregulares que ya están en España (más de 500.000), facilitando su formación en los empleos donde falta mano de obra. Así, en 2022 se concedieron 16.100 permisos de trabajo en origen para extranjeros (hasta 9 meses al año, que se renuevan si vuelven a sus paises de origen). En 2023, el ministro Escrivá pretendió avanzar por este doble camino, apoyado por los empresarios: contratar temporalmente fuera y formar a los inmigrantes que ya están dentro. Pero chocó con la oposición de la ministra de Trabajo y los sindicatos y no se aprobó ninguna reforma por la anticipación electoral. Ahora, su sucesora, la ministra Elma Saiz ha anunciado una reforma de la contratación de extranjeros, en el primer trimestre de 2024, para “simplificar trámites y mejorar la protección de los inmigrantes”.

Mientras la reforma llega, hay un gran debate que no se afronta, ni en España ni en Europa: como planificamos la incorporación futura de inmigrantes, qué tipo de empleos necesitamos cubrir y cómo los buscamos de forma ordenada y legal. Hace falta un Pacto político sobre inmigración, que hurte el tema a la extrema derecha y nos ayude a preparar el futuro económico y social, para el que necesitamos a los inmigrantes, que ya han sido claves estos años: el 30% de todo lo que ha crecido España en los últimos 20 años ha sido gracias a los inmigrantes, según este informe del Defensor del Pueblo. Los inmigrantes no nos “roban” el trabajo, nos ayudan a construir el presente y el futuro.

Rentas mínimas: las autonomías "hacen caja"

Es un escándalo: 13 autonomías han aprovechado que el Gobierno central implantaba el ingreso mínimo vital (IMV) para recortar el gasto que hacían en rentas mínimas para ayudar a las familias más pobres. Se han “ahorrado” 241 millones y han dejado sin ayuda a 128.448 personas vulnerables. Y lo peor es que “han hecho caja” las autonomías gobernadas por el PP y también las del PSOE. Ahora, todo apunta a que seguirá el recorte de las rentas mínimas, porque varias autonomías las han hecho incompatibles con el IMV, que ha mejorado y ayuda ya a 2,15 millones de beneficiarios. Cáritas pide que ambas ayudas (rentas mínimas autonómicas y el IMV estatal) se complementen, mientras otros expertos piden aprobar una prestación universal por hijo, como tienen 20 paises UE (no España), para combatir la pobreza infantil y apoyar a la natalidad. Y además, reordenar todas las ayudas públicas, para que lleguen a los 4 millones de españoles en situación de pobreza severa. No miremos para otro lado.

                    Enrique Ortega

Las “rentas mínimas” son pequeñas ayudas mensuales que las autonomías conceden a las familias más pobres desde hace tres décadas. La iniciativa la tomó el País Vasco, en 1989, y le siguieron Cataluña y Madrid (en 1990) para cerrar Aragón, en junio de 1.993. Su cuantía es muy dispar: oscila entre 434 euros mensuales en Galicia y 800 euros en el País Vasco. Y también son diferentes los criterios de concesión y el presupuesto. En 2020, con la pandemia, disfrutaron de las “rentas mínimas” un máximo de 795.861 beneficiarios (dos tercios mujeres), con grandes diferencias por autonomías (150.000 en Cataluña, 123.050 en País Vasco o 110.397 en Andalucía, frente a 78.605 en Madrid o 20.181 en Canarias), según los datos del Ministerio de Asuntos Sociales. Y el gasto autonómico en estas rentas mínimas alcanzó un máximo de 1.728 millones de euros en 2020, también con grandes diferencias: el País Vasco gastó 450 millones y Cataluña 427, mientras Andalucía gastó solo 135 millones,  Madrid 133 millones, Canarias y Extremadura 42 millones y Castilla la Mancha 12,6 millones.

En resumen, las “renta mínimas” son “un pequeño parche” autonómico, muy desigual según las regiones y que ayuda poco  a los 9,68 millones de españoles que están en situación de pobreza (ingresan menos del 60% de la renta media: menos de 840 euros mensuales los solteros y menos de 1.765 euros las familias con dos menores). Pero a partir de 2020, las rentas mínimas autonómicas ayudan aún menos, porque la mayoría de las autonomías han aprovechado que el Gobierno central puso en marcha el ingreso mínimo vital (IMV) para recortar sus ayudas y “hacer caja”. Los datos oficiales reflejan que entre 2020 y 2022 (últimos publicados), 13 autonomías han recortado su gasto en rentas mínimas en 241 millones de euros (-12,8%), según denuncia la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y sólo han aumentado su gasto en rentas mínimas 4 autonomías: Canarias (+126,7%), Baleares (+87,3%), Cataluña (+23,3%) y Comunidad Valenciana (+10,8%).

Lo más llamativo es que entre esas 13 autonomías que han recortado sus rentas mínimas entre 2020 y 2022 hay autonomías que gestionaba el PP (5), pero también bastantes gestionadas entonces por el PSOE (6) y los nacionalistas (2). El mayor recorte del gasto lo han hecho Aragón (-84,5%), Madrid (-81,2 %: -108,6 millones “ahorrados), Castilla la Mancha (-72,9%), Castilla y León (-63,3%), La Rioja (-55,5%), Extremadura (-44,9%: -19 millones), Cantabria (-44,6%), Andalucía (-43,1%: -58,5 millones “ahorrados”), Asturias (-33,2%), Galicia (-31,6%: -17 millones), País Vasco (-15,6%: -70 millones “ahorrados”) y Navarra (-15,3%), según los Directores de Servicios Sociales.

Este recorte de gasto se produce porque han reducido los beneficiarios de las ayudas de las rentas mínimas entre 2020 y 2022: había 667.413 beneficiarios a finales de 2022, según el Ministerio de Asuntos Sociales, 128.448 menos que en 2020. La mayoría de las autonomías recortaron beneficiarios, pero las que más han sido Madrid (-57.383 beneficiarios, un 73% de los 78.605 beneficiarios de 2020), Andalucía (-77.685 beneficiarios perdidos, el 70% de los 110.397 que tenía en 2020) y Baleares (-11.992, dos tercios de los 19.256 beneficiarios que tenía en 2020). Y sólo han aumentado beneficiarios en la Comunidad Valenciana (+35.400), Canarias (+25.935) y Navarra (+692). Al final, esos 667.413 beneficiarios de rentas mínimas autonómicas sólo suponen el 7,9% de todos los españoles que están en situación de pobreza (9,68 millones), pero hay 8 autonomías donde suponen aún menos: Castilla la Mancha (reciben esta ayuda el 0,6% de los considerados “pobres”), Andalucía (el 1,6%), Murcia (1,6%), Madrid (2,4%), Castilla y León (2,9%), Baleares (4,1%), Galicia (4,4%) y la Rioja (7,2%). Bajas coberturas que contrastan con Navarra y el País Vasco, donde reciben la renta mínima el 52% de sus “pobres”. Y el 22,5% en Asturias o el 15,1% en Cataluña, según los Directivos de Servicios Sociales.

Las autonomías han podido “hacer caja” y ahorrarse 241 millones entre 2020 y 2022 aprovechando que el Gobierno Sánchez implantó el ingreso mínimo vital (IMV) en mayo de 2020, en plena pandemia. Lo que han hecho las autonomías es poner trabas a las familias vulnerables que recibían una renta mínima y que ahora solicitan el IMV. Unas, como Andalucía, Baleares, Cantabria, Cataluña y Galicia han hecho incompatible sus rentas mínimas con recibir el IMV. Y en el resto, como Madrid, País Vasco, Navarra, Canarias, Comunidad Valenciana o Asturias, sí pueden recibir las dos ayudas, pero les computa como ingreso lo que reciben del IMV, con lo que algunos superan el tope de ingresos permitido y pierden la renta mínima autonómica. Así, unas y otras “han hecho caja”.

Mientras las rentas mínimas autonómicas están a la baja (la tendencia ha seguido en 2023, a falta de datos globales), el ingreso mínimo vital (IMV) mejora, tras crecer muy poco en 2020 y 2021, por desconocimiento y el exceso de exigencias y burocracia. Nació con el objetivo de llegar a 850.000 hogares y beneficiar a 2,3 millones de personas vulnerables y ya está cerca: lo cobraban 735.000 hogares (dos tercios, con una mujer al frente) y beneficiaba a 2.157.712 personas (el 54% de los beneficiarios son mujeres y un 42,8% menores), según el balance oficial al cierre de 2023. Este año 2024, el importe que se recibe con el IMV es muy superior a la mayoría de las rentas mínimas autonómicas: 604 euros mensuales adultos solos, 966 euros en el caso de un adulto con dos hijos y 1.147 euros mensuales para familias con dos adultos y dos hijos. Además, en enero de 2022 entró en vigor el complemento de ayuda para la infancia, que cobran 451.900 familias que tienen el IMV y niños: un complemento de 115 euros mensuales (niños de 0 a 3 años) a 57,5 euros (niños de 6 a 18 años).

Ahora, muchas ONGs temen que se recorten aún más las rentas mínimas autonómicas, dado que el PP y Vox gestionan 11 de las 17 autonomías. Y la derecha se ha mostrado siempre contraria a las ayudas sociales, “la paguilla” que critica la popular Ayuso. En su ideología neoliberal, que impregna a gran parte del PP, la pobreza “es un invento de la izquierda” y los que tienen problemas de subsistencia es porque no ponen los medios para salir adelante, porque no pelean por vivir mejor y “se conforman” con los subsidios. Por eso no es casualidad que las autonomías que gestiona el PP sean las que menos gastan en rentas mínimas (2022): 872,46 euros anuales por beneficiario Murcia, 1.229 euros Andalucía o  1.702 euros Madrid, frente a una media española de 2.475 euros de gasto por beneficiario y los 3.656 euros de País Vasco, 3.021 de Navarra y 2.843 de Cataluña.

Cáritas propone “armonizar” las rentas mínimas y el ingreso mínimo vital, para que puedan cobrar ambas ayudas (complementarias) las familias más vulnerables, sobre todo esos 4 millones de españoles en situación de pobreza severa (ingresan menos del 40% de la renta media: menos de 560 euros un soltero y menos de 1.176 euros una familia con dos niños). Y en general, las ONGs piden que se simplifique el mecanismo de las ayudas públicas a las familias más vulnerables, porque el exceso de requisitos y el complejo “papeleo” conducen a que muchas familias vulnerables (y los 35.000 españoles que viven en la calle, sin hogar) no reciban ni una renta mínima ni el ingreso mínimo vital (IMV). De hecho, muchos que trabajan no tienen derecho a una renta mínima por tener un empleo (no les permite trabajar más de 90 días al año), aunque sea precario y mal pagado. Y no se tiene en cuenta en la cuantía el coste del alquiler o el número de hijos, factores claves. Además, proponen que se cree una ventanilla única para ambas ayudas públicas (renta mínima e IMV), dando más protagonismo en la solicitud a las ONGs, para agilizar la concesión que hoy se retrasa demasiado.

Con todo, muchos expertos creen que no se trata sólo de “armonizar” las rentas mínimas y el ingreso mínimo vital, coordinar mejor las ayudas públicas, sino que debería aprovecharse para “reordenar” todas las ayudas públicas a las familias más vulnerables, porque hoy por hoy son escasas y están mal diseñadas, como ya ha alertado a España en varias ocasiones la OCDE. Por un lado, las ayudas públicas a las familias en España tienen la mitad de peso que en otros paises: suponen el 1,6% del PIB (2021), frente al 2,5% en la UE-27 y en Francia, el 3,4% en Dinamarca o el 3,7% del PIB en Alemania. Además de ser escasas,  las ayudas sociales benefician más a las rentas medias y altas que a las bajas. Y eso porque el grueso de las ayudas son las desgravaciones fiscales a las familias en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes ( que se ahorran 4.000 millones de euros cada año), la mayoría de rentas medias y altas, porque las rentas bajas y los más pobres no declaran (los que ingresan menos de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los “pobres”).

Por todo esto, distintos expertos plantean modificar el esquema de protección social a las familias más vulnerables. Por un lado, coordinar y simplificar las ayudas autonómicas y el ingreso mínimo vital, para que lleguen a más beneficiarios y su importe no dependa del Gobierno autonómico de turno, sino que esté regulado por una Ley estatal, coordinándose con otras ayudas, como la prestación no contributiva por desempleo. Y por otro, proponen aprobar una prestación universal por hijo, que ayude a las familias a afrontar los costosos gastos de crianza y a reducir la escandalosa pobreza infantil, promoviendo la natalidad.

España tiene 2 problemas estructurales graves, de los que se habla poco. Uno, la baja natalidad: 1,2 hijos por mujer, la tasa de fecundidad más baja de Europa, salvo Malta (1,1). Un problema que hipoteca nuestro futuro, no sólo porque nos faltará mano de obra (que necesitamos suplir con emigrantes) sino ocupados para pagar impuestos y pensiones. Y el otro problema, la altísima pobreza infantil: el 27,8% de los menores en España viven en hogares “pobres”, frente al 19,3% en la UE-27, un dato peor al de paises como Rumanía (27% pobreza infantil) o Bulgaria (25,9%), Italia (25,4%), Grecia (22,4%) o Francia (19,3%) y un gran contraste con el 9,5% de pobreza infantil en Finlandia o el 14,8% en Alemania, según Eurostat. Un dato, 2.379.000 niños pobres, impropio de la 3ª mayor economía europea.

Para afrontar estos dos graves problemas, que arrastramos desde hace décadas, muchos expertos defienden una medida, implantada hace años en 20 de los 27 paises europeos (los que tienen menos pobreza infantil): una prestación universal por hijo, financiada por impuestos, que se sumara a una renta mínima (estatal y autonómica) que llegara al menos a las familias en pobreza severa (4 millones de personas). Esa ayuda universal por hijo, mayoritaria ya en Europa y cuyo importe se podría modular según la edad (de 0 a 16 o 18 años), permitiría reducir la escandalosa pobreza infantil actual (somos “lideres en Europa”) y a la vez fomentar la natalidad, algo clave para nuestro futuro como país. De momento, el Gobierno Sánchez aprobó desde 2022 esa ayuda complementaria de 115 euros al mes por hijo (de 0 a 3 años), pero sólo como complemento para los que cobran el ingreso mínimo vital. Y en paralelo, desde la declaración de 2022, las madres trabajadoras con hijos hasta 3 años pueden desgravarse hasta 1.200 euros anuales en el IRPF.

Todo esto podría simplificarse con una prestación universal por hijo, se declare el IRPF o no, como hacen ya 20 paises europeos, una medida que la propia OCDE ha invitado a España a explorar. Y una ayuda que, otra vez, se ha adelantado a aprobar el País Vasco: a partir de marzo de 2023 entró en vigor esta ayuda universal por hijo, 200 euros al mes que cobrarán durante tres años todas las familias que hayan tenido hijos después de esa fecha. De momento, el Gobierno Sánchez estudia alguna medida similar, como una deducción universal por maternidad hasta los 6 años, según informó hace unos días en el Congreso el ministro de Asuntos Sociales, medida que podría ampliarse progresivamente.

Al final, se trata de luchar contra la pobreza y la vulnerabilidad de muchas familias, centrada más en las que tienen hijos, además de promover la natalidad. La pobreza existe y muchas familias necesitan ayudas públicas para comer, pagar el alquiler y sobrevivir, diga lo que diga Ayuso. Por eso, hay que ayudarles, no mirar para otro lado ni recortar las ayudas autonómicas como muchos hacen. Y eso, porque la pobreza es “un cáncer social, económico y político”, que debería ser una prioridad para todos, al margen de las ideologías. Porque la pobreza es un serio obstáculo a la recuperación económica, que se dificulta si la cuarta parte de la población no puede consumir y contribuir al crecimiento y al empleo. También ataca la democracia, porque las personas vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, porque la pobreza es una grave muestra de desigualdad e injusticia social. Por todo esto, urge atajar la pobreza sin racanería y no dejar a la cuarta parte de españoles atrás.