8ª subida de tipos: Europa en recesión

El BCE subirá hoy los tipos de interés, por 8ª vez en menos de un año, hasta el 4%, el tipo más alto desde 2008, tras no subirlos ayer EEUU. Pretende bajar así la inflación europea, pero ha bajado poco (del 8,6 al 6,1%) y ha sido gracias a  la rebaja del petróleo, el gas, la electricidad, no por la subida de tipos. Pero la fuerte y rápida subida de tipos ha hecho mucho daño a familias (hipotecas), empresas (créditos e inversión) y Gobiernos (encareciendo deuda). La consecuencia de este “ricino” de tipos altos es que el BCE ha llevado a Europa a la recesión: la economía de la zona euro lleva 2 trimestres cayendo (1º de 2023 y 4º de 2022), igual que Alemania, Irlanda, Estonia, Lituania y Hungría. Y la inflación europea sigue alta y no bajará al 2% hasta 2025. Por eso, el BCE anuncia otra subida de tipos en julio y que no abaratará el dinero hasta 2025. Así, con la zancadilla de los tipos altos, no salimos del estancamiento europeo.

Enrique Ortega a partir de Buzz Lightyear

La inflación mejora en todo el mundo, pero los Bancos centrales siguen con su dura política monetaria, subiendo tipos desde hace más de un año, para que baje aún más. Ayer mismo, la Reserva Federal USA hizo “una pausa” en las subidas, tras 10 aumentos de tipos desde el 16 de marzo de 2022, del 0 al 5,25%, el tipo máximo desde 2007. Pero la autoridad monetaria de EEUU anticipó que subirán los tipos otro 0,50% más este año, “porque la inflación sigue siendo muy elevada”. La próxima semana está prevista otra subida de tipos del Banco de Inglaterra, la 13ª desde diciembre de 2021, que colocaría los tipos del 0 al 4,75% en el último año y medio. Y hoy 15 de junio se reúne el Banco Central Europeo (BCE), para aprobar otra subida de tipos del +0,25%, la 8ª subida desde el 21 de julio de 2022. Con ello, el precio oficial del dinero en la zona euro subirá al 4%, el tipo más alto desde 2008. Recordemos que los tipos estuvieron en el 0% entre 2014 y 2022.

La justificación del BCE para volver a subir los tipos es que la inflación sigue demasiado alta (en mayo quedó en el 6,1%), muy alejada todavía del objetivo del 2% que defiende el BCE (y el resto de bancos centrales del mundo), aunque señalan que ha bajado tras las 7 subidas de tipos. Eso hay que matizarlo. Primero, la inflación en la zona euro sólo ha bajado del 8,6% en junio de 2022 (antes de la 1ª subida de julio) al 6,1% en mayo de 2023, según Eurostat. Mucho menos de lo que ha bajado en EEUU (del 9,1% al 4%), debido a que la economía USA sí estaba “recalentada”, con una mayor demanda y empleo, por lo que la subida de tipos ha surtido el efecto clásico de “enfriar la economía” y bajar precios. Pero en Europa, la inflación no se debe al tirón de la demanda (“inflación de demanda”) sino por el aumento de costes (“inflación de oferta”), por lo que la subida de tipos es menos efectiva: la clave era actuar sobre los costes, en especial la energía y las materias primas con precios disparados.

De hecho, si la inflación ha bajado algo en Europa (insisto: sólo del 8,6% al 6,1%) no ha sido por las reiteradas subidas de tipos sino porque se han moderado los precios de la energía y algunas materias primas. Veámoslo. El petróleo, que costaba 72,25 dólares el día antes de la invasión de Ucrania (24-F), llegó a subir a 129,22 dólares en marzo de 2022 y luego ha bajado hasta costar 75.46 dólares ayer, con la gasolina y el gasóleo más baratos que antes de la guerra en Ucrania. El gas, que costaba 88,89 euros/MWh antes de la invasión, saltó a 339,20 euros en marzo de 2022, para bajar drásticamente y cotizar ayer a 36.05 euros/MWh. Esa bajada ha reducido mucho el precio de la luz (junto a la excepción ibérica en España): de costar 195,85 euros/MWh el día anterior a la invasión a pagarse a 544 euros el 9 de marzo de 2022 y desplomarse a 89,72 euros/MWh ayer en el mercado mayorista, una caída clave para bajar la inflación general. Y también han bajado los precios internacionales de las materias primas y alimentos: el índice de precios de los alimentos de la FAO estaba en mayo en 124,3 puntos, un 21% por debajo del máximo histórico de marzo de 2022.

En resumen, que la inflación ha bajado en el mundo y en Europa, pero no por la drástica subida de tipos sino por la bajada de los precios de la energía, materias primas y alimentos, tras un reajuste en la demanda (menor consumo de empresas y particulares, ayudados por un invierno muy suave)), un aumento de energías renovables y, sobre todo, las medidas de diversificación de aprovisionamientos y las ayudas de los Gobiernos europeos (subsidios a los combustibles, rebajas del IVA a luz y alimentos y excepción ibérica). Y podrían  haber bajado más los precios en Europa si las autoridades de Bruselas hubieran avanzado más en la reforma del mercado eléctrico y en las energías alternativas, dos asignaturas pendientes para que la inflación no repunte este invierno.

Si la drástica y continuada subida de tipos ha sido poco eficaz en Europa, porque tenemos una inflación de costes (no de exceso de demanda), sí ha sido eficaz para llevar a Europa a otra recesión, un riesgo del que los expertos (y este Blog) llevan advirtiendo meses. Porque es lo que provoca siempre una política monetaria restrictiva: encarece el precio del dinero y reduce el consumo y la inversión, frena la actividad y la economía se debilita hasta que deja de crecer. Es lo que buscan los Bancos Centrales: “enfriar la economía” y que “entre en coma”, para paralizar la demanda y ajustar la inflación. Por eso, las anteriores subidas de tipos provocaron otras recesiones, dos en los años 80. El problema ahora es que el “ricino monetario” lleva a la recesión pero no frena drásticamente la inflación, porque las subidas no dependen de una demanda excesiva, sino de los mercados del petróleo, el gas, la luz o los alimentos, y de la persistencia de la guerra en Ucrania, problemas que no resuelve la subida de tipos.

La dura realidad es que la economía de la zona euro ha pasado de crecer un +0,6% antes de la guerra (1º trimestre 2022) e incluso después (+0,8% creció en el 2º trimestre de 2022) a caer durante los dos últimos trimestres (la definición de “recesión"): -0.1% en el 4º trimestre de 2022 y -0,1% en el 1º trimestre de 2023, según Eurostat. Y lo peor: Alemania, “la locomotora europea”, está también en recesión (-0,5% y -0,3% decreció los dos últimos trimestres), al igual que Irlanda (-0,1 y -4,6%), Estonia (-1% y -0,6%) y Lituania (-0,5% y -2,1%) en la zona euro, más Hungría fuera (-0,6% y -0,3%). Los expertos del BCE y de Bruselas hablan de “recesión técnica”, para suavizar el problema, pero es una recesión sin más de la zona euro. Y contrasta con el crecimiento (débil) de EEUU en los dos últimos trimestres (+0,6% y +0,3%).

Lo peor es que esta recesión, fruto de la inútil subida de tipos del BCE, está afectando negativamente a la mayoría de los europeos, sobre todo a los más vulnerables. La reiterada subida de tipos ha encarecido drásticamente las hipotecas de 4 millones de familias españolas, que ven como el Euribor roza el 4%, cuando era negativo hasta marzo de 2022 y estaba en el +0,287% hace un año (mayo 2022). Eso supone que muchas familias llevan más de un año pagando más por su hipoteca, una subida de 250 euros al mes (más de 3.000 extras al año) los que la revisen ahora en junio. Eso está aumentando el esfuerzo que estas familias dedican a pagar su hipoteca, en perjuicio de su nivel de vida: la media de hipotecados destina ahora 683,5 euros mensuales a pagar la hipoteca, el 32,3% de sus ingresos. Y varias regiones y capitales superan esa media.

Además, los bancos llevan meses encareciendo sus hipotecas a los que quieren comprar  una vivienda, con unos tipos medios del 3,683% en abril, frente al 1,38% que cobraban de media en 2021, antes de la subida de tipos. Y también los bancos han restringido la concesión de hipotecas, dado que ahora se llevan un mayor porcentaje de los ingresos de las familias. Y si los jóvenes y nuevas familias tienen más difícil conseguir una hipoteca, en vez de comprar un piso (las ventas llevan 3 meses cayendo)  intentarán alquilarlo, lo que está disparando aún más los precios de los alquileres. Y si los españoles tienen que pedir un crédito personal, para comprar un coche o hacer un viaje, los tipos también han subido drásticamente: del 6,27% en febrero de 2022 al 8,07% en abril de 2023, según el Banco de España.

Junto a las familias, las empresas también llevan casi un año sufriendo la subida de tipos del BCE. El tipo medio de los créditos de menos de 250.000 euros (a pymes) ha subido del 1,70% (febrero 2022) al 4,53% (abril 2023), los créditos de 250.000 euros a 1 millón han más que triplicado su coste (del 1,35 al 4,31% en abril 2023) y los créditos superiores al millón de euros (para grandes empresas) han cuadruplicado con creces su coste, del 0,83% (febrero 2022) al 4,18% (abril 2023), según el Banco de España. Además de pagar más por financiarse, las empresas también tienen ahora más difícil conseguir créditos.

Y si miramos a los paises, los Gobiernos también tienen más dificultades para colocar su deuda pública, que en el caso de España es muy elevada (1,53 billones en marzo 2023): ahora hay que pagar más a los inversores por la subida de tipos del BCE. Así, el tipo del bono español a 10 años ha subido del 0,76% (febrero 2022) al 3,657% (diciembre 2022) y al 3,408% ayer. Con ello, habrá que destinar este año más dinero del Presupuesto para pagar esta deuda (estaban previstos 31.275 millones en 2023) y menos a gastos sociales.

En resumen, que familias, empresas y las cuentas públicas son los perjudicados por estas “dolorosas” subidas de tipos, que apenas bajan la inflación. Y sufre la economía en su conjunto, al entrar la zona euro en recesión, lo que perjudica a España, que aunque crece más que la mayoría de Europa (+0,4% y +0,5% en los dos últimos trimestres) sufre este estancamiento europeo en nuestras exportaciones y la llegada de turistas. Los grandes beneficiados por las reiteradas subidas de tipos del BCE son los bancos: cobran mucho más por hipotecas y créditos y pagan casi lo mismo por los depósitos. De hecho, la banca española está a la cola de Europa en  el pago por los depósitos: pagan un 1,33% de media, frente al 2,27% en la zona euro, el 2,33% en Alemania, 3,03% en Francia y 3,11% en Italia, según el BCE. Este “racaneo” de la banca a la hora de pagar los depósitos (sobre todo al pequeño ahorrador) explica, junto al mayor coste de los créditos, que la banca española tenga unos beneficios récord con la subida de tipos: los grandes bancos  han ganado 5.696 millones en el primer trimestre de 2023 (un +14% que al inicio de 2022).

Además de llevarnos a la recesión y dañar a familias, empresas y cuentas públicas, la subida de tipos tiene 2 riesgos más. Uno, que podría provocar una crisis del sector inmobiliario, al desencadenar una caída de ventas y precios que afectaría muy negativamente a los activos de fondos, inmobiliarias y empresas, desatando otra crisis financiera. Y la otra, que podría provocar una crisis de algunos bancos y, sobre todo, de la “banca en la sombra” (Fondos, Planes, aseguradoras, financieras…), que han crecido a costa de endeudarse con el dinero al 0% y que ahora se encuentran con que muchos activos valen menos (la deuda acumulada que tienen se deprecia según suben los tipos de la deuda nueva) y hay inversores que se ponen nerviosos y quieren su dinero, obligándoles a vender con pérdidas. Esto ya ha pasado, con la crisis del Silicon Valley Bank y algunos bancos regionales USA. Y por eso la Reserva Federal hizo ayer “una pausa” en su racha de subidas, para no alimentar otra crisis financiera.

Pero el BCE dice que las subidas de tipos no han  terminado, que “estamos aproximándonos a la altitud de crucero”, aunque aún no hemos llegado, en palabras de Christine Lagarde, su presidenta. Y justifican próximas subidas (quizás otra de 0,25% en julio y otra más antes de fin de año, hasta poner los tipos en el 4,50%, aún por debajo del 5,75% previsto en USA y del 5% del Banco de Inglaterra. Aunque en el BCE hay paises “halcones” (más partidarios de las subidas: Alemania, Paises Bajos, Austria, Finlandia) y otros “palomas” (Italia, Francia, España y Portugal), todo indica que llevan la batuta los que quieren seguir subiendo tipos, con su presidenta a la cabeza, quien lo dijo muy claro en el Parlamento Europeo, el 5 de junio: “las decisiones oficiales del BCE garantizarán que los tipos de interés oficiales se sitúen en niveles suficientemente restrictivos para lograr un retorno oportuno de la inflación a su objetivo a medio plazo del 2%”.

A lo claro: seguirán subiendo los tipos mientras la inflación siga alta. Su última previsión es que la inflación en la zona euro bajará del 5,4% (2023) al 3% en 2024 y que no estará en el 2% hasta el tercer trimestre de 2025. Eso se traduciría en que el BCE subirá algo más los tipos en 2023, los mantendrá en 2024 y no piensa en bajarlos hasta el otoño de 2025, mientras la Reserva Federal USA anunció ayer que los bajará antes, en 2024. De ser así, la economía europea estará estancada este año y el que viene, con un grave coste para el empleo y la inversión. Y para las familias, las empresas y los paises. Eso si los tipos altos no nos dan un susto antes, provocando una grave crisis inmobiliaria o financiera, primero en EEUU y por contagio en Europa. 

Todo por mantener la vieja política monetaria “neoliberal”, (criticada por estos dos Premios Nobel), tan inútil y peligrosa ahora como lo fueron los recortes impuestos en la década pasada. Ahora, los Gobiernos europeos (de distintas ideologías) “están en otra onda” (ayudas, no ajustes), pero el BCE sigue empeñado en aplicar su dañino “ricino” monetario. Los Gobiernos deberían reaccionar y, aunque sean “independientes”, pararles los pies: no más subidas de tipos.

El coste (y negocio) del envejecimiento

Ahora, 1 de cada 5 españoles tienen más de 65 años (20,18% de la población), el doble que en los años 70. Y este envejecimiento de la población irá a más, hasta alcanzar un máximo en 2050: el 30,4% de la población tendrá más de 65 años, 16 millones de mayores (ahora son 9,7 millones). Este enorme salto de los mayores va a tener un alto coste, tanto para la sanidad pública (más gasto en atención médica y medicamentos) como en los cuidados a la Dependencia (ahora ya faltan residencias y atención a los mayores dependientes) y, sobre todo, en la factura de las pensiones. Todo ello exigirá más servicios públicos y más gasto, que sólo se asegura con más recaudación, no con la bajada de impuestos que propone la derecha. Pero este envejecimiento abre también la vía a una nueva economía “de las canas”, que mueve millones y moverá más. Por eso hay muchos inversores (y Fondos) invirtiendo en residencias, viviendas, salud y ocio para mayores.

Enrique Ortega

El envejecimiento de la población es un fenómeno mundial. En todo el Planeta hay 747 millones de personas con más de 65 años, el 10% de la población mundial, el doble que en 1960, cuando había 150 millones de mayores (el 5% del total), según los datos del Banco Mundial (2021). Y sus previsiones son que para 2050, el 20% de la población mundial tenga más de 65 años: habrá 1.940 millones de mayores en el mundo. Actualmente, los paises con más porcentaje de mayores son Japón (28,7% de la población total), Italia (23,6%), Portugal (23,15%), Finlandia (22,96%), Grecia (22,64%), Alemania (21,98%), Malta  (21,81%), Croacia (21,66%) y Puerto Rico (21,27%). España, según estos datos del Banco Mundial, ocupa el puesto 23 en el ranking de envejecimiento, con un 20,3% de mayores de 65 años.

El problema del envejecimiento en España se debe a una drástica caída de la natalidad (los nacimientos se han desplomado de 669.378 en 1975 a 329.812 en 2022) y a un aumento de la esperanza de vida (era de 35 años en 1900 y saltó a 79,34 años en el 2000 y a 83,3 años hoy). Eso nos ha llevado a que España superara el 20% de mayores de 65 años el 1 de abril de 2023, según el último censo del INE: eran 9.728.685 mayores (20,18% de la población total), lo que supone medio millón de mayores más que antes de la pandemia (eran 9.223.565 el 1 de enero de 2020, un 19,49% del total) y 2,2 millones de mayores más que hace 15 años (7.506.291 el 1 de enero 2008, un 16,43% del censo entonces). Este 20% de mayores hoy contrasta con el 8% en 1960 y el 17% en el año 2000.

El envejecimiento en España es desigual, por sexo, autonomías y zonas urbanas o rurales. Hay más mujeres mayores (5.290.554, el 54,38% del total)  que hombres, (4.438.131), debido a su mayor esperanza de vida (85,8 años frente a 80,4 años los hombres). Además, 4 autonomías tienen más de un millón de mayores: Andalucía (1.654.785 el 1 de abril pasado), Cataluña (1.603.914), Madrid (1.332.437) y Comunidad Valenciana (1.101.526), según el INE. Sin embargo, las autonomías más envejecidas, con mayor porcentaje de mayores son Asturias (27% población es mayor de 65 años), Galicia y Castilla y León (26%), País Vasco (23%), Cantabria (22,5%), Aragón (22%), La Rioja y Extremadura (21,5%). Y las menos envejecidas Melilla (11% son mayores), Ceuta (12%), Murcia y Baleares (16%), Canarias (17%), Andalucía (17,5%) y Madrid (18%). Y aunque la mayoría de los mayores están concentrados en las grandes ciudades (7.164.059 mayores, pero sólo el 19% de la población total), son las zonas rurales las que tienen un mayor porcentaje (el 28,3% de la población, aunque sólo sumen 761.021 mayores), según un estudio del CSIC.

Este envejecimiento en España se va a agravar en las próximas décadas, entre 2025 y 2040,  porque van a superar los 65 años los integrantes de la generación del “baby boom”, los españoles nacidos entre 1960 y 1975, con el “desarrollismo”. Y así, España se colocará en 2050 como el 7º país más envejecido del mundo (con un 31,5% de la población total mayor de 65 años), sólo por detrás de Corea (39,8% de mayores), Japón (37,7%), Grecia (33,8%), Italia y Portugal (33,7% de mayores) y Lituania (31,6%), según la última previsión de la OCDE, que espera alcanzar un 26,7% de mayores en sus 38 paises integrantes.

Otra previsión, más cercana, es la del INE, que ha hecho una proyección de la población española para el periodo 2022 a 2072, en base a los datos de natalidad y mortalidad y la inmigración. Según este estudio, el número de mayores actual (9.728.685 mayores de 65 años al 1 de abril de 2023, el 20,18% del censo) alcanzará los 11.450.000 mayores en el año 2030 (el 22,8% de la población de entonces) y superará los 16 millones de mayores (16.035.000) en 2050 (el 30,4% de la población a mediados de siglo), para bajar algo en 2070: 15.601.000 mayores, un  29,5% de la población total censada entonces en España.

Además de tener 6,3 millones más de mayores de 65 años en 2050 que hoy, el otro problema es que estos mayores del futuro serán “más mayores que hoy”, porque aumentarán los que tienen más de 80 años y los que tienen más de 100 años, gracias a la subida de la esperanza de vida: pasará de 83,3 años hoy a 86,5 años en 2050, la 2ª más alta del mundo. Así, las proyecciones del INE nos indican que si hoy tenemos 2.882.370 mayores de 80 años (el 5,98% de la población), en 2050 habrá ya 5.811.300 octogenarios (el 11% de la población total). Y si hoy viven en España 17.005 personas que tienen 100 años o más (el 0,057% del censo), en 2050 habrá 95.094 españoles centenarios (el 0,18%). No sólo habrá más viejos, sino más personas con más de 80 y 100 años.

Con este panorama del envejecimiento, actual y futuro, habrá que replantearse el futuro del Estado del Bienestar, para atender a ese creciente porcentaje de mayores, que van a suponer un mayor gasto en sanidad, Dependencia y pensiones, sobre todo. En sanidad, los datos revelan que a más edad de la población, más gasto sanitario. Por un lado, habrá más mayores en la atención primaria, pero sobre todo más mayores en los hospitales, para atender sus crecientes problemas de salud y al aumento de las enfermedades crónicas. De hecho, el 40% del gasto hospitalario (que se ha duplicado) lo protagonizan los mayores de 65 años, con más estancias y más largas. Y también aumenta su gasto farmacéutico, que concentra el grueso de las recetas. Un estudio hecho en Cataluña revela que el gasto sanitario de un mayor de 80 años oscila entre 2.723 euros (hombres) y 3.388 euros (mujeres), casi 10 veces más que el gasto sanitario de los jóvenes de 15 a 19 años. Y de media, se estima que el gasto sanitario de los mayores multiplica por 4 el gasto sanitario medio del país.

En cuanto a la atención a los dependientes, la mayoría de los que no pueden valerse por sí mismos y necesitan la ayuda de sus familias y el Estado son mayores. Actualmente, el sistema público de la Dependencia atiende a 1.352.257 españoles dependientes, el 73% de los cuales tienen más de 65 años (y el 53,5%, más de 80 años), con un coste público para el Estado central y las autonomías de 8.343 millones (2022). La estimación del CSIC es que el número de dependientes se va a duplicar para 2050, con lo que habría que atender a 3 millones de dependientes (hoy ya hay 353.965 desatendidos). Y en vez de dedicarles ayudas “low cost” (como la teleasistencia o la atención a domicilio) se deberían reforzar y mejorar las ayudas, aumentando las plazas en residencias. Con ello, el coste de atender a los mayores dependientes será mucho mayor en el futuro, lo que exigirá más recursos públicos, sobre todo a las autonomías, que ahora “racanean”.

El tercer frente a cubrir con el envejecimiento disparado son las pensiones: la previsión es que saltemos de los 9.074.316 pensionistas que había el 1 de mayo a casi 16 millones  de pensionistas en 2050, según la AIREF, que cobrarán una pensión más alta (por la subida de los sueldos y la revalorización anual de las pensiones) durante más años (20 de media, al subir la esperanza de vida). Eso va a disparar el gasto en pensiones, para 2030 y más para 2050, lo que ha llevado al Gobierno Sánchez a aprobar una reforma para conseguir más ingresos, sobre todo vía cotizaciones, además de traspasar ingresos presupuestarios. Pero la gravedad del problema está ahí y la propia reforma fija un mecanismo de seguimiento, para obligar a futuros Gobiernos a buscar nuevos ingresos para garantizar las pensiones en el futuro.

En resumen, que el envejecimiento va a forzar a España a realizar un mayor gasto público en sanidad, Dependencia y pensiones, así como en gasto social. Y habrá que hacer ese mayor esfuerzo con menos activos para cotizar y pagar impuestos. Es el gran problema de las próximas décadas: aumentará la tasa de dependencia, el porcentaje de mayores sobre el resto de la población. El dato es demoledor: si en 2019, el porcentaje de mayores (65 años y más)  sobre los activos (población de 16 a 64 años) era del 30%, en 2050 esa tasa de dependencia se duplica y subirá al 60% (porcentaje de población mayor sobre el resto). Eso crea a España un problema más grave que en otros paises, donde el porcentaje de activos (para trabajar, cotizar y pagar impuestos) es mayor, según revela un estudio del Banco de España: la tasa de dependencia del 60% en 2050 es la más alta de Europa, salvo Italia (62% de mayores sobre resto población), muy superior a la media de la UE-27 (54%) y a la de Alemania (48%) o Francia (49%). Otra forma de ver lo mismo: en 2050 habrá 1,75 cotizantes por cada pensionista frente a 2,24 en 2022 (y 2,6 en 2007).

A lo claro: que ser un país con más mayores va a exigir al resto de la población un mayor esfuerzo, tanto en cotizaciones como en los impuestos a pagar. Algo que obvian (o esconden) los políticos de la derecha, que apuestan por bajar impuestos en vez de subirlos. Pero si no subimos la recaudación fiscal, consiguiendo que paguen más los que ahora pagan poco (grandes empresas, multinacionales y los más ricos), no se podrá atender el mayor gasto que van a suponer nuestros mayores. Así que la opción es clara: o se aumenta la recaudación o habrá que hacer recortes en la sanidad, la dependencia y las pensiones para atender al imparable aumento de las personas mayores. Hay una tercera opción, que muchos defienden en privado: no reforzar el Estado del Bienestar y que las necesidades de los mayores se las financien ellos mismos (los que puedan, claro).

Precisamente, este envejecimiento de la población aparece para muchos como “una gran oportunidad de negocio”, desde la sanidad privada al cuidado privado a los mayores o las pensiones y seguros privados de vejez. Y sobre todo en España, donde el Estado gasta menos que otros paises en cuidados de larga duración (incluida la asistencia sanitaria y social): 0,9% del PIB frente al 1,5% de media en la OCDE y hasta el 4,1% en Paises Bajos, el 3,7% en noruega y el 3,6% en Dinamarca. Un gasto en cuidados que la OCDE estima se va a duplicar o incluso triplicar para 2050, impulsado por el envejecimiento. La duda es qué parte seguirá cubierta por el Estado (vía impuestos, cotizaciones)  y qué parte habrán de pagarse los mayores y sus familias (vía copagos y privatización).

De momento, el envejecimiento ha disparado la inversión privada en residencias de ancianos en España, sobre todo la inversión extranjera (y los Fondos). Eso se debe a que inversores y grupos multinacionales detectan un gran potencial de negocio en España, dada la escasa oferta y el envejecimiento esperado. Hay 384.251 plazas en residencias, una ratio de 4,2 plazas por cada 100 mayores de 65 años, inferior a las 5 recomendadas por la OMS. Se estima que hoy existe ya  un déficit de 66.000 plazas de residencias de ancianos y que harán falta 785.000 plazas en 2050, el doble de las actuales. Así que hay grandes perspectivas de negocio. Ya en 2021, las residencias facturaron 4.600 millones de euros, el 58% de la gestión de plazas privadas puras, otro 32% de la gestión privada de plazas concertadas y un 10% más de la gestión privada de plazas públicas, según la consultora DBK. Y de las 5 empresas que gestionan más residencias, tres son de capital francés (DomusVi, Orpea y Amavir), una británica (Vitalia, del Fondo CVC) y sólo una española (Ballesol, controlada por Santa Lucía). Y cada día, numerosos inversores  y Fondos compran pequeñas residencias o construyen otras nuevas.

En el negocio de los cuidados a mayores y dependientes, la financiación es mayoritariamente pública (80%) pero el servicio se gestiona en un 85% con empresas privadas, que ofrecen las ayudas, desde la teleasistencia a las atención a domicilio o los centros de día, cuidadores y gestión de residencias. En los últimos años se han sumado a este lucrativo negocio empresas de construcción (como ACS, con Crece, o Sacyr Social), junto a empresas, Fundaciones y ONGs, más muchos Fondos e inversores extranjeros. Sólo la ayuda a domicilio facturó 1.935 millones de euros en 2021, según DBK, con más de 1,6 millones de usuarios (la mayoría mayores), dos tercios clientes de servicios de teleasistencia.

Un nuevo negocio que está creciendo son los productos inmobiliarios para mayores, que ofrecen viviendas y complejos para mayores no dependientes, que incluyen servicios de comedor, atención sanitaria y ocio, apartamentos libres o concertados con la Administración que ofrecen otra forma de atención a los mayores nacionales y extranjeros, en Madrid, Barcelona y lugares de costa. Actualmente, la oferta de “sénior living” supera en España las 3.600 viviendas, en 70 complejos inmobiliarios, según DBK. Y cada vez hay más capital extranjero interesado en construir estos complejos multiservicios para mayores.

En paralelo a estos negocios ligados al cuidado de los mayores (dependientes y no), los mayores son un importante sector de consumidores, en todo el mundo y en España. Se estima que “la economía de las canas” (la “silver economy”) generó 325.000 millones de euros y mantuvo 4,4 millones de empleos en 2019 (el 26% del PIB y el 22% del empleo). Ahí se engloba todo el gasto de los mayores de 50 años en salud y productos sanitarios, seguros, estética y cosmética, moda, turismo, ocio, cultura, seguridad, inversión, vivienda y tecnología. Y las empresas saben que han de adaptar su oferta de productos y servicios a este gigantesco grupo de consumidores, los mayores de 50 años: hoy son 19.529.081 personas (el 40,5% de la población), pero en 2050 serán 28 millones (el 53% del total). Así que los mayores serán los consumidores que orienten la economía del futuro.

Récord de bajas laborales

La patronal siempre se queja del absentismo laboral de muchos trabajadores. Pero en mayo, sindicatos y empresarios lanzaron una alerta conjunta, inédita en España: “manifestamos nuestra preocupación por el aumento de las bajas laborales”. Causa: batieron un récord en 2022, 768.094 bajas (43 por cada 1.000 asalariados, frente a 34 en 2019). El aumento se debe a que trabajan más personas y, sobre todo, al atasco en la sanidad pública, que ha retrasado las revisiones, tratamientos y altas. Y también a que las plantillas han envejecido y sufren más traumatismos y depresiones. Sindicatos y patronal no creen que haya “abusos”, sino que se diagnostican y tratan los problemas de salud tarde y mal. Y piden que las Mutuas colaboren con los médicos para agilizar y reducir las bajas, costosas para todos. Otra vía es mejorar la seguridad en el trabajo y la salud mental de los trabajadores, cada vez más deteriorada. También ayudaría mejorar el clima laboral, porque el 54% de los trabajadores están “desmotivados” en su trabajo.

Enrique Ortega

Sindicatos y patronal firmaron el 10 de mayo el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, un pacto social para encarrilar las subidas salariales y las relaciones laborales entre 2023 y 2025. La novedad es que, en este Acuerdo se incluye, por primera vez en España, una referencia a las bajas laborales, una cuestión que preocupa desde siempre a la patronal, que lleva años quejándose de un aumento del absentismo laboral. En el Capítulo VII del Acuerdo, sindicatos y patronal dicen textualmente: “manifestamos nuestra preocupación por los indicadores de incapacidad temporal derivados de contingencias comunes”. La alerta se lanza por los últimos datos oficiales sobre bajas laborales (por problemas de salud comunes, no las “bajas profesionales”) publicadas por la Seguridad Social: 768.094 bajas de asalariados en 2022, frente a 583.118 bajas en 2019, antes de la pandemia, y 283.292 en 2012 (el mínimo de bajas, en lo peor de la crisis). Y con ello, se bate un récord histórico: son ahora 43,26 bajas por  cada millar de trabajadores por cuenta ajena, frente a 34,1 por cada 1.000 en 2019 y 19,14 en 2012 (incluso en 2007 eran sólo 32,14 por cada 1.000 asalariados).

El peso de las bajas laborales es muy desigual por autonomías. Están por encima de la media española (43,26 bajas por cada 1.000 asalariados) Galicia (57,28 bajas con 59,53 en Lugo), Canarias (56,93, con 59,15 en Las Palmas), País Vasco (55,72 bajas, con 61,46 en Vizcaya), así como León (58,13 bajas por 1.000 asalariados) y Palencia (53,50 bajas). Y tienen un menor problema de bajas laborales Madrid (34,94 bajas por cada 1.000 asalariados),  La Rioja (35,98 bajas), Baleares (36,75 bajas) y Andalucía (38,15 bajas).

Lo positivo es que la duración de estas bajas laborales por contingencias comunes se ha reducido en 2022, hasta los 37,68 días de media, tras batir récords en 2021 (47,86 días) y 2020 (49,44 días), por la pandemia y los atascos en la sanidad pública. Esta duración media de las bajas (37,68 días) es similar a 2019 (38,59 días) y 2012 (37,12 días) y menor a los años anteriores a la crisis financiera (43,83 días de media en 2007). Con todo, hay una gran diferencia por autonomías: la baja media dura más en Extremadura (67,18 días), Galicia (66,10) y Asturias (56,53), tres regiones más envejecidas, y es mucho menor en Cataluña (27,14 días), La Rioja (32,26), Madrid (33,17), Euskadi (36,22) y Castilla la Mancha (38,89), seguidas por Canarias (42,52), Cantabria (44,89) y Andalucía (44,48 días).

Los expertos consideran que hay varias causas que explican este aumento de las bajas laborales. La primera, que hay más gente trabajando, más asalariados, lo que puede explicar el aumento total de bajas (de 583.118 en 2019 a 768.094 en 2022, un +31,7%, muy superior al +2,5% que ha aumentado el empleo), pero no explica el aumento de su prevalencia, de su peso por cada 1.000 asalariados (que ha subido de 34,1 a 43,26). Este aumento habría que buscarlo en otras causas. La primera, el envejecimiento de las plantillas (el 34,4% de los trabajadores tienen más de 50 años, mientras sólo eran el 25,2% del total en 2012), que explicaría el aumento de bajas por problemas en el aparato locomotor (golpes, roturas, esguinces…), que son las que más han crecido. Y la otra, el aumento de la precariedad laboral y los problemas mentales agudizados por la pandemia, que explican el aumento de las bajas por depresión y salud mental.

Expertos, sindicatos y patronal coinciden en otra causa, que está por debajo de todas las demás: los atascos en la sanidad pública, agravados con la pandemia. La cuestión de fondo es que los problemas de salud ahora se diagnostican tarde (han aumentado las esperas para ir al médico de familia y, sobre todo, al especialista: 95 días de media) y eso retrasa los tratamientos y la recuperación, alargando las bajas.

Los sindicatos creen que muchas bajas traumatológicas (el 2º motivo de las bajas estos años, tras el coronavirus) se podrían reducir con un diagnóstico más rápido y sobre todo, con una rehabilitación más inmediata e intensa, algo que resulta difícil de conseguir en la sanidad pública, donde los servicios de rehabilitación están colapsados y tienen largas listas de espera. Otras bajas que se han disparado en 2021 y 2022 son las bajas por depresión, ansiedad, insatisfacción o sobrecarga de trabajo, que han crecido un 31% entre los menores de 35 años. Actualmente, estas bajas por salud mental son las segundas más frecuentes (el 17%), tras las bajas por razones musculo esqueléticas. De hecho, España es el mayor consumidor del mundo de ansiolíticos (el 11% de españoles los toman a diario…). Los sindicatos se quejan de que las empresas no tienen protocolos para detectar y mejorar los problemas de salud mental y que la sanidad pública tampoco ayuda, sólo con recetas y bajas.

Este fuerte aumento de las bajas laborales tiene un alto coste para el país. Empezando por los trabajadores que están de baja: los 3 primeros días no cobran nada y después cobran el 60% de la base reguladora (para un tercio de asalariados, en torno a los 1.000 euros) los días 4º al 20º, para subir al 75% de esa base a partir del día 21. El coste es también para las empresas, que pagan la baja y la cotización del 4º día al 15º, pagándolo después la Seguridad Social o la Mutua. Y el mayor coste es para la Seguridad Social, que paga la mayor parte del coste de estas bajas laborales, más sus cotizaciones sociales. Cuando la baja supera los 365 días, se produce una de estas 3 situaciones: el trabajador es dado de alta, se le prorroga la baja 180 días más si se piensa que puede curarse o se empieza el trámite para reconocerle una incapacidad permanente (que también paga la SS).

En un país con las plantillas tan cortas, donde faltan trabajadores en muchos sectores y empresas, que haya un porcentaje de baja complica la gestión de las empresas y tiene altos costes para todos. Por eso, sindicatos y patronal han propuesto solucionar el problema de las bajas, reconociendo que es un problema de mala gestión más que de “fraude” de los trabajadores, según los sindicatos: “No se puede meter en el mismo saco las ausencias injustificadas (absentismo) y las debidas a problemas médicos”, señalan, aunque reconocen que hay faltas al trabajo sobre todo “por razones familiares y de falta de conciliación laboral”, así como por razones de “insatisfacción laboral”.

Sindicatos y patronal creen que se puede reducir el número de bajas laborales y, sobre todo, gestionarlas mejor para que duren menos tiempo. Por un lado, insisten en la necesidad de mejorar la seguridad en el trabajo, la prevención y cuidar más la salud mental de los trabajadores, para reducir problemas médicos y bajas. Y cuando ya aparecen, creen que la sanidad pública (gestionada por las autonomías) debe tener ayuda de las Mutuas de Trabajo: “instamos a las administraciones a desarrollar Convenios con las Mutuas para realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de incapacidad laboral por contingencias comunes de origen traumatológico”, señalan en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.

En concreto, lo que sindicatos y patronal proponen es que los médicos de cabecera sigan dando las bajas, pero que se envíe a los trabajadores con bajas traumatológicas a las Mutuas, que son entidades públicas (aunque participen las empresas privadas) y tienen personal especializado para atender los traumatismos y realizar rehabilitación, para hacer un seguimiento de las bajas y proponer el alta cuando esté motivada, alta que siempre tendrá que decidir y firmar el médico de cabecera.

Ahora, será el futuro Gobierno el que tendrá que atender esta petición de sindicatos y patronal, que las Mutuas de Trabajo participen en la gestión de las bajas laborales, aunque la última palabra la tienen las autonomías, que son las que gestionan la sanidad pública y en definitiva las bajas, con un resultado desigual según las regiones. Y también han de colaborar los médicos, sobre todo los de cabecera, que hoy se quejan de que destinan una gran parte de su tiempo a gestionar las bajas y su seguimiento.

Plantear el problema del exceso de bajas laborales no supone acusar a los trabajadores de “escaquearse”, de aprovecharse de las bajas para no ir a trabajar, como denuncian algunos empresarios. Es básicamente un problema de pérdida de tiempo y de recursos, por gestionar mal las bajas. Pero sí deberíamos afrontar otro problema colateral: “la insatisfacción con el trabajo, un problema que se da en todo el mundo. En España, el último informe Hays, de 2022, señala que más de la mitad de los trabajadores están “desmotivados en su trabajo”: un 54%, frente al 47% en 2021. El primer motivo de descontento es el sueldo, algo normal en un país donde el salario medio bruto son 1.751 euros brutos (unos 1.400 euros netos), un 20% por debajo del sueldo medio europeo. El segundo problema señalado son las condiciones de trabajo: contrato, horario, falta de flexibilidad y conciliación laboral. Y el tercero, “tener un jefe tóxico”, que dificulta o impide la carrera laboral. Ojo al dato: 3 de cada 5 trabajadores aseguran haber sufrido “discriminación en su trabajo”, por género, edad, apariencia física o inclinación política, según un reciente informe de Cegos.

Con esta “insatisfacción” de más de la mitad de los trabajadores, lo que tenemos en España no es “La Gran Renuncia” que preocupa en USA (trabajadores que se van a otro empleo) sino lo que algunos llaman “La Renuncia Silenciosa”: trabajadores insatisfechos que como no encuentran otro trabajo, se quedan en el que tienen y “cumplen a secas”. Hacen su horario estricto y no se implican en su trabajo, “pasan”, sin hacer nada que pueda justificar su despido. No están motivados y trabajan “lo indispensable”. Es un fenómeno que se da cada vez más en trabajos que no son vocacionales: en el campo, la hostelería, la construcción y el comercio. Como sienten que la empresa “les da poco”, ellos también aportan lo mínimo. Y eso daña seriamente la productividad de las empresas y del país.

Urge tomar conciencia de este problema laboral, el “pasotismo”, agravado tras las reflexiones durante la pandemia. Es hora de que las empresas reestructuren a fondo sus políticas laborales y dejen de quejarse del absentismo para intentar detectar su origen y combatirlo con eficacia. Hay que cambiar la gestión de los recursos humanos, en cuestiones básicas: procesos de selección, contratos, salarios, formación, organización del trabajo, conciliación  e integración laboral. Yo siempre digo que la democracia ha entrado en España en las instituciones y en la política, pero no en las empresas: hay demasiadas empresas donde rige el “ordeno y mando” del dueño. Y si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta… Empresarios: mejoren el ambiente laboral, habrá menos bajas y ganarán más.

Se buscan inmigrantes

Hemos superado los 48 millones de habitantes en España. Pero el récord tiene truco: la población crece por los inmigrantes que llegan, porque los nacidos en España bajan desde 2012. Somos 571.747 “españoles” menos, compensados por un aumento de 1,62 millones de inmigrantes censados en los últimos 11 años. Esta caída de la población nacional, por el desplome de la natalidad, se sufre también en el resto de Europa, que lleva 2 años perdiendo población total (nacionales+ inmigrantes), sobre todo en Italia, Grecia y paises del Este. Por eso, Alemania, Francia, Bélgica o Portugal han tomado medidas para captar inmigrantes con los que cubrir algunos empleos, ante la falta de trabajadores nacionales. En España, el verano pasado “se abrió la mano” para contratar temporalmente a inmigrantes en algunos sectores (como piden las empresas) y este mayo se quiso abrir más, con cambios que ya no se aprobarán por estar el Gobierno en funciones. Será otro polémico reto para el futuro Gobierno: necesitamos a más inmigrantes para trabajar y cotizar.

Enrique Ortega

Europa tiene un grave problema de población, del que se habla poco: hay menos nacimientos, menos niños y jóvenes (20%) y más viejos (21% de los europeos tienen más de 65 años), con lo que la población lleva estancada dos décadas: si había 429 millones de europeos en 2001, crecimos hasta los 440 millones en 2008 y nos quedamos en 447 millones en 2020, sólo un 4% de aumento en 20 años. Pero ahora, la población europea total lleva dos años cayendo, 2021 y 2022: éramos 446.735.291 europeos a finales de 2022, casi 75.000 habitantes menos que en 2020, según Eurostat. Los paises que han perdido más población estos dos años son Italia (-611.355 habitantes), Rumanía (-286.383), Grecia (-258.783), Croacia (-195.860). Chequia (-177.232), Bulgaria (-112.545) y Hungría (-80.516). Y entre los paises que han ganado población, entre 2020 y 2022, destaca Francia (+386.394 habitantes), seguida de Holanda (+183.087), España (+100.279 habitantes), Irlanda (+95.644), Bélgica (+95.183), Alemania (+70.413) y Portugal (+56.133 habitantes).

España ha superado el 1 de abril los 48 millones de habitantes: 48.196.693 residentes, el doble que en 1930 (23.677.794 habitantes), según el INE. Un récord histórico de población, que esconde un hecho: la población nacida en España está cayendo (ahora somos 39.889.196 habitantes “nacionales”) mientras crecen y lo compensan los residentes nacidos fuera de España, los inmigrantes censados en España (8.307.497 residentes nacidos en el extranjero, el 17,23% de la población total). No se trata de un fenómeno nuevo. La población nacida en España viene cayendo desde 2012, por el desplome de la natalidad y el aumento de la mortalidad (por el envejecimiento): éramos 40.512.654 habitantes “nacidos en España” en 2011 y ahora somos 572.747 “nacionales” menos. En contrapartida, ahora están censados en España 1,62  millones de inmigrantes más que en 2011 (8.307.497 en abril de 2023 frente a 6.677.839 en 2011), según el INE. Menos nacidos en España y más inmigrantes, por eso ha aumentado la población española estos últimos 11 años.

La afluencia de inmigrantes a España se frenó tras la crisis financiera de 2008, año en que se censaron 794.535 extranjeros más en España: en 2011 ya sólo había censados 73.658 inmigrantes más que en 2010 y en 2014, como en los dos años anteriores, se fueron de España, retornaron 356.816 inmigrantes. Pero luego, con la recuperación económica volvieron y en 2019, el censo de extranjeros aumentó en +465.000.  Con la pandemia llegaron menos inmigrantes en 2020 (+240.044) y 2021 (+212.211), pero la situación se normalizó en 2022, con un aumento récord de extranjeros censados: +673.735 inmigrantes, según el INE. Y en este primer trimestre de 2023 ha habido otro récord: +166.714 extranjeros censados.

De los 8.307.497 extranjeros censados en España, la mayor parte proceden de Latinoamérica (3.334.457 inmigrantes censados en 2022, el 44,25% del total ese año), seguidos los residentes nacidos en Europa (1.542.852 en los paises de la UE y 683.348 en paises no UE, un 29,54% de la inmigración total), los inmigrantes nacidos en Africa (1.371.755 en 2022, el 18,20% del total), los inmigrantes nacidos en Asia (524.730, el 6,96% del total), los nacidos en Norteamérica (68.850, un 0,91%) y sólo 8.621 residentes nacidos en Oceanía (el 0,11% del total), según el INE. Por países, el mayor número de extranjeros censados en España (2022) lo acaparan Marruecos (984.682), Colombia (568.034), Rumanía (539.418), Venezuela (440.992) y Ecuador (420.573), seguidos de Argentina (328.333), Reino Unido (300.306), Perú (265.949), Francia (215.174), China (199.341), República Dominicana (190.478), Cuba (176.800), Alemania (170.621), Brasil (156.540), Honduras (150.643), Ucrania (116.242), Paraguay (110.321), Bulgaria (106.134) y Rusia (99.459 censados).

Con esta cifra de inmigrantes censados, España es el 8º país europeo con más peso de los inmigrantes en la población total, según los datos de Eurostat de 2020: los nacidos en el extranjero suponían el 14,8% de la población total, frente al 8,4% de media en la UE-27 (37,5 millones de los 447,2 millones de europeos habían nacido fuera de la UE). Los paises europeos con más porcentaje de extranjeros en su población eran Austria (19,8%), Suecia (19,5%), Alemania (18,1%), Irlanda (17,6%), Bélgica (17,6%), Noruega (16,2%) y Estonia (14,9%), todos con más peso de los inmigrantes que en España. Y la presencia es menor en Dinamarca (12,3%), Italia (10,3%), Portugal (10,8%), Francia (12,7%), Grecia (12,6%) o Finlandia (7,1%), siendo mucho más baja en la mayoría de paises del Este (2,2% de inmigrantes en Polonia, 2,7% en Bulgaria, 3,7% en Rumania o 6,1% en Hungría).

Cara al futuro, la previsión de la Comisión Europea es que la población europea se estanque en las próximas dos décadas, en torno a los 449 millones entre 2025 y 2030, para decrecer después, hasta los 440 millones de europeos en 2050 y llegar al año 2070 con 424 millones de europeos (un -5% sobre hoy). Y habrá 20 paises europeos que perderán población entre 2020 y 2050, según un estudio de Finantial Times, encabezados por Italia (de 60,5 a 54,4 millones), Rumanía (de 19,2 a 16,3), Polonia (de 37,8 a 33,3), Bulgaria (de 6,9 a 5,4), Hungría (de 9,7 a 8,5), Portugal (de 10,2 a 9,1) y Grecia (de 10,4 a 9 millones de habitantes).

España no va a perder población en las próximas décadas, pero crecerá muy poco, según las últimas proyecciones del INE, para el periodo 2020-2070: pasará de 47.326.958 habitantes el 1 de enero de 2021 a 47.749.007 en enero de 2030, 49.910.653 habitantes a principios de 2050 y 50.589.811 habitantes el 1 de enero de 2070. O sea, un aumento de población de 2,5 millones en los próximos 20 años y 3,25 millones en los próximos 50 años. Un aumento mínimo, si tenemos en cuenta que en los 50 años anteriores (1970-2020), la población española creció cuatro veces más, en 13,51 millones (de 33,81 millones de habitantes en 1970 a los 47,32 millones en 2020).

Pero este aumento previsto para la población española en 2050 y 2070 es “engañoso”, porque “encubre” una realidad: la población de los nacidos en España cae y el censo sube solamente por el aumento de los inmigrantes, según las proyecciones del INE. Así, los nacidos en España pasan de 40.229.931 en 2020 a 37.108.939 españoles en 2050 (-3,22 millones) y 33.794.071 españoles en 2070 (-6,5 millones sobre 2020), debido a que la mortalidad ganará a la natalidad, a la falta de nacimientos (1,23 hijos por mujer, cuando para que aumente la población harían falta 2,1 hijos por mujer). Y quien nos “salvará” de no perder población total serán los extranjeros, los inmigrantes que llegarán a España: los extranjeros residentes pasarán de 7.471.460 en 2020 a 12.801.714 en 2050 (+5,8 millones) y 16.795.740 inmigrantes censados en 2070 (9,8 millones más que hoy), según el INE.

Con este “panorama demográfico”, España y Europa necesitarán a los inmigrantes en las próximas décadas para mantener sus economías. Lo ha dicho claramente la ONU: Europa necesita abrir sus puertas a 60,8 millones de trabajadores extranjeros para 2050. Y en el caso de España, necesita 7 millones más de inmigrantes entre 2020 y 2050, según el Centro de Desarrollo Global de Washington. Así que si el INE estima que vendrán 5,8 millones, todavía tendríamos un déficit de 1,2 millones de inmigrantes para dentro de tres décadas. Estos estudios son concluyentes: no bastará con aumentar la edad de jubilación, incorporar más mujeres al trabajo, aumentar la natalidad o robotizar y automatizar los empleos. Seguirá faltando mano de obra si no entran más inmigrantes en las próximas décadas.

De hecho, el problema se está dando ya: faltan trabajadores en algunos sectores, por la menor entrada de inmigrantes durante la pandemia, según ha alertado el Banco de España.. Faltan trabajadores en el campo y la construcción (lo reportan el 40% de las empresas) y también en la hostelería (lo indican el 36% de las empresas encuestadas). Y el problema preocupa especialmente a los empresarios de la construcción, porque el sector va a acaparar el 35% de todos los Fondos Europeos y esta inversión peligra si falta mano de obra (el 20% del trabajo lo hacen extranjeros). Actualmente, aunque están llegando más inmigrantes, falta mano de obra en 8 de cada 10 empresas, según un reciente estudio de la consultora KPMG. Aunque la mayoría de los puestos vacantes son de personal más formado (que no suelen ser los inmigrantes), los empresarios se quejan de que, en pleno 2023, sigue faltando mano de obra en el campo, la construcción, el turismo y la hostelería, el transporte y la logística.

El problema de la falta de trabajadores, por la caída de la natalidad, se da también en el resto de Europa. La Comisión Europea no consigue avanzar en una política migratoria única, que será una de las banderas de la derecha y la extrema derecha en las elecciones europeas de junio de 2024. Pero trata de aprobar “parches”, dada la gravedad del problema. En 2021, aprobó la Directiva de la tarjeta azul, para captar trabajadores cualificados. Y ahora, la Comisión trabaja en una nueva Directiva para facilitar la entrada de más inmigrantes (con “cuidado”) en los sectores con más problemas: fontanería, enfermería, análisis de sistemas, soldadores y camioneros. Mientras, hay paises que han tomado medidas por su cuenta. Alemania ha reducido la burocracia para contratar trabajadores extranjeros, permitiendo visados temporales y facilitando la homologación de títulos. Francia prepara una nueva Ley migratoria, para facilitar la contratación de inmigrantes sin papeles y demandantes de asilo. Bélgica ha aprobado un permiso único que combina trabajo y residencia. Y Portugal ha implantado un nuevo visado de 180 días, más otro para “nómadas digitales”.

España aprobó en julio de 2022 una reforma del Reglamento de Extranjería, para facilitar la contratación de inmigrantes en sus paises de origen y la regularización de los inmigrantes irregulares que se formen para trabajar. El objetivo de esta medida, aprobada por el Gobierno Sánchez y apoyada por la patronal, era facilitar la contratación de extranjeros en sus paises (se les ofrecen trabajos de hasta 9 meses al año, con la condición de renovarlos si vuelven a sus paises) y regularizar a parte de los inmigrantes que están ilegalmente en España, si hacen cursos de formación para poder conseguir un trabajo. Además, se permite a los estudiantes extranjeros en España (55.400) que trabajen además de estudiar. Con estas medidas, el Gobierno trataba de reducir la economía sumergida y paliar la falta de mano de obra en sectores claves, como hostelería, transporte, construcción o digitalización.

Este año 2023, el Ministerio de SS y Migraciones quería hacer otro cambio, para flexibilizar más la contratación de inmigrantes, sobre todo de los que ya están en España sin papeles (se estima que hay 500.000). La reforma del verano pasado abrió una vía de regularización, el “arraigo por formación”: se autorizaba la residencia para formarse en trabajos donde falta mano de obra. Esto ha permitido que 12.000 inmigrantes consigan papeles en el último año (y que las empresas consigan trabajadores “legales”). Ahora, el ministro Escrivá pretendía “flexibilizar” más esta formación, exigir menos horas (se pedían 200 horas) y que haya más entidades que den esta formación, incluso online. Los sindicatos y la ministra de Trabajo no estaban de acuerdo con esta nueva reforma, porque temían que la flexibilización de la formación fuera “un coladero” y regularizara demasiados inmigrantes, en perjuicio de los parados españoles. Pero la patronal apoyaba esta reforma, señalando la urgencia de tener mano de obra en muchos sectores. El ministro Escrivá, en la última reunión con las fuerzas sociales, el 18 de mayo, les dio 10 días para sugerir cambios, con la idea de aprobarlos en junio, de cara a las contrataciones de verano. Pero la convocatoria de elecciones y el Gobierno en funciones obligan a dejar este cambio en el cajón…

Con este parón, otro reto del futuro Gobierno será ver qué hace con la contratación de inmigrantes, propiciada por los empresarios y criticada por los sindicatos. Pero la realidad es muy tozuda: cada vez habrá menos españoles y menos jóvenes en edad de trabajar, mientras no hay forma de frenar la presión migratoria, sobre todo de Latinoamérica y África. Y es un hecho que hay trabajos para los que no se encuentran trabajadores españoles, en el campo, la hostelería, la construcción y el transporte. Claro que habría más españoles dispuestos a trabajar si subieran los sueldos y mejoraran las condiciones de estos trabajos. Pero, en cualquier caso, nos hacen falta los inmigrantes. Primero, para cubrir los futuros empleos. Y segundo, para que coticen y nos ayuden a financiar las pensiones: en 2050 tendremos menos gente trabajado (28 millones en edad de trabajar, frente a 30 millones ahora) y cotizando para pagar muchas más pensiones (15 millones frente a las 9,5 millones actuales).

Urge abrir este debate sobre cómo incorporar más inmigrantes al empleo, un tema clave en toda Europa. Y que la extrema derecha, desde Italia y Suecia a España utiliza con mentiras: no es verdad que los inmigrantes “nos roban el trabajo”: es falso, porque 4 de cada 10 se incorporan a ocupaciones elementales y mal remuneradas (su salario medio es un 56% del que reciben los españoles, según un informe del Defensor del Pueblo), trabajos que no quieren los españoles (como recoger fruta o cavar zanjas). Y además, aportan más de lo que reciben: los 2,75  millones de trabajadores extranjeros pagan el 10% de las cotizaciones a la SS y sólo reciben el 0,9% del gasto en pensiones, según un estudio de UGT. Además, otros estudios revelan que pagan más en impuestos y cotizaciones que lo que reciben en prestaciones sociales y ayudas. Y con su consumo, contribuyen al mayor crecimiento y a crear otros empleos de españoles. Acabo con un dato más: el 30% de todo lo que ha crecido España en los últimos 20 años ha sido gracias a los inmigrantes.

Acuérdese de todo esto cuando oigan a VOX y cuando vayan a votar el 23 de julio.