Se dispara la publicidad digital

La publicidad lleva dos años mejorando, aunque todavía las empresas invierten en anuncios menos que antes de la pandemia en España, más en el resto del mundo. El motor de esta recuperación es la publicidad digital, que ya supone el 60% de la tarta, frente al 23% que se lleva la TV tradicional y el estancamiento de los anuncios en la prensa y el cine, aunque mejora en la radio y en exteriores. Todo apunta a que el futuro de la publicidad pasa por Internet y las redes sociales, con nuevos formatos, como el audio y el vídeo publicitarios, la publicidad exterior digital, la TV conectada, el marketing personalizado, los contenidos de marca y los “influencers”. En definitiva, que nos van a bombardear más con anuncios cada vez que naveguemos por Internet, en forma de banners, vídeos y audios. Es su negocio y nuestro peaje por conectarnos. Y como cada vez tienen más datos de nuestros gustos y compras, la publicidad será más efectiva (y peligrosa). Paciencia.

Enrique Ortega

La publicidad se recupera de la pandemia y de la crisis por la inflación y la guerra en Ucrania. En el mundo, la inversión publicitaria alcanzó los 713.600 millones de dólares en 2022, con un aumento del 8,7%, según el Informe de Dentsu, confirmando una recuperación del 16% sobre la inversión publicitaria anterior a la pandemia (616.000 millones de dólares en 2019). En España, 2022 ha sido el 2º año en que mejoró la inversión publicitaria, cerrando con una inversión de 12.214,2 millones de euros, un +4,7% que en 2021, aumento inferior al de 2021 (+7,8%), según los datos de Infoadex. Y a pesar de esta mejoría, todavía la inversión publicitaria es inferior a la de antes de la pandemia: 13.129 millones en 2019. Ahora se espera recuperar esos niveles en 2023.

El motor de la recuperación está siendo la publicidad digital, que es la que más crece y la que sigue ganando peso en la pelea por la tarta publicitaria. De hecho, teniendo en cuenta los medios controlados por Infoadex, la publicidad digital facturó 2.670 millones de euros en 2022, un aumento del +7,6% (y del 16,3% sobre la inversión en 2019). La mayor inversión publicitaria digital se ha dado en Webs: 1.016,8 millones de euros en 2022 (+7,2% sobre 2021 y +21,8% sobre 2019). Le sigue la publicidad en buscadores, 926,5 millones en 2022 (+6,1% sobre 2021 y +6,6% sobre 2019), que se ha llevado sobre todo Google, que controla el 96% de las búsquedas que se hacen en España. Y en tercer lugar está la inversión publicitaria en redes sociales, que alcanzó los 727 millones en 2022 y que es la que más crece: +10,1% respecto a 2021 y +22,87% en relación a 2019.

El segundo destino de la publicidad en España, en 2022, fue la televisión, que facturó 1.731,8 millones de euros, menos que en 2021 (-3,3%) y que antes de la pandemia (-13,8% sobre 2019). La mayor caída publicitaria la han sufrido las TV nacionales en abierto, con una inversión de 1.519,5 millones en 2022 (-4,2% que en 2021 y -15,9% que en 2019). Esto ha afectado sobre todo a los dos grandes grupos de TV privada que operan en España, Mediaset (Tele 5, Cuatro) y Atresmedia (Antena 3 y la Sexta), que han perdido ingresos (-7,4% Mediaset y -2,6% Atresmedia), aunque siguen controlando el negocio, con un escandaloso “duopolio” publicitario: ingresaron 710,5 millones (Mediaset) y 699,1 millones (Atresmedia) en 2022, lo que supone acaparar el 92,75% del mercado publicitario de las TV nacionales en abierto (quedan sólo 109,9 millones para el resto de las privadas y los patrocinios de RTVE).

Tras las TV de ámbito nacional en abierto, el resto apenas reciben publicidad: 92,5 millones las TV autonómicas (+4,9% sobre 2021), obligadas a depender de las subvenciones de sus Gobiernos autonómicos, las TV locales (2,3 millones de ingresos publicitarios), las TV de pago, todavía con poca publicidad y cayendo (80,3 millones en 2022, un -19,4% sobre 2021) y la TV conectada, las televisiones con acceso a Internet (Smart TV), que son el último gran descubrimiento de los publicitarios, porque saben que 9,5 millones de internautas navegan cada día desde su TV con Smart TV (lo tienen 4 de cada 10 hogares). El hecho es que este formato de TV ha más que duplicado sus ingresos publicitarios: de recibir 15,5 millones en 2021 han pasado a 37,2 millones en 2022 (+145º%).

Tras los medios digitales y la TV, el tercer destino de la publicidad convencional en España es la radio, un medio que sufre una mejoría de ingresos publicitarios frente a la caída en la TV: tuvo 447,2 millones de ingresos en 2022, un +7,7% sobre 2021 y -8% sobre 2019. Los diarios también han mejorado ingresos publicitarios (340 millones de inversión en 2022, un +12% sobre 2021 aunque suponen una caída del 30% sobre 2019). Los suplementos dominicales han sufrido una tremenda pérdida de publicidad (9,2 millones en 2022, un -27,1% sobre 2021 y -65,4% sobre antes de la pandemia). Y la publicidad en las revistas crece el año pasado (123,3 millones de ingresos, +2,7%, aunque cae un -36,7% sobre 2019).

Un inciso sobre la publicidad y las cuentas de los medios de comunicación. En general, su estructura económica es muy débil y la mayoría siguen dependiendo de la publicidad (muchos de la institucional, lo que explica algunas “dependencias”, sobre todo autonómicas y locales), dado que las ventas de diarios en papel se han desplomado: si en 2009, los diarios más leídos alcanzaban los 4 millones de ejemplares, hoy ninguno supera el millón. A principios de 2023, el Marca vendía 976.000 ejemplares, El País 763.000, El Mundo 431.000, As 399.000, la Voz de Galicia 369.000, ABC 336.000 y la Vanguardia 335.000, según la primera oleada del Estudio General de Medios (EGM). Este desplome de las ventas en papel ha obligado a los medios en buscar ingresos para sus Webs, incorporando el pago por suscripción a las ediciones digitales de los diarios. Y hay medios digitales que son rentables  (El País, El Confidencial, Diario.es…) porque ingresan por suscripciones (El País tiene 250.000 suscriptores y Diario.es tiene 61.000 socios) tanto como por publicidad. Y, a la vista de la evolución de los grandes diarios digitales del mundo, las suscripciones digitales son la vía para mantener la independencia frente a los poderes económicos y la publicidad.

Otro medio que ha mejorado su publicidad en 2022 ha sido la publicidad exterior, que ingresó 350,2 millones, un +20,9% más que en 2021, aunque todavía menos que en 2019 (-17,26%). Y la publicidad en el cine también ha mejorado, ingresando 21,1 millones en 2022, un +68,9% sobre 2021 aunque lejos de los ingresos de antes de la pandemia (35,9 millones en 2019).

A la vista de estos datos, en los medios controlados por Infoadex, se ve que la publicidad digital acaparó en 2022 más ingresos (2.670 millones) que la TV, la prensa, la radio y el cine juntos (2.529 millones). Pero además, hay otros canales con un peso publicitario muy importante, cuya medición es más difícil y por eso Infoadex “estima” la inversión que reciben: otros 6.520 millones de euros en 2022 (+5% sobre 2021 y -9% sobre 2019). Los más importantes son el marketing telefónico (recibe 1.655 millones en publicidad, ojo: más que las TV de ámbito nacional), el envío de mails personalizados (1.442 millones de publicidad en 2022), la publicidad en el lugar de venta (PLV), merchandising, rótulos y señalización (ahí se invierten 1.430 millones en publicidad, más de 4 veces la publicidad que va a los diarios), la elaboración de contenidos de marca (“branded content”: artículos o vídeos pagados por una empresa), donde se invierten 457 millones, patrocinio y mecenazgo (419,2 millones), actos de patrocinio deportivo (418,6 millones en publicidad) y lo más novedoso, la publicidad en “influencers”, donde las empresas gastaron 63,9 millones en 2022…

Como puede verse, la publicidad ha cambiado radicalmente en los últimos años y ahora el patrocinio deportivo, la publicidad en el punto de venta o el mailing se llevan más inversión publicitaria que la prensa, la radio o la publicidad exterior. Con todo, el gran destino de la inversión publicitaria es el mundo digital, Internet. Según un estudio reconocido, el de IAB Spain y la consultora PwC, la publicidad digital movilizó 4.533 millones de euros en 2022, un aumento del 10% sobre 2021. Y supone ya el 60% de la tarta publicitaria total, casi el triple que la publicidad en la TV tradicional (acapara el 23% del total). Este es el reparto interno de esta publicidad digital: 1.575 millones para búsquedas (96% se lo lleva Google), 1.278 millones a redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp y YouTube, sobre todo), 1.091,5 millones en display (banners en Webs en forma de texto e imágenes, cada vez más vídeos), 307 millones en clasificados (anuncios dirigidos a alquileres, empleo, motor), 75 millones en anuncios digitales en exteriores, 75 millones en audios digitales (6 millones en Podcast), 63,9 millones en “influencers” y 39,8 millones en TV conectada (Smart TV).

Cara a 2023 y al futuro, todos los expertos apuestan por un mayor despegue de la publicidad digital y un estancamiento y caída de la publicidad tradicional. En el mundo, la inversión publicitaria superará los 805 millones de dólares en 2025, lo que supone un +13% sobre los datos de 2022, pero esa subida la atribuyen los expertos de Dentsu casi en exclusiva al aumento de la publicidad digital, que pasará de 394 millones de dólares (2022) a 482,8 millones en 2025. Apenas subirá la publicidad mundial en TV (de 182,4 millones de dólares a 192,7 millones) y se estancará en el resto (ver gráfico). En España, los expertos de IAB y PwC creen que la publicidad digital seguirá ganando terreno en detrimento de la publicidad en TV y en los medios impresos. También creen que mejorará la publicidad digital en exteriores, en radio (podcast), TV conectada y la publicidad de viajes, entretenimiento y e-commerce.

La publicidad va a ser uno de los sectores que más cambie en los próximos años, de la mano de 2 herramientas que van a trastocar el negocio publicitario: el tratamiento de datos (“Big Data”)  y la Inteligencia Artificial (IA), que va a revolucionar no sólo las tareas creativas de las agencias sino también la planificación de medios. Y en cuanto a los datos, la realidad es que cada día las empresas conocen mejor nuestros gustos y preferencias de consumo, lo que va a permitir personalizar cada vez más las campañas, rentabilizando mejor las inversiones que hacen.

En 2024 se va a producir una revolución en la publicidad digital, cuando se haga realidad el cambio que Google anunció ya en 2020 (para 2022), pero que se ha retrasado hasta 2024 por su tremendo alcance: va a suprimir las “cookies” de terceros, esos pequeños archivos de texto que las Webs solicitan instalar en nuestro ordenador para rastrear los sitios en que navegamos y lo que buscamos, información que les permite vender publicidad “dirigida”. También Apple hizo un cambio importante, en la primavera de 2021, con la actualización de su sistema operativo IOS 14.5: exige a cualquier aplicación (APP) que nos descarguemos que pida permiso al usuario para rastrear su navegación por Internet.

Tanto Google como Apple justificaron estos cambios “en defensa de la privacidad de los internautas”. Pero no es cierto, claro. Lo han hecho para fortalecer su posición dominante en el mercado publicitario y atacar a la competencia, según muchos expertos. En el caso de Google, el nuevo sistema (supresión de cookies de terceros en su navegador Crome) va a perjudicar a Facebook (y a su red social, Instagram) y a Amazon Advertising, que ahora tendrán más dificultades para rastrear a sus usuarios mientras Google podrá seguir controlando nuestros datos a través del buscador y sus múltiples servicios (como YouTube y los teléfonos Android, el 85% de los móviles en España). Y en el caso de Apple, la restricción a los rastreos en las APPs que se descarguen dañará también a Facebook (WhatsApp e Instagram) y a millones de APPS, pero Apple podrá seguir controlando la información que le reportan sus millones de clientes. Otra razón del cambio de Google es defenderse de otros navegadores competidores que no admiten cookies, como Safari o Firefox. Y una razón más, para Google y Apple: defenderse ante futuras investigaciones de los reguladores, tanto en EEUU como en Europa, preocupados por sus ataques a la privacidad y su exceso de poder.

Ahora, Google desarrolla un sistema, la iniciativa Privacy Sandbox, para ofrecer a los anunciantes otra información, también segmentada por grupos y no individualmente, que asegura la privacidad de los usuarios, dicen. Pero ojo, Google, que vive de la publicidad digital (supuso el 80% de sus ingresos totales en 2022, 224,4 de 256,74 millones de dólares), no va a hundir su fuente de ingresos, así que seguiremos sufriendo la agresividad de anuncios cuando naveguemos o busquemos ropa o un viaje, aunque sea de otra manera. Y eso también porque el negocio de los datos, “nuestros datos”, es la base de la nueva economía y de una gran parte de la actividad de las grandes plataformas de productos y servicios.

Así que paciencia: seguiremos sufriendo cada vez más “ataques publicitarios” cuando naveguemos por Internet. Estamos en sus manos. Al menos hasta que las autoridades europeas aprueben el Reglamento ePrivacy, sobre el tratamiento del marketing online. El Consejo Europeo lo dio luz verde el 10 de febrero de 2021, pero sigue empantanado en el Parlamento europeo y la Comisión, por presión de los lobbies económicos y de los gigantes de Internet. Y luego, si algún día se aprueba finalmente, habrá un margen de 2 años para aplicarlo. Asía que los gigantes de Internet y de la publicidad tienen “vía libre” hasta 2025 al menos. Y después, seguirán utilizando nuestros datos y nuestras preferencias de consumo para bombardearnos con publicidad dirigida en Internet. Es el precio de estar conectado. Estamos en sus manos.

España, el estanco de Europa

Médicos y expertos alertan: las ventas y el consumo de tabaco han aumentado en 2022, un año en que la policía desmanteló el doble de fábricas ilegales de tabaco en España. Ha habido un parón en la reducción del tabaquismo, favorecido por unos precios que son de los más bajos de Europa, lo que incentiva las ventas fronterizas y que los turistas vuelvan con maletas repletas de cartones. Y entre tanto, el tabaco provoca en España un tercio de los cánceres  y 60.000 muertes diarias, más que el COVID (120.000 muertes en tres años frente a 180.000 el tabaco). Y un coste de 8.000 millones extras a la sanidad pública. Pero no se toman medidas. En un cajón del Ministerio de Sanidad está paralizado un Plan antitabaco, consensuado con los médicos y expertos en diciembre de 2021, quizás por ser un año electoral y porque el tabaco recauda 9.113 millones anuales que se reparten el Estado y las autonomías. No olvidemos que el tabaco mata: hay que erradicarlo.

Enrique Ortega

Los datos de ventas y consumo de tabaco en 2022 son preocupantes, ya que vuelven a crecer tras las bajadas provocadas por la Ley antitabaco de 2005 y las limitaciones a fumar aprobadas en 2010. Unas normas que, junto a la subida de precios, tuvieron efectos: si en 2004 se vendieron 4.663 millones de cajetillas, en 2010 ya eran 3.621 millones y en 2019 se vendieron la mitad, 2.242 millones de cajetillas. Las ventas volvieron a bajar en 2020 (2.060 millones), con la pandemia, pero se recuperaron algo en 2021 (2.096 millones), para crecer un +4,09% en 2022, con 2.182 millones de cajetillas vendidas, por valor de 10.076 millones de euros, según los datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos. Además, ha crecido también la venta de tabaco para liar (+4,44%), mientras cayó la venta de puros (-1,37%) y el tabaco de pipa (-6,69%). En total, las ventas totales de tabaco alcanzaron los 12.021 millones en 2022, un +6,13% que en 2021 y un +1,32% que en 2019.

Otro indicador que alerta sobre el aumento del consumo es  el salto en las importaciones de tabaco: en 2022, España importó tabaco por valor de 1.723 millones de euros, una cifra récord, muy superior a los 1.537,4 millones importados en 2021. Y aunque también exportamos (315,3 millones en 2022, frente a 232,8 millones en 2021), hay un déficit comercial de -1.408 millones de euros, otro récord, que son divisas que gastamos en humo. Y un tercer indicador del repunte del consumo, el aumento del contrabando: a lo largo de 2022, la Guardia Civil desmanteló 14 fábricas ilegales de tabaco (más cientos de almacenes y distribuidores), “con tecnología punta”, el doble de las desmanteladas que en 2021. Según los investigadores, España se ha convertido en una inmensa fábrica de tabaco ilegal, empujado por las mafias de la droga y de paises del Este, que aprovechan las bajas penas y la alta rentabilidad.

Pero la mayor alerta la ha dado la última Encuesta EDADES 2022, sobre consumo de alcohol, tabaco y drogas en España, publicada por el Ministerio de Sanidad. Ahí se refleja que han aumentado los españoles que han fumado en el último mes: el 37,2% de las personas entre 15 y 64 años, frente al 36,8% en 2020. Y, sobre todo, ha aumentado el consumo diario de tabaco: de hacerlo el 32,3% de encuestados en 2020, ahora son el 33,1% (más que el 30,8% de 2015). Y lo peor es que cada vez se fuma a edades más tempranas (16,4 años los chicos y 16,7 años las chicas). Es más, el 50% de los jóvenes entre 18 y 21 años fuma mensualmente, según datos de la Asociación Española contra el cáncer. Según EDADES 2022, la “prevalencia” del consumo de tabaco es mayor entre los hombres (42,2% que entre las mujeres (32,3%) y se fuma más que la media en Extremadura (43,3%), Comunidad Valenciana (44,3%), Murcia (36,6%), Aragón (34,6%) y Cataluña (34%). El informe señala que cada vez hay más relación entre el tabaco y las drogas (9 de cada 10 fuman cannabis y tabaco). Y que un tercio de fumadores “se han planteado dejar de fumar”, aunque sólo el 42% lo intentan.

Un problema que preocupa a los expertos es el auge en el consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores, que se ha duplicado: si en 2015 lo usaban el 6,9% de los encuestados, en 2022 son ya el 12,2 % (13,6% los hombres y 10,7% las mujeres). Denuncian  que “son el caballo de Troya de las tabaqueras para enganchar a fumar a los más jóvenes”, con estrategias de marketing en redes sociales, donde promocionan que es una forma de “estar al día” y fumar sin peligro. Pero ojo, la Comisión para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) alerta: los cigarrillos electrónicos y vapeadores tienen una alta concentración de sustancias cancerígenas y es falso que ayuden a dejar de fumar. Más bien, añaden, son “la nueva puerta para empezar a fumar”, la última estrategia de las tabaqueras.

Con este repunte del consumo de tabaco, España se consolida como el 9º país europeo con más porcentaje de fumadores diarios, según la última estadística de Eurostat (abril 2022), que contabiliza los que fuman todos los días y cuya cifra de consumo es inferior a la de la Encuesta EDADES 2022. Pero sirve para compararnos con el resto de Europa, donde se contabilizan una media de 18,4% de personas que fuman todos los días (el 5,9% una cajetilla diaria o más y el 12,5% restante menos de 1 cajetilla al día). En España se contabilizan un 19,7% de fumadores diarios (4,9% una cajetilla o más), más que en Francia (17,8%) e Italia (16,5%) y menos que Alemania (21,9%) o Austria (20,2%). En general, los europeos que más fuman son los de los paises del Este (28,7% en Bulgaria) y Grecia (23,6%), mientras que los que menos fuman son los suecos (2,4%) y finlandeses (9,9%).

Los expertos reiteran que estas diferencias de consumo de tabaco entre paises tienen mucho que ver con las normas antitabaco vigentes y, sobre todo, con los precios del tabaco en Europa, muy dispares, debido sobre todo al mayor o menor peso de los impuestos. Y aquí, España está entre los paises de Europa con el tabaco más barato: 4,53 euros de media la cajetilla, frente a 4,71 euros en Portugal, 5,16 euros en Italia, 6,18 euros en Alemania, 7,16 en Paises Bajos, 8,60 en Finlandia, 10,19 euros en Francia y 13,43 euros en Irlanda, según la última estadística de Tax Foundation (mayo 2022). Sólo en los paises del Este de Europa, las cajetillas costaban entre 2,77 euros (Bulgaria) y 3,81 euros (Eslovaquia). Eso significa que España tiene el tabaco más barato que otros 15 paises europeos, debido sobre todo a que aplica menos impuestos (2,80 euros de impuestos especiales frente a 3,44 euros de media en la UE-27, 6.14 euros Francia y 6.88 euros Irlanda, más el IVA).

El precio del tabaco en España subió 2 veces en 2022 y en 2023 ha vuelto a subir (los estancos han publicado 17 actualizaciones de precios este año), con lo que una cajetilla oscila entre los 4,85 euros de Nobel, los 5,10 euros de Winston y los 5,35 euros de Marlboro (la mitad de precio que en media Europa), precios que incluyen un 80% de impuestos (especiales +IVA), cuando hay paises que aplican el 85 y hasta el 90%. Esto hace que España se haya convertido en el estanco de Europa, con cientos de miles de franceses comprando en el norte del país (sobre todo en Cataluña, donde los estancos se forran) y con los turistas (británicos, franceses, alemanes y nórdicos) arramplando con cajetillas cuando vuelven de vacaciones en España (más desde Canarias). Un dato oficial: las ventas de tabaco a turistas crecieron un +24% en 2022. Y en el caso de Baleares, la venta a turistas aumentó un +40%, según el Comisionado para el Mercado de Tabacos.

Médicos y expertos alertan sobre este repunte del tabaco y los bajos precios en España, recordando que se fomenta un consumo que mata. La Organización Mundial de la Salud (OMS) cifra en 8 millones las personas que mueren cada año a causa del tabaco (1,2 millones “por el humo ajeno”, sin ser fumadores), sobre todo en los paises pobres y en desarrollo. En Europa se estima que son 700.000 los muertos al año por tabaquismo. Y en España, el tabaco mata a unas 60.000 personas al año, según la Sociedad Española de Neumología t Cirugía Torácica (SEPAR), que lo considera la 1ª causa de muerte evitable y prematura. Eso significa que el tabaco mata más que la COVID: si la pandemia ha provocado 120.000 muertes en 3 años, el tabaco habrá matado a 180.000…

Además, si no se fumara, desaparecerían un tercio de los cánceres diagnosticados en España, según la Asociación de Lucha contra el Cáncer (AECC), quien recuerda que el tabaco no sólo provoca cáncer de pulmón, boca o laringe sino que está detrás de otros cánceres, como el de páncreas, hígado o vejiga. Y los expertos estiman que el tabaco provoca anualmente un gasto sanitario de 8.000 millones de euros (8,8 de cada 100 euros de gasto total), además de un elevado coste económico, por bajas e invalideces.

Por todo este trágico coste, en vidas y gasto sanitario, la OMS lleva décadas intentando que los paises luchen más activamente contra el tabaquismo. Ya en 2003, la Asamblea mundial de la OMS aprobó por unanimidad el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), un abanico de medidas (reducción de la publicidad, recorte del consumo, empaquetado genérico, regulación cigarrillo electrónico, protección menores…) que la mayoría de paises no aplican. En España, la mayoría de estas medidas promovidas por la OMS se incluyeron en el Plan integral de Previsión y Control del Tabaquismo 2021-2025, redactado por el Ministerio de Sanidad en octubre de 2021 y consensuado con los médicos y asociaciones profesionales en diciembre de 2021. Pero el Plan antitabaco lleva año y medio guardado en un cajón del Ministerio de Sanidad y nadie sabe si se va a aprobar o no en este año electoral, donde el Gobierno parece haber optado por no enfrentarse a hosteleros y fumadores.

El objetivo de este Plan antitabaco no aprobado es reducir el consumo de tabaco un 30% para 2025 (sobre el consumo de 2010). Para ello, el borrador contemplaba 4 medidas básicas. Una, subir los impuestos al tabaco (ahora en el 80% del PVP), colocándolo entre el 85 y el 90% del precio final, lo que encarecería la cajetilla y reduciría el consumo. La segunda medida clave sería prohibir fumar en las terrazas de los bares (un tema muy polémico) y otros espacios públicos, desde playas a paradas de autobús. La tercera, obligar a un empaquetado neutro, genérico. Y la cuarta, proteger a los jóvenes, con una normativa más restrictiva del uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores y su promoción en conciertos, redes sociales e influencers. Además, contemplaba una mayor restricción de la publicidad indirecta del tabaco y la realización de campañas públicas, sobre todo entre jóvenes.

Los médicos y expertos llevan más de un año pidiendo que Sanidad apruebe este Plan antitabaco que consensuó con ellos en diciembre de 2021. No se explican las razones del retraso, aunque lo achacan a motivos electorales: no enfrentarse con el sector turístico y hostelero ni con los fumadores, evitar que proliferen los defensores de “la libertad de fumar”. Y algunos hablan de motivos económicos, no poner en peligro los impuestos que recauda el tabaco: 9.113,4 millones de euros recaudados en 2022, por impuestos especiales (6.880 millones) e IVA (el resto. Y eso es algo que concierne no solo al Gobierno sino también a las autonomías (se llevan el 58% de lo que recauda el tabaco por impuestos especiales y la mitad de lo que paga por IVA, o sea, 5.106 millones en 2022).

A la vista de que el Plan antitabaco no se aprueba, 70 organizaciones médicas, profesionales y ciudadanas firmaron, en noviembre de 2022, la “Declaración Endgame Tabaco España 2030”, que pretende ser una “hoja de ruta” para luchar contra el tabaquismo, con un doble objetivo: reducir el consumo de tabaco del 33,1% actual al 5% en 2030 y por debajo del 2% en 2040, algo que parece “imposible”. Para lograrlo proponen: duplicar el precio del tabaco en España (subirlo de golpe a 10 euros la cajetilla y luego llegar a los 20 euros, escalonadamente, para 2030), imponer un empaquetado genérico neutro, creación de más espacios públicos libres de humo, equiparar la legislación y publicidad de los cigarrillos electrónicos y vapeadores a la del tabaco y realizar campañas públicas sobre los daños del tabaco, sobre todo entre los jóvenes y en colegios y Universidades. Y como colofón, prohibir la venta de tabaco a los nacidos después de 2010, “empezar a crear la primera generación sin tabaco”, como ya ha hecho Nueva Zelanda (prohíbe la venta a los nacidos a partir de 2009) y quiere hacer Finlandia (prohibiendo la venta a jóvenes a partir de 2030).

Mientras el Gobierno Sánchez no se atreve a aprobar el Plan antitabaco que tiene en el cajón, el nuevo ministro de Sanidad aprobó el pasado 11 de abril dos “parches”, dos medidas de choque menos polémicas que ya ha consultado con médicos y profesionales. La primera, introducir el empaquetado genérico en las cajetillas de tabaco, como hacen ya muchos paises. Y la otra, regular los cigarrillos electrónicos y vapeadores (sin legislación), prohibiendo determinados aditivos (peligrosos), utilizados para atraer a los jóvenes.

En resumen, hay más fumadores y demasiadas muertes porque falta voluntad política para acabar con el tabaco, una droga que mata y tiene enormes costes sanitarios, económicos y sociales. Urge un Pacto nacional contra el tabaco, entre Gobiernos, médicos, profesionales y ciudadanos, para limitar al máximo su consumo y cercarlo sin contemplaciones, porque fumar no tiene nada que ver con la libertad sino con el suicidio. Hay que tomar las medidas que haga falta para que dentro de una o dos generaciones, casi nadie fume. Un país sin humo.

Menos pobreza pero más desigual por regiones

La crisis desatada por la pandemia y la alta inflación se saldó con una bajada de la pobreza en España en 2022, gracias a las ayudas públicas, al contrario que con la crisis financiera, que aumentó la pobreza (por los recortes). Pero ojo: España sigue siendo el 4º país europeo con más pobreza y afecta todavía a una cuarta parte de la población. Además, casi la mitad de los españoles tienen problemas para llegar a fin de mes, más que antes, por los bajos sueldos, la alta inflación y la vivienda. Y lo peor: hay 5 regiones donde sí aumentó la pobreza en 2022. Y 7 autonomías tienen ahora más pobreza que en 2019: Canarias, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco y la Rioja. El problema es que el Estado (ingreso mínimo vital), las autonomías (rentas mínimas) y los Ayuntamientos (servicios sociales) “racanean” al ayudar a los más pobres, un problema olvidado para el 28-M. La pobreza es un cáncer social para la democracia.

Enrique Ortega

La evolución de la pobreza tiene mucho que ver con la política económica que se aplica en los paises. Así, en la anterior crisis financiera de 2008, los ajustes y recortes que se impusieron en todo el mundo, y especialmente en la Europa del sur, provocaron un aumento de la pobreza, sobre todo en España: la tasa AROPE, el porcentaje de españoles "en riesgo de pobreza o exclusión social" saltó del 23,8% en 2008 al 29,2% en 2014, según Eurostat. Después, la ligera recuperación de la economía rebajó las cifras de pobreza, hasta el 26,2% en 2019. Pero llegó otra crisis, con la pandemia y la inflación, y la tasa de pobreza volvió a subir en 2021 (27%) y 2021 (27,8%), aunque finalmente ha bajado en 2022 (al 26% de los españoles, una tasa de pobreza inferior a la de 2019), gracias a que en esta nueva crisis se ha optado (en Europa y en España) por ayudas públicas que han beneficiado a los más vulnerables.

¿Cómo se mide la pobreza? Europa utiliza un indicador, la tasa AROPE (en inglés, “personas en riesgo de pobreza o exclusión social”), que mide 3 indicadores: pobreza monetaria (personas que ingresan menos del 60% de la media del país), bajo nivel de empleo (trabajar menos del 20% de la jornada normal) y privación material severa (no poder atender 4 gastos básicos de 9, desde comer carne a pagar recibos) y. Si alguien cumple 1 de estos 3 indicadores, es oficialmente “pobre” o “en exclusión social”. Y según Eurostat, en Europa había 109,2 millones de pobres (un 21,7% de la población) en 2021. Y el INE acaba de publicar los datos de España para 2022, que señalan un 26% de españoles en situación de pobreza o exclusión social, 12.300.000 españoles, 840.000 menos que en 2021. Tras dos años subiendo (2020 y 2021), por la pandemia y la inflación disparada, la pobreza ha tenido en 2022 el mayor descenso (-1,8%) desde 2015.

A pesar de este descenso de la pobreza en 2022, España es el 4º país europeo con la más alta tasa de pobreza (AROPE), según los últimos datos publicados por Eurostat, los de 2021: entonces teníamos una tasa de pobreza del 27,8%, muy por encima de la media UE-27 (21,7%) y de paises como Alemania (21% de pobreza AROPE), Francia (19,2%) o Italia (25,2%), siendo sólo superados por la pobreza en Rumanía (34,5%), Bulgaria (31,7%) y Grecia (28,3%). Y aunque haya bajado la tasa en 2022, todo apunta a que también habrá bajado en la mayoría de Europa, con lo que seguiremos entre los paises con más pobreza.

Vayamos a los tres componentes de esta pobreza, los 3 indicadores que integran la tasa AROPE. El primero y principal, la pobreza monetaria, las personas consideradas “pobres” porque ingresan menos del 60% de la renta media del país (menos de 841 euros al mes los solteros y 1.765 euros las familias con 2 hijos). En 2022, eran el 20,4% de la población (frente al 21,7% en 2021 y el 20,7% en 2019), 9.676.000 españoles “pobres”, 609.000 menos que en 2021, según acaba de publicar el INE.

El perfil de estos “pobres” monetarios son principalmente mujeres (21,1% son pobres frente al 19,8% de los hombres) y superan la tasa media de pobreza los niños y adolescentes (27,8% de los menores viven en hogares “pobres”: 2,2 millones de niños y jóvenes con menos de 18 años), las mujeres solas con niños (43,2% son pobres), las personas que viven solas (25,7% son pobres, los extranjeros (el 52,6% de los inmigrantes de fuera de la UE y el 35,2% de inmigrantes europeos), las personas con poca formación (son pobres el 29,2% de los que sólo tienen primaria y el 24% de los que tienen sólo la 1ª etapa de secundaria, bajando al 10% entre los universitarios), los parados (el 41,7% son “pobres”) e incluso los que tienen un trabajo: el 12,5% de los ocupados son “pobres”, casi 2,5 millones de personas que trabajan. Y sólo son “pobres” el 15,1% de los jubilados, según el último informe de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN-ES).

Vayamos al 2º indicador de pobreza o exclusión social, el que incluye a los españoles que viven en hogares con baja intensidad de empleo, que trababan menos del 20% de lo que podrían (subempleo), ganen lo que ganen. El INE estima que son el 8,6% de la población, 4.079.000 personas. Este indicador ha mejorado más que el de la pobreza monetaria, gracias a la importante creación de empleo: era del 11,6% en 2021 y han bajado los que viven en hogares con poco empleo en 1,1 millones de personas.

El tercer indicador de la pobreza mide las personas que tienen una carencia material severa en 7 de los 13 indicadores que se miden, al margen de lo que ganen: son el 7,7% de la población, 3.652.000 españoles, un porcentaje que lleva dos años bajando (era el 8,5% en 2020) y es ahora como en 2019. Pero ojo, han empeorado algunas carencias que son importantes. Así, han subido en 2022 las personas que no pueden mantener una temperatura adecuada en su hogar  (el 17,1% de la población, 8,1 millones), las personas que no pueden permitirse una comida con carne, pollo o pescado cada 2 días (el 5,4%, ojo: 2,5 millones de españoles), los que no pueden hacer frente a gastos imprevistos (35,5%, 16,8 millones), los que no pueden permitirse tener una semana de vacaciones al año (33,5%, 15,9 millones de españoles) o los que no pueden tener coche (5%,2,3 millones de personas). Sólo ha bajado el porcentaje de los que se retrasan en el pago de recibos (todavía un 11,6%, 5,5 millones de españoles) y los que no pueden comprar un ordenador (el 5,8%, 2,75 millones).

Hay personas que cumplen las tres condiciones (pobreza monetaria, bajo nivel de empleo y carencias materiales: sólo el 1,5%, 711.470 personas), otras que cumplen dos (el 15%) y otras que cumplen una (la pobreza monetaria incluye al 20,4%, 9,67 millones de españoles), suficiente para ser considerados en situación de pobreza y exclusión social.

Aunque el indicador español de pobreza haya mejorado en 2022, hay que resaltar que persiste la desigualdad entre regiones. Y que en 5 zonas de España se ha agravado la pobreza “monetaria” (personas que ingresan menos del 60% de la media) en 2022: Melilla (34,5%,+4,4%), Ceuta (34,8%,+2,5%), la Rioja (34,8%, +2,5%), Navarra (10,9%, +1,1%) y  Canarias (29,4%, +1%). Y hay 7 autonomías donde en 2022 había más pobreza monetaria que en 2019, antes de la pandemia, la mayoría de ellas las autonomías más ricas: Baleares (+4,9%), Castilla y León (+4,9%), la Rioja (+4,3%), Navarra (+3,2%), País Vasco (+2,2%),  Canarias (+0,9%) y Cataluña (+0,6%), según el INE.

Al margen de estos cambios en la pobreza en los últimos años, la realidad es que persiste la desigualdad histórica en su reparto, las 3 Españas. Así, si tomamos el indicador AROPE global, el 26% de pobreza o exclusión social en 2022, hay 8 regiones españolas con mucha más pobreza que la media: Melilla (41,3% son “pobres”), Ceuta (40,2%), Extremadura (36,9% son “pobres”), Canarias (36,2%), Andalucía (35,8%), Castilla la Mancha (31,6%), Murcia (31%) y Comunidad Valenciana (31% “pobres”).  Y existe la otra España, 7 autonomías donde hay poca pobreza: Navarra (14,5%), País Vasco (15,7%), Cantabria (19,5%), Aragón (19,1%), Madrid (20,3), Cataluña (20,4) y La Rioja (20,9%). Y una España intermedia, con una tasa de pobreza AROPE superior a la europea pero inferior a la España atrasada: Baleares (21,5%), Castilla y León (22,1%), Galicia (23,6%) y Asturias (25,3%). Un buen tema para debatir en esta campaña electoral del 28-M.

En paralelo a esta estadística sobre la pobreza, el INE informa también de otro indicador: las personas que llegan con dificultad a fin de mes, un dato muy revelador de la calidad de vida y la capacidad ante imprevistos de los españoles. Y un indicador que ha empeorado en 2022: han subido del 44,9% de la población (2021) al 47,8%, 22.672.923 españoles con problemas para llegar a fin de mes (1,39 millones más que en 2021). La estadística los reparte entre los que llegan a fin de mes “con cierta dificultad” (el 25,7%, frente al 23,3% en 2021), los que llegan “con dificultad” (el 13,4%, frente al 12,8% en 2º21) y los que llegan a fin de mes “con mucha dificultad (4,1 millones de españoles, el 8,7%, frente al 8,8% en 2021). La alta inflación, el encarecimiento de los alquileres y las hipotecas más el estancamiento de los salarios explican que casi la mitad de españoles (47,8%) tengan problemas para llegar a fin de mes. Y aquí también hay grandes diferencias regionales: lo sufren más de la mitad de la población en Canarias (el 60,7%), Ceuta (60,3%), Murcia (58,3%), Extremadura (55,7%) y Andalucía (54,5%), mientras sólo afecta a un tercio en el País Vasco (31,59%), La Rioja (36%), Aragón (38,9%) y Navarra (39,5%), según la EAPN-ES.

Otro indicador clave que ha mejorado en 2022 es la desigualdad, una de las grandes secuelas de todas las crisis. Una primera forma de medirlo es el indicador S80/S20, la proporción de ingresos que tiene el 20% más rico de la población sobre el 20% más pobre: en 2008, antes de la crisis financiera, ingresaban 5,6 veces más y después, la desigualdad subió hasta ingresar 6,9 veces más en 2015. Con la recuperación, la desigualdad bajó a 5,9 veces en 2019, pero volvió a subir con la COVID, a 6,2 veces en 2021, bajando ahora a 5,6 veces en 2022, el mismo índice de desigualdad que antes de la crisis financiera, según la EAPN-ES. Otra forma de medirlo, el índice de Gini (cuanto más bajo, menos desigualdad) nos dice lo mismo: en 2008 estaba en 32,4, subió a 34,7 en 2014, bajó a 33 en 2019, se mantuvo así en 2021 y ha bajado a 32 en 2022, el valor más bajo de toda la serie del índice. A pesar de la mejoría, España ocupa el 4º lugar en el ranking europeo de más desigualdad (2021), tras Letonia (35,7), Lituania (35,4) y Rumanía (34,3), por encima de la media europea (30,1 índice Gini) y de Italia (32,9), Alemania (31,2) y Francia (29,3), según el último dato de Eurostat.

Aunque tenemos más pobreza y más desigualdad que la mayoría de Europa, España ha mejorado en ambos problemas, gracias a la distinta política adoptada en Europa contra la pandemia y la inflación, aprobado un ambicioso Plan de Recuperación UE (750.000 millones de euros, de los que España recibirá 140.000), al que se suman las ayudas aprobadas por el Gobierno contra la inflación (43.000 millones). Con ello, España ha dado un gran salto en el gasto en protección social, pasando de suponer el 16,9% de todo el gasto público en 2018 al 20,6% en 2021, un porcentaje de gasto social más cercano al de Alemania (20,9%) o Bélgica y todavía alejado del de Francia (24,8%), Finlandia (24,6%) o Italia (23,4%). Pero además de gastar más contra la pobreza y la desigualdad, el gran reto de España es gastar mejor, porque la OCDE y la Comisión Europea ya han alertado que la mayoría del gasto social en España beneficia más a las clases medias y altas que a los más vulnerables. Por eso critican ayudas como el descuento de la gasolina o la bajada del IVA a la electricidad y a los alimentos, porque benefician más a los que más tienen, no a los más pobres.

En paralelo a gastar más y mejor en ayudas sociales, hay tres frentes más en los que avanzar. El primero, el Estado central, en el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital (IMV): se aprobó en mayo de 2020, con el objetivo de beneficiar a 850.000 hogares y, a finales de abril, sólo beneficia a 611.029 hogares (y 1.700.028 personas, frente a las 2,3 millones previstas), sólo ayuda a 1 de cada 5 "pobres". Urge flexibilizar requisitos y agilizar su concesión, para que este ingreso (565 euros) llegue a los más necesitados. Otro reto es para las autonomías, que gestionan las rentas mínimas de inserción, donde se ha producido un recorte escandaloso: aprovechando el IMV, las autonomías gastaron 247 millones menos en 2021 y la ayuda la reciben 150.000 personas menos que en 2020 (645.317 beneficiarios, que cobran entre 300 y 706 euros al mes, según autonomías. Y el tercer reto es para los Ayuntamientos: prestan ayudas sociales de urgencia a 1.576.052 personas, sólo el 42% de las que sufren graves dificultades materiales. Y las ayudas “urgentes” que prestan (para comida, ropa o vivienda) tardan hasta 2 meses, por el exceso de burocracia y lo complicado del papeleo, según los Directores y gerentes de Servicios Sociales, que llevan años pidiendo que se cambie la Ley para no tratar estas ayudas como subvenciones.

Así que todos (Gobierno, autonomías y Ayuntamientos)  tienen mucho que hacer para afrontar mejor la pobreza, que está ahí y se visualiza en las “colas del hambre” y en los desahucios, aunque no se hable de ella en esta campaña electoral  del 28-M. No podemos mirar para otro lado: la pobreza y la desigualdad son una realidad cotidiana, no son “un invento de la izquierda” como defiende la neoliberal Ayuso en Madrid. Es más, la pobreza es “un cáncer social, económico y político”, que debería ser una prioridad para todos, al margen de las ideologías. Porque la pobreza es un serio obstáculo a la recuperación económica, que se dificulta si la cuarta parte de la población no puede consumir y contribuir al crecimiento y al empleo. También ataca la democracia, porque las personas vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, porque la pobreza es una grave muestra de desigualdad e injusticia social. Por eso, habría que extirpar la pobreza y no dejar a la cuarta parte de españoles atrás.

Ley de Vivienda: así no bajan los alquileres

La próxima semana, el Senado aprobará la nueva Ley de Vivienda, la primera de la democracia. Tras dos años de peleas, el PSOE cedió ante Podemos y la Ley establece controles a los alquileres en zonas tensionadas, medida contraproducente: habrá propietarios que dejen de alquilar, menos casas disponibles  y subirán más los alquileres. Y habrá autonomías (del PP) que no aplicarán la nueva Ley. En paralelo, el presidente Sánchez promete movilizar 183.000 viviendas sociales, pero la mayoría tardarán años. Y encima, anuncia a Bruselas una baja inversión en vivienda hasta 2026. Hay que dejarse de “controles populistas” y “ofertas electoralistas” para atajar la causa de los alquileres disparados: falta oferta, ha caído un 50% en Barcelona o Madrid. Urge promover viviendas públicas y privadas para alquilar, facilitando suelo y financiación a los promotores. Y ayudar a los propietarios para que alquilen sus viviendas vacías, no asustarles. Dejarse de politiqueos y ponerse Ayuntamientos, autonomías, promotores y Estado a construir para alquilar. Sólo así bajarán los alquileres.

Enrique Ortega

Empecemos por conocer la grave situación del alquiler en España hoy. La realidad es que los alquileres han vuelto a subir este año, un +2,4% en el primer trimestre, con 36 capitales con alquileres más caros que a finales de 2022, según el portal Idealista. Una subida que se suma al +8,4% que subieron los alquileres en 2022, tras caer un -3,6% en 2021 (por la pandemia) y subir otro +4,6% en 2020. Así que los alquileres han subido ya un +11,8% en los últimos 39 meses, tras haber aumentado otro +50% entre 2014 y 2019, según el portal Idealista. Resumiendo: han subido un +61,6% en menos de una década.

Con estas subidas récord, el precio medio de alquilar una vivienda en España alcanza hoy un máximo histórico: 11,3 euros por metro cuadrado, superando los 1.000 euros (1.017 euros para un alquiler de 90 m2), según Idealista (marzo 2023). Pero es mucho más caro en capitales como Barcelona (18,4 euros m2, 1.656 euros mensuales), Madrid (16,2 euros, 1.458 euros de alquiler para 90 m2), San Sebastián (15,7 euros), Palma (13,7 euros), Bilbao (13,3 euros), Málaga (11,9 euros) o Valencia (11,3 euros), según Idealista. Y los alquileres están en máximos históricos en Canarias, Castilla y León, Castilla la Mancha, Euskadi, Extremadura y Melilla, rozándolos en Madrid y Cataluña.

Con estos precios, alquilar es casi imposible para gran parte de las familias españolas, a las que apenas han subido los sueldos y ven cómo la inflación se come sus ingresos. En principio, los expertos advierten que la vivienda no se debía llevar más del 30/35% de los ingresos totales de una familia. Pues bien, el pago del alquiler en España se lleva hoy el 43% del salario medio bruto de las familias, según un estudio publicado en abril por Fotocasa e InfoJobs, tomando en cuenta sus datos de sueldos brutos (2.033 euros al mes) y el alquiler medio de una casa de 80 m2 (882 euros). Lo grave es que, según ese mismo estudio, en 2012, el alquiler suponía el 30% del sueldo bruto de las familias, saltó al 41% en 2019 y ahora supera ya el 43%. Y esa es la media, porque se supera ese esfuerzo en 6 autonomías: Baleares y Cataluña (el pago de un alquiler se lleva el 58% del sueldo), Madrid (57%), País Vasco (52%), Canarias (49%) y Cantabria (43%).

Este tremendo esfuerzo para tener un techo se convierte en algo imposible para las familias más vulnerables, las que son “oficialmente pobres” porque ingresan menos del 60% de la media (menos de 21.185 euros brutos al año para una familia con 2 niños, 10.088 para un soltero), un 20% de los españoles (3.750.000 familias). Y lo peor además es que estas familias vulnerables no reciben apenas ayudas para alquilar: de los 1,6 millones de hogares pobres con niños que hay en España, sólo 25.000 (el 2%) recibieron ayudas al alquiler (estatales, autonómicas o municipales), según un reciente estudio hecho por Save the Children. Y aportan otro dato más impactante: un 70% de los 700.000 desalojos de viviendas que se han hecho en España desde 2008 afectaron a familias con menores.

Alquileres disparados y familias que no pueden pagarlos. ¿Por qué suben tanto los alquileres? Por un lado, se ha disparado la demanda: los españoles (sobre todo los jóvenes) no pueden aspirar a ser propietarios, por la precariedad laboral, el paro y los bajos salarios, que dificultan conseguir (y pagar) una hipoteca. Así que cada día hay más jóvenes y familias que se lanzar a buscar un alquiler… y no lo encuentran. Porque la oferta de alquileres se ha reducido un 28% en esta Legislatura, entre principios de 2019 y principios de 2023, según este estudio de Idealista. Pero esta es la reducción media. Hay capitales donde la oferta de alquiles ha caído a la mitad o una tercera parte: Barcelona (-51% de alquileres), Valencia (-45%), Madrid (-44%), San Sebastián (-35%), Alicante y Málaga (-33%), Sevilla (-28%) o Bilbao (-24%). Mucha menos oferta y mucha más demanda. Resultado: pocos pisos en alquiler  (hay colas y “casting” de inquilinos por cada anuncio) y muy caros.

¿Por qué ha caído tanto la oferta de alquileres? Primero y básico, porque ha caído drásticamente la construcción de viviendas. Los datos son explícitos: entre 2004 y 2008, en pleno “boom” inmobiliario, se terminaban en España más de 500.000 viviendas “libres” anuales (el récord se alcanzó en 2006: 597.632 viviendas terminadas). Luego, tras la crisis financiera, la construcción se desplomó, bajando a 356.555 viviendas en 2009, 121.043 en 2011, 80.083 en 2012 y un mínimo de 35.382 viviendas terminadas en 2014 (17 veces menos que en 2006), según las estadísticas oficiales. Y aunque la construcción de viviendas se reanimó en 2019 (71.562 viviendas terminadas), no acaba de despegar: 79.935 terminadas en 2022, cuando la demanda crece cada año en 120.000 viviendas.

Si esto ha pasado con la vivienda “libre”, la vivienda de protección oficial, la VPO  se ha desplomado: si en 1997 se terminaron 85.028 VPO y 67.514 en 2007, se desplomaron a 17.059 VPO terminadas en 2013 (tras los recortes), 5.938 en 2017 y algo más (pero una miseria) en 2019 (6.615), 2020 (9.038), 2021 (9.567) y 2022 (9.221 VPO terminadas, el 2% del total de viviendas). Y lo más escandaloso: 5 autonomías (Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Murcia y La Rioja) no terminaron ninguna VPO en 2022. Además de hacerse pocas VPO, sólo una cuarta parte (25,62%) de las VPO terminadas en 2022 se destinaron al alquiler. Ojo: Aragón, Asturias y Extremadura no promovieron ninguna VPO para alquilar.

Lo grave no es sólo que haya caído drásticamente la oferta de nuevas viviendas, sobre todo de VPO, sino que “se ha esfumado” el parque de vivienda pública que España fue construyendo en el último medio siglo, con los impuestos de todos. Vean: en España se construyeron 6,8 millones de VPO desde mediados del siglo XX (años 40) hasta ahora, según un reciente estudio de Carmen Trilla. ¿Qué ha pasado con ellas? Pues que 6 millones de estas viviendas sociales se han vendido en las últimas décadas (tras acabar el plazo legal de venta, entre 10 y 30 años), pasando de VPO a “libres”. En Barcelona, por ejemplo, había 800.000 VPO y quedan 60.000. Y en Madrid, incluso, el PP las vendió a “fondos buitre”. El resultado es que ahora, el parque de viviendas sociales ronda las 300.000 viviendas, el 2,5% del total, frente al 9% de media en Europa (y el 30% en Paises Bajos). Y por lo tanto, no hay viviendas sociales para alquilar a las familias desfavorecidas.

En resumen, hay más demanda de alquiler, faltan viviendas y sobre todo faltan alquileres sociales. El informe FOESSA (Cáritas) considera que en España hay 11 millones de personas en riesgo de exclusión social residencial y que necesitaríamos 1,5 millones de viviendas con alquileres asequibles (y 2,6 millones para 2030). En paralelo, se necesitan 1,2 millones de viviendas en alquiler para 2030, según la consultora Savills Aguirre Newman. Un problemón que no se corrige haciendo 79.935 viviendas libres y 9.221 VPO al año… Y menos si cada año hay más viviendas que se desvían al alquiler turístico, tensionando los alquileres: en agosto de 2022, el INE censó 311.518 viviendas turísticas, un problema especialmente grave en Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Sevilla, San Sebastián, Cádiz y centro de Barcelona y Madrid, lugares donde la vuelta de los turistas están duplicando la oferta de alquileres de fin de semana y vacaciones (a precios disparados), en perjuicio de los que buscan casa todo el año.

Casi todos los expertos coinciden: la solución al grave problema de los alquileres es promover y construir más viviendas, la mayoría para alquiler y una buena parte con precios subvencionados. Pero el Gobierno Sánchez ha estado 2 años empantanado en el debate de “controlar los alquileres, que ha tenido un efecto claro, según distintos expertos: se ha reducido la oferta de alquileres, tensionando más lo precios, porque los propietarios temían que el Gobierno les controlara los precios. Inicialmente, la parte socialista del Gobierno apostó por promover más VPO (20.000 al año), pero fue imposible llegar a un acuerdo con Podemos, que insistía en poner topes a los alquileres (como hizo Cataluña, desde septiembre de 2020 hasta marzo de 2022, en que el TC lo declaró inconstitucional). La pelea se cobró (enero 2021) el puesto del ministro José  Luis Ábalos, y, tras meses de desencuentros, en octubre de 2021, Sánchez pactó con Yolanda Díaz una Ley de Vivienda, que el Consejo aprobó el 26 de octubre 2021. Y a partir de ahí, año y medio de más debates, con ERC y Bildu, para aprobarse la Ley el pasado 27 de abril en el Congreso. Y nuevos retoques en el Senado, donde se espera aprobarla de urgencia el 17 de mayo, para la campaña del 28-M.

El tema más polémico de la nueva Ley de Vivienda es el control de alquileres en las zonas tensionadas, aquellas que cumplan 1 de estas 2 condiciones: que la carga media de la vivienda (alquiler más suministros básicos) supere el 30% de la renta de los hogares de la zona o que los alquileres hayan subido en los últimos 3 años un 3% más del IPC de la autonomía. En España, cumplen uno de estos dos criterios el 20% del parque, 4,2 millones de viviendas que estarían en zonas “tensionadas”, según la consultora Atlas Real State. Pero el porcentaje es mayor en Málaga (68% del parque), Valencia (48%), Alicante (44,2%), Baleares (40,7%), Santa Cruz de Tenerife (33,7%), Madrid (30,7%), Barcelona (23,6%) y Sevilla (23,3%).

En estas zonas tensionadas (declaración que deben solicitar las autonomías y autorizar el Gobierno, por 3 años, renovables) se establece un control de alquileres, según quien sea el propietario. Los pequeños arrendadores (con 1 a 4 casas en alquiler), el 90% del total, deben respetar el precio del anterior contrato (sigan con el mismo inquilino o lo cambien) y limitar la actualización del alquiler: +2% este año, +3% en 2025 y, a partir de 2025, un índice que preparará el Gobierno (más bajo que el IPC). Las 2 únicas vías para subir más el alquiler  (hasta un máximo del 10%) es que haya hecho obras de rehabilitación o acepten un contrato por 10 años o más. A cambio de esta actualización limitada, se ofrece a estos arrendadores de zonas tensionadas una serie de bonificaciones fiscales en el IRPF: una general del 50% (ahora es el 60%), una del 60% si hace alguna rehabilitación energética, una del 70% si alquila por primera vez a un inquilino menor de 35 años y una del 90% si baja el alquiler el 5% (según el Gobierno, esa bonificación supera al descuento).

Para los grandes tenedores de viviendas (inmobiliarias, bancos o empresas) que alquilen y para particulares con 5 o más alquileres, en zonas tensionadas, el precio del alquiler tendrá un tope que fijará el Ministerio: tantos euros por metro cuadrado, según la zona y el tipo de piso. Y ese tope máximo al alquiler será el que tengan que aplicar también los pequeños propietarios que alquilen por 1ª vez. En ambos casos, la actualización de los futuros alquileres es la misma: +2% en 2023, +3% en 2024 y el nuevo índice de alquileres que se fije en 2025. Este tope futuro de los alquileres en zonas tensionadas se hará público en los próximos meses, en paralelo a las declaraciones de zonas tensionadas.

Otro cambio de la Ley que preocupa a los propietarios es que ahora, será el arrendador quien tenga que pagar los gastos de formalización del alquiler en caso de que intervenga una inmobiliaria o un intermediario (que suelen cobrar un mes de alquiler más IVA), cuando hasta ahora se pagaba a medias o en muchos casos lo pagaba el inquilino. Además, para evitar fraudes, la Ley prohíbe aumentar el alquiler con nuevos gastos.

Otra novedad importante para los propietarios: la Ley permite ahora que los Ayuntamientos aprueben recargos en el IBI a las viviendas vacías, que podrán oscilar entre un +50% (si llevan más de 2 años vacías) al +100% y a un máximo del 150% en función del tiempo que estén desocupadas y el número de viviendas vacías que tenga el propietario. Eso supone, por ejemplo, que un piso en Madrid, que paga de media 438 euros de IBI, podría pagar un 50% más (657 euros) y hasta el 150% (1.097 euros) si está vacío de forma persistente (hay situaciones que lo permiten), algo que tendrán que demostrar los Ayuntamientos.

Y un tema más, que PP y Vox utilizan demagógicamente, pero que también cambia la Ley de Vivienda: los desahucios. El Gobierno dice que es falso que se faciliten las “okupaciones”, a las que se aplicará la policía y el Código Penal. Lo que sí cambian son los desahucios a familias vulnerables de grandes tenedores (no de pequeños propietarios): se aplazan los procesos para facilitar la reinserción de las familias, poniendo día y hora a los desahucios.

Ante las críticas a la nueva Ley, por intervencionista, el Gobierno ha reaccionado con una serie de anuncios (en precampaña electoral del 28-M) para movilizar 183.000 viviendas en los próximos años. Veamos la lista: 100.000 son las viviendas ya incluidas en el Plan de Vivienda 2022-2025, otras 50.000 son viviendas de la SAREB (el banco malo), 43.000 más a promover con Fondos ICO y UE y 20.000 viviendas más en terrenos de Defensa (la suma da 213.000, pero hay que restar 30.000 que están “duplicadas”). Esta promesa ahora de futuras viviendas públicas, además de ser descaradamente “electoralista”, tiene varios problemas. Uno, que la mayoría de estas “viviendas prometidas” tardarán años en ser una realidad (sólo 65.000 del Plan de Vivienda están ya comprometidas y tardarán de 2 a 5 años). Dos, que muchas no se encuentran en zonas tensionadas: sólo un tercio del parque de la SAREB está en zonas problemáticas. Y tres, que no se habla de cómo financiarlas. De hecho, el Gobierno acaba de enviar a Bruselas el Plan de Estabilidad 2023-2026 y no contempla subir el gasto público en vivienda, que sólo es del 0,5% del PIB, mucho menor al 3% que invierten Paises Bajos, Suecia o Reino Unido, al 1-2% que invierten Francia o Alemania o al 1% del PIB que invierten Italia, Bélgica o Irlanda, según la UE.

¿Qué efecto va a tener esta Ley de Vivienda? La mayoría de expertos coinciden: las medidas van a recortar la oferta de viviendas en alquiler, el problema de fondo, con lo que la situación va a empeorar y subirán los alquileres. No hay que ser un experto para augurar que si a un propietario se le limita el alquiler y su futura revalorización, se le aumentan los gastos y cree que tendrá más difícil expulsar a los morosos, no va a alquilar (aunque pague más IBI). Y en los próximos meses, hasta que se delimiten las zonas tensionadas (las autonomías del PP dicen que no las solicitarán) y se fijen los topes y el nuevo índice de revalorización, muchas casas no se pondrán en alquiler. O su alquiler subirá antes de que se aprueben las zonas tensionadas, para que los propietarios compensen los futuros topes. Resultado: menos alquileres y más caros, además de fraudes y mercado negro.

Hay otro camino para actuar, avanzando en tres direcciones. Una, conseguir un Pacto entre el Estado, las autonomías y los Ayuntamientos para movilizar todo el suelo urbanizable posible y los recursos públicos para promover viviendas protegidas, sobre todo VPO en alquiler. Otra, conseguir un gran acuerdo con las promotoras privadas, para la promoción en suelo público (gratis si hace falta) de más viviendas, allegando financiación pública y privada, y fijando precios razonables (no los módulos de VPO actuales). Y la tercera, fomentar el alquiler de los particulares, facilitándoles que alquilen los 1,9 millones de viviendas vacías que existen y con más ayudas fiscales a los que pongan alquileres “razonables”, no imponiéndoles topes. Un ejemplo lo da el País Vasco, con su Programa Bizigune, que ha permitido alquilar 7.000 viviendas vacías (el programa se ocupa de alquilarlas). Por estas 3 vías, se podrían poner en alquiler 200.000 viviendas al año, sin imposiciones, negociando e implicando a las Administradores, los promotores, la banca, propietarios e inquilinos. Se puede, pero por otros caminos de los que impone esta Ley, populista y contraproducente.