La brecha entre las 3 Españas no mejora

En plenas Navidades, Estadística (el INE) publicó unos datos que pasaron desapercibidos: el crecimiento por autonomías, que revela que unas siguen siendo más productivas (y más ricas) que otras, con lo que sigue la desigualdad regional. Y se mantienen las 3 Españas económicas: una España rica (País Vasco, Madrid , Navarra, Cataluña, Aragón y la Rioja), una España pobre (Andalucía, Canarias, Extremadura, Melilla, Castilla la Mancha, Murcia y Ceuta) y una España intermedia entre ambas. El problema es que esa brecha sigue igual desde 2008 y se ha agravado en 2021 y 2022, por la pandemia y la inflación. Pero lo peor es que las 3 Españas siguen ahí desde hace siglo y medio, según los estudios. Hay que aprovechar el Plan de recuperación y los Fondos UE, más los impuestos y un nuevo sistema de financiación autonómica, para corregir estos graves desequilibrios regionales. Conseguir que no haya españoles de 1ª, de 2ª y de 3ª clase, según donde vivan. Un reto histórico.

Enrique Ortega

España volvió a crecer en 2022, algo más del 5%, casi como en 2021 (+5,5%), aunque todavía no se ha superado el bache de la pandemia (la economía cayó un -11,3% en 2020), que podría lograrse a finales de 2023, siempre que no haya recesión y se crezca al menos el 1%. Pero esta recuperación va a ser desigual por regiones, ya que también lo fue la recesión por la pandemia: en 2020, la economía se desplomó especialmente en Baleares (-23,2% cayó su PIB ) y Canarias (-19,1%), por la drástica caída del turismo, y en Cataluña (-12,3%), Madrid (-11%), Comunidad Valenciana (-10,9%) y el País Vasco (-10,7%), por la caída de los servicios, el turismo y parte de la industria. En 2021, según los últimos datos publicados, las autonomías que más crecieron fueron las que más habían caído (+10,7% creció Baleares y +7% Canarias), pero no es suficiente y todo apunta a que, aunque han crecido en 2022 (aún sin datos), tardarán un año más en recuperarse de la pandemia, hasta 2024, como quizás también Cataluña, Madrid, Asturias, Extremadura, Andalucía, Ceuta y Melilla.

La pandemia y la inflación han agravado un problema que ya teníamos, el desigual crecimiento económico por regiones. El último dato publicado por el INE en diciembre, sobre el crecimiento del PIB por autonomías en 2021 lo refleja ya. Hay 6 regiones más productivas, la España rica, porque producen más por habitante (PIB por habitante) que la media española (25.498 euros por habitante en 2021): Madrid (34.821 euros por habitante, un 36,6% por encima de la media), País Vasco (32.926 euros), Navarra (31.024 euros), Cataluña (29.942 euros), Aragón (28.912 euros) y La Rioja (27.279 euros). Lo preocupante es que son las mismas que antes de la pandemia, salvo Baleares, que se ha caído en 2021 de esta lista de regiones más productivas. Y lo peor es que son casi las mismas que a principios de siglo, en 2000, donde también estaba Baleares (era la 3ª más productiva, tras Navarra y Madrid, y pasó a la 6ª en 2019 y a la 9ª en 2019).

En el otro extremo están las 7 regiones menos productivas, y por tanto la España pobre,  según su PIB por habitante en 2021: Andalucía (18.906 euros por habitante, casi la mitad que Madrid y un 25,9% por debajo de la media española), Canarias (18.99º euros), Melilla (19.266 euros), Castilla la Mancha (20.655 euros), Murcia (21.236) y Ceuta (21.244 euros). Son las mismas que antes de la pandemia (2019), aunque cambia el orden: Andalucía es ahora la peor cuando entonces producían menos que ella Melilla y Ceuta. Y lo peor es que estas regiones menos productivas y más pobres son casi las mismas que en el año 2.000, con algunos cambios: entonces estaban en el pelotón de cola Galicia y Asturias (que hoy están en la España intermedia) y no estaban entre las pobres Canarias, Ceuta y Melilla, que entraron en este grupo menos productivo en 2008.

Entre medias, hay 6 regiones que forman la España intermedia, porque su PIB por habitante (2021) está a caballo entre la productividad de la España rica y la pobre, pudiendo subir o bajar en el futuro: Baleares (24.866 euros por habitante, ligeramente por debajo de los 25.498 euros de la media nacional), Castilla y León (24.428), Cantabria (23.730), Galicia (23.349), Asturias (23.235) y la Comunidad Valenciana (22.289 euros). Son prácticamente las mismas regiones intermedias que en 2008 y en el año 2.000, con la excepción ya señalada de Baleares, que entonces estaba entre las más ricas y ahora ha bajado al escalón intermedio, y la mejoría clara de Galicia y Asturias, que pasan de las más pobres al grupo medio.

De hecho, Galicia es la región  española donde más ha crecido el PIB per cápita real entre 2000 y 2021 (un +26%, descontando la inflación), según el INE. Y le siguen en la mejoría Extremadura (+25% de aumento PIB real), Asturias (+16), Aragón (+15%), Castilla y León (+13%), País Vasco (+12%), Castilla la Mancha y Madrid (+9%), las únicas 8 regiones que han crecido en este siglo por encima de la media española (+6% entre 2000 y 2021). Las demás han crecido menos y hay 3 regiones cuya productividad (PIB por habitante) ha caído respecto al año 2000: Canarias (-19%), Baleares (-17%) y la Comunidad Valenciana (-2%), lo que habla mucho de los riesgos de vivir del turismo.

Un dato preocupante es que la brecha entre las regiones más productivas (más ricas) y las menos eficientes (más pobres) se ha mantenido elevada todo este siglo, al margen del boom inmobiliario, la crisis financiera, la recuperación posterior y las crisis de la pandemia y la inflación. Así, en el año 2000, Madrid producía más del doble que Extremadura por habitante (21.333 frente a 10.145, 2,10 veces más). En 2008, la brecha bajó a 1,93 veces, pero en 2013 (el peor año de la crisis) subió a 1,97 veces. Y en 2019 a pesar de los 6 años de recuperación, la brecha seguía alta, en 1,84 veces (35.913 euros que producía cada madrileño por 19.454 cada extremeño). Y en 2021, la brecha con Extremadura baja algo  (1,82 veces), pero se mantiene con el último de la lista ahora, Andalucía: 1,84 veces.

Pero hay algo más llamativo: esta brecha entre regiones más o menos productivas se arrastra desde hace siglo y medio, según el libro “La desigualdad regional en España 1860-2015”, escrito por tres catedráticos universitarios (Díez Minguela, Martínez-Galarraga y Tirado). Ahí documentan que la desigualdad regional aumentó entre 1860 y 1910, se redujo después entre 1910 y 1950, volvió a bajar entre 1960 y 1985 y lleva siendo elevada desde 1986, a raíz de la entrada de España en Europa, debido a que una economía más abierta ha agravado las diferencias regionales, al competir mejor unas autonomías que otras.

La España rica, pobre e intermedia tiene mucho que ver con la estructura económica de cada región (más o menos industria, más o menos servicios y el tipo de agricultura), su población (poca o mucha y nivel de envejecimiento), la educación y formación de sus trabajadores, el nivel tecnológico, la mayor o menor inversión pública o privada, las infraestructuras disponibles o el peso de la exportación. Y en el caso de Madrid, el factor “capitalidad”, que aporta un “crecimiento extra” porque las instituciones públicas y ser la capital del país atrae empresas, inversiones, población y talento, según este estudio del IVIE. Por todo ello hay regiones más o menos productivas, aunque el factor que más ha jugado en este siglo para explicar la brecha regional es la desigual creación de empleo.

Hasta aquí el primer concepto, las 3 Españas según la mayor o menor productividad de las regiones, que produzcan más o menos por habitante. Pero luego entran en juego “los contrapesos”, mecanismos que intervienen para que esas regiones tengan más o menos renta. En principio, las regiones más productivas son también las más ricas, pero hay factores de corrección de esa brecha económica: las transferencias públicas (pensiones, desempleo, ayudas a la Dependencia), subvenciones y prestaciones sociales, el gasto público en sanidad y educación, las inversiones públicas, impuestos y la financiación autonómica. Y dentro de estas “medidas correctoras” destacan las ayudas europeas, que buscan corregir los desequilibrios regionales y que han sido ingentes (España ha recibido 176.000 millones de Fondos estructurales europeos entre 1989 y 2020, muchos para las regiones).

Todas estas medidas públicas, españolas y europeas, deberían haber servido para corregir la brecha económica entre las regiones, sumando más ingresos a las autonomías más pobres. Pero no ha sido así, como se ve en el último dato de la renta por habitante, los ingresos por persona visto lo que produce y sumando lo que le aporta la acción pública, vía transferencias, ayudas, subvenciones, inversiones, impuestos y financiación. Con los datos de  2020, recién publicados por el INE, seguimos teniendo 3 Españas por nivel de renta.

La España rica son las 9 regiones que tienen una renta disponible de los hogares (per cápita) superior a la media de España (15.817 euros en 2020): País Vasco (20.479 euros, un 22,77% más que el conjunto de españoles), Madrid (19.470 euros), Navarra (17.895 euros), Cataluña (17.723 euros), Aragón (17.160 euros), Asturias (16.712 euros), la Rioja, Castilla y León (16.277 euros) y Cantabria (15.919). Si recuerdan, son las mismas 6 regiones más productivas (con más PIB por habitante), donde el País Vasco supera a Madrid (por los mayores ingresos fiscales derivados del cupo vasco), a los que se suman, como autonomías “más ricas”, Asturias, Castilla y León y Cantabria, gracias a que son tres regiones muy envejecidas y les ayuda mucho los ingresos que reciben por pensiones, ayudas y subvenciones. Aquí, en estas tres regiones, las políticas públicas sí les han ayudado a reducir la brecha.

En el otro extremo, la España pobre, vemos a las mismas 7 regiones que son las menos productivas y tienen también menos renta por habitante: Canarias (12.410 euros de renta disponible per cápita, el 40% menos que en Euskadi), Melilla (12.793 euros), Andalucía (12.844 euros), Extremadura (12.908 euros), Murcia (13.391), Castilla la Mancha (13.647 euros) y Ceuta (13.914 euros), según el INE. Las más pobres vuelven a ser las menos productivas, sin ajustes ni “correcciones” de las políticas públicas, que sólo sirven para “salvar relativamente” a Andalucía (que de ser la región menos productiva pasa a ser la 3ª más pobre) y Extremadura (que es la 4ª más pobre aunque fuera la 3ª menos productiva).

Y en el tercer bloque, la España intermedia por renta, se queda Galicia (15.157 euros por habitante), Baleares (14.913 euros) y la Comunidad Valenciana (14.336 euros), que podrían pasar al grupo de regiones más ricas si les funcionaran mejor las políticas públicas (y un nuevo sistema de financiación autonómica), como les ha pasado a Asturias, Castilla y León Y Cantabria. Quien peor lo tiene es Baleares, cuya renta por habitante se ha desplomado con la pandemia y la crisis del turismo, lo mismo que la Comunidad Valenciana.

También aquí, en la renta por habitante, la brecha entre regiones viene de lejos y ha mejorado poco en 50 años. En 1977, la renta de un habitante de Baleares (la región más rica de España) era 1,81 veces la de un extremeño, según un informe de la Fundación Alternativas. En el 2000, tras el fuerte crecimiento español,  la renta de Aragón (líder ese año) era 1,53 veces la de un andaluz. En 2008, al inicio de la crisis financiera, la renta de un vasco era 1,65 veces la de un extremeño y esa brecha llegó a 1,69 veces en 2013 (el peor año de la crisis). En 2018, a pesar de la recuperación, la renta de un vasco era 1,78 veces la de un extremeño, la mayor brecha en este siglo. Mejoró algo en 2019 (baja a 1,64 veces), pero ha vuelto a subir en 2020, donde la renta de un vaso es 1,65 veces la de un canario, la misma brecha de renta que teníamos en 2008… Y todo apunta a que cuando se publiquen los datos de renta regional de 2021 y 2022, con la pandemia y la inflación, la brecha de renta aumentará.

¿Qué se puede hacer? Lo primero, gastar e invertir pensando en corregir estos desequilibrios regionales, tanto los Presupuestos como los Fondos europeos, esos 140.000 millones de euros que van a llegar hasta 2026. El objetivo es regionalizar la mitad de estos Fondos UE, pero la otra mitad, la que gestione el Estado, debería  invertirse con el objetivo de reconducir el crecimiento y el empleo de las regiones más pobres. Una segunda medida es planificar las inversiones públicas e infraestructuras para fomentar la inversión e instalación de empresas en la España más atrasada, que no debe vivir sólo del turismo, la agricultura o las pensiones. Y aquí resulta eficaz descentralizar los organismos públicos, como se ha hecho eligiendo a Sevilla sede de la Agencia Espacial Europea. Un tercer frente de actuación es la fiscalidad, homogeneizando impuestos y evitando “paraísos fiscales” (Madrid). Y urge aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica (pendiente desde 2014), porque el actual beneficia claramente al País Vasco y Navarra (reciben un 80% más por habitante que el resto, según la Fundación Alternativas), así como a Cantabria, la Rioja, Extremadura, Asturias, Aragón y Castilla y León, curiosamente a 6 de las 9 regiones españolas con más renta…

Al final, se trata de afrontar de una vez un problema que arrastramos desde hace siglo y medio, conseguir crecer de una forma menos desigual y repartir mejor la actividad económica, la inversión y el empleo entre regiones. Tardaremos décadas en lograrlo, pero hay que preparar las inversiones, la educación y las infraestructuras para conseguirlo. Que no haya españoles de 1ª, de 2ª y de 3ª clase, según donde vivan. Es uno de nuestros grandes retos.

Las telecos vuelven a subir tarifas

Este viernes, Movistar vuelve a subir sus tarifas y Vodafone las subirá la semana siguiente, mientras Orange las sube el 12 de marzo y MásMóvil las retocó en 2022. Es el 9º año consecutivo que las telecos nos  suben tarifas, ahora sin la excusa de ofrecernos más servicios a cambio: buscan compensar sus mayores costes y las subirán cada año con la inflación. Ahora pagamos un 35% más por el móvil e Internet, pero las tarifas siguen siendo una locura: los clientes antiguos pagan unos 80 euros mensuales (más de 100 con fútbol), pero las mismas telecos ofrecen a los nuevos clientes servicios básicos por 35 euros mensuales. Y esa locura de tarifas ha debilitado sus cuentas: ingresan un 25% menos que en 2008, con más clientes y conectividad. Un callejón cuya salida buscan en las fusiones, pendiente de aprobar este año por Bruselas la de Orange y MásMóvil. Quieren ser menos operadores (4 en vez de 8) y más fuertes, para ordenar mercados y tarifas. Habrá menos competencia y más subidas.

Enrique Ortega

Todo sube y también las tarifas de móvil e Internet. Abre las subidas la teleco líder, Movistar, que aumenta este viernes, 13 de enero, sus tarifas una media del 6,8%, entre 1 y 6 euros más al mes. También suben los paquetes “low cost” de O2, de 30 a 35 euros. En el caso de Vodafone, los nuevos precios entran en vigor el 22 de enero y suponen una subida media del 8,1% (6,5% para los clientes actuales). En sus paquetes, la subida media es de 5,50 euros mensuales y para las tarifas de móvil oscila entre 1,60 y 2,60 euros mensuales. Orange anuncia que subirá sus tarifas el 12 de marzo: 2 euros de media los paquetes de Internet y móvil y 5 euros los que incluyen fútbol.  Y MásMóvil ya subió a finales de 2022 sus tarifas, en algunas marcas (Yoigo, MásMóvil y Virgin), entre 1 y 3 euros mensuales, lo que afectó al 20% de sus clientes. Ambos podrían estudiar nuevas subidas después de que la Comisión Europea autorice su fusión este año.

Esta nueva subida de las telecos es distinta a la de otros años. Por un lado, es el 2º año en que no aplican la justificación del “más por más”: más tarifa a cambio de más velocidad o más datos. Este año, como en 2022, la justificación está en el aumento de costes (energía, personal, transporte, materias primas, equipos, deuda…) y no ofrecen a cambio más servicios. La otra novedad  es que se abre la vía en el contrato a futuras subidas según evolucione la inflación.  Vodafone anunció en agosto que introduce una clausula en sus contratos por la que subirá las tarifas cada año, en el primer trimestre, según lo que haya subida el IPC en el año anterior (entre octubre de un año y septiembre del siguiente). Así que será algo “automático”, como la revisión de alquileres. Es algo que Vodafone ya aplica a sus clientes en Reino Unido y que extenderá a otros paises europeos. De momento, ni Movistar ni Orange o MásMóvil tienen esta cláusula en sus contratos, pero todos parecen a favor del cambio, que evitaría “peleas” y estabilizaría sus cuentas.

Esta nueva subida de 2023 es la 9ª subida consecutiva en las tarifas de móviles e Internet. Empezaron en 2015, tras las fuertes bajadas de precios hechas entre 2009 y 2014, en medio de una lucha salvaje por el mercado de las telecomunicaciones. En estos 8 años anteriores, la tónica de las subidas fue similar: un aumento de precios de 2 a 3 euros al mes, una o dos veces al año (en febrero y verano), con la justificación de que a cambio nos daban “más por más” (más datos y más velocidad), aunque los clientes no lo pedían ni lo necesitaban. Y no quedaba otra opción que “tragar con la subida” y pagar más o cambiarse a otra teleco de la competencia, primero más barata, pero que acababa subiendo igual.

Por este camino, de pequeñas subidas anuales, los paquetes de móvil e Internet han subido entre 27 y 36 euros desde 2015 a 2023. Eso supone que estamos pagando ahora entre 324 y 432 euros más al año por estar conectados que hace 9 años, sin ser muy conscientes de esta subida porque nos la han hecho poco a poco. Una subida media del +35% desde 2015, muy superior a lo que ha subido la inflación estos años (+19,1%) y sobre todo, mucho mayor de lo que han subido los salarios (+13,40% subieron los convenios).

Lo peor no es que cada año nos suban los móviles e Internet, sino que los usuarios sufrimos una política de tarifas “de locos”, que perjudica a los clientes antiguos “fieles” en beneficio de los clientes nuevos, que consiguen mejores tarifas de entrada al cambiarse de compañía. Lo que está pasando, desde 2015, es que los clientes antiguos sufren subidas anuales (+35% en 9 años) mientras las mismas telecos se dedican a lanzar ofertas “low cost” a través de segundas marcas, con las que “tiran precios” para conseguir nuevos clientes y sustituir a los cientos de miles que les roban cada año las nuevas telecos. Un “doble rasero” que ya hemos visto en las aseguradoras: subidas a los clientes antiguos y ofertas a la mitad de precio a los nuevos. Así, estamos pagando 80 euros al mes de media por un paquete de móvil e Internet (y más de 100 con fútbol), mientras la misma gran teleco (a través de sus marcas “low cost”: O2, Lowi, Simyo) ofrece por 35 euros un servicio básico de móvil e Internet…

Esta locura de tarifas (y de ofertas en verano o Navidad, para complicar aún más el mercado) es fruto de la tremenda competencia entre las telecos, tanto entre las cuatro grandes (Movistar, Orange, Vodafone y MásMóvil) como sobre todo entre ellas y las nuevas operadoras (Digi, Finetwork, Avatel o Adamo), que no tienen casi red y alquilan la de los grandes para competir con ellos, aprovechando sus menores costes e inversiones. El resultado es que España tiene unas “tarifas escaparate” (las más bajas, aunque no sean las más usadas) de móviles e Internet  que son de las más bajas de Europa, según el Informe DESI 2022 de la UE: Rumanía, España, Polonia, Estonia y Eslovenia, Lituania y Suecia  “tienen los precios más bajos”, por debajo de los de Alemania, Paises Bajos, Irlanda, Austria, Italia o Finlandia  y muy por debajo de los de Bélgica, Francia, Grecia. Claro que habría que dedicar unos minutos al mes para cazar las gangas y cambiarse…

Parece que esto es lo que hacen muchos españoles, según los llamativos datos de “fuga de clientes” entre las telecos: en 2021 y 2022, las tres grandes telecos (Movistar, Orange y Vodafone) han perdido 2,5 millones de líneas (clientes), según los datos de la Comisión de la Competencia (CNMC). En 2021 perdieron 1,5 millones y en 2022 han perdido otro millón de clientes: la mayoría son de Movistar (perdió 330.000 líneas de móviles y 298.300 de fibra/Internet)), Vodafone (ha perdido 165.000 líneas de móvil y 111.500 fijas) y Orange (perdió 236.500 líneas de móvil en 2022, pero ganó 47.800 clientes de Internet fijo). Y la teleco ganadora de estas fugas ha sido la rumana Digi (ha ganado 466.000 líneas de móvil y 115.000 líneas fijas y de Internet), ganando más del 60% de los clientes fugados de Movistar y más del 50% de los fugados de Orange y Vodafone. También tuvo un saldo ganador en 2022 MásMóvil (+58.400 líneas móviles y +121.000 líneas fijas y de Internet), aunque pequeño, tras 5 años siendo “la pequeña teleco que robaba más clientes a las grandes”.

Los internautas españoles son “los europeos más proclives a cambiar de teleco”, según una Encuesta realizada por JP Morgan en varios paises. En telefonía móvil, un 44% de españoles se muestra dispuesto a cambiar de operador si le suben los precios (sólo un 17% dicen que no cambiarían), frente a un 40% en Francia, un 33% en Alemania, un 30% en Reino Unido y un 29% en EEUU. Y en banda ancha de acceso a Internet, pasa lo mismo: un 45% está dispuesto a cambiar en España, un 40% en Francia, un 32% en Alemania, un 31% en Reino Unido y un 29% en EEUU. Según este informe, en España hay más “fugas” de clientes porque hay una mayor diferencia de precios entre las telecos y porque hay más competencia: 8 operadores frente a una media de 4 operadores en la mayoría de Europa y USA.  

España, se quejan las grandes operadoras, es el país europeo con más competencia, donde las grandes telecos han visto, año tras año, cómo les roban clientes pequeñas operadoras que ganan tamaño, gracias a un catálogo muy simple (las ofertas de las grandes son un galimatías), precios imbatibles (que además no suben cada año) y un buen servicio de atención al cliente (tienen menos clientes y los atienden mejor que los grandes, que han recortado plantillas). Además, en 2022, los tres grandes operadores han eliminado o subido sus tarifas más asequibles, que ahora rozan los 35 euros mensuales, frente a los 25 euros del paquete básico de Digi, la teleco rumana que lidera el grupo de las nuevas operadoras, con 3,6 millones de clientes de móviles y 746.000 clientes de fibra. Entró en el mercado español en 2008, utilizando la red de Telefónica, y ha aprovechado sus crecientes ingresos para crear una red propia en las zonas más rentables (más pobladas), con ofertas sencillas y baratas, apoyada en una amplia red de empleados (5.500). Este año, Digi podría dar un salto, si la Comisión Europea fuerza a Orange y MásMóvil a vender una parte de su red a cambio de autorizar su fusión, red que podría comprar Digi. Y se repetiría la historia de MásMóvil, que se convirtió en el 4º mayor operador gracias a que, en 2015, se autorizó la fusión de Orange y Jazztel con la condición de que vendieran parte de su red (que compró MásMóvil…).

Junto a Digi, hay otros tres operadores sin red, que podrían crecer en los próximos años “robando clientes” a los tres grandes (Orange-Mas Móvil, Movistar y Vodafone). El 5º mayor operador es Finetwork, creado en 2015 en la zona de Villena (Alicante), que utiliza la red de Vodafone y tiene ya 875.000 clientes de móviles y 200.000 de fibra, tras una fuerte apuesta por los patrocinios en el deporte (Federación de Fútbol, Betis…). Le sigue Avatel, surgido en 2011 en la zona de Marbella y Mijas (ofrece cobertura móvil con Movistar), con un nicho de mercado en el litoral mediterráneo y que cuenta ya con 400.000 clientes. Y el 7º operador es Adamo Telecom, controlado por el Fondo francés Ardian, surgido en 2016 y que apuesta por una cobertura propia de fibra rápida en las zonas rurales de 14 autonomías (en paralelo ofrece servicios móviles de 4G a través de MásMóvil).

Esta múltiple oferta ha provocado una continua “guerra de tarifas” que ha hundido las cuentas del sector, que son “otra locura”: las grandes telecos que operan en España tienen cada vez más clientes, más conectados, pero ingresan menos que hace una década: la facturación del sector se ha reducido un 25%, cayendo de un máximo de 44.080 millones en 2008 a 32.693 millones en 2021. La explicación es que “ofrecen más por menos”: el índice de precios de los servicios de telecomunicaciones ha caído un -23% en los últimos 20 años (mientras el IPC subía +50%). Y las tarifas de móviles han caído un -32% desde 2008, según la CNMC. Esa caída de ingresos se suma a que en esta última década han tenido que multiplicar sus inversiones, tanto en ampliar la red de fibra como en desarrollar el 4G y el 5G (5.000 millones), a costa del capital y de multiplicar su deuda. El resultado es que sus ingresos son mediocres y también sus beneficios (2021): 3.377 millones Telefónica, 1.251 Orange, 957 Vodafone y 949 Más Móvil. Y por eso, cae año tras año su valor en Bolsa.

Para “salir de este bucle”, las telecos han buscado diversos caminos. Uno ha sido recortar gastos, sobre todo reduciendo plantillas, lo que notamos los clientes en una peor atención (como pasa con la banca): desde 2002 a 2021, las telecos que operan en España han recortado 38.252 empleos, un 46% de las plantillas. Otra vía seguida ha sido vender activos, sobre todo torres de telefonía (a Cellnex y American Tower), y alquilar redes (a competidores), Un tercer camino, emprendido en los últimos dos años, ha sido diversificar el negocio, abrirse a nuevas actividades, aprovechando que tienen 54 millones de clientes a los que intentan ahora “vender otras cosas” : alarmas (Movistar, Yoigo, Vodafone), energía (luz y gas), seguros de salud, banca (Orange Bank) y créditos (MásMóvil)… Y en su negocio, buscan obtener más rentabilidad del Internet de las cosas, donde ya rondan los 10 millones de clientes, sobre todo empresas, operadores de logística, flotas, energías renovables, agricultura, gestión de aguas y residuos, un nuevo negocio con el mayor potencial.

Pero todas estas vías son insuficientes, no bastan para que las telecos levanten cabeza y sean un negocio con los beneficios de otros sectores muy rentables que también tienen millones de clientes (eléctricas, petroleras o bancos). Por eso, llevan años quejándose de que el problema está en que hay demasiada competencia, que hay demasiados operadores, que compiten sin haber invertido en redes, porque los Gobiernos han fomentado su existencia. Y creen que es un problema de toda Europa, aunque agravado en España: el continente tiene 98 empresas de telecomunicaciones mientras EEUU solo tiene 3 grandes (Verizon, T-Mobile y ATT), como China (China Mobile, China Unicom y China Telecom) o Japón (Softbank, NTT y KDDI). Y ese enorme tamaño de norteamericanos y asiáticos  (Verizon tiene 114 millones de clientes y China Mobile opera con 900 millones frente a 40 millones que tiene la teleco líder en Europa, Deutsche Telecom) es lo que les permite ingresar más, invertir más, competir mejor con Europa  y ofrecer mejores servicios a sus clientes. Y además, en España hay 8 operadores, frente a tres o cuatro en los principales paises europeos.

Sobre esta base, las grandes telecos europeas llevan años pidiendo a la Comisión Europea que cambie de postura y en lugar de prohibir las fusiones (en 2016 bloqueó la venta de la filial británica de Telefónica, O2, a la china Hutchinson Whampoa) las aliente, empezando por autorizar este año la fusión de Orange y MásMóvil, que crearía la mayor teleco en España (43% del mercado), por delante de Movistar (28%) y Vodafone (22%). Y que se faciliten las fusiones en otros paises, para configurar sólo 6 grandes telecos en Europa: Deutsche Telecom, Telefónica, Orange, Vodafone, Tella Sonera (Suecia) y Telecom Italia. Así, reiteran, podrían invertir más y competir mejor con las telecos USA y asiáticas, en beneficio de los europeos. Todo apunta a que ahora, las fusiones son imparables. Y con ellas, tendremos menos operadores, más fuertes, que nos impondrán tarifas y condiciones, como se ha visto con las eléctricas, petroleras y bancos. Es lo que viene. Y pagaremos lo que nos cobren, porque no podemos vivir sin estar conectados. Cueste lo que cueste.

El Gobierno prolonga el escudo anti OPAS

En el último Consejo de Ministros de 2022, junto al tercer paquete de medidas contra la inflación, el Gobierno aprobó la prórroga por 2 años más del escudo anti OPAS que autorizó en marzo de 2020, para evitar que Fondos y empresas extranjeras se hicieran con el control de empresas españolas estratégicas, aprovechando su caída en Bolsa. La medida seguía una recomendación de la Comisión Europea, que vigila la entrada de inversiones extranjeras (sobre todo chinas) en Europa. Algunos la critican por proteccionista, pero la realidad es que las inversiones extranjeras siguen llegando (Volkswagen, Maersk, Cisco, Amazon…) y sólo intenta  evitar “entradas no deseadas”. Además, los inversores extranjeros ya controlan la mitad de las empresas españolas cotizadas, con Fondos de inversión y soberanos (de Noruega y paises del Golfo) que son los primeros accionistas de bancos, energéticas, inmobiliarias, constructoras y telecos. Y están invirtiendo en terrenos agrícolas, enseñanza, sanidad, residencias y hasta equipos de fútbol. Sepa dónde está el capital extranjero en España.

Enrique Ortega

En 2020, la pandemia y los confinamientos provocaron el desplome de la Bolsa: el IBEX 35 cayó un -39,43% en menos de un mes, entre el máximo del 19 de febrero (índice 10.083,60) y el mínimo del 19 de marzo (6.107,20), tras el estado de alarma. En unas semanas, las 35 grandes empresas que cotizan en el IBEX 35 (y el resto) valían casi  la mitad. Era el caso de Telefónica (valía 18.342 millones frente a 32.403 el 19 de febrero), Repsol (9.745 millones frente a 20.071 millones un mes antes), Santander (36.128 frente a 61.986), BBVA (17.565 frente a 34.495 millones), Mapfre (3.874 frente a 6.795) o Meliá Hoteles (675 millones frente a 1.560 millones un mes antes). Y lo mismo las empresas españolas que cotizan en el mercado continuo (129) o en el MAB (donde cotizan 41 empresas más).

El temor de los directivos de estas empresas españolas era que, al desplomarse su valor, estuvieran en el punto de mira de Fondos de inversión y bancos internacionales, que aprovechan las crisis para “cazar gangas”.  A principios de marzo, trasladaron su temor a la vicepresidenta Calviño, pidiendo medidas de protección ante posibles OPAS (ofertas de compra de acciones) hostiles. Además, el 13 de marzo, la Comisión Europea ya hizo una 1ª comunicación a los paises UE para que tomaran “medidas de blindaje” ante posibles compras hostiles. Por todo ello, el 17 de marzo, el Gobierno español incluyó en el Real Decreto de medidas urgentes para hacer frente a la COVID una Disposición final 4ª que “sometía a autorización gubernamental la compra por inversores extranjeros del 10% o más del capital de empresas de sectores considerados estratégicos” (sanidad, energía, transporte, agua, materias primas, alimentación, datos, aeronáutica, defensa, finanzas, tecnológicas, inteligencia artificial, robótica, semi conductores, ciberseguridad o nanotecnología.

El escudo anti OPAS se prorrogó hasta finales de 2020 y luego en 2021 y 2022. Y ha sido útil, porque ha impedido “compras hostiles”, aunque se han autorizado importantes inversiones extranjeras en estos años. En 2020 se presentó (y autorizó) una “OPA amistosa”  sobre MasMóvil (la 4ª teleco española) por parte de las gestoras de capital riesgo KKR (USA), Cinven (GB) y Providence, que invirtieron  2.760 millones para hacerse con el 91,2% de Mas Móvil, que se fusionó con Orange en julio de 2022. La 2ª operación, gestada antes de la pandemia y completada en junio de 2020, fue la OPA de la firma suiza SIX (gestiona la Bolsa de Zúrich) para comprar por 2.570 millones BME, la empresa que gestiona las Bolsas españolas. Y la 3ª operación, en septiembre de 2020, fue la compra, por 1.300 millones de El Idealista por el fondo sueco EQT. Ya en 2021, en febrero, se presento la gran OPA de estos años, la oferta del Fondo australiano IMF por hacerse con el 22,69% de Naturgy, operación aprobada en agosto de 2021, sujeta a que cumpla varias condiciones de “españolidad”.

Cumplidos casi tres años del escudo anti OPAS, el Gobierno Sánchez ha decidido prorrogarlo 2 años más, hasta el 31 de diciembre de 2024, ampliando su alcance: ya no sólo se vigila la compra de una participación no europea superior al 10% en la empresa o cuando la inversión propuesta supere los 500 millones de euros sino que se amplía la vigilancia a la compra de activos o partes del negocio que sean claves y evitar así compras por partes o de unidades claves. Se trata de evitar “entradas por la puerta de atrás”.

La justificación para prorrogar este escudo anti OPAS es que el Gobierno español hace lo mismo que otros europeos. Varios paises han desplegado estos años mecanismos de control sobre compras de extranjeros, como España: Austria, Finlandia, Malta. Polonia, Portugal y Eslovenia. Otros han reforzado los controles que ya tenían, caso de Francia, Alemania, Italia, Hungría, Letonia y Lituania. Y el resto de los 27 paises UE están en proceso de aprobarlos, salvo Bulgaria y Chipre. La Comisión Europea está preocupada por la entrada indeseada de inversiones extranjeras, sobre todo de China, presente en sectores estratégicos europeos (como los puertos de Grecia, Italia y España) y de Estados Unidos (con las telecos y gigantes de Internet “acechando”). Y eso, porque Europa es la región del mundo más abierta a las inversiones extranjeras, que superan los 7 billones de euros. Bruselas busca “blindarse” ante entradas hostiles, al menos mientras fomenta una potente industria europea.

En el caso de España, además, el valor de las grandes empresas sigue siendo muy bajo al inicio de 2023, a pesar de la mejoría de la Bolsa, que todavía cotiza (8.369 el 2 de enero) un -17% por debajo del máximo de febrero de 2020 (10.083,60), antes de la pandemia. Y por ello, sigue habiendo grandes empresas en situación de “peligro”, como Telefónica (todavía un -38% más barata que en enero de 2020), IAG (-48% de valor), Inmobiliaria Colonial (vale un -67% menos que al inicio de 2020), Grifols (-67%), Hoteles Meliá (vale -37%), la constructora ACS (-31%), AENA (-25% que hace 3 años), Endesa  (-25%), Banco Santander (-25%), Inditex  (-22%) o PRISA (El País y la SER: vale 220 millones, la 5ª parte que en 2019). Son empresas fácilmente “opables” para Fondos que manejan billones…

Algunos expertos, inversores y la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) han criticado la prórroga del “escudo anti OPAS”, argumentando que es “intervencionista” y que puede retraer la llegada a España de inversiones extranjeras. Los datos parecen contradecir sus críticas, más ideológicas (“neoliberales”) que realistas. Por un lado, las inversiones extranjeras en España cerraron 2021 con 31.050,6 millones de euros, más que antes de la pandemia (22.377 millones en 2019). Y en 2022, hasta septiembre, llegaron 22.457 millones de euros, un aumento del +54,9% sobre el mismo periodo de 2021, según los últimos datos de Comercio. Por otro lado,  2022 ha sido pródigo en anuncios de inversiones en España de grandes multinacionales, atraídas por la disponibilidad de Fondos UE: la naviera danesa Maersk, la fábrica de baterías de Volkswagen en Sagunto , el centro de Cisco para diseño de chips en Barcelona, los centros de datos en la nube de Amazon en Aragón o el acuerdo para que España participe, con Francia y Alemania, en la construcción del futuro caza europeo.

Además de estas grandes inversiones extranjeras, los inversores extranjeros toman  posiciones en las empresas españolas día a día, con pequeñas compras al hilo de las oportunidades en Bolsa y con bonos y operaciones a futuro, compras que no han dejado de hacerse, porque escapan de las grandes compras (más del 10%) del escudo anti OPAS. En diciembre se hizo público que Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión USA más grandes del mundo, se ha convertido en el mayor accionista del Banco de Santander (7,46%) y del BBVA (7,4%).Y hay muchas otras grandes empresas cuyo principal accionista es un Fondo de inversión o un banco de inversiones: AENA (2,99% propiedad de la norteamericana Black Rock), Amadeus y Bankinter (6,15%  y 3,70% Black Rock) y CaixaBank (3% del Fondo soberano noruego Norges Bank), Inmobiliaria Colonial (20,2% del Fondo soberano de Qatar), Enagás (3,60% Bank of America), Endesa (1% Fidelity), Ferrovial (5,69% The Children Funds), Grifols (5,07 Fondo USA Capital Group), IAG/Iberia (25,14% el Fondo soberano de Qatar), Iberdrola (8,70% del Fondo soberano de Qatar) o Cepsa (61,4% del Fondo soberano de Abu Dhabi) . Y estos y otros Fondos son el 2º y 3º mayor inversor en otras muchas empresas del IBEX.

En conjunto, los inversores extranjeros son dueños de casi la mitad de las empresas españolas cotizadas en Bolsa: a finales de 2021 poseían el 48,8% del capital de las cotizadas, por delante del capital que controlan las empresas no financieras (20,9%), las familias (propietarias del 17,1% de la Bolsa), sociedades de inversión colectiva, seguros y otras (7%), los bancos y Cajas (3,5%) y las administraciones públicas (2,7%), según el último balance de BME. Y este control de los extranjeros sobre la Bolsa española no ha dejado de crecer, pasando de suponer un tercio  (34,3% en 1999) a la mitad (50,2% en 2019). El informe de BME refleja además que la inversión extranjera prefiere dirigirse a las empresas que cotizan en Bolsa (lo que les exige más transparencia en sus cuentas y gestión) que a las empresas no cotizadas, donde la participación extranjera supone la mitad, solo el 24% del capital.

¿Quiénes son los extranjeros que invierten en empresas españolas? El informe de BME revela que son principalmente Fondos de inversión, Fondos soberanos (de Gobiernos extranjeros), Planes de pensiones (el Fondo de los profesores de Ontario invierte en 50 paises y en España controla la funeraria líder, Mémora), Fondos de capital riesgo, bancos de inversión y compañías de seguros. Y destaca la importancia como inversores en España de  5 grandes protagonistas: el Fondo USA Black Rock, el Fondo soberano noruego Norges Bank, el Fondo soberano de Qatar, la gestora CVC y el Fondo USA Fidelity.

Black Rock (USA), el mayor Fondo de inversión del mundo (administra 9,5 billones de dólares (8 veces el PIB español ha invertido en la mitad de las empresas del IBEX, unos 17.000 millones de euros (el 3,9% de la capitalización bursátil), aunque tiene invertidos más 48.000 millones en toda la economía española. Posee más del 5% del capital de  muchas grandes empresas cotizadas, entre ellas ACS (6,55%), Amadeus (6,15%), Iberdrola (5,55%), BBVA (5,9%), Santander (5,4%), Repsol (5,47%), Enagás (5,1%), Cellnex (5,2%), Telefónica (5,02%).

El 2º mayor inversor institucional en España es el Fondo soberano noruego Norges Bank, el mayor Fondo soberano del mundo (gestiona 1,36 billones de dólares, algo más que el PIB español). Tiene participaciones importantes en muchos sectores: energía (3,41% en Iberdrola, 3,3% en Repsol, 1% en REE , 0,84% en Enagás,  0,83% en Naturgy, 0,43% en Endesa), banca (3,32% Sabadell, 3,02% CaixaBank, 3% Santander, 1,53% Bankinter, 1,85% Liberbank), construcción (1,47% ACS, 1,47% Ferrovial, 0,55% de Acciona, 0,39% FCC), alimentación (0,75% de Ebro y 0,49% de Dia), turismo (2,17% de Amadeus,1,4% de Meliá, 0,9% de Aena), TV privada (2,5% de Mediaset-Tele5 y 1,04% de Atresmedia-Antena 3) y otros (4,35% de Faes Farma, 3,58% de Indra, 2,99% de Cellnex, 2,03% de Telefónica, 1,99% de Inmobiliaria Colonial, 1,37% de Prosegur, 1,66% de Grifols, 1,2% de Gestamp, 1% de Inditex, 0,46% de Mapfre, 0,44% de Catalana de Occidente…).

El tercer mayor inversor institucional en España es el Fondo soberano de Qatar (Qatar Investment Authority, que lleva invertidos 8.450 millones, el 1,9% del IBEX, con importante presencia en tres empresas: IAG, la matriz de Iberia (1.781 millones invertidos, con el 25,14% del capital), Iberdrola (8,7% del capital, primer accionista, tras 6.000 millones invertidos)  e Inmobiliaria Colonial (es también el primer accionista, con un 20,2% del capital y más de 600 millones invertidos), además de sus inversiones en El Corte Inglés (es el tercer mayor accionista, con el 10,3% del capital). Un Fondo que seguirá invirtiendo en España, otros 4.720 millones, según prometió el emir de Qatar durante su visita en mayo a España.

El 4º mayor inversor institucional es la gestora europea CVC Capital Partners, gracias a la OPA por Naturgy, en la que ha invertido 5.530 millones de euros y un 20,41% del capital, por delante del 13,38 % de la australiana IMF y el 20% de la gestora norteamericana GIP. Y el 5º en el ranking de inversores extranjeros es el Fondo norteamericano Fidelity, con 2.543 millones invertidos y concentrados en 6 empresas: Amadeus (896 millones, el 4,04 del capital), Cellnex (702 millones, el 3,21%), Ferrovial (356 millones, 2,03%), Indra (186 millones, 9,8%) y Endesa (191 millones, siendo el primer accionista, con el 1,011%). Les siguen otros Fondos de inversión como las norteamericanas Millennium Group (Acerinox), Invesco (1,04% de Acciona) o Capital Group (primer accionista de Grifols, con el 5,07%). Y hay otros importantes Fondos soberanos con presencia en España, como el de Singapur, GIC Private Limited (primer accionista de Cellnex, con el 7%, y presente en Acciona Energía), el Fondo de Abu Dhabi (61,4% en Cepsa y 3,1% en Enagás) o el Fondo soberano China Three Gorges, que posee 23 parques eólicos y 14 plantas fotovoltaicas en España.

Estos y otros Fondos, Planes de pensiones y bancos no sólo invierten en la Bolsa española. Tienen elevadas participaciones en inmobiliarias y SOCIMIs (sociedades que gestionan activos inmobiliarios y alquileres), hoteles, hospitales, centros de enseñanza (sobre todo centros privados de Formación Profesional), residencias de ancianos y de estudiantes y, más recientemente, tierras de cultivo y equipos de fútbol. Ya en 2021, los inversores extranjeros subieron la compraventa de tierras a 160.398 operaciones, récord desde 2007, y en 2022, hasta octubre, se habían superado. Y en el fútbol, en 2022, el regreso del Girona FC a 1ª división coincidió con la entrada en el Club catalán (47% acciones) del City Football Club, la sociedad con mayoría del Fondo soberano de Abu Dhabi y que es dueña del Manchester City. Antes, en 2021, la Liga firmó un acuerdo con el Fondo británico CVC para inyectar 1.994 millones a cambio de gestionar los derechos audiovisuales durante 50 años. Y han firmado acuerdos con Fondos el Real Madrid (con el norteamericano Providence, que le aportó liquidez en 2021, y con el fondo norteamericano Sixth Street y la empresa Legends, que participan en el 30% del Nuevo Bernabéu), el Atlético de Madrid (la gestora Ares Management tiene el 20% del Club) o el Barça (vendió en 2022 el 10% de sus derechos de TV por 25 años al Fondo norteamericano Sixth Street ). Y esta temporada, Fondos extranjeros han entrado incluso en tres Clubes de 2ª División: Real Sporting (el mexicano Otegui Sports), Real Oviedo (el mexicano Carlos Slim) y CD Leganés (fondo USA Blue Crow Sports).

Como se ve, a pesar del escudo anti OPAS, proliferan las inversiones extranjeras en España. Tienen un aspecto muy positivo: es un ahorro exterior que ayuda a crear riqueza y empleo en España, facilitando la llegada de innovación y tecnología. Pero tiene dos aspectos que pueden ser muy negativos: es una inversión muy especulativa (algunos Fondos sólo buscan hacer dinero rápido: entrar barato y salir cuanto antes con plusvalías, a veces desmantelando empresas) y siempre toman las decisiones desde fuera, al margen de lo que le interese a España. Y si algo no les gusta, nos dejan compuestos y sin inversión. Ya hemos conocido ese riesgo en multinacionales del automóvil y sectores industriales. Por eso, debe fomentarse la inversión extranjera, pero con garantías. Y evitar que controlen empresas españoles vitales para la economía. Hay que “blindarse”, al menos hasta que seamos capaces de promover potentes industrias europeas.

Ayuntamientos retrasan restricciones a vehículos

Desde el 1 de enero, 149 grandes ciudades (donde viven más de la mitad de los españoles) deberían  aplicar restricciones a la circulación de vehículos por sus centros urbanos, para reducir la contaminación. Pero sólo lo han hecho 20 ciudades: los Ayuntamientos se excusan en que faltaba una norma, aprobada por el Gobierno en el último Consejo de 2022, aunque todos sabían que debían implantar restricciones desde mayo de 2020, cuando el Gobierno aprobó la Ley de Cambio Climático. La mayoría de ciudades dicen que aplicarán restricciones (impopulares) en la segunda mitad de 2023, cuando hayan pasado las elecciones municipales del 28 de mayo. Mientras, la contaminación avanza, causando 30.000 muertes anuales. Y el Tribunal Europeo ha condenado a España por superar desde 2010, en Madrid y Barcelona, los límites europeos de N02. Tenemos 6,6 millones de coches circulando sin etiqueta, un “peligro público” que hay que retirar, lo que exige más ayudas a la compra y puestos de recarga para cambiarlos por coches eléctricos. Nos jugamos la salud.

Enrique Ortega

La contaminación de las ciudades es un problema muy serio, que sufrimos pero cuya gravedad no valoramos suficiente. En 2020 y 2021, la calidad del aire mejoró en casi todos los sitios, por la menor movilidad con la pandemia, pero aún así, todos los españoles respiraban aire insalubre, según los topes de contaminación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y a pesar de la mejoría, en 2021, 5 millones de españoles y la cuarta parte del territorio respiraron aire contaminado por encima de los límites europeos (más laxos que los de la OMS). No sólo Madrid y Barcelona superaron los límites por óxido de nitrógeno, NOx, (el 70% causado por el tráfico), sino que también superaron los máximos europeos Granada, Pamplona y Mollet del Vallés. Y en el caso de contaminación por partículas (MP10), estaban incluso peor que Madrid y Barcelona, en 2021, ciudades como Marbella, la Coruña, Málaga y varios municipios canarios, según el Observatorio de Sostenibilidad.

El problema es que en 2022, con la vuelta a la movilidad, la contaminación volvió a dispararse. La contaminación por ozono (causada por vehículos, industrias, centrales termoeléctricas  y ganadería intensiva) se ha multiplicado por 10 hasta septiembre, según Ecologistas en Acción, impulsada por las olas de calor y la sequía, con lo que la mayoría de españoles (el 98% de la población y el 99,7% del territorio) están expuestos a esta contaminación que causa graves problemas respiratorios. Y todo apunta a que la contaminación por NO2 y partículas se agravó también en 2022, aumentando la mortalidad por la contaminación del aire, estimada para España en 30.000 muertes prematuras al año por la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), además de los costes laborales y sanitarios, estimados en 50.000 millones de euros anuales. Sin olvidar los problemas sanitarios de la contaminación acústica (el 80% provocada por los coches), a la que están expuestos 1 de cada 5 europeos, según la AEMA.

La última llamada de atención sobre la gravedad de la contaminación del aire en España la dio, el 22 de diciembre pasado, el Tribunal Europeo de Justicia, que condenó a España por superar de forma reiterada desde 2010 los límites fijados por la UE de NO2 en Madrid y Barcelona. La Comisión Europea abrió un expediente a España en 2015, pero lo dejó en suspenso en 2018, al anunciar ambas capitales Planes para reducir el tráfico en el centro de las ciudades. Pero en 2019, el alcalde Almeida ganó las elecciones y anunció que suspendería Madrid Central (sólo lo ha cambiado de nombre, ZBEM, con 185.000 euros de coste), lo que reactivó el expediente y provocó que Bruselas denunciara a España ante el Tribunal Europeo. Ahora, si ambas ciudades no reducen sus emisiones, la Comisión Europea podría apelar ante el Tribunal y solicitar multas. La condena del Tribunal europeo critica también la falta de Planes estatales contra la contaminación en España.

Los Planes contra la contaminación del aire en las ciudades se contemplaban en la Ley de Cambio Climático, aprobada por el Gobierno Sánchez en mayo de 2020 y en el Congreso en mayo de 2021, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. Allí ya se establecía que las ciudades de más de 50.000 habitantes (149 localidades en España, donde viven 25 millones de personas, el 53% de la población total) estaban “obligadas a contar con áreas de restricción al tráfico de los vehículos más contaminantes a partir del 1 de enero de 2023”. Pero han pasado casi 3 años y la mayoría de estos municipios no lo han hecho: sólo hay 20 ciudades que han estrenado 2023 con zonas de bajas emisiones (ZBE), 6 ciudades porque las tenían ya antes (Madrid, Barcelona, Pamplona, Hospitalet, San Cugat y Cornellá de Llobregat) y 14 más que las han implantado nuevas este año (Pontevedra, Sevilla, Córdoba, Algeciras, Burgos, Ciudad Real, Talavera, San Cristóbal de la Laguna, Melilla y los municipios madrileños de Fuenlabrada, Parla, Alcobendas, Coslada y Rivas).

Las restantes 129 ciudades han estrenado 2023 sin cumplir con la Ley de Cambio Climático, sin aprobar las zonas de bajas emisiones (ZBE) exigidas. Los Ayuntamientos, sobre todo los controlados por la derecha (recordemos que PP y Vox no apoyaron la Ley), se agarran a que no las han aprobado por culpa del Gobierno, porque estaban esperando “una norma estatal” para regular las ZBE. El Gobierno se defiende diciendo que los Ayuntamientos sabían desde hace casi 3 años (mayo 2020) que el 1 de enero de 2023 debían poner en marcha estas restricciones a los vehículos más contaminantes. Y que el 19 de noviembre de 2021, el Ministerio de Transición Ecológica y la Federación de Municipios (FEMP) presentaron una Guía para poner en marcha las restricciones al tráfico que exigía la Ley. Incluso, el Gobierno adjudicó el año pasado 1.500 millones de Fondos europeos para fomentar la movilidad sostenible, a las que se acogieron 62 ciudades para implantar esas zonas restringidas (ZBE).

Para el Gobierno, esas directrices eran suficientes, por lo que no pensaban aprobar ninguna norma más. Y criticaban que si la mayoría de Ayuntamientos no habían aprobado las ZBE a finales de 2022, era por pura ideología (“negacionismo”) o por no tomar medidas impopulares antes de las elecciones municipales del 28 de mayo. Pero el 27 de diciembre, en el último Consejo de Ministros del año, el Gobierno dio su brazo a torcer: aprobó un real Decreto para regular las zonas de bajas emisiones (ZBE), con una normativa homogénea para toda España. Lo que les ha llevado a hacerlo es dotar a los Ayuntamientos de una norma adicional que les de mayores garantías jurídicas frente a las denuncias de los particulares contra las ZBE, que han proliferado en Cataluña, donde han logrado el apoyo judicial. El texto de este Decreto, que concreta la creación de ZBE, se conoce desde el 1 de abril pasado, fecha en que salió a exposición pública, pero ha exigido cumplir el trámite administrativo hasta finales de diciembre, dando a los Ayuntamientos otra “excusa” para no felicitar el año a sus vecinos restringiéndoles el tráfico en el centro… Y entre que se aprueban ahora las normas municipales y se instalan las cámaras, ya será después del 28-M.

El Decreto ahora aprobado, como en su día la Ley contra el Cambio Climático, busca prohibir el acceso al centro de las ciudades de los vehículos más contaminantes (sin etiqueta o con etiqueta B), estableciendo unas Zonas de bajas emisiones (ZBE) donde se establecen restricciones de acceso (incluso peajes), circulación y aparcamiento, aunque las medidas concretas las deja el Decreto en manos de cada Ayuntamiento. También fija condiciones para establecer una red de puntos mínimos de recarga y los límites al ruido. Además, se establecen sanciones comunes para todas las ciudades, 200 euros de multa (más que ahora, donde oscilan entre 90 y 100 euros). Y además, se acuerda que estas zonas de tráfico restringido han de revisarse cada 4 años, para comprobar su eficacia.

Mientras la mayoría de los 149 ciudades afectadas preparan sus Planes (“sin prisa” hasta que pasen las elecciones), Madrid y Barcelona han estrenado 2023 con pocos cambios en la movilidad, a pesar de la condena europea.  En Madrid, el cambio que ha entrado en vigor el 1 de enero en las ZBE es mínimo: no podrán acceder al centro de la ciudad ni circular por la M-30 los vehículos sin etiqueta (gasolina antes de 2000 y diesel antes de 2006) que no estén “empadronados” en Madrid (que paguen el impuesto de circulación fuera), pero sí podrán hacerlo (hasta 2025) los vehículos sin etiqueta “madrileños” y también los 4.000 vehículos ligeros de reparto con etiqueta B (gasolina a partir 2000 y diesel a partir 2006), gracias a que el alcalde Almeida ha aceptado un año de prórroga para contentar a Vox. Eso sí, estas mínimas restricciones tardarán en aplicarse hasta abril, lo que van a tardar en instalarse y funcionar las 44 cámaras de control  (ahora lo hacen los agentes), con lo que, tras 2 meses de preaviso, las multas llegarán a los madrileños en junio, después de las elecciones. Además, se mantiene que los vehículos con etiqueta B sólo puedan acceder al centro si aparcan en parking público o con invitación de vecinos, lo mismo que los vehículos con etiqueta C que quieran acceder a la ZBEM (no podrán aparcar tampoco en la zona SER).

El Barcelona y su área metropolitana, los vehículos sin etiqueta no podrán acceder de 7 a 20 horas, como ya sucedía en 2022, aunque el 1 de enero se han ampliado las zonas restringidas. Los vehículos con etiqueta B si podrán acceder a la ZBE Rondas y circular por ellas, mientras Barcelona capital avanza en la peatonalización y ampliación del carril bici respecto a Madrid (ver aquí las diferentes políticas municipales contra la contaminación).

Aunque las restricciones al tráfico en las ciudades nos fastidien, son claves para reducir la contaminación del aire (que mata) y las emisiones que provocan el cambio climático. En 2021, el transporte por carretera fue el responsable de más de la cuarta parte de las emisiones de CO2 en España (el 27,6%, según el Ministerio). Y dentro del transporte, el vehículo privado genera el 60,6% de las emisiones (el 27,1% los camiones pesados, el 11,2% los vehículos ligeros y el 1,3% las motos), según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Por eso, para reducir drásticamente las emisiones (-55% para 2030), la Unión Europea se ha fijado reducir las emisiones de los vehículos (particulares y profesionales), lo que mejorará además la calidad del aire. El gran acuerdo, alcanzado por la UE-27 en octubre pasado, es prohibir la venta de coches de combustión (gasolina y gasóleo) en 2035.

Pero mientras, ¿qué hacemos con los coches actuales, sobre todo con los que más contaminan? La decisión, en toda Europa, es restringir su circulación, sobre todo la de los coches más antiguos, sin etiqueta, que son responsables de más del 50% de las emisiones totales y del 68% de las partículas en emisión, según la OCU. El problema es que estos coches más viejos, sin etiqueta, son muchos: 6,16 millones de coches en España (el 24,9% del total), según datos de la DGT (2020). Y habría que sumarles, por muy contaminantes, los 8,06 millones de coches con etiqueta B (otro 35,6% del parque). O sea, que para salvar el aire y el clima, habría que sacar de las carreteras (y sobre todo del centro de nuestras ciudades) el 60% de los vehículos. Un reto gigantesco.

Para hacerlo, el único camino es poner restricciones crecientes a los coches más viejos y forzar a sus dueños a cambiarse a coches menos contaminantes, sabiendo que a partir de 2035 sólo se podrán comprar coches eléctricos o híbridos enchufables, ahora testimoniales. Un problema que tiene toda Europa, pero más España: en la UE-27 sólo circulan hoy un 0,5% de vehículos eléctricos (2% en Paises Bajos, 1,1% en Suecia, 0,6% en Alemania o Francia), frente al 0,2% en España. Y un 1,8% de los vehículos europeos son híbridos (en Suecia el 5,1%, en Paises Bajos el 4,1%, en Francia y Alemania el 2,1%), frente al 2,1% en España. Y sobre todo, somos líderes, según las estadísticas europeas, con Portugal (59,9%) y Francia (57,2%) en vehículos diesel: 57,9% del parque total en España, frente al 42,8% en la UE-27, el 12,5% en Paises Bajos y el 31,2% del total en Alemania), que son los que emiten (los viejos) más gases contaminantes y partículas.

Y además de tener más coches diesel y menos coches eléctricos, España tiene otro problema que agrava la contaminación y las emisiones: tenemos un mayor porcentaje de coches viejos, los que más contaminan, salvo Grecia (16,6 años de media) y los paises del Este (14,3 años Polonia, 16,9 años Rumania): la edad media del parque automovilístico español  es de 13,8 años, frente a 11,8 años de media en la UE-27, los 8,9 años de Dinamarca, los 9,8 años de Alemania, 10,3 de Francia y 11,8 años de Italia.

Así que no queda otra que renovar el parque, con nuevos vehículos menos contaminantes. Pero apenas avanzamos por este camino. En 2022, sólo se vendieron 30.544 coches eléctricos, el 3,76% de los turismos vendidos, según ANFAC. Y otro 5,87% fueron híbridos enchufables (47.785 turismos), lo que da un total de 78.329 vehículos electrificados (9,63% del total de ventas), muy lejos del objetivo de 120.000 vehículos electrificados previstos en 2022. Eso nos sitúa en los últimos lugares en Europa en electromovilidad, sólo por detrás de Hungría y la República Checa, según el Barómetro de la patronal ANFAC. Y lo peor es que, de los coches no eléctricos que se venden (41,93% gasolina, 17,16% diesel, 29,44% híbridos no enchufables y 1,84% gas), los líderes de venta son los SUV, los coches que más combustible gastan y más contaminan: en 2022, acapararon el 58,1% de las ventas totales de turismos y todo terrenos, según ANFAC.

Algo falla cuando se venden tan pocos coches eléctricos, menos que en Europa. La primera razón es el precio: son caros y hay pocos modelos en oferta. Además, todavía tienen poca autonomía. Pero el principal problema es la escasez de puntos de recarga, que disuade a potenciales compradores: sólo hay 16.556 puntos de recarga de acceso público, muy lejos de los 45.000 previstos para 2025 y de los 340.000 previstos por el Gobierno para 2030. Existe un retraso en la instalación en comunidades y garajes, aparcamientos y zonas de servicio, a pesar de los incentivos aprobados. Y tampoco son decisivos los incentivos públicos a la compra de vehículos eléctricos: el Plan MOVES se ha ampliado para 2023 con 400 millones adicionales (a los 400 que tenía en 2022), para conceder ayudas de 4.500 euros para la compra de un coche eléctrico (7.000 euros si achatarra el actual) y 2.500 los híbridos enchufables (5.000 si achatarra el viejo).

Al final, la contaminación sigue creciendo en nuestras ciudades (con un alto coste sanitario y de calidad de vida) y el clima se deteriora con las emisiones, que aumentan tras la tregua de la COVID. Y mientras, los responsables de aprobar restricciones a los vehículos más viejos y contaminantes las retrasan, pensando en las próximas elecciones. Un grave error, porque todos deberíamos ver que no podemos seguir así, envenenando el aire y nuestros cuerpos. Y deberíamos penalizar a los que ponen paños calientes y retrasos a la mejora del aire y de nuestra salud. Hay ciudades como Vitoria o Pontevedra donde los vecinos ya han visto las ventajas de las restricciones al tráfico y las aplauden. El resto deberíamos seguir ese camino, apostar por ciudades más limpias y con menos ruido. Pensemos también en eso al votar este año.