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| Enrique Ortega |
La semana pasada, al acabar el G-20 en Indonesia, el presidente Sánchez dio un gran desvió de 15.000 kilómetros para volver a Madrid: viajó primero de Bali a Seúl, para reunirse con los directivos coreanos de Samsung e intentar que escojan a España para instalar una gran fábrica de microchips en Europa (30.000 millones de inversión), por la que pelean varios paises europeos. Es la penúltima gestión internacional del presidente, que lleva todo este año de viajes y reuniones para vender el atractivo de España para invertir: reuniones con multinacionales en la Cumbre de Davos de mayo, viaje a EEUU en julio y múltiples contactos “paralelos” en las distintas Cumbres mundiales. “Nunca como hoy ha merecido tanto la pena invertir en España”, recordó Sánchez en enero, en el Spain Investor Day.
Pedro Sánchez lleva en la cartera una “baza” negociadora ante los inversores mundiales: los 77.234 millones de euros en subvenciones (a fondo perdido) que España va a recibir de la Unión Europea dentro de los Fondos de Recuperación (140.000 millones en total), un dinero que debe servir para modernizar la economía española, de la mano de proyectos ligados a las energías limpias, el coche eléctrico, la digitalización, las nuevas tecnologías e Internet. Y para concretarlo, el Gobierno Sánchez ya ha aprobado 11 PERTEs (Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación energética), que son “el gancho” que España ofrece a las grandes multinacionales para instalarse aquí. En especial, 4 PERTEs concretos: PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado (24.000 millones, 4.300 de inversión pública), PERTE energías renovables e hidrógenos verde (16.370 millones, 6.920 públicos), PERTE aeroespacial (4.533 millones, 2.193 públicos) y PERTE microelectrónica y semiconductores (el mejor dotado: 12.500 millones públicos hasta 2026).
Los PERTEs están ahí, con sus ayudas públicas y proyectos, que deben funcionar como “gancho” para atraer grandes inversiones privadas, sobre todo de las multinacionales que dominan esos sectores industriales de futuro. Pero como todos los paises buscan lo mismo, inversores internacionales que modernicen sus economías y creen empleo y riqueza, hay “una gran subasta”, en la que los Gobiernos van “con la chequera por delante”, con subvenciones y ayudas múltiples, desde rebajas fiscales y suelo industrial a infraestructuras de transporte, comunicaciones, energía, materias primas y mano de obra preparada. Y los gobernantes se implican al máximo nivel, como el ex ministro Draghi negociando con Intel y cerrando hace meses el acuerdo para que la multinacional USA instale una gran fábrica de “chips” en el Véneto. Antes, Merkel negoció otra que Intel abrirá en Magdeburgo.
España cuenta con la ventaja de ser el país que va a recibir más subvenciones de los Fondos de Recuperación (por delante de Italia, el doble que Francia, el triple que Alemania o Polonia y cuatro veces que Grecia), su excelente situación geográfica (entre Asia, Europa y Latinoamérica), una moderna infraestructura de carreteras, puertos y aeropuertos, una espectacular red de telecomunicaciones (España tiene una red de fibra óptica que supera a la de Francia, Alemania, Italia, Portugal y Reino Unido juntas) y unos salarios bajos respecto a los grandes paises europeos (el salario medio es de 26.832 euros frente a 52.556 en Alemania, 39.971 en Francia o 34.032 en Italia). Pero tenemos hándicaps que hacen vacilar a posibles inversores internacionales, sobre todo la menor formación de la mano de obra: el 36,1% de los adultos no tiene la EGB, frente al 16,4% en la UE-22 y sólo el 23,2% tiene formación secundaria frente al 45,8% en Europa, aunque sí tenemos más universitarios (40,7% adultos frente al 38,3% en Europa). Y tenemos una menor industrialización, demasiadas pymes y una menor digitalización de las empresas y la economía. Y existe una mayor regulación para los negocios, con el inconveniente de 17 autonomías con normativas diferentes.
Con estos pros y contras, ya empiezan a verse los primeros éxitos de la campaña de España para atraer grandes inversores extranjeros. Sólo este mes de noviembre se han concretado 5 operaciones importantes, poco destacadas por los medios (las “buenas noticias” venden menos que las malas, muy abundantes): acuerdo de la naviera danesa Maersk para instalar en España 2 de sus centros para producir metanol verde para su flota (3 noviembre), confirmación acuerdo de Volkswagen para instalar en Sagunto una fábrica de baterías (9 noviembre), acuerdo de la multinacional Cisco (EEUU) para instalar en Barcelona su primer centro de diseño de chips en Europa (10 noviembre), la inauguración por Amazon de 3 centros de datos en la nube en Aragón (16 noviembre) y el principio de acuerdo de España, Francia y Alemania para construir juntos el futuro caza europeo (18 noviembre).
La primera inversión, la de la naviera danesa Maersk, supone un acuerdo con el Gobierno español para invertir 10.000 millones de euros (y crear 85.000 empleos directos e indirectos) en la instalación de 2 grandes centros de producción de metanol verde en Andalucía y Galicia, el 2º y 3º de sus futuros centros de aprovisionamiento mundial de sus 730 buques, tras el acordado en marzo en Egipto y a los que seguirán otros dos o tres en el resto del mundo. Las plantas de metanol verde (un carburante limpio que se elabora con hidrógeno verde y CO2 biogénico de plantas de biomasa) serán de nueva creación y se autoabastecerán con la energía eólica y solar que se instalarán en los alrededores, entrando en funcionamiento en 2025 y 2027, para abastecer en 2030 al 20% de la flota mercante de Maersk, que tendrá que reconvertir todos sus buques a esta energía limpia.
La inversión se pondrá en marcha gracias a los Fondos europeos contemplados en el PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento (que contempla 16.370 millones de inversión total, 6.920 millones de ayudas públicas) y el Gobierno no descarta que el Estado participe directamente en el proyecto. Un proyecto ligado a la estrategia de convertir a España (y Portugal) en uno de los mayores productores mundiales de hidrógeno verde (gracias al impulso a las energías solar y eólica con que se produce), argumento que está detrás del reciente acuerdo de España y Portugal con Francia (20 de octubre) para construir, en 4 o 5 años, un corredor marítimo de energía verde entre Barcelona y Marsella (el proyecto BarMar, que contará con Fondos UE) para exportar hidrógeno verde (y antes gas natural) desde la Península ibérica hasta los paises del centro y norte de Europa.
La segunda multinacional que ha confirmado una importante inversión en España es Volkswagen: a través de Seat y Power Co, construirá en Sagunto (Valencia) una gran factoría de fabricación de baterías para vehículos eléctricos, que suministrará a sus plantas de Martorell (Barcelona) y Landaben (Navarra) y quizás a la planta valenciana de Ford. La inversión prevista es de 4.500 millones de euros entre 2023 y 2026 (3.000 iniciales), que creará 3.000 empleos directos y 12.000 indirectos. Y, tras las presiones de última hora, Volkswagen, contará con ayudas públicas del PERTE del vehículo eléctrico (397 millones) y de la Comunidad Valenciana (66 millones).
Mientras, se esperan otros proyectos de instalación de gigafactorías de baterías en España, donde se podrían instalar 4 fábricas, dentro de la estrategia europea de abrir 40 gigafactorías para 2030 (13 en Alemania, 4 en España o Noruega, 3 en Francia o Italia), para cubrir el 32% de las necesidades del mercado europeo (hoy, Europa sólo se autoabastece del 9%: el 65% viene de China y el 11% de EEUU). La segunda factoría podría instalarse en Navalmoral de la Mata (Cáceres), un proyecto de Acciona liderado por la china Envisión Energy (89%), que hace poco se reunió con el presidente Sánchez. La tercera, también en Extremadura, sería Phi4Teach, el primer proyecto de raíz española, que se instalaría al lado de la mina de litio del Cañaveral. Y el cuarto proyecto de baterías que aspira a las ayudas europeas y españolas es Basque Volt, pilotado por Iberdrola y Cie Automotive, con apoyo del Gobierno vasco.
En paralelo a las futuras fábricas de baterías, las multinacionales del automóvil presentes en España (hay 14 fábricas y somos el 2º fabricante europeo, tras Alemania) avanzan en la producción de modelos eléctricos, al amparo del PERTE del vehículo eléctrico, tanto Volkswagen (en Martorell y Landaben) como Opel (en Figueruelas) o Citroën (en Vigo). Y el Gobierno trabaja ahora en un 2º PERTE del vehículo eléctrico, con más ayudas públicas, para que entren a fabricar coches eléctricos Ford y Stellantis.
La gran obsesión de toda Europa y del Gobierno Sánchez es conseguir fabricar “chips” en el continente, al amparo de la Ley Europea de Chips (febrero 2022), que pretende fabricar en Europa el 20% de los chips para 2030 (hoy 9%), para lo que pretende invertir 43.000 millones de euros (11.000 millones, ayudas públicas). De momento, la multinacional Intel (USA) ha anticipado que quiere invertir 80.000 millones de euros en 4 grandes plantas de chips en Europa. Y ya se han anunciado en Alemania (17.000 millones), Francia (5.700 millones) e Italia (5.000), así que España se moviliza para lograr la 4ª factoría, en pugna con Polonia y otros paises del Este. Y como alternativa, el presidente Sánchez acaba de proponer un acuerdo a la coreana Samsung, con el incentivo de los 11.000 millones de euros del PERTE y el objetivo de instalar entre 1 y 2 fábricas de chips de 5 nanómetros, los más pequeños.
De momento, una buena noticia es la reciente decisión de la multinacional Cisco (EEUU) de instalar en Barcelona el primer Centro de diseño de chips de Europa, que contará con 1.330 euros de ayudas públicas del PERTE. Ya en mayo, la norteamericana Intel anunció que invertirá 200 millones en 10 años para desarrollar un laboratorio de microchips en Barcelona. En ambos casos, la decisión tiene mucho que ver con la existencia del Barcelona Super Computing Center, en la Universidad Politécnica, un “vivero” para el diseño de microchips, que puede facilitar las posibles llegadas de fábricas de chips de Intel o Samsung.
Otro sector clave de futuro es la industria aeronáutica, donde España tiene una fuerte presencia, al ocupar la 5ª posición en Europa, con 76 empresas (8 centros del fabricante europeo Airbus, la antigua CASA y varios proveedores de primer nivel), 155.000 empleos, una facturación de 16.000 millones y un gran aporte a la exportación (el 80%) y a la investigación. Una parte del PERTE aeroespacial (4.533 millones) está dirigido al sector aeroespacial, para crear un sistema español de satélites (8), en colaboración con Portugal (otros 8). De momento, la firma vasca AVS quiere atraer a la norteamericana Virgin Orbit a participar en el primer puerto espacial europeo, en el aeropuerto de Foronda (Vitoria), una inversión de 42,5 millones que espera contar con Fondos UE y del PERTE aeroespacial español. Y pronto, el Gobierno decidirá la instalación de la Agencia Espacial Española (“la NASA española”), para la que se han presentado 21 sedes, siendo Sevilla la favorita (por la presencia de Airbus y Andalucía Aeroespace).
En la vertiente de la industria aeronáutica, la buena noticia de este mes es el principio de acuerdo entre Francia, Alemania y España para construir conjuntamente el futuro avión de combate europeo (FACS), un proyecto para 2027 en el que España ha comprometido un tercio de la inversión total (2.500 millones de euros: los primeros 525 van en los Presupuestos 2023) y que promueven la española Indra, la alemana Dassault y el consorcio Airbus, con la idea de que sea un gran impulso para toda la industria aeronáutica europea.
Y queda la 5ª buena noticia tecnológica para España, la inauguración de los 3 centros de infraestructuras en la nube instalados por Amazon (AWS) en Aragón (dos en la provincia de Zaragoza y otra en Huesca), una nueva “región cloud” de Amazon en Europa (la 8ª), que supone una inversión de 2.500 millones de euros en 10 años, la creación de 1.300 empleos y la aportación de 1.800 millones de euros al PIB español. Esta infraestructura propia de Amazon (a diferencia de los almacenamientos de Google, Oracle, IBM y Microsoft, que operan a través de centros de terceros) permitirá dar un mayor servicio de almacenamiento de datos en la nube a los clientes españoles de Amazon, entre ellos bancos, grandes empresas, energéticas, hoteles y el Ministerio de Migración y Seguridad Social) y apoya proyectos tecnológicos locales, abriendo el camino a que otras multinacionales de la nube se instalen directamente en España.
Son 5 hitos importantes, aunque queda mucho por hacer, tanto para España como para Europa, muy retrasadas en los avances industriales y tecnológicos que están definiendo el futuro. De hecho, entre las 10 mayores empresas del mundo, no hay ninguna europea: 9 son norteamericanas (Apple, Microsoft, Alphabet-Google, Aramco, Amazon, Tesla, Facebook, Nvidia y Berkshire), ocupando el 10º lugar la taiwanesa TSCM (semiconductores). Y sólo hay 7 europeas entre las 25 grandes empresas del mundo: la francesa del lujo LVMH (17ª) y las suizas Nestlé (22ª) y laboratorios Roche (24ª). Y la empresa española que está más arriba en el ranking es Inditex (puesto 160º), 30 veces más pequeña que la líder Apple… La Comisión Europea busca ayudar a las empresas europeas a dar el salto, para que en 2030 haya 10 gigantes europeos de la tecnología que facturen más de 100.000 millones de euros (hoy solo hay tres: la holandesa ASML, la alemana SAP y la holandesa Prosus). Para conseguirlo hace falta agrupar mercados, mejorar la tecnología y más apoyos públicos.
En resumen, España (junto a Europa) busca su hueco en el mundo en las próximas décadas, avanzando en tecnologías, industrias y negocios con futuro, olvidándonos de ser “las playas y la despensa de Europa”. Y eso pasa por “sacar la chequera” para atraer a inversores de primera línea, pero también por configurar una economía más moderna y competitiva, con empresas más innovadoras y trabajadores mejor formados, avanzando juntos el sector público y el privado en proyectos ambiciosos y viables. Eso exige invertir bien los Fondos europeos y crear una nueva cultura industrial y tecnológica, que exige un gran pacto social (patronal y sindicatos) y político, para sumar y no restar. Diseñemos el futuro.
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