Telecos: tregua veraniega y subidas en otoño

Las tarifas de móviles e Internet es de lo poco que apenas sube en España: los paquetes de telefonía han subido sólo un +0,5%, frente al +10,2% la inflación global. Y este verano, las telecos no suben tarifas, como llevan haciendo dos veces al año desde 2015. Hay mucha competencia y nadie se atreve a tocarlas y perder clientes. La batalla de este verano son más ofertas “low cost”, para ofrecer más datos (más gigas) para afrontar un mayor uso del  Internet móvil en vacaciones. Pero en otoño, las telecos harán nuevas subidas de tarifas, porque les han subido los costes y sus cuentas no dan más de sí, por la guerra de precios con las nuevas compañías. Y necesitan más ingresos para pagar el fútbol y seguir invirtiendo en redes y 5G. En 2023 volverán a subirlas, porque serán ya 3 grandes (con la fusión de Orange y MásMóvil), con menos competencia. Y porque estamos “enganchados” al móvil e Internet, valgan lo que valgan.

Enrique Ortega

Entre los culpables de que la inflación esté disparada (el INE ha confirmado una subida anual del +10,2% en junio) no están las tarifas de telecomunicaciones, uno de los pocos negocios que apenas ha subido sus precios: los paquetes de telefonía (móvil, fijo, Internet y TV) han subido sólo un +0,5% en el último año, frente al +45% que han subido los hoteles, el 42,7% de subida del gasóleo y el 34,4% de la gasolina, el 33,4% de subida de la luz o el 12,9% que han subido en el último año los alimentos, según el INE. Y los servicios de telefonía fija no han subido nada (+0%), mientras bajan las tarifas de los móviles (-1,3% anual).

Precisamente este año 2022, tan inflacionista, las telecos no han subido apenas sus tarifas, como vienen haciendo una o dos veces al año (en febrero y en verano) desde 2015, con la excusa de ofrecer “más” (datos, velocidad, servicios) por “más”: las tarifas de los paquetes de telefonía subieron una media del +29% en estos últimos 8 años. La última subida fue la de Movistar, el 7 de febrero, que aumentó 3 euros sus tarifas a los clientes antiguos, pero no subirá precios este verano. Tampoco Vodafone. Y Orange, que no subió tarifas en febrero, ha anunciado una subida el 31 de julio, de 3 euros, a sus tarifas Love, a cambio de más TV. Pero nada que ver con las subidas generalizadas de veranos anteriores.

Este verano, la guerra de las telecos está centrada en ofrecer más datos sin subir tarifas, para intentar no perder clientes que buscan más datos (más gigas) y más llamadas en unos meses en que se utiliza mucho el móvil e Internet para el ocio y comunicarse. Por eso, Movistar, Orange, Vodafone y MásMóvil están ofertando tarifas “low cost” donde por poco dinero (menos de 40 euros) ofrecen más gigas y llamadas ilimitadas, para competir con las compañías low cost (Digi, Avatel, Finetwork, regionales…), que ofrecen servicios muy básicos a precios cada vez más bajos (incluso por debajo de 30 euros mensuales).

En paralelo a esta nueva “guerra de tarifas” veraniega, las grandes telecos siguen modificando su estrategia de tarifas para defenderse de las ofertas “low cost”, que han hecho perder un millón y medio de clientes en 2021 a Movistar, Orange y Vodafone. La primera en mover ficha fue Movistar, que el 4 de mayo lanzó “Mi Movistar”: nuevas tarifas personalizadas que sustituyen a las tarifas “Fusión”. Se trata de “simplificar” y “flexibilizar” la oferta: en vez de imponer al cliente un paquete cerrado (al que se le van sumando servicios para subir el precio), se le ofrece un paquete básico, con móvil, fijo e Internet, al que puede ir sumando otros servicios cuando y como quiera: TV de pago, fútbol, compra smartphones, videojuegos, alarmas, seguros de salud…

El cambio de las nuevas tarifas de Movistar supone ofrecer tres paquetes básicos con móvil, fijo e Internet (de 54,90 a 84,90 euros, según datos y velocidad), que puedan competir con las compañías “low cost” que sólo ofrecen esos servicios. Y en un 2º escalón, ofrecer otros servicios, por separado, para ir completando una oferta personalizada más completa, que costará 107,9 euros si incluye fútbol y TV.

Un mes largo después, el 27 de junio, Vodafone se apuntó también a esta estrategia, de simplificar y flexibilizar sus tarifas, con una oferta más sencilla, alejándose de las constantes promociones que confunden (y enfadan) a los clientes. Su estrategia es centrarse en ofertas de móvil e Internet, sin entrar en “la guerra del fútbol” (que dejan para Movistar y Orange), con sólo 4 tarifas convergentes (fijo, móvil, Internet y TV básica), desde 49 euros a 90 euros mensuales según los servicios incluidos. Y frente a Movistar y Orange, mantienen una mayor agresividad comercial, con descuentos de hasta el 50% de la tarifa el primer año que no se veían en este sector desde hace 3 años.

Esta simplificación de tarifas de Movistar y Vodafone, que replicará Orange, con ofertas básicas más baratas (desde 49 euros), busca enfrentarse con más éxito a las ofertas “low cost” de las compañías sin red, que compiten ofreciendo móvil e Internet a bajo precio. Y eso porque el 63% de los nuevos clientes sólo buscan eso, lo básico, contratando aparte (en otras plataformas como DZAN o Netflix) el fútbol o la TV si lo necesitan. Esto cambia el negocio de las telecos en la última década: en lugar de colocar “paquetes” con más servicios (y más caros), centrarse en paquetes básicos para la mayoría (más baratos) y luego ofrecer servicios complementarios (más caros) a los clientes que los necesiten. Esta estrategia hará que baje la factura media, pero confían en tener así más abonados (o no perderlos) y más ingresos.

Con todo, a las grandes telecos no les salen las cuentas, sobre todo en los últimos meses, en que les han subido muchos costes (por la inflación generalizada) y no han podido reflejarlos en las subidas de otros años, por miedo a perder más clientes. Por eso, todos los expertos creen que las telecos subirán tarifas en otoño, tras la campaña veraniega. Hay paises, como el Reino Unido, donde las telecos pueden revisar sus tarifas con la inflación, algo que no pasa en España. Pero las cuentas son las cuentas y necesitan más ingresos, para compensar subidas de costes (energía, proveedores, alquileres, salarios...) y, sobre todo, para financiar inversiones necesarias, desde la compra del fútbol a la red de fibra y 5G.

Precisamente, la “excusa” de la subida de tarifas en otoño puede ser el fútbol, un alto coste para las grandes telecos (salvo Vodafone). En diciembre de 2021, Movistar y DAZN (una empresa británica que ofrece deportes en streaming) compraron los derechos audiovisuales de LaLiga por 5 años, pagando 4.950 millones de euros. Para poder emitir todos los partidos (10 por jornada), Movistar compró a DAZN el derecho a emitir sus partidos, pagándoles 1.400 millones por temporada. Y Orange ha comprado la posibilidad de emitir esos  mismos 10 partidos por jornada en dos tandas, una a Movistar y otra a DAZN. Así que los aficionados tienen tres vías para ver el fútbol este otoño: contratar un paquete que lo incluya con Movistar o Orange (les costará más de 100 euros al mes) o contratar directamente con DZAN, al margen de la teleco que tengan, su servicio: menos partidos (5 por jornada), pero más barato (12,99 euros al mes y si se hace un pago único, 129,99 euros al año).

Mientras las grandes telecos preparan su estrategia para septiembre, cada vez tienen más claro que no pueden seguir en la “guerra de tarifas” que ha hundido sus cuentas en los últimos años y les ha privado de millones de clientes. Los datos son impactantes. El primero, la caída de tarifas de las telecomunicaciones: han bajado un -32% desde 2008, según la Comisión de la Competencia (CNMC), mientras el IPC subía estos años un +26%. El segundo, que esa caída de tarifas ha provocado una caída en los ingresos de las telecos del -25,8%: si facturaban 44.080 millones en 2008, pasaron a  facturar 32.693 millones en 2021. Y aún cayeron más (-36,7%, más de un tercio) los ingresos minoristas de las telecos, lo que ingresan con los clientes particulares: de 36.872 millones en 2008 a 23.346 facturados en 2021.

A pesar de esta caída de tarifas e ingresos, algo no visto en otros sectores, las telecos han tenido que invertir estos años 5.000 millones de euros en desarrollar la fibra óptica (tenemos el mayor parque de Europa, más kilómetros que Reino Unido, Francia, Alemania e Italia juntos) y el 5G, además de comprar los derechos del fútbol y otros servicios (TV a la carta). Y lo han hecho a costa de ampliar capital, endeudarse, recortar costes y reducir plantillas (-38.252 empleos en los últimos 20 años, un -46% de las plantillas iniciales). Y de empeorar sus resultados, lo que les ha llevado a caer drásticamente en Bolsa. Telefónica, por ejemplo, cotizaba a 10 euros por acción en 2016 y ahora cotiza a 4,74 euros…Y encima, las telecos sufren la competencia desleal de los grandes de Internet (Google, Apple, Amazon…) que hacen negocio utilizando sus redes sin pagar peajes ni apenas impuestos.

En los últimos años, las telecos han tratado de mejorar sus cuentas entrando en “nuevos negocios”, para conseguir ingresos al margen del teléfono, Internet y la TV, además de conseguir “fidelizar” más al cliente. Primero fue la oferta de servicios financieros: Movistar ofreció servicios de CaixaBank, MásMóvil préstamos de Cetelem y Orange creó en 2019 un banco, Orange Bank, que ya tiene 155.000 clientes. Luego fueron los servicios de seguridad y alarmas: Vodafone se ha aliado con Securitas Direct, Movistar compró el 50% de Prosegur alarmas y MásMóvil ha entrado en este negocio con El Corte Inglés. También han entrado en el negocio de los videojuegos (alianza de Movistar con Microsoft), la telemedicina (Movistar Salud con la norteamericana Teladoc Health y MasMóvil con DoctorGO y el Grupo Quirón) y los seguros (Movistar con Santa Lucía, Allianz y Mapfre, Orange con Zúrich). Y más recientemente, las telecos ofrecen energía y electricidad.

Al margen de estos nuevos negocios, las grandes telecos llevan años quejándose de esta situación, sobre todo de que los Gobiernos utilicen a las pequeñas compañías (sin red ni inversiones) para “tirar precios” y descapitalizar el sector, impidiendo su renovación tecnológica y sus necesarias inversiones en fibra y 5G. Y piden competir en igualdad de condiciones y que Bruselas facilite las fusiones de telecos, porque en Europa hay 98 empresas demasiado pequeñas mientras en EEUU, Japón o China hay 3 grandes, con mayor capacidad de competir e innovar. Y de cara al usuario, es un negocio de locos: cada vez pagamos más caros los paquetes de telefonía, mientras que los que cambian de compañía pagan cada vez menos. Una esquizofrenia de tarifas, que perjudica a los clientes antiguos fieles en beneficio de los que cambian cada poco de teleco.

La esperanza de las grandes telecos está en la anunciada fusión de Orange y MásMóvil, que se formalizará en unas semanas y que ha de autorizar la Comisión Europea en 2023. Si va adelante y Bruselas no pone pegas ni condiciones imposibles (como hizo en 2016, bloqueando la venta de O2, la filial británica de Telefónica, al operador chino Hutchinson), el año que viene tendremos 3 grandes operadores de telecomunicaciones en España: Orange/MásMóvil (con el 43% del negocio),  Movistar (35,7%) y Vodafone (18,7%), mientras las otras pequeñas compañías (Digi, Avatel, Finetwork, regionales…) se reparten el 2,6% restante. Y con este mapa, con MásMóvil en el redil de las grandes, podría reducirse mucho la guerra de tarifas de estos años. Y las grandes  telecos tendrían menos temores a subirnos tarifas…

Así que la fusión Orange-MásMóvil puede revolucionar el mercado español de las telecomunicaciones, racionalizando más las ofertas de las compañías y permitiéndoles mejorar sus cuentas… a costa de nuestros bolsillos. Pero la locura actual, las tarifas low cost y la guerra de tarifas, tampoco nos beneficia, porque es difícil saber si pagamos de más y hacer un seguimiento de tanta oferta y contraoferta. La clave debería estar forzar una mayor transparencia en el sector, para que los usuarios sepamos lo que pagamos.

Esa mayor transparencia y reforzar los derechos de los usuarios son dos de los objetivos de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que se aprobó el 9 de junio en el Congreso con el apoyo de todos los grupos (salvo Vox). La Ley, que traspone con retraso la Directiva europea de Telecomunicaciones de diciembre de 2018, es una de las reformas prometidas por el Gobierno a Bruselas, dentro del Plan de Recuperación. Pretende mejorar la transparencia de los contratos, regulando por primera vez los “paquetes” de servicios (teléfono fijo y móvil, Internet y TV) y ampliando los derechos de los usuarios frente a las telecos. Y en paralelo, la Ley plantea un objetivo clave  para la modernización del país: adelanta a junio de 2023, dentro de un año, la obligación de las telecos de ofrecer conexiones de 100 megas en todo el territorio español, incluida “la España vaciada”.

En resumen, que aunque ahora no nos suben las tarifas de internet y móvil, las telecos las subirán en otoño y sobre todo en 2023, cuando sólo queden tres grandes compañías, con mucha más fuerza para imponer subidas y tarifas. Y lo harán con la “excusa” de que necesitan invertir en redes y 5G, para conseguir una mayor velocidad y cobertura en todo el país. Vale, pero hace falta transparencia y simplificación en las tarifas, para que sepamos qué pagamos y por qué. Aunque al final, nos da igual: vamos a pagar lo que nos cobren, porque estamos enganchados al móvil y a Internet. Una adicción cada vez más cara.

España: consumo récord de cocaína y cannabis

Este año 2022 ha seguido repuntado el consumo de drogas en el mundo, tras el paréntesis de 2020 por la pandemia. Y ahora, con la vuelta a las fiestas, los locales de ocio y las vacaciones, se espera otro aumento del consumo este verano. En Europa preocupa el auge de la cocaína y las drogas sintéticas, mientras España lidera el consumo y las incautaciones de cocaína y cannabis, con un gasto en drogas de 19 euros diarios por español. Y somos el 2º país europeo, tras Alemania, en muertes inducidas por drogas (546). Preocupa especialmente el consumo de cannabis, cocaína y pastillas entre los más jóvenes (14-18 años). Sanidad y las autonomías han pactado un Plan sobre Adicciones 2021-2024, pero urge destinar más recursos a luchar contra el tráfico de drogas y ampliar los tratamientos psico-sanitarios contra las adicciones, hoy insuficientes.  Y lanzar campañas masivas contra las drogas, porque muchas “no están mal vistas”, aunque enferman y matan. Tenemos que ganar esta batalla.

Enrique Ortega

El negocio de las drogas ilegales sigue siendo la primera industria mundial y mueve entre 300.000 millones de dólares (según la ONU) y 500.000 millones (según la DEA de EEUU), más de 360.000 millones de euros al año, la cuarta parte del PIB español. Y Europa es el tercer mercado mundial de drogas, tras América y Asia, con un negocio que crece ahora más y que mueve por encima de 40.000 millones de euros al año, según Interpol, de los que más de 7.000 millones se mueven en España, la tercera puerta de entrada de la droga a Europa (desde Latinoamérica y Africa), tras Turquía y los Balcanes (la ruta de Asia) y los grandes puertos del centro de Europa (la otra entrada de la ruta desde América).

En el mundo hay 284 millones de personas adultas (15-64 años) que consumieron drogas ilegales en 2020, según el último Informe Mundial de Drogas 2022 de la ONU, que estima en 200 millones los consumidores de cannabis, 62 millones los consumidores de opioides y 20 millones los adictos a la cocaína. El Informe destaca que el consumo de drogas está repuntando después de la pandemia, en 2021 y sobre todo en 2022, aumentando sobre todo entre los más jóvenes, que consumen más drogas que la generación de sus padres. A la ONU le preocupa especialmente el aumento en el consumo de cocaína (en Europa) y las muertes por sobredosis de fentanilo (un opioide sintético más barato que la heroína y 50 veces más potente), 107.000 muertes en EEUU en 2021. También el auge de las drogas sintéticas y la aceleración del consumo que ha provocado la legalización del cannabis para usos medicinales en varios paises. Y alertan sobre la falta de tratamientos para los adictos en el mundo.

En Europa, acaba de publicarse el último Informe europeo sobre Drogas 2022, elaborado por el Observatorio europeo EMCDDA. Y su diagnóstico es muy claro: cada vez hay más droga disponible y en más formatos. “Todo, para todos y en todas partes”, es su lema para definir el mercado europeo de drogas, donde alertan de tres grandes cambios: un fuerte aumento del consumo de cocaína (el mercado se ha trasladado de América porque en Europa se paga el doble y se han multiplicado las vías de entrada, desde barcos y contenedores a mini submarinos y drones submarinos, como los recién descubiertos en Cádiz), una adulteración del cannabis con cannabinoides sintéticos y un incremento preocupante de la producción en Europa de drogas sintéticas (metanfetaminas o speed).

Ha aumentado el consumo de drogas en Europa en 2021 y 2022, tras el reflujo en 2020 por la pandemia. Ese año (2020), la estadística del Observatorio Europeo de Drogas (EMCDDA) revela que el 29% de los europeos adultos (83,4 millones de personas) han consumido alguna vez drogas ilegales. Y si nos fijamos en el último año con datos (2020), 22,2 millones de europeos (7,7%) habían consumido cannabis, 3,5 millones (1,2%) habían probado la cocaína, 2,6 millones  (el 0,9%) consumieron MDMA (“éxtasis”), otros 2 millones (0,7%) consumieron anfetaminas y 1 millón de europeos consumieron heroína u otro opioide en el año 2020. El informe revela que muchos europeos consumen varias drogas a la vez y que en muchos casos su consumo está ligado a alcohol y fármacos, una asociación que agrava los daños y riesgos. Y este repunte del consumo, confirmado en 2021 y 2022, está agravando los problemas de delincuencia, salud mental y falta de tratamientos psicológicos, sanitarios y sociales en muchos paises europeos.

El Observatorio Europeo contra la droga (EMCDDA) revela en su último informe tres preocupaciones nuevas. Una, la mayor globalización en el negocio de la droga, que está facilitando el tráfico de cocaína de América a Europa, de la heroína de Asia al continente o del cannabis desde Africa, innovando los métodos de entrada. Dos, que Europa se ha convertido en un importante productor mundial de drogas sintéticas, para la venta interna y para exportarlas a América y Asia. Un dato: en 2020 se desmantelaron 350 laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en Europa. Y narcos mexicanos están detrás de redes que fabrican drogas sintéticas en Europa. La tercera preocupación son los cambios en los canales de venta, a raíz de la pandemia: aumento de la venta de drogas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y, sobre todo, “la red oscura” cifrada, muy sofisticada y difícil de vigilar y erradicar.

El cannabis (marihuana, hachís y aceite de hachís, las tres drogas que se obtienen con la planta del cannabis) es la droga más popular en Europa, que han probado alguna vez una cuarta parte de los europeos (27,3%) y 22,2 millones de personas el último año. La estrategia comercial de las mafias de la droga está siendo mantener en lo posible el precio y aumentar su potencia (el contenido de THC), mezclándola con materiales sintéticos (cannabinoides sintéticos), sobre todo las resinas de hachís. Esta “adulteración” del cannabis es difícil de detectar (salvo con análisis forenses)  y provoca una mayor adicción y efectos secundarios más peligrosos (físicos, mentales, conductuales…).

La cocaína es la 2ª droga más consumida en Europa, 3,5 millones de personas (el 1,2%) la consumieron en 2020, sobre todo en actividades ligadas al ocio nocturno, muy afectadas por los cierres de la pandemia, con lo que este consumo se habrá disparado en 2021 y sobre todo en 2022. Se ha detectado en el último año un gran aumento de la oferta, por las mayores entradas desde Latinoamérica por los puertos europeos, aunque incluso se han descubierto laboratorios secundarios de procesamiento de cocaína instalados en Europa. Las autoridades sanitarias también dan la alarma, porque las peticiones de  tratamientos por adicción a la cocaína han crecido un 15%, sobre todo por el auge del “crack” (cocaína en piedra).

La 3ª droga con más consumo es la MDMA (“éxtasis”), una droga sintética perteneciente a las anfetaminas sustituidas, que suele consumirse en pastillas con efectos estimulantes y alucinógenos. El último año (2020) la consumieron 2,6 millones de europeos (0,9%), pero ahora se ha disparado su venta, asociada a la reapertura del ocio nocturno y los jóvenes (1,9 millones de europeos con menos de 34 años la consumieron en 2020).

La 4ª droga con más consumo en Europa son las anfetaminas, que consumen 2 millones de adultos (el 0,7%) cada año (1,4 millones menores de 34 años). La gran novedad en los últimos años es el auge de las metanfetaminas (creadas a partir de las anfetaminas, con más potencia, siendo más dañinas). El consumo creciente de las metanfetaminas, se concentra en Chequia, Eslovaquia, Estonia y Alemania, el Este y norte de Europa. Y se han creado importantes laboratorios, para el mercado europeo y la exportación, en Paises Bajos y Bélgica, utilizando procesos similares a la fabricación de MDA y anfetaminas, aunque también llega a Europa metanfetamina producida en México, África y Turquía (desde Afganistán).

La 5ª droga más consumida en Europa es la heroína y los opioides, con 1 millón de europeos consumidores (la mitad en tratamiento). Es la única droga cuyo consumo baja en los últimos años, aunque se teme que pueda repuntar su consumo con los talibanes en el Gobierno y la retirada de EEUU y la OTAN de Afganistán, el primer productor de la heroína que se consume en Europa. De hecho, lo que sí ha aumentado es la producción de metanfetamina en Afganistán, a partir de la planta efedra.

Con todo, lo que más preocupa a las autoridades europeas es el auge de la producción y venta de drogas sintéticas, la mayoría con una enorme potencia y altísimo riesgo para la salud, sin control de los ingredientes, cada vez más baratos, potentes y peligrosos. Es el caso de las catinonas sintéticas (similares a la catinona natural que se encuentra en la planta del khat), las conocidas como “sales de baño”, que se utilizan como un producto potente y barato para mezclar con la cocaína y las metanfetaminas. La mayoría de estas catinonas proceden de India y China, pero también se han detectado laboratorios en Europa.

El informe del Observatorio europeo antidroga  (EMCDDA) alerta que cada año aparecen nuevas drogas peligrosas, en un catálogo amplio y difícil de rastrear y vigilar. Así, entre 2020 y 2021 se detectaron 15 nuevos opioides sintéticos. Y a finales de 2021, la EMCDDA vigilaba en Europa 880 nuevas sustancias psicoactivas, 52 de ellas notificadas por 1ª vez en 2021.

En este preocupante panorama de las drogas en Europa, España ocupa un papel central, liderando el consumo y las incautaciones en varias drogas, según el Informe 2022 de la EMCDDA. Lideramos el consumo europeo de cocaína: la han consumido a lo largo de su vida el 11,2 % de los adultos, frente al  8,3% en  Irlanda, el 8,1% en Dinamarca y el 6,9% en Italia. Y en el último año, la han consumido el 3,2% de los adultos, por detrás del 4,8% en Irlanda. Y en el consumo de cannabis, ocupamos el 3º lugar europeo: lo han consumido el 37,5% de los españoles adultos, solo por detrás de Francia (44,8%) y Dinamarca (37,9%), por detrás de Italia (32,.7%). Y en consumo de cannabis en el último año  (3,2% españoles), somos el 4º país, tras Francia, Italia y Croacia. Estamos año mejor, pero en el pelotón de cabeza en el consumo de MDMA /éxtasis (los 5º, tras Paises Bajos, Irlanda, Chequia y Estonia). Y los 8º en el consumo de anfetaminas y opioides.

Más preocupante es el consumo de estas drogas entre los adolescentes españoles, según revela Estudes 2021, la última Encuesta hecha a jóvenes de 14 a 18 años. El 70,5% reconoce haber consumido alcohol y el 30,7% tabaco, pero le sigue de cerca el consumo de cannabis: lo probaron un 22,2% en 2021 (el 18,2% en 1994). Luego va el consumo de hipnosedantes (tranquilizantes, sedantes y somníferos), que consumieron el 13,6%. Y la cocaína, consumida por el 2,1% de los adolescentes, un 1,8% la metanfetamina, un 0,8% las anfetaminas y un 0,4% la heroína. Y en todas las drogas, la edad de probarlas ha bajado a 15 años (cannabis) o a 15,3 años (cocaína, anfetas) o 15,4 años (éxtasis).

España también destaca por el elevado número de muertes por drogas: 546 en 2019, solo superadas por Alemania (1.581 en 2020) y por encima de las muertes inducidas por drogas en Francia (465), Italia (308) y Paises Bajos (295), el país que tiene la mayor tasa de mortalidad por millón de habitantes (23 muertos frente a 18 en España).

España, además de tener un alto consumo de drogas, es un país clave en la entrada de droga a Europa, por lo que destaca también en incautaciones de droga, según la última estadística (2020) de la EMCDDA. Es líder en las incautaciones de resina de cannabis (461 Tm, frente a 589 Tm en toda Europa, 50,2 en Francia, 37,4 en Turquía o 33,5 en Portugal), y en hierba de cannabis (59,8 Tm frente a  155,3 en toda la UE, 56,2 en Turquía y 46,2 en Francia), quedado 2ª en plantas de cannabis incautadas (1.433.213 plantas), tras Turquía (114.965.801). En incautaciones de heroína, España es líder en número (35.240, de 64.406 en toda Europa), aunque en cantidad nos superan Paises Bajos y Bélgica. También somos líderes en incautaciones de pastillas MDMA, aunque en peso nos supera Bélgica. Y destacamos menos en las incautaciones europeas de anfetaminas y heroína (somos los terceros…).

Aunque casi nadie hable de ello, el consumo de drogas es un problema muy serio, en Europa y en España, donde el consumo medio en drogas, medido por el INE (sólo una aproximación a la realidad) fue de 6.971 millones de euros en 2019. Son 19 euros diarios de gasto medio en droga. Un gasto que deteriora la salud de los adictos, provocando un auge de los jóvenes que acuden a urgencias o necesitan ser tratados. En 2021, de los adictos tratados en el Proyecto Hombre, un 36,5% lo fueron por adicción a la cocaína y el 36,4% por adicción al alcohol, con una edad muy temprana para las adicciones (16 años), con daños múltiples, desde problemas emocionales y psicológicos (54,4% de los tratados) a depresión severa (57,3%), ansiedad severa (71,2%) e intentos de suicidio (42,2%).

El auge de las drogas provoca un aumento de los delitos por tráfico, que han pasado de 41.255 en 2020 a 42.050 en 2021 y 4.486 en el primer trimestre de 2022 (+4,5% sobre hace un año), según las estadísticas de Interior. Y también han aumentado las detenciones, de 22.771 en 2019 a 24.114 detenciones en 2020 (último dato disponible), la mayoría por tráfico de marihuana (7.182), hachís (6.932) y cocaína (5.899). El 69% de los detenidos por drogas son españoles y sólo 3.217 son mujeres.

Uno de los lugares donde se ve el auge de las drogas es el la carretera. De los 4.977 controles de drogas y alcohol hechos por Tráfico en la 2ª semana de diciembre (2021), el 29% dio positivo por drogas. Y de todos los muertos por accidentes de tráfico en 2020, el 20% tenían drogas en la sangre y otro 13,4% psicofármacos. Y faltan estudios sobre el consumo de drogas en determinados trabajos y profesiones, no sólo en discotecas y ocio.

En enero de 2022, Sanidad y las autonomías presentaron un Plan de Acción sobre adicciones, con 46 acciones para prevenir el consumo, controlar la oferta, revisar la normativa, mejorar la atención a las adicciones y coordinar la actuación policial y judicial, en España y con Europa. Es un primer paso, pero urge un Plan de choque, cara a este verano, con medidas específicas para frenar el elevadísimo consumo ligado a las vacaciones. Y sobre todo, tomar varias medidas complementarias. Una, gastar más en luchar contra la droga, con más recursos  policiales (faltan plantillas y medios para luchar contra mafias superorganizadas) y judiciales (hay Juzgados saturados en Andalucía, Galicia y Cataluña). Y la otra, reforzar la sanidad pública y la educación, para detectar adicciones y tratarlas sin retraso, con unidades especializadas en centros de salud y hospitales. Y, sobre todo, lanzar campañas públicas agresivas contra el consumo de droga, para quitarles su imagen de “inofensivas”.

Las drogas son una “epidemia social” que causa deterioro cognitivo, enfermedades y muertes y alimenta mafias violentas y peligrosas, que deterioran la convivencia en muchas zonas de España, fomentando además la corrupción institucional. Hay que ganar esta batalla contra las drogas. Pero lo primero es hablar de ellas, visibilizar el problema que tenemos.

Servicios sociales: colapsados y sin recursos

La histórica inflación actual ha agravado la pobreza de las familias más desfavorecidas, muy dañadas por dos años largos de pandemia. Así, España tiene ya más de 13 millones de personas en situación de pobreza y exclusión social, 846.000 más que en 2019. Y las ONGs alertan de que crecen las peticiones de ayuda y comida. Sin embargo, los servicios sociales de las autonomías y ayuntamientos, que atienden a 8,5 millones de personas al año, están colapsados, por falta de personal y recursos. Un dato: 2 de cada 3 españoles viven en 8 autonomías con servicios sociales “débiles” o “irrelevantes”, según alertan los Directores de Servicios Sociales. Y denuncian la insuficiencia de las ayudas de urgencia, las rentas mínimas y el ingreso mínimo vital. Más pobreza pero menos ayudas sociales, con unas autonomías y Ayuntamientos que gastan porcentualmente menos en servicios sociales y un Estado que gasta menos (y peor) que otros paises. No es caridad: aumentar el gasto social es imprescindible social, económica y políticamente.

Enrique Ortega a partir de Alex Katz

Los últimos datos oficiales, del INE, atestiguan lo que todos nos temíamos: que la pandemia ha agravado la pobreza y la desigualdad en España, tras algunos años de mejora entre 2016 y 2019. Así, un 27,8% de los españoles (13.186.319 personas) estaban en situación de pobreza o exclusión social en 2021: son 407.225 más que en 2020 (27%) y 846.016 excluidos más que en 2019 (26,2%), antes de la pandemia. La mayoría son económicamente “pobres”, porque ingresan menos del 60% de la renta media española (en 2021, menos de 9.535 euros los solteros y 20.024 euros las familias con dos hijos). Con este baremo, el INE señala que un 21,7% de los españoles son pobres (eran 20,7% en 2019 y el 21% en 2020): 10.292.918 personas, 575.918 pobres más que antes de la pandemia.

Además de estos “pobres oficiales” (el 21,7% de la población), hay otro porcentaje de españoles (8,3% en 2021) que tienen carencias materiales, sean o no sean pobres: el 33,4% de los españoles no puede atender gastos imprevistos, el 32,7% no tiene posibilidad de ir de vacaciones, el 14,4% retrasa pagos y el 8,8% de las personas tienen “mucha dificultad” para llegar a fin de mes. Además, el tercer componente de la exclusión social es el bajo nivel de empleo (poco o de baja calidad), que afecta al 11,6% de los españoles.

La pandemia no sólo ha aumentado la pobreza en España, entre 2019 y 2021, sino que también ha aumentado la desigualdad, según el INE. Y aporta 2 datos. Uno, la relación entre los ingresos del 20% que más gana y el 20% de españoles que menos ganan: ingresaron 6,2 veces más en 2021 (frente a 5,8 veces más en 2020 y 5,9 veces más en 2019).  El otro, el índice de Gini, más alto cuanto más desigualdad: subió del 32,1 en 2020 a 33 en 2021, después de haber bajado cada año la desigualdad desde 2014 (índice 34,7).

Ahora, la histórica inflación desatada por la guerra de Ucrania (y aprovechada por la mayoría de empresas y servicios para subir precios indiscriminadamente) va a aumentar aún más la pobreza y la desigualdad, porque la subida de la energía, la electricidad y la alimentación afecta más a las familias más vulnerables, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE: así, el 20% de las familias con menos ingresos gastan el 64,3% de su presupuesto en vivienda, energía y alimentos (lo que más sube de precio), mientras que el 20% más rico sólo gasta en estos bienes y servicios básicos el 41,7% de su presupuesto. Así que la inflación se come más los ingresos (casi congelados) de las familias más pobres y empeora su situación, por lo que si la situación y la guerra persisten, la pobreza empeorará. De hecho, Cáritas y otras ONGs ya alertan de que tienen más peticiones de ayudas y comida.

Frente a este panorama, España cuenta con unos servicios sociales (municipales y autonómicos) muy debilitados por la pandemia, según demuestra un reciente informe de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En 2020 aumentó un 10% el gasto en servicios sociales de Ayuntamientos y autonomías, pero se estancó la aportación del Estado, porque finalmente no se aprobaron los 1.000 millones del Plan de choque contra la pandemia, que acabaron yendo a otras cosas. El resultado es que como la demanda de servicios aumentó más que el gasto, los servicios sociales se deterioraron en 2020: menos plazas residenciales, menos horas de ayuda a domicilio, menos teleasistencia, menos acogimientos a menores, menos plazas para discapacitados y un estancamiento de las plazas en centros de día y en alojamientos para personas sin hogar. Y más personas a atender con los mismos profesionales, colapsando los servicios sociales, por los que pasan cada año 8,5 millones de españoles pidiendo ayuda (comida, ropa, vivienda, trabajo…).

Es importante resaltar que aunque el gasto social por habitante de Ayuntamientos y autonomías aumentó con la pandemia (de 406,2 euros en 2019 a 446,9 euros en 2020), su peso se redujo (de suponer el 9,95% de todos los gastos municipales y autonómicos en 2019  al 7,78% en 2020), porque este gasto social aumentó menos que el gasto sanitario, educativo o y otras  ayudas públicas frente a la pandemia. Fue “la Cenicienta” del gasto público durante la pandemia y aún sigue así. Eso sí, con grandes diferencias por autonomías. Así, mientras el País Vasco gastaba 971,10 euros por habitante en gasto social y Navarra 608,3 o Extremadura 540,4 y La Rioja 512,7 euros, gastaban la tercera parte Murcia (317,4 euros por habitante) y Madrid (357,1 euros). Y además, Madrid es también la autonomía con menos peso del gasto social (6,52% de todo su Presupuesto), frente al 9,72% que dedica Asturias.

Diferente gasto social conlleva un diferente servicio, que notan sobre todo los ciudadanos más desfavorecidos, los que más necesitan ayuda. Dos ejemplos. Uno, los profesionales que atienden los servicios sociales: Navarra tiene 1 por cada 739 habitantes mientras en Madrid, hay 1 profesional social por cada 5.515 habitantes. Y el otro, las plazas disponibles en residencias de ancianos: en Castilla la Mancha hay 6 por cada 100 mayores de 65 años, mientras en Canarias hay poco más de 1 plaza por cada 100 mayores.

Ampliando el balance de los servicios sociales a la última década, el informe de los Directores de Servicios Sociales demuestra que el gasto ha aumentado un +26,2% (de 354 euros por habitante en 2011 a los 446 gastados en 2020), pero sin embargo, el gasto social tiene ahora menos peso en el Presupuesto total de Ayuntamientos y autonomías (de suponer el 8,14% ha pasado al 7,78%), lo que explica que algunos servicios y prestaciones se hayan reducido, al haberse disparado la demanda de gasto social, por la crisis de 2008 y la pandemia. Lo que sí ha habido es un cambio en la financiación: en 2011, el 85,32% del gasto no estatal lo soportaban las autonomías, que ahora sólo financian el 69,41%. Y como contrapartida, los Ayuntamientos han pasado de financiar el 14,68% de los servicios sociales (2011) a casi un tercio (30,59% en 2020). Y el Estado central ha recortado su aportación, aunque la ha aumentado algo en 2021 y 2022 (sobre todo para la Dependencia).

Los Directores y Gerentes de Servicios Sociales llevan desde 2012 haciendo una radiografía de los servicios sociales en España, calificando a las autonomías en base a tres parámetros: derechos sociales reconocidos y decisión política (hasta 1,5 puntos), relevancia económica de las ayudas (hasta 3 puntos) y cobertura que dan los servicios sociales (hasta 5,5 de nota). Sobre estas 3 calificaciones, han elaborado el Índice de Desarrollo de Servicios Sociales IDEC 2021, que es bastante desalentador: sólo saca notable en servicios sociales Navarra (7,39 puntos), situándose en un nivel “medio” Castilla y León (6,89 puntos) y País Vasco (5,93 puntos). Adjudican un nivel "medio bajo" (rondando los 5 puntos) a otras 6 autonomías: La Rioja, Baleares, Asturias, Extremadura, Aragón y Cataluña. Y las 8 restantes oscilan entre un nivel “débil” de servicios sociales (Castilla la Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia) y un nivel “irrelevante” (Cantabria, Canarias, Murcia y Madrid, el “farolillo rojo”).

En definitiva, que dos tercios de los españoles (62,2%) viven en 8 autonomías con un nivel “débil” o “irrelevante” de servicios sociales, con una pésima oferta a pesar de que está creciendo la pobreza y las carencias materiales, con la inflación disparada y la pandemia. Y los dirigentes de estas autonomías gastan menos que el resto y sitúan al gasto en servicios sociales a la cola del gasto público (que tampoco está subiendo lo que haría falta, ni en sanidad, ni en educación ni en vivienda y ayudas sociales).

Hay tres gastos sociales, pensados para paliar la pobreza y las carencias materiales, que no funcionan, según demuestra el informe de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. El primero, las ayudas de urgente necesidad, pensadas para atender las necesidades más básicas: comida, ropa y pago del alquiler. En 2020, último año con datos, recibieron esta ayuda de emergencia que prestan los Ayuntamientos un total de 1.428.216 personas, menos de la mitad de las personas que sufren graves carencias materiales en España (3.928.107 en 2021, según los últimos datos del INE). La cuantía media de esta “ayuda de urgencia” fue de 235 euros por perceptor, aunque existen grandes diferencias según uno viva en Castilla la Mancha (1.210 euros de ayuda) o Galicia (1.152) o en Andalucía (cobran sólo 91 euros de media) o Canarias (177 euros). Los Directores de Servicios Sociales culpan de que no haya más beneficiarios no sólo a la falta de recursos sino a la burocracia de los Ayuntamientos, que limitan el acceso a esta ayuda “urgente” y la retrasan (hasta 2 meses), por lo que piden que dejen de tener la consideración de “subvenciones” (una gran limitación legal).

La 2ª ayuda social importante son las rentas mínimas que conceden las autonomías: a 369.289 titulares en 2020 (llegaron a 795.861 beneficiarios), muy pocos de los 10,2 millones de españoles que son oficialmente “pobres” (ingresan menos del 60% de la renta media).Y además, sigue habiendo una gran diferencia en esta renta mínima, según donde uno viva: de 300 euros mensuales en Ceuta, 400 en Madrid y 419 en Andalucía se pasa a  630 euros en la Comunidad Valenciana, 636 en Navarra, 664 en Cataluña y 693 euros en el País Vasco, la mejor autonomía para “ser pobre”. El problema de estas rentas mínimas, ya “infra financiadas” tras la crisis de 2008 y al inicio de la pandemia, es que las autonomías han aprovechado que el Gobierno central aprobara, en mayo de 2020, el ingreso mínimo vital para “hacer caja” y ahorrar gasto en rentas mínimas: -137 millones en 2020, -170 millones en 2021 y -250 millones presupuestados para este año 2022…

El problema es que el ingreso mínimo vital (IMV), la 3ª ayuda social importante, no funciona bien, por una complicada normativa que ha provocado que sólo reciban  esta ayuda 1 de cada 4 que lo solicitan: ha llegado a 428.043 perceptores en marzo de 2022, un total de 1.064.609 beneficiarios, la mitad de los previstos por el Gobierno (esperaba llegar a 800.000 perceptores y 2.300.000 beneficiarios). Eso significa que este ingreso mínimo vital sólo llega hoy al 10% de los pobres oficiales, de media, aunque alcanza a bastantes menos “pobres” en las autonomías con más familias vulnerables: a 126.000 perceptores en Andalucía (4,5% de los pobres computados allí), a 49.387 en la Comunidad Valenciana (el 3,8% de sus pobres) , a 42.345 perceptores en Madrid (4,1% de sus pobres) y a 36.842 perceptores en Cataluña (el 3,2% de los pobres computados allí).

Está claro que estas tres ayudas sociales básicas son insuficientes y claramente mejorables. Con el aumento de la pobreza por la pandemia y su recrudecimiento con la inflación, urge poner en marcha un Plan de choque contra la pobreza, que reforme y amplíe las ayudas de urgente necesidad, las rentas mínimas autonómicas y el ingreso mínimo vital, con más recursos económicos y más medios personales, porque el personal de los servicios sociales es menor al que había en 2008 mientras hay 2,5 millones más de peticiones de ayuda. Urge que las autonomías y Ayuntamientos aumenten su gasto social (para lo que no pueden bajar impuestos indiscriminadamente), lo mismo que el Estado central, cuya financiación ahora de los servicios sociales (salvo la Dependencia) es marginal. Y en paralelo, hay que crear un Fondo de nivelación, para evitar la gran diferencia de ayudas entre autonomías.

En resumen, crece la pobreza y la exclusión social pero el ingreso mínimo vital no despega y algunas autonomías y Ayuntamientos aprovechan para ahorrar recortando ayudas a los más necesitados. Y todo ello, con muchas personas “mirando para otro lado”, como si la pobreza no les incumbiera. Pero es un problema de todos. Porque la pobreza creciente es un serio obstáculo para la recuperación económica, que se dificulta si una cuarta parte de la población no puede gastar y consumir, contribuir al crecimiento y al empleo. También ataca   la democracia, porque las personas más vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, la pobreza es una muestra de desigualdad e injusticia social. Por todo ello, la pobreza es un cáncer social, económico y político, que hay que extirpar. No podemos pensar en recuperar la economía y el país dejando a la cuarta parte de españoles atrás.

Pandemia: repunta la 7ª ola "silenciosa"

El COVID-19 sigue entre nosotros, contagiando y matando. En las últimas tres semanas, han repuntado los contagios un 72%, sobre todo en Madrid, la Rioja, Canarias y Extremadura. Y eso que, desde el 1 de abril,  sólo se contabilizan parte de los contagios de los mayores de 60 años. Pero todos conocemos personas contagiadas que se habían “librado” antes y otros que se habían contagiado antes y ahora se han reinfectado. La causa está en las nuevas variantes del virus (la BA.4 y la BA.5), más contagiosas porque atacan mejor nuestras defensas y las vacunas. Además, ahora se multiplican los contactos interpersonales y no se usan mascarillas. Pero, sobre todo, hay más de 1 millón de mayores de 60 años sin ponerse la 3ª dosis de refuerzo, más otros 3 millones largos de adultos sin inmunizar, con las vacunas estancadas. Ahora, con el verano y los turistas, esta 7ª ola “silenciosa” podría agravarse, complicando la ya alta ocupación de los hospitales. No bajen la guardia.

Enrique Ortega

La pandemia ha cumplido ya dos años y medio y sigue contagiando y matando en todo el mundo, aunque al menor ritmo desde noviembre de 2021. Hoy son ya 549,18 millones las personas contagiadas, 7 de cada 100 habitantes del mundo. El altísimo ritmo de contagios de enero y febrero (23,3 millones semanales) se ha frenado después y en junio fueron ya la quinta parte (5,4 millones de contagios semanales), según la Universidad John Hopkins. Europa sigue  liderando los contagios (228,3 millones), seguida por América (162,9 millones) y, a distancia, el Pacífico occidental (que ha dado un salto de contagios, hasta los 64,2 millones), sudeste de Asia (58,5), Mediterráneo oriental (22) y África (9,1 millones, según la OMS.

El COVID-19 causa ahora el menor número de muertes en toda su historia, aunque todavía son 10.289 muertes a la semana en todo el mundo. Y son ya 6.339.114 muertes las causadas por la pandemia, sobre todo en América (2.761.824) y Europa (2.027.169), siendo menores en el sudeste asiático (790.063 muertes), Mediterráneo oriental (343.560), Pacífico (238.564) y África (173.535 muertos), según la OMS. Por paises, EEUU ha superado ya el millón de muertos por COVID-19 (1.017.800) y son muy llamativas las cifras de Brasil (671.911 muertos), India (525.223), Rusia (373.552), México (325.788) y Perú (213.551), según la Universidad John Hopkins. Les siguen a distancia Reino Unido (181.093), Italia (168.145), Indonesia (156.749), Francia (150.624), Irán (141.396), Alemania (141.295), Colombia (140.070), Argentina (129.109) y España (108.111 muertos, 18.706 este año).

Europa ha sufrido en las últimas semanas un ligero repunte de contagios, sobre todo en Portugal, Alemania, Francia, Italia y España. La mayor incidencia se da en Francia con 1.603 casos en los últimos 14 días por 100.000 habitantes, seguida de Grecia (1.574), Italia (1.426), Austria (1.410), y Alemania (1.349), según los últimos datos de la OMS, que sitúa a España con mucha menor incidencia, 360,5 casos por 100.000 habitantes (en los últimos 14 días), algo más que Reino Unido (320,8) y los paises nórdicos.

Pero Sanidad ha dejado de publicar esta incidencia global y desde el 1 de abril solo publica la incidencia en los mayores de 60 años, por la que podemos seguir ahora la evolución de la pandemia. El “pico” de la 6ª ola, contabilizando entonces todos los contagios, se dio después de Navidad,  el 21 de enero de 2022, con 3.418 contagios (últimos 14 días) por 100.000 habitantes. Luego bajó a 984 contagios el 17 de febrero y a un mínimo de 466 contagios el 29 de marzo, la última estadística global con el anterior sistema. El 1 de abril, contabilizando sólo los contagios de mayores de 60 años, la nueva estadística se estrenó con 459 contagios por 100.000 habitantes (mayores). A finales de abril hubo un primer repunte, por la Semana Santa,  hasta los 608 contagios (26 abril), disparándose en mayo esta 7ª ola hasta los 858 contagios el 13 de mayo, por el puente de mayo. Y luego, la incidencia de mayores ha vuelto a bajar, hasta los 578 contagios el 10 de junio. Pero desde entonces no han parado de subir y el viernes 1 de julio ya rozaban los 1.000 contagios por 100.000 habitantes (996,25), con un aumento del 72% en las últimas tres semanas.

Recordemos que estos datos contabilizan sólo parte de la pandemia, los contagios de mayores de 60 años y personas vulnerables. Y tampoco, porque la mayoría de los Centros de Salud ya no hacen test ni PCRs a los mayores, salvo que se trate de casos graves o que acaben en un hospital. La mayoría de los mayores con síntomas se enteran de su contagio por pruebas que se hacen en casa, tras comprar test en las farmacias, un resultado que unos comunican a su Centro de Salud (que no siempre toman nota) y otros no. Así que realmente no sabemos cuántos mayores de 60 años se están contagiando y menos todavía cuantos adultos y niños están pasando el COVID-19. Por eso se habla de una 7ª ola “silenciosa”.

Centrándonos en las estadísticas de Sanidad (parciales), vemos que los contagios (declarados) se concentran en los más mayores de los mayores: 1.291contagios por 100.000 habitantes entre los mayores de 80 años y 1.080 entre 70 y 79 años (los dos grupos por encima de la media, 996,25 contagios), mientras que entre 60 y 69 años la incidencia es de 781 contagios por 100.000 habitantes. En conjunto, hay una gran diferencia de contagios de mayores por autonomías. La incidencia más alta en mayores se da en Madrid (1.650), seguida de La Rioja (1.589), Extremadura (1.346), Castilla la Mancha (1.267), Canarias (1.233), Baleares (1.167) y Galicia (1.126), mientras es mucho más baja en Andalucía (364), Comunidad Valenciana (715), Murcia (770) y Asturias (811), según los datos de Sanidad del viernes 1 de julio.

El aumento de contagios en las últimas semanas ha incrementado los enfermos de COVID-19 en hospitales, que han pasado de 7.364 hospitalizados el 1 de abril a 6.412 el 10 de junio y 10.249 hospitalizados el pasado viernes, la cifra más alta desde el 27 de diciembre. Y la tasa de camas COVID-19 ha subido al 8,2%, aunque es mucho mayor en Madrid (13,16% camas hospitalarias ocupadas por enfermos COVID-19), Cataluña (10,82%), Castilla la Mancha (10,42%) y el País Vasco (9,63%), según Sanidad. Los enfermos COVID en UCIs también han subido, aunque no tanto: de 420 el 1 de abril y 308 el 24 de junio a 449 el viernes 1 de julio, lo que supone casi un 5% de las camas UCIs ocupadas por la pandemia. Pero son el doble o más en La Rioja (11,32%), Cataluña (9,75%) y Madrid (8,73%).

Y hay que hablar de los muertos, silenciados en esta ola “silenciosa”: en la  última semana han muerto 312 personas con COVID-19 y 1.618 han sido los fallecidos en junio, menos que en mayo (2.037 muertos) y abril (1.915 muertos). Los expertos insisten en que no se pueden achacar todas las muertes al COVID, que muchos enfermos mueren “con COVID”, no “por COVID”, sino porque tienen otras enfermedades y al ser hospitalizados o tratados se les detecta el COVID, que casi siempre deteriora aún más su salud. En cualquier caso, son muertes ligadas al COVID-19, sobre todo de personas muy mayores, con otros problemas graves de salud, enfermedades crónicas e inmunodeprimidos. Las muertes en residencias ligadas al COVID han bajado, de más de 100 semanales a 57 la última semana, según el IMSERSO, pero estos mayores no se libran de los contagios (3.366 la última semana), a pesar de la prevención y las vacunas.

Al final, Sanidad publica un mapa de alertas según los contagios por provincias y autonomías, así como las hospitalizaciones y ocupación de UCIs. Y el último, del 1 de julio, coloca en alerta 4 (riesgo muy alto) a  Ávila y Guadalajara y en alerta 3 (riesgo alto) a la Comunidad de Madrid, Castilla la Mancha, Cataluña y País Vasco , más las provincias de Lugo, Palencia, Zamora, Valladolid y Segovia. En alerta 2 (riesgo medio) están Aragón, Asturias, Navarra, Castilla y León, Canarias, Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia, Baleares y La Rioja. Y en alerta 1 (riesgo bajo) están Andalucía, Extremadura y Cantabria.

¿Por qué han subido los contagios en las últimas semanas? Distintos expertos lo achacan al auge de las nuevas subvariantes del COVID-19, que son más contagiosas. En noviembre de 2021 aparecieron en Sudáfrica las subvariantes BA.1 y BA2 de Ómicron, que fueron las causantes de la 6ª ola, a finales de 2021 y hasta marzo de 2022. Pero luego, en enero de este año se detectó, también en Sudáfrica, otra nueva subvariante de Ómicron, la BA.4, y en febrero la BA.5, que son las que protagonizan el repunte de esta 7ª ola en media Europa y en España: son ya la subvariante dominante (más del 50% de los casos) en Baleares, Andalucía, Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, Extremadura, Aragón, Murcia y Navarra, rondando el 50% en Madrid y el 40% en Cataluña, según el último informe de Sanidad.

Estas dos nuevas subvariantes, BA.4 y BA.5, han sustituido al linaje BA.2 como subvariantes dominantes. Y son mucho más contagiosas, según los expertos, porque escapan mejor al sistema inmunológico: son más capaces de burlar la inmunidad de los anticuerpos producidos por contagios anteriores o por las vacunas, lo que facilitan que personas contagiadas en otras olas se “reinfecten” ahora. Y también los vacunados hace mucho tiempo y sin la 3ª dosis. Además, estas nuevas subvariantes de Ómicron provocan síntomas que duran más tiempo (7 días frente a 3 días del linaje original BA.1), con más fatiga y afectan más a la garganta. Eso sí, no son más graves ni letales y en general se superan sin hospitalización.

Otra causa de que repunten los contagios es que se han estancado las vacunaciones. Por un lado, hay mucha gente sin la 3ª dosis de refuerzo, muy importante para defenderse de las nuevas variantes, sobre todo los más mayores. A 29 de junio, Sanidad informaba que faltaba poner la 3ª dosis a 548.576 mayores de 70 años y a otros 573.446 mayores de 60 a 69 años, con lo que hay 1.122.022 mayores de 60 años sin poner la 3ª dosis.

En paralelo, todavía hay muchos españoles sin inmunizarse, sin ponerse la 2ª dosis de la vacuna contra el COVID-19, a pesar de que seamos uno de los paises del mundo con más población vacunada (el 82,5% tiene la pauta completa). Lo más preocupante son los mayores que no tienen todavía la 2ª dosis: 42.884 personas de 70 a 79 años y otros 192.487 de 60 a 69 años (los mayores de 80 la tienen todos). En total, 235.371 mayores de 60 años sin inmunizar, un gran riesgo para ellos y los demás. Pero es que además, entre 12 y 60 años, hay todavía 2.918.186 personas sin inmunizar. En total, 3.153.557 personas que no se han puesto todavía la 2ª dosis de la vacuna, casi los mismos que hace 2 meses (sólo se han inmunizado 53.112 personas). Y a ellos habría que sumar los 2.110.904 niños (de 5 a 12 años) todavía sin inmunizar. En total, 5,26 millones de personas, un colectivo demasiado grande, que alimenta los contagios y la propagación del virus.

Y una tercera causa del repunte es que tomamos menos precauciones: desde Semana Santa, se han multiplicado los viajes y las interacciones, con múltiples fiestas y concentraciones de miles de personas, sin ninguna prevención. Y sin mascarilla. Y con contagiados que incluso van a trabajar o hacen “vida normal”. Los expertos aconsejan que, con el repunte de casos, se cuiden más los mayores y los que tienen enfermedades previas o crónicas, con la vuelta a la mascarilla en lugares cerrados y concentraciones. De hecho, en Cataluña, la Generalitat recomienda que se retome el uso de la mascarilla en interiores, tras el drástico aumento de hospitalizados y críticos en las UCI.

El repunte de contagios se produce a las puertas del verano, donde se multiplican los viajes y las aglomeraciones y cuando nos van a visitar 28 millones de turistas, la mayoría de paises con más incidencia de COVID que España. Urge que Sanidad y las autonomías aprueben un Plan de choque, sobre todo en las zonas y localidades más turísticas, para evitar un colapso aún mayor de los Centros de Salud y de algunos hospitales y urgencias, estableciendo plantillas suficientes de refuerzo y sustitución por vacaciones. De momento, nadie se prepara para un recrudecimiento de esta 7ª ola en verano, que llegará seguro y aumentará contagios, hospitalizaciones y muertes. Así que nos toca a nosotros ser muy precavidos, cuidarnos más estas vacaciones. No bajen la guardia.