Educación: nueva Ley, viejos problemas

La próxima semana reabren colegios e institutos, tras el retraso por la nieve. Y entra en vigor la nueva Ley de Educación, la Lomloe, que nace con polémica aunque tiene más apoyos (7 partidos) que la controvertida Lomce (apoyada solo por el PP). La nueva Ley cambia el sistema de matriculación, ya esta primavera, para impedir que las familias más pobres y los niños inmigrantes se concentren en los centros públicos y los concertados “elijan” a sus alumnos. Y para el próximo curso, se cambiarán temarios y evaluaciones, para evitar un exceso de contenidos que no se pueden dar. Además, este año se aumenta la oferta de plazas de 0 a 3 años y el Presupuesto de Educación, un +139%. Pero tenemos una educación deficiente, con demasiados repetidores y alumnos que abandonan, escasas habilidades (PISA) y estudios poco útiles, que nos llevan a un 40,9% de paro juvenil, un escándalo. Si no han conseguido pactar la Ley, al menos acuerden su aplicación en los próximos meses.

Enrique Ortega

La nueva Ley de Educación, la Lomloe, aprobada a finales de diciembre, es la 8ª que se aprueba en España con la democracia, tras dos aprobadas en los ochenta (1980 y 1985), dos en los 90 (1990 y 1995) y las tres anteriores de este siglo (en 2002, que no llegó a aplicarse, 2008 y 2013). Y como las anteriores, ha sido imposible el consenso político, aunque tiene más apoyos (7 grupos políticos) que la anterior Lomce, la polémica Ley Wert que el PP aprobó en solitario en 2013, gracias a su mayoría absoluta (182 votos). El problema ahora es que el Gobierno Sánchez ha tenido que pactar la Lomloe y eso ha tenido “dos costes” sobre el borrador inicial. Uno, que la Lomloe elimina el castellano como lengua vehicular, para conseguir el apoyo de ERC y el PNV, algo poco práctico a corto plazo (hay sentencias del Constitucional y el Supremo que garantizan la enseñanza en castellano), pero que ha dado un arma a la derecha contra la Ley. Y la otra, que se refuerza el control de la enseñanza concertada y la apuesta por la enseñanza pública, para contentar a los grupos de izquierda y conseguir también el apoyo de Más País, Compromis y ERC, además del PSOE, Podemos, PNV y Nueva Canarias (178 votos a favor de la Lomloe).

Al final, la Ley de Educación que ha salido era “la única posible” (vistas las alianzas),aunque PP, Vox y Ciudadanos la utilicen para atacar al Gobierno, convocar movilizaciones y colgarla una serie de “sambenitos”, con la ayuda de los colegios concertados, que han calado en muchas familias que no se han leído la Ley (ver BOE 30 diciembre 2020): no da libertad de elección de colegio a las familias (falso), quiere acabar con la educación especial (falso) o  ataca a la educación concertada (falso). Lo que cuestionan estas críticas es un modelo de enseñanza que apuesta por la escuela pública y la integración en los centros, con un cambio en el modelo de enseñanza que reduzca el fracaso escolar.

El primer gran cambio de la Lomloe entrará en vigor esta primavera, cuando las familias quieran reservar la plaza de sus hijos para el curso 2021-2022. Ahora, los criterios para entrar en un centro serán no sólo la cercanía y tener hermanos, sino también el nivel de renta. Con ello, la Ley trata de que los colegios concertados acepten niños de familias con bajos ingresos y niños inmigrantes, que ahora son sistemáticamente “desviados”  a los colegios públicos. Dos datos: el 79% de los niños inmigrantes están en centros públicos y lo mismo el 90% de los hijos de las familias más pobres. A cambio, los colegios concertados intentan “elegir a sus alumnos”, buscando clases media y altas, a los que cobran cuotas disuasorias. Y así, tenemos colegios públicos con alumnos que obtienen peores resultados y que además han sufrido los recortes y colegios concertados con alumnos de más nivel y con más recursos, porque la enseñanza concertada ha aumentado las subvenciones públicas.

Los datos son muy elocuentes. Año tras año, ha ido ganando peso la enseñanza concertada (25,60% de los alumnos) y privada (7.30%), a costa de la pública (67,10% de los alumnos no universitarios). Y hay cinco autonomías, las más ricas, donde el porcentaje de alumnos que van a la concertada es mayor: País Vasco (49,2% alumnos van a centros concertados o privados), Madrid (46,17%), Navarra (35,7%), Baleares (35,4%) y Cataluña (34,7% alumnos en la concertada y privada). Y mientras, el peso de la educación concertada  es mucho menor en los barrios y autonomías más pobres: Melilla (sólo el 16,7% alumnos van a la concertada), Castilla la Mancha (19,9%), Extremadura (19,7%), Ceuta (21,3%), Canarias (24%) y Andalucía (25,7%). Y en los últimos años, la enseñanza pública ha perdido 10.000 alumnos y la concertada ha ganado 50.000, gracias a las ayudas de algunas autonomías, según un informe de CCOO.

Esta “segregación” de la enseñanza, fomentada por la Ley Wert, ha deteriorado la calidad de la enseñanza pública, porque está demostrado que los niños de familias con bajos ingresos tienen un peor rendimiento educativo, lo que concentra en los centros públicos mayores porcentajes de repetidores (casi la mitad del total se dan en alumnos con padres que tienen estudios básicos) y de abandono escolar (el 29,7% de alumnos entre el 20% de familias más pobres y sólo el 4,1% de abandono en el 20% de familias más ricas), según un informe del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil.

Además de tener más alumnos desfavorecidos, educativamente más “problemáticos”, la enseñanza pública ha sufrido los recortes del Gobierno Rajoy, entre 2012 y 2015, mientras que los centros concertados veían aumentar sus subvenciones. Entre 2009 y 2018, los conciertos educativos que han pagado las autonomías a los colegios concertados han subido en +448 millones (+7,6%), de 5.891 a 6.339 millones, mientras los colegios públicos perdían -1.553 millones esos años, un -5% de sus recursos, en perjuicio de la calidad de su enseñanza. Y casi un tercio de ese aumento de ayudas a la escuela concertada se fue a Madrid (+146 millones, un +16,7%), que les trasvasó 51,2 millones más en 2019.

Este doble “rasero” entre enseñanza pública (más alumnos desfavorecidos y pocos recursos) y enseñanza concertada (alumnos de clase media alta, fuertes subvenciones y cuotas a los padres) es lo que quiere romper la Lomloe, tratando de repartir de forma más equitativa los alumnos y fomentando los centros públicos, no los concertados, que nacieron en 1992 (con Felipe González) para “complementar” la enseñanza pública (al ampliarse la enseñanza obligatoria de 14 a 16 años), no para sustituirla. Y eso ha provocado la rebelión de muchos colegios concertados, que temen por su negocio ahora que ha bajado la natalidad y no hay tantos nuevos alumnos. Y también muchos padres prefieren la segregación actual, poder elegir colegios mejores,  donde no haya niños pobres ni inmigrantes. Esa es la cacareada “libertad de elección de colegio” que defienden algunos: una enseñanza pública con peores alumnos y mal financiada y una concertada de más calidad y subvencionada.

Otro cambio que ha sido manipulado es el de la educación especial, la educación de los niños con discapacidad. Actualmente, la mayoría de estos 35.000 niños con problemas asisten a centros de educación especial y si sus padres quieren integrarlos en colegios “normales”, tienen muchas dificultades. Eso incumple la Convención sobre los derechos de las personas discapacitadas de la ONU, que España ratificó en 2008. La Lomloe da un plazo de 10 años para que los centros educativos “normales” se preparen para acoger paulatinamente a estos alumnos discapacitados en sus colegios, “salvo cuando sus necesidades exijan ser atendidas en centros especiales”, que seguirán existiendo (hay 480). Y siempre, con la opinión de los padres, que ahora no pueden muchas veces elegir llevarlos a colegios “normales”.

La Lomloe supone dos cambios más, a partir de la próxima semana. Uno, da mayor autonomía a los centros escolares en su organización y planificación educativa. Y el otro, da más competencias al Consejo escolar (profesores, familias y alumnos a partir ESO), que perdió competencias con la Ley Wert y ahora participará en la elección del Director y en la aprobación del proyecto educativo y la programación del centro.

Otros cambios de la Lomloe no se aplicarán hasta el curso que viene, el 2021-2022. El principal será el cambio en los “currículos”, en los programas educativos, que ahora son demasiado extensos y obligan a los profesores a una carrera contra reloj para impartirlos antes de junio (dejando a muchos alumnos por el camino). Los nuevos programas, que se introducirán paulatinamente en los dos próximos cursos,  serán más cortos y menos “enciclopédicos”,  basados menos en la memoria y más en el fomento de habilidades, en “enseñar al alumno a aprender”. El Ministerio de Educación ha invitado a las autonomías a elaborar estos futuros programas, que serán también de responsabilidad autonómica un 50% (el 45% en regiones sin lengua propia). Y se prevé que los centros puedan también decidir una parte de estos programas (en Portugal deciden el 25% de contenidos y funciona muy bien).

Junto a esta tarea, de fijar nuevos contenidos, la Ley contempla la posibilidad de fusionar asignaturas (hay alumnos que al pasar a la ESO tienen más asignaturas que años) y quita peso a la asignatura de Religión no cuente para selectividad y becas y pueda elegirse en su lugar una asignatura de Valores cívicos y éticos. Además, se eliminan los itinerarios educativos que desviaban en 3º de la ESO a la FP a los alumnos con malos resultados, incluyéndolos en un programa de diversificación curricular que les permita terminar la ESO. Y se suprimen también las reválidas de la Ley Wert (4º Primeria y 2º ESO), sustituyéndolas por 4 pruebas diagnósticas del sistema educativo (dos para todos los alumnos, en 4º primaria y 2º de la ESO y dos para una muestra de alumnos, de 6º primaria y 4º ESO), que servirán para evaluar la enseñanza, al estilo del informe PISA, sin calificaciones para los alumnos. Y también se limitan las repeticiones: sólo se podrá repetir una vez en Primeria y dos veces en toda la enseñanza obligatoria, con lo que los alumnos no repetirán automáticamente con 2 suspensos, sino que lo decidirán los equipos docentes, buscando lo mejor para cada alumno. Porque hoy, las muchas repeticiones (el 28,7% de los alumnos de 15 años)  son la antesala del fracaso escolar y tienen un alto coste: 3.340 millones al año, según Educación.

Además de estos cambios, la Lomloe apuesta por 3 cambios a medio plazo. Uno, aumentar las plazas públicas para la educación infantil, de 0 a 3 años. El Plan es aumentar en 8 años el porcentaje actual de plazas públicas (34%) al 55%, aumentando plazas en Ayuntamientos y autonomías, con 600 millones del Presupuesto en los próximos 3 años (en 2021 ya se gastarán 200 millones en crear 21.794 plazas de educación infantil). El segundo, crear un nuevo modelo de profesorado, aprobando en un año cambios en la formación universitaria de los profesores (quizás con una selectividad específica, como en Finlandia y Cataluña), renovando el sistema de oposiciones, mejorando la carrera profesional y quizás introduciendo el sistema de “prácticas tuteladas”, una especie de MIR como el de los médicos para profesores. Y el tercer cambio de calado de la Lomloe, el compromiso de aumentar el gasto en enseñanza, para que pase del 4,3% actual al 5% del PIB que tienen muchos paises de la OCDE, lo que supondría gastar 10.000 millones de euros más al año en educación.

De momento, este año 2021, el Presupuesto en Educación es uno de los que más crece, un +139%, dedicando 5.697 millones de gasto del Estado (más 42.500 millones las autonomías, que cargan con el grueso del gasto educativo). La mitad se destina a tres partidas: becas y ayudas, que suben 515 millones (+35%), la mayor dotación de la historia (2.090 millones), el aumento de plazas en la educación infantil (+200 millones) y la digitalización de la enseñanza (1.013 millones), para aportar 750.000 dispositivos a los centros y facilitar la enseñanza digital, muy retrasada: de los 28.000 centros públicos y concertados, 3.000 no cuentan con Internet de alta velocidad (sobre todo en Madrid, Barcelona y la España vaciada).

Hasta aquí lo fundamental de la nueva Ley de educación, la Lomloe, que ahora tiene que concretarse y aplicarse, en los dos próximos cursos, con el firme rechazo de las autonomías del PP, en especial Madrid y Murcia, aunque no tanto Castilla y León, Galicia y Andalucía (su consejero, Javier Imbroda, ha dicho que “la educación concertada no corre ningún peligro con la Ley Celáa”). Lo importante sería que si no se ha pactado la Ley, al menos se pacte lo más posible su aplicación, para mejorar la situación de la enseñanza en España, que es bastante deficiente. Basten algunos datos: lideramos el porcentaje de repetidores (28,7% de los jóvenes de 15 años han repetido frente al 13% en Europa y el 11,4% en la OCDE) y de abandono escolar temprano (17,3% jóvenes 18 a 24 años sólo tienen la ESO o ni siquiera, frente al 11,9% en Europa), mientras el 24,7% de los que hacen la ESO no terminan Bachillerato ni FP (el 16,6%) en Europa. Los alumnos de 15 años (4º ESO) sacan bajas  notas en comprensión lectora, ciencias y matemáticas (informe PISA 2018) y los alumnos de 10 años (4º Primaria) tienen un conocimiento deficiente en Ciencias y Matemáticas (Informe TIMSS 2019).

La primera consecuencia de esta deficiente educación, muy memorística y poco práctica, es que los jóvenes españoles tienen muy difícil trabajar: sólo están empleados (18-24 años) el 21,4%, frente al 29,9% en la UE y el 33,2% en la OCDE, según el Panorama de la Educación 2020 de la OCDE. Un 58,8% de esos jóvenes siguen estudiando (parecido al 57,5% de la UE y el 52,7% de la OCDE), pero tenemos muchos más jóvenes parados: el 19,7% ni estudia ni trabaja (son los “ni-nis”), frente al 12,9% en la UE y el 14,3% en la OCDE, con datos de 2019. Y si contamos los jóvenes de 16 a 25 años, el 40,9% están parados en España, frente al 17,7% en la UE-27, según Eurostat (2020). Un dato tremendo, que refleja el doble fracaso, de nuestro sistema educativo y nuestro modelo económico.

Con esta Ley educativa o con otra, habrá que mejorar la enseñanza en España, que sigue siendo muy discriminatoria (familias pobres e inmigrantes concentradas en centros públicos), clasista (el 45% de los hijos de padres con estudios básicos se quedan en ese nivel: no funciona el “ascensor social”), muy desigual por autonomías (en el gasto y en los resultados, según el informe PISA), demasiado memorística y poco útil para conseguir un trabajo. Habrá que cambiar programas, contar con profesores mejor preparados, tener más medios y más presupuesto. Y contar más con los profesionales y los centros, despolitizando la gestión educativa. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos y nietos.  

Pandemia: la Navidad trajo la 3ª ola

 

Por fin acabaron las fiestas, donde la mayoría de españoles intentaron “salvar la Navidad”, viajando a ver a su familia (“con papeles”), comprando regalos y comida (“con mascarilla”), paseando por calles iluminadas (“con distancia”) y comiendo y cenando con familiares (“repartidos y con cuidado”). El coste de “no quedarse en casa por Navidad” es muy explícito: 368.460 contagios nuevos (10.000 diarios) y 6.164 muertos (162 muertos cada día), entre el 1 de diciembre y el 7 de enero. Y falta recoger “los frutos” de Nochevieja y Reyes. Estamos en la 3ª ola, con un nivel de contagios “extremo” (350 por 100.000 habitantes), superando a Italia, Alemania y Francia. Ahora, el Gobierno rechaza un confinamiento estricto y las autonomías campan a su aire, unas cerrando parcialmente y otras abriendo (Madrid). Todo apunta a que así seguiremos, con más contagios y muertos hasta el verano. O más tarde si se retrasan las vacunas. Y como la pandemia sigue imparable, la economía no se recupera. No aprendemos.

Enrique Ortega

La COVID 19 ha cumplido su primer año de existencia y la pandemia sigue imparable, batiendo récords: supero ya los 800.000 contagios diarios (862.260 el 7 de enero) y los 15.000 muertos al día (29 y 30 de diciembre o 5 de enero), según las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins. Hoy son ya 90.293.028 contagiados en 191 paises, destacando el alcance de la pandemia en América (38.861.668 contagiados), Europa (28.794.000 contagiados), sudeste de Asia (12.257.684), Oriente Medio (5.149.132), África (2.135.878) y Pacífico (1.184.664), según la OMS. Por paises, los más afectados son EEUU (22.295.028 contagiados), India (10.466.595), Brasil (8.105.790), Rusia (3.366.715), Reino Unido (3.081.368), Francia (2.840.864), Turquía (2.326.256), Italia (2.276.491), España (2.050.360) y Alemania (1.929.410), seguidos de Colombia (1.786.900), Argentina (1.722.217), México (1.534.039), Polonia (1.385.522), Irán (1.286.406), Sudáfrica (1.231.597), Ucrania (1.154.553), Perú (1.026.180), Paises Bajos (885.098), Chequia (835.454), Indonesia (828.026), Rumanía (671.284) y Bélgica (664.606) contagiados), según la Universidad Jhons Hopkins.

También aumentan imparables las muertes por la COVID 19, que ascienden hoy a 1.935.060 fallecidos en todo el mundo, concentrados en América (910.741 muertos) y Europa (626.726 fallecidos), según la OMS. Por paises, destaca la mortalidad en EEUU (374.329 muertos, con el récord de superar las 4.000 muertes el 8 de enero: más que en los atentados del 11-S), Brasil (203.100), India (151.160), México (133.706), Reino Unido (81.567), Italia (78.755), , Francia (67.885), Rusia (60.963), Irán (56.171), España (51.874 muertes el 8 de enero, según Sanidad: somos el 12º país con más muertes COVID por millón de habitantes), Colombia (46.114), Argentina (44.495), Alemania (40.939), Perú (38.049), Sudáfrica (33.163), Polonia (31.189), Indonesia (24.129), Turquía (22.807), Ucrania (20.709) y Bélgica (20.078 muertos), según la estadística de la Universidad Jhons Hopkins.

Con este panorama, la 3ª ola de la pandemia sigue preocupante en Europa, donde continúa el rebrote de nuevos contagios diarios en Reino Unido (+52.618 contagios y 1.172 muertes el viernes 8),  en Francia (+21.703 contagios y 277 muertes diarios), Alemania (+31.849 contagios y 1.188 muertes el viernes 8), Polonia (+12.119 contagios y 186 muertes), Chequia (+17.773 contagios y 185 muertes), Paises Bajos (+7.099 contagios y 174 muertes), Portugal (+9.927 contagios diarios y 95 muertes) o Bélgica (+2.997 contagios diarios y 56 muertes), según Sanidad. España, con 25.456 nuevos contagios el viernes 8 de enero (la segunda más alta de toda la pandemia), ha pasado de ser el 2º país UE con menos contagios (tras Irlanda), hace dos semanas, a tener ahora una tasa de contagios (350 por 100.000 habitantes) superior a la de Francia (298), Alemania (306), Italia (349,6), Austria (328,8), Polonia (308) y Bélgica (171 por 100.000 habitantes).   

Con este repunte de contagios, iniciado el viernes 11 de diciembre (189,5), España mantiene una tasa de contagios recientes (350 por 100.000 habitantes) considerada de “riesgo extremo”, según los semáforos de Sanidad, al superar los 250 contagiados/100.000 habitantes. Y lo peor es que hay 13 autonomías en situación de “riesgo extremo” (antes de Navidad eran sólo 6): Extremadura (799 contagios recientes por 100.000 habitantes), Baleares (546 por 100.000), Madrid (507, más del doble que antes de Navidad), Cataluña (435), Castilla la Mancha (453), La Rioja (424), Comunidad Valenciana (393), Melilla (326), Castilla y León (326), Murcia (293), Aragón (322), Ceuta (275) y Navarra (253 contagiados por 100.000 habitantes), según Sanidad. Y del resto, han empeorado Cantabria (248), Galicia (243), el País Vasco (220) y Andalucía (197), las 4 autonomías en “riesgo alto”, librándose solamente Canarias (133 contagiados/100.000) y Asturias (151), ambas con “riesgo medio”.  

Este aumento de contagios es especialmente preocupante en Madrid (salta de 190 contagios por 100.000 habitantes el 9 de diciembre a 507 el 8 de enero) y Cataluña (que salta de 187 contagios a 435 el viernes 8 de enero), porque ambas concentran el 40% de todos los contagios registrados en España. Y el repunte se produce a pesar de que esta Navidad se han hecho menos pruebas (PCRs y test) muchos días, por ser festivos o estar los centros de salud cerrados o con personal de vacaciones. Se hicieron 857,960 pruebas del 30 al 6 de diciembre, pero bajaron en 778.933 la semana siguiente (por el 8 festivo), subieron la siguiente (14 al 20 diciembre) a 967.677 (la gente quería “viajar con su PCR hecha”) pero luego bajaron a 770.982 (25 al 31) y a 804.158 (del 29 al 4 de enero). Y preocupa además que se  haya duplicado el porcentaje de positivos: el 14,09% ahora frente al 7,7% el 14 de diciembre.

La cifra de hospitalizados sigue al alza en el último mes (de 12.552 el viernes 4 de diciembre a 14.951 este viernes 8 de enero, con una tasa de ocupación del 12,22% de las camas públicas. (Sanidad considera “riesgo alto” una ocupación del 10 al 15%). Y preocupa el “riesgo extremo” (ocupación superior al 15%) en Ceuta (23,34 % camas ocupadas por enfermos COVID), Canarias (16,22%) y Extremadura (15,17% ocupación camas). Los ingresados en UCIs han bajado, pero poco (de 2.371 el 4 de diciembre a 2.318 este viernes 8 de enero). Y ocupan ya el 24,05% de las camas UCI disponibles, aunque el riesgo es “extremo” (más del 25%) en 6 autonomías: Extremadura (38,80 % camas UCI ocupadas por enfermos COVID), Castilla la Mancha (35,76%), Ceuta (35,61%), Comunidad Valenciana (35%), Castilla y León (32,05%) y Canarias (26,25%).  

Lo más preocupante es que sigue habiendo muchas muertes: +1.037 la última semana larga (jueves 31 diciembre al viernes 8 de enero), una media de 129 muertes diarias (126 diarias la semana anterior, de Navidad, y 196 diarias la semana del puente de la Constitución). Y los mayores aumentos de mortalidad se concentran en la Comunidad Valenciana (+222 muertos del 31 de diciembre al 8 de enero), Andalucía (+128 muertos los últimos 8 días), Madrid (+143), Cataluña (+105 muertos), País Vasco (+75) y Castilla y León (+62 muertos). Ya se han producido 19.200  nuevas muertes en los últimos 3 meses, más de un tercio del total (51.874 muertes oficiales por COVID 19). La mortalidad sigue alta  porque aumenta la edad de los contagiados y vuelve a haber rebrotes en las residencias de ancianos, origen de 28.600 muertes, el 55% del total en esta pandemia. Y algunos expertos advierten que el “pico” de muertes por COVID se dará este mes de enero.

Hecho el balance de contagios, hospitalizados y muertos, parece evidente que avanzamos en la 3ª ola de la pandemia, iniciada el 11 de diciembre y agravada con la Navidad. El 7 de diciembre publicaba en este blog un artículo titulado “El dilema de la Navidad: fiestas o vidas”. Y vaticinaba que la Navidad podría "costarnos" 7.000 muertos. Hoy, pasadas estas fiestas, ya se puede ver el trágico balance de lo que muchos españoles han escogido: “salvar la Navidad”, no renunciando a viajes, salidas a la calle y a tiendas o reuniones y comidas de amigos y familiares (eso sí, con el autoengaño de que “tomaban precauciones”). Los datos publicados por Sanidad son explícitos: 368.460 nuevos contagiados (10.000 diarios) y 6.164 muertos (162 cada día) entre el 1 de diciembre y el 7 de enero de 2021. Un trágico balance que pudo evitarse. Y falta la factura, en contagios y muertos, de Nochevieja y Reyes, que aún no se refleja en las cifras de Sanidad.

No hemos aprendido nada de esta pandemia, aunque se cumplen 9 meses del inicio del confinamiento. Empezamos la desescalada, el 22 de junio (tras más de 3 meses encerrados), con la pandemia bajo control: 125 contagios diarios, 8,3 contagios nuevos por 100.000 habitantes y 6 muertes diarias (22 junio). Pero nos dedicamos a viajar y a ir de vacaciones como si nada, a “salvar el turismo y la economía” pero no la salud. Y el 29 de julio ya superamos los 50 contagios por 100.000 habitantes. El 31 de agosto ya habíamos cuadruplicado los contagios (205,53), con un máximo de 294,04 contagios el 29 de septiembre). Con el final de las vacaciones, en la primera quincena de octubre se estabilizan los contagios, pero enseguida vuelven a subir, hasta alcanzar la 2ª ola un pico el 4 de noviembre, con 528,75 contagios por 100.000 habitantes, 63 veces la tasa del inicio de la desescalada (ver gráfico evolución incidencia). El 25 de octubre, el Gobierno Sánchez decreta un nuevo estado de alarma (hasta mayo), para amparar legalmente que las autonomías tomen medidas más duras contra esa 2ª ola (cada una a su aire). Y se rebajan los contagios a un nuevo mínimo el 10 de diciembre: 188,72 contagios por 100.000 habitantes. Pero no aprendemos y se rechaza adoptar medidas duras ante la Navidad: en vez de forzar que nos quedemos en casa, se habla de “salvar la Navidad”. Y en menos de un mes, los contagios pasan de 188,72 a los 350 del viernes 8, que llegarán otra vez a 400 en los próximos días.

Tras esta evolución de la pandemia, estando en plena 3ª ola, los expertos y epidemiólogos lo tienen claro: lo único efectivo para frenar la curva y bajar los contagios de 25 sería confinar el país 6 semanas. Pero el Gobierno no quiere proponer un confinamiento domiciliario, como le pedía Castilla y León, según ha confirmado el ministro Salvador Illa. Y estos días, las autonomías tratan de reforzar las medidas, sobre todo en Castilla y León (confinamiento perimetral hasta mayo), Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Extremadura, Baleares, Andalucía y Aragón, mientras Madrid (la 3ª autonomía con más contagios) abre su confinamiento perimetral y mantiene un inútil confinamiento por zonas (a 1,2 millones de madrileños). Otra vez más, se rehúye tomar  medidas más estrictas (como han hecho Reino Unido, Alemania o Francia) y se intenta bajar poco a poco los contagios, que seguirán elevados (por encima de 200) uno o dos meses más, hasta que se noten los efectos de las vacunaciones en residencias y hospitales.

La gran esperanza de doblegar la pandemia son las vacunaciones. Pero van más lentas de lo necesario. Se inició el domingo 27 de diciembre y en la primera semana sólo se habían administrado el 11,5% de las dosis recibidas de Pfizer Biontech (1,3% en el País Vasco, 1,7% en Baleares o Murcia, 3% en Madrid, 5,3% en Comunidad Valenciana, 6,8% en Cataluña  y 18,4% en Andalucía, frente al 52,5% en Canarias, Ceuta y Asturias). Y aunque ha mejorado la vacunación en la 2ª semana, todavía va lenta: se han administrado el 37,4% de las dosis recibidas (277.976 de 743.925), con datos de Sanidad del viernes 8, que revelan un gran retraso en Madrid (14,3%), Cantabria (19,7%), Extremadura (21,8%), Comunidad Valencia (26,1%) y Cataluña (32%), aunque van mejor en Asturias (75,2%%), Melilla (67%), Galicia (65,9%), Ceuta (63,4%) y Andalucía (49,5%).

El retraso en la vacunación, que se podía haber preparado con tiempo (el presidente Sánchez lo anunció el 22 de noviembre), revela el problema de fondo de esta pandemia: la falta de medios sanitarios y los fallos de planificación. Poner 1 millón de vacunas a la semana durante 33 semanas exige una programación meticulosa y sobre todo personal que vacune, en residencias, hospitales y centros de salud, personal que habría que haber contratado o reservado exclusivamente para esta tarea, 7 días a la semana, las más horas posibles. Porque no puede apoyarse esta masiva vacunación en enfermeras y personal que hacen otras tareas ni buscar “atajos”, como Madrid, subcontratando la vacunación con la Cruz Roja.

Si la vacunación se retrasa, como se teme en España, Europa y en todo el mundo, se retrasa también el final de la pandemia y la recuperación de la economía. El Banco Mundial ha alertado estos días que la economía mundial crecería este año 2021 la mitad (en vez del +4%, el 1,6%) si los paises retrasan la vacunación. Y además, la 3ª ola, que es ya un hecho, va a retrasar en toda Europa y en España la recuperación de la actividad y el consumo, que se esperaba incluso para finales de 2020 y no llegó apenas. Todo apunta a que la economía va a crecer poco este primer trimestre de 2021, algo más el 2º y sólo se recuperará de verdad en el verano, dependiendo de la evolución de los contagios y del porcentaje de españoles que estén vacunadas (hacen falta dos tercios al menos).

Si la 3ª ola está ya aquí y la vacunación se retrasa, habrá que mantener varios meses más las restricciones en la movilidad y en algunos negocios, como hostelería, comercio y turismo. Y eso puede ser la puntilla para muchas pymes, que llevan meses facturando la mitad o menos y con los costes casi iguales. Eso puede aumentar los cierres de bares, restaurantes, comercios, agencias de viajes y hoteles en los próximos meses, por lo que urge prorrogar los ERTEs (se ultima ampliarlos hasta el 31 de mayo) y ampliar las ayudas a negocios y familias, a costa de un mayor déficit público. El propio Banco de España ha advertido de que la tercera ola de contagios podría agravar las pérdidas de las empresas (estima que la mitad han tenido pérdidas en 2020 y hasta un 75% en algunos sectores) y esto podría provocar problemas financieros en un 40% de las empresas, que no ingresan lo suficiente para pagar intereses. Por ello, pide flexibilizar la devolución de los créditos ICO y mantener la moratoria para evitar que muchas empresas entren en concurso de acreedores.

En resumen, que la 3ª ola provocada por la Navidad no sólo daña la salud y mata a 162 personas cada día, sino que daña a la economía y pone en apuros a miles de empresas y empleos, que no podrán sobrevivir en 2021 si no se contienen los contagios y si no se mantienen y amplían las ayudas públicas. Hay que volcarse en doblegar la curva, aprender de los errores de la desescalada y de la Navidad para no repetirlos en abril (“hay que salvar la Semana Santa) y en verano (“hay que salvar el turismo”). Lo que hay que salvar son vidas, porque sólo así se salvan empresas y empleos. Y para eso, hay que ser más estrictos en la movilidad y los confinamientos y vacunar contra reloj. Nos quedan todavía 6 meses duros, en los que no podemos bajar la guardia otra vez. Seamos serios.

El paro se enquista con la pandemia

 

La pandemia se llevó por delante más de un millón de empleos entre marzo y mayo, pero luego se recuperaron dos tercios, cerrando 2020 con 360.000 afiliados menos a la SS. Y eso gracias a los 755.613 trabajadores “aparcados” en ERTES, sobre todo en Baleares y Canarias y en la hostelería (un tercio). El paro empeoró más en 2020, aumentando en 724.532 desempleados. Y se ha cebado en los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes, otra vez los “paganos” de esta crisis, junto a los servicios (hostelería, comercio y turismo), Baleares, Canarias, Cataluña y  Madrid. Lo peor es que casi la mitad de parados llevan más de un año sin trabajo y cada vez tienen peor encontrarlo. Si el empleo y el paro han ido mal en 2020, se teme que vayan peor en 2021, si se acaban ERTES y ayudas. Urge aprobar un Plan de choque contra el paro, centrado en jóvenes, mujeres y parados de larga duración, los que más sufren esta recesión.

Este artículo hace el nº 1.000 de los publicados en este blog (desde 2010)

Enrique Ortega

Cuando nos cayó encima el coronavirus, España llevaba 6 años seguidos creando empleo neto (2014-2019). Y teníamos casi 20 millones de españoles ocupados (19.966.900) a finales de 2019, por lo que se esperaba recuperar en 2021 el nivel de empleo anterior a la crisis (20.753.400 ocupados en septiembre de 2007, según la EPA). Pero la COVID 19 provocó una conmoción en el comercio mundial y obligó a un confinamiento que se llevó por delante más de un millón de empleos (-1.118.547 afiliados a la Seguridad Social) sólo entre marzo (-356-703), abril (-691-054) y mayo (-70-790 afiliados). En junio, con la desescalada, las empresas volvieron a recuperar a sus trabajadores y estos 7 meses, de junio a diciembre, ha crecido la afiliación a la Seguridad Social, recuperando dos tercios de los empleos perdidos (758.095). Con todo, el balance es negativo y 2020 se ha despedido con 360.452 afiliados menos a la SS que en 2019, en total 19.066.444 afiliados, según el Ministerio.

La caída de la afiliación (-1,86%) ha sido generalizada en toda España, salvo en 2 regiones que cerraron el año con más afiliados a la SS: Castilla la Mancha (+0,54%) y Murcia (+0,38%). Y las autonomías que perdieron más empleos fueron Canarias (-5,53% afiliados) y Baleares (-4,18%). Por sectores, los más dañados han sido la hostelería (ha perdido -19,3% de afiliados) y las actividades artísticas, ocio y entretenimiento (-15,60%). Eso en cuanto al empleo finalmente perdido. Pero además, la pandemia ha provocado que en 2020 se hicieran un tercio menos de contratos (15.943.061, 6,5 millones menos que el año 2019) y que esos menores contratos sigan siendo muy precarios: sólo un 9,69% fueron contratos indefinidos y un tercio han sido a tiempo parcial, según Trabajo. De hecho, en 2020, sólo un 5,8% de los contratos firmados fueron “decentes” (indefinidos y a jornada completa).

El balance del empleo en 2020 (-360.452 afiliados menos a fin de año) hubiera sido mucho peor si no se hubieran “aparcado” trabajadores en los ERTES, uno, dos, tres o varios meses, figurando como “ocupados”, pagando sus cotizaciones y abonándoles un 70% del sueldo con cargo a la Seguridad Social. A finales de abril había 3.615.000 trabajadores en ERTES, que sin este “colchón” serían parados. A partir de mayo y sobre todo de junio, la cifra ha bajado y se cerró diciembre con 755.613 trabajadores en ERTEs, 2,6 millones menos que a finales de abril. Estos trabajadores en ERTE (el 5,2% de los afiliados a la SS) están muy concentrados, ya que casi un tercio están en la hostelería (241.390, el 30% de todos los afiliados en ese sector) , hoteles y comercios (ver reparto por sectores) y casi 1 de cada 7 en Canarias (79.206, el 12% de los trabajadores canarios) y Baleares (30.986, el 9,9% de afiliados), según el Ministerio. Ahora, Gobierno, sindicatos y patronal tendrán que negociar una nueva prórroga para estos ERTEs, porque la anterior se termina este 31 de enero.

Vista la caída del empleo y el parche de los ERTEs, el balance de la pandemia ha sido peor para el paro, porque el año 2020 cerró con 3.888.137 desempleados, 724.532 parados más que a finales de 2019, según publicó Trabajo este martes. Es la 2ª mayor subida del paro en nuestra historia reciente, tras el récord de aumento del desempleo en 2009 (+794.640 parados), por la anterior crisis. Y se rompe una racha de 7 años consecutivos de caída del paro, iniciada en 2013. Un aumento del desempleo que ha sido mayor entre las mujeres (+389.912 paradas en 2020) que entre los hombres (+304.620 parados), aunque en porcentaje aumentan su paro algo menos (+21,4% frente a +22,93% los hombres). Y el paro se ha vuelto a cebar también en los jóvenes, sobre todo entre las chicas más jóvenes, y en los inmigrantes (+167.086 parados en 2020, un aumento del 41,95%).

Si el paro registrado total ha aumentado en 724.532 personas (+22,9%), el paro de los jóvenes (16-30 años) ha crecido casi el doble, un +40,83%, con 213.923 jóvenes más sin trabajo. Eso significa que un 30% de todo el aumento del paro en 2020 se lo han llevado los jóvenes. Con ello, a finales de diciembre había 737.809 jóvenes (16-30 años) apuntados en las oficinas de empleo, el 19% de todos los parados, según Trabajo. Dentro de los jóvenes, los que más han aumentado su paro son los menores de 25 años (+116.291 parados que hace un año), cuyo paro ha aumentado con la pandemia un +47,14%, más de doble que el conjunto del paro (+22,9%). Y también crece más que la media el paro de los jóvenes de 25 a 29 años (+35,22%), que ha aumentado en otros 97.632 parados. El resto de edades han sufrido un aumento del paro menor: creció un +24,98% entre los que tienen 30 a 44 años (+250.568 parados más) y sólo un +15,89% los mayores de 45 años (+260.041 parados en 2020).

Junto a las mujeres, los inmigrantes y los jóvenes, los que han sufrido un mayor aumento del paro en 2020 son los que trabajaban en los servicios (+506.084 parados, un aumento del +22,85%), los que no tenían trabajo antes, la mayoría jóvenes (+92.872 parados, +35,9%), la construcción (+44.133 parados, +16,11%), la agricultura (+41.178 desempleados, +29,2%) y la industria (+40.265 parados,+14,6%), según los datos de Trabajo. Y el nuevo paro de la pandemia se ha repartido muy desigualmente por España: ha aumentado más que la media en Baleares (+38%, +23.218 parados), Canarias (+29,38%, +61.188 parados), Cataluña (+28,2%, +109.487 parados), Madrid (+27,46%, +93.184 parados), Aragón (+27%, +17.509 parados) y Andalucía (+24,6%, +191.503 parados). Y además de las provincias canarias y Baleares, sorprende la fuerte subida del paro en Huesca (+41,7%), Málaga (+32,9%), Girona (+31,6%), Segovia (+31,4%), Teruel (+31,2%) y Lleida (+30,07%).

Una preocupante cicatriz de la pandemia en el desempleo es que ha disparado el paro de larga duración, el número de personas que llevan más de un año sin encontrar trabajo. Si en 2019 ya suponía el 38,75% de todo el paro (1.225.961 parados), en 2020 se ha disparado su peso, hasta el 42% de todo el paro en octubre, según un estudio de Trabajo: 1.630.000 parados de larga duración, unos 400.000 más que antes de la pandemia. Y se estima que en diciembre serán ya 465.000 parados de larga duración más, en total 1.690.961 parados que llevan más de un año sin poder trabajar, casi la mitad del total de parados.

Esto tiene dos problemas. Uno inmediato: que muchos parados pueden perder el subsidio de paro que reciben, al cumplirse el plazo máximo para recibirlo. De hecho, en noviembre de 2020 sólo cobraban algún tipo de ayuda 2.381.723 parados, el 61,84% del total, un porcentaje similar al 61,4% que cobraban algo en noviembre de 2019. Eso significa que 1 de cada 3 parados registrados no cobra ninguna ayuda. Y de los 2 que sí lo cobran, la mitad (1.238.890 parados) cobran un subsidio contributivo (de 862,50 euros ahora) pero la otra mitad (1.142.833 parados) cobra sólo un subsidio asistencial de 420,37 euros mensuales.

El otro problema de que casi la mitad de los parados lleven más de un año sin trabajar (y de ellos, 850.000 parados lleven más de 2 años desempleados) es que tienen muy difícil encontrar un empleo, porque las empresas no quieren parados que lleven mucho tiempo desconectados. Y además, tampoco ayuda su baja formación: el 42% de estos parados de larga duración tiene sólo estudios primarios (o ni eso) y otro 28,57% tiene sólo la ESO, según un informe de Trabajo, con lo que el 70% están poco formados, una rémora para colocarse. Y otro problema es su edad: el 70% de los parados de larga duración tienen más de 45 años (y lo peor: un 39,8% tienen más de 55 años: no pueden trabajar ni jubilarse).

Ya hemos visto las secuelas de la pandemia en el empleo y el paro en 2020, que han sido peores para las mujeres, los jóvenes (el 40,4% de los menores de 25 años estás parados), los inmigrantes y los mayores de 45 años. El problema ahora es que los daños sobre el empleo y el paro en 2021 podrían ser peores, según han alertado muchos expertos, que temen el final de los ERTEs y las ayudas a empresas y autónomos, que podrían provocar quiebras, cierres y más despidos. Y además, si se frenan los contagios y la economía repunta, a partir del verano, habrá más personas buscando trabajo, porque muchos no lo buscan ahora, sabiendo que está muy difícil. La paradoja es que si la economía mejora, habrá menos “desanimados” y más personas buscando trabajo. 

Y como no se espera poder crear más de 300.000 empleos en 2021, volvería a aumentar el paro este año. La última previsión de la Comisión Europea es que el paro en España suba del 16,7% de 2020 al 17,9% en 2021, lo que supondría unos 400.000 parados más. Y si antes pensábamos en que podríamos recuperar el empleo de 2007 en un par de años, para 2021, ahora no se cree que sea posible recuperar el empleo de antes de la anterior crisis hasta 2026, según el estudio del catedrático Josep Oliver. Dentro de 6 años.

Queda mucho para eso. Ahora hay que pensar en 2021 y en que se cree más empleo y empeore lo menos posible el paro, tratando de extirpar el quiste del paro de larga duración. Para ello, hay que avanzar por tres vías. La primera, reanimar la economía con el gasto y las inversiones del Presupuesto 2021, incluidos los primeros 26.600 millones de los Fondos europeos, un dinero que debería ayudar a crear empleo, junto a una mejoría del consumo, que va a depender mucho de que las familias pierdan el miedo y de que las empresas no recorten los salarios este año en que suben las pensiones y los sueldos de los funcionarios. La segunda vía por la que avanzar es mantener las ayudas actuales a empresas y familias e incluso plantearse otras nuevas si hay sectores (turismo, hostelería y comercio) que tardan en despegar, para evitar cierres de empresas y más paro.  Y tercera y clave, reformar de una vez las oficinas de empleo, para que ayuden a los parados a buscar empleo, mejorando y ampliando los cursos de formación y dándoles acompañamiento profesional para colocarse.

Pero además de estas medidas de fondo, urge aprobar un Plan de choque contra el paro, pactado con patronal y sindicatos, para estudiar incentivos a la contratación de los parados que tienen más difícil trabajar, en especial jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, con medidas específicas para los que llevan más de un año en paro. Hay que volcarse en estos “parados más antiguos”, esos 1.700.000 parados que lo tienen más difícil, el colectivo donde se ha enquistado el paro. Si ya lo tenían difícil antes, lo tienen peor ahora con la pandemia. Hay que recolocarles como sea, con formación y ayudas. No podemos dejarlos atrás.

Bajan otra vez los medicamentos

El 1 de enero bajaron 1.292 medicamentos que se venden en farmacias y utilizan los hospitales, una bajada que se repite cada año (2 veces en 2019) para reducir la factura farmacéutica. Sin mucho éxito, porque el gasto sube desde 2014, al haber más personas mayores, más enfermos crónicos y nuevos fármacos más costosos. Y ojo a los riesgos de estas bajadas, que sólo notaremos en unos céntimos. Porque el ahorro que suponen (170 millones) hundirá más las cuentas de muchas farmacias y fomenta unos bajos precios de muchos  medicamentos que provocan desabastecimientos: muchos se exportan a paises donde les pagan hasta un 30% más y otros se dejan de fabricar porque a los laboratorios ya no les compensa. Con la mitad de las medicinas costando menos de 3,5 euros (y que pagamos entre 35 céntimos y 1,70 euros), hay que tener cuidado con estas rebajas de precios anuales: racanear puede traernos problemas, con las farmacias y la investigación de nuevos fármacos. Al final, lo barato es caro.

El gasto farmacéutico es una obsesión de todos los Gobiernos y sobre todo de las autonomías, que son las que tienen que pagar la mayor parte de la factura (la otra parte la pagamos casi todos con los copagos). Por eso, en las últimas dos décadas se aplica el sistema de precios de referencia, creado en 1997 para pagar menos a los laboratorios por los medicamentos: la sanidad pública (el SNS) sólo financia un precio máximo por cada medicamento recetado y si el fármaco tiene un precio superior, el farmacéutico está obligado a suministrar al paciente un medicamento más barato, preferentemente genérico (con la patente caducada). Es una forma de presionar a la baja los precios de los medicamentos de marca y forzar a la venta de genéricos (más baratos), que sólo suponen en España el 40% de los medicamentos vendidos y el 21% de las ventas.

En los primeros años, apenas se utilizó esta rebaja de los precios de referencia. Y en 2009 se batió el récord de gasto farmacéutico, con casi 1.000 millones de recetas y 12.506 millones de euros de gasto sólo en farmacias, más otros 4.000 millones en hospitales. A partir de 2010 se empezaron a bajar año tras año los precios de referencia, lo que rebajó la factura, pero poco: 11.135 millones de gasto en farmacia en 2011. Al llegar Rajoy a la Moncloa, estableció en 2012 un copago farmacéutico (por el que los pacientes pagan del 10 al 50% de la receta) y el gasto se redujo drásticamente en 2012 (9.770 millones) y 2.013 (9.183 millones). Pero luego, el gasto volvió a aumentar en 2014 (9.360 millones) y así año tras año, hasta 2019: 10.793,9 millones de gasto en farmacias y 7.373 en hospitales (donde más crece). Y este año 2020, con la pandemia, el gasto farmacéutico será mayor: se llevan gastados 10.121,5 millones (hasta noviembre) en las farmacias y 5.487,4 en los hospitales (hasta septiembre).

El gasto farmacéutico crece, en España y en todo el mundo, por tres razones básicas: aumenta el número de personas mayores (en España, de 7,9 millones mayores de 65 años en 2010 a 9,28 en 2020), crecen los pacientes con enfermedades crónicas (el 9% de españoles toma 5 fármacos diarios o más) y los nuevos medicamentos, en especial los tratamientos hospitalarios, son más caros. Además, la falta de medios en la atención primaria fomenta que los médicos (sin tiempo) receten más, además de existir un abuso en la utilización de antibióticos.

El caso es que los Gobiernos tratan de frenar esta factura farmacéutica por 2 vías. Una, poco conocida, es la revisión constante a la baja por Sanidad de los precios de los medicamentos, que se retroalimenta por una guerra de precios entre laboratorios, para poder colocar sus medicamentos de marca frente a los genéricos. La otra vía es la Orden que fija cada año los precios de referencia, el precio máximo que paga el SNS por un medicamento con receta. En 2019, el Gobierno bajó estos precios 2 veces, el 1 de enero (una rebaja de 256 millones) y el 1 de noviembre (otra rebaja de 118 millones). Ahora, en noviembre de 2020 se publicó la Orden que modifica, desde el 1 de enero, los precios de venta de 16.872 presentaciones de medicamentos (13.824 se dispensan en farmacias y 3.048 en hospitales), para ahorrar otros 170 millones este año en el gasto farmacéutico.

La mayor parte del ahorro lo van a tener los hospitales (126,20 millones) y las autonomías (ahorraran 43,92 millones en el pago de recetas), siendo sólo de 5,06 millones el ahorro de los ciudadanos al comprar medicinas en la farmacia. Y ojo, la mayoría no bajan de precio: de las 13.824 presentaciones revisadas que se dispensan en las farmacias, sólo el 9,3% (1.292 medicamentos) bajaron de precio el 1 de enero, según un estudio del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Y de ellas, la mayoría sólo bajan unos céntimos: un 5,8% bajan menos del 1%, un 2,2% entre el 1 y el 10%, otro 1,2% bajan entre el 10 y el 50% y sólo un 0,2% de las que bajan (1.292 presentaciones) reducen su precio más del 50%.

Los medicamentos que más han bajado (repito: céntimos para el paciente, al pagar su copago) son algunos anti cancerígenos (Fulvestrán, de 297,55 a 231,20), fármacos para la colitis ulcerosa ( Salofak 1gr., de 85,28 a 79,85), heparinas (Clexane 40, de 50,74 euros a 44,43), algunos anticonceptivos (Loette, de 8,52 a 8,10), fármacos para el TDH (Concerta 36 mgr., de 36,75 a 30,24 euros), medicamentos con fentanilo, fármacos para la dermatitis (Sebiprox, de 13,19 a 12,60 euros), algunos antibióticos en jarabe (Benoral, de 5,76 a 2,50 euros) y aerosoles para el asma (Atrovent, de 4,70 a 4,56 euros), según este listado oficial con los nuevos precios desde enero.

Esta nueva rebaja de precios de muchos medicamentos parece una buena noticia, pero tiene varios riesgos. El primero es que afecta mucho a las cuentas de las 22.000 farmacias españolas, que llevan años en declive, porque dispensan más recetas (trabajan más) pero con menos ingresos, debido a las rebajas mensuales de precios en los medicamentos y a las rebajas anuales en los precios de referencia. De hecho, ya en 2019, las farmacias españolas facturaban un 29,38% menos que en 2009, según la patronal FEFE. Y ahora, con esta nueva bajada de enero, perderán 34 millones de facturación este año, más otros 46 millones menos de ingresos por los cambios de precios que se hacen cada mes, según estima la consultora IQVIA. Eso afecta especialmente a las farmacias pequeñas : 3.000 venden menos de 300.000 euros anuales y, en Madrid, el 22% de las farmacias facturan menos de 20.000 euros al mes. Y especialmente a las 903 farmacias rurales con “viabilidad económica comprometida”.

Otro riesgo de esta nueva bajada (y de la guerra de precios a la baja entre genéricos y medicamentos de marca) es que los precios de muchos fármacos son ahora tan bajos que no compensa venderlos en España (interesa “desviarlos” a otros paises donde tienen precios más altos) o que no les compensa ya fabricarlos a los laboratorios. Ambos motivos provocan lo mismo: el desabastecimiento de algunos medicamentos, un problema muy serio en toda Europa y en España: a fin de año había 381 medicamentos con problemas de suministro (ver la web de la Agencia del Medicamento), tras haberse resuelto 850 problemas de suministro en los últimos 6 meses. El problema es serio porque los casos de desabastecimiento de fármacos se han más que duplicado: han pasado de 700 casos en 2015 a 1.650 en 2019, según este informe de la OCU y Salud por Derecho. Los desabastecimientos se concentran en fármacos contra el cáncer, para enfermedades cardiovasculares, dolencias digestivas y enfermedades metabólicas, según los datos de la Agencia del Medicamento (AEMPS). Y los laboratorios con más casos en 2019 fueron Pfizer, Mylan y Sanofi (líder en 2018).

Una parte de los desabastecimientos son por causas productivas, por problemas en  la cadena de fabricación y en la llegada de materias primas, que vienen de Asia o Europa del Este (con más problemas al inicio de la pandemia) o en la distribución entre paises. Pero otros se deben, según los expertos, a los bajos precios que tienen los medicamentos en España, que fomentan su exportación a otros paises donde los laboratorios los venden más caros. España es el 5º país con los medicamentos más baratos de Europa (tras Eslovaquia, Portugal, Estonia y Letonia): se pagan un 15% por debajo de la media de la eurozona, según los datos de la consultora IMS Health. Y un medicamento cuesta de media en España un 33% menos que en Alemania, Luxemburgo, Finlandia, Bélgica o Irlanda y un 16% menos que en Francia o Italia. Esto fomenta la exportación de medicamentos fuera de España, que se ha multiplicado por 21 entre 1955 (562 millones exportados) y 2019 (11.897 millones), según Comercio.

Otra causa de los desabastecimientos es que si un fármaco baja “demasiado”, al laboratorio ya no le compensa fabricarlo, al menos en España. Ese fue el caso de Neobrufen, que ya no se comercializa.  El informe de la OCU y Salud por Derecho recuerda el caso de Laboratorios Aspen, único comercializador de cinco medicamentos para el cáncer: en 2013, aumentó su precio un 4.000 por 100 en España y Sanidad se negó a aceptar este aumento, lo que tuvo como respuesta el fin de la comercialización de esos fármacos y el consiguiente desabastecimiento. Ahora, con esta bajada de enero, la patronal de farmacias FEFE alerta que incluir en la Orden la bajada de un 41,3% a medicamentos derivados de la penicilina (considerados esenciales por la OMS) “puede acarrear consecuencias como el desabastecimiento, por falta de rentabilidad de estos fármacos”. De hecho, la propia Orden de Sanidad establece tres “cautelas” para evitar desabastecimientos con las bajadas: un precio mínimo de 1,60 euros, un precio de referencia ponderado para medicamentos de enfermedades graves o con precios revisados en los 2 últimos años y la no revisión de 91 medicamentos considerados “esenciales” por la OMS.

Con todo, existe el  riesgo de que otra bajada de precios más ponga en peligro algunas farmacias (un eslabón clave de la atención sanitaria) y la fabricación y abastecimiento de algunos medicamentos. Sobre todo cuando las bajadas anteriores y la guerra de precios han llevado a que el 50% de los medicamentos con receta cuestan ya menos de 3,5 euros, según Farmaindustria (y nosotros pagamos por ellos entre 35 céntimos y 1,70 euros, lo que cuesta un café). Y ahora, con la rebaja actual, la industria farmacéutica pierde otros 170 millones de ingresos, más otro tanto o más por las rebajas mensuales de precios. Y aunque es la industria española que más gasta en investigación (1.211 millones en I+D+i en 2019), no parece lógico recortarles cada año sus ingresos si queremos que saquen nuevos fármacos. Porque cuanto más les recortemos, más riesgo hay de que no innoven. De hecho, sólo 2 de cada 10 medicamentos autorizados en España son innovadores. Y llevamos 18 años sin nuevos fármacos contra el Alzheimer, 20 años sin nuevos antibióticos y 30 años sin ansiolíticos innovadores, según han denunciado los farmacéuticos de Orense.

Quizás los laboratorios ganen mucho, pero son un eslabón clave para la salud, como se ha visto con esta pandemia, al igual que las farmacias. Por eso, hay que tener mucho cuidado con racanearles en los precios, porque lo podemos sufrir en cierres de farmacias, desabastecimiento de medicamentos y menos inversión en nuevos fármacos. Hay que buscar otras vías de ahorro del gasto farmacéutico. Primero, hay que bajar las recetas y el consumo de medicamentos, a todas luces excesivo, evitando el despilfarro (a pesar de los copagos), que se visualiza en viviendas repletas de medicamentos. Y hay que evitar la automedicación o la medicación innecesaria, “forzada” a nuestros médicos (ansiolíticos y antibióticos). Incluso Sanidad considera “inadecuadas entre el 40 y el 50% de las prescripciones de antibióticos, tanto en atención primaria como en hospitales.

Habría que aprobar un Plan de choque para rebajar la factura farmacéutica por la vía de que los médicos receten menos y que todos nos automediquemos menos y no despilfarremos los medicamentos, porque “nos cuestan menos que un café”. Ahorrar en gasto farmacéutico innecesario para poder gastarnos más en los nuevos tratamientos y fármacos innovadores, que forzosamente serán más caros. Y pagar un precio justo a los laboratorios (no cediendo a sus chantajes de precios), sosteniendo de paso a las farmacias, que son nuestro asesor sanitario más cercano. Por todo ello, cuando vaya a comprar una medicina, piense lo que hay detrás, lo que nos jugamos en que les salgan las cuentas. Al final, lo barato es caro.