Más de la mitad de españoles tienen sobrepeso y 1 de cada 6
son obesos. En el mundo, la obesidad
se ha triplicado desde 1975 y hay
casi tantas personas obesas (650
millones) como hambrientas (821
millones). La OMS considera la obesidad como “la gran epidemia global del siglo XXI” y pide a Gobiernos, empresas
alimentarias y familias que tomen medidas,
porque provoca más enfermedades y muertes
que el alcohol, el tabaco, la droga y el sexo inseguro juntos. En España, lo más preocupante es el sobrepeso infantil, que sufren el
40% de niños. Y para 2030,
habrá más de 27 millones de españoles con sobrepeso, lo que agravará
las enfermedades y el gasto sanitario (un 7% es por la obesidad). Sanidad y las empresas alimenticias han
pactado recortar el azúcar, las
grasas y la sal de muchos alimentos. Pero hay que hacer más:
otra dieta, más ejercicio, una política
sanitaria más agresiva y campañas públicas contra el
sobrepeso, un grave problema sanitario, económico y social.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de señalar la obesidad como “uno de los grandes retos de este siglo XXI”,
junto a la diabetes, el cáncer y las dolencias cardiacas. Y es que el sobrepeso
y la obesidad se han triplicado en el mundo desde 1975 y se han convertido en
“una epidemia global”, que causa tantas enfermedades y muertes como el tabaco,
el alcohol, las drogas y el sexo inseguro juntos. Y todo apunta, según la OMS, a que la obesidad seguirá
aumentando este siglo si los paises no toman medidas drásticas.
Empecemos por saber qué
es sobrepeso y obesidad. Hay una
sencilla fórmula para saberlo (pinche en esta calculadora): dividir
el peso (en kilos) por el cuadrado de la altura (en metros) y nos da el índice
de masa corporal (IMC). Por ejemplo, una persona que pesa 85 kilos y
mide 1,72 metros tiene un IMC de 28,73. Si este índice está por encima de 25 tenemos sobrepeso
y si supera los 30 somos obesos.
Las cifras son espeluznantes: en el mundo hay 1.900 millones de adultos con sobrepeso, el 39% de
la población mayor de 18 años, según la OMS (con datos de 2016). Y hay más de 650 millones de adultos obesos, el 13% de la población
mundial (11% de los hombres y 15% de las mujeres), casi tantas personas obesas como hambrientas (821 millones de
personas pasan hambre, según la FAO).
Y este es otro grave problema del
sobrepeso y la obesidad: no sólo se han triplicado en los últimos 40 años
sino que se han extendido de los
paises ricos a los medianos y pobres, sobre todo en las ciudades. Así, en muchos paises en desarrollo, coexiste
el hambre de unos con el sobrepeso y la obesidad de otros, que comen
alimentos y bebidas con demasiadas calorías. Un ejemplo es Latinoamérica: 3 de cada 5
latinoamericanos (360 millones) tienen sobrepeso, según un informe de la FAO. Y hay paises, como Haití,
donde una parte de la población pasa hambre y otra tiene sobrepeso, porque
compran alimentos ultra procesados, con muchas grasas y calorías.
El mapa del sobrepeso lo encabeza México (70,4% de la población 15-74
años), seguido de Estados Unidos (67,4%
de la población), Hungría y Reino Unido
(58,7%I), según el informe “Obesity Update 2017” de la OCDE. España,
con un 46,7% de adultos con sobrepeso (los datos se refieren a
2015) es el 2º país europeo en exceso de peso, tras Reino Unido, por delante
de Francia (40,8%) e Italia (40,7%). En obesidad,
el ranking mundial lo encabeza EEUU,
con un 38,2% de adultos obesos, seguido de México
(32,4%), Reino Unido (26,9%), Canadá
(25,8%) y Alemania (23,6%), según la OCDE. España
ocupa el lugar 22 en este ranking
mundial de obesidad, con un 16,7% de
adultos obesos (2015), por debajo de la media OCDE
(19,5% de obesos) pero por delante de Francia (15,3%), Portugal (16,6%) y
sobre todo de Italia (9,8% de obesos), paises nórdicos (del 12 al 14,9% de
obesos) y Japón (el país con menos obesos del mundo: sólo el 3,7% de los
adultos).
A la OMS, lo que más le preocupa ahora es la obesidad infantil, que se ha multiplicado por 10 en los últimos 40
años, según un estudio del Imperial College de Londres y la OMS: ha pasado de 11 millones
de niños y adolescentes (5 a 19 años)
obesos en 1975 a
124 millones en 2016. Y
en conjunto, 41 millones de niños menores
de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos en 2016 y lo mismo 340 millones de niños y adolescentes de
5 a 19 años (124 millones, el 7% eran obesos, frente al 1% en 1975). Y
esta obesidad en niños y adolescentes ha
crecido sobre todo en los paises pobres: en África, los menores de 5 años con sobrepeso han crecido un 50% desde el año 2000, según la OMS. Y en 2016, casi la mitad de
los niños con sobrepeso u obesidad vivían en Asia. Ello se debe a una mala
alimentación de las madres gestantes y en la lactancia, así como en los
primeros años de vida, con una dieta supercalórica. De seguir esta tendencia, según la OMS, en 2022 habrá en el mundo
más niños y adolescentes obesos que desnutridos (estos son hoy 191
millones). Y esto es doblemente grave, porque la obesidad infantil provoca
graves enfermedades y hace que los
futuros adultos tengan muchas posibilidades de ser también obesos.
Las mayores tasas de obesidad
infantil se dan en Polinesia y
Micronesia, seguidos de los paises anglófonos de ingresos altos: EEUU (31% obesidad infantil), Canadá
(24,5%), Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y Reino Unido (20%), según la OCDE. España tiene un 40% de los niños con sobrepeso (datos
2015), lo que nos sitúa como el 2º país de Europa con más sobrepeso infantil, tras Chipre. De ellos, un 18% son niños obesos (18% niños y
19% niñas), lo que nos coloca entre los paises del sur de Europa (Italia,
Chipre, España, Grecia y Malta son los paises con más obesidad infantil, entre
el 18 y 21% de los niños), peor que Francia, Irlanda y paises nórdicos, con una
obesidad infantil que no llega al 10%.
En España, la última
estadística oficial es la Encuesta Nacional de Salud 2017, publicada por el Ministerio de Sanidad, que
cifra en el 54,5% de los adultos los españoles con sobrepeso (62,5% de los
hombres y 46,8% de las mujeres), lo que indica que el sobrepeso se ha multiplicado por 1,38 en los últimos
30 años (afectaba al 39,25% de adultos en 1987). Y la obesidad se ha multiplicado
por 2,35: afectaba al 7,4% de españoles adultos en 1987 y afecta ahora al 17,4% de adultos (18,2% hombres y 16,4%
de mujeres). Y en los niños y adolescentes (entre 2 y 17
años), el 10,3% son obesos.
Un rasgo de esta obesidad
española es que es muy desigual, porque afecta más a los hombres y sobre todo a
las personas con menos ingresos, a los
pobres: si sólo un 9,29% de los españoles ricos son obesos, lo son el 22,37% de los pobres (la media es el
17,43%). Y por eso, las mujeres pobres
tienen un 23,98% de obesas frente al 7,26% las ricas, según el detalle de la Encuesta Nacional de Salud 2017. Y también cuentan mucho los estudios: los españoles
universitarios tienen sólo un 11,36% de obesos y los que sólo tienen una formación básica alcanzan el 22,32% de obesos.
Por ambas razones y por otras, hay regiones
con alta obesidad (24,13% en Ceuta,
21,68% en Asturias, 21% en Andalucía o 20,32% en Castilla la Mancha) y otras
con baja (13,84% obesos en País
Vasco, 13,22% en Castilla y León, 14,94% en Cataluña y 14,95% en la Rioja, muy
por debajo del 17,4% de media).
¿Qué provoca el
sobrepeso y la obesidad? Según la OMS hay dos causas: la mala alimentación (el aumento de
alimentos y bebidas muy ricos en grasas, azúcares y calorías) y la menor actividad física, por el
trabajo en las ciudades y el sedentarismo. En ese sentido, la OMS reitera que el sobrepeso y la
obesidad pueden prevenirse, simplemente reduciendo el consumo de grasas y azúcares (presentes sobre todo en los platos procesados), aumentando el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales y
frutos secos y realizando actividad física periódica (60 minutos diarios los
jóvenes y 150 minutos semanales los adultos). Y sobre todo, insisten en educar
a los niños para que coman menos bollería industrial y bebidas
azucaradas y consuman más frutas y verduras, además de hacer más ejercicio físico. Como detalle, los españoles consumimos el triple de azúcar del que recomienda la OMS y no porque nos echemos muchas cucharadas en el café sino porque lo tomamos sin saberlo con las bebidas y las comidas preparadas que consumimos cada día.
El sobrepeso y la
obesidad no son “un problema estético”
sino “una epidemia global” que lleva asociadas más de 12 patologías y muchas muertes:
cada año mueren en el mundo 2,8
millones de personas por culpa del sobrepeso y la obesidad, según la OMS. Y eso, porque causan
múltiples enfermedades en los afectados: diabetes tipo 2, hipertensión
arterial, exceso de colesterol (dislipemia), ictus, accidentes
cardiovasculares, trastornos del aparato locomotor (osteoartritis), apneas del
sueño, depresiones y, sobre todo, varios tipos de cáncer (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula,
riñón y colon). Precisamente, una de las cuestiones que más preocupan es que la obesidad en los jóvenes está aumentando
el cáncer en EEUU: el riesgo de padecer 6 tipos de cáncer entre los
jóvenes obesos “millenials” (nacidos entre 1981 y 1993) es el doble del que tenían sus padres
(los nacidos en el “baby boom”, entre 1950 y 1968), según un estudio publicado en febrero en la revista Lancet. Y muchos estudios clínicos vinculan la
obesidad y el cáncer, lo que se traducirá en un aumento extra de cánceres en
una o dos décadas, en el mundo y en España, por el aumento de la obesidad y el sobrepeso.
Pero además de enfermedades y muertes, el sobrepeso y la obesidad tienen un
alto coste económico: unos 2 billones de dólares, el 2,8% del PIB mundial, según la consultora
McKinsey. El mayor coste es para la
sanidad de los paises (que aumenta un 50% con la obesidad y un 20% con el
tabaquismo), pero también hay un coste para las empresas, al aumentar el
absentismo laboral y reducir la productividad. Y para los ciudadanos: los
obesos tienen más problemas para ser contratados (este prejuicio se llama “lookism”) y si trabajan suelen
tener empleos más precarios y peor pagados. Ya hay líneas aéreas (Samoa Air)
que cobran más a los obesos y los seguros médicos también les cuestan más caros.
Si el mundo no toma medidas drásticas contra el sobrepeso y la obesidad, irá
a más, como ha pasado en las últimas décadas. La OCDE anticipa que en 2030, un
46,62% de los estadounidenses será obesos (hoy lo son el 38,2%), el 39,15% de
los mejicanos (hoy 32,4%), el 34,95% de los británicos (hoy 26,9%). Para
España, vaticina que la tasa de obesidad (16,7% en 2015) subirá al 18,24% en
2020 y al 21,16% en 2030, por delante de Francia (19,48% en 2030) e Italia
(13,26%). Pero lo peor será con niños y adolescentes: los 41 millones que
tenían sobrepeso u obesidad en 2016 será
ya 70 millones, casi el doble, en 2025, según la OMS. En España, si había 27
millones de personas con sobrepeso en 2016, para 2030 habrá 3 millones más, 27 millones de personas, el
56% de toda la población estimada para entonces por el INE, según un escenario “conservador” del Instituto del Hospital del Mar (IMIM).
Esta mitad larga de españoles con sobrepeso va
a sobrecargar aún más la sanidad pública, ya
muy “tocada” con el envejecimiento de la población y el aumento de la
esperanza de vida. Las personas con sobrepeso y obesidad requieren más consultas
médicas, más pruebas, más ingresos hospitalarios, más cirugías y más
tratamientos farmacológicos, según los profesionales. Y por ello, el coste directo del sobrepeso y la
obesidad sobre la sanidad pública se ha casi cuadruplicado, pasando de 524
millones de euros en 2006 a 1.950 millones en 2016, según este estudio del IMIM. Y para 2030, los gastos sanitarios del sobrepeso
superarán los 3.000 millones de euros. Y otros estudios (AECOSAN)
calculan que el sobrepeso y la obesidad suponen un 7% del gasto sanitario, unos 5.200 millones de euros al año. Y los costes
indirectos (laborales, ayudas y cuidados) serían otro tanto.
Enfermedades, muertes
y altos costes. Un balance como para tomar
medidas eficaces contra el sobrepeso y la obesidad, como acaba de pedir la OMS. En España, Sanidad y casi 400 empresas de alimentación
han firmado en enero un acuerdo para reducir azúcares, grasas y sal en
múltiples alimentos: aperitivos, bebidas refrescantes, bollería y panes
envasados, cereales, derivados cárnicos, galletas, helados, néctar de frutas,
platos preparados, lácteos y salsas. La reducción varía entre el 5% y el 10%, según productos (-5% el azúcar de las galletas, que bajaría así del 20% al 19%, demasiado poco), y todavía tardará
unos meses en hacerse efectiva, porque las industrias tendrán que buscar ingredientes alternativos de sustitución y además el recorte se hará en 2 años, gradualmente, para que el paladar del
consumidor se acostumbre. Y también se han comprometido con este acuerdo
empresas de catering y comedores
escolares y los que tienen máquinas expendedoras de alimentos, para
fomentar la distribución y venta de los alimentos menos energéticos.
Es un buen principio, pero la industria alimentaria tiene que ir más allá, con planes a medio
plazo para suprimir las grasas trans (en
tentempiés, alimentos horneados y fritos), como pide la OMS en su Plan de actuación 2019-2023, exigiendo a los Gobiernos que impongan límites. Y también, poner impuestos a las bebidas azucaradas, como pidió la OMS a los Gobiernos en 2016: sólo lo aplica Cataluña, desde mayo de
2017, y ha conseguido reducir su consumo un 22%, según la Generalitat. Pero sobre todo, es clave un nuevo etiquetado de los alimentos, por colores, para que los consumidores sepamos las grasas,
azúcares, sal y calorías de lo que comemos. Y regular mejor la publicidad de comida,
sobre todo para niños, estableciendo prohibiciones a esos alimentos que son tan
dañinos o más que el alcohol y tabaco.
En segundo lugar, hay que aprobar una política sanitaria pública contra el sobrepeso y la obesidad, con
protocolos explícitos en los centros de salud, más especialistas y más unidades
en los hospitales. Y ser más agresivos en
la lucha contra la obesidad, aplicando más
operaciones a los grandes obesos (IMC entre 35 y 40): la cirugía bariátrica es muy efectiva y su coste se recupera en 2,5 años, pero se
aplica poco en España (se hacen unas 5.000 operaciones al año y deberían
hacerse cuatro veces más para equipararnos a Europa, según The Economist). Y utilizar más fármacos,
aunque su efecto sea bajo: hay 5 autorizados, pero sólo uno lo cubre
la sanidad pública (Victoza), pero con visado del inspector y sólo para los
obesos con diabetes 2, mientras el resto han de comprarlos y cuestan entre 63 y
283 euros (y recordemos: la mayoría de obesos tienen pocos recursos).
A final, la industria
puede ayudar mucho y la sanidad más,
pero la
clave está en nosotros, en que hagamos una dieta equilibrada, comiendo
la mitad de carne, azúcar, grasas y sal y el doble de verduras, hortalizas y
frutas, según proponen los expertos. Y que hagamos
ejercicio y andemos más, porque un tercio de los españoles son sedentarios
y también los jóvenes. Pero sobre todo, hacen falta campañas públicas contra el sobrepeso y la obesidad, porque matan más que el tráfico, el alcohol o las
drogas. Hay que “declarar la guerra a la obesidad” y cambiar la mentalidad de los españoles: no es un problema “estético”, es una “bomba de relojería” que acaba
explotando en graves enfermedades y muertes.Tomémoslo muy en serio.
Vodafone
despedirá a la cuarta parte de su plantilla y lo justifica en la dura competencia de otras telecos. Y Día, en la "guerra de los súper", despedirá a 2.100 empleados. Muchas empresas han despedido o cerrado antes,
porque no resisten las ofertas de bajo coste y la competencia
de las plataformas por
Internet: comercios, librerías, prensa escrita, líneas aéreas, bancos,
hoteles, restaurantes…Dicen que “el progreso” es imparable y que “no se puede
poner puertas al campo”. Pero el problema es que esta economía “low cost”
y estas ofertas digitales conllevan unas condiciones
laborales penosas y precarias, con sueldos de miseria para los jóvenes.
Es lo que llaman “feudalismo digital”. Cómo será que todos los grupos políticos se han
puesto de acuerdo en el Congreso para aprobar juntos (algo inaudito) un
texto que pide al Gobierno, sindicatos y patronal que aprueben normas
laborales para la economía digital , que utiliza “esclavos digitales”
sin derechos, además de no pagar impuestos ni cotizar apenas. Nueva economía sí, pero con empleos “decentes”.
Todo empezó con la globalización de la economía, a finales del siglo XX, que trasladó
muchas producciones a Asia, Latinoamérica y África, para aprovechar los bajos
costes laborales y de las materias primas, en perjuicio de los empleos en
Europa y Norteamérica. Y así, nos empezó a parecer normal comprar camisetas a
precio de saldo hechas en Bangladesh o
TV en color y móviles fabricados en Corea o China, con obreros en
semiesclavitud o incluso niños. Era el precio de un consumo masivo y barato: explotar
a los paises emergentes.
Esta filosofía se transmitió a Occidente, tras la gran
recesión de 2008, y las empresas se lanzaron a ofrecer productos y servicios “low cost”,
tirando precios, desde tarifas de móviles a bancos online o billetes aéreos. Y
en paralelo, desde 2010, se han multiplicado las plataformas de servicios por
Internet, que lo mismo te ofrecen un libro, cualquier artículo
comercial, una comida, un transporte o un apartamento. Y todo ello, apoyado en una Web que pone en contacto clientes y
proveedores y que utiliza pocos empleados
pero que trabajan en condiciones precarias y con salarios de miseria.
Los llaman “los jornaleros digitales”, miles de jóvenes que trabajan
aislados, sin conocer a sus jefes, que “mandan”
vía móvil.
El concepto economía
de bajo coste (“low cost”) ha
contagiado a toda la economía tradicional, desde la alimentación
(“marcas blancas”) hasta los viajes, la telefonía, el turismo o la banca
(“online”, sin oficinas), presionados todos los sectores por unos consumidores que cada vez piden “más por menos”, que tratan de no renunciar a nada (a un móvil, a
un viaje, a un apartamento, un taxi o informarse) aunque sean “mileuristas”. Y se cambian de las
empresas clásicas (desde un periódico en papel a un gran almacén, una librería
o un hotel) a plataformas o empresas nuevas (Amazon, Ryanair, Airbnb o Uber),
aunque pierdan calidad en el
servicio y tengan que viajar sin maletas o no tener nadie a quien reclamar o
lea mentiras. Precio, precio, precio. Es lo único que importa. Y si parece medio gratis, mejor.
El coste de esta
economía low cost, además de perder calidad y servicio, es el coste laboral que sufren los
trabajadores de esas empresas. Porque para bajar precios han de reducir
costes y el más sencillo es el laboral: recortar sueldos primero y plantilla después.
Es lo que va a hacer Vodafone,
agobiado por la competencia de las ofertas low cost en móviles e Internet: va a
despedir en marzo a 1.200 trabajadores, un 24% de la plantilla, al que seguirán otros en Orange y Movistar, antes o
después. Y eso después de que las telecos hayan perdido 14.000 empleos
desde 2010 (11.000 Movistar, 2.400 Vodafone en dos ERES anteriores, en 2013
y 2015, y 430 Orange), para afrontar la guerra de tarifas permanente. Lo mismo
ha pasado en banca, que ante el auge
de la banca online y los nuevos competidores, ha cerrado18.000 oficinas (1 de cada 4) y reducido
89.500 empleos (1 de cada 3). Y en las líneas
aéreas, agencias de viajes, hoteles, librerías, periódicos o comercios,
tras el empuje de empresas o súper “low
cost” y plataformas de Internet (en especial, Amazon). Y ahora, "la guerra de los súper" y las "marcas blancas", acaba de provocar la quiebra técnica y 2.100 despidos en la cadena Día.
Lo más llamativo, aparte de la transformación de negocios tradicionales en empresas “low cost”, es la proliferación de la “economía colaborativa”, lo que se ha dado en llamar “gig economy”: economía de los
pequeños “encargos”, donde se han creado “plataformas digitales” que intermedian entre el cliente y proveedor,
ofreciendo todo tipo de productos y servicios a bajo coste. Una “nueva economía” en la que ya participa
un 20% de la población activa en Estados Unidos o Europa, según un informe de McKinsey. Y que en España utilizan ya más de 3 millones de clientes (el triple que en 2016), facturando
643 millones de euros en 2016, según un informe de ADigital. Y donde
trabajan ya 14.000 personas, sobre todo jóvenes, muchos compatibilizando
este trabajo con sus estudios o con otro empleo. Sólo en el reparto de comida a
domicilio hay 32.000 restaurantes adheridos. Y miles de españoles usan cada día
Uber o Cabify o compran por Amazon o alquilan por Airbnb.
La mayoría de consumidores
están “encantados” porque estas
plataformas les aportan productos y servicios rápidos y con bajos precios. Y no sabían lo que hay detrás hasta que no se produjeron
las primeras manifestaciones de repartidores (“riders”) de Deliveroo en Barcelona, en julio de 2017, las huelgas de pilotos
de Ryanair en toda Europa el verano pasado o la primera huelga de Amazon (Black Friday de noviembre 2018), que han revelado lo
que hay detrás de esta nueva economía: algo muy viejo, la
explotación laboral de siempre, el
llamado “feudalismo digital”, unas
condiciones laborales recientemente denunciadas por la OIT (Organización internacional del trabajo): ausencia de
contratos, enorme precariedad laboral, jornadas sin límite y salarios de miseria, que
sufren sobre todo los jóvenes.
El problema de fondo
en estas nuevas “plataformas de servicios” es la notable desigualdad de poder entre los trabajadores y la empresa
que hay detrás, que impone sus condiciones de trabajo: no
hay relación física ni contrato (la mayoría les obliga a registrarse como
autónomos y hasta poner su bici o coche) pero sí un control rígido del trabajo,
imponiendo horarios, ritmos, tiempos y condiciones, sin ninguna protección
social ni medidas preventivas de accidentes. Y todo ello para conseguir unos
ingresos mínimos, totalmente aleatorios, que implican trabajar cualquier día y
a cualquier hora, por 3 ó 5 euros la entrega, Y con la amenaza de las valoraciones de los clientes (muy “aleatorias”) y muchos casos de discriminación por
género, etnia o contestación sindical, según un análisis de las condiciones de trabajo hecho por CCOO.
La base de la “nueva economía” está en la “desregulación del trabajo”
y un mínimo peso de los sindicatos y la protección del Estado, según señala el experto Peter Fleming. Estamos ante “una
vieja forma de explotación” envuelta en un halo de “innovación”, empresas
que aprovechan las enormes tasas de paro juvenil (33,4% en 2018), los llamados “jornaleros digitales”, y el afán consumista de una generación de “mileuristas” que piden productos y
servicios sin importarles el sacrificio laboral que hay detrás (como cuando
compramos ropa barata hecha por mujeres hacinadas en fábricas de Bangladesh).
Pero la nueva economía no
sólo comporta precariedad laboral,
también una evidente pérdida de calidad
en los productos y servicios (como se ha visto en los vuelos low cost:
retrasos, cancelaciones y cobro por maletas) y una enorme dificultad para
reclamar. Pero además, la economía “low cost” causa una situación de abuso y perjuicios a los proveedores locales, a los que someten a una
dictadura de precios y condiciones (véase Mercadona). Y provoca una “competencia desleal” que obliga a cerrar muchos negocios que mantienen empleos
decentes, cumplen normas más estrictas y, sobre todo, pagan impuestos.
Porque otra característica de esta “nueva economía” es que pagan pocos impuestos, o bien porque los
“eluden” a través de ingeniería fiscal (utilización de empresas pantalla o terceros
paises donde facturan sus servicios o directamente paraísos fiscales) o bien
porque cometen fraude y esconden ingresos
(como las plataformas de alquiler de apartamentos). El resultado es que Amazon, por ejemplo, no facilita cifras
de ventas en España y sólo paga 4 millones en impuestos de sociedades aquí, mientras ha triplicado sus beneficios mundiales en 2018 (10.0078 millones de dólares).
Y Uber declara que gana en España sólo
163.500 euros, por los que pagó 53.800 euros de impuestos en 2016. No es sólo
que paguen pocos impuestos, es que además, muchas apenas cotizan a la Seguridad Social, porque “no tienen
trabajadores”, trabajan con autónomos (“falsos autónomos”), que también cotizan
poco.
En los últimos dos años, varias plataformas digitales han acabado en los juzgados y ya hay
sentencias
que echan por tierra su “modelo laboral”. En diciembre de 2017, el Tribunal de Justicia de la UE calificó a Uber
como “una empresa de transporte”, no un mero intermediario de servicios,
mientras en Gran Bretaña, un Tribunal dictó que los conductores de Uber debían
ser asalariados. Y un Juzgado de Valencia emitió en junio de 2018 la primera sentencia contra Deliveroo, señalando la “laboralidad” de sus
riders (son "falsos autónomos") y que no es solo una plataforma de encuentro de clientes y proveedores
sino “el centro del negocio”, el
“jefe”, que da instrucciones, reparte zonas, marca horarios
y paga por los envíos. Sin embargo, un segundo Juzgado de Madrid acaba de sentenciar, como otro en septiembre, que los trabajadores de Glovo son autónomos.
Los sindicatos
europeos están muy preocupados por la enorme precariedad de estos “nuevos
trabajadores digitales”. Y así, los sindicatos de Alemania, Austria, Dinamarca
y EEUU suscribieron en diciembre de 2016 el Documento de Frankfort, donde plantean la necesidad de organizar la defensa de los “online
workers” en un entorno digital y multinacional, mientras la Confederación Europea de Sindicatos exige respetar la legislación laboral y la
protección social de estos trabajadores. Y ya existen ya plataformas y foros de defensa de sus intereses ("sindicalismo 2.0") a nivel europeo y mundial. En paralelo,
un reciente informe de la OIT, de
enero de 2019, advierte de que estas plataformas digitales pueden “recrear prácticas laborales del siglo XIX”
y exigen que los paises aprueben una Garantía Laboral universal, con
derechos mínimos (horarios, salarios y salud laboral) y una protección social
universal.
La Unión Europea no
tiene ninguna legislación comunitaria sobre estas plataformas digitales,
pero en 2016 aprobó una serie de “recomendaciones” muy
interesantes (aunque no se cumplen), en un informe sobre “la economía
colaborativa”: definir un salario mínimo
y un límite de horas máximas de trabajo diarias, asegurar una protección social mínima (desempleo) y seguros de salud para estos
trabajadores digitales, considerar un seguro de responsabilidad por daños a
terceros, regular el control y protección de los datos de los trabajadores y
garantizar que no se les discrimine (por sexo, edad, raza o ideología) en la
utilización de algoritmos y sistemas de evaluación de clientes.
Las propias plataformas
digitales, ante las protestas de sus “no trabajadores” y las condenas de
los Tribunales, también piden una regulación, desde
sus patronales, como ADigital o
Sharing España (que integra 28 plataformas activas). Tratan de adelantarse y
proponen “mayor flexibilidad laboral” para estos trabajos, intentando “orientar” la futura
legislación para conseguir que se considera a sus trabajadores como
autónomos y que se acepte toda la organización del trabajo que conlleva
imposiciones y falta de derechos. Se están jugando un negocio que, sólo en Europa ha duplicado sus operaciones entre 2012 y
2015 y podría multiplicarlas por 20 para 2015, duplicando año tras año sus
ingresos.
En España, el temor a lo que están haciendo estas
plataformas digitales ha conseguido
algo inaudito: que todos los partidos
políticos (PP, PSOE, Ciudadanos y
PDeCAT) se unieran, en junio de 2018, para aprobar en el Congreso un texto conjunto
que pide al Gobierno reformar la legislación laboral para adaptarla a la
economía digital, de acuerdo con sindicatos, patronal y expertos. También piden mayores recursos para la inspección de Trabajo y actuar con ella “para lograr un mercado de trabajo más justo y atajar las conductas que
atenten contra los derechos de los trabajadores y la Seguridad Social”.
Es un buen objetivo,
aunque han pasado 7 meses y no hay medidas, salvo un apartado
dentro del Plan de la Inspección de Trabajo 2019-2022, que se centra en perseguir los “falsos autónomos”, uno de
los instrumentos de fraude laboral de la economía colaborativa. Pero hay que ir
más allá y aprobar una Ley que incluya
reformas en el Estatuto de los Trabajadores, para asegurar a todos los
trabajadores digitales 3 derechos básicos
(contrato, horario y salario) y una adecuada protección social. Y en paralelo,
hay que obligar a estas empresas a
cumplir con la Ley y la normativa de riesgos laborales, en prevención de accidentes y enfermedades (como el estrés laboral, por las rutas y
pedidos que les exigen o el tiempo medio de entrega, sin olvidar el mayor
riesgo de crearles una “gran dependencia” de Internet). Además, hay que
proteger a los proveedores de la economía low cost y hacerles pagar impuestos y cotizaciones como a los demás, para evitar la “competencia desleal”.
Los defensores de la “nueva economía” reiteran que “no se
pueden poner puertas al campo” y que las
viejas normas laborales no valen para las plataformas digitales. Está claro
que la legislación laboral tiene que cambiar con los tiempos, pero hay algo intocable: el trabajo “decente”. La tecnología no puede defender la explotación laboral y la pérdida de
derechos, porque esto es algo “antiguo”, del siglo XIX no del XXI. Sean
“modernos” de verdad .Y no es defendible que alguien se haga millonario
aprovechando el paro o el subempleo de los jóvenes. Hay que aprobar leyes
claras, para que trabajar en la nueva economía no signifique precariedad y explotación. Y los consumidores, debemos saber, cuando
pedimos un libro, un artículo o un apartamento por Internet que quizás contribuimos
a cerrar una librería, una tienda o un hotel. Y a que muchos jóvenes estén
explotados. No es nuestra culpa, pero
colaboramos. Al menos hasta que algún Gobierno, aquí y en Europa, legisle
lo que debe.
El próximo miércoles 13 de febrero se vota en el Congreso si
los Presupuestos 2019 del Gobierno
Sánchez siguen adelante o no. Si alguien estará pendiente serán las familias de 1,3 millones de ancianos y jóvenes
dependientes, porque se juegan
recibir 830 millones más este año y que 80.000
dependientes reciban la ayuda que esperan hace meses. Con o sin Presupuestos, la
Dependencia necesita ayuda, porque
cumple
12 años con recortes y falta de recursos. Y las autonomías, que pagan dos tercios de la Dependencia, no dan abasto y buscan “trucos”
para atender a más dependientes, como ayudar más a los menos dependientes
(más “baratos”) y extender los servicios “low cost” (teleasistencia y cheques por
servicios) para atender “a más con menos”.
Urge cumplir el Pacto por la dependencia,
que todos los partidos (menos PP y PNV) firmaron hace 2 años, y acabar
con las listas de espera, porque 100 ancianos mueren cada día sin
recibir la ayuda reconocida. Es lo mínimo que les debemos a nuestros ancianos y discapacitados.
En enero, la Ley de Dependencia ha cumplido 12
años, con el mismo problema con que nació en 2007: la falta de recursos. Un lastre
original agravado después por el Gobierno Rajoy, que no creía en ella (“la
Dependencia no es viable”, declaró 3 días antes de las elecciones de 2011) y empezó a aplicarla recortes sólo 9 días después de llegar a las Moncloa: dejó fuera del sistema
a los dependientes moderados (hasta julio de 2015), recortó drásticamente la
aportación del Estado a la dependencia (-2.865 millones entre 2012 y 2015) y aprobó un decreto de cambios profundos para facilitar a
las autonomías (la mayoría gestionadas por el PP) un drástico recorte en el gasto en Dependencia: dejó de pagar la
Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes, les
bajó un 15% su paga mensual (55 euros sobre 400), redujo servicios (ayuda a
domicilio), simplificó los baremos (de 6 a 3, rebajando así las ayudas) y subió
el copago a las familias.
En junio de 2015,
con la llegada al poder de la izquierda en muchas regiones, los nuevos Gobiernos autonómicos intentaron paliar estos recortes. Y parece que el balance de la Dependencia ha mejorado. Los
dependientes con ayudas han pasado en
tres años de 796.109 (diciembre 2015) a 1.054.275
beneficiarios con prestaciones (diciembre de 2018). Y las “listas de espera”, los
dependientes con derecho reconocido pero que no reciben todavía ninguna ayuda,
se han reducido de 384.326 (diciembre 2015) a 250.037 (diciembre 2018), según los datos oficiales del IMSERSO. Pero esta
“mejoría” de la Dependencia se ha conseguido a base de tres “trucos”
que han utilizado las autonomías para conseguir atender a más dependientes con menos dinero, al haberse reducido drásticamente la aportación de la
Administración Central a la Dependencia: 5.000
millones menos entre 2012 y 2018, según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
El primer “truco” ha sido retrasar
en lo posible los expedientes, para responder las solicitudes más tarde
y “ganar tiempo”: de hecho, a finales de 2018, había 128.568
solicitudes de ayuda de dependientes pendientes
de estudiar y calificar. En otros casos, se ha revisado la calificación del dependiente (gran dependiente,
severo o moderado), para intentar rebajar su grado y que sea “más barato”. En
ambas situaciones, hay muchas familias que intentado reclamar,
pero el Gobierno Rajoy les dejó un regalo a las autonomías: incumplió la disposición final séptima de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción
social, y no permitió que las
reclamaciones en cuestiones de Dependencia las vean los Juzgados de lo social,
con lo que se ven en la jurisdicción
Contencioso-Administrativa, más lenta y costosa. Y muchas familias tardan 2 y 3 años en conseguir una sentencia, a veces tardía: el
dependiente ha muerto.
El segundo “truco” es más descarado: se busca atender a más dependientes “moderados” (grado
I, que tienen derecho a una ayuda “más barata”) y menos dependientes grandes (grado III) y severos
(grado II), cuya asistencia es más cara. Las cifras son clarificadoras. Entre
2015 y 2018, las “listas de espera”
(dependientes con derecho reconocido pero que no reciben ayudas) se han reducido en 134.245 dependientes
(de 384.282 esperando en 2015 a 250.037 a finales de 2018), según el IMSERSO. Y de estos 134.245 dependientes menos en espera, 126.000 son
dependientes moderados grado I (el 93,85%) y sólo 8.087 son dependientes moderados y grandes (grados II y III), según datos del propio IMSERSO. O sea, que si las listas de espera de la Dependencia
se han reducido un 35% en los últimos tres años, la lista de los dependientes más
graves (más “caros” de atender) se ha reducido un 7,6% y la de los
dependientes moderados (más “baratos”)
se ha reducido un 45,38%.
Y vayamos al “tercer truco”: atender a unos y a
otros con servicios más baratos, low cost, para sacarle más partido al dinero escaso y que “cunda” más, que esos servicios “low cost” permitan atender a más dependientes.
En este caso, lo que han hecho las autonomías es reducir las ayudas
económicas que se conceden a las familias por cuidar a sus dependientes en
casa (una prestación entre 153 y 443
euros en Madrid, según el grado de dependencia): si en 2011 eran el 45,53% de todas
las ayudas que se daban en España, en diciembre de 2018 eran sólo el 30,81% de todas
las ayudas, según el IMSERSO. Y también han bajado las ayudas para que los dependientes estén
en residencias (el servicio más
caro), que han pasado del 14,87% de todas las ayudas en 2015 al 12,61% en 2018.
En cambio, ha subido el peso de las
ayudas “más baratas”, de los servicios low
cost: la ayuda a domicilio (del
12,92% en 2011 al 17,86% en 2018, aunque en Galicia este servicio supone el 33%
de todas las prestaciones y en Andalucía el 27%), la teleasistencia (la ayuda más barata: cuesta 38 euros al mes y la
tienen el 17% de los dependientes, aunque en Andalucía la tienen el 31,5% y en Madrid
la reciben el 25% de dependientes) y, sobre todo “la prestación económica vinculada al servicio”, un cheque que reciben las familias para que ellas financien el
servicio que quieran. Esta ayuda, que supone una forma de “privatizar la
dependencia”, supone el 10% de todas las prestaciones en España, pero hay
autonomías donde tiene mucho peso (45,43% de todas las ayudas en Extremadura,
26,34% en Castilla y León o 17,27% en Canarias).
Son “tres trucos” que han permitido a las autonomías gestionar los recortes a la Dependencia y
tratar de “dar más con menos”. Porque el culpable principal es la Administración central, que año tras
año (sobre todo entre 2012 y 2015) ha aportado menos fondos a la Dependencia:
si en 2009, la Administración central
del Estado aportaba el 39,2% de toda la financiación, en 2012 aportó el
21,4%, en 2015 el 18,1% y en 2017 sólo el
16%, menos de la mitad. Y eso ha obligado a las autonomías a aportar
mucho más (del 46,2% en 2009 al 61,3% en 2012 y el 63,5% de 2017) y a que las
familias de los dependientes aporten también más, en forma de “copagos”
crecientes: de costear el 14,7% de la Dependencia en 2009 han pasado a
financiar el 17,2% en 2012 y el 20,5%
en 2017, según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
En definitiva, que el Estado central, en este caso el Gobierno Rajoy, se ha ido retirando de
financiar la dependencia. Y así, de los 7.458 millones de gasto público
dedicado a ayudar a los dependientes en 2017, el 16,3% lo puso el Presupuesto
del Estado y el 83,7% las autonomías, cada vez más faltas de recursos. Y además,
se produce la desigualdad de que
unas autonomías aportan más a la Dependencia
(el País Vasco aporta el 88,2%, Navarra el 87,9%, Valencia el 87,6%,
Extremadura el 87%, Baleares el 86,6% y Cataluña el 86,1%) y el resto, muchas gobernadas
por el PP, aportan menos (75,3% Galicia, 77,2% Murcia, 79,3% Castilla y León o
79,8% Cantabria), según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
La consecuencia
de esta “retirada del Estado central”
del pago de la Dependencia es que todavía hay 250.037 dependientes (98.236 de ellos grandes y severos dependientes) que tienen
reconocido legalmente el derecho a recibir una ayuda pero que no la
reciben, porque las autonomías no tienen recursos para prestársela. Y están “en lista de espera”, en lo que
se llama “el limbo de la Dependencia”. El
problema además, es desigualmente grave, según las autonomías. Si en toda España, están en lista de espera el 19,17% de los dependientes con derecho
reconocido (esos 250.037 en diciembre 2018), hay 5 autonomías donde son más de la cuarta parte: Cataluña (el
32,64% dependientes en espera), Canarias (29,27%), La Rioja (27,46%), Andalucía
(26,14%) y Cantabria (22,98%). Y hay otras 5 regiones donde los dependientes en
lista de espera son muy pocos: Castilla y León (el 1,55%), Ceuta (5,58%), Melilla
(6,86%), Navarra (9,68%) y Castilla la Mancha (10,97%).
La peor consecuencia de estas abultadas listas de espera no
es que las familias de los dependientes tengan que atenderles sin ayuda, sino
que muchos dependientes mueren antes de que les llegue la ayuda,
porque el 54% de los dependientes tienen
más de 80 años (y dos tercios son mujeres), según el IMSERSO. De hecho, en 2017, 38.000
dependientes con derecho reconocido murieron antes de que les llegara la
ayuda, más de 100 diarios, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y estiman que en 2019 morirán otros 30.000
ancianos dependientes antes de que les llegue la ayuda.
Los datos son lo suficientemente graves como para tomar
medidas. Y la principal es que la Administración
central aumente su financiación a la Dependencia, que aporte el 50% del gasto público (y las autonomías el otro 50%),
como señala la Ley de Dependencia.
Eso supondría que el Estado tendría que
pagar a las autonomías, por cada dependiente, el doble de lo que se propone pagar este año 2019: 264,99 euros por
dependientes grado I, 117,36 por
dependientes grado II y 66,04 euros
por dependientes grado I (moderados), según datos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y además, habría
que reformar
el sistema de financiación autonómica, para que las autonomías pudieran
cumplir con financiar el otro 50%, con más de lo que pagan ahora. Porque si no,
puede pasar como en 2017: que el
Presupuesto del Estado aportó 100 millones más para la Dependencia, pero como las autonomías no
pudieron poner su parte, se “perdieron” 44 de esos 100 millones.
De entrada, conseguir
estos mayores recursos debería ser posible, porque ya en
diciembre de 2016 se firmó un Pacto de Estado por la Dependencia, apoyado
por todos los partidos salvo el PP y el PNV. Y en diciembre de 2017, los mismos partidos lo renovaron, llegando el PSOE a
presentar una proposición
no de Ley, en abril de 2018, para conseguir más fondos y suprimir
las listas de espera, proposición apoyada en el Congreso por 205 votos a favor,
130 en contra (PP) y 2 abstenciones. Pero como
si nada: las listas de espera siguen ahí y 100 dependientes se mueren cada día sin ayuda. Al
final, en octubre, el Pacto entre PSOE y Podemos contempló más dinero para la Dependencia, que se
ha incluido en los Presupuestos para
2019: es la partida que más crece,
un 59,3%, 830 millones más para mejorar las ayudas a los dependientes (515 millones)
y pagar la Seguridad Social de sus familiares cuidadores (315 millones). En
total, se estima que ello permitiría reducir
la lista de espera en 80.000 dependientes (un tercio) y crear 18.500 empleos directos.
Claro que para eso, los
Presupuestos 2019 tienen que aprobarse,
algo difícil. Pero, con o sin Presupuestos, la Dependencia necesita apuntalarse, consolidarse. Y
eso exige conseguir dos objetivos: terminar con las listas de espera
(250.037) y poder hacer frente al futuro,
donde el número de ancianos dependientes
se va a duplicar para 2050 (según
el CSIC), por el envejecimiento y el aumento de la esperanza de vida, lo
que exige una financiación mayor y estable, al margen de los Gobiernos de turno. En total, harían falta unos 2.700 millones más al año,
según los Directores y Gerentes de Servicios sociales, no los 830 que se proponen
ahora. Y con ellos, España gastaría en
Dependencia 9.800 millones al año (recuperando un tercio en empleo,
cotizaciones e impuestos), una cantidad “pequeña”
comparada con los 130.000 millones que gastamos en pensiones, los 73.000 en
Sanidad, los 50.000 en educación o los 18.000 en desempleo, los otros pilares
del Estado de Bienestar.
Cada vez hay más familias con personas dependientes y muchos
sin medios para atenderlas (ver algunas historias). Es escandaloso
que cada día se mueran 100 ancianos sin recibir la ayuda que se les ha
reconocido. Y que haya tantas mujeres sin poder trabajar por tener que atender a padres, maridos o hijos
dependientes. Es urgente arreglarlo y más
si casi todos los partidos lo apoyan. Dejen de hacer promesas y tomen
medidas. Nuestros ancianos, jóvenes y niños dependientes no deben esperar más
una ayuda decente. Se lo debemos.
