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| Enrique Ortega |
La mayoría de los españoles llevamos casi dos años perdiendo poder adquisitivo, porque la inflación se come parte de nuestros ingresos. En 2021, antes de la invasión de Ucrania, la inflación media subió un +3,08%, más que los ingresos de 29 millones de españoles: los 9 millones de pensionistas (con una subida media del 0,9%), los 2,7 millones de empleados públicos (con una subida del +0,9%) y, sobre todo, los 17 millones de trabajadores asalariados (los que firmaron un convenio, pactaron una subida media del +1,5%, la mitad que la inflación media). Así que todos ellos han perdido poder adquisitivo, aunque en el caso de los pensionistas, se les ha compensado con “la paguilla” hecha en enero de 2022 (268 euros de media), para resarcirles de la mayor subida de la inflación el año pasado.
Este año 2022, la inflación se ha disparado más, tras la invasión de Ucrania y la subida desorbitada de la energía, alimentos y materias primas. Y la previsión es que la inflación media acabe el año en el +8% (incluso entre el 8 y el 9%). Así que 29 millones de españoles volveremos a perder poder adquisitivo, incluso más que en 2021: lo sufrirán los 9 millones de pensionistas (que tienen una subida del +2,5%, aunque se les resarcirá en 2023, no con otra “paguilla”, sino con una subida mayor para todo 2023, en aplicación de la nueva Ley de Pensiones), los 2,7 millones de funcionarios (con una subida este año del +2%) y, sobre todo, los 17,3 millones de trabajadores asalariados, la mayoría sin haber firmado un nuevo convenio (con el sueldo congelado) y con una subida de sólo el + 2,6% para los 7,1 millones de trabajadores que han firmado o renovado convenio este año (hasta agosto). En todos los casos, la inflación triplicará con creces su aumento de ingresos.
El problema adicional que tienen los trabajadores asalariados es que muchas empresas y sectores no han renegociado sus sueldos, tienen los convenios bloqueados: se han negociado sólo 538 hasta agosto, la tercera parte que en 2021. Eso se debe a que la patronal CEOE se levantó en mayo de la mesa de negociación, cuando estaba preparando con los sindicatos la firma de otro Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC), en sustitución del IV Acuerdo firmado en 2018, que fijó la subida salarial de 2018, 2019 y 2020. En 2021 no hubo acuerdo salarial, por la pandemia y ahora se trataba de negociar el V Acuerdo confederal para el empleo y la negociación colectiva, que debía acordar las subidas salariales en las empresas para 2022, 2023 y 2024.
Pero la patronal CEOE se levantó de la mesa negociadora en mayo, argumentando que los sindicatos querían saltar “una línea roja”: incluir en los futuros convenios una cláusula de revisión salarial, para compensar a los trabajadores si la inflación subía más que los salarios pactados. Y eso, para la patronal, no era asumible, porque suponía aumentar los costes de las empresas y “alimentar la inflación”. Enfrente, los sindicatos reiteraban que los trabajadores llevan dos años perdiendo poder adquisitivo y que hay que buscar fórmulas para resarcirlos de los aumentos extras de inflación (este año y los siguientes), aunque se abrían a repartir esta compensación en varios años y según la situación de las empresas. Y denuncian que las empresas han aprovechado la reforma laboral del 2012 (Rajoy) para suprimir la clausula de revisión en los convenios. El dato es claro: si en 2008 tenían esta clausula de revisión el 70% de los trabajadores con convenio, en 2022 sólo la tienen el 24,42% de los trabajadores que han firmado convenio hasta agosto (1.738.842 trabajadores). O sea, que sólo tienen clausula de revisión ante la inflación 1 de cada 10 trabajadores en España (hay 17,3 millones de asalariados).
Al margen de este “escollo” (fundamental), las posturas sobre las futuras subidas de salarios estaban bastante próximas entre patronal y sindicatos: ambos aceptaban una subida salarial del +3,5% para 2022 (con una inflación esperada del +8%), +2,5% para 2023 (se espera una inflación del 4,5%) y +2% para 2024, subidas muy moderadas y por debajo de la inflación prevista. Por eso resulta clave ver cómo se compensa la inflación “extra”, cómo se reparte por años (retrasar la mayoría a que pase esta crisis), empresas y trabajadores, para que esta compensación no ahogue a las empresas pero sirva para compensar en parte la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Los sindicatos dicen que están abiertos al “cómo”, pero sin renunciar a la compensación, sobre todo cuando las empresas tienen ya más ventas y beneficios que antes de la pandemia. Pero la patronal niega la mayor.
Y así han ido pasando los meses. En julio, la vicepresidente Calviño reunió a sindicatos y patronal para intentar un acuerdo, sin resultado. Y en agosto, la ministra de Trabajo lanzó un torpedo a la negociación, al declarar que “los sindicatos tienen toda la razón para salir a la calle” para reclamar subidas salariales. La semana pasada, el 21 de septiembre, varios ministros (Calviño y Díaz entre ellos), intentaron “enderezar la negociación”, reuniéndose con patronal y sindicatos, pero no se avanzó nada. Seguimos en punto muerto.
Y todo apunta a que este año 2022 no habrá ningún acuerdo salarial y que si se consigue algo, será ya para 2023 y 2024. Por un lado, la patronal CEOE tiene elecciones el 23 de noviembre y no parece que su actual presidente (y único candidato, Antonio Garamendi) “mueva ficha” antes, tras ser muy criticado dentro por una parte de los empresarios debido a sus pactos con Gobierno y sindicatos. Y por otro, se abre paso entre los empresarios que “es mejor negociar empresa a empresa y sector a sector que pactar un acuerdo global”, que no hace falta un pacto salarial global. Y argumentan que estos acuerdos no existen en otros paises, aunque siempre se ha puesto de ejemplo en Europa los acuerdos sociales en España, que han asegurado “la paz social” en la anterior crisis económica: el primer acuerdo salarial se firmó en 2010 (para 2010-2012) y después se han firmado tres acuerdos más, el IV AENC en julio de 2018 (para 2018-2020). Ahora, quizás no haya un V Acuerdo.
Ante este panorama, los sindicatos CCOO y UGT han anunciado movilizaciones para octubre, sobre todo en las empresas y sectores que no han firmado convenios este año y no se han sentado a negociar los de 2023. Se sumarán así a las protestas y movilizaciones convocadas en toda Europa, por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que denuncia una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores europeos mientras las empresas aumentan ventas y beneficios, sobre todo energéticas y bancos. En España, además, los sindicatos denuncian la desigualdad en la subida de los salarios: los sueldos de los consejeros de las empresas cotizadas en Bolsa han subido este año un +7,1% (+2,6% los convenios firmados) y estos directivos ganan 32 veces el sueldo medio de sus empleados (y 60 veces más los directivos de las empresas del IBEX).
La inflación afecta a los trabajadores de toda Europa, pero más a los españoles, porque aquí los precios suben más (+10,5% hasta agosto, frente al +9,1% en la eurozona, +8,8% en Alemania, 9,1% en Italia y 6,6% en Francia, según Eurostat) y los salarios son más bajos: el coste laboral (no sólo los salarios, el coste de contratar un trabajador) era de 22,90 euros la hora en 2021, frente a 29,10 euros en la UE-27, 32,80 euros en la zona euro, 46,90 euros en Dinamarca, 37,2 euros en Alemania, 37,9 euros en Francia y 29,3 euros en Italia, los paises con que competimos en Europa.
Y además, los salarios están subiendo menos en España (con muchos convenios bloqueados) que en el resto de Europa: los costes sólo salariales han crecido un +2,6% anual en el 2º trimestre de 2022 (el 5º país europeo donde menos crecen los salarios), frente al +4,5% que subieron de media en la UE-27 y el +5,5% que crecieron en Alemania (+2,7% en Italia, +3% en Italia y +5,6% en Portugal), según Eurostat. Con ello, dado que los salarios crecen menos en España y la inflación más, los trabajadores españoles serán los segundos en Europa que más poder adquisitivo pierdan en 2022, según la OCDE: -4,46% caerán los salarios reales aquí, sólo por detrás de Grecia (-6,92%) y más que Italia (-3,13%), Reino Unido (-2,94%), Alemania (-2,55%) y la media de los 35 países de la OCDE (donde los trabajadores perderán un -2,30% de poder adquisitivo). Y en Alemania, “un ejemplo” para muchos empresarios, los salarios ganarán este año un +0,23% de poder adquisitivo.
Esta mayor pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores españoles tiene dos consecuencias. Una, para ellos, para los 17,3 millones de asalariados: tendrán más difícil llegar a fin de mes, pagar las mayores facturas de la luz, el gas, la calefacción, el carburante o la cesta de la compra. Y la hipoteca, los que la tengan (subirá 178 euros al mes, los que la revisen en septiembre: después más). Sobre todo esa mayoría de trabajadores con el sueldo congelado. Y una parte de ellos acabará siendo “un trabajador pobre”: en España hay 2,5 millones de trabajadores pobres, el 14% de los asalariados. Un creciente colectivo que ahora lo está pasando peor, ante la alta inflación y la baja o nula subida de sus sueldos. Ojo al dato: la mitad de las familias que acuden a Cáritas pidiendo ayuda tienen un empleo.
La otra consecuencia de que los trabajadores pierdan poder adquisitivo la sufre “la economía”, todos nosotros: baja el consumo de las familias, gastan y compran menos, y en consecuencia bajan las ventas y el crecimiento de la economía. Y el empleo se frena o cae. Y si el proceso se mantiene muchos meses más, España puede entrar en recesión (de hecho, el Gobierno ha vuelto a rebajar el crecimiento previsto para 2022: del 4,3% esperado en julio al 4% previsto ahora (y +2% en 2023), que puede ser menos o negativo si Putin y la energía enturbian más el invierno).
Así que “devaluar” los salarios es malo para las familias y para la economía, perjudica también a las empresas. Por eso, la patronal debería volver a la mesa de negociación con los sindicatos y pactar una subida de sueldos razonable y una compensación justa y asumible por la inflación. Es lo que pensaba Henry Ford: tengo que subir más los salarios de mis trabajadores para que me puedan comprar coches. Hay fórmulas para subir los salarios y, en paralelo, compensar este mayor coste a lo largo del tiempo y aumentar la productividad. Otra cosa no, pero los sindicatos españoles han demostrado ser “razonables”. Ahora falta que lo sean las empresas, desbloqueando convenios y pactando mayores subidas de salarios. Y conteniendo sus márgenes y beneficios para que los precios suban menos. Eso es ser justos con los que peor lo están pasando (los trabajadores pobres) y ser “patriotas” con la economía. Si no lo hacen, se abrirá este otoño un rosario de conflictos laborales que a nadie beneficiarán. Negocien.
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