El pasado 1 de enero, la Ley de Dependencia cumplió 18 años, ya que entró en vigor en enero de 2007. El balance de esta Ley, que se considera “el cuarto pilar” del Estado del Bienestar (junto a la sanidad, la educación y las pensiones) es “gris”, según detallé en un reciente Blog, a partir del balance realizado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Por un lado, ha atendido a 3,7 millones de dependientes, la mayoría mayores, y ahora reciben alguna ayuda o servicio más de 1,5 millones de dependientes. Pero las familias con dependientes tardan casi un año en que se resuelva su expediente (334 días de media, pero 618 en Andalucía, 574 en Canarias o 514 en Murcia), comprobando después que las ayudas económicas son escasas (264 euros al mes es la media que reciben los cuidadores no profesionales) y que los servicios son cada vez más “low cost”, con menor coste y alcance (desde la teleasistencia a la ayuda a domicilio).
Y
finalmente, hay casi 300.000 dependientes “desatendidos” (270.325),
bien porque están pendientes de valoración o porque tienen su derecho
reconocido pero no le llegan las ayudas. Y como 4 de cada 5 dependientes
tienen más de 80 años, muchos se mueren antes: 900.000
dependientes han muerto desde 2007 esperando una ayuda pública… (34.252
en 2024).
El problema de fondo de la Ley de Dependencia,
según la mayoría de expertos, es que se
aprobó sin comprometer una financiación suficiente. En teoría, la
mitad del gasto lo iba a costear el Presupuesto del Estado y la otra mitad las
autonomías, que son quienes gestionan la Dependencia. Pero la financiación fue
insuficiente desde el principio y, a partir de 2012, el Gobierno Rajoy le
aplicó duros recortes (-2. 825 millones entre 2012 y 2015), como a todo
el país. Y las autonomías se vieron obligadas a hacer los suyos y a gestionar
las ayudas con muchos menos recursos. Resultado:
retrasaron los expedientes, aumentaron las listas de espera y trataron de
atender a más dependientes con menos recursos, ofreciendo más servicios “low
cost” (teleasistencia, ayuda a domicilio) y menos plazas en residencias y
escasas ayudas a las familias que cuidan a sus dependientes.
Además, el proyecto de Ley incluye que todos los que tengan
una situación de dependencia reconocida tengan derecho a recibir
teleasistencia. Eso no estaba en la Ley de 2007, pero se
incluyó en 2021, en el Plan de choque aprobado por el Gobierno y apoyado
por las autonomías, para conseguir que la teleasistencia llegara
al 100% de los dependientes a finales de 2022… Pero no se ha cumplido, por la
falta de recursos. Y así, al comienzo de 2025, sólo el 42% de las personas
atendidas en su domicilio tienen teleasistencia y el 58% de los dependientes
no la reciben, según
los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
En
total, hay 2,84
plazas de residencias con financiación pública por cada 100 mayores,
pero hay 4 autonomías con más porcentaje de plazas con financiación pública
(6,25% en Castilla y León, 5,35% en Castilla la Mancha, 3,75% en Aragón y 3,05%
en Extremadura) y otras que apenas tienen, como Canarias (para el 1,74% de los
mayores), Comunidad Valenciana (1,76%), Murcia (1,76%) y Andalucía (1,79%),
quedando por encima de la media Cataluña (2,83) y Madrid (3,06%).
Así que aunque lo ideal sea que los mayores
dependientes “no salgan de casa”, ahora no ayudamos a sus familias para
cuidarlos ni tampoco hay residencias suficientes para trasladar a los que
necesitan más cuidados (si se pueden pagar la plaza o una parte). Y entre
medias, las
ayudas a la Dependencia siguen “en el aire”, entre los recortes
presupuestarios de las autonomías y unos servicios “low cost” que tratan de
atender a más dependientes con menos coste. En este contexto, Sumar “se
descuelga” con una Reforma para “ampliar los servicios a la
Dependencia”, sin Presupuestos y sin
haber acordado nada previamente con las autonomías, que son las que
financian el 60% de las ayudas… Pura
demagogia.
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