La luz dispara su precio porque pagamos de más

En enero, la electricidad duplicó su precio medio de 2016 y subió 18 euros (+29%) el recibo de la luz a 12 millones de consumidores (el resto sufrirán la subida cuando renueven sus contratos anuales “libres”), disparando el IPC al 3%. Se culpa al clima, a la falta de agua y viento (energías más baratas), pero el problema de fondo es el mal funcionamiento del mercado eléctrico, creado por Aznar en 1997, que permite a las eléctricas manipular precios y sacar más beneficio de sus centrales hidroeléctricas y nucleares (ya amortizadas). Además, en el recibo pagamos numerosos costes de más, que deberían no pagarse o cargarse al Presupuesto. Por todo ello, las familias pagan la tercera luz más cara de Europa (sin impuestos). Y las empresas pagan un 28% más que las alemanas. Rajoy pide que "esperemos a que llueva" y no toma medidas, para no enfrentarse a las eléctricas. Urge realizar una auditoría de costes, para que paguemos la luz por lo que vale. Y reformar a fondo el sistema eléctrico, para que produzca luz más barata y más limpia. Luz y taquígrafos.
 

enrique ortega

El recibo de la luz tiene tres partes: el coste de producir la electricidad (35% de la factura), los pagos regulados que aprueba el Gobierno cada año (los “peajes”, el 40% del recibo) y los impuestos que paga la luz (IVA e impuesto eléctrico, el 25% restante). Ahora, la fuerte subida del recibo en enero se debe al primer tramo, al encarecimiento de la electricidad en el mercado eléctrico, que ha duplicado con creces su precio: si en 2016, el precio medio del kilovatio fue de 38,74 euros, en enero 2017 ha llegado a máximos de 91,88 euros (25 enero), cotizando por encima de 100 euros el kilovatio varias noches. Y ha cerrado enero con un coste medio de 71,49 euros por kilovatio, un 17% más cara que la media de diciembre (61,03 euros kvh). Se trata de la mayor subida de la luz en el mercado eléctrico desde diciembre de 2013, cuando el récord de 93,11 euros por kilovatio (18 diciembre) obligó al Gobierno Rajoy a intervenir en el mercado y cambiar el sistema: en vez de fijar un precio trimestral por subasta, se fijaba el precio diario por horas (24 precios al día) y eso es lo que pagan ahora los consumidores con precio regulado.

Este cambio, de pagar un precio fijado trimestralmente a un precio distinto cada hora, provocó unos enormes altibajos (“volatilidad”) en los precios del mercado eléctrico, donde las eléctricas compran cada día la luz que ellas mismas nos venden al día siguiente. Ahora, en enero, el precio de la electricidad se ha disparado, de 51,09 euros que valía el 1 de enero a casi 100 el 25 de enero, por varias razones. Una, el clima: apenas llueve (los pantanos están al 39% de capacidad frente al 55% hace un año) y tampoco hace viento, con lo que se produce poca electricidad eólica e hidráulica, las más baratas. Y eso obliga a recurrir a las centrales de carbón y gas, dos energías cuyos precios internacionales se han disparado (y más en España el gas, por problemas en las terminales de Argelia y porque nuestro mercado es muy estrecho y los precios del gas duplican a los europeos). Además, Francia lleva desde octubre con 8 centrales nucleares paradas y está importando electricidad de España, haciendo subir los precios. Y para rematar, hemos sufrido una ola de frío en enero que ha aumentado el consumo de luz.

Todo ello explica parte de la subida, pero no el fondo del problema: que el mercado eléctrico ibérico (MIBEL), que funciona desde el 1 de enero de 1998, es un mercado estrecho (“un mercadillo”), donde muy pocas empresas (Iberdrola, Gas Natural y Endesa) tienen un gran poder y se benefician de un sistema de precios “de locos” que les permitió Aznar con la Ley Eléctrica de 1997. En esencia, cada tipo de electricidad se ofrece a su precio y cada hora se fija un precio que es el de la electricidad más cara. Así, si hay poca agua y viento, las eléctricas ofrecen electricidad de sus centrales de gas (las más caras), a 90 euros kilovatio. Y eso es lo que se paga el kilovatio de las centrales hidroeléctricas (que cuesta producir 10 euros) o nuclear (22 euros). Un negocio redondo para esas centrales, que además están ya amortizadas. Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos a precio del chuletón: los del pollo y cerdo se forraban. El experto Jorge Fabra estima que los consumidores hemos pagado 20.000 millones de más a las eléctricas sólo entre 2005 y 2015 por este injustificable sistema de precios.

Además, este sistema de precios incentiva el fraude. En la anterior gran subida de precios (diciembre 2013), la Comisión de la Competencia (CNMC) detectó que Iberdrola había parado la producción de sus centrales hidroeléctricas del Duero, Tajo y Sil, provocando una falta de oferta que disparó los precios en el mercado eléctrico, actuación por la que Iberdrola fue multada con 25 millones de euros por la CNMC en noviembre de 2015. Ahora, en esta subida de enero 2017, varios expertos temen que las eléctricas hayan vuelto a “manipular” el mercado, retrasando la entrada en servicio de las centrales de gas, bien porque no tenían gas almacenado (ahorraban al no invertir en stocks) o porque el gas había duplicado precios. Y al final, las centrales de gas han entrado en funcionamiento, marcando como referencia su elevadísimo precio, lo que beneficia a las eléctricas con centrales hidroeléctricas y nucleares.


Si ha pasado esto (la CNMC y la Fiscalía del Estado están investigando, pero es difícil de probar), resulta doblemente fraudulento, porque las eléctricas cobran por tener sus centrales de gas y carbón disponibles (por si falla la lluvia o el viento). En los últimos tres años (2014-2016), los consumidores hemos pagado en nuestro recibo 2.880 millones de euros como “pagos por capacidad” a las eléctricas, por tener “disponibles” sus centrales de ciclo combinado (gas y carbón). Y parece que muchas no lo están ni tienen combustible, aunque las eléctricas cobran por ellas. Y lo peor: nadie lo controla.

Bueno, por acabar con esta primera parte del recibo (35%), lo que pagamos por el coste de la electricidad  generada, la fuerte subida de enero no afecta a todos los consumidores, sólo a las familias que tienen contratada una tarifa “regulada” (llamada PVPC, precio voluntario al pequeño consumidor), que son 11,9 millones de españoles. A ellos es a quien les ha subido 18,32 euros extras (un 26%) el recibo de enero sobre el de enero de 2016, según el cálculo de la CNMC para una familia con 2 hijos y consumo medio (250 kW al mes). Y eso ha disparado el IPC de enero, que subió al 3% anual (1,6% en diciembre). En el resto de Europa, también ha subido mucho la luz en el mercado eléctrico, pero no ha provocado titulares ni les preocupa tanto porque estos precios no se trasladan automáticamente al recibo, algo que sólo pasa en España , gracias al nuevo sistema de precios regulados (PVPC) que el Gobierno Rajoy introdujo en abril de 2014, tras las fuertes subidas de diciembre de 2013.


Pero el resto de españoles, los 13,9 millones de consumidores que tienen contratada la luz en el mercado “libre” no se librarán de la subida: cuando renueven su contrato (son anuales), les van a subir el importe (“tarifa plana”), argumentándoles que la luz ha subido. En los dos últimos años, estos consumidores han dejado los contratos de precio regulado (PVPC) y se han pasado al mercado “libre” , presionados por las eléctricas, que les decían que así pagaban menos. Pero no es verdad: según la CNMC, las tarifas “libres” son 32 euros anuales más caras que las del mercado regulado, básicamente porque al ser un precio por todo un año, no se quieren “pillar” con precios bajos. Ahora, con la fuerte subida de enero, las eléctricas tratarán aún más de desviar clientes con precio regulado a clientes con precios "libres", argumentando que así se libran de los “saltos de precios”. Pero no es verdad: antes o después, las eléctricas tendrán que repercutir las subidas en sus clientes “libres”.

Vayamos a la segunda parte del recibo (el 40%), la que paga los costes regulados por el Gobierno cada año (los llamados “peajes”, congelados para 2017), algo inaudito en Europa: en los demás paises, estos "peajes" los fija un organismo independiente del Gobierno, tipo la Comisión de la Competencia española). Aquí, todos los consumidores (“regulados” y “libres”) pagamos los mismos conceptos, costes la mayoría no justificados y que encarecen otra vez nuestro recibo. Pagamos el coste de transportar la electricidad (1.710 millones en 2016, el 2,96 % del recibo, que se lo lleva un monopolio, la empresa pública Red Eléctrica) y distribuirla (5.123 millones, el 10,04% del recibo), dos conceptos justificables, pero por los que pagamos de más, según varios expertos. Otros 6.403 millones los pagamos para ayudar a las renovables (17,22% del recibo), ayudas que se han recortado mucho. Y 2.838 millones para amortizar la deuda acumulada con las eléctricas (30.000 millones) y sus intereses (2,84% del recibo. Nos cobran 155 millones (0,41% del recibo) para compensar a las eléctricas del “parón” nuclear. Pagamos 740 millones por compensar a Endesa del mayor coste de producir luz para las islas (4,2% del recibo). Otros 725 millones (4,15% del recibo) son para que las eléctricas tengan “disponibles” sus centrales de carbón y gas (paradas la mayoría casi todo el año) y 525 millones más (3% del recibo) se los pagamos a grandes empresas (Arcelor Mittal, Alcoa, Asturiana de Zinc…, aunque el Gobierno no quiere dar la lista de beneficiadas) para “compensarles” porque las eléctricas puedan cambiarles o cortales el suministro de luz si hace falta (cosa que no ha pasado nunca). Estos dos pagos (por “capacidad” e “interrumpibilidad”) están bajo vigilancia de la Comisión Europea porque creen que son “subvenciones encubiertas” a eléctricas y empresas (a costa de nuestro recibo).

Como se ve, esta segunda parte del recibo (recordemos, el 40%) es un “cajón de sastre” donde los Gobiernos llevan años añadiendo costes, en vez de cargar algunos al Presupuesto y otros suprimirlos, porque no se justifican y sólo sirven para engordar los beneficios de las eléctricas (5.794 millones en 2016 las tres grandes). El último coste nuevo, incluido por el Gobierno Rajoy en nuestro recibo para 2017, es el coste de un proyecto para que el operador del mercado eléctrico OMIE (una empresa privada) participe en la gestión de la futura plataforma de negociación eléctrica europea. También saldrá de nuestro bolsillo.


Como también pagaremos este año el bono social, ese descuento del 25% en el recibo a los consumidores más vulnerables (2,4 millones entre parados, jubilados, familias numerosas y clientes con menos de 3 kilovatios contratados) que cuesta 250 millones anuales. Zapatero pactó en 2009 con las eléctricas que el coste del bono social lo pagaban ellas, pero Iberdrola recurrió a los Tribunales y el Supremo obligó en 2012 a devolverles lo pagado entre 2009 y 2012 (a costa de nuestro recibo) y a cambiar el sistema de pago. Industria lo cambió a medias, las eléctricas volvieron a recurrir y el Supremo falló a su favor en octubre de 2016, sentenciando que hay que devolverles lo pagado entre 2014 y octubre de 2016 (503 millones que pagaremos con nuestros recibos). Ahora, el Gobierno Rajoy ha aprobado un decreto Ley (23 diciembre 2016), con apoyo del PSOE (ha pasado del “no es no” al “sí, claro que sí”), para reformar el bono social y que su coste lo paguen “las comercializadoras de energía”, ligadas a las eléctricas. Pero estas ya han dicho que “lo repercutirán en el consumidor”. O sea que lo pagaremos nosotros. Y si alguien pretende lo contrario, irán a los Tribunales, ganarán otra y vez y lo pagaremos antes o después.

Así que, con todos estos costes, no debe extrañarnos que la luz sea tan cara. Y más porque muchos tienen contratada más luz de la que necesitan, por miedo a que “les salte el automático”: un 20% de españoles tienen contratada más potencia de la que necesitan y pagan así 52,82 euros de más al año, según un estudio de Mirubee.  Antes no era caro hacerlo, pero desde 2013, con la “reforma eléctrica” aprobada por el Gobierno Rajoy, se subió mucho el componente “potencia” del recibo (+92% a los consumidores domésticos y +145% a los industriales), con lo que ahora pesa mucho en el recibo la potencia contratada (es una forma de “garantizar ingresos” a las eléctricas estos años de bajo consumo) y podemos pagar casi tanto por potencia como por consumo (o más algunos meses). Miren su recibo.

Al final, entre tanto “extracoste” a cargo del recibo, el precio de la luz se ha disparado y ha subido en España un 52% durante la crisis (2008-2014), casi el doble que en Europa (+34%). Los consumidores domésticos pagamos la 5ª luz más cara de Europa. Pero si descontamos los impuestos (más bajos en España, un 21% de media frente al 33% en Europa, el 52% en Alemania o el 69% de Dinamarca), resulta que las familias españolas pagan la tercera luz (sin impuestos) más cara de Europa, sólo por detrás de Irlanda y Reino Unido (dos islas), según datos de Eurostat (2015). Y ahora (noviembre 2016), con datos del Ministerio de Energía, los consumidores españoles pagamos la luz (0,172 euros/kwh) un 30% más cara que la zona euro (0,132 €/kwh), un 23,7% más cara que los alemanes (0,139 €/kwh) y un 56,3% más cara que los franceses (0,110 €/kwh). Y las empresas pagan en España 0,086 euros/kwh, un 28,3% más que las alemanas (0,067 €/kwh) y un 30,3% más que las francesas (0,066). Es un gran “hándicap para competir, tan importante o más que el coste salarial del que siempre se quejan las empresas (muy inferior al europeo).

En definitiva: tenemos un sistema eléctrico “de locos” y un recibo al que todo el mundo carga costes, con permiso del Gobierno de turno. Rajoy pide que "esperemos a la lluvia" y el nuevo ministro de Energía afronta el problema con “ocurrencias”, como ampliar el mercado del gas, para que entren más operadores y bajen los precios. Vale, pero tardará tiempo en surtir efecto y será mínimo. La CNMC investiga, como la Fiscalía del Estado (sin medios ambos), pero sabe que es muy difícil probar los fraudes y que luego sus sanciones se las echan atrás los Tribunales (la Audiencia Nacional suspendió en marzo de 2016 la ejecución de la multa de 25 millones a Iberdrola por el supuesto fraude de 2013). Lo eficaz sería poner en marcha una auditoría de costes del sistema eléctrico (como acaba de pedir en el Congreso toda la oposición), para que paguemos la luz por lo que realmente cuesta producirla, sin los “regalos” que hoy costeamos. Y después, modificar a fondo el sistema de generación eléctrica, para que sea más eficiente, más barato y más limpio (menos carbón y gas y más renovables, porque España aumentó sus emisiones de CO2 en 2014 y 2015). De las 10 instalaciones que más emiten CO2 en España, 9 son centrales térmicas de Endesa(2), Gas Natural Fenosa(2), Hidroeléctrica(2) y Viesgo (EON).

La reforma a fondo del sector eléctrico es una de las grandes tareas pendientes desde la transición. Aznar dio “prebendas” a las eléctricas a cambio de que ayudaran a bajar precios para entrar en el euro. Y luego, ni Zapatero ni Rajoy se han atrevido a desmontar el sistema, que asegura elevados beneficios y dividendos (+25% entre 2014 y 2017) a las eléctricas, un “oligopolio” con gran poder económico, mediático y político (32 ex-políticos del PP, PSOE, CiU y PNV están sentados en los Consejos de Administración de las eléctricas). Es hora de “desmontarles el sistema”, porque es ineficiente, muy costoso y lo pagan los españoles más vulnerables, con un recibo que no para de subir y que es más elevado que el de los demás europeos. Pero ojo, si mañana cambia el clima o abren las nucleares francesas y los precios ya no son noticia, no bajen la guardia, porque el problema sigue ahí: estamos pagando costes de más, una luz más cara de lo que debía costarnos. No lo permitan. Luz y taquígrafos.