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| Enrique Ortega |
En todo el mundo, los sindicatos han perdido fuerza en las últimas décadas. La mayor caída en la afiliación se ha dado en Europa, donde los sindicatos pasaron de tener un 40% de trabajadores afiliados en el 2000 al 25% en 2016, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En Norteamérica, la afiliación, que era mucho más baja, cayó del 14 al 12%, en Asia del 20 al 13% y en Africa, del 28 al 21%. En España, la caída de la sindicación ha seguido la senda de los paises occidentales, aunque mantenemos una afiliación sindical menor. Según los últimos datos publicados por la OCDE, la tasa de afiliación en Occidente cayó del 20,9% en el año 2000 al 15,8% en 2020.En España, cayó del 17,5% (2000) al 12, 5% (2020), una tasa de afiliación sindical muy inferior a la de Italia (32,5%), Reino Unido (23,5%) y Alemania (16,3%) pero superior a la de Francia (10,8%) y Estados Unidos (10,3%), muy lejos todos de la tasa de afiliación sindical de Dinamarca (67%) y Suecia (65,2%).
En España, la reforma laboral de Rajoy (2012) fue la puntilla a los sindicatos, que habían aumentado su sindicación a un máximo del 18,2% en 2011. Por un lado, se fomentaban los convenios de empresa, donde hay menos presencia sindical, frente a los de sector. Y por otro, se flexibilizaba la contratación, lo que precarizaba el empleo y desalentaba a los trabajadores más vulnerables a sindicarse. Y en paralelo, las empresas han ido reduciendo el número de convenios a negociar, lo que ha debilitado aún más a los sindicatos: si en 2013 se firmaron 2.502 convenios colectivos (que afectaron a 5,2 millones de trabajadores), en 2019 fueron 1.725 convenios (3 millones de trabajadores), 928 convenios en 2020 (1,6 millones de trabajadores) y 1.024 convenios firmados en 2022 (cubriendo sólo a 2.762.887 trabajadores, de 20,4 millones), según las estadísticas de Trabajo.
Esta reforma laboral
y las sucesivas crisis han
debilitado a los sindicatos en España (y en toda Europa): Comisiones Obreras (CCOO) dice tener algo
más de 1 millón de afiliados, UGT otros 983.521 afiliados, CSIF
(funcionarios) unos 200.000 y USO otros 125.000, lo que da un total de
afiliados (contando el resto de sindicatos) que ronda los 2,5 millones de trabajadores, frente a un total de
17.371.000 asalariados. O sea, que están
afiliados a un sindicato 1 de cada 7
trabajadores, una minoría. Y muchos están concentrados en grandes
empresas (de la industria y la construcción) y en la Administración pública,
generalmente mayores de 40 años. CCOO
es el sindicato con más delegados desde los años 90: en
2019 ganó las elecciones sindicales por 7ª vez, con 97.086 delegados
(35,43%), seguido de UGT (87.663 delegados, el 31,99%) y, a muchísima
distancia, están USO (11.557 delegados, el 4,21%), CSIF (10.605 delegados, el
3,87%) y la CGT (5.557 delegados, el 2% del total).
Los sindicatos españoles, aparte de ser más débiles, tienen problemas económicos, les cuesta sobrevivir con las cuotas de los afiliados (13,70 euros al mes de media pagan en UGT). En 2013, el gobierno Rajoy congeló las subvenciones a los sindicatos, hasta 2020 en 8,88 millones anuales. En 2021, el nuevo Gobierno subió la subvención a 13 millones (a repartir entre 162 sindicatos, aunque los 10 grandes se llevan el 94%). Y en 2022, la subvención estatal subió otra vez, a 17 millones, los mismos concedidos para 2023, según un reparto que se hace por representatividad :CCOO se lleva 5,28 millones, UGT 2,7 millones, USO 611.000 euros, CSIF 570.000, el vasco ELA-STV 480.000 y la CGT 308.000). Pero además de esta subvención anual, los sindicatos reciben otras subvenciones públicas que son “menos transparentes”: por cursos de formación, por asistir a reuniones de organismos públicos donde participan, Fondos UE para digitalización, etc.
Los sindicatos se enfrentan a tres problemas para crecer y sobrevivir. Uno, que el 99% de las empresas españolas son pymes y les resulta más difícil conseguir afiliados y negociar convenios y condiciones laborales: en la gran mayoría no existen ni delegados de personal ni Comités de empresa. El 2º problema es que un 76% de la economía y el empleo en España están en los servicios, en el turismo, la hostelería, el comercio y las plataformas de Internet, con los trabajadores muy dispersos y empleos más precarios, poco proclives a sindicalizarse. Y el tercer problema, el más serio, es que los jóvenes se afilian mucho menos que sus padres: lo ven poco útil e incluso “peligroso” para mantener su precario empleo. Y, además, no está valorado socialmente. De ahí que tanto UGT como CCOO lleven años haciendo campaña entre los trabajadores más jóvenes y de plataformas (“riders, por ejemplo).
Enfrente, los sindicatos españoles tienen una patronal, la CEOE, cada vez más fuerte. Según sus datos, la integran “voluntariamente” 2 millones de empresas y autónomos, de los 3,3 millones afiliados a la Seguridad Social. Participan a través de las organizaciones provinciales o sectoriales en las que se integran, que son las que les cobran las cuotas y transfieren una parte a la CEOE central. Se estima que la cuota de una patronal autonómica ronda los 3.000 euros al año. Con estas cuotas de las organizaciones, más las aportaciones de grandes empresas, la patronal se financia y presta servicios. En 2022, su Presupuesto público refleja unos ingresos de 14.649 millones y unos gastos de 14.548 millones La patronal no recibe subvenciones presupuestarias como los sindicatos, pero la realidad es que también ingresan dinero público por impartir cursos de formación, asistencia a reuniones de órganos consultivos y Fondos UE para digitalización.
En los últimos años, la patronal CEOE, presidida por Antonio Garamendi (elegido en 2018 y reelegido en noviembre de 2022) se ha lanzado a una agresiva campaña de captación de nuevos socios, con el doble objetivo de ganar fortaleza (económica y empresarial) y reforzar su labor de “lobby” (grupo de presión) ante el Gobierno, el Parlamento español, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Ha pasado de integrar a 373 organizaciones en 2018 (174 empresas y 199 organizaciones) a 510 en marzo de 2023 (263 empresas y 247 organizaciones), aumentando su representatividad y sus actividades.
Este fortalecimiento institucional de la patronal CEOE coincide con una mayor politización de su directiva, con fuertes críticas al Gobierno Sánchez y un cambio de actitud ante la concertación social: apoyaron la reforma laboral en 2021 pero estuvieron en contra de las últimas subidas del Salario Mínimo y de la reforma de las pensiones, que el Gobierno ha aprobado en 2023 sólo con el apoyo sindical. Y la dirección de la CEOE defiende posturas socioeconómicas más a favor del PP y de Feijóo (tras un cierto distanciamiento con Casado). De hecho, Garamendi se ha rodeado de múltiples dirigentes del PP, que ocupan cargos importantes en la patronal CEOE: en plena pandemia fichó a Fátima Báñez (ex ministra de empleo de Rajoy) como presidenta de la Fundación CEOE, Iñigo Fernández de Mesa (ex Secretario de empleo con Rajoy) fue fichado en 2019 como presidente del Centro de Estudios de la CEOE, Pilar González de Frutos (ex directora general de Seguros con Rajoy) es vicepresidenta de la patronal, Gregorio Izquierdo (ex director general del INE con Rajoy) es Director del Departamento de Economía de la CEOE, y Rosa Santos (ex senadora del PP) es Directora de Relaciones Laborales de CEOE. El último “fichaje” de Garamendi, a principios de 2023: José Luis Ayllón (ex jefe de gabinete de Rajoy) como Director del Departamento de Asuntos Públicos y Relaciones con las Cortes de la CEOE, la cabeza del lobby…
Este mayor poder institucional de la CEOE y su creciente “derechización” han provocado que España pierda un gran activo, la concertación social entre sindicatos y patronal, que se mantuvo en las crisis de 2008 y durante la pandemia. En mayo de 2022, la patronal CEOE se levantó de la mesa donde negociaba con los sindicatos las subidas salariales de los próximos años. Su argumento fue que los sindicatos querían “saltarse una línea roja”, al pretender incluir en los futuros convenios una cláusula de revisión salarial ante posibles desviaciones de la inflación. La postura de los sindicatos era que la patronal había aprovechado la reforma laboral de Rajoy y las crisis para privar a los trabajadores de esta cláusula de defensa del poder adquisitivo, que antes era habitual: en 2008 la tenían el 70% de los trabajadores con convenio y en 2022 la tenían sólo el 21% (1,9 millones de trabajadores). Ahora, sólo 11 de cada 100 asalariados tienen cláusula de revisión salarial.
El Gobierno Sánchez pidió en varias ocasiones a la patronal, a lo largo de 2022, que se sentara de nuevo a negociar “un pacto de rentas”, para acordar un reparto equitativo de salarios y márgenes empresariales. Y los sindicatos pidieron lo mismo, infructuosamente, lo que se ha traducido en muchos convenios estancados y trabajadores que no revisan su sueldo desde 2021. Este desacuerdo contrasta con años de concertación social entre sindicatos y patronal, que han sido “un ejemplo en Europa: el primer acuerdo salarial se firmó en 2010 (para 2010-2012) y después se han firmado tres acuerdos salariales más, el último el IV AENC en julio de 2018 (para 2018.2020). Pero en 2021 no se pudo (por la pandemia) y en 2022, la CEOE rompió la negociación.
Ahora, coincidiendo con el 1º de mayo, los sindicatos han perdido la paciencia y dan un ultimátum a la CEOE: o se sientan a negociar antes del verano las futuras subidas salariales o convocarán movilizaciones. Los sindicatos proponen unas subidas salariales que parecen bastante “razonables”: +5% de subida en 2022 (frente al 8,4% que subió la inflación), +4,5% en 2023 (frente al 4,3% de inflación que prevé el FMI) y +4,75% en 2024 (frente al 3,2% de inflación prevista). En total, una subida de +14,25% en tres años, incluso por debajo de la inflación real y prevista (+15,8%). Eso sí, en todos los casos defienden clausulas de revisión que compensen subidas extras de la inflación (en todo o en parte). Y están dispuestos a reajustar las subidas según los resultados de las empresas.
Los sindicatos creen que son subidas “justas”, dado que los trabajadores llevan dos años perdiendo poder adquisitivo: en 2021, la inflación media subió un +3,08%, mientras los sueldos en convenio subieron un +1,5%. Y en 2022, la inflación media subió un 8,4%, frente al +2,78% que han subido los convenios firmados. Así que los trabajadores han perdido un -7,2% de poder adquisitivo entre 2021 y 2022. Mientras, las empresas están aumentando su cifra de negocio (+41,3% en 2022) y sus beneficios (crecieron un +91,3%), según los datos del Banco de España, que atestigua que la rentabilidad de los activos empresariales creció un 5,5% en 2022 y otro 4% en 2021.
El resultado es que, con esta nueva crisis, provocada por la inflación y la guerra de Ucrania, las empresas han mejorado su trozo de pastel en el reparto de la renta, en perjuicio de los trabajadores: los excedentes empresariales se llevaron en 2022 el 43,20% del PIB (frente al 40,91% en 2021 y el 41,08% en 2020) y los salarios se llevaron el 46,87% (frente al 48,48% en 2021 y el 49,79% en 2020), llevándose el resto los impuestos (9,93%), según la Contabilidad Nacional del INE. Eso indica claramente, según los sindicatos, que las empresas han mejorado sus resultados a costa de los sueldos de los trabajadores. Y quieren corregirlo.
La patronal no ha respondido al ultimátum de los sindicatos ni dice si quiere volver a negociar. Lo que sí ha reiterado es que no acepta las cláusulas de revisión y que no quiere subir mucho los salarios con la excusa de que “eso alimentaría la inflación”. Pero eso contrasta con numerosos estudios (incluido el BCE), que culpan de la inflación actual a la subida de los márgenes empresariales y no a los salarios, que están estancados. Además, los economistas del FMI señalaron en enero que “se pueden subir los salarios sin que eso alimente la inflación”, lo que desmonta un viejo mito económico. Estos economistas han estudiado 79 periodos históricos, en 38 paises (incluida España) para analizar la relación salarios/precios en un contexto de inflación de costes como el actual. Y concluyen que la subida de salarios “no provocó una espiral de inflación”.
Ahora, se trata de recomponer la concertación social y pactar unas subidas de salarios razonables, que son necesarias por justicia y por economía. Por justicia, porque los sueldos españoles son mucho más bajos que en Europa: 17,5 euros la hora, un 31% menos que en la zona euro (25,5 euros), un 42% más bajos que en Alemania (30,3 euros), un 37% menos que en Francia y un 17,5% menos que en Italia (21,2 euros), según Eurostat. Y por economía, porque hace falta subir los sueldos (sobre todo los más bajos: el 30% gana menos de 1.366 euros brutos al mes) para reanimar el consumo de las familias (lleva cayendo 6 meses, según el INE) y ayudar al débil crecimiento previsto para 2023 (+1,5%). Así que la patronal debe negociar y repartir parte de sus beneficios.
Además, las empresas españolas deberían reformar la organización laboral, mejorando la “democratización del trabajo”, otra de las prioridades de los sindicatos para el 2º semestre europeo que dirigirá España. Se trata de conseguir unas empresas más sostenibles y donde se tenga más en cuenta la voz y la participación de los trabajadores, según los principios de una Directiva europea de Diligencia debida, aprobada por Bruselas el 23 de febrero de 2022 y que los sindicatos quieren que ratifique una Cumbre Europea este 2023. Se trata de cambiar el sistema de “gestión personalista”, del “ordeno y mando” empresarial por más trabajo en equipo y escuchando a los trabajadores. Algo cada vez más necesario, dado que un 40% de los trabajadores españoles (y el 54% de los jóvenes) manifiestan un descontento generalizado en su puesto de trabajo y estarían dispuestos a irse, por estrés, ansiedad, frustración o desmotivación, según la Encuesta realizada por Alan. Algo pasa en los trabajos: es hora de cambiar las viejas estructuras, mejorando condiciones y trato, no sólo el sueldo. Debería ser una reflexión para todos este 1º de mayo.
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