Desde el 12 de mayo, las empresas tienen obligación de llevar un control horario de entrada y salida de sus trabajadores, medida aprobada por el Gobierno Sánchez (con el apoyo legal del Tribunal de Justicia europeo) para frenar las horas extras. A pesar del fichaje obligatorio, en el 2º trimestre se han hecho más horas extras que en el 1º, según la EPA. Y también más horas extras gratis. Los sindicatos denuncian retrasos y fraude en la aplicación del control horario en muchas empresas. Y piden más inspectores, multas más altas y una reforma laboral que prohíba a los empresarios imponer horarios excesivos. El problema es grave porque estas horas extras impiden crear 180.000 nuevos empleos al año y, como muchas no cotizan, dejan a la Seguridad Social un “agujero” de 650 millones anuales. Más 1.800 millones que dejan de ganar los trabajadores que hacen horas gratis. Al final, trabajamos más horas que en Europa, para ganar menos y ser un país menos productivo.
En España hay una larga tradición de “hacer horas extras”, como en toda la Europa del sur. Una fórmula para que los trabajadores “redondeen” sus ingresos (antes era el pluriempleo) y las empresas se ahorren costes y, sobre todo, cotizaciones sociales, con lo que ambas partes “colaboran”. Eso aumenta, de hecho, la jornada laboral efectiva. Así, la jornada media pactada en los convenios (marzo 2019) es de 148,6 horas al mes (37,15 horas semanales), según el INE, pero más de la mitad de los ocupados trabajan más de 40 horas semanales efectivas: 8,81 millones (el 44,5% de los ocupados) trabajan de 40 a 49 horas semanales y otros 1,44 millones (el 7,3%) trabajan incluso más de 50 horas a la semana, según la EPA. Los que trabajan jornadas más largas son los jóvenes (el 55% tienen entre 25 y 34 años) y los empleados en hostelería, comercio, construcción y algunas industrias, sobre todo en Madrid, Baleares, Canarias, Cantabria y Galicia.
La jornada real de trabajo supera mayoritariamente las 40 horas
porque, tras los drásticos recortes de plantillas entre 2008 y 2014, las
empresas imponen jornadas más largas a los trabajadores que quedan (gracias a
la reforma laboral de 2012) y también porque se están haciendo más horas extras, tras haberse reducido con la crisis.
En los años de bonanza económica se llegó al récord de horas extras: 10,2 millones a la semana en el primer
trimestre de 2008, según el INE.
Pero luego estalló la recesión y las empresas recortaron las horas extras,
bajándolas a la mitad, hasta un mínimo de 4,5
millones de horas semanales en el verano de 2012. A partir de ahí, la
reforma laboral aprobada por Rajoy dio “amplios poderes” a los empresarios para
fijar la jornada y las horas extras, que empezaron a subir, hasta los 6,5 millones de horas extras semanales
en la primavera de 2015. Y en 2016 y 2017 se mantuvieron por encima de los 6 millones de horas
extras semanales, alcanzándose un récord a finales de 2018, con 6.435.000 horas extras semanales, el récord desde 2009.
Lo llamativo no es sólo el récord de horas extras, sino que casi la mitad de las horas extras no se
pagan: a finales de 2018, no se pagaron el 46% del total de horas
extras, concretamente 2.962.000 horas semanales que se hicieron gratis,
según la EPA. Un porcentaje mayor de horas gratis que antes de la crisis, ya
que en 2008 no se pagaban el 40%. Estas horas
extras trabajadas gratis suponen un importante ahorro de costes para
las empresas: si el coste total de una hora de trabajo ronda los 20
euros (según el INE), con esas casi 3 millones de horas gratis, las empresas se ahorran 56 millones a la
semana, 2.700 millones al año (descontando
las semanas de vacaciones). Y los
trabajadores pierden, al no cobrarlas, 13 euros por hora (coste salarial
horario, según el INE), o sea 38 millones a la semana y 1.824 millones de euros al año. Pero es eso o la amenaza de
despido.
Pero el abuso de las horas extras gratis
tiene otros costes. Para la Seguridad Social, porque las empresas no cotizan
por esas casi 3 millones de horas semanales gratis: UGT estima que se pierden 650 millones de euros
anuales en cotizaciones. Una cifra
clave para un sistema de pensiones
que tiene un déficit de -19.000 millones
de euros anuales. Además, los trabajadores
que hacen horas extras gratis no sólo pierden ingresos sino también pierden derechos al cotizar por menos
horas de las que realmente hacen: cobrarán menos al coger una baja laboral, en
la indemnización por despido, al cobrar el desempleo y, sobre todo, al cobrar
la pensión cuando se jubile.
Pero lo más grave de
las horas extras (pagadas o gratis) es que “quitan trabajo” a parados que
podían hacer esas tareas, ya que muchas empresas
suplen
el contratar a nuevos trabajadores alargando las jornadas de sus empleados
con horas extras, pagadas o no. De hecho, si
no se hicieran esas 6,43 millones de horas extras a la semana, las empresas
necesitarían contratar a 173.216 nuevos
trabajadores (contando las 37,15 horas de jornada media pactada). UGT estima que se podrían crear 180.000 nuevos empleos anuales a tiempo
completo si no se realizaran horas extras. Una cifra muy importante para un
país como España que tiene más del doble
de paro que Europa (13,9% frente al 6,3% en la UE-28, según Eurostat).
Por todo esto, la batalla contra las horas extras lleva
años siendo una obsesión de los sindicatos,
sobre todo los de banca, porque las instituciones financieras las han utilizado
mucho tras la crisis. En 2015 y 2016, la Audiencia
Nacional dictó 3 sentencias que
obligaban a la banca a llevar un registro de jornada para comprobar horarios y
horas extras. Pero la banca afectada (Bankia, Sabadell y Abanca) las recurrió y
finalmente el Tribunal Supremo les dio
la razón, en 2 sentencias (23 de
marzo y 30 de abril de 2017) que anulaban la obligación del registro diario de jornada, señalando que las empresas solo
debían llevar un registro de horas extras y comunicárselo cada mes a los
trabajadores afectados. Pero la “batalla legal” no acabó aquí, porque la Audiencia Nacional, a raíz de un nuevo
recurso sindical en Deutsche Bank, dictó un auto, el 19 de enero de 2018, donde trasladaba la cuestión al Tribunal de
Justicia de la UE. Y el 31 de enero de 2019, el abogado general de la UE
daba la razón a los sindicatos y proponía al Tribunal de la UE que declare que “la Carta Social Europea y la Directiva
2003/88 imponen a las empresas la obligación de implantar un sistema de cómputode jornada laboral”, sentencia
que se espera en los próximos meses.
Con este apoyo legal
europeo, el Gobierno Sánchez (en funciones) aprobó el 8 de marzo de 2019 un nuevo real decreto-ley sobre control de horarios,
pactado con los sindicatos y al que se
opuso la patronal CEOE. Un decreto convalidado
el 3 de abril por la Diputación permanente del Congreso, con el apoyo de
PSOE y Podemos, la abstención de
Ciudadanos y el voto en contra del PP. La nueva normativa obligaba a las empresas a establecer un registro diario de jornada desde el 12 de mayo donde se
especifique la hora de entrada y de salida y que deben guardar 4 años. Este
registro de jornada debe estar a disposición del trabajador, los sindicatos y
la inspección de trabajo, que lo lleva pidiendo muchos años. Y establece sanciones a las empresas que incumplan,
de 626 a un máximo de 6.250 euros de multa.
La patronal y muchas
empresas han criticado este registro de jornada, que se ha ido aplicando con muchos retrasos y dudas,
a pesar de que el Ministerio de Trabajo publicara en su web esta Guía para
aplicarlo. Y los sindicatos han
denunciado retrasos y fraudes, sobre todo en pequeñas empresas que no lo
aplican o llevan un control manual a posteriori. Quizás por todo esto, el control horario ha sido poco efectivo
hasta ahora, al menos no ha servido
para reducir las horas extras, que han aumentado en el 2º trimestre,
según la EPA: han pasado de 5.679.400
horas extras semanales en el primer trimestre a 6.020.700 en el segundo. Y dentro de ellas, han aumentado también las horas extras gratis y su peso: de
2.636.700 (el 41,6% del total) a 2.912.600
(el 48,37% de las horas extras). Eso sí, lo positivo es que en la primera mitad de 2019 se han hecho menos
horas extras totales (5.549.300 semanales) que en el primer semestre de
2018 (5.824.000).
Viendo los datos de la EPA, los sectores que han aumentado sus horas extras (pagadas y gratis) en el segundo trimestre, a pesar del
control horario, son la hostelería
(+99.100 horas extras semanales), el ocio y entretenimiento (+71.600), la
educación (+52.100) la industria (+49.500 horas extras), la construcción
(+45.000), información y comunicación (+38.200), la administración pública
(+37.500), y el transporte (+14.900), bajándolas el comercio (-88.200 horas
extras semanales), actividades profesionales (-75.200), banca y seguros
(-14.200) y sanidad (-5.500 horas). Con todo, los sectores donde se hacen más horas extras son la industria (424.200 horas semanales), la hostelería (377.500), la
educación (294.800), el comercio
(239.200), las actividades profesionales
(212.900), la información y
comunicaciones (192.500), y las
finanzas y seguros (166.700 horas semanales). Dos tercios de las horas
extras (66%) las hacen los hombres y
el resto las mujeres, que han bajado sus horas extras.
En realidad, los que hacen horas extras son una minoría de trabajadores: 764.100 empleados en el 2º trimestre de
2019, según la EPA, un 4,57% de los asalariados (en el primer trimestre eran
735.500, el 4,49%). La mayoría de los que hacen horas extras tienen entre 30 y 49 años y trabajan en la hostelería,
servicios profesionales y la industria. De ellos, la mayoría son los que hacen de 4 a
6 horas extras a la semana (216.100 asalariados), los que hacen de 10 a 12
horas semanales (145.700), de 1 a 3 horas (137.600) , de 7 a 9 horas (83.000) y
16 horas o más (83.000), mientras hay 73.000 asalariados que “no saben” cuantas
horas extras hacen. De este grupo que hace horas extras, sólo la mitad, 329.700 asalariados hacen horas extras
gratis, mientras otros 35.200 las hacen a
la vez cobrando y gratis, según la EPA. Y entre los que hacen más horas
gratis, vuelven a estar los profesionales y los que trabajan en hostelería,
comercio y servicios.
Los sindicatos denuncian, además, que hay un enorme fraude en los horarios laborales,
no sólo porque se hagan más horas de las pactadas sino porque hay sectores (hostelería,
comercio, servicios) donde dominan los contratos
a tiempo parcial y los trabajadores tienen
un contrato por horas o media jornada y acaban haciendo la jornada completa,
sin cobrar la mayoría de obras extras que hacen. De hecho, hay ya 2.951.500 ocupados con contrato a tiempo
parcial (un 15%, casi 1 de cada 6 trabajadores), según la EPA. Las tres cuartas partes son mujeres (2.186.200 trabajan a tiempo
parcial, por horas o días), sobre todo en el comercio, hostelería, servicio
doméstico y servicios.
A la vista de que el
control horario no ha frenado las horas extras ni el fraude, los
sindicatos piden medidas más efectivas, básicamente reforzar la inspección de Trabajo
(tiene la mitad de plantilla que en Europa: 1 inspector por cada 15.000
asalariados frente a 1 por 7.300 trabajadores en la UE-28), aumentar las multas por no cumplir el
registro horario (son muy bajas, de 626 a 6.250 euros, y a las empresas les
compensa arriesgarse), introducir un mayor control horario en los convenios colectivos y, sobre todo, que el Gobierno apruebe una reforma laboral que limite el enorme poder
de fijación de horarios que les dio Rajoy a los empresarios en 2012. Más jornadas pactadas y menos
abusos.
Reducir las horas extras es clave para crear más empleo. Y, en
contraposición, tener una jornada laboral mayor que en Europa no nos ayuda a ser más competitivos. De
hecho, la jornada laboral media en
España era de 37,7 horas semanales
en 2018, frente a 37,1 horas en la UE-28 y 36,5 horas semanales en la zona
euro (trabajan 62,4 horas menos al año), según Eurostat. Y sin embargo, España está a la cola en productividad
(ocupamos el lugar nº 26 en el ranking mundial del Foro Económico Mundial),
somos el país nº 14 en Europa por renta per cápita y tenemos más del doble de
paro. Porque ser más productivos y más ricos no depende de trabajar más horas sino
de ser más eficientes, algo que depende del modelo económico (poca
industria y demasiados servicios), del tamaño de las empresas (demasiadas
pymes), del desarrollo tecnológico, de las infraestructuras, de las formación
de los trabajadores y de la organización del trabajo (poco participativa en
España). No vale con hacer horas y “calentar”
el asiento.
Ahora, otra prioridad
del futuro Gobierno debería ser hacer cumplir la normativa de los
controles horarios y favorecer la reducción de las horas extras, aflorando el
fraude y penalizándolas con cotizaciones para que sean sustituidas por nuevos
empleos. Y promover un cambio
legislativo y un acuerdo social,
sobre el control horario, para convencer a las empresas que no pueden seguir
obligando a hacer horas extras gratis y que no
por muchas horas van a competir mejor. No olviden el dato: tenemos 1.800.000 empleos menos que la media de Europa: un 67% de adultos
trabajando frente al 73,2% en la
UE-28. Una parte es porque el modelo
económico no da de sí más empleo. Pero otra parte es porque está
mal repartido, porque algunos hacen horas de más. Hay que trabajar menos horas, con más eficiencia, para que trabaje más
gente, como en Europa.
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