Centros de Salud desbordados
Se han cumplido 5 años del primer muerto en España por
COVID-19 y la sanidad pública no acaba de recuperarse de la pandemia
: las listas de espera siguen en máximos históricos y la Atención
Primaria está colapsada: me han dado cita para la médico
de familia dentro de 14 días (y la demora media está en España en 9
días). La consecuencia es que 12,5 millones de españoles se pagan un seguro
privado (ahora más caro), lo que lleva a demoras en la sanidad privada.
Se multiplican las manifestaciones por la mejora de la sanidad, pero no
se avanza. El problema más grave está en la Atención Primaria, donde
Sanidad ha propuesto un Plan de actuación 2025-2027. Muchas medidas,
pero falta lo fundamental: gastar más (+10.000 millones sólo en
Atención Primaria), contratar más médicos de familia (+8.000) y enfermeras
(+15.000) y reorganizar los centros, con 10.000 administrativos más. Urge
un Plan de choque para mejorar la Atención Primaria. Nos jugamos la
primera linea de la salud. 
La consecuencia es una peor atención de la
sanidad pública (a pesar del esfuerzo de sus profesionales) y un desvío
de muchos pacientes a la sanidad privada: más
de 12,5 millones de españoles pagan un seguro médico privado cada mes (+3,5
millones que hace una década), sobre todo en Madrid (38,7% población tiene un seguro médico
privado), Cataluña (32,4%) y Baleares (30,9%), aunque su precio se ha disparado
(los seguros médicos han subido +39,5% desde 2019, según el INE). Este desplazamiento hacia médicos,
especialistas y hospitales privados, para sortear “los atascos” en la sanidad
pública tiene 2 consecuencias. Una, que ya hay especialistas y hospitales
privados que dan muchos retrasos para ser atendidos (50 días
me han dado para una ecografía… por lo privado), siendo habitual cambios de citas
y deterioro en la atención. Además, como las
aseguradoras pagan poco a los médicos, hay muchos especialistas
que “no trabajan con aseguradoras”.
Pero el gran problema sigue estando en la primera línea
de la sanidad pública, en la Atención Primaria de los Centros de
Salud y los ambulatorios. La población residente en España acaba de superar
los 49 millones (49.077.984
el 1 de enero 2025) y eso supone un aumento de +1,76 millones de
personas residentes sólo en los últimos 5 años (47.318.050 habitantes el
1 enero 2020). Un aluvión de nuevos habitantes (y potenciales pacientes) que
han de atender casi los mismos médicos y enfermeras, con lo que
cuando algún profesional (o administrativo) se pone enfermo o toma vacaciones,
el colapso en las consultas es grave y lo sufren los pacientes, dilatando los
plazos para ser atendidos. Y muchos no esperan y acuden a las urgencias
de los hospitales: el
45% de los ciudadanos acudió a las urgencias
hospitalarias en el último año (frente al 38,2% en 2023), según el Barómetro
Sanitario 2024.
La Atención Primaria en España tiene un serio problema
de retrasos en las citas de los médicos de familia y pediatras. En julio
de 2024, el retraso medio era de 8,81 días para ser atendido, frente a
los 5,8 días de 2019, según el Barómetro
Sanitario que elabora el CIS y Sanidad. Sólo un 0,1% de pacientes consiguen
cita en el día, al 11,2% les dan en 2 días, al 13,7% en 3 días, al 8,41%
en 4 días, un 20% tardan en ser atendidos 7 días, un 12,8% tardan de 8 a
10 días y al 21,7% (como a mí) les dan cita entre 11 y más días después
de solicitarla (por Internet, porque los teléfonos están aún más colapsados … ).
Sanidad y las autonomías apenas informan de estos
retrasos en conseguir una cita para el médico de familia o el pediatra.
El
diario EL PAIS ha publicado una relación de retrasos por autonomías, a
través de solicitudes de Trasparencia a las consejerías de Sanidad y alerta
que más de la mitad de los Centros de Salud de toda España dan cita pasadas
48 horas, a pesar de que el Gobierno y las autonomías pactaron en 2019 garantizar
que la atención no urgente en Atención Primaria se hiciera en
menos de 2 días. Según este rastreo, los
peores datos de retrasos se encuentran en Madrid, Comunidad
Valenciana, Canarias y Baleares, donde más del 85% de los Centros de Salud
registran demoras de más de 2 días. Pero lo más preocupante es que hay
demoras de más de 5 días en el 59% de los Centros de Salud de la Comunidad
Valenciana, el 44% de Canarias, el 43% de Baleares, el 28% de
Madrid, el 23% de Aragón, el 20% de Andalucía y el 16% en Castilla la
Mancha, mientras las otras 10 autonomías no dan retrasos en citas
superiores a los 5 días.
Estos retrasos, que agobian a los pacientes (sobre todo a
los enfermos crónicos y de más edad), tienen un origen claro: la
falta de medios en la Atención Primaria, detallada
en este informe elaborado en 2024 por la Federación en Defensa de la
Sanidad Pública (FADSP). El primer problema es que España gasta poco en
Sanidad : 2.822 euros por habitante, un 20% menos de los 3.533 que gasta la
UE y la mitad de los 5.317 euros por habitante que gasta Alemania, según
la OCDE. Pero además de gastar menos, dedica un porcentaje menor que
otros paises a financiar la Atención Primaria: un 14%
de todo el gasto sanitario en España, frente al 25% de media que se gasta
en Europa.
Y por si esto no explica la situación actual, la
financiación de la Atención Primaria es muy desigual por
autonomías, según los datos del gasto
por habitante en 2024 que aporta la FDSP: 150,90 euros/habitante en
Madrid, 154 en la Comunidad Valenciana, 229 en Cataluña, 247 en Murcia, 264
en Baleares o 274 euros/habitante en Galicia, frente a 402 euros/habitante
en Extremadura (más del doble de gasto que en Madrid), 329 euros en
Castilla y León, 323 en La Rioja, 309 en
Andalucía, 308 en País Vasco o 306 en Asturias.
A partir de este gasto desigual, también es desigual
el número de médicos y enfermeras que trabajan en Atención Primaria.
Donde hay menos médicos de familia es en Baleares (0,51
por 1.000 habitantes), Madrid (0,57), Canarias (0,58), Andalucía
(0,60), Murcia (0,62) y Cataluña ( 0,64), mientras hay muchos
más médicos en Castilla y León (0,95/1.000 habitantes), Extremadura (0,77),
Aragón (0,75) y Galicia (0,71), según
la FADSP .Y en cuanto a enfermeras, donde menos hay
(comparativamente) vuelve a ser en Balares y Murcia (0,59 por 1.000
habitantes), Madrid (0,52), Asturias (0,67) y Andalucía (0,69), mientras hay
más en La Rioja (0,90 por 1000 habitantes, casi el doble que en Madrid), Extremadura
y Castilla y León (0,86), Aragón (0,83) y Navarra (0,82).
Y con este diferente personal, las regiones con más
población son las que tienen los Centros de Salud más colapsados.
Así, la
FADSP informa que si en España hay un 59,3% de médicos de familia que
atienden a más de 1.500 tarjetas sanitarias, en Baleares son el 77,52% y en
Andalucía el 69,99%, destacando también el 47% de Madrid y el 42,18% en
Castilla la Mancha, mientras sólo tienen tantos pacientes el 23% de los médicos
de familia vascos y el 27% de los navarros. Y si la media de médicos que atienden
a más de 2.000 tarjetas es baja, el 4,14% de los médicos de familia, en
Baleares son el 11,91% y en Madrid el 6,75%. Y si analizamos el trabajo de los
pediatras, el 5,2% atiende a más de 1.500 tarjetas en España, pero en Madrid
lo sufren el 12,1% de los pediatras, el 10,8% en Castilla la Mancha y algo
menos del 10% en Baleares y Cataluña.
Y eso se traduce en un mayor
o menor desvío a urgencias:
Madrid es la que más atiende (815,3 pacientes por 1000 habitantes),
seguida de Baleares (795), Murcia (743), Aragón y Andalucía (633), frente a
sólo 471 pacientes/1000 en urgencias en Navarra, 533 en Extremadura, 534 en
Canarias o 555 en Castilla y León.
El informe de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública
(FADSP) lleva más de una década analizando la
situación de la sanidad en las autonomías, muy desigual tanto en el gasto
como en las listas de espera como en la Atención Primaria (analizan decenas de
parámetros). Y en el
último ranking, de 2024, han agrupado la sanidad de las autonomías
en 4 bloques. Uno, las 4 autonomías con mejor sanidad: Navarra (106
puntos sobre 142), País Vasco (105), Asturias (100) y Castilla
y León (95). El 2º grupo, 5 autonomías con servicios sanitarios “regulares”
son Aragón, Cantabria y La Rioja (las tres con 91 puntos), Extremadura (90) y
Galicia (82). El tercer grupo son 4 autonomías con una sanidad “deficiente” : Cataluña
(80 puntos), Canarias, Castilla la Mancha y Madrid (con 79 puntos cada
una). Y en el pelotón de cola, “con peores servicios sanitarios” están Murcia
(78), Baleares (77), Andalucía (76) y la Comunidad Valenciana
(62). Desde 2010, la región valenciana aparece como “el farolillo rojo” de la
sanidad autonómica, junto a Andalucía, Canarias y Murcia muchos años.
Los problemas
en la Atención Primaria y de toda la sanidad, más graves en las autonomías
más pobladas, han sacado a la calle a médicos y pacientes, con manifestaciones multitudinarias en Madrid,
Galicia, Andalucía, Aragón y el País Vasco. Las autoridades autonómicas
prometen mejoras, pero apenas gastan y contratan, mientras crece la población.
De hecho, el gasto sanitario de las autonomías aumentó un +22,02%
entre 2009 y 2023, un tercio menos que la inflación (+36,6%). Y además,
en Cataluña ha caído el gasto sanitario en estos 15 años (-4,80%),
mientras ha crecido sólo un +9,97%
en Madrid, un +15,20% en Castilla la Mancha y un +17,24% en Aragón. Y
eso, a pesar de que las autonomías han recibido del Presupuesto del Estado,
entre 2018 y 2024 (los 7 años de Gobierno Sánchez) 300.000
millones más de recursos que en los 6 años de Gobierno Rajoy. Unas se han
gastado estas mayores transferencias “en otras cosas” y la mayoría (gobernadas
por el PP) han
aprovechado para bajar impuestos (a los más ricos), reduciendo
ingresos muy necesarios.
La gestión de la sanidad (y la mayor parte de
su financiación) corresponde a las autonomías. El Gobierno trata
de “ayudar”, facilitando la habilitación de médicos y aumentando las
transferencias, aunque la clave es reformar
el sistema de financiación autonómica, porque hay 6
autonomías a las que el actual sistema “penaliza” (Comunidad
Valenciana, Murcia, Andalucía, Castilla la Mancha , Baleares y Cataluña) y otras
5 a las que “premia” (Cantabria, La Rioja, Extremadura, Aragón y Castilla y
León), según
FEDEA. Cara al futuro, cualquier reforma debe dar más peso en el reparto de
los fondos públicos a factores como la población, el envejecimiento y los
usuarios de la sanidad pública.
Mientras, el Gobierno central trata de influir en la mejora
de la sanidad autonómica, más con normas que con financiación o medios. Así, el
16 de diciembre, la ministra de Sanidad presentó a las autonomías un Plan
de Acción para la Atención Primaria 2025-2027, en cuyo texto han participado
el Ministerio, las autonomías, asociaciones de médicos y pacientes. El objetivo
es adoptar medidas para mejorar los equipos de gestión en Atención
Primaria, las políticas de personal y gobernanza, así como la mejora y
coordinación de prestaciones y servicios, para reducir las desigualdades
actuales. Está bien, el Plan es un punto de partida para mejorar,
pero no incluye las dos medidas más importantes: más
financiación y más medios. Por
eso, puede acabar siendo “un catálogo de deseos”. Papel
mojado.
Los expertos sanitarios insisten en que no mejorará la Atención Primaria, la 1ª línea de nuestra
sanidad, hasta que no cuente con más dinero y más personal, reestructurando su
organización. La FADSP
propone destinar el 25% de todo el gasto sanitario a Atención
Primaria, lo que supone gastar 10.000 millones más al año (de forma
escalonada). Y cree que se necesitan 8.000 médicos más, 15.000 nuevas
enfermeras y 1.000 pediatras para “desatascar” los centros de Salud, además
de 10.000 administrativos más para que una parte de la jornada de
médicos y enfermeras no sea atender tareas administrativas. Y en paralelo, contar
con más tecnología para realizar más pruebas diagnósticas en
estos Centros. Además, proponen restablecer las Áreas sanitarias como
marco de gestión y darles más autonomía. Con estas medidas, se busca que
el 95% de las consultas se realicen en menos de 48 horas…
Esto sí son medidas concretas y una hoja de
ruta para salir del colapso actual. Pero no se podrá avanzar si no se alcanza un
Pacto (otro) entre el Gobierno central y las autonomías, con la
participación de profesionales y pacientes. No parece que sea el camino elegido,
mientras el PP avanza en la privatización de la sanidad
pública en las autonomías que gobierna (con más “conciertos” para
derivar pacientes, pruebas y operaciones a la sanidad privada) y el Gobierno
intenta avanzar con normas y Leyes que luego no se pueden aplicar, por falta de
financiación, medios y colaboración política. En medio estamos nosotros,
los 49 millones de españoles, cada
vez más envejecidos, que tenemos que esperar días y meses
para saber qué problema de salud tenemos y cuándo tendremos la prueba,
operación o tratamiento. Así no podemos seguir.
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