Universidades públicas en apuros
Más de 1,8 millones de jóvenes han iniciado el Curso universitario,
que batirá otro récord de alumnos, Grados y Masters. Pero las plazas
en las Universidades públicas se han estancado, por falta de medios y
profesores, lo que ha elevado otro Curso más las notas de corte
para acceder, desviando alumnos a las Universidades privadas, que crecen
sin parar, sobre todo en algunas carreras y Masters: este año funcionarán 46
Universidades privadas (4 más que el curso pasado), mientras las públicas
siguen estancadas en 50 (desde 1.998). Esto obliga a muchas
familias a gastar hasta 28.000 euros al año en que su hijo/a estudie fuera,
lo que impide estos estudios a muchos jóvenes y endeuda a otros,
aumentando la desigualdad de oportunidades. Mientras, las Universidades
públicas piden más financiación para sobrevivir y poder ofrecer más
plazas y estudios. Pero las
autonomías gobernadas por el PP apenas les financian y apoyan el aumento
de las Universidades privadas (controladas por Fondos de inversión y
entidades religiosas), sobre todo en Madrid y Andalucía.
Será pues otro Curso de récord de alumnos en las
Universidades españolas, con una peculiaridad: apenas crecen los alumnos de
las Universidades públicas y los que más crecen son los de las
privadas, como
sucede en los últimos años. Así, los alumnos de Grado de las Universidades
públicas han bajado desde los 1.116.463 que hubo en el Curso 2016-17 a
los 1.080.568 que se matricularon el curso pasado (2024-25): -35.895 alumnos
en los últimos 8 años. Y en paralelo, los alumnos que estudian un Grado en
las Universidades privadas se han casi duplicado: de 186.789 en el Curso
2016-17 a 328.269 el curso pasado (2024-25), según los datos oficiales. Y si
analizamos los alumnos matriculados en el primer curso, han caído
un -4,8% en las Universidades públicas (de 291.100 que empezaron en septiembre
2015 a 274.400 en septiembre 2023), mientras en las Universidades privadas,
los matriculados en el primer curso han crecido un +61,4% estos 8 años:
de 54.700 a 89.200.
Lo mismo ha pasado con los
Master. Los alumnos que inician un Master en una Universidad pública
han pasado de 124.892 en el Curso 2016-17 a 143.649 el curso 2023-24, un
aumento del +15%, menos de la tercera parte de lo que han aumentado los
alumnos de Masters en las Universidades privadas (+53%), que han pasado
de 65.251 (Curso 2016-17) a 145.306 alumnos matriculados (en 2023-24), superando
ya a los alumnos Master de la pública. Y además, las Universidades
públicas ofrecen ahora menos Master (3.067) que en 2015-16 (3.116 Master),
mientras las privadas casi los duplican (de 761 a 1.262).
¿Qué está pasando? Pues que las
Universidades públicas se quejan de que no pueden ofertar más
plazas a los jóvenes porque carecen de financiación suficiente para
contratar más profesores y mejorar las instalaciones para ampliar los alumnos,
aulas y laboratorios. Y en consecuencia, cada año sube la nota de corte
en la prueba de acceso a la Universidad (PAU), para seleccionar casi los mismos
alumnos o menos, obligando en la Selectividad a sacar notas cada vez más altas para
admitir alumnos en las grandes Universidades. Así, este año, las
notas de corte en Medicina han sido de 13,3 (sobre 14) y en muchas
carreras superan los 12 puntos, lo que deja fuera a alumnos que sacaron bien el
Bachillerato. Un ejemplo: hay 10 solicitantes que quieren estudiar Medicina
en la pública por cada plaza disponible…
La consecuencia es que muchos jóvenes que quieren
estudiar una carrera sólo
pueden hacerlo en la Universidad privada, que lleva años
aprovechando la falta de plazas en la Universidad pública para ofertar más
plazas, sobre todo de Grados que tienen una mejor salida laboral. Eso conduce a
un aumento reiterado de alumnos, que sólo pueden estudiar lo que quieren si
pagan los caros estudios de una Universidad privada. Y así, por ejemplo, en
Madrid, este será el tercer Curso donde en Medicina (la carrera “estrella)
habrá más matriculados en primer curso en las Universidades privadas que en
las públicas… Y también hay más inscritos en las privadas en Fisioterapia
(53%) y Relaciones Internacionales (74%).
En definitiva, las Universidades privadas crecen a costa de “asfixia
financiera de las Universidades públicas”, que apenas se han recuperado de los
recortes impuestos por Bruselas y Rajoy desde 2012 y la escasa financiación
posterior. Eso ha provocado un aumento constante de nuevas Universidades
privadas, que este
Curso ya serán 46 (habrá 4 nuevas), mientras las Universidades públicas
se han estancado en 50 (la última Universidad pública, la Politécnica de
Cartagena se creó en 1998). Y cada año hay nuevas peticiones de Universidades
privadas, apoyadas por las autonomías gobernadas por el PP, sobre todo en
Madrid y Andalucía. De hecho, hay Universidades privadas en todas las
autonomías (próximamente se abrirán en Asturias y Castilla la Mancha), salvo
en Extremadura y Baleares.
La mayoría de las privadas
tienen detrás a organizaciones religiosas: jesuitas (Comillas,
Deusto, Esade), Opus Dei (Universidad de Navarra, Internacional de Cataluña),
propagandistas católicos (CEU), Legionarios de Cristo (Francisco de Vitoria),
Camino Neocatecumenal (Universidad Católica de Murcia…), pero últimamente están
interesados también los
Fondos de inversión: el sueco EQT está detrás de la Universidad
Europea de Madrid, el británico CVC es propietario de la Universidad
Alfonso X el Sabio, los fondos Sofina (belga) y Portobello
(español) controlan la Universidad Internacional de la Rioja y el Fondo israelí
KKR impulsa la Universidad privada online UTAMED en Andalucía.
La peor consecuencia de la asfixia financiera de las
Universidades públicas (las 6 de Madrid pidieron
en octubre de 2024 a la presidenta Ayuso 200 millones extras para pagar sus
nóminas…) es que muchos alumnos no pueden estudiar en ellas, por falta de
plazas, y tienen que buscar una Universidad privada para estudiar una
carrera, con un altísimo coste. Por un lado está el pago de la matrícula y
las mensualidades, con un coste anual de 13.500 a 15.000 euros por alumno. Y a
eso hay que sumar, para los universitarios que estudian fuera de casa, el coste
del alquiler de una habitación o una vivienda compartida, que supera los 600
euros (5.400 euros anuales). Y la manutención y los gastos (otros 9.000 euros
anuales). En total, unos 28.000 euros al año, por 4 años (si no se
repite curso), más el elevado coste de un Master al final del Grado
(entre 20.000 y 30.000 euros más).
Así que estudiar en una Universidad privada puede costarle a
un joven y a su familia unos 140.000 euros, una cifra imposible para muchos
hogares y que obliga a otros a endeudarse. De hecho, casi el 14% de los
créditos que se piden hoy a la banca son para financiar estudios universitarios,
según ASUFIN, una demanda que se ha cuadruplicado en la última década. Y
esto relega a muchos estudiantes y familias a no estudiar una
carrera universitaria, desviando su interés hacia la Formación Profesional, que
es más barata (a pesar de que se multiplican también las plazas privadas, en
centros participados también por Fondos de inversión) y además tiene más
salidas profesionales que muchas carreras.
El objetivo debería ser promover la Universidad pública,
apoyándola financieramente para que tuviera más alumnos, Grados y Master, para evitar
también que muchos jóvenes sin recursos se queden fuera (las becas son escasas
y poco dotadas). Pero la realidad es que España la financia menos que
otros paises. Así, el gasto total por estudiante universitario
en España era de 15.654 dólares en 2021 (último
dato de la OCDE), frente a 20.499 dólares en la OCDE (36.274 en USA y
33.574 en Reino Unido) y 20.027 dólares en la UE-27, un 28% más (27.756
dólares/universitario en Suecia, 23.864 en Paises Bajos, 21.963 en Alemania,
20.458 en Francia y 13.717 en Italia), homogeneizando la inflación. Eso se
traduce en que Europa destina un 1% del PIB a financiar sus
Universidades, mientras España destina el 0,76%.
Pero no sólo financiamos menos la Universidad pública.
También lo
hacemos de forma diferente, con menos peso de la inversión
pública y más aportación de los estudiantes y sus familias (tasas y
matrículas). Así, el gasto público en Universidades supone en España el
67% del gasto universitario, frente al 68% en la OCDE y el 76% en la UE-25 (84%
en Alemania, 79% en Francia o 60% en Italia). Y el 29% del gasto universitario
es privado en España, frente al 19% en la OCDE y el 13% en Europa. Y la mayoría
de esta aportación privada, un 19% de la financiación total, la aportan
los alumnos y sus familias (pagando matrículas y tasas).
Otro problema de España es que hay una gran desigualdad
en la financiación universitaria por autonomías (que tienen la competencia
y aportan, de media, el 65% de la financiación total). Así, hay autonomías
que transfieren a sus Universidades públicas menos que la media (6.671 euros/universitario
en 2022-23) : Madrid (5.362 euros por universitario), Cataluña (5.599
euros) y Murcia (6.712), según
el Informe CYD 2024. Y entre las autonomías que mejor financian sus
Universidades destacan La Rioja (9.689 euros/universitario), Navarra
(9.210 euros) y País Vasco (9.065 euros). En contrapartida, las que
menos aportan son las autonomías donde los alumnos pagan más tasas y
matrículas: Madrid (1.620 euros/alumno, 454 euros más que la media), Cataluña (1.508) y Aragón (1.302), Y hay otras donde los
universitarios pagan la mitad de tasas en las Universidades públicas: Galicia
(738 euros/alumno), Canarias (776) y Andalucía (815).
Si la situación financiera de las 50 Universidades públicas
es precaria lo será más en los próximos Cursos, porque deben seguir aplicando la nueva Ley de Universidades, la
LOSU, (que entró en vigor en el curso 2023-24,) cuyos objetivos
aumentan los costes: tendrán que regularizar y estabilizar sus plantillas(el
49% de los docentes universitarios son temporales), cubrir vacantes y
jubilaciones, reorganizar y modernizar los programas, aumentar la investigación
e internacionalización. La propia LOSU establece que “las Administraciones
públicas dotarán a las Universidades de
los recursos necesarios, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de
cada ejercicio” (artículo 55),
pero no concreta quien debe aportar esos recursos ni cuándo. Si concreta
el cuanto: “dedicar como mínimo el 1% del gasto público en educación
universitaria pública para todo el Estado”. Como ahora se gasta el 0,76% del PIB, subirlo al 1% supondría gastar 5.739 millones
más al año en las Universidades públicas (con el PIB de 2024).
El problema está en quien
aporta ese dinero extra. Las Universidades son una competencia de las
autonomías (otra), pero muchas llevan años frenando el gasto social
(en sanidad, educación y Dependencia) y apostando por lo privado
(en la sanidad, los colegios y en la Universidad). En el último año, las
Universidades públicas han intentado acuerdos de financiación a medio
plazo (para varios años) con los Gobiernos autonómicos, pero la
mayoría encuentran poco eco y pocos recursos, mientras ven que se
autorizan nuevas Universidades privadas, a las que cada Curso se desvían
más alumnos. Y el Gobierno central poco puede hacer, máximo tras tres Cursos
sin Presupuestos (incluido el actual).
La futura financiación de las Universidades públicas es una
cuestión clave, no sólo porque nos jugamos la formación de los jóvenes sino
porque en los próximos años va a seguir aumentando la cifra de
universitarios: habrá cada año más alumnos, al menos hasta 2041
(cuando accedan una parte de los nacidos en 2023, 322.075
niños, 170.000 menos que los nacidos en
2007 y que ingresan ahora) y van a tener más gastos, para renovar
profesores, programas y poder competir por alumnos en Europa y el mundo. Y sólo
hay dos opciones: o los alumnos de las universidades públicas pagan
más (ya pagan más que en la mayoría de Europa) o reciben más
financiación pública, del Estado central y las autonomías, lo que exige
recaudar más (no menos) y destinar más recursos a formar mejor a nuestros
universitarios. También ayudaría que empresas y bancos
financiaran más la Universidad pública, como en muchos paises. Lo que no
podemos es dejar que las Universidades públicas sigan perdiendo alumnos, planes,
investigación y prestigio.
Aumentar la financiación a las Universidades públicas es un requisito básico para mejorarla y que no
quiebre a medio plazo, en beneficio de las Universidades privadas (carísimas).
Pero no es suficiente. Las Universidades (todas) han
de afrontar una profunda reforma, para conseguir que los 200.000
licenciados que producen cada año tengan futuro. Porque actualmente, tienen
más trabajo y menos paro que los jóvenes no universitarios, pero todavía están
mucho peor que los universitarios europeos. Por un lado, sólo el 83% de
los universitarios españoles de 25 a 24 años está trabajando, frente al
87% en la OCDE y en la UE-25, el 88% en Francia, el 89% en Alemania, el 91%
en Reino Unido y el 92% en Paises Bajos, según
la OCDE. Y los universitarios españoles (25 a 34 años) tienen un
9% de paro, frente al 5% en la UE-25 y el 3% en Alemania.
Corregir este “drama”, que la Universidad no
sea “una
fábrica de parados” exige no sólo tener más financiación
sino hacer un cambio estructural, con múltiples medidas:
derivar más alumnos a carreras técnicas y con más empleabilidad, modificar los
planes de estudio con empresas e instituciones, reducir la endogamia y aumentar
la presencia de profesores que trabajan en empresas e instituciones, mejorar la
formación práctica y los periodos de formación en empresas y en el extranjero,
flexibilizar las pasarelas de acceso e intercambio a la FP de Grado Superior y
realizar auditorías externas, sobre la enseñanza, el gasto y la gestión,
para que los recursos públicos sean más eficaces. Hay que analizar
propuestas, conseguir recursos y agilizar los cambios. Pactar entre
todos otra Universidad.
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