Los repartidores, falsos autónomos

En las próximas semanas, el Gobierno aprobará un Decreto-ley (pactado con sindicatos y patronal) para regularizar la situación laboral de 30.000 repartidores: en 3 meses, sus empresas les tendrán que hacer asalariados, porque son “falsos autónomos”. Y tendrán que informar a sus representantes del “algoritmo”, el sistema de organización y evaluación que rige su trabajo, muy precario y mal pagado, que emplea sobre todo a jóvenes e inmigrantes. Con ello, España se anticipa a una futura Directiva de la Comisión Europea, que ha pedido a los paises que legislen sobre los repartidores. Pero la norma española deja fuera al resto de trabajadores de plataformas digitales (de cuidados, limpieza, transporte, servicios, profesionales, empleo…), donde colaboran hasta 5 millones de españoles, y que suponen un subempleo precario y con escasa protección social, según la OIT. Parece que el trabajo digital es muy “moderno” y de futuro, pero en muchos casos esconde subcontratación, explotación, opacidad fiscal y competencia desleal. No podemos apoyar este “modelo de futuro”.

Enrique Ortega

En la última década, ha habido un “boom” de plataformas digitales, esas empresas en la Red que utilizan una aplicación para ofrecer trabajos y servicios por Internet: plataformas de servicios de venta y alquiler (turismo, viviendas, alquileres, venta de entradas, guías turísticos), plataformas de profesionales (cuidados, limpieza, reparaciones, clases, trabajos manuales) y plataformas de transporte y reparto a domicilio (paquetería y comida). Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado en febrero, estas plataformas digitales se han multiplicado por 5 en la última década, pasando de 142 grandes plataformas en 2010 a 777 en 2020. Y mueven ya 52.000 millones de dólares (43.000 millones de euros), el 49% del negocio en Estados Unidos, un 22% en China y sólo el 11% en Europa. Y dan empleo parcial a millones de personas (no las cuantifican), sobre todo a los colectivos que tienen más dificultades de encontrar un empleo completo (jóvenes, inmigrantes y mujeres).

En Europa, estas plataformas digitales van más retrasadas que en EEUU y Asia, pero aún así  emplean parcialmente a millones de europeos: un 10,5% de los adultos han trabajado alguna vez en ellas, según el último informe “Digital Labour Platforms in Europa 2019”. Y lo curioso es que España es el país con más trabajadores digitales (un 12,5% ha trabajado en ellas alguna vez), seguido de Reino Unido (12%), Portugal (11,5%), Alemania (10,6%), Lituania (10,3%), Holanda (10,2%), Italia (9,5%) y Francia (7,6% adultos). Y de ellos, casi la cuarta parte (2,8% de los adultos europeos) utilizan estas plataformas como su principal actividad laboral. Aquí, el país líder es Reino Unido (ocupan al 3,6% de los adultos), seguida de Holanda (2,8%), España (2,7%), Alemania (2,6%), Lituania e Italia (2,4%) y Portugal (2,1%).

Del alcance de las plataformas digitales en España tenemos pocos más datos, salvo de las plataformas de reparto (“delivery”), que son las únicas sobre las que ahora se legisla. Se estima que hay unos 30.000 repartidores, que trabajan básicamente  para 64.500 restaurantes, Amazon y otras empresas de venta online, atendiendo a 36 millones de pedidos anuales para casi 5 millones de usuarios, según el estudio de la consultora AFI (2019) para ADigital. Y el sector mueve un negocio (restaurantes y comercios) de 700 millones de euros anuales, además de ayudar a mantener 15.300 empleos anuales en restauración, comercio y servicios.

El líder de este mercado de reparto es Amazon, que en 2019 facturó 7.567 millones de euros, un 15% de todas las ventas online, y que distribuye productos de 8.000 empresas. Y la otra gran actividad de las plataformas de reparto es la entrega de comida a domicilio, un negocio dominado en España por Just Eat (35%), Glovo y Telepizza (15%), Deliveroo y Domino (10%), Uber Eats (5%) y Stuart Foods (3%), según el estudio de Self Bank.  La empresa líder en la entrega de comida a domicilio, Just Eat, fue fundada en Dinamarca en 2001, tiene su sede en Reino Unido y llegó a España en 2020, donde atiende ya a un millón de usuarios. Sólo tiene 100 empleados y es la única que subcontrata las entregas con empresas de logística, aunque ha empezado a crear una red propia de repartidores. Glovo es una multinacional española, creada en Barcelona en 2015 y que está presente en 400 ciudades de 20 paises, donde atiende a 7,4 millones de clientes. Trabaja con repartidores “autónomos”, como Delivero (creada en Londres en 2013), Uber Eats (creada en San Francisco en 2014 y operativa en 24 paises, con 2.500 millones de euros de facturación) y Stuart Foods (fundada en 2015 en Reino Unido y operativa en 80 ciudades del mundo).

El principal problema de estas plataformas de reparto es que ofrecen un trabajo muy precario y mal pagado, aunque las empresas dicen que pagan una media de 8 euros la hora (1,4 veces el salario mínimo) y que dan empleo, con flexibilidad horaria, a quien no lo tiene: los repartidores son hombres, de 25 a 35 años, extranjeros (64% latinoamericanos y sólo un 28% españoles) y sin trabajo (25% estaban en paro), según el estudio de AFI. Pero UGT asegura en un estudio que las presuntas ventajas de los repartidores son “un mito”: que cobran mucho menos en realidad (salvo que trabajen muchas horas) y que no tienen “flexibilidad”, porque están sometidos a un “algoritmo” que hace un control exhaustivo del trabajo del repartidor y le penaliza si rechaza repartos en determinados días y horas, rebajando sus ingresos o incluso cerrándole la plataforma. En el caso de Amazon, que trabaja con unos 6.000 repartidores, UGT estima que el repartidor cobra realmente 5 euros la hora (descontando gastos y cotizaciones) y que su algoritmo discrimina y hasta expulsa a muchos. Además, en las plataformas se crea una “dura competencia” entre repartidores, que carecen de vacaciones y derechos, no comunicando accidentes para no perder trabajo.

Desde 2017, UGT y la plataforma RidersxDerechos llevan luchando en los tribunales contra las principales empresas de entrega de comida a domicilio y contra Amazon, argumentando que los repartidores son “falsos autónomos”. Y han conseguido 41 sentencias a favor y 2 en contra, según UGT. Un largo camino para llegar, en septiembre de 2020, a la sentencia del Tribunal Supremo que ha sido definitiva: los 11 magistrados de la Sala de lo Social acordaron que “la relación existente entre un repartidos y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral”, por lo que rechazó elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE.

En paralelo, la Seguridad Social ha llevado a cabo otra larga batalla contra las empresas de reparto, abriéndoles 45 expedientes desde 2017, por cotizaciones impagadas de autónomos. En total, les ha exigido más de 25 millones de euros en cuotas impagadas, el 62% a Glovo (por 11.013 repartidores), el 23,7% a Amazon (por 4.066), el 10,7% a Deliveroo (por 1.450 trabajadores más) y el 3,1% a Uber (por 1.428 conductores). Y además, la Seguridad Social ha ganado dos macro juicios, uno en el verano de 2019 en Madrid (532 repartidores de Delivero) y otro en enero de 2021 en Barcelona (748 repartidores de Glovo).

Con toda esta batalla legal y la sentencia del Supremo, la ministra de Trabajo se lanzó en otoño a aprobar un cambio legal sobre los repartidores, que ha tardado 5 meses en pactar con sindicatos y patronal, la madrugada del 10 de marzo. Ha sido una dura negociación, para pactar un Decreto que tiene un solo artículo y dos disposiciones adicionales. Los dos temas a negociar  han sido aceptar que los repartidores son asalariados y no autónomos (trasladando la doctrina del Supremo) y, la cuestión más polémica, la obligación a las empresas de que informen a los representantes de los trabajadores sobre “los algoritmos y sistemas de inteligencia artificial” que afecten a sus condiciones laborales, algo que han acabado aceptado la patronal CEOE y CEPYME, aunque las empresas y su patronal (ADigital) creen que va contra la economía digital y la libre empresa, “vulnerando el secreto comercial y la propiedad intelectual de las compañías”.

Ahora, falta que este pacto social sobre los repartidores se plasme, en los próximos días, en un Decreto ley (que modifica el Estatuto de los Trabajadores) y se publique en el BOE. A partir de ese momento, las empresas de reparto a domicilio (se incluye “el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio”) tienen 3 meses (hasta finales de junio) para hacer asalariados a los repartidores, que ya no pueden ser autónomos. Eso supondrá regularizarlos y UGT estima que supondrá a las empresas pagar unos 164 millones más, entre cotizaciones (+ 76 millones) y salarios (92 millones que se ahorraban). Lo normal es que ahora, las empresas de reparto subcontraten el servicio con empresas de logística, como hace ahora Just Eat, aunque el sector cree que eso restará empleo y quitará negocio a los restaurantes y comercios (estiman que hasta 250 millones al año).

Con esta nueva legislación, España se ha adelantado a la futura normativa europea, que promueve la Comisión Europea y que están estudiando ahora Francia o Alemania, incluso  Italia (que aprobó un decreto en 2019, pero no ha funcionado, como demuestra que un Tribunal de Milán haya obligado en febrero a regularizar a 60.00O riders de cuatro plataformas digitales). De momento, el 24 de febrero, la Comisión Europea inició la fase de consultas con los interlocutores sociales afectados y ha apremiado a los paises para que legislen sobre las condiciones laborales de los repartidores, buscando una normativa homogénea. Ya hace un año, en marzo de 2020, la Comisión publicó un estudio donde mostraba su preocupación sobre la elevada precariedad de estas plataformas y planteaba posibles soluciones. Asimismo, el reciente informe de la OIT pide que los paises actúen para conseguir un trabajo digital “decente”, defendiendo que se de publicidad a los algoritmos y que se asegure la negociación colectiva y la protección social de los trabajadores de las plataformas.

A pesar de ser un gran avance, el Decreto pactado en España no cubre todo el trabajo en las plataformas digitales, como pedían los sindicatos, sólo las plataformas de reparto. Quedan fuera la mayoría de las plataformas digitales, donde han trabajado en algún momento hasta 5 millones de españoles (el 12,5% de los adultos): las plataformas de cuidados (como Cuideo y Joyners), plataformas de limpieza por horas (Wayook, Cleanzy, Domesting, MyPoppins), plataformas de reparaciones, trabajos manuales, clases particulares, de profesionales free lance, de guías turísticos y agencias de viajes, de servicios de empleo… Un mundo infinito de ofertas, dominado por la precariedad como las plataformas de reparto y que, de momento, queda fuera de la nueva normativa para los repartidores.

Internet ofrece una oferta casi infinita de posibilidades de negocio y de empleo, pero este tipo de actividad tiene que tener reglas laborales, además de transparencia y cumplir con normas, para que no sea un agujero negro de escapismo fiscal, competencia desleal y explotación laboral. De la misma manera que hemos empezado a comprender que comprar una camiseta a 5 euros tiene “truco” (la explotación de personas en Asia o China), tener a alguien que cuide de un mayor, arregle una chapuza o limpie nuestra casa a precios imbatibles también tiene una explicación: alguien trabaja a bajo coste y sin derechos. Y generalmente son jóvenes, mujeres o inmigrantes, que prefieren esa chapuza al paro. Pero no podemos consentirlo, no podemos sostener un modelo laboral basado en plataformas que no respetan los derechos laborales ni cotizan ni pagan impuestos. Esto no es “moderno”, es ilegal y hunde el futuro de nuestra sociedad y de nuestros jóvenes. Trabajos digitales sí, pero decentes. Y eso obliga a imponer normas y asegurar derechos, regular la selva digital.