Reforma desempleo y fallos políticas de empleo
El 1 de noviembre entró en vigor la reforma del desempleo
asistencial: 1 millón de parados registrados cobrarán algo más (570
euros) y otros 450.000 que no cobraban lo recibirán un tiempo. A cambio,
tendrán que declarar el IRPF y cumplir diversas obligaciones para
facilitar su contratación (incluso podrán cobrar el paro y trabajar hasta 6
meses). Esta reforma parcial del desempleo está bien, pero el problema de
fondo es otro: las oficinas de empleo (SEPE) no funcionan.
Sólo consiguen trabajo al 2,2% de los parados, la mayoría de los
jóvenes ni se apuntan, hacen cursos largos que no interesan a los parados y las
empresas no las utilizan para buscar
trabajadores (sólo ETTs privadas y conocidos). Resultado: tenemos el doble de paro que Europa y hay 1 millón
de parados que llevan más de un año sin trabajar (585.000 llevan más de
4 años parados). Urge tomar medidas eficaces para ayudarles a
trabajar, sobre todo las autonomías, que gestionan (también) las fallidas políticas
de empleo. 
Pero además, los que sí cobran no cobran lo mismo. Hay
“2 clases de parados”. Unos, los que tienen un subsidio contributivo,
cuya cuantía tiene que ver con lo que cotizaron al desempleo
cuando trabajaban y el tiempo cotizado: eran 783.907 parados beneficiarios
de prestaciones contributivas en septiembre (el 46% del total) y cobraban de
media 988,70 euros al mes. Y luego están el resto de parados que
cobran alguna ayuda (919.188 beneficiarios, el 54% del total), un subsidio “asistencial”,
por unos meses, porque se les ha acabado el subsidio contributivo o porque no tenían
derecho a él por haber cotizado poco o nada. Y esta mitad larga de parados cobran
480 euros al mes.
Resulta que el seguro de desempleo, aunque es una
de las mayores partidas del Presupuesto (22.130
millones gastados en 2023), no llega a un tercio de los parados
reales (a 1 millón de parados) y además, supone un ingreso mínimo
para casi otro millón. Por eso, ser
parado en España (se cobre o no) es ser “casi pobre”: el
41,4% de los parados eran “pobres” en 2023 (ingresaban menos del 60% de la
media española, menos de 916 euros mensuales), frente al 20,2% de
pobres que hay entre todos los españoles, el 14,8% entre los jubilados y el
11,9% entre los que trabajaban, según
la Red EAPN.
Así que el subsidio de paro, aunque lo critican como un
“despilfarro” los neoliberales y muchos empresarios, es
claramente “insuficiente”. Lo señala incluso un
reciente estudio del Banco de España, que indica dos diferencias con Europa.
Una, que la cobertura del desempleo es baja (61% sobre el paro real) y
menor que en la mayoría de paises. Y la otra, que el subsidio recibido aquí
es más alto, entre el 60 y el 80% del último salario, más que la media en Europa
(claro que aquí también los sueldos son mucho más bajos). Además, la Comisión
Europea lleva años pidiendo
a España que reforme el subsidio de desempleo,
no sólo para cubrir a más parados sino para que incluya mecanismos que
inciten al parado a buscar más activamente un trabajo y le ayuden
mejor a recolocarse.
Bruselas pidió a España que incluyera la reforma
del desempleo dentro del paquete de reformas exigidas
a cambio de los Fondos europeos. Pero esta reforma supuso primero un
enfrentamiento político entre dos “alas” del
Gobierno Sánchez: el Ministerio de Trabajo (Yolanda Díaz)
hacía más hincapié en mejorar las ayudas a los parados y la Vicepresidenta
económica (entonces Nadia Calviño) estaba más preocupada por exigir una actitud
más activa a los parados para buscar trabajo y en las medidas para recolocarles.
Al final, se llegó a “un pacto contra reloj” entre ambas, porque era una
reforma obligada a aprobar en 2023 para que España cobrara la 4ª entrega de los
Fondos Europeos. Y por eso, el Real Decreto se aprobó el
19 de diciembre de 2023, en uno de los primeros Consejos del nuevo Gobierno
Sánchez (21 noviembre). Después se envió al Congreso para convalidarse, pero
tropezó: en enero de 2024, Podemos
votó en contra, como “castigo al Gobierno” por no mejorar la
cotización de los parados mayores de 52 años y PP y Vox aprovecharon
para hacer “la pinza” y echar atrás la reforma pactada con Bruselas.
El Gobierno, ya fuera de plazo, se puso a la tarea de
aprobar otra reforma. Yolanda Díaz quiso “arroparse” en sindicatos y patronal
para sacarla adelante. El 8 de mayo de 2024, la ahora vicepresidenta y ministra
de Trabajo se
hizo una foto con los sindicatos, que apoyaron el nuevo texto
de la reforma, que incluía “subir del 100 al 125% lo que se cotiza por los
parados mayores de 52 años hasta que se jubilan”. Pero la
patronal no apoyó la reforma, alegando que no se había dado “una
verdadera negociación” y no se avanzaba en mejorar “la empleabilidad” de los
parados ni en reformar las políticas activas de empleo”. Con este apoyo
parcial, el Gobierno Sánchez volvió
a aprobar la reforma del desempleo, el 21 de
mayo, y la reenvió al Congreso, donde finalmente se
aprobó el 20 de junio, con el apoyo ahora de Podemos (178 votos a favor) y 171
abstenciones (ahora) de PP y Vox.
El Decreto-ley de reforma entró
en vigor este 1 de noviembre y afecta al desempleo “asistencial”,
no al subsidio contributivo. El primer objetivo es ampliar el número
de beneficiarios y aumentar lo que cobran. Para ello, se incluyen en este
subsidio asistencial a 450.000
nuevos beneficiarios, de 3 colectivos que hasta ahora no cobraban: 160.000
parados menores de 45 años sin cargas familiares (recibirán 6 meses de
subsidio), 260.000 eventuales agrarios de toda España (ahora solo tienen
derecho los de Andalucía y Extremadura) y otros 30.000 que son trabajadores “transfronterizos”
(marroquíes) en Ceuta y melilla. Estos nuevos beneficiarios y los 919.188 que
ya cobraban el subsidio asistencial recibirán, ya este mes, una ayuda mayor:
los 480 euros actuales subirán a 570 euros los primeros 6 meses, bajarán
a 540 euros los 6 siguientes y volverán a 480 euros los 18 meses
restantes (el máximo de este subsidio asistencial son 30 meses, según edad, circunstancias
familiares y duración prestación contributiva). Sólo los parados mayores de
52 años seguirán cobrando lo mismo: 480 euros hasta que se jubilen.
El segundo cambio de esta reforma del subsidio asistencial
es que se simplifica y se reduce burocracia.
A partir de ahora, sólo hay 2 motivos para cobrar este subsidio.
Uno, haber agotado la prestación contributiva (por la que se cotiza) o no haber
cotizado suficiente para recibirla. Y el otro, ser un parado mayor de 52 años. Para
el resto, los que no tengan ahora derecho a prestación, se abre “una
pasarela” para que accedan a cobrar el ingreso mínimo vital (IMV),
ya fuera del desempleo. Otras
novedades pretenden simplificar el “papeleo”: se suprime
el mes de espera para solicitar un subsidio, se amplía a 6 meses el plazo
para solicitarlo y se recibirá desde el día de la solicitud. Además, se suprime
el doble requisito de que justifiquen rentas bajas el beneficiario y
su familia. Eso sí, tendrán que presentar la declaración de la renta (IRPF)
cada año, ganen lo que ganen.
El tercer cambio y el principal objetivo de este
reforma es promover y facilitar que los parados encuentren trabajo. La
primera medida es que a todos los parados que cobren ayudas se les va a exigir
ahora la
firma de “un acuerdo de actividad”: una serie de obligaciones
que ha de cumplir cada parado para mejorar su empleabilidad, desde
cursos de formación y adaptación hasta explicar los trabajos que rechacen. Significa
que habrá “un mayor control” del parado, no bastará con que
renueve su demanda y cobre, como ahora (de hecho, el reconocimiento del subsidio
durará ahora 3 meses: luego tendrá que renovar la solicitud). A cambio, la
reforma abre una vía inédita a los parados: que puedan aceptar un
trabajo (6 meses) sin perder temporalmente el desempleo. Hasta ahora era
incompatible y eso hacía que muchos parados renunciaran a trabajos de
temporada (verano o Navidad) porque perdían el paro y no les compensaba. Este
cambio ahora puede facilitar que los parados acepten trabajos y las empresas
“los prueben”. Sólo se ponen dos salvaguardas para evitar fraudes: que no
puedan hacerlo empresas con ERE y que una empresa no pueda contratar
temporalmente a un parado que haya trabajado con ella el año anterior.
Ahora falta ver cómo se desarrolla esta reforma
del subsidio asistencial, si la cobran más parados y si les ayuda a salir del
desempleo. Porque esta es la clave: recolocar a los parados, algo que las
oficinas de empleo no consiguen. Los datos son muy evidentes, en el pasado
y ahora. Así, en la última década (julio 2012 a julio de 2022), las oficinas
de empleo sólo intermediaron 4,2 millones de contratos,
el 2% de los contratos hechos (mientras las ETTs privadas
intermediaron el 16,4% ). Y en 2022, las oficinas de empleo (SEPE),
gestionadas por las autonomías, sólo intermediaron el
2,2% de los contratos . Por si no quedara claro, en el último Barómetro
del CIS (octubre 2024), cuando se pregunta a los españoles “cómo consiguieron
su trabajo actual”, sólo el 1,9% responde que a través de los servicios de
empleo (INEM o SEPE). La mayoría dice que lo consiguió por “familiares,
amigos y conocidos” (19,5%), llevando su currículo a empresas (18,2%), por “oposición”
(14,4%), haciéndose autónomo (13,5%), en Webs de empleo (11,1%) o ETTs (2,5%).
España gasta menos que el resto de Europa en “políticas
activas de empleo”, a pesar de que tenemos el doble de paro: en 2024,
vamos
a gastar 6.400 millones de euros, más del doble que hace una década pero un
porcentaje más bajo (el 0,41% del PIB) que la media europea (0,55%
del PIB), Alemania (0,5%), Francia, Dinamarca o Finlandia (gastan
0,65% de su PIB). Este es “el primer contrasentido”: gastamos
comparativamente más que toda Europa en pagar a los parados (y aún así, 1
millón no cobran nada hasta esta reforma) y muchísimo menos en ayudarles a
buscar trabajo. Y “el 2º contrasentido”: gestionamos mal
las políticas de empleo, porque no les interesan ni a los parados.
El primer dato llamativo es que hay 178.815 parados que
se consideran como tales cuando les pregunta el INE (EPA) y que no están
registrados como parados en las oficinas de empleo (SEPE) : ni se “molestan”,
porque piensan que no van a pagarles un subsidio. Pero el desinterés por
el SEPE es mayor entre los jóvenes. Salta a la vista con este otro
dato: hay 524.000 parados menores de 30 años “estimados” en
la EPA (septiembre 2024) y sólo 394.434 parados menores de 30
años registrados en
el SEPE. De hecho, un
estudio de InfoJobs y Linkedin señala que sólo la mitad (58%) de los parados
de 16 a 24 años están registrados en las oficinas de empleo, porque la
mayoría busca trabajo en Internet y con la ayuda de amigos y familiares.
Mucha culpa de esta ineficacia de la SEPE la tienen las
empresas españolas, que se quejan de que “no encuentran trabajadores”
pero que apenas utilizan las oficinas de empleo públicas para
buscar empleados: se apoyan más en ETTs, redes sociales y conocidos. Baste otro
dato: en la web del SEPE
hay registradas sólo 74.419 empresas, que tienen registradas 26.710
ofertas de trabajo…Y además, las empresas no colaboran con las oficinas
públicas de empleo para promover cursos de formación a parados que les
sean útiles para contratarlos después. De hecho, los cursos de formación del SEPE son otro
fracaso: asisten
menos del 10% de los parados registrados. Y en muchos casos, porque son
demasiado largos (más de 600 horas) y poco ligados a la formación que se
necesita, además de muy presenciales.
Otra pata que falla en las políticas de empleo son los
incentivos a la contratación de parados, generalmente
bonificaciones o deducciones en las cotizaciones sociales a las empresas que
contratan a determinados trabajadores (mayores, discapacitados, mujeres, jóvenes.
Los expertos
(AIReF, Funcas) han reiterado que estos contratos subvencionados (15
millones al año) son un coste inútil, “un peso muerto”: la
mayoría se harían sin la ayuda, que sólo reduce el coste laboral de las
empresas. Hay colectivos de parados cuya contratación hay que apoyar, pero por
otras vías, como la formación y reconversión. Una urgencia son los “parados de larga duración” , los
que llevan más de 1 año sin trabajar: son ya 1.025.000 parados (el
79%, mayores de 45 años), el 37,21% del total (el 44% en Andalucía y
Canarias). Y entre ellos, hay
585.000 que llevan parados más de 4 años. El Gobierno prometió en
2023 un Plan especial para combatir este “paro enquistado” y no se ha aprobado nada.
En resumen, somos el
país con más paro de Europa y el que menos y peor gasta en ayudar a
esos 2,7 millones de parados reales a recolocarse. Esa es la reforma del
paro que urge y la que no se aborda, porque la gestión del empleo
está (también) en manos de las autonomías y cada una gestiona a su
aire los recursos públicos de Europa, del Presupuesto estatal y de sus propias cuentas
(poco). Así que seguimos fracasando ante “una tasa de paro inadmisible”,
nuestra gran “asignatura pendiente”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario