La seguridad de Europa no está en riesgo sólo por
Putin y el imperialismo ruso. Hay otro riesgo grave en el flanco sur de
Europa, que preocupa especialmente a España: el Sahel, 10 paises de
África situados debajo del Sahara, donde crece la violencia y el
terrorismo yihadista, forzando la inmigración hacia España (Canarias)
y Europa, para huir de la guerra y el hambre. El último informe de
Seguridad Nacional da la alerta: el Sahel es “una región crítica para
España”, de donde proceden ya el 74% de los inmigrantes que llegan por
mar. Y señala a esta inmigración ilegal como el tercer mayor
riesgo de seguridad para España, tras los Ciberataques y la
desinformación. El problema es que Europa se ha desentendido del Sahel,
tras la marcha de fuerzas francesas y europeas, y Rusia ha ocupado su lugar,
con armas y mercenarios, mientras China invierte y vende armas. España
se juega mucho en el Sahel, la amenaza del sur de la que apenas hablan Europa y la OTAN. Mapa CIDOBEl Sahel (“la costa”, en árabe) es la franja
de paises situados en África, al sur del Sahara, , como la antesala entre
el desierto y el verde de la sabana al sur. Lo integran 10 paises, según la estrategia de la ONU para el Sahel
(UNISS), que ocupan una franja de 6.000 kilómetros de larga y 600 kilómetros de
ancho, que va desde el Atlántico hasta casi el Mar Rojo (ver
mapa): Senegal, Mauritania, Gambia, Guinea, Malí, Burkina Fasso, Níger,
Chad, Camerún y Nigeria. Estos 10 paises tienen 7 veces el tamaño de España
y alguno, como Chad, es tan grande como Francia, Alemania e Italia juntos.
Tienen unos 350 millones de habitantes y una demografía explosiva : el
70% de la población en los 5 paises centrales (Mauritania, Malí, Níger, Burkina
Fasso y Chad) son menores de 24 años…
El Sahel es una región donde múltiples
factores han llevado a la pobreza, la desigualdad y la violencia.
Por un lado, las fronteras entre los paises son artificiales,
creadas por las metrópolis europeas (sobre todo, Francia) , lo que agrava los
conflictos étnicos entre diversos pueblos y entre agricultores sedentarios y ganaderos
nómadas. Por otro, el cambio climático, las sequías y las malas
cosechas han multiplicado el hambre y la pobreza en la región: el
50% de los habitantes del Sahel viven por debajo del umbral de la pobreza y 1
de cada 6 no tiene para comer, según la ONU. Y han sufrido décadas de regímenes
corruptos, que se han aprovechado de las riquezas naturales y que han
llevado a la violencia: 4
golpes de Estado (2 en Malí, en 2020 y 2021, otro en 2022 en
Burkina Fasso y otro en Níger en 2023).
Además del hambre, la desigualdad y la corrupción política,
lo que ha destruido el Sahel en los últimos años es la violencia y
el terrorismo yihadista. En 2024, el 51% de las muertes por terrorismo
en todo el mundo se produjeron en el Sahel, según Global
Terrorism Index 2024: 3.885 muertes (10 veces las de 2019) de un total de 7.555 en el mundo. La mayoría
de estas muertes las han provocado dos grupos terroristas yihadistas: IS Sahel,
la filial del Estado Islámico (con fuerte presencia en Níger) y JNIM, la
rama de Al Qaeda, con fuerte presencia en Malí y Burkina Fasso. Sus actividades
terroristas, sobre todo en el triangulo fronterizo entre Malí, Níger y
Burkina Faso (ver mapa) han provocado más de 10.000 muertes en los últimos
años y la huida de millones de personas: los desplazados internos
en el Sahel superan los 3 millones, según ACNUR, y hay más de 1 millón de refugiados
y solicitantes de asilo.
La región del Sahel se ha convertido en “el epicentro
mundial del terrorismo”, según
este informe de CIDOB, que destaca el nefasto papel de los Gobiernos de la
región (dictaduras militares) para acabar con la violencia yihadista, que sólo en
el último mes ha atacado cuarteles y matado a 300 soldados en Malí, Burkina
Fasso y Níger. En 2024 abandonaron el Sahel las últimas tropas europeas y de
Francia, por imposición de los Gobiernos militares que gobiernan el G5
Sahel (Malí, Burkina Fasso, Níger, Chad y Mauritania). Y su lugar lo ha
ocupado Rusia, que asesora militarmente a estos Gobiernos, les vende
armas y les ofrece los servicios de los mercenarios
del Grupo Wagner (y su nuevo grupo, África
Corps).
Tras Ucrania, el Sahel es el 2º teatro de confrontación que Putin ha elegido para desestabilizar Europa,
a la que el Sahel exporta terrorismo, droga y refugiados, dirigidos por mafias.
Rusia tiene acuerdos de cooperación militar con 43 paises africanos, pero cada
vez está más centrado en el Sahel. Además de los acuerdos militares y la
provisión de mercenarios a Níger, Burkina Fasso y Mali, Rusia tiene excelentes
relaciones militares y económicas con Chad, República Centroafricana, Sudán y
Gabón, además de Libia y Sudán. Incluso, se
constata la presencia de buques de guerra de Rusia en el Golfo de Guinea,
en paralelo a su despliegue en Guinea Ecuatorial, donde mercenarios rusos
apuntalan al dictador Teodoro Obiang. En todos los casos, el interés de Putin
en el Sahel pasa por vender armas y controlar Gobiernos, para asegurarse el acceso
a materias primas básicas (uranio en Níger, petróleo en Gabón y
Nigeria, oro y algodón en Malí…). Lo mismo, pero más discretamente hace China: vende armas a varios paises del
Sahel e invierte en infraestructuras (puertos y trenes).
Para España, el Sahel es “una región crítica”,
según
el Informe 2024 de Seguridad Nacional (SN). Sobre todo porque está “alimentando”
las últimas “oleadas” de inmigrantes ilegales que llegan a Canarias. Los
datos del informe de SN son muy claros y revelan que el conflicto del Sahel ha
cambiado el panorama de la inmigración ilegal de África hacia España:
si hace unos años la mayoría de la inmigración ilegal venía del Magreb (por la
ruta del Estrecho y el Mediterráneo), ahora vienen por el Atlántico hacia
Canarias y la mayoría son inmigrantes irregulares del Sahel, que huyen de la
violencia, la guerra y el hambre.
Veamos los
datos. En 2024, el grueso de la inmigración ilegal a España (64.019 personas,
un récord histórico) ha llegado por vía marítima (61.372 entradas, el
95,8%). Y la mayoría de esta inmigración ilegal por mar ha llegado a Canarias
(46.843 llegadas en 2024, otro récord histórico, +17,4% que en 2023). Y lo
más llamativo, según alerta el informe de Seguridad Nacional es que el 72%
de los inmigrantes ilegales que llegaron por mar vinieron del Sahel (frente al
62% en 2023). En 2024, la mayoría de estos inmigrantes que llegaron en cayucos
eran de Malí (15.261 inmigrantes, +543% que en 2023) y Senegal
(11.284 inmigrantes, -45%), muy por delante de los inmigrantes de Argelia
(9.552,+36%) y de Marruecos (6.945 inmigrantes, -50%). Y les siguen inmigrantes
de otros paises del Sahel: 3.890 de Guinea (+38%), 2.804 de Mauritania
(+196%), 2.545 de Gambia y 1.006 de Costa de Marfil.
El otro gran cambio, además del tremendo flujo de
inmigrantes del Sahel (frente a los del Magreb) es que estos inmigrantes
solicitan asilo en España (en Canarias), porque en la mayoría de los casos
no es una inmigración “económica” (como la de Marruecos o Argelia) sino una
inmigración que huye de la guerra y la violencia, además del hambre.
Por eso, se han disparado las peticiones de asilo en España: en 2024
fueron 165.398
solicitudes, el 2º país europeo con más peticiones de asilo tras
Alemania (237.000). La mayor parte de estos “refugiados” del Sahel parten
hacia Canarias desde Mauritania (25.081 salidas de los 46.843 inmigrantes marítimos
llegados a Canarias en 2024) , donde está el campo de refugiados de
M´Berra (con casi 300.000 refugiados: ver
foto).
El reciente informe
de Seguridad Nacional alerta que la inmigración irregular es el tercer
mayor riesgo de seguridad para España, tras los Ciberataques y la
desinformación. Y señalan que el epicentro de este riesgo es el Sahel,
donde Putin puede utilizar la “bomba migratoria” para
desestabilizar a Europa (sobre todo a España, Italia y Francia). Y que el
problema se agravará en los próximos años, porque el terrorismo
yihadista y las guerras civiles se
están extendiendo a paises vecinos del Sahel (Golfo de Guinea, Sudán,
Eritrea, Gabón y República Centroafricana), alimentadas por Rusia y China.
Frente a esta grave problema en el Sahel, Europa ha
actuado muy mal en las últimas décadas, como refleja el libro “El
fracaso de Occidente en África”, de Beatriz Mesa. Desde 2011, la UE ha
desplegado 3 estrategias para el Sahel, centradas más en buscar la
seguridad con fuerzas militares que en apoyar la cooperación y el desarrollo
(desde 2014, la UE ha aportado 8.000 millones de euros, de ellos 1.160 en ayuda
humanitaria y 4.600 en cooperación). Ha habido 3 misiones europeas de Seguridad
y Defensa, lideradas por Francia, que se han dedicado a formar y
profesionalizar los ejércitos de estos paises. Al final, eso ha llevado a 4 golpes de
Estado, donde los militares han optado por echar a Francia y a los militares
europeos:
Francia retiró todas sus tropas (tenía 10.000 militares hace 5 años) y los
militares europeos se fueron en mayo de 2024, dejando vía libre a Rusia y sus
mercenarios, junto a China y sus inversiones.
El gran error de Europa en el Sahel, según
este informe de CIDOB, ha sido centrarse en un enfoque militarista
y de control de los flujos migratorios más que en ser “un actor político y
económico en la región”, ayudando a los paises con la miseria y la pobreza, que
son las bases de la violencia y el terrorismo. Esta política ha fortalecido a
unos ejércitos que han acabado siendo golpistas y antieuropeos, reforzando a élites
corruptas. Ahora, la nueva Comisión Europea está más obsesionada
por la seguridad en el Este de Europa que en reforzar el flanco sur de la OTAN
y de Europa, que es el Sahel. Pero Europa
debe cambiar de actitud y reforzar la cooperación económica y social con el
Sahel, para quitar bazas a Putin. Y apostar por una nueva presencia en la
región, asentada en la cooperación, la lucha contra la pobreza y el Cambio
Climático y el desarrollo.
Estos eran los objetivos de la
visita que hizo la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der
Leyen a Mauritania, en febrero de 2024, acompañada del presidente español,
Pedro Sánchez. Allí firmaron una declaración
conjunta UE-Mauritania y compromisos de cooperación (210 millones
de euros), que se quiere continuar con Senegal y Gambia, los tres paises de
origen de la mayoría de inmigrantes ilegales a Canarias y Europa.
En paralelo, el Gobierno español lleva varios años “obsesionado”
con el Sahel, sobre todo ahora tras el último informe de Seguridad
Nacional. El presidente Sánchez
visitó en agosto de 2024 Mauritania,
Senegal y Gambia, donde firmó compromisos de cooperación y para reducir
la inmigración ilegal. Además España tiene presencia
de la Guardia Civil en Mauritania, Senegal y Gambia, para apoyar a
sus militares en el control de fronteras , mientras también hay cooperación con
esos paises de la Policía Nacional. Y Defensa participa en
programas de formación y capacitación militar en paises del Sahel y del Golfo
de Guinea. Además, España participa en programas
financiados por la UE para luchar contra las redes de tráfico de
inmigrantes en el Sahel y el Magreb. Y dentro de los programas internacionales
de la Cooperación Española, el
Sahel será una zona prioritaria, a la que España ha destinado 994,4
millones de euros desde 2010 a 2023.
Son pequeños avances pero insuficientes ante una
región de la que proceden el
72% de los inmigrantes que llegan por mar a España (Canarias). Es urgente
que el Sahel deje de ser “una obsesión de España” para ser “una obsesión
de Europa”, porque es la principal vía de inestabilidad en su flanco
sur. Para ello, es clave que el Sahel sea, junto con Ucrania, uno de los
protagonistas de la próxima
Cumbre de la OTAN en la Haya (24
y 25 de junio), que celebrará su 75 Aniversario y sentará las bases de un
futuro “más europeo y menos USA”. Hay que fijar prioridades y medios para frenar
la llegada de inmigrantes, terrorismo y droga del Sahel a Europa, algo
vital para España (y también para Italia y Francia). España debe seguir
presionando sobre este problema en Bruselas y en la OTAN, porque somos
los primeros perjudicados si el Sahel arde en llamas.
El 26 de mayo se cumplieron 2 años de la Ley de Vivienda, aprobada
por el Gobierno con la oposición del PP (y Vox), que no la aplican en sus
autonomías. Y su balance es nefasto: los alquileres han
subido un +24% estos dos años y el precio de las viviendas se ha
disparado otro +28%. La Ley ha sido contraproducente,
porque los controles de precios han “asustado” a los propietarios,
cayendo más oferta de alquileres (-120.000 en dos años): unos
alquileres se han desviado a pisos turísticos y alquileres de
temporada, otros pisos se han vendido y otros están vacíos. Resultado:
no hay pisos para alquilar y cada uno tiene 35 inquilinos esperando.
Además, no hay suelo disponible ni inversión y se construyen 127.721
viviendas, cuando faltan 600.000.
El problema es político: el enfrentamiento constante entre Gobierno
y autonomías impide pactar medidas eficaces, como reflejó la Conferencia
de Presidentes. Y así, la vivienda no tiene enmienda, en perjuicio de
millones de españoles. Enrique Ortega
El problema de la vivienda angustia cada día
más a muchos españoles, sobre todo jóvenes y nuevas familias. La mayoría de los
que necesitan una casa no la pueden comprar, porque los precios
se han disparado: este año suben un +12,2% anual (la mayor subida trimestral en 18 años), según el INE, que se suma al
+55,1%
que subió la vivienda entre 2014 y 2024. Resultado: una vivienda usada cuesta de media 2.391 euros/m2 (215.190
euros por 90m2), subiendo a 4.895 euros en Barcelona (440.550 euros por 90 m2)
y 5.573 euros en Madrid (501.570 euros por 90m2), según
el portal Idealista (mayo 2025). Estos precios disparados exigen pedir una
elevada hipoteca (más un 30% ahorrado para el 20% que no se financia,
impuestos y gastos), una cuota hipotecaria que supone ya el 23% de los
ingresos de una familia (y sube al 46% si se quiere comprar en Barcelona,
el 41% en Palma el 40% en Málaga y el 38% en Madrid).
Y si muchas familias y jóvenes no pueden comprar, tampoco
pueden alquilar a los precios actuales: en mayo, los alquileres han vuelto
a subir otro +9,9% anual, según
Idealista, que se suma al +81% que han subido los alquileres en
España entre 2014 y 2024. Con ello, el precio medio del alquiler está ya
en 14,5 euros/m2, según Idealista, un máximo histórico que se traduce en un
alquiler medio (90m2) de 1.305 euros mensuales. Pero es
mucho más en las principales capitales, donde hay más demanda: 23,9
euros/m2 en Barcelona (2.151 euros por 90m2), 21,7 euros en Madrid
(1.953 euros alquiler 90m2), 18,5 euros en San Sebastián, 17,8 euros
en Palme, 15,7 euros en Valencia, 15,6 euros en Málaga y 15 euros en Bilbao.
Unos alquileres disparados que obligan a los inquilinos a destinar el 40% de
sus ingresos, según
el Banco de España, cuando en la UE-27 el “esfuerzo” es del 27%.
El problema en ambos casos (compra o alquiler) es el mismo:
los precios se han disparado porque faltan viviendas (para
comprar y alquilar), porque hay pocas viviendas que salen a la venta o al
alquiler frente a una demanda creciente. El mercado para comprar piso
es muy estrecho y cada vez hay más inversores, inmobiliarias y particulares que
pujan por comprar un piso para alquilarlo después y sacar rentabilidades que
superan el 10%. Un dato que demuestra esta “especulación” en la compra es que un
tercio de las viviendas se compran al contado, sin pedir hipoteca.
Y las inmobiliarias informan que cada día ven compradores que “pujan” por una
vivienda, pagando incluso más de lo que piden. En el caso del alquiler
pasa lo mismo: los pisos “vuelan” en el día, con una
media de 35 inquilinos pujando por cada vivienda que se pone en alquiler
(en 2023 eran 19 candidatos por piso).
Y todo esto pasa 2 años después de la entrada en
vigor (el 26 de mayo de 2023) de la Ley
de Vivienda, que pretendía bajar el precio de los alquileres,
implantando unos “topes” en las ciudades más “tensionadas”. La realidad es que la
Ley no se aplica en la mayoría de autonomías y
Ayuntamientos, porque el PP (y Vox) están en contra. La primera
aplicación de “topes” al alquiler se hizo en marzo de 2024, en 140 municipios
catalanes (incluidas las 4 capitales y sus áreas metropolitanas) y se
amplió en octubre a 131 municipios más (271 en total). Y este año, se han
declarado “zonas tensionadas” algunos municipios del País Vasco
(incluido San Sebastián) y 21 municipios de Navarra, mientras se tramita
en A Coruña y Las Palmas. Pero poco más. Los expertos y el PP (y Vox)
reiteran que estos controles no han bajado los alquileres, mientras el Gobierno
y la Generalitat señalan que sí han bajado en algunas ciudades catalanas.
Pero lo preocupante es que los contratos de alquiler han caído un -21,5%
en 9 de los 15 mayores municipios donde se ha aplicado, según
Idealista.
Esto probaría la principal crítica que hacen la
mayoría de expertos inmobiliarios a la Ley de Vivienda: que retrae
a los propietarios a alquilar. Y que esa “desconfianza”, ante los
controles de la Ley y “el intervencionismo anterior” (desde 2019 se han puesto topes
a la subida de alquileres y a los plazos) han llevado a muchos propietarios a no
alquilar sus pisos, desviando esas viviendas a otros fines o alquilando
más caro, para “cubrirse”. El
portal Idealista ha hecho un estudio y desvela que la oferta de
alquileres ha caído un -17% en estos 2 años de vigencia de la Ley de
Vivienda, mientras la demanda de alquileres ha aumentado un +79% en
estos dos años. Pero esa caída de la oferta de alquileres ha sido mucho más drástica
en muchas ciudades: Barcelona (-46%), Madrid (-21%), Bilbao (-36%), Sevilla
(-31%), Huesca (-43%), Córdoba (-66%), San Sebastián (-36%), Girona (-28%),
Lleida (-38%), Orense (-43%), Oviedo (-52%), Palma (-35%), Palencia (-36%),
Tarragona (-35%), Zamora (-25%), Valladolid (-37%), Zaragoza (-37%), Salamanca
(-29%), Logroño (-23%)…
El estudio
revela que en estos 2 años se han perdido 120.000 alquileres.
¿Dónde han ido? Una parte importante de los alquileres se
han “desviado” a pisos turísticos, que permiten conseguir mayores
ingresos sin controles de precios y contratos. Serían unos 85.600 los
alquileres desviados a pisos turísticos, un aumento del 30%. De hecho,
en las 25 grandes ciudades (donde hay más problemas de alquiler) había 345.000
pisos turísticos en 2024, según Exceltur, una
cifra que no refleja los pisos turísticos “ilegales” (150.000 en Madrid).
Otra cifra importante de alquileres se ha “desviado a alquileres
de temporada: su duración es menor de 1 año y se rigen por el contratos
privados, sin controles de precios ni plazos. Estos alquileres de temporada
suponen ya el 14% de todo el mercado del alquiler y mucho más en las ciudades más tensionadas, según
Idealista: Barcelona (47% de los alquileres son de ya de temporada),
San Sebastián (37%), Badajoz (27%), Girona (26%), Tarragona (20%), Madrid
(17%), Bilbao y Palma (15%), Santander y Valencia (14%)… Y en todas las
capitales han aumentado mucho el último año, bajando sólo en Sevilla y Málaga.
El tercer “desvío” de alquileres tradicionales ha sido por
la venta de estas viviendas: los propietarios, ante los altos precios de
los pisos, han optado por vender y “quitarse problemas” (controles de precios,
impagos…) con los alquileres. No hay datos, pero está claro que una parte
importante de las 1.230.000
viviendas vendidas entre 2023 y 2024 eran viviendas que antes estaban
en alquiler. Y queda otra 4ª vía por la que se ha reducido la cifra de
alquileres: los pisos que se han quedado vacíos estos años, sin vender
ni alquilar: en España hay 3,8
millones de viviendas vacías, aunque sólo el 10,5% (unas 400.000) están
en las ciudades de más de 250.000 habitantes, donde hay más problemas de
alquileres.
En definitiva, que los controles y la Ley de Vivienda han
retraído los alquileres, algo que ya se ve desde las primeras medidas tomadas
por el Gobierno en 2019.Eso llevó a que la oferta
de alquileres haya caído un -56%
desde finales de 2020 a finales de 2024, mientras la demanda de alquileres ha
aumentado +319% desde la pandemia, según Idealista. Este desfase
entre oferta y demanda es el que ha
disparado el precio de los alquileres (de 10,4 euros/m2 en diciembre de
2019 a 14,5 euros/m2 en mayo 2025: +39,5%).
Como en cualquier mercado, los precios del alquiler sólo
bajarán si aumenta la oferta o baja la demanda. La demanda no
puede bajar, porque cada año hay 250.000 familias y jóvenes que buscan casa,
así que la
solución es aumentar la oferta, de viviendas y de alquileres. Y eso
no lo aborda la Ley de Vivienda ni las autonomías y Ayuntamientos del PP. Lo
que ha hecho el Gobierno es tratar de “tapar las fugas” de alquileres,
frenar los pisos turísticos y los alquileres de temporada, imponiendo un
registro obligatorio, que entrará en vigor este 1 de julio, a los
propietarios que quieran hacer este tipo de alquileres. Pero no se limitan ni
reforman. Y, en paralelo, el Gobierno ha presentado, a través de una
proposición de Ley del PSOE, una batería de medidas fiscales para
subir el IVA de los pisos turísticos, aumentar los impuestos a las viviendas
vacías y proponer un nuevo impuesto a la
compra de extranjeros, medidas que son parches y van a retraer aún más la
oferta de alquileres.
El único camino para resolver el grave problema de la
vivienda es aumentar la oferta, con la rehabilitación de
viviendas, la construcción de nuevas viviendas y el aumento del parque de
alquiler. Y eso exige que el Gobierno, las autonomías, Ayuntamientos,
constructores y bancos pacten
Planes de vivienda, ciudad por ciudad. Eso supone, primero, agilizar
el suelo disponible para construir, algo que ahora es un problema,
porque no hay Censos actualizados y una parte de los planes urbanísticos están “paralizados”
por recursos en los Tribunales. El Gobierno propuso (en la anterior Legislatura
y en
marzo de 2024) una reforma de la
Ley del Suelo, para ayudar a los Ayuntamiento a agilizar el planeamiento, pero
la
ha retirado (mayo 2024) por falta de apoyo parlamentario: el PP y Vox
estaban en contra, para debilitar al Gobierno con otra derrota parlamentaria
(aunque sus Ayuntamientos habían pedido la reforma) y los grupos de izquierda
tampoco lo apoyaron por temor a una “burbuja urbanística”…
Además de suelo, construir más viviendas (para venta y
alquiler) pasa por contar con financiación suficiente y con la colaboración
público-privada, pactando precios de venta (sobre todo en VPO) que
compensen las nuevas promociones. Y un mayor gasto en vivienda (ahora
mucho menor que en Europa) , tanto de Ayuntamientos como autonomías y del
Gobierno central. Por eso, el presidente Sánchez
ha propuesto a las autonomías, en la Conferencia de Presidentes, triplicar
el gasto en vivienda: pasar de los 2.300 millones del Plan actual
(2022-2025) a 7.000 millones entre 2026 y 2030, un 60% aportados por el Estado
central y otro 40% por las autonomías (que ahora aportan el 25%). Y eso a
cambio de que las viviendas públicas que se construyan sean
siempre viviendas públicas, no se puedan vender como “libres” (como
se ha hecho con las 2,4 millones de VPO construidas en los últimos 40 años),
para poder tener un parque público (hoy es el 2,5% frente al 8% en la UE-27).
Otro frente de actuación es aumentar el parque de
viviendas en alquiler, lo que exige “no asustar” a los propietarios,
sino incentivarlos y ayudarlos para que alquilen. Eso pasa por varias
medidas: ayudarles (con créditos y subvenciones) a rehabilitar viejas
casas para alquiler, incentivarles fiscalmente (con una deducción
de hasta el 100% en el IRPF) si alquilan a precios “razonables”, agilizar
la normativa en caso de impagos y, sobre todo, facilitarles el alquiler con
seguridad. Una vía es crear empresas municipales y autonómicas que hagan de “intermediarias”
entre el propietarios e inquilinos, como hace el País Vasco con el “Programa
Bizigune”: los propietarios les ceden las viviendas y cobran seguro
cada mes, despreocupándose de todo. Eso sí, hay que aprobar normas legales
para torpedear el trasvase de alquileres a pisos turísticos y alquileres de
temporada, dos fórmulas que suponen la mitad de los desvíos de alquileres
tradicionales.
Con todo, la clave es “cambiar el rumbo”,
aceptar que la Ley de Vivienda ha sido ineficaz y hasta contraproducente: el
Gobierno no puede empecinarse con ella. Hay que cambiar de estrategia y
pactar medidas para construir más viviendas y ampliar la oferta de alquileres.
Pero hay un problema de fondo: el
enfrentamiento político entre el Gobierno y las autonomías y
Ayuntamientos, que son quienes gestionan la política de vivienda. Sin
acuerdo para agilizar el suelo urbanizable, la financiación, las
promociones y la colaboración público-privada, es imposible poner en
marcha una política de vivienda eficaz. Hace falta sentarse, a nivel
estatal, en cada autonomía y en cada Ayuntamiento, para ver cuántas viviendas se
pueden construir y financiar y para sacar más pisos en alquiler (asequible).
La propia Comisión
Europea acaba de pedir a España
que aumente la oferta de vivienda social, con 3 recomendaciones:
aumentar la oferta de suelo (reformando la Ley), reducir los plazos de
construcción y los cuellos de botella administrativos (más la escasez de mano
de obra en la construcción) y reforzar la oferta de vivienda social asequible.
Pero no parece que vayan a escucharlos. El Gobierno está
empecinado en aplicar su Ley y sus controles y el PP está empeñado en no
apoyar ninguna medida del Gobierno (ni la reforma de la Ley del Suelo
ni invertir más) y desgastarlo, aún a costa de que sigan disparándose los
alquileres. Así no hay forma de avanzar. En definitiva, con este irresponsable
enfrentamiento político, la vivienda no tiene enmienda. Y lo
están pagando millones de españoles.
El Banco Central Europeo (BCE) acaba de bajar los
tipos de interés, un -0,25%, hasta el 2%, el precio más bajo desde 2022. Es
la 8ª bajada de tipos desde hace un año, tras las 10 subidas aprobadas
entre 2022 y 2023. Esta nueva rebaja del BCE busca reanimar la estancada economía
europea, ahora que la inflación está controlada. El Euribor
está en el 2%, lo que rebaja 137 euros mensuales la revisión anual
de las hipotecas. Pero ojo: el precio de los pisos se ha disparado y pagar
ahora una hipoteca resulta igual de caro o más que hace dos años,
aunque los tipos sean más bajos. Y este coste real de las hipotecas seguirá
subiendo, porque suben los pisos y la demanda, dado que resulta más barato
comprar un piso que alquilarlo. Los tipos bajos ayudarán
a empresas, familias y a pagar la deuda pública, pero no servirán para
que muchos jóvenes y familias compren casa, por falta de ahorro previo
y de ingresos suficientes. Enrique Ortega
Como se esperaba, el Banco Central Europeo ha bajado hoy jueves los tipos de interés oficiales, otro -0,25%, hasta el 2%,
el precio del dinero más bajo desde diciembre de 2022. Es la 8ª bajada de
tipos del BCE desde hace un año: los bajó en junio, septiembre, octubre y diciembre
de 2024, más en enero, marzo, abril y junio de 2025. Con estas bajadas, el BCE
desanda el camino iniciado 2022, cuando aprobó
10 subidas de tipos, entre julio de 2022 y septiembre de
2023, subiendo los tipos del 0 al 4%, para contener la alta inflación.
Con esta 8ª rebaja de tipos, el BCE se distancia más de
la Reserva Federal USA, que sólo ha aprobado tres bajadas de tipos
en los últimos meses (septiembre, noviembre y diciembre de 2024) y que ha
decidido no bajarlos este año, en las reuniones de enero,
marzo y mayo (la próxima es el 17 de junio), a la vista de la amenaza de
aranceles de Trump (que pueden despertar la inflación en EEUU). Sin embargo,
EEUU empezó a subir los tipos antes que Europa (en marzo de 2022), más veces
(11 subidas de tipos entre 2022 y 2024) y todavía los mantiene muy por encima: 4,50%
frente al 2%. Y también se distancia del Banco de Inglaterra, que sólo
ha
aprobado 4 bajadas en los últimos meses (agosto y noviembre de 2024,
febrero y mayo de 2025), tras 14 subidas de tipos entre 2021 y 2024 y con el
dinero también más caro que en la zona euro: 4,25% (la próxima
reunión es el 19 de junio).
El BCE ha bajado más veces y en más porcentaje
los tipos de interés en el último año (-2%) que EEUU (-1%) y Reino
Unido (-1%) porque busca ahora reanimar la débil economía europea,
en un momento en que la inflación parece controlada : +1,9% en
mayo en la zona euro, según
Eurostat, por debajo del objetivo del BCE (2%) y muy lejos de la inflación
disparada de 2022 (+8,4%) y 2023 (+5,4%) y de la más moderada de 2024 (+2,4%).
Preocupa al BCE que las
últimas previsiones económicas de Bruselas (mayo 2025) hayan recortado un
-0,4% las previsiones de crecimiento para 2025 de la zona euro (+0,9%,
igual que en 2024) y la UE-27 (+1,1% frente al 1% en 2024). Y, sobre
todo que Alemania no vaya a crecer nada (+0% en 2025, frente a una caída
del -0,2% en 2024) y que apenas crezcan Francia (+0,6%) e Italia (0,7%), aunque
España crecerá un +2,6%.
Ahora, tras esta 8ª rebaja de tipos para intentar “reanimar”
la débil economía europea, el
BCE espera a ver qué hacen este mes EEUU y el Banco de Inglaterra para
decidir si continúa con la rebaja de tipos en las próximas reuniones (24 de
julio y 11 de septiembre). La clave estará en el comportamiento
de la economía europea estos meses, en el
daño que pueda hacernos la subida de aranceles de Trump, tanto al
crecimiento como a los precios (los aranceles más altos suponen que suben todos
los productos importados). Y también será clave la
cotización del euro: desde la llegada de Trump, el dólar se ha
debilitado, fortaleciendo al euro, que hoy cotiza a 1,1427 dólares,
frente a 1,024 el 10 de enero. Eso supone una revalorización del euro del +11,6%.A
lo claro: que los productos importados en dólares nos cuestan un 11,6% menos.
Una ayuda para paliar la subida de aranceles que nos acabe poniendo Trump.
El propio BCE ha
fijado “un suelo” para la rebaja de tipos, salvo
imprevistos (de inflación disparada o recesión, por aranceles o crisis
geopolíticas): bajarlos a un mínimo del 1,5%, lo que augura otras dos
bajadas de -0,25% cada una antes de fin de año. Esta perspectiva ha hecho
bajar más de lo esperado al Euribor, el tipo de interés al que se
prestan los bancos y que se utiliza para las hipotecas a tipo variable (Euribor
más un porcentaje) :
cerró mayo en el 2,081% (frente a 2,143% en abril), la mayor rebaja mensual
desde 2009 y el tipo más bajo desde agosto de 2022. Y todo apunta a que este
mes de junio el Euribor bajará del 2% y podría cerrar el año 2025 en
el 1,5%, el tipo más bajo desde abril de 2022 (+0,013%).
Esta mayor rebaja del Euribor en 2025 (estaba en el
3,679% a finales de 2024) supone un gran “alivio” para los 4
millones de españoles que están pagando una hipoteca, la mayoría a un tipo
variable y un pago mensual que se revisa anualmente. Ahora, con el Euribor de
mayo (2,081% frente a 3,680% en mayo de 2024, la mayor caída anual en los
últimos 15 años), la rebaja de la cuota mensual será importante para los
hipotecados: 137
euros menos al mes (-3.680 euros al año) para una hipoteca media de
145.673 euros a 25 años.
Las sucesivas rebajas de tipos del BCE han abaratado también
las nuevas hipotecas, que costaban en marzo el 2,80% de media, según
el Banco de España, frente al 2,96% que costaban en 2022, el 3,78% de 2023
y el 2,90% de diciembre de 2024. Además, se han abaratado también, aunque
menos, los créditos personales: de un máximo del 7,69% que costaban en
2023 se ha bajado al 7,05% en marzo de 2025. Eso sí, lo que no baja son los
tipos que los bancos nos cobran por las tarjetas de crédito: del 17,99%
que nos cargaban en 2022 se subió al 18,54% en diciembre de 2024 y al 18,49% en
marzo de 2025.
Las empresas también han visto abaratarse sus
créditos, pero poco. Los créditos hasta 250.000 euros llegaron a costar el
5,33% en 2023 para bajar al 4,14% en diciembre de 2024 y el 3,61% en marzo de
2025, según
el Banco de España. Los créditos de 250.000 euros a 1 millón han bajado del
5,08% en 2023 al 3,85% en 2024 y el 3,40% en marzo de 2025. Y los créditos de
más de 1 millón de euros costaban el 4,99% en 2023, pasaron al 4,01% en 2024 y
al 3,51% en marzo de este año. Bajadas todas menores que el tipo oficial del
BCE.
Y también ayuda la rebaja de tipos al Presupuesto del
Estado, porque estos años hemos pagado menos intereses por la deuda pública,
al bajar el tipo que hay que ofrecer a los inversores por los bonos del
Estado a 10 años: estaban en el 0,267% en junio de 2021, se dispararon al
3,966% en septiembre de 2023 (máximo) y bajaron al 3,032% en diciembre de 2024.
Pero ojo, este año suben los intereses que hay que pagar por la deuda,
por el riesgo mundial ante la amenaza de aranceles, hasta el
3,071% en junio de 2025. Eso supone que podríamos pagar 3.000 millones más
en intereses que en 2024 (cuando pagamos
39.078 millones).
Con todo, el mayor impacto de la rebaja de tipos del
BCE y del Euribor es una mayor demanda de hipotecas: en marzo (último dato del INE) se
firmaron 42.831 hipotecas para la compra de viviendas, por un importe medio de
156.698 euros, a un tipo medio del 2,8%. Con las rebajas de tipos, hay familias
y jóvenes que se plantean pedir una hipoteca, básicamente porque sale más
barato comprar (supone el 23% de los ingresos) que alquilar (se
lleva al 36% de los ingresos) en toda España, salvo en San Sebastián y en
Palma de Mallorca, según
Idealista. Claro que para eso, el comprador debe tener un 30% del
importe ahorrado (o que se lo den sus padres), para cubrir el 20% que no
financia la hipoteca (sólo se concede el 80% del valor de tasación) y otro 10% para
impuestos y gastos, algo imposible para muchos jóvenes y familias, que además
deben tener un tipo de trabajo y un nivel de ingresos que convenzan a los
bancos para darles la hipoteca…
Pero ojo: las bajadas de tipos del BCE facilitan pagar ahora
una hipoteca, pero no demasiado, porque la rebaja del Euribor “se la come”
la subida de precio de los pisos. Las hipotecas tienen un tipo algo más
bajo (2,80% frente al 3,78% en 2023), pero en cambio ha subido mucho el
precio de los pisos a la venta. Así, en abril de 2025, el precio medio de
un piso en venta era de 2.350 euros metro cuadrado, un 12% más que los 2.098
euros que costaba en abril de 2024, según
Idealista. Eso supone que comprar ahora un piso de 90m2 supone pedir una
hipoteca (80%) de 169.200 euros, cuando hace un año bastaba con
pedir una de 151.056 euros. Así, aunque el Euribor esté ahora más bajo (2,143% en
abril 2025 frente al 3,703% en abril de 2024), como hay que pedir una hipoteca
mayor, el coste mensual apenas baja: 814 euros al mes
ahora frente a 856 hace un año. Y si encima compramos en una ciudad
donde los pisos han subido más, la diferencia se reduce: la hipoteca cuesta
ahora 1.690 euros mensuales frente a 1.781 euros hace un año para comprar piso en
Barcelona (4.875 euros/m2) y sube de 1.795 a 1.895 euros mensuales para comprar
en Madrid (5.467 euros/m2).
Así que no se deje llevar por “el espejismo” de que han
bajado los tipos: las hipotecas están algo más baratas, pero hay que pedir
prestado más dinero y eso encarece la mensualidad. Y así seguiremos en los
próximos meses, porque la falta de viviendas en venta y el tirón de la
demanda provoca que los precios de los pisos sigan subiendo: +12,8% anual
en mayo (2.391 euros/m2 de media, 5.573 euros/m2 en Madrid y
4.895 e/m2 en Barcelona) , según
Idealista, que se suma al +55,1% que ha subido la vivienda entre
2014 y 2024. Y como los alquileres disparan su precio aún más, hay muchos
jóvenes y familias que se plantean comprar en vez de alquilar, lo que dispara
precios y contrarresta la rebaja de las hipotecas.
De hecho, los bancos se han lanzado a ofrecer
hipotecas, aprovechando la bajada de tipos. Y las que ahora ofrecen son hipotecas
a tipo fijo, que ya son dos de cada tres hipotecas nuevas. Y el tipo al que
las están ofreciendo (ver ofertas) es al 3%, un 1% más que el Euribor y el tipo oficial del
BCE. Todo apunta a que en los próximos meses asistiremos a una nueva “guerra
de hipotecas”, pero sin que los bancos bajen mucho más los tipos y
siempre manteniendo las exigencias actuales para concederlas (ingresos,
contrato, nómina y seguros, fidelización con el banco…). De hecho, las
hipotecas y las comisiones que cobran en paralelo son la clave de los buenos
resultados de la banca en 2024 y 2025.
El BCE lleva un año bajando tipos, pero los bancos no sufren
en sus resultados sino que ganan más cada año. Si en 2024, el
beneficio de los 6 grandes bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell,
Bankinter y Unicaja) fue de 31.768 millones de euros (+21%), en el
primer trimestre de 2025 han
ganado 8.407 millones de euros, +27,1% que un año antes, a pesar de
la bajada del margen, gracias a una menor carga fiscal y ,sobre todo, al
aumento de las comisiones cobradas a los clientes (7.371 millones, +5,9%).
En resumen, que los tipos de interés bajan, aunque más que
los tipos de créditos e hipotecas. Y para las familias, aunque esta
rebaja supone un alivio (menos coste de hipoteca que podrán gastar en
otras cosas), no va a permitir que mucha gente que necesita una vivienda
la compre, porque lo que se ahorran en tipos lo pagarán en una hipoteca
de más importe, dada la fuerte
subida de las viviendas en venta. Y en el caso de Madrid y otras grandes
ciudades, aunque la hipoteca sea a un tipo menor, pagarán más mensualidad
porque el piso es más caro. Y eso desalentará a muchos jóvenes y familias, que
se verán obligadas
a alquilar, a precios imposibles. Es una situación sin salida,
que exige pactar medidas urgentes para aumentar la oferta de viviendas, en
venta y alquiler. Así no podemos seguir.
Se ha cumplido un mes desde el histórico apagón del
28 de abril y seguimos sin saber las causas, mientras parte del
sector y la derecha aprovechan para culpar a las renovables y
pedir que no se cierren las nucleares. Pero en mayo, las renovables
han vuelto a liderar la producción de electricidad (el 61,8%) y no
hemos tenido apagones. Y gracias a ellas, el precio mayorista de la electricidad
ha bajado a un mínimo histórico (el más bajo de Europa), aunque Red Eléctrica ha subido la factura mensual (+3,35 euros) al
mantener en "alerta" centrales de gas. Ahora, el recibo se estabilizará este mes y subirá algo en verano, por el mayor consumo. Eso sí, en el futuro subirán
los costes de la energía solar y eólica, para compensar las
inversiones necesarias en baterías e inversores solares, para evitar “sustos”. Y urge presionar a Francia para aumentar las interconexiones, porque
somos “una isla eléctrica”. Pero necesitamos mayor transparencia
y nuevos protocolos en un sector dominado por las tres grandes
eléctricas.
Son preguntas que tardarán
meses en responderse, según los investigadores del Gobierno y Red
Eléctrica. Pero entre tanto, voces interesadas ya han culpado del apagón a las renovables,
por ser “menos seguras”, dado que su
energía no es síncrona (es menos estable). Sin embargo, hay hechos que
desmienten esta “peligrosidad”: unos días antes del apagón, el 16 de abril,
hubo bastantes horas en que el 100% de la electricidad generada fue
renovable (hidráulica, solar y eólica), sin que hubiera ningún problema.
Entre enero y abril de 2025, las energías renovables han aportado el 58,64%
de la electricidad generada (25% la eólica, 17% la hidráulica, 14,1% la solar fotovoltaica,
0,8% la solar térmica y 1,7% otras renovables, según
REE). Sin problemas. Y en abril, el mes del apagón, su aportación subió al 64,3%.
Mientras se investigan las causas del apagón, veamos qué
ha pasado con la electricidad este mes de mayo. Primero, habría que
recordar que la
luz bajó drásticamente en abril en el mercado de origen (mayorista),
cerrando a un precio medio de 26,81 euros/MWh, la mitad que en marzo
(53,3 euros/MWh) y la cuarta parte que en enero (96,69 euros) y febrero (108,31
euros), gracias a las lluvias y el sol, que produjeron mucha electricidad
renovable (más barata). Un precio mayorista superior al de abril de 2024 (13,67
euros/MW) pero que es
la tercera parte del precio habitual del mercado mayorista en abril durante
los últimos 5 años (72,32 euros/MWh). Y este precio medio español (26,81
euros/MWh en abril) ha sido el más bajo de los
mercados europeos, porque tenemos más electricidad renovable: 99,85
euros/MWh en Italia, 91 euros en Reino Unido, 78,33 euros en Alemania y 42,21
euros en Francia.
Este bajo precio mayorista de la luz en abril se trasladó
directamente a los 8,3 millones de consumidores que tienen tarifa
regulada (PVPC), que pagaron un recibo medio en abril de 58,62 euros, según
la OCU, menos que el recibo de marzo (65,72 euros), febrero (81,60
euros) y enero (77,53 euros), aunque mayor que el recibo de 1 año antes (48,85
en abril de 2024) porque este
año ha subido el IVA de la luz (del 10 al 21% en enero) y otros
impuestos, además de las tarifas reguladas (que pagan el transporte, la distribución
y otros costes).
Tras la bajada del recibo en abril, básicamente por el
clima, la
previsión era que el recibo siguiera bajando en mayo y hasta el otoño,
para subir algo después hasta fin de año, por el mayor consumo y la menor
aportación de renovables. ¿Qué ha pasado tras el apagón? : el precio
de la luz ha seguido bajando en el mercado mayorista y todo apuntaba a que el recibo de la luz de mayo sería similar o algo menor
para los que tienen tarifa regulada (8,6 millones) y que podría bajar en la próxima
revisión de tarifas a los consumidores que tienen tarifa “libre” (21,4 millones
de clientes).
Para ver lo que ha pasado realmente con el precio de la luz en mayo
hay que analizar dos factores. Uno, que Red Eléctrica (que
gestiona la red) ha querido “curarse en salud” y ha tomado medidas
especiales para evitar otro apagón: ha
aumentado las centrales de gas disponibles, ("de guardia") , para “evitar sustos”, aunque
su electricidad no se vuelque al sistema porque hay muchas renovables. Y eso ha
disparado unos costes que hasta ahora pesaban poco en mercado mayorista, los “servicios
de ajuste”: han alcanzado en
mayo un promedio de 37,2 euros por megavatio hora (MWh), más del doble que
los 17 euros por MWh de abril y casi el doble de los 19,7 euros por MWh de mayo
de 2024, según los registros de Red Eléctrica. Este “sobre coste”, por
tener a mano centrales de gas, supondrá unos 5,5 euros de subida
en el coste mayorista de la electricidad en mayo para los 8,6 millones de consumidores
que pagan la tarifa regulada. Y esa subida se trasladará a
los consumidores del mercado libre (21,4 millones), sobre todo a la industria. De hecho, algunas comercializadoras se plantean cobrar un extra a sus clientes para compensar esta subida coyuntural de los "servicios de ajuste".
Pero en paralelo a este “sobrecoste”, en mayo ha bajado
el resto del precio mayorista de la electricidad, porque la mayoría de la
luz se ha generado con renovables (otro mes más), más baratas: en mayo, el 61,8% de la electricidad generada fue renovable,
casi como en abril (64,36%), gracias al enorme peso de la solar (25,7%), la hidráulica (17,4%), la eólica (16,9%) y otras renovables (1,8%). Eso lleva a que el precio mayorista de la
electricidad (en origen) haya sido de 16,91 euros/MWh en mayo, el 2º precio más bajo de la historia reciente (tras los 13,67 euros/MWh de abril de 2024), casi la mitad
del precio mayorista de abril de 2025 (26,81 euros/MWh) y que en mayo de 2024 (30,4
euros/MWh). Y llevamos ya 70 días consecutivos donde los precios de la luz han sido "cero" o "negativos" en las horas centrales del día (por la energía solar). Además, en mayo volvimos a tener el precio mayorista más barato de Europa: 16,91 euros/MWh frente a 95 euros en Italia, 85 en Reino Unido, 66 en Alemania y 20 en Francia.
Eso significa que, con la electricidad a mitad de precio, en
mayo debería haber bajado el recibo medio para los consumidores de tarifa
regulada. Pero al haber subido los “servicios de ajuste” (la tarifa por
tener “a mano” más centrales de gas) y los precios "futuros" (que pesan ahora un 40% en la factura), el recibo final ha subido un poco en mayo: si en
abril pagaron 49,62 euros en un recibo medio, en mayo pagarán 52,97 euros (+3,35 euros) , según el simulador de la CNMC. A partir de ahora, se espera que el clima mantenga un
alto porcentaje de generación renovable y que el precio mayorista se
mantenga estable en junio y subiendo algo en julio y agosto (por el mayor consumo, que obligará a reforzar las centrales de gas), para subir en otoño e invierno, como anticipa el
mercado de futuros : 41 euros en junio y 70 euros en el tercer trimestre, según OMIE, para cerrar a 61,05 euros en 2026 y
58,25 en 2027). Y lo mismo el recibo, que podría rozar los 63 euros de
media este año (61,90
euros en 2024, según la OCU).
Con todo, la preocupación ahora no son los
precios de la luz (moderados) sino asegurar el suministro y que no haya
más apagones. Algunos expertos interesados y el
PP (y Vox) proponen ampliar la vida de las centrales nucleares,
como “garantía de suministro”. Pero es una
posición más ideológica (poner en duda las renovables) que económica. Por
un lado, las eléctricas ya pactaron en 2019 con el Gobierno el cierre de las
5 centrales nucleares, entre 2027 (la 1ª, Almaraz en otoño de 2027) y
2035. Ahora, las mismas eléctricas proponen ampliar la vida útil de estas
centrales, pero piden a cambio “que
se reduzca su fiscalidad”. A lo claro: piden que se les reduzca el
coste de los residuos (muy elevado), a costa de subir el precio de esta
luz nuclear a los consumidores, algo a lo que se niega el Gobierno. Y además de
costosos, los residuos nucleares son peligrosos durante siglos.
La clave es seguir con las energías renovables,
porque España tiene un potencial de sol y viento (y agua) que nos han
convertido en líderes
en Europa, permitiendo tener la electricidad más barata del
continente, lo que facilita la instalación de empresas (Centros
de datos, por ejemplo) y la electrificación de la industria
(sustituyendo el petróleo y el gas), a precios muy competitivos. Un salto en
las renovables que ha sido impresionante: generaban un tercio de la
electricidad en 2009 (32,65%), pasaron a aportar casi la mitad en
2019 (49,3%), ya suponen dos tercios de la electricidad generada (64,3% en abril). Y el objetivo del
Gobierno, en su Plan energético (PNIEC), es que generen el 81% de la electricidad en 2030.
Hay que seguir apostando por las renovables, como hace toda
Europa, pero con seguridad, porque los expertos coinciden en señalar que
una
red con muchas renovables es más difícil de gestionar que una red con
energías tradicionales. Pero se puede hacer,
gracias a la tecnología. Por un lado, hay que invertir en centrales de
bombeo en las centrales hidroeléctricas: en caso de necesidad sueltan agua
de arriba abajo y generan rápidamente electricidad. Y en el caso de las centrales
solares fotovoltaicas y las eólicas, hay dos tecnologías que las hacen “más
seguras”. Una, la instalación de inversores
(convierten la corriente continua en corriente alterna, permitiendo su vertido
a la red). Y la otra, la instalación de baterías,
que permitan almacenar la energía renovable que no se consume.
Los expertos
denuncian que las propuestas normativas que se han presentado desde REE para
hacer obligatorios estos inversores en las plantas fotovoltaicas y
eólicas “duermen en un cajón del Ministerio y de la CNMC”. Y también se ha
pospuesto la regulación de los almacenamientos de baterías, donde
España está muy retrasada: al cierre de 2024 sólo había 3,3 GWh de
almacenamiento (el 4% de toda Europa) y el objetivo es subir esa capacidad a
22,5GWh en 2030, para lo que vamos muy retrasados (el sector se queja de que las autorizaciones para el almacenamiento se retrasan entre un año y medio y dos). Antes del apagón, el
Ministerio había puesto en marcha un Plan de ayudas, con 700 millones de
Fondos europeos, para cofinanciar proyectos de almacenamiento a gran escala de
renovables. Pero sigue pendiente de aplicación la orden ministerial sobre
capacidad aprobada en diciembre de 2024.
Hace meses que muchos expertos piden al Gobierno y a Red
Eléctrica que aumente las inversiones en la Red, para evitar
problemas. Pero hasta ahora, ha
sido muy “conservador”, aprobado una inversión en redes para 2021-2026 de
sólo 5.684 millones, menos de lo que querían las eléctricas: el
Gobierno no quiso invertir más en redes porque eso suponía cargar más el
recibo a los consumidores. Ahora, tras el apagón, parece claro que hará falta un
Plan inversor para fortalecer las redes eléctricas (ojo: 700.000
kilómetros), para hacerlas más seguras (aunque el riesgo cero no
existe).
Otro elemento clave para asegurar el suministro eléctrico y
reforzar las redes es mejorar
la interconexión eléctrica con Europa, dado que la Península es “una
isla eléctrica”: la interconexión con Europa no llega al 3% de la
electricidad (2.800 MW), cuando la Comisión Europea estableció en 2014 que
debía ser del 10% en 2020 y del 15% en 2030. El problema está en las
reticencias de Francia a que España exporte electricidad barata a
Europa y en el
alto coste económico (y ecológico) de las conexiones proyectadas.
Actualmente hay 2 conexiones terrestres con Francia (a través de Euskadi
y Cataluña) y está prevista otra conexión a través del Golfo de Vizcaya para
2028 (3.100 millones de inversión) y dos conexiones terrestres más, una por
Navarra para 2035 (2.609 millones) y otra por Aragón, para 2041 (con
un coste de 2.372 millones). La semana pasada, el propio Sánchez
pidió a la presidenta Von der Leyen que intervenga para acelerar estas
interconexiones.
Los apagones nunca se pueden evitar al 100%, pero parece
claro que su riesgo es mucho menor si España invierte en fortalecer la red
eléctrica y prepararla para tener un 81% de electricidad renovable .Eso pasa por un
cambio en los Protocolos de actuación de Red Eléctrica (REE), porque
los actuales son de 1996. Los
expertos creen que habría que cambiar al menos un tercio de las más
de 60 normas técnicas con que opera REE, sobre todo las normas
relacionadas con niveles de tensión y frecuencia, protecciones, automatismos,
restricciones, planes de seguridad, coordinación de operadores y conexiones
internacionales. Pero dos
son los cambios más urgentes. Uno, exigir a las energías
fotovoltaicas y eólicas que ofrezcan las mismas garantías de firmeza y
control de tensión que el resto de energías : la tecnología existe aunque es cara,
por lo que hay que “obligar/incentivar” a las empresas a utilizarla. Y la
otra, la revisión a fondo de los cortafuegos de emergencia, porque los
“deslastres” utilizados fueron insuficientes.
Además, el apagón debería obligar a una mayor
transparencia en el sector eléctrico, un negocio en régimen de monopolio
(Endesa, Iberdrola y Naturgy suministran el 80% de la energía), donde hay más
de 500 empresas operando (distribuidoras y comercializadoras), más una red
con miles de kilómetros, estaciones y subestaciones, donde operan las
propias eléctricas y coordina Red Eléctrica (Redeia), una empresa con un
20% de capital público y el 80% restante en manos privadas (sobre todo Fondos
de inversión). Ahora, con el apagón, se
ha visto que ni
el Gobierno ni REE controlan lo que pasa en este mercado y en toda la red.
Y que el Gobierno ha remoloneado para invertir más porque eso obligaba a
subirnos más la parte regulada del recibo. Si hay que invertir más para
hacer una red más segura y prevenir apagones, habrá que hacerlo. Y eso pasa por
forzar a las eléctricas (que
ganaron 11.249 millones en 2024) a que financien la mayor parte, no nosotros
como clientes. Luz y taquígrafos.
Creemos que toda la gente está conectada a Internet y “enganchada”
a todas horas, pero no es así: 3,5 millones de españoles mayores de 65
años no usan nunca Internet ni los servicios digitales básicos. En
definitiva, que 1 de cada 3 mayores están “excluidos” digitalmente, mucho
más los mayores de 75 años y los que viven en zonas rurales. El problema no
es sólo que estos mayores “desconectados” se queden fuera de los servicios
digitales sino que esta exclusión les aísla socialmente y tiene efectos
negativos sobre su salud, agravando su deterioro cognitivo. No hay Planes específicos
para reducir la brecha digital de los mayores y su reciclaje recae en ONGs que
dan cursos digitales a mayores. Urge un Plan de reciclaje digital para
mayores, con medios y personal, para ayudar a toda una generación a no
perder los servicios digitales públicos y privados, desde el acceso a la
sanidad a los servicios públicos y las ayudas, la información y el ocio. No
podemos dejarles atrás. 
Los datos
del INE de 2024 revelan los españoles que se han conectado a Internet en
los últimos 3 meses, por edades. Si un 95,8% de toda la población se
conectó alguna vez a Internet, ese porcentaje sube entre los más
jóvenes (99,8% entre 16 y 24 años, 99,1% entre 25 y 34 años y 99,1% entre 35 y
44 años, sigue alto en la madurez (97,4% entre 45 y 54 años y 94,8% entre 55 y
64 años), pero baja drásticamente entre los mayores: sólo el 82,5% de los
mayores entre 65 y 74 años se conectaron alguna vez a Internet en los
últimos 3 meses. Y sólo el 44,5% de los que tienen más de 75 años. Ese 17.5% de
mayores (65-74 años) que no se conecta a Internet en España es mayor que en
el resto de Europa: no llegan al 3% los mayores “desconectados” en paises
Bajos y paises nórdicos y suponen el 10% en Irlanda, Suecia o paises de Centro
Europa, según los datos de Eurostat.
Si miramos los españoles que han utilizado Internet al
menos 1 vez por semana en los últimos 3 meses, son el 95% de la
población, según
el INE, aunque superan el 99% las personas hasta los 34 años y son sólo el
79,9% entre los que tienen de 65 a 75 años. Y vuelve a caer drásticamente
el porcentaje entre los mayores de 75 años: sólo el 41% se ha conectado
a Internet al menos una vez por semana en los últimos 3 meses. Y si analizamos
los que han utilizado Internet diariamente (al menos 5 días a la semana
en el último trimestre), resulta que son el 91,5% de los españoles, aunque
llegan al 99,8% entre los más jóvenes (16-24 años), al 98,9% entre 25 y 34
años, al 97,1% entre 35 y 44 años, el 94% entre 45 y 54 años, el 87% entre 55 y
64 años y sólo el 70,5% entre 65 y 74 años. Eso supone que un 29,5% de los
mayores entre 65 y 74 años (2 millones) no usan
diariamente Internet, según el INE. Y si miramos
los mayores de 75 años, sólo lo usan así el 34,6%.
Ya no es sólo que un tercio de los mayores no utilicen
Internet sino que tampoco utilizan otros servicios digitales, según
el informe de UGT, elaborado con datos del INE y Red.es. Así, 4 millones
de mayores de 65 años no tienen WhatsApp ni otros servicios de
mensajería para comunicarse:
mientras los jóvenes lo tienen prácticamente el 100%, sólo lo utilizan el 60%
de los que tienen entre 65 y 74 años y el 39,3% de los mayores de 75 años. Otro
dato revelador: 6 millones de mayores (el 60%) no usan nunca el correo
electrónico. Y también son 6 millones los mayores de 65 años que no buscan información
en Internet sobre productos o servicios ni se informan en periódicos
digitales ni operan con bancos online.
Otro
dato preocupante es que los mayores no utilizan Internet para hacer trámites
ni solicitar servicios públicos digitales. Así, sólo un 29% de los
mayores de 65 años conciertan citas médicas a través de Internet (menos de la
mitad que la media española), un trámite muy útil que no utilizan más de 7
millones de mayores españoles. Y son más de 5 millones los mayores que no
utilizan la tecnología para nada relacionado con la salud (consulta de
citas e historiales médicos, tratamientos y pautas farmacéuticas, etc.). En
general, la mayoría de los mayores (51,3%) no hacen trámites online en la
Administración: ni pagar impuestos, ni solicitar ayudas, ni concertar citas o
tramitar solicitudes y expedientes, según
el estudio de UGT.
Los mayores también realizan muchas menos compras
online, según
los datos del INE (2024): sólo un 26,2% de las personas entre 65 y 74
años compran online (más de 5 millones de estos mayores no acceden al
comercio electrónico), mientras lo hacen el 44,9% de los que tienen entre
55 y 64 años, el 60,5% de los que tienen entre 45 y 54, el 69,8% de los que
tienen entre 35 y 44 años, el 71,8% de los que tienen entre 25 y 34 años y el
63,3% de los jóvenes de 16 a 24 años. Y ojo: sólo compran online el 7,4% de
los mayores de 75 años. Y si miramos su acceso a redes sociales, el 75%
de los mayores de 65 años (unos 7,7 millones de personas) no participan
en redes, aunque el 40% sí tiene una cuenta en TikTok.
La desconexión digital de los mayores tiene mucho que ver
con su bajo nivel de competencias digitales, según
el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI): un 47,3% de los
mayores de 65 a 74 años tienen un nivel bajo o inferior y otro 32,8% tienen un
nivel básico, con lo que sólo un 19,9% de estos mayores tienen un nivel digital
avanzado. La menor formación y la mayor desconexión digital se da en las
zonas rurales, según el estudio, sobre todo en los pueblos de la España
vaciada que además tienen peor acceso a Internet. Y el mayor problema de brecha
digital está en los mayores de 75 años (3 millones de personas), según
la experiencia de la ONG “Cibervoluntarios”: por su edad, han tenido menos
exposición previa a la tecnología y tienen más inseguridad y más temor a todo
lo digital.
Sin embargo, los mayores son conscientes de esta “brecha
digital” y les preocupa mucho: de hecho, el retraso digital es la 4ª
mayor preocupación de los mayores españoles, tras la salud, las pensiones y
la seguridad, según
una Encuesta a mayores de la Asociación 65ymás. Y no es para menos, ya que
los expertos reiteran los múltiples impactos negativos que tiene
la brecha digital de los mayores. Uno, la desigualdad de oportunidades
que conlleva, al restringir sus oportunidades de desarrollo (personal y
profesional) y excluirles de servicios básicos: citas médicas, plataformas de
ayudas y cuidados, banca digital…Pero es que además, la brecha
digital aísla a los mayores de su entorno
(familiares, amigos, vecinos…) y tiene un impacto negativo en su salud,
tanto física como mental: la “desconexión puede generar frustración,
sensación de inutilidad y depresión, según muchos expertos.
De hecho, varios
estudios médicos realizados entre 400.000 mayores han revelado que los
adultos mayores que usan móviles e Internet “tienen menores tasas de deterioro
cognitivo”, menor riesgo de sufrir problemas de demencia senil y Alzheimer.
Y otro
estudio reciente, elaborado por la Fundación BBVA e Ivie, coincide en
señalar que la formación es clave para que los mayores vivan mejor y más
sanos: cuanto más formado esté un mayor (ya desde los 55 años), más
sano envejecerá y menos problemas de
salud y dependencia tendrá al final de su vida, tras la jubilación.
Para muchos expertos, el problema de fondo es “el
edadismo digital”: los mayores “son objeto en España de una discriminación
social y esa discriminación se ha trasladado a la brecha digital”, según
un estudio de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC). Según sus
investigaciones, es el edadismo y no la edad de las personas lo que influye
en que los productos digitales no estén diseñados para personas mayores. Y
nos encontramos ante un “círculo vicioso” que perpetúa la exclusión
digital de los mayores: los estereotipos y prejuicios ante los mayores (“no
tienen interés y no quieren aprender”) mantienen diseños y ofertas digitales
que no están pensados ni diseñados para mayores, lo que les retrae. Por eso, la
UOC ha puesto en marcha un proyecto (#viejismo)
para adaptar la digitalización a los mayores, atacando el “edadismo” y superando
prejuicios y temores.
Parece claro que avanzar en la digitalización de los mayores
exige un abanico
de medidas en varios campos. Por un lado, poner en marcha Programas
de alfabetización digital, cursos accesibles y adaptados para mayores, que
faciliten el acceso a Internet, teléfonos inteligentes, ordenadores, tablets.
Por otro, facilitar el acceso a Internet y a dispositivos de
mayores que viven en zonas rurales y con problemas de vulnerabilidad , apoyados
en personas físicas que les ayuden a moverse por la Red (incluso asistencia a
domicilio). Y en paralelo, hay que avanzar en un diseño digital más amigable
y accesible para mayores: interfaces intuitivas, botones y letras
grandes, opciones de asistencia de voz y configuraciones personalizables. Y manteniendo vías alternativas de atención (telefónica, personal) en
los servicios, sobre todo sanidad y Administración pública, también la banca.
En resumen, que vivimos en una sociedad cada vez más
digital pero una gran parte de las personas (más de 3,5 millones de
mayores) están “perdiendo este tren”, “desconectados”
y sin acceso a servicios básicos digitales, en especial la salud y la
comunicación. Y esta “brecha digital” tiene además un alto riesgo,
porque aísla a estos mayores de su entorno y favorece su autoestima y las
depresiones, perjudicando su salud y su deterioro cognitivo. Hoy por hoy, los
mayores ya suponen un 20% de la población y serán el 30% en 2050.
Así que resulta prioritario incorporarlos al reto digital, no
sólo para que se beneficien de servicios públicos y privados imprescindibles
sino para que se integren mejor en la sociedad y envejezcan más sanos. No
podemos “dejar atrás” a 1 de cada 3 mayores.
