China pincha la burbuja de la IA

El mundo de la tecnología y la Inteligencia Artificial (IA) sufrió un “shock” a finales de enero: una pequeña empresa china había desarrollado, con poca inversión, personal y tiempo, un modelo puntero de IA en código abierto, DeepSeek, que competía perfectamente con los gigantes USA, como ChatGPT o los de Google, Microsoft y Meta. En medio de la carrera por monopolizar la IA, China parece haberse adelantado a EEUU, donde Trump “apadrina” un proyecto millonario de IA norteamericana. Ahora, podría abrirse el camino para que Europa y pequeños paises entren en la carrera de la IA, que va a cambiar nuestras vidas. Europa ha sido pionera en un Reglamento para controlar la IA, pero va muy retrasada en inversiones, aunque ha puesto en marcha 7 macrocentros de IA, uno en Barcelona. Y el Gobierno Sánchez acaba de presentar ALIA, un modelo de IA en español, dentro de una estrategia para invertir 1.500 millones en avanzar en IA, en las empresas y servicios. No podemos perder este tren.

En los últimos años, asistimos en el mundo a una auténtica “fiebre del oro” por la Inteligencia Artificial (IA). Inversores, Fondos y bancos se han lanzado a apoyar proyectos, mientras los gigantes de Internet (Google, Meta, Microsoft y Amazon) lanzan modelos de IA o invierten en gigantescos Centros de Datos (Data Centers) para investigar en la IA. Sólo en los últimos 5 años, la inversión del capital riesgo en Inteligencia Artificial ronda los 300.000 millones de dólares, según el Foro Económico Mundial. Y se estima que la inversión en IA ha superado los 70.000 millones de dólares en 2024, sobre todo en USA y China. La “fiebre por la AI” se justifica porque “nadie quiere quedarse fuera” y todos piensan que será una tecnología que cambie la economía y el mundo en unos años.

La aparición de ChatGPT, el 30 de noviembre de 2022, fue un hito en esta revolución de la IA: una empresa casi desconocida, OpenAI, fundada en 2015 por varios inversores tecnológicos (entre ellos Elon Musk y Microsoft, que ya no la controlan) lanzó un modelo de IA para internautas (ChatGPT) y consiguió un millón de usuarios en 5 días (ahora tiene 200 millones). Eso disparó las alarmas en los gigantes de Internet, que llevaban años invirtiendo en IA: Microsoft apostó por Copilot (febrero 2023), Meta (Facebook) afianzó LlaMA (febrero 2023) y Google renovó Bard y lanzó Gemini (diciembre 2023). Todos buscan lo mismo: desarrollar un modelo de IA que se popularizara y copara el mercado. Es la estrategia de “el ganador se lo lleva todo", la búsqueda de un “cuasi monopolio” en IA, como lo han conseguido Google (buscadores), Microsoft (sistemas operativos), Meta (redes sociales), Amazon (comercio online), Apple (dispositivos de alta gama) o Tesla (coches eléctricos).

En medio de esa “loca carrera” por conseguir el dominio del mercado de la IA (para después imponer sus condiciones, como Google, Apple o Amazon), OpenAI, la empresa norteamericana líder en IA, aprovechó la llegada de Trump al poder para lanzar el proyecto STARGATE, una inversión de 500.000 millones de dólares en 4 años para infraestructuras de IA, con el apoyo de Oracle (USA) y Softbank (Japón), más Nvidia (la empresa USA líder en fabricar los microchips que necesita la IA). Un proyecto millonario, presentado por Trump el martes 21 de enero (su 2º día en la Casa Blanca), tras haber firmado una “orden ejecutiva” (otra) que anulaba las restricciones (sobre seguridad y control) que Biden había establecido para la IA . “Se inicia la edad de oro de la IA en Estados Unidos”, declaró eufórico.

Sólo unos días después, el lunes 27 de enero, estallaba una noticia que supuso una auténtica conmoción en el mundo tecnológico: una casi desconocida empresa china lanzaba una nueva oferta de IA, DeepSeek, igual o superior a ChatGPT y que puede descargarse gratis. Y además es una herramienta que se ofrece “en código abierto”, lo que abre la vía a que nuevos desarrolladores la utilicen y amplíen. Pero lo más llamativo era que la IA china se había desarrollado sólo en dos meses, con un reducido equipo de ingenieros y una pequeña inversión (6 millones de dólares frente a los más de 100 millones que costó el lanzamiento de ChatGPT en 2022). Y encima, DeepSeek se había lanzado a pesar de la prohibición a empresas chinas de comprar chips de EEUU, lo que hundió la cotización de Nvidia (su valor cayó en 589.000 millones de dólares en un solo día, algo nunca visto), la 2ª empresa con más valor del mundo (tras Apple), gracias a su “cuasi monopolio” en la fabricación de chips de alto rendimiento para la Inteligencia Artificial (IA).

Tras recuperarse de la conmoción inicial, OpenAI (ChatGPT) denunció que los chinos de DeepSeek lo habían conseguido “copiando”, utilizando la información de sus años de entrenamiento de ordenadores, algo difícil de demostrar. Todo indica que DeepSeek hizo de la necesidad virtud y utilizó otras vías de investigación, recortando procesos, desarrollos, medios e inversiones. Y parece que el promotor de DeepSeek, Liang Wenfeng, un ingeniero chino de 39 años, utilizó sus conocimientos de IA para montar un fondo de inversión con el que ganó una pequeña fortuna para comprar chips de Nvidia antes del embargo y montar un pequeño equipo, con ingenieros universitarios chinos…

El caso es que el lanzamiento de DeepSeek ha provocado una auténtica revolución en el disparatado mundo de la Inteligencia Artificial (IA), abriendo nuevos caminos y señalando que la clave no está sólo en invertir sin límite, que no es cierto que “el que más gaste será el ganador”. Y ha bajado los humos a los gigantes USA de Internet y la IA, que tendrán que afrontar una “cura de humildad”: han invertido más que China y parece que van por delante en IA, pero no es definitivo. De hecho, el gigante chino Alibaba ha lanzado otro modelo de IA, Qwen 2,5 Max, que parece también muy competitivo. Pero sobre todo, el ejemplo de DeepSeek ha creado muchas esperanzas en Europa, muy atrasada en la carrera de la IA (apenas invirtió 10.000 millones en 2024), porque demuestra que se puede avanzar sin presupuestos millonarios, a golpe de innovación e investigación.

Europa lleva años fuera de esta carrera por la Inteligencia Artificial (IA), como ha estado también relegada en la revolución tecnológica y de Internet, donde los gigantes son multinacionales USA y alguna china. Sólo ha avanzado en regulación, aprobando en marzo de 2024 (Parlamento Europeo) el Reglamento de la IA, la primera norma en el mundo para regular los avances en la IA. Y poco más. En enero de 2024 puso en marcha un paquete de medidas para apoyar a las empresas innovadoras y a las pymes para la utilización de la IA. Y en febrero, se abrió en Bruselas la Oficina Europea de la IA.

Después, lo más destacado ha sido la aprobación del programa IA Factory, por el que la Comisión Europea y los paises destinarán 1.500 millones de euros a crear unos Centros europeos de desarrollo de la IA. En diciembre de 2024, la Comisión Europea eligió las 7 futuras “fábricas de la IA europea”, instaladas en Bolonia (Italia), Kajaani (Finlandia), Bisen (Luxemburgo), Linköping (Suecia), Stuttgart (Alemania), Atenas (Grecia) y Barcelona, donde se ha elegido el MareNostrum 5, el superordenador del Barcelona Supercomputing Center (BSC), que es el que tiene mayor capacidad de almacenamiento de datos en Europa y el tercero con mayor rendimiento del continente.

Los expertos creen que Europa debe ir más lejos y apostar al máximo por la IA, creando un “ecosistema” que promueva avances, apoyados en ayudas, en las Universidades y centros de investigación y atrayendo a empresas e ingenieros, que ahora sólo miran a EEUU. Precisamente, la Inteligencia Artificial es uno de los sectores elegidos en el Informe Draghi para impulsar la competitividad de Europa en las próximas décadas, lo que exigirá fuertes inversiones, pero sobre todo apostar por la innovación, la investigación y el talento.

España busca desde hace años no perder el tren de la Inteligencia Artificial. Ya en diciembre de 2020, el Gobierno Sánchez aprobó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), con una inversión de 600 millones de euros. Y después, en 2012, la IA forma parte del Plan de Recuperación, con una inversión de 500 millones de Fondos europeos entre 2021 y 2023, que podría crear o mantener 15.986 empleos. Y en mayo de 2024, el Gobierno aprobó la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024, para invertir 1.500 millones entre 2024 y 2025. Una parte de estos recursos han ido a mejorar el superordenador MareNostrum5 de Barcelona, a la financiación de desarrollos de IA (400 millones para empresas, dentro del programa Next Tech)  y para promover su utilización (350 millones para que la utilicen las pymes), a becas y formación de expertos en IA  y a la creación de la Oficina Española de IA, la primera abierta en Europa, en La Coruña, inaugurada en junio de 2024.

Además, estos fondos públicos han permitido crear ALIA, el primer modelo de IA en español, presentado por Pedro Sánchez el 10 de enero pasado. Dado que los modelos disponibles de IA para internautas y empresas (ChatGPT, Gemini, Copilot, LlaMA o DeepSeek) se han “entrenado” con textos e información mayoritariamente en inglés, lo que pretende ALIA es ofrecer un modelo que se ha entrenado básicamente con contenidos en español (aunque también está disponible en catalán, valenciano, vasco y gallego). Una herramienta que tiene un nivel tecnológico (hasta 175.000 millones de parámetros) equiparable a la primera versión de  ChatGPT y que tiene dos ventajas: es gratuita y de código abierto, lo que significa que las empresas (y expertos) pueden tomarla como punto de partida para desarrollar sus propios modelos de IA, con la ventaja de utilizar expresiones propias del español.

Ahora falta que todos estos proyectos y estas inversiones (españolas y europeas) vayan creando un ecosistema de desarrollo de la IA, desde la Universidad y los investigadores a empresas propias que desarrollen modelos innovación y modelos de IA. Y en paralelo, las empresas han de ir incorporando la Inteligencia Artificial en su día a día, porque hasta ahora la usan poco: sólo el 13,48% de las empresas europeas utilizaron la IA en 2024, según Eurostat. España es el país nº 13 en el ranking, con un 11,31% de empresas que usan la IA, muy por detrás de Dinamarca (27,58%), Bélgica (27,71%), Finlandia (24,37%), Paises Bajos (23,06%), Alemania (19,75%) o Irlanda (14,90%), pero por encima de Francia (9,91% empresas usan la IA), Italia (8,20%) o Portugal (8,63%). La mayoría de empresas españolas usan la IA para convertir el lenguaje hablado en formato legible y para el análisis del lenguaje escrito, sobre todo para atención al cliente y toma de decisiones, según Red.es.

En la sociedad y entre las empresas, hay bastante recelo ante el uso de la IA, tanto por cuestiones de seguridad como por temor a perder empleos (los estudios revelan que se perderán muchos, en sectores automatizables, pero se crearán muchos otros). Para valorar el potencial real de la IA, el Gobierno encargó a un grupo de expertos un informe, HispanIA 2040, que aborda las oportunidades y retos de la IA en España. El Informe, presentado el 20 de enero, concluye que la Inteligencia Artificial nos ofrece, ya ahora, “la oportunidad de ser más productivos y realizar algunas tareas con más rapidez y calidad”. Y detalla las ventajas que aporta al comercio, la consultoría y el transporte (mejora atención al cliente y aporta ganancias de eficiencia del 13%), a la Sanidad (ahorra el tiempo para atender a 5 pacientes más en Atención Primaria y reduce 22 días las listas de espera de especialistas), en Educación (libera a los profesores el tiempo de 1 día de enseñanza y mejora enseñanza de Matemáticas como si se impartiera medio año más) y a la Administración Pública (agiliza los procesos judiciales, la concesión de ayudas, la gestión medioambiental, el tráfico, la seguridad y defensa, la gestión del agua y el medio ambiente y hasta de las emergencias).

Los expertos que han elaborado HispanIA 2040 insisten en que el mayor desafío es que la IA llegue a la mayoría de empresas y trabajadores, porque si no perderíamos empleo y competitividad, agravando la desigualdad. Y para lograrlo, proponen invertir en IA en áreas estratégicas (biotecnología y ciberseguridad), crear un sistema de datos integrados que circulen por todo el país (empresas, instituciones y autonomías), impulsando modelos propios y cuidando el medio ambiente (los Centros de Datos consumen mucha energía y agua) y la ciberseguridad. Y defienden que la IA se despliegue “con criterios éticos”, preservando la privacidad, la propiedad intelectual y la protección de datos. Y “con transparencia en los algoritmos”, para que no incurra en sesgos e injusticias.

Al final, el informe HispanIA 2040 deja claro que “las oportunidades que ofrece la IA son múltiples y si las aprovechamos de manera responsable deberían compensar con creces los posibles efectos negativos”. Y que la IA debe “ayudarnos a conseguir una sociedad más próspera, más justa y con más calidad de vida”. Así que, a pesar de los miedos que tenemos todos a que las máquinas desarrollen tareas humanas, estos expertos españoles creen que hay más ventajas que inconvenientes. Y que España, como Europa, debe volcarse al máximo en esta revolución tecnológica, la más importante desde la electricidad e Internet. No podemos perder este tren.

Reducción de jornada: ojo a cómo se aplica

El Gobierno ha aprobado la reducción de jornada de 40 a 37,5 horas semanales, para implantarla antes de fin de año. Los españoles trabajan una media de 38,3 horas, así que la rebaja será de 48 minutos semanales. Pero hay 4 sectores donde se reducirá más de hora y media: hostelería, información, comercio y agricultura. Otro cambio: los que tienen un contrato a tiempo parcial, podrán trabajar menos o pedir subida de sueldo. Además, se aprueba la “desconexión digital”: no habrá que estar contactado fuera del horario laboral. Y se obliga a las empresas a un control digital de horarios. Ahora queda lo difícil: aprobarlo en el Parlamento, dada la oposición de Junts y PP, que apoyan las críticas  de las empresas, por el alto coste y la imposición legal. Habrá cambios y ayudas a las pymes para adaptarse. Pero la tecnología y los nuevos hábitos llevan al recorte horario. Próxima estación: más teletrabajo y 4 días de trabajo semanal. 

                                        Enrique Ortega

Esta es la 4ª vez en poco más de un siglo que España cambia legalmente la jornada laboral. La primera vez fue el 4 de abril de 1919, cuando el Gobierno de Romanones (liberal) aprobó (tras la huelga de "La Canadiense") la jornada laboral máxima de 48 horas semanales (8 horas por 6 días de trabajo, frente a las 12 horas habituales entonces), adelantándose unos meses al primer Convenio mundial por las 48 horas semanales, aprobado por la OIT en octubre de 1919.Tras el largo paréntesis de la dictadura franquista, el 2º cambio llegó en marzo de 1980: el Gobierno Suárez (UCD) aprobó la jornada de 42 horas semanales. Poco después, en julio de 1983, el Gobierno de Felipe González (PSOE) aprobaba la jornada máxima de 40 horas, que rige hoy. Y casi 41 años después, este martes 4 de febrero de 2025, el Gobierno de coalición (PSOE y Sumar) aprobó  la jornada laboral de 37,5 horas semanales, media hora menos de trabajo al día.

La jornada laboral se ha reducido en todo el mundo en las últimas décadas, de la mano de la tecnología y la digitalización y asentada en un cambio de costumbres, donde se valora cada vez más la conciliación familiar y el ocio. Con ello, el horario de trabajo medio en Occidente (36 paises OCDE) era de 1.742 horas anuales en 2023 (horas efectivas), con los paises más ricos trabajando menos horas (1.343 Alemania, 1.380 Dinamarca, 1.413 Paises Bajos, 1.437 Suecia.  1.500 Francia, 1.524 Reino Unido), salvo EEUU (1.799 horas), Italia (1.734) y Japón (1.524), ocupando España un horario intermedio (1.632 horas anuales). Otra estadística, de Eurostat (2023), que refleja todas las horas (incluidas extras), revela que la jornada laboral media en Europa es de 40,4 horas semanales y que España está en linea, con una jornada total (ojo: de los que trabajan a tiempo completo) de 40,3 horas, algo más que Francia (40 horas) y Alemania o Bélgica (40,2 horas), Paises Bajos (39,3) y Dinamarca (38,9) y menos horas que Italia (40,5), Portugal (41,3) o Suecia (41,5 horas semanales).

Las estadísticas internacionales indican que España no destaca por trabajar más ni menos, está en la media. Pero las estadísticas españolas revelan que los españoles ya trabajan menos de la jornada semanal legal de 40 horas. Si tomamos los datos del INE, la EPA de 2024, los que han trabajado en el 4º trimestre han trabajado 36 horas semanales de media, aunque hay una gran diferencia entre lo que trabajan los empleadores (46,8 horas) y lo que trabajan los asalariados (34,9 horas semanales: 36,9 horas los hombres y 32,7 horas las mujeres). La otra manera de medirlo es ver la jornada pactada en los convenios en 2024, aunque sólo afecta a los asalariados con convenio (10,6 millones). Eso nos indica que la jornada media pactada en 2024 fue de 1.755,74 horas, lo que equivale a 38,32 horas semanales. Y hay sectores, como el campo, la hostelería, el comercio y una parte de la industria que tienen una jornada mayor.

Así que la jornada real ya está por debajo de las 40 horas semanales (38,32 horas), con grandes empresas en torno a las 35/36 horas y otras por encima de las 39 horas. Dada esta desigualdad horaria y la tendencia social a reducir la jornada laboral (a la que hay que sumar una hora larga de ida y otra de vuelta en muchas ciudades), los sindicatos llevan años forzando a un recorte de jornada, para fomentar la conciliación familiar y laboral. Y en paralelo, piden un control efectivo de la jornada, porque muchas empresas “abusan de las horas extras”: no superan las 40 horas semanales, pero “fuerzan” a sus plantillas a hacer horas extras, muchas sin pagarlas (ni cotizar por ellas). Trabajo estima que se hacen 3 millones de horas extras gratis a la semana, con las que las empresas se ahorran 3.254 millones al año (en salarios y cotizaciones), sobre todo en hostelería, comercio, industria y educación.

Por todo ello, el Gobierno de coalición incluyó en su programa para esta Legislatura el recorte de la jornada laboral, tras 41 años sin tocarla. Y lo justifica en que la productividad ha aumentado un 53% desde 1983 pero eso ha beneficiado más a las empresas que a los trabajadores, cuyos sueldos han subido mucho menos y trabajan casi las mismas horas. Además, creen que hay un apoyo social mayoritario (Encuestas) a reducir la jornada y que la medida puede mejorar la productividad y reducir el absentismo. Eso sí, tendrá un coste para las empresas, porque la condición es bajar la jornada legal manteniendo los salarios.

La idea del Gobierno Sánchez era pactar la rebaja de jornada con sindicatos y patronal. Pero no ha sido posible, porque la patronal (CEOE y CEPYME) se retiró de la negociación en diciembre, tras 11 meses de reuniones, argumentando el alto coste de la medida y pidiendo que el horario quedara para la negociación colectiva, no que se impusiera por Ley. Así que la vicepresidenta Yolanda Díaz pactó la rebaja en solitario con CCOO y UGT, el 20 de diciembre. Y aún quedaba otra batalla, en el seno del Gobierno: el ministro de Economía (y el PSOE) querría haber retrasado la rebaja uno o dos años (hasta el final de la Legislatura), buscando como fuera (con ayudas) el acuerdo con la patronal, mientras Yolanda Díaz (Sumar) se ha empecinado en implantar la jornada de 37,5 horas antes de final de año, para “revitalizar” su imagen política tras la continua caída en las Encuestas.

En medio del descuerdo social (sin la patronal) y el pacto político “in extremis” dentro del Gobierno, el Consejo de Ministros aprobó este martes un anteproyecto de Ley con 3 cambios importantes. El primero, la rebaja de la jornada laboral, a 1.712 horas en cómputo anual, que son las 37,5 horas semanales. Eso supone una rebaja de la jornada semanal media pactada en convenio (38,32 horas en 2024) de 48 minutos semanales, según Trabajo.

Pero hay 4 sectores donde la rebaja se va a notar mucho más, porque la jornada se reducirá más de hora y media, según estima Trabajo: hostelería (trabajarán -112 minutos), información y comunicaciones (-109 minutos), comercio (-98 minutos) y agricultura (-97 minutos semanales). En otros sectores, la jornada semanal bajará en torno a una hora: actividades administrativas y auxiliares (-67 minutos), otros servicios (-66 minutos), actividades profesionales, científicas y técnicas (-62 minutos), industrias extractivas (-55), manufacturas (-54 ) y actividades artísticas (-51 minutos semanales). Y se notará poco la rebaja en el transporte y almacenamiento (-47 minutos semanales), la construcción (-37), sanidad y servicios sociales (-23), inmobiliarias (-20) y energía (-13 minutos semanales). Y 4 sectores no tendrán ningún recorte de jornada, porque ya trabajan menos de 37,5 horas: finanzas y seguros, Administración Pública, educación y suministro de agua.

Esta reducción de jornada, a 37,5 horas semanales, afectará a los que tienen contrato a tiempo completo. Pero también afecta a los que tienen jornada a tiempo parcial: podrán trabajar menos (el porcentaje en que baje la jornada completa) o mantener su jornada parcial pero con una subida de sueldo. Así, si alguien trabajaba 30 horas semanales (el 75% de la jornada), ahora trabajará 28,12 horas o, si decide mantener su anterior jornada, la empresa le debe compensar (en este ejemplo, subirle un 6,26% el sueldo).

El recorte de jornada beneficiará, según Trabajo, a 12,5 millones de asalariados (a 2 de cada 3) , de ellos 10,5 millones con un contrato a tiempo completo (que trabajarán algo menos) y 2 millones de trabajadores con contrato a tiempo parcial (1,5 millones son mujeres). En conjunto, los 4 sectores más beneficiados por la rebaja de jornada son el comercio (2.435.500 trabajadores beneficiados), la industria manufacturera (2.073.500 beneficiados), la hostelería (1.424.100 beneficiados ) y la construcción (1 millón de beneficiarios), seguidos muy de lejos por las actividades administrativas (852.600 beneficiados), actividades profesionales, científicas y técnicas (729.600), sanidad y servicios sociales (692.400), transporte y almacenamiento (672.900), información y comunicaciones (626.900), actividades del hogar (601.200), el campo (460.900), la educación (239.200) y las actividades artísticas, ocio y entretenimiento (193.000 beneficiarios).

Por autonomías, las regiones donde se trabajan más horas y cuyos trabajadores notarán más la nueva jornada serán Canarias, Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña.

El 2º cambio de la Ley propuesta es que se refuerza el control horario de las empresas, que en muchos casos se hace mal o no se hace (pymes), lo que facilita la proliferación de horas extras y los horarios excesivos. Ahora, se obliga a las empresas a instalar un sistema de control digital, en un plazo de 6 meses tras la aprobación de la Ley, un sistema que debe estar disponible online para la inspección de trabajo y para los sindicatos. Y si no se instala o funciona mal, se multiplican las multas, no por empresa (como ahora), sino por trabajador.

El tercer cambio es también muy importante: se implanta la “desconexión digital”, con lo que los trabajadores ya no estarán obligados a estar en contacto permanente con su empresa (móvil, correo, WhatsApp…) y sus jefes no podrán contactarle fuera del horario laboral, lo que en algunos casos ha provocado estrés laboral y problemas mentales.

La patronal no apoya esta reforma por dos razones básicas. Una, de principios: defiende que el horario laboral es un tema a decidir en la negociación colectiva, entre empresas (patronal) y trabajadores (sindicatos), sin “injerencia” del Gobierno, un argumento que olvida que hay unos 6 millones de asalariados sin convenio, que trabajan en pequeñas empresas, sin capacidad de negociar sus horarios. Y así hemos llegado a la situación actual, donde hay dos tipos de trabajadores: los de grandes empresas, que trabajan menos, y los de empresas pequeñas, que trabajan mucho más (y aún más los autónomos). Por eso, muchos paises fijan por Ley la jornada (como Francia, que la fijó el año 2000 en 35 horas semanales).

La otra crítica, mucho más razonable, es que reducir la jornada tiene un coste. Un estudio de CEPYME lo cifra en 11.792 millones, dos tercios concentrado en el comercio, la industria, la hostelería y las actividades administrativas. Y la patronal CEOE habla de un coste de 24.000 millones, unos 2.000 euros por empleado afectado. Este es un tema que merece la pena analizar con detalle y tratar de resolver con ayudas a las empresas (pymes) y sectores más afectados, como prometió el Gobierno a la patronal si pactaba la rebaja de horarios. También habría que buscar mejoras de productividad para compensar este aumento de costes. Pero, en cualquier caso, no hay que olvidar un dato: las empresas llevan 4 años aumentando márgenes y beneficios, mientras los trabajadores han perdido poder adquisitivo. Ahora se trata de “repartir el crecimiento”, trabajando algo menos a costa de las mayores ventas y beneficios de muchas empresas (no todas).

En cualquier caso, estamos ante un anteproyecto de Ley, aprobado por la vía de urgencia, que ahora pasará las consultas técnicas y legales, para ser aprobado otra vez por el Gobierno y enviado al Parlamento. Así que no se debatirá hasta el verano. Y entonces, el Gobierno deberá lograr el apoyo de Junts, que ya ha dicho que quiere cambios (ayudas a las empresas y quizás más flexibilidad). Y el PP se encontrará con el dilema de votar en contra (como hizo con la reforma laboral, lo que ahora se ve como una equivocación) o abstenerse, dado que todas las Encuestas reflejan que una mayoría de españoles está a favor de reducir la jornada laboral. En cualquier caso, será difícil que los convenios se adapten a tiempo para que el 31 de diciembre estén en vigor las 37,5 horas en todas las empresas.

Parece claro que el mundo, con la digitalización y la tecnología (más aún con la Inteligencia Artificial) va en la dirección de trabajar menos horas. Pero no basta con aprobar una Ley para imponerlo. Es más eficaz pactar la nueva jornada, sector a sector y empresa a empresa, en una negociación donde entren horarios, sueldos, condiciones de trabajo, empleo  y productividad, aportando el Estado las ayudas necesarias para que las empresas más vulnerables se adapten. Esa es la negociación que hará falta una vez se apruebe la Ley, porque si no, lo que ahora es un deseo generalizado (“trabajar menos”) se nos volverá en contra, si se aplica mal y daña al crecimiento y al empleo. Por eso hay que ser flexibles y realistas, no buscar titulares y votos.

Y en paralelo, hay que ir planificando el trabajo del futuro, que será mucho menor que ahora, porque una parte de los empleos los cubrirán ordenadores y máquinas. Hay que ir pensando de otra manera, en “repartir el trabajo que haya”, lo que obligará a dar más peso al teletrabajo (creció con la pandemia, pero se ha recortado) y a pensar en la jornada de 4 días a la semana , que ya están estudiando paises punteros como Japón o Reino Unido. Hay que repensar el trabajo actual y su inevitable revolución futura, superando el debate de la jornada: qué trabajos se van a mantener, cuáles cambiarán radicalmente y cómo nos adaptamos. Ese es nuestro verdadero reto.

Coche eléctrico: la industria, en apuros

La venta de coches nuevos superó en España el millón de turismos en 2024, algo que no pasaba desde 2019. Pero las ventas se estancaron en Europa, haciendo caer la fabricación y exportaciones españolas. El problema está en la caída de ventas de los coches eléctricos en Europa (crecen en España), por sus altos precios, pocas ayudas y escasez de puntos de recarga. Y desde el 1 de enero, la industria del automóvil afronta un reto difícil: un Reglamento para reducir más las emisiones y vender más coches eléctricos, so pena de pagar multas o fabricar menos coches de combustión. Los fabricantes han pedido a Bruselas flexibilidad, máxime con las amenazas de aranceles de Trump y la pelea con China. En España, ahora no tenemos ayudas a la compra de coches eléctricos, al decaer el Decreto ómnibus, pero el Gobierno quiere centralizarlas, porque las autonomías las retrasan de 1 a 2 años. Urge apoyar más los coches eléctricos, para salvar el empleo, el medio ambiente y la salud.

                            Enrique Ortega

El estancamiento económico de Europa se ha traducido en un freno en la venta de coches nuevos en 2024: se matricularon 10.632.281 turismos, sólo un 0,8% más que en 2013, según la patronal ACEA. Y cayeron las ventas en los tres principales mercados: Alemania (2.817.331 matriculaciones, -1%), Francia (1.718.412, -3,2%) e Italia (1.559.229, -0,5%), aunque crecieron en España (1.016.885 matriculaciones, +7,1%)  y Reino Unido (1.952.000 matriculaciones, +2,6%). Esta caída de ventas en los principales paises europeos ha provocado que España, el 2º mayor fabricante europeo, fabricara menos coches en 2024 (2.376.504 vehículos, -3%) y también exportara menos vehículos (2.123.584, -4%), lo que ha provocado nuevos ajustes de plantillas en la 2ª mayor industria española (emplea a 2.210.000 trabajadores): se perdieron 155.300 empleos en 2024 (39.200 en la industria y el resto en los concesionarios y talleres de reparación).

España es uno de los paises europeos con mejor balance del automóvil en 2024, dado que las matriculaciones superaron de nuevo el millón de turismos (1.016.885, +7,11%), según la patronal ANFAC, algo que no pasaba desde antes de la pandemia: se vendieron 1.258.251 turismos en 2019 y las ventas cayeron drásticamente en torno a las 850.000 matriculaciones en 2020, 2021 y 2022, para subir a 949.363 nuevos turismos vendidos en  2023. El tirón de ventas se ha dado en diciembre (+28,8%), sobre todo por las mayores compras de empresas de alquiler y empresas (concesionarios).

Los líderes de ventas siguen siendo Toyota (95.614), seguida de Volkswagen (66.905), Seat (65.299), Hyundai (64.841), Renault (64.236), Kia (59.901), Dacia (54.776) y Peugeot (51.767). Y sigue la “fiebre” por los SUV (más contaminantes, porque gastan más carburante), que rozan el 60% de todas las ventas. Los coches más vendidos en 2024 fueron Dacia Sandero (32.994), Toyota Corolla (22.129), Seat Ibiza (22.121), Hyundai Tucson( 21.595) y MG ZS (20.386).

El problema que ha tenido el sector del automóvil en Europa (+0,8% ventas e3n 2024) ha sido la caída de las matriculaciones de coches eléctricos: se vendieron 1.447.934 en 2024, un -5,9% que en 2023. Y sobre todo, el problema ha estado en la caída drástica en la venta de eléctricos en Alemania: -27,4% (se matricularon 380.609), aunque también cayeron en Francia (-2,6%, con 290.614 matriculados), Italia (-1%, 65.620 vendidos) y Suecia (-15,9%, hasta 94.333). En cambio, subió la venta de coches eléctricos en España (+11,2%, hasta 57.374), Bélgica (+36,9%, hasta 127.703), Paises Bajos (+16%), Dinamarca (+42,2%, 89.199 matriculados), Portugal (+14,7%, hasta 41.757), Noruega (+9,4%, 114.346) y Reino Unido (+21,4%, hasta 381.970 matriculados, el país líder en ventas de coches eléctricos).

La realidad es que el coche eléctrico aumenta su peso en Europa (13,6% de las ventas), pero todavía está lejos de liderar las matriculaciones. En 2024, los coches más vendidos en Europa fueron los coches de gasolina tradicionales (3.542.755, el 33,32% de las ventas), seguidos de los coches híbridos (3.288.862, el 30,93% de cuota), los eléctricos (1.447.934, el 13,62% del total), los coches diesel tradicionales (1.267.741 vendidos, el 11,92%) y los híbridos enchufables (758.944 matriculados, el 7,14% de cuota), sumando el resto de vehículos alternativos (gas, GLP) el 3,07% de cuota restante.

En España, el reparto de las matriculaciones de turismos en 2024 es algo diferente al europeo, porque pesan más las ventas de híbridos y menos los coches eléctricos. Lideran las ventas los coches híbridos (ganan atractivo porque permiten la etiqueta ECO y no dependen de los postes de recarga), con 392.988 turismos vendidos (350.838 son híbridos “de gasolina), un 38,58% de cuota de mercado, según ANFAC. Les siguen las ventas de coches  de gasolina tradicionales (378.687 vendidos, el 37,4% del total) y los coches diesel  tradicionales (96.380 vendidos, el 9,48% del total). Y ya a distancia, los turismos híbridos enchufables  (58.558, el 5,76% del total) y los coches eléctricos “puros” (57.374 matriculados en 2024, el 5,64% del mercado.

Esta cuota del coche eléctrico “puro” en España  (5,64%) es de las más bajas en Europa, donde la cuota es más del doble (13,6%), según ACEA. Por países, lideran las ventas de coches eléctricos Noruega (88,89% de las matriculaciones 2024), Dinamarca (51.52%), Suecia (35%), Paises Bajos (34,66%), Finlandia (29,52%), Bélgica (28,48%), Portugal (19,91%), Reino Unido (19,56%), Austria (17,58%), Francia (16,91%) y Alemania (13,50%). Y peor que España en venta de coches eléctricos sólo están Polonia (3% de las matriculaciones) e  Italia (4,20%), superándonos incluso Grecia (6,35% cuota eléctricos).

¿Por qué no avanzan más los coches eléctricos en Europa e incluso han caído en 2024? Hay varias razones. La más inmediata, que algunos paises europeos han recortado sus ayudas a la compra de coches eléctricos. El caso más claro es Alemania, donde el Tribunal Constitucional eliminó las ayudas estatales a la compra a finales de 2023 (desplomando un -27,4% las ventas en 2024). También Francia ha endurecido la concesión de ayudas (según las emisiones) y se han reducido además en Bélgica, República Checa, Dinamarca, Letonia y Malta. Otra razón básica es que los coches eléctricos siguen siendo más caros, entre un 15 y un 20% más que los de combustión. Y en casi todos los paises, salvo los nórdicos y Portugal, hay pocos puntos de recarga de baterías, sobre todo fuera de las ciudades.

En España, la venta de coches eléctricos es aún menor por varias razones “propias”. Una importante en cuanto a su alto precio: la diferencia se nota más en los coches de baja gama (pueden costar entre 7.000 y 10.000 euros más si son eléctricos), que son los más vendidos y se nota menos en los coches de gama media y alta (más vendidos en Europa y menos en España). Además, apenas hay coches eléctricos de segunda mano, el mercado que lidera las ventas en España (se venden el doble de coches usados que nuevos). Y aquí, dos tercios de las personas viven en pisos (frente al 42% en Europa y el 20% en Bélgica y Paises Bajos), lo que dificulta la recarga de eléctricos frente a los que viven en casas unifamiliares. Y encima, somos el 2º país más extenso de Europa (tras Francia), lo que obliga a realizar viajes más largos, que exigen más recargas.

Pero los 2 principales problemas con que choca la penetración del coche eléctrico en España, junto al alto precio, son el mal funcionamiento las ayudas a la compra y la falta de puestos de recarga. Respecto a las ayudas, ha habido varios Planes (el Moves III terminó en diciembre),con bastantes recursos (hasta 1.500 millones durante varios años), que permitían recibir hasta 7.000 euros si se compra un coche eléctrico y se achatarra el viejo. Pero el problema es que la gestión de estas ayudas la llevan las autonomías y la acumulación de peticiones ha colapsado los expedientes, con lo que el comprador tarda entre 1 y 2 años en recibir la ayuda a la compra. Y eso disuade las compras.

Pero quizás disuade aún más al potencial comprador no saber dónde podrá recargar el coche eléctrico que compre. En España hay 38.725 puntos de recarga de acceso público, 22.696 en zonas urbanas y sólo 16.029 en vías interurbanas, según datos de Anfac, que denuncia además la existencia de otros 11.496 puntos de recarga instalados pero que no funcionan. Y el sector se queja de retrasos de 1 a 3 años en la instalación de postes de recarga, por los largos procesos administrativos para conseguir  licencias, permisos y ayudas. Con ello, España está muy lejos de los 83.500 puntos de recarga que debía tener instalados en 2024 para alcanzar el objetivo de 300.000 puntos de recarga en 2030. 

El otro problema es que sólo una pequeña parte de estos puntos (4,7%) permiten una recarga rápida de la batería (de 15 a 27 minutos) y sólo un 3,7% son de carga ultrarrápida, lo que disuade el uso del coche eléctrico y más para viajar. Eso restringe su compra a los que tienen una casa unifamiliar donde recargarlo y a los que lo usan para ciudad, lo que provoca otro problema: los seguros de los coches eléctricos son más caros (+17% de media según la OCU), porque las aseguradoras argumentan que tienen más riesgo de siniestros (al usarse más en ciudad) y sus averías son más costosas.

Ahora, además, la compra de un coche eléctrico tiene otro problema adicional: no hay ayudas públicas ni desgravación fiscal (se podían deducir hasta 3.000 euros en el IRPF), porque ambas medidas iban en el “Decreto ómnibus” que aprobó el Gobierno en diciembre y tumbó el PP con Junts y Vox hace dos semanas. En el nuevo Decreto aprobado por el Gobierno la semana pasada (para recuperar la subida de pensiones y otras medidas sociales) no se incluyen las ayudas ni la desgravación al coche eléctrico, que irán en un futuro decreto (que se aprobará si quiere Junts…). El Gobierno está pensando en aprovecharlo para aprobar un nuevo sistema de ayudas a la compra de coches eléctricos, como lleva años pidiendo la industria. El gran cambio sería que la gestión la llevaría directamente el Estado (Industria o el IDAE) y no las autonomías, aunque queda por saber si la futura ayuda se concederá al momento, restándola del precio de venta, como pide la industria y los concesionarios.

Un cambio en el sistema de ayudas, agilizándolo, sería clave para vender más coches eléctricos, aunque la otra clave es multiplicar la instalación de postes de recarga, rápidos y ultrarrápidos. Y hay otras medidas que han funcionado en paises líderes en eléctricos. En Noruega, por ejemplo, los coches eléctricos no pagan IVA ni tributos municipales, ni peajes ni aparcamientos…y tienen más de 30.000 puntos de recarga. En Portugal, los coches eléctricos no pagan IVA y tienen bonificación en el impuesto de matriculación, además de una aplicación única para pagar con el móvil en cualquier punto de recarga. Y Francia está probando un “leasing social eléctrico”: puedes “probar”  un coche eléctrico pagando 100 euros al mes durante 3 años y luego, puedes comprarlo o devolverlo.

Algo hay que hacer, porque España no puede seguir a la cola de ventas en coches eléctricos, si queremos reducir las emisiones (el transporte por carretera es culpable del 28,4% de las emisiones totales de CO2)  y mejorar el aire de nuestras ciudades (la contaminación mata a 10.000 españoles al año), donde sólo 49 capitales han aprobado zonas de bajas emisiones (demasiado reducidas) y hay casi 100 ciudades que tienen pendientes aplicarlas este año (la mayoría gobernadas por el PP y Vox, “negacionistas”).

Pero además, España y los restantes paises europeos han de cumplir lo aprobado por la Comisión Europea, cuyo objetivo es prohibir en 2035  la venta de coches de combustión (gasolina y gasoil, que supusieron el 45,24% de las matriculaciones en 2024…). Para conseguirlo, Bruselas ha aprobado una serie de “hitos intermedios”, en los que obliga a la industria a fabricar coches menos contaminantes. Uno de ellos entró en vigor el 1 de enero de 2025, con un Reglamento, la Normativa de emisiones CAFE, que obliga a rebajar las emisiones de los coches nuevos (de 115,1 gr/CO2 a 93,6 gramos).

Para cumplir esta nueva Normativa de emisiones en 2025, la industria europea del automóvil debe aumentar la cuota de venta de los coches eléctricos al 22% (frente al 13,6% en 2024). O reducir la fabricación y venta de coches de combustión (un drama para España, porque estos coches son el 91% de los que se fabrican aquí). Y si no hace ambas cosas, Bruselas aplicará multas a los fabricantes, que están buscando cómo evitarlas con acuerdos entre ellos (para compensar los excesos de emisiones de unos con las menores emisiones de otros). Si no lo consiguen, sólo les queda fabricar (y vender) más coches eléctricos y reducir la fabricación de hasta 175.000 coches de combustión (que suponen reducir el 17,2% de las ventas), lo que provocaría cierre de plantas y despidos en Europa.

Ante este panorama, la patronal automovilística europea (ACEA) envió una carta, el 16 de enero, a la Comisión y a los líderes europeos, donde les pide “flexibilidad” en la aplicación de la Normativa de emisiones CAFE y medidas para relanzar las ventas de coches eléctricos. De momento, el Partido Popular Europeo (PPE), ganador de las elecciones europeas y que controla la Comisión, se muestra a favor de “flexibilizar” la normativa, para que los fabricantes puedan reducir las emisiones sin cerrar plantas y sin despidos, como ya se han hecho en Alemania (-35.000 en Volkswagen) y en casi toda Europa. Se trata de conciliar el medio ambiente y la lucha contra la Crisis Climática con la supervivencia de la primera industria europea (13 millones de empleos), que además está preocupada con los posibles aranceles a la exportación de coches a EEUU con que amenaza Trump y con la pelea con China, a la que Europa aplica, desde octubre pasado, nuevos aranceles a los coches eléctricos chinos  (entre un 17% y un 35,3% adicional al 10% que tenían).

En resumen, la industria automovilística europea se juega su futuro (y los empleos e ingresos fiscales de los paises) a la carta del coche eléctrico, sin que los distintos Gobiernos europeos (ni el español) apuesten con todas sus armas para renovar el parque y facilitar que los ciudadanos podamos cambiar a un coche más limpio a un precio asequible, con ayudas eficaces y puestos de recarga suficientes. Es un reto ineludible, si queremos salvar empleos, el medio ambiente y nuestra salud. Apoyen al máximo al coche eléctrico.  

EPA 2024: empleo y paro récords, pero...

El empleo cerró 2024 con la creación de 468.100 nuevos empleos, la 3ª mayor subida, tras  2021 (+840.600 empleos) y 2023 (+783.000). Y lo más llamativo: el paro bajó al 10,61%, la menor tasa desde junio de 2008. Además, el empleo es de calidad: el 84,5% de los asalariados tienen ahora un contrato indefinido. Pero no podemos olvidar dos datos que pesan como una losa: España es el país con más paro de Europa y la OCDE y tenemos una baja tasa de empleo, por lo que necesitamos que trabajen otro millón largo de españoles más. No podemos “dormirnos en los laureles”. Hay que seguir modernizando la economía e invirtiendo para que trabaje más gente y baje más el paro. Habría que aprobar dos medidas: un Plan de choque para los parados mayores, mujeres, jóvenes y 6 regiones con alto paro y una reforma a fondo de las oficinas de empleo, gestionadas por las autonomías, que no funcionan. Pero ambas medidas exigen algo hoy imposible: acuerdos políticos, económicos y sociales.

                            Enrique Ortega

Otro año más, las Navidades no han sido buenas para el empleo, que sólo creció en +34.800 personas en el 4º trimestre, un pequeño aumento, aunque mejor que en las Navidades de 2023 (-19.000 empleos) y 2022 (-81.900 empleos). Pero como el resto del año fue bueno para el empleo, sobre todo la primavera (+434.700 empleos en el 2º trimestre), 2024 se ha cerrado con 468.100 personas más trabajando en España, según la EPA publicada el martes. Es el tercer mejor año para el empleo desde la pandemia, tras los anteriores récords de 2021 (+840.600 ocupados) y 2023 (+783.000 ocupados). Con este nuevo aumento, ya trabajan en España 21.857.900 personas, otro récord histórico, que supera con creces el mejor dato de nuestra historia, las 20.646.000 personas que trabajaban en junio de 2008. Y desde antes de la pandemia (2019), España ha creado 1.891.000 nuevos empleos.

En 2024, el aumento del empleo (+468.100 ocupados) se ha dado más entre los hombres (+260.700) que entre las mujeres (+207.400), concentrándose sobre todo en los mayores de 50 años (+328.100 empleos, el 70% del total) y entre los más jóvenes (+104.300 empleos entre los menores de 24 años), cayendo sólo la ocupación entre 40 y 45 años. Un dato relevante es el mayor aumento del empleo entre los extranjeros (+189.900 empleos, +5,72%) y con doble nacionalidad (+218.800 empleos, +21,95%)  que entre los españoles (+59.400 empleos, +1,30%), según el INE. Eso significa que sólo 1 de cada 8 empleos creados en 2024 han ido a españoles (el 12,6%), mientras el 87,4% del nuevo empleo fue para extranjeros y trabajadores con doble nacionalidad. Y que el 15,17% de los ocupados en España (1 de cada 6,6 trabajadores) son extranjeros.

La mejora del empleo en 2024 se ha debido casi toda al sector privado (+453.500 empleos) y apenas creció el empleo público (+14.600 ocupados). Y el motor del empleo volvieron a ser los servicios (+424.600 empleos), sobre todo por el turismo, la hostelería, el comercio, creciendo también en la industria (+55.300) y la construcción (+44.800), aunque cayó en el campo (-56.600 ocupados en agricultura). Por autonomías, el mayor aumento porcentual del empleo se ha dado en Asturias(+8,58%: +33.900 empleos), Baleares (+5,80%: +32.700 empleos)  y Navarra (+5,32%: +16.100 empleos), aunque en cantidad total, quienes crearon más empleo fueron Madrid (+139.500), Andalucía (+86.100) y Cataluña (+55.200). Y choca la caída del empleo en el País Vasco (-43.200) y Murcia (-6.600) y Extremadura (-900).

El aumento del empleo (+468.100) ha sido mayor que la bajada del paro, que se ha reducido en -265.300 personas en todo 2024, debido a que han vuelto a subir “los activos”, las personas que se han “animado” a buscar trabajo (han crecido en +202.800), alcanzando otro récord histórico (24.453.300 “activos”). Con todo, este año 2024 ha habido muchas menos personas que se han “animado” a buscar trabajo, sólo +202.800 frente a +682.400 en 2023 (la tercera parte). Eso puede deberse a una menor entrada de extranjeros y a que hay menos mujeres y jóvenes que buscan ahora trabajo. La consecuencia es que tenemos una cifra de parados de las más bajas de nuestra historia: 2.595.500 parados a finales de 2024. Y una tasa de paro del 10,61%, que ha bajado del 11% por primera vez desde junio de 2008 (entonces era del 10,36%), aunque todavía no hemos alcanzado “el suelo” de junio de 2007 (cuando la tasa de paro era del 7,93%).

El paro en 2024 ha bajado más entre las mujeres (-167.100) que entre los hombres (-98.200), aunque hay más paradas (1.362.600 frente a 1.232,900 parados) y tienen una mayor tasa de paro (11,83% frente al 9,53% los hombres). Y el paro ha bajado especialmente entre los que tienen de 25 a 54 años (-194.300 parados, el 73% de la bajada total), bajando mucho menos entre los menores de 24 años (-26.600 parados). Con ello, ha mejorado algo el paro entre los menores de 25 años (del 28,36 al 24,90%), aunque sigue siendo altísimo y casi duplica al paro juvenil en Europa (15,3% en la UE-27), cuadruplicando el alemán (6,4%).

El paro ha bajado sobre todo en los servicios (-100.000 parados) y entre los que perdieron su empleo hace más de un año (-109.100 parados) y los que lo buscan por 1ª vez (-56.200 parados), estancándose la cifra de parados en industria, construcción y agricultura. Y resalta la bajada del paro en Asturias (-27,32%), Navarra (-26,99%), Canarias (-26.67%) y Baleares (-24,75%), quizás por el turismo, mientras destaca la subida del paro en 2024 en el País Vasco (+24,88%). Murcia (+18,32%) y Cantabria (+14,69%), según la EPA.

La histórica bajada del paro al 10,61% de los activos no puede hacernos olvidar que hay 6 regiones con una tasa de paro muy superior: Melilla (25,80%), Ceuta (21,79%), Andalucía (15,76%), Extremadura (15,26%), Comunidad Valenciana (12,33%) y Canarias (11,91%), mientras hay otras 8 autonomías que tienen una tasa de paro “casi europea”(5,9% es la tasa paro UE-27): Navarra (6,60%), Aragón (7,62%), Cataluña (7,87%), Asturias (8,09%, cuando tenía el 11,81% en 2023), País Vasco (8,11%, aunque tenía el 6,33% de paro en 2023), Baleares (8,20%), Castilla y León y Cantabria (8,23%), además de Madrid (8,58% de paro en 2024). Tampoco podemos olvidar que hay 833.500 hogares (el 4,3% del total) con todos sus miembros en paro (la cifra más baja desde 2008).

Pero hay otros datos del paro que son muy positivos. Uno, que ha subido el número de parados que reciben un subsidio, tras la reciente reforma del desempleo: son 1.802.483 parados, el 70,38% de los parados registrados (eran el 61,53% en 2019)  los que se benefician de alguna ayuda, según Trabajo (881.656 cobran un subsidio contributivo que ya está en 1.007 euros mensuales y el resto reciben un subsidio asistencial de 463 euros).  Y otro, que siguen bajando los parados de larga duración, los que llevan más de un año sin encontrar trabajo: eran 999.700 parados a finales de 2024, el 38,51% de todos los parados, la mayoría de ellos parados mayores de 45 años y mujeres (558.300).

Junto a la bajada histórica de la tasa de paro (al 10,61%), el otro gran dato relevante de esta EPA 2024 es la calidad del empleo que tenemos, no solamente que la cantidad (21.857.900 ocupados) sea récord. Así, gracias a la reforma laboral (que entró en vigor en marzo de 2022), en 2024 no sólo trabaja mucha más gente sino que sigue aumentando el número de asalariados con contrato indefinido: eran 15.712.500 trabajadores, el 84,52% del total, cuando eran el 83,50% a finales de 2023 (y el 74,6% a finales de 2021). En cambio, han bajado algo los ocupados a tiempo completo (del 86,5% al 86%) y aumentan algo los trabajadores con contrato a tiempo parcial (del 13,50 al 14%), que ya han superado los 3 millones a finales de 2024 (de esos 3.059.000 empleos parciales, 2.121.000 los tienen mujeres).

Ahora, en 2015, el Gobierno y los expertos creen que España seguirá creando empleo, más que el resto de Europa pero menos que en 2023 y 2024, porque creceremos algo menos (+2,4%, frente al +3,2% en 2024). La previsión enviada por el Gobierno a Bruselas, en octubre de 2024, apostaba por crear 1,6 millones de empleos entre 2024 (+556.132 empleos, aunque realmente se han creado +468.100), 2025  (548.645 empleos) y 2026 (494.878 empleos), con el objetivo de que España roce los 23 millones de empleos (22.989.350 en 2026) y baje su tasa de paro del 10% en 2026 (ahora parece más factible).

Los datos de la EPA 2024 indican que estamos en el buen camino para lograr ambos objetivos. Pero el Gobierno Sánchez no puede “lanzar las campanas al vuelo” con el empleo y el paro, por dos razones. Una, porque seguimos siendo el país de Europa y de la OCDE (36 paises) con la mayor tasa de paro: 10,61% en España frente al 5,9% en la UE-27 y el 4,9% en la OCDE. Y la otra, porque la tasa de empleo en España es mucho más baja que en Europa: a finales de 2023 trabajaban el 70,5% de los que tienen entre 20 y 64 años, frente al 75,3% que trabajaban en Europa, el 74,4% en Francia o el 81,2% en Alemania, según Eurostat. A lo claro :que España tiene todavía 1,14 millones de personas menos trabajando que las que deberíamos tener si fuéramos como la media europea. Y que trabajan 2,5 millones de españoles menos de los que deberían  trabajar si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania.

Ese es nuestro gran reto: reformar la economía para que ofrezca empleo a más gente (entre 1 y 2 millones más) y eso permita reducir la tasa de paro “a niveles europeos”. En eso deberíamos centrarnos a medio plazo, sin regodearnos en los récords. Y eso implica tomar 2 medidas a corto plazo, que exigen (¡ cómo no¡ ) un pacto político económico y social. Una, aprobar un Plan de empleo, para fomentar la contratación de parados mayores de 45 años, mujeres y jóvenes, sobre todo en esas 6 regiones con más paro que la media, canalizando inversiones públicas y privadas  e incentivos a las contrataciones.

Y la otra medida, reformar de verdad las oficinas de empleo, porque no ayudan a los parados a recolocarse. Pronto van a cumplirse 2 años de la Ley de Empleo (entró en vigor el 2 de marzo de 2023) y no ha funcionado: ni se ha hecho un perfil de los parados ni se les ayuda individualmente a colocarse. De hecho, las oficinas de empleo sólo colocan a menos del 3% de los parados y menos del 10% de los desempleados hacen cursos de formación (largos y poco útiles). Y en la web del SEPE sólo hay registradas 81.000 empresas y 26.227 ofertas de empleo. Urge cambiar la operativa y dotar de medios a estas oficinas, gestionadas por las autonomías (cada una a su aire).

En resumen, España crece y crea más empleo que el resto de Europa, pero no podemos "dormirnos" en los récords. Porque seguimos con un grave problema de fondo: trabaja menos gente y tenemos más paro que Europa. Resolverlo debería ser el gran reto y el primer objetivo de todo lo que hagamos, porque es la clave para mejorar el futuro. Pero no podemos hacerlo sin grandes acuerdos económicos, políticos y sociales. Y hoy son imposibles.

Medicamentos: bajada y cambio copagos

Ha pasado desapercibido, pero el 1 de diciembre bajaron miles de medicamentos, muchos sólo unos céntimos, aunque supone un ahorro de 65 millones en nuestras compras en farmacias. Son ya 15 años con rebajas anuales, para compensar la subida del gasto farmacéutico, que sigue en cifras récord. Una rebaja que tiene dos efectos negativos: hunde los ingresos de las farmacias pequeñas (imprescindibles) y fomenta que “falten” algunos medicamentos (766 ahora), porque a los laboratorios no les compensan los bajos precios (la mitad de las medicinas cuestan menos de 5 euros) y las exportan a paises europeos donde cuestan más. Para asegurar el suministro y la investigación, el Gobierno ha pactado con las farmacéuticas una Estrategia 2024-28, para potenciar esta industria y conseguir que España  sea más autosuficiente (también Europa). Además, en unas semanas, aprobará nuevos copagos para los medicamentos: los que ganen menos de 35.000 euros pagarán igual y el resto algo más, para controlar el gasto en recetas y reducir el despilfarro. Evitemos tener una farmacia en casa.

                              Enrique Ortega

El gasto farmacéutico imparable ha sido y es una obsesión de todos los Gobiernos, porque cada vez vivimos más, hay más atención sanitaria, crecen las enfermedades crónicas y aparecen medicamentos innovadores (más costosos). En España, el gasto farmacéutico se disparó en 2009, con un récord de recetas (casi 1.000 millones) y 12.505 millones de gasto en recetas y otros 4.000 millones más de gasto farmacéutico en hospitales. A partir de 2010, se empezaron a bajar cada año “los precios de referencia”, un sistema creado en 1997 por el que la sanidad pública (el SNS) sólo financia un precio máximo por cada medicamento recetado y si el fármaco tiene un precio superior, el farmacéutico está obligado a suministrar al paciente un medicamento más barato, preferentemente un genérico (con la patente caducada), que ya suponen el 66% de los fármacos vendidos en España.

Esta rebaja de los precios de referencia (normalmente el 1 de enero, aunque en 2016 se hizo dos veces) supone que cada año se fijan los nuevos precios máximos de muchos medicamentos, para conseguir un ahorro del gasto. Esta vez, la rebaja entró en vigor un mes antes, el 1 de diciembre de 2024, y afecta al precio de 17.655 medicamentos (13.933 que se venden en farmacia y 3.722 que se dispensan en hospitales. Sanidad señala que esta nueva rebaja de los precios de referencia supone un ahorro total de 139,05 millones de euros en 2025, la mayor parte para los usuarios que compramos medicinas en las farmacias (65,54 millones de ahorro) y el resto (73,51 millones) para los hospitales.

Esta rebaja global (-139,05 millones) es menor que la de los últimos años (fue de -217,89 millones en 2024, -270,89 en 2021, -234,13 en 2022 y -170 millones en 2021), pero este es el año en que se produce la mayor rebaja a los medicamentos que se venden en las farmacias (-65,54 millones, frente a -57,13 en 2014, -41,75 en 2023, -64,72 en 2022 y -43,92 en 2021). Quizás no haya notado esta rebaja cuando haya ido con su receta a la farmacia, porque los nuevos precios bajan sólo unos céntimos o pocos euros en el PVP. Por ejemplo, Crestor, un medicamento para el colesterol, baja de 9,85 a 9,83 céntimos (-0,20%). Aldactone, un diurético, baja de 3,62 a 2,50 euros (-30,94%). Deltius (Vitamina D) baja de 15,61 a 9,37 euros (-39,97). Finasterida (para la hiperplasia de próstata) baja de 2,92 a 2,50 euros (-14,38%). Y Janumet (un antidiabético), baja de 28,1 a 27,3 euros (-2,70%).

Otra vía menos conocida, que utiliza el Gobierno (éste y los anteriores) para frenar la factura farmacéutica es la revisión mensual de precios de algunas medicamentos (pocos) según van caducando las patentes y entran los genéricos: cada mes, Sanidad envía una comunicación a los Colegios farmacéuticos con los precios que bajan y el precio máximo que paga el SNS por esos medicamentos con receta. Y la farmacia rebaja el PVP del medicamento afectado: si el laboratorio de marca no baja su precio, estará obligada a vendernos un genérico.

Por las dos vías, los precios de los medicamentos que compramos llevan 15 años bajando, aunque apenas lo notamos porque suelen ser unos céntimos y además nosotros no pagamos el PVP del medicamento, sino el copago que nos corresponde (del 10 y 40% al 60% máximo, según seamos pensionistas o activos y nuestros ingresos). Pero los que sí notan esta rebaja, de forma negativa, son las farmacias y los laboratorios farmacéuticos, que critican este sistema de precios de referencia y las rebajas mensuales porque reducen mucho sus ingresos y apenas suponen un ahorro del gasto farmacéutico, que sigue al alza.

El primer impacto de la bajada de precios (anual y mensual) lo sufren las 22.222 farmacias españolas, sobre todo las más pequeñas (3.000 venden menos de 300.000 euros anuales) y especialmente las 707 farmacias “con viabilidad económica comprometida” , la mayoría rurales. Lo que les sucede a la mayoría de farmacias es que dispensan muchas más recetas que hace años y facturan menos. Eso pone en riesgo la viabilidad económica de muchas farmacias, claves en la atención sanitaria de los españoles, como se vio claramente durante la pandemia: ven reducir sus ingresos mientras les aumentan sus costes. Y tratan de buscar alternativas en las ventas sin receta (cremas y demás), que les suponen el 30% de los ingresos. Pero el núcleo de su actividad, las recetas (70% ventas), se resiente cada año.

Otro impacto negativo de estas bajadas de precios lo sufren los laboratorios farmacéuticos. Tras 15 años de rebajas impuestas, los medicamentos en España son los más baratos de Europa, un 15% por debajo del precio medio en la eurozona. Y tras cada bajada (anual y mensual), muchos laboratorios se ven desincentivados a vender en España, donde más de la mitad de los medicamentos (55,9%) cuestan menos de 5 euros y el 37,9% cuestan menos de 2,5 euros (sólo el 14,8% de los fármacos valen más de 20 euros), según Farmaindustria. Y esos son precios de venta al público (PVP), porque nosotros pagamos mucho menos, por los copagos (la mayoría, del 10 al 40% del PVP), con lo que la mayoría de las medicinas nos cuestan menos que un café o una cerveza...  Estos bajos precios de venta en España provocan dos problemas: hay desabastecimiento de algunos medicamentos (porque ya no les compensa fabricarlos) y otros “se desvían” a la venta en paises del centro y norte de Europa, donde se cobran más caros que en España.

El problema es serio porque estos bajos precios son una de las causas del desabastecimiento de algunos medicamentos en España, junto a otras (como los problemas de producción de principios activos en paises emergentes o en las cadenas internacionales de suministro). Y cada vez hay más medicamentos “en falta” en las farmacias. Ahora hay 766 medicamentos en falta, según la web de la Agencia del Medicamento, que quita importancia al problema señalando que afecta sólo al 4,28% de las presentaciones. Pero inquieta a los que necesitan Concerta (para su hijo con TDAH), Ozempic (para la diabetes), Kreon (para el cáncer de páncreas), Hydrea (para la leucemia) o Pylera (para el Hellycobacter Pilori), sólo 5 ejemplos de fármacos ahora “en falta” (aunque se pueden sustituir por otros).

La cuestión de fondo es que rebajar año tras año los precios de los medicamentos no parece la mejor solución para frenar el gasto farmacéutico, mientras afecta negativamente a las cuentas de las farmacias y a los laboratorios. De hecho, la factura farmacéutica se moderó en los primeros años de aplicación de los precios de referencia (2010) y con la implantación de los copagos (Rajoy en julio de 2012), pero después ha seguido creciendo, por el envejecimiento de la población, la mayor atención sanitaria, el aumento de las enfermedades crónicas y la irrupción de medicamentos innovadores. Y por otra causa de la que poco se habla: los médicos tienen cada vez menos tiempo para atender a sus pacientes y se ven presionados a recetar a tutiplén, mientras todos gastamos de más en medicamentos (muchos nos cuestan, con los copagos, menos que un café o una cerveza) y tenemos “una farmacia en casa”.

La consecuencia es que el gasto en farmacias no ha parado de crecer, después de bajar entre 2009 (máximo de 12.506 millones) hasta 2013 (9.183 millones): subió a 10.792 millones en 2019 y a 12.720 millones en 2023 (otro máximo). Y en 2024, el gasto fue de 12.217 millones hasta noviembre, con lo que alcanzará otro récord histórico: 13.300 millones y 1.200 millones de recetas ( ojo, son 3,3 millones de recetas diarias). Y a este gasto en farmacias hay que sumar el gasto farmacéutico en hospitales, que se ha disparado, pasando de 6.579 millones en 2015 a 7.489 en 2019 y 9.603 millones en 2023. Y a la vista de los datos hasta octubre, 2024 se cerrará con 10.720 millones de gasto farmacéutico en hospitales. En total, 24.020 millones de gasto farmacéutico en 2024.

Una cifra que “asusta”, porque supone el 20% del gasto sanitario en España. Sin embargo, algunos expertos creen que estamos en un gasto farmacéutico “asumible”, porque supone un porcentaje del PIB (1,55%) inferior al de 2009 (1,70%) y 2021 (1,72%), como en 2003 (1,56%). Y porque nuestro gasto farmacéutico por habitante (284,4 euros en 2022) es más bajo que el de la eurozona (425,9 euros/habitante) y que el de paises como Alemania (643,4 euros/habitante), Francia (491,1), Italia (326,5) o Finlandia (319), según Farmaindustria. Y además, el 80% de los medicamentos (unidades) que se venden en las farmacias están a precio de genérico. Y donde compiten, los genéricos tienen ya una cuota del 66%.

Con todo, preocupa el elevado gasto farmacéutico, porque irá a más a medida que aparezcan nuevos medicamentos innovadores contra más enfermedades, a un alto coste. Por eso, ya desde la época de Montoro (ministro de Hacienda con Rajoy), los distintos Gobiernos han pactado con la industria farmacéutica (Farmaindustria) para intentar controlar la subida de la factura farmacéutica, por distintas vías (desde los precios de referencia a las revisiones anuales y la negociación del precio de nuevos fármacos). Y tras la pandemia, donde quedó clara la dependencia exterior de Europa y España en suministros farmacéuticos, Bruselas se ha obsesionado con asegurar un mayor autoabastecimiento farmacéutico para Europa, reforzando la industria farmacéutica europea.

En este contexto, el Parlamento Europeo aprobó, en noviembre de 2021, la Estrategia Farmacéutica Europea, que contempla ayudas públicas a la investigación para conseguir nuevos fármacos “europeos” a precios asequibles, potenciando las compras públicas (como se hizo con las vacunas) y tratando de fortalecer a los laboratorios europeos. En ese camino, el Gobierno español aprobó, ya en noviembre de 2021, un Plan, el PERTE de Salud de Vanguardia, para movilizar y financiar la fabricación de medicamentos y terapias innovadoras, destinando 982 millones de Fondos europeos en 2022 y 2023.

Este Plan ha dado sus frutos, consolidando a España como el 2º país del mundo (tras EEUU) con más ensayos clínicos de nuevos fármacos. Y en diciembre de 2022, los directivos de las 14 principales multinacionales farmacéuticas y grandes laboratorios españoles acudieron a la Moncloa para ofrecer al presidente Sánchez su colaboración para convertir a España en un “polo europeo” de producción de nuevos medicamentos, al igual que somos el 2º mayor fabricante europeo de automóviles: se comprometieron a invertir 8.000 millones de euros entre 2023 y 2025 para impulsar la investigación y producción de nuevos fármacos en España, donde las farmacéuticas tienen 174 plantas y emplean a 54.965 trabajadores, con una facturación de 23.000 millones de euros. A cambio, el Gobierno se comprometió a elaborar con ellos un Plan Estratégico a medio plazo, para asegurar el futuro del sector, garantizar el autoabastecimiento y colaborar en la sostenibilidad del gasto farmacéutico.

Recientemente, en diciembre de 2024, el Gobierno ha aprobado la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028, con la colaboración del sector. Se trata de una “hoja de ruta” para garantizar el acceso a medicamentos de calidad, fomentar la innovación y asegurar la estabilidad presupuestaria con un gasto farmacéutico “asumible”, buscando que España sea uno de los paises líderes de la industria farmacéutica europea. Dentro de esta estrategia a medio plazo se incluyen medidas para evaluar la eficacia y el coste de los medicamentos y un nuevo sistema de fijación de precios, concretado también en diciembre, con la aprobación de un Decreto-ley para una nueva regulación de los precios de los medicamentos, que busca reforzar los genéricos y biosimilares,  además de mejorar los criterios de inclusión de nuevos medicamentos, con más participación de médicos y pacientes.

En paralelo, Sanidad aprobará en las próximas semanas una nueva Ley del Medicamento (la actual es de 2006), que permitirá recetar a enfermeras y fisioterapeutas, facilitará la sustitución de medicamentos por los farmacéuticos, dará más poder a la Agencia del Medicamento para prevenir desabastecimientos y, sobre todo, cambiará el actual sistema de copagos (impuestos por Rajoy en 2012). Por lo que se ha filtrado, el cambio está en que se cambian los 3 tramos de ingresos actuales por 6 tramos; pagarán lo mismo los activos que ganen menos de 18.000 euros (40% copago) y hasta 35.000 euros (50%), pero pagarán más los que ganan de 35.000 a 65.000 (55%, ahora 50%) y de 60.000 a 100.000 (60%, ahora 50%), así como los que ganan más de 100.000 (65% copago, ahora 60%). Y en cuanto a los pensionistas, seguirán pagando un copago del 10% si la pensión está por debajo de 60.000 euros, subiendo al 60% los que reciben de 60.000 a 100.000 euros de pensión (ahora pagan el 10%) y el 65% los que reciben más de 100.000 (ahora su copago es el 60%), subiéndoles también el límite mensual si reciben entre 60.000 y 100.000 euros de pensión.

En resumen, que los medicamentos nos cuestan algo menos desde el 1 de diciembre, pero lo importante es conseguir que tengan un precio “suficiente” para que las pequeñas farmacias no tengan que cerrar y a los laboratorios les compense fabricarlos. Y para asegurar el abastecimiento y que las farmacéuticas investiguen y ofrezcan nuevos fármacos. Europa y España han aprobado Estrategias a medio plazo, que garanticen fármacos, ingresos, investigación y precios asumibles, para los países y pacientes. Y además, se van a modificar los copagos, para que trabajadores y pensionistas paguen en función de sus ingresos reales, para reducir el despilfarro de medicamentos. Nos jugamos la salud y el bolsillo.