España va mal, los españoles bien

Sorprende, pero es lo que piensan los españoles, según el último Barómetro del CIS: el 73% cree que la economía va mal o muy mal (ojo: poco más que hace un año...) pero un 63% de españoles califican su situación económica como buena o muy buena. Y casi un 62% de los españoles se considera clase media, sobrevalorando la realidad, porque lo son únicamente el 50%. Y más cuestiones chocantes: la mayoría apoya las ayudas del Gobierno Sánchez y creen que está más capacitado que el PP para resolver los problemas económicos…pero en intención de voto gana el PP al PSOE, según la Encuesta 40dB. O sea: lo hacen bien, pero "caen mal". Quizás se explique por la "polarización" de los españoles, que se comportan como los “hinchas” de un club de fútbol: no aprecian los goles del contrario y celebran que pierdan. Media España no valora la lucha contra la crisis y quieren quitar al Gobierno, haga lo que haga. Y la otra media, “pasa” o quiere más. Así no avanzamos.

Enrique Ortega

El último Barómetro del CIS, publicado en septiembre, aporta una serie de resultados muy “chocantes”. El primero, el contraste entre cómo ven los españoles la situación económica de España y la suya propia. Sobre España, un 69,6% de los encuestados son pesimistas y ven la situación económica mala (43%) o muy mala (26,6%), mientras sólo el 20,6% son optimistas y la ven buena (19,9% ) y muy buena (0,7%). En las respuestas, hay un dato llamativo: hay más optimistas sobre la economía ahora (20,6%) que hace un año (15,9% de optimistas), cuando no había problemas de inflación o energía ni guerra. Y el Barómetro de octubre, publicado esta mañana, incide en el pesimismo: un 73,2% ve la situación económica de España mala (43,5%) o muy mala (29,7%), poco más que hace un año (69,6% eran pesimistas en octubre 2021).

Pero al preguntarles sobre su propia situación económica, ganan los encuestados optimistas: el 63% creen que su situación económica es buena (59,1%) o muy buena (3,9%), unos porcentajes similares a los de hace un año (63,2% de optimistas). Y los pesimistas sobre su propia economía se quedan en el 25,5% (algo peor que el 21,4% de hace un año), sumando los que ven su situación económica mala (19,7%) y muy mala (5,8%). Y otro dato chocante: los más optimistas son los votantes de Vox (5,2% dicen que su economía es muy buena) y Podemos (5,3%), muy por encima del optimismo de los votantes más optimistas del PSOE (3,6%) y PP (3,5%), según el Barómetro del CIS de septiembre. Y hoy, el Barómetro del CIS de octubre, mantiene el optimismo de los encuestados sobre su situación económica: el 62,9% la ven buena (59,9%) o muy buena (3%).

Quizás este “optimismo” sobre la propia situación económica se explique porque hay mucha más gente trabajando (se han creado 1.861.000 empleos en los últimos dos años, entre junio 2020 y junio 2022) y con trabajos más estables y mejor pagados, gracias a la reforma laboral que entró en vigor este año y a las distintas subidas del salario mínimo, además de que hay más gente cubierta por ayudas sociales (las de la pandemia y las medidas contra la inflación).

Llama también la atención, en el Barómetro del CIS, cuáles son ahora las preocupaciones de los encuestados. El primer problema (19,9% de los encuestados) es la crisis económica y el segundo el paro (14,8%), pero los tres siguientes problemas apuntados no son económicos sino políticos: el  tercer mayor problema (lo apuntan el 10,4% de los encuestados) son “los problemas políticos en general”, el 4ª mayor problema “el gobierno y los partidos políticos” (9,8% encuestados) y el 5º mayor problema, “el mal comportamiento de los políticos” (5,6), colocándose como el 9º mayor problema “la falta de acuerdos y la inestabilidad política” (2,3% encuestados) y el 10º mayor problema, “lo que hacen los partidos políticos” (2,2% encuestados). Así que la política se convierte de una u otra manera en un problema central para el 30,3% de los encuestados por el CIS. Ojo, “la subida de las tarifas energéticas” era el primer problema sólo para el 2,5% de los encuestados…

Al preguntar sobre los problemas que afectan y preocupan más al encuestado, el primer problema que citan es también la crisis económica (para el 24,8% de encuestados, un porcentaje más alto entre los votantes del PP y VOX), pero el segundo es la sanidad (8,7%, que sube al 13,1% entre los votantes del PSOE y baja al 6,1% entre los votantes del PP) y el tercero el paro (8,1%), seguido de cerca por la calidad del empleo (5,5%), la subida de las tarifas energéticas (ojo, en 5º lugar: es la primera preocupación solo para el 4,7% de los encuestados), el medio ambiente (4,5%), la educación y la situación de los jóvenes (primeras preocupaciones para el 2,7% de los encuestados).

Un segundo grupo de datos que aporta el Barómetro del CIS es la clase en la que se inscriben los encuestados. Y los resultados vuelven a ser “chocantes”: casi dos tercios de los españoles (61,9%) se consideran “clase media” (48,7% clase media-media, 13,2% clase media baja). Y sólo un 10,4% se considera “clase trabajadora” y otro 11,3% “clase baja”, mientras un 5,4% se considera “clase alta y media alta” (el resto se incluye en “otras” o en “no sabe/no contesta). Pero al preguntarles su franja de ingresos, se descubre que han sobrevalorado su clase social, porque los que reconocen ingresos de “clase media” (entre el 75% y el 200% del salario mediano, entre 1.125 y 3.000 euros netos al mes) rondan el 45% de los encuestados, no el 61,9%. Y los que indican ingresos de “clase baja” (por debajo del 75% del salario mediano, menos de 1.125 euros netos al mes) suben hasta el 35% de los encuestados, no el 21,7% que se creen clase baja. Sin embargo, hay más encuestados que por sus ingresos (más del 200% del salario mediano, más de 3.000 euros netos al mes) deberían considerarse “clase alta”: un 20%, no el 5,4% que dicen.

Ya en 2019, la OCDE señaló (con esos criterios de ingresos) que la clase media en España alcanzaba un 55% de la población, menos que en los 35 países de la OCDE (donde había un 61% de clase media) y que en Alemania y países nórdicos (70% de clase media). Ahora, tras dos crisis, la pandemia y la inflación disparada, resulta lógico pensar que habrá caído el porcentaje de españoles que son clase media, a costa de aumentar la clase baja y también la clase alta (porque se han disparado las desigualdades). Así que la clase media rondará más el 50% de la población que el 61,9% que se creen los encuestados del CIS…

¿Por qué los españoles sobrevaloran su clase social? Según el experto Luis Ayala, se trata de una cuestión de “consideración social”, de integración social, de “autoestima” y “prestigio”. Y por lo mismo, hay una tendencia a no considerarse “clase baja” (ingresos inferiores a 1.125 euros netos al mes) ni “clase alta” (por encima de 3.000 euros de ingresos), por temor a una posible estigmatización. Así que, “lo más cómodo socialmente”  es considerarse “clase media”, que además es el grupo social preferido de todos los políticos. Y eso también lleva a que muchos de estos españoles “de falsa clase media” vivan por encima de sus posibilidades”, gasten de más y se endeuden sin control, todo un riesgo ahora que suben los tipos de interés y la inflación “se come” los ingresos. La realidad es que, tras las últimas tres crisis (2008, pandemia 2020 e inflación 2022), la clase media se está reduciendo en todo el mundo (y también en España), a costa de crecer la clase baja y alta. Y eso tiene consecuencias en la recaudación (menor) y en el gasto público (mayor).

Otra Encuesta reciente, de 40dB para el País y la SER, aporta también resultados “chocantes” sobre la situación económica y lo que piensan los españoles. Al preguntar a los encuestados sobre las medidas aprobadas por el Gobierno Sánchez contra la inflación y la subida de la energía, sorprende que una amplia mayoría las vean como positivas o muy positivas: la reducción del precio y gratuidad abonos transportes (82,3% la ven positiva o muy positiva: 89% los votantes del PSOE y el 74,6% de los votantes del PP), el tope al gas y la bajada del IVA en la electricidad (75,2% la ven positiva o muy positiva), la bonificación de 20 céntimos a los carburantes (75,2%), las ayudas a las familias con rentas bajas (74,4% apoyo), la suspensión de desahucios a personas y familias vulnerables (73,9%) o el polémico impuesto al beneficio extra de las energéticas (66,1% lo apoya, entre ellos el 80,2% de los votantes del PSOE, el 55,4% de los del PP y el 39,4% de los votantes de VOX). Un dato curioso es que el apoyo baja entre las personas con apuros económicos y que son las más beneficiadas por estas ayudas, mientras sube en el resto de españoles con mejor situación económica.

En esta Encuesta de 40dB se pregunta también a los españoles cuáles son sus principales preocupaciones: la inflación (la citan el 95%), la dependencia energética (para el 89%), las desigualdades sociales (87%), la guerra de Ucrania (83%), el paro (82%), el cambio climático (81%) y la inmigración (preocupa al 59,1%). Y a partir de ahí, se pregunta a los encuestados qué partido está más capacitado para afrontar y resolver estos problemas. La respuesta ganadora es “ninguno”. Pero a partir de ahí, la segunda opción con más respuestas es… el PSOE: aparece como el partido más capacitado para resolver la dependencia energética  (22,6% de respuestas frente al 18% el PP), las desigualdades (el 21,9% frente al 15,6%), la guerra de Ucrania (25,1% frente al 15,6%), el cambio climático (19,5% PSOE, 13,8% el PP) y la inmigración (20,4% frente al 14,5%). Y sólo ven ligeramente más capacitado al PP (21,9%) que al PSOE (21,4%) para luchar contra la inflación.

Otra respuesta muy clarificadora es cuando se les plantea a los encuestados a quien beneficiaría más un hipotético Gobierno PP, “¿quién iría mejor?”: la mitad responden que las clases altas (50% respuestas) y grandes empresas (49,4%) y sólo una cuarta parte (24,1%) creen que mejorarían los autónomos, las clases media (24%) o la mayoría de los ciudadanos (23,9% creen que estarían mejor, el 37,2% que estarían peor y el 27,4% igual), mientras que casi la mitad (42,2% de los encuestados) creen que los más desfavorecidos estarían peor (19,2% mejor y 27,1% igual) con un Gobierno del PP.

Visto el apoyo a las medidas contra la inflación y la guerra, más la consideración sobre la mayor capacidad del PSOE para afrontar los principales problemas de los españoles, parecería que el siguiente paso de esta Encuesta de 40dB sería el avance  electoral del PSOE. Pero es al contrario: el PSOE cae en estimación de voto y el PP le supera desde julio. En esta encuesta de octubre, el PP gana el 29,4% de los votos (21% obtuvo en las elecciones de 2019), el PSOE el 26,3% (baja del 28,3% que obtuvo en 2019), baja VOX (del 15,2% que obtuvo al 14,2% ahora) y Podemos (del 13% al 12,4% ahora), así como Ciudadanos (del 6,9% al 2,2%), subiendo Más País (del 2,3 al 2,9%).

En definitiva, el veredicto de los encuestados es “lo hacéis bien, pero me caéis mal y no os voto”. Es más: aumento el voto a un partido, el PP, que ha rechazado en el Congreso las medidas que aplaudo. Parece una enorme contradicción de los encuestados, que justifican su actitud en el rechazo que provoca la división del Gobierno de coalición, en la falta de empatía de Sánchez, en el polémico apoyo de los nacionalistas (ERC y Bildu) y en la crítica de algunos a que el Gobierno "no vaya más allá"… Lo curioso es que esa misma Encuesta pregunta qué partido le parece “más afín o más cercano a tus ideas” y la respuesta indica que es el PSOE (23,1%), por encima del PP (18,1%). Da igual, no le votan. Aunque tome medidas que les gustan y aunque crean que el PP perjudicaría a la mayoría…

Quizás entenderíamos mejor esta “loca situación” si analizamos la enorme polarización de la sociedad española, la mayor de Europa, alimentada por buena parte de los medios de comunicación. El panorama revela que media España está lanzada a que el Gobierno se vaya, haga lo que haga. Son como los seguidores de los equipos de fútbol: no reconocen un gol magistral de un equipo contario y se alegran cuando pierde en Champions frente a un equipo extranjero. No hay análisis ni objetividad (“Messi es un genio”): no les veo nada bueno y les deseo lo peor. Son enemigos. Y entre tanto, la otra mitad de España, la progresista, o “pasa” (no vota) o está descontenta porque quiere más. Y no está dispuesta a actuar como un bloque, aunque eso facilite la victoria del otro bloque. No son “hooligans” a ciegas de su equipo y critican todo y a todos. Y aunque esta polarización perjudica al país y la salida de la crisis, da igual, porque nadie está por la tarea de pactar el futuro. Así que si todo va a peor, si llega otra recesión, mejor: antes caerá el Gobierno.

Suena muy siniestro, pero esta polarización suicida puede explicar lo que está pasando, que tras dos graves crisis consecutivas (pandemia e inflación), estemos cada vez más divididos y no se apoyen las medidas del Gobierno, que están en línea con las del resto de Europa. Y que los que han votado en contra de la reforma laboral, la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones, el ingreso mínimo vital, los decretos anticrisis, la reforma de la FP, la Ley de Eutanasia o la Ley del sí es sí, saquen mayoría absoluta en Andalucía y ganen votos mes a mes, camino de la Moncloa en 2023. Quizás sea también que, tras tanta incertidumbre, la gente quiere cambio. Es lo que le pasó a Churchill en julio de 1945, tras salvar a Reino Unido (y a Europa) del nazismo: perdió las elecciones. Parece que la historia se repite y muchos votan como “hooligans”, en contra del otro equipo, no analizando lo que hace cada uno y decidiendo en consecuencia. Así nos va.  

El pescado, más caro y escaso

Desde el pasado domingo, 300 barcos españoles no pueden pescar en algunas zonas del Atlántico, desde el golfo de Cádiz al Gran Sol. Es una “veda” pesquera impuesta por la Comisión Europea para regenerar los ecosistemas marinos, un parón que no ven justificado los pescadores españoles, quienes, junto con el Gobierno, van a recurrir al Tribunal Europeo de Justicia. Pero los expertos insisten: nos estamos cargando los mares, el 31% de las especies están sobreexplotadas y el 58% no permiten pescar más. Un problema muy serio que afecta especialmente a España, porque somos uno de los mayores consumidores de pescado del mundo y, a pesar de tener la mayor flota europea, tenemos que importar pescado (somos el 4º importador mundial). Un pescado escaso y que por eso ha subido un 25% este año y subirá otro 33% para 2030. Urge racionalizar la pesca, fomentar la acuicultura y modernizar la flota para asegurar que habrá peces (a precios asequibles) en el futuro.

Enrique Ortega

El pescado es un alimento clave, sobre todo en los países pobres y en desarrollo, pero su consumo crece más que sus capturas. El problema de fondo se ve bien en estos datos del Informe SOFIA de la FAO (ONU): entre 1990 y 2018, el consumo mundial de pescado ha aumentado un +122%, mientras las capturas aumentaron un +14%. Y aunque la acuicultura (pescado “cultivado” en ríos y mares) aumentó un espectacular +527%, no fue suficiente para atender a una demanda que está esquilmando los mares. Y en 2020, la producción pesquera mundial (capturas y acuicultura) había crecido un +60% sobre la pesca producida en  los años 90. O sea, la pesca crece mucho más que la población mundial.

En 2020, la producción pesquera mundial fue de 214 millones de toneladas, por un valor de 424.000 millones de dólares, un récord histórico, según el último informe de la FAO. Esa producción se reparte entre la pesca de capturas (90,3 millones Tm y 141.000 millones de dólares, la acuicultura (que desde 2014 supera a las capturas: 122,6 millones de Tm y 281.500 millones de dólares) y las algas (36 millones de Tm y 2.500 millones de dólares). El total de la producción pesquera (214 millones Tm) se concentra sobre todo en Asia (75% del total entre pesca, acuicultura y algas), seguida muy de lejos de América (10%), Europa (8%), África (6%) y Oceanía. Y por países, los líderes en la pesca de capturas son China (15%), Indonesia (8%), Perú (7%), Rusia (6%), India y EEUU (5% de las capturas mundiales cada uno), con España en el lugar 20º del ranking (1% capturas mundiales). En acuicultura y algas, el líder vuelve a ser China (64,3% de la producción mundial), seguida de Nigeria (11,63%), India (11,6%), América (5%) y Europa (3,74%), con España en cabeza.

España es una potencia pesquera y un gran consumidor de pescado. En 2021, el consumo de pescado en España era de 42,4 kilos por habitante, casi el doble que la media mundial, estimada por la FAO en 20,5 kilos por habitante, lo que nos coloca entre los cinco mayores países consumidores de pescado, tras Portugal y Japón (superan los 50 kg/habitante) y en línea con Noruega e Islandia. La mitad de este consumo de pescado lo hacen las familias en sus casas (22,5 kg de pescado por habitante) y el resto se come en restaurantes y bares, siendo mayor el consumo en el norte y Galicia y menor en el interior, según el Panel de  Consumo 2021. Las especies más consumidas en España son bacalao, lubina, dorada, merluza, caballa, atún, rape, salmón, sardina y lenguado.

Una parte de este consumo se cubre con las capturas de la flota española, que es la mayor de Europa en tonelaje (329.572 Tm de registro bruto), la 2ª en potencia (tras Francia) y la tercera en número de buques pesqueros (8.732 barcos pesqueros en 2021, sólo por detrás de los 14.551 de Grecia y los 12.179 de Italia). La flota española capturó 790.000 Tm de pescado en 2020, más de la mitad (57%) en aguas internacionales (hay 2.000 barcos españoles pescando en aguas de más de 20 paises), un 7,6% en aguas de la UE y el 34% restante pescado en aguas españolas (donde faena el 95% de la flota). En conjunto, la pesca de captura emplea en España a 31.000 marineros, más otros tantos empleos generados en la industria pesquera (570 empresas).

Otra parte del consumo, un tercio de la producción total pesquera española  proviene de la acuicultura (313.274 toneladas en 2021), que tiene ya 5.100 establecimientos y emplea a 40.000 personas. Y aquí, de nuevo, España es líder en Europa: somos el primer productor de acuicultura en toneladas (el 23% de toda la producción acuícola europea) y el 2º en valor de la pesca cultivada (596,7 millones de euros, el 11% del total UE, sólo por detrás de los 1.075 millones que produce Reino Unido), con una producción creciente de dorada, corvina, lubina, rodaballo (cultivados en mar), trucha y esturión (en agua dulce).

A pesar de ser líderes europeos en capturas y acuicultura, la producción pesquera no alcanza a la demanda española de pescado, por lo que somos un país muy importador, el 4º mayor importador del mundo (7.500 millones de dólares en 2021), tras EEUU (22.000 millones importados de pescado), China (15.000 millones) y Japón (13.000 millones), según la FAO. Este año, la importación de pescado sigue creciendo y ya van 5.057 millones de euros importados de enero a julio (+34,6%), lo que prevé cerrar el año con más de 8.000 millones de euros importados de pescado, un récord histórico y casi el doble del pescado que importamos en 2012 (4.811 millones de euros). Los principales paises a los que compramos pescado son Marruecos (521 millones euros), Argentina (328), Francia (291), Portugal (282), China (248) y Ecuador (243). También España exporta pescado, pero menos (4.612 millones en 2021, 3.035 este año hasta julio), aunque no estamos entre los 20 mayores exportadores mundiales. Vendemos sobre todo a Italia, Portugal, Francia y Japón.

Visto el panorama de la pesca, en el mundo y en España, el gran problema es la mala situación de los recursos pesqueros y su negro futuro. La FAO y los ecologistas han lanzado un SOS: “los mares están en peligro”. Según los últimos datos disponibles, el 31% de las poblaciones pesqueras están “sobre explotadas” y otro 58% de las especies no se pueden explotar más. Y la situación aún es peor en el Mediterráneo: el 90% de las poblaciones de peces que se pescan están sobreexplotadas. Y otra alerta: los sistemas de pesca de arrastre llevan a que un 40% de las capturas mundiales sean “no deseadas”, peces que se descartan (y se pierden). En definitiva, que hemos esquilmado los mares, destrozando ecosistemas y especies: hemos perdido un 78% de las familias de peces para el consumo (incluidos atunes, caballas y bonitos), según el informe Living Blue Planet.

En las últimas dos décadas, la FAO y los países han aprobado normativas para tratar de conseguir una “pesca sostenible”, con acuerdos internacionales y certificaciones (como el sello MSC), que han proliferado más en Europa y EEUU que en Asia o África. En concreto, la Unión Europea lleva décadas apostando por la pesca sostenible y por ello ha reducido drásticamente las capturas en aguas de sus países miembros, hasta un 40%, lo que ha obligado a dolorosas reconversiones de las flotas pesqueras: la europea ha pasado de 104.000 barcos pesqueros (1.995) a 81.071 (2021) y la española de 18.478 a los 8.732 actuales.

Ahora, la Comisión Europea ha dado “otra vuelta de tuerca” en su política pesquera conservacionista, al aprobar el 15 de septiembre de 2022 un Reglamento que prohíbe la pesca en 87 zonas del Atlántico nororiental (desde el Golfo de Cádiz al Gran Sol, pasando por el Golfo de Vizcaya), lo que afecta a unos 10.000 pescadores de 4 países europeos: Francia, Irlanda, Portugal y España (afecta a 500 buques y unos 2.500 pescadores del Cantábrico, Galicia y Andalucía). Se trata de una “veda” pesquera, desde el 9 de octubre, que la Comisión ha justificado en un informe científico del Consejo Internacional para la Explotación del Mar (CIEM), que justifica esta veda “para proteger los ecosistemas marinos de unas zonas muy vulnerables”, pero que suponen 16.419 km2, sólo el 1,16% de todas las aguas del Atlántico nororiental.

Los pescadores españoles se han mostrado en contra de esta “veda” pesquera, porque se basa en un informe antiguo del CIEM (con datos de 2011 y 2009), que además sólo habla del efecto de  algunas “artes de pesca” (el arrastre) y no de otros (palangre o otro enmalle). Y ya han anunciado que van a presentar un recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia, al igual que el Gobierno español, que tampoco está de acuerdo con los informes técnicos que esgrime la Comisión Europea y ha defendido (sin éxito)  retrasar la veda hasta que se conozcan otros informes más actualizados en noviembre. Bruselas ya ha advertido que, aunque los informes sean favorables a las tesis españolas, el posible cambio en la veda no se produciría hasta la próxima primavera. 

Bruselas no ha cedido y reitera que la veda se inició el domingo 9 de octubre, aunque unos días antes envió una carta a los países afectados donde “suavizaba” la medida (la Comisión dice que no es un cambio sino “una aclaración”): la veda sólo limitará la pesca de 400 a 800 metros (a más de 800 metros está prohibido pescar desde 2016), lo que en realidad afecta a 35 de las 87 zonas iniciales en el Atlántico nororiental. En definitiva, que en otras 41 zonas (con una profundidad de menos de 400 metros), los barcos europeos sí podrán pescar. Eso suaviza la veda, sobre todo para los pescadores de Andalucía y el Cantábrico, con lo que la prohibición ahora perjudica más a Galicia (la mitad de los 300 barcos afectados). Y se notará en la reducción de capturas de merluzas de pincho, palometas, cabras y cigalas, que seguro van a subir ahora más de precio al consumidor.

Esta polémica veda europea marca el camino de lo que veremos en el futuro: regulaciones más estrictas para la pesca, en aguas europeas y sobre todo en aguas internacionales (el 60% de la pesca mundial se realiza en aguas fuera de una jurisdicción nacional). Los países occidentales (Europa y EEUU a la cabeza) llevan años, con la FAO, avanzando en conseguir una “pesca sostenible”, buscando una “gobernanza de los mares” que preserve el futuro de la pesca, cada vez más escasa. Tratan de multiplicar los estudios sobre el estado de las especies en los distintos océanos, para aprobar vedas y pesca controlada. Es la llamada “transformación azul”: un intento de conciliar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad medioambiental, más urgente en las zonas más sometidas a “sobrepesca” (Asia y Oceanía).

Y en paralelo, la FAO y los países occidentales buscan reducir la “pesca ilegal”, que provoca la extracción descontrolada de entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado, con un valor de entre 9.350 y 21.500 millones de euros, según la ONU, que se pescan ilegalmente (al margen de las cuotas establecidas) por barcos de bandera de conveniencia, también europeos (la mitad, españoles). Se estima que, sólo en aguas europeas, el 66% de las capturas del Mar del Norte y la mitad de los desembarques de atún y pez espada del Mediterráneo son pescados “ilegalmente”, sin respetar normas y cuotas. Y la situación es peor en Asia, África, Oceanía y parte de América, donde los controles son menos estrictos.

Junto a la pesca sostenible, la prioridad es que siga creciendo la acuicultura: la FAO espera que, para 2030, los “cultivos pesqueros” serán responsables del 89% del aumento de la producción pesquera mundial, gracias sobre todo a un aumento de las piscifactorías en Europa y América, hoy retrasadas respecto a Asia y África. Eso pasa por un cambio en la mentalidad de los consumidores occidentales de pescado, que son reacios a consumir productos de piscifactoría, a pesar de que los expertos insisten en su calidad y en sus ventajas sobre la pesca de capturas (reducen el consumo de combustibles fósiles de los barcos, no hay daño ecológico, se evitan los “descartes” de la pesca de arrastre y pueden consumir piensos vegetales e insectos). También ayudará la mayor producción futura de algas.

En cualquier caso, España debe seguir en su proceso de “reconversión pesquera”, que ya se ha cobrado numerosos barcos y empleos en zonas costeras. Por un lado, habrá que modernizar la flota (los pesqueros tienen una media de 31 años) y rejuvenecer los tripulantes, incorporando a los jóvenes a un sector con mucho personal al borde de la jubilación. Y avanzar en la digitalización, en el “barco conectado”, más eficiente y rentable, a la vez que ecológicamente más sostenible. Y todo ello, cumpliendo las normas europeas y una nueva legislación española, que el Gobierno Sánchez aprobó en mayo de 2022: la Ley de Pesca Sostenible, que busca un equilibrio entre mantener el sector pesquero y sostener el medio ambiente marino, para mejorar el uso de las cuotas pesqueras (a la baja).

Al final, los consumidores notamos todo este problema de la pesca en un hecho: el pescado es cada vez más caro, al ser cada vez más escaso. El dato aportado por la FAO (ONU) es muy explícito: entre diciembre de 2021 y abril de 2022, el precio del pescado ha subido un +25%. Y aunque consigamos evitar la sobrepesca y cuidar los océanos, el pescado va a seguir siendo un alimento escaso y  caro en el futuro: los precios aumentarán otro +33% de aquí a 2030, según anticipa la FAO, como consecuencia del aumento de demanda, los mayores costes y la menor disponibilidad de pesca en los mares. Es lo que hay.

Presupuestos 2023: "vacuna" frente a la crisis

El pasado jueves llegaron al Congreso los Presupuestos 2023, que podrían prorrogarse para 2024. Estas cuentas públicas tienen un objetivo: evitar que España caiga en recesión, como se teme en Alemania y parte de Europa, por la inflación y la guerra en Ucrania. ¿Cómo? Tirando de la inversión pública (con Fondos europeos) y aumentando el gasto social a 25 millones de españoles (jubilados, funcionarios, parados, trabajadores, dependientes, beneficiarios del ingreso mínimo, bono social eléctrico y de transportes, jóvenes…), para sostener así su consumo, el crecimiento (la mitad) y el empleo, gracias al aumento de la recaudación, por la inflación y algunas subidas "selectivas" de impuestos. Es una nueva “vacuna” (social) frente a la crisis, muy diferente a la que aplicó Rajoy en 2012 (subida histórica de impuestos y drásticos recortes). Veremos si la mayor inversión y gasto social hacen de "locomotora" e impiden la recesión. Porque si la receta no funciona y la economía decrece,  sólo quedará subir impuestos y volver a los recortes. Crucemos los dedos.

Enrique Ortega

Los Presupuestos de un país son la política que elige un Gobierno para afrontar los problemas y diseñar cómo quiere que evolucione la economía.  Ahora, la gran prioridad de estos Presupuestos 2023 recién presentados es sortear la “recesión” (caída del PIB dos trimestres seguidos), seguir creciendo el año que viene, aunque menos: el gran objetivo de las cuentas públicas es crecer un +2,1% en 2023, la mitad que este año (+4,4%), pero más que la media europea (la UE-27 espera crecer +1,5%) y más que los otros grandes países europeos, más que Alemania (+1,3% estima la Comisión Europea, pero la OCDE prevé que caerán un -0,7%), Francia (+1,4%) e Italia (+0,9%). Y con este menor crecimiento del +2,1% (ojo: similar al +2% de 2019), se busca sortear la grave crisis de la inflación (la segunda en tres años, tras la pandemia) y subir incluso algo el empleo (+122.000 ocupados), llegando a rozar los 21 millones de españoles trabajando a finales de 2023, según el cuadro que acompaña a estos Presupuestos.

¿Cómo puede España evitar la recesión que amenaza a Europa? La estrategia es utilizar los Presupuestos 2023 como “un arma contracíclica”: cuando la economía está débil, cuando la inversión de las empresas y el consumo de los españoles se enfría, el sector público trata de hacer de “locomotora de la economía”, contrarrestar el pesimismo económico del momento con más inversión y más gasto público, que buscan “tirar de la actividad”, crecer aunque sea poco. Para ello, los Presupuestos 2023 utilizan dos instrumentos: aumentar más la inversión pública y el gasto social, para que estos mayores recursos públicos en la economía reanimen la actividad e impidan caer en recesión. Para aportar estos mayores recursos públicos (+6%), este mayor gasto (la “vacuna” contra la crisis), los Presupuestos 2023 contemplan tener más ingresos (+7,7%), recaudados gracias a la inflación, la mejora (pequeña) del crecimiento y el empleo y la subida de algunos impuestos. Veámoslo.

Empecemos por el aumento del gasto público, para sostener la economía. Los Presupuestos 2023 no “disparan” el gasto (como la derecha indica engañosamente), sino que son “moderadamente expansivos”, porque Bruselas no nos dejaría hacerlo, dada nuestra baja recaudación y elevado déficit público. Hay un “techo al gasto”, para cumplir las exigencias europeas, y el conjunto del gasto público (485.986 millones) crece un 7,6% en 2023, lo que supone (descontando un 4,1% de inflación prevista) un crecimiento real del gasto público del 3,5% en 2023. Y dentro de este futuro gasto, hay dos prioridades: el gasto en inversiones públicas y en gasto social, los dos “motores” que mantendrán el crecimiento.

Los Presupuestos 2023 destinan 43.084 millones a inversiones públicas, unas que harán el Estado y otras que transferirán para que las hagan otras instituciones. Lo más llamativo es que las inversiones directas que hará el Estado superarán los 10.000 millones por primera vez en nuestra historia, alcanzando los 11.867 millones de euros, un +33,1% más que en 2022 (y si descontamos la aportación de los Fondos UE, crece incluso un +28%). Estas inversiones públicas harán de locomotora de proyectos, arrastrando mayores inversiones privadas, que ayudarán al crecimiento y a la modernización de la economía.

El otro gasto que hará de “locomotora” de la economía será el gasto social, que crecerá un 10,5% el año próximo: 266.719 millones de euros, 6 de cada 10 euros del gasto presupuestado. La mayor partida de gasto es para pensiones, a las que se destinarán 190.687 millones de euros en 2023 (+11,4% que este año). El mayor aumento de este gasto es por la revalorización de las pensiones con el IPC anual esperado (diciembre 2021-noviembre 2022), un +8,5% de subida para 2023, que tendrá un coste extra para la SS de unos 20.000 millones de euros, a los que sumar las nuevas pensiones y la aportación que va a hacerse en 2023 a la “hucha de las pensiones”, por primera vez en 13 años: 2.957 millones.

Otro colectivo que se beneficia del mayor gasto social son los dependientes, que recibirán 620 millones más, hasta destinarse 3.522 millones a la Dependencia (+152% que hace tres años). También habrá 12.741 millones (+13,2%) para los jóvenes, con la prórroga del bono de alquiler de 250 euros (+200 millones) y las ayudas al alquiler accesible. Y aumenta el gasto público en educación y becas (5.354 millones, +6,6%), sanidad (7.049 millones, +6,7%), cultura (+13,5%), ingreso mínimo vital (sube un 8.5%), bono social térmico (+102 millones), bono transportes (el de cercanías gratuito se amplía a todo 2023) y ayudas familiares (los 100 euros por niño de 0 a 3 años los cobrarán todas las madres, trabajen o no). Sólo baja el gasto en desempleo (-5,3%), pero porque se espera reducir el paro, ya que los parados van a cobrar más en 2023: subirá la prestación asistencial (+3,6%) y la prestación contributiva, del 60% (al que lo recortó Rajoy en 2012)  al 70% de la base reguladora a los 6 meses de cobrar el desempleo (300.000 parados cobrarán 100 euros más al mes).

El objetivo de estas subidas del gasto social a mayores, dependientes, parados, familias con niños y jóvenes es compensarles el efecto de la inflación disparada y que su consumo no caiga en picado y anticipe la recesión. Otro colectivo importante que tendrá una subida importante son los funcionarios: su sueldo subirá un 2,5% en 2023, más un 1% adicional que va a depender de la inflación y del crecimiento del PIB. Y muy importante: antes de que acabe este año, recibirán una paga del 1,5% para compensarles (en parte) la pérdida de poder adquisitivo. En conjunto, el gasto de personal de los 2,7 millones de empleados públicos será de 20.502 millones en 2023, un 6,6% más que este año.

Fuera de este gasto social y del personal laboral, la tercera partida importante de gasto es el pago de los intereses de la deuda pública, que se llevará 31.300 millones en 2023 (+3,7%). Y esta factura para financiar el déficit público no es mayor porque el Tesoro ha anticipado la colocación de deuda este año, antes de la subida de tipos. Fuera de estos gastos, destaca el aumento del gasto en Defensa (12.317 millones presupuestados, +25,8%), para poder cumplir en los próximos años (para 2029) el compromiso con la OTAN de gastar un 2% del PIB en Defensa, en Ciencia (8.673 millones, +23%), en Seguridad Ciudadana (10.719 millones (+5,6%), en Justicia (2.291 millones, +0,3%) y en Política exterior y Cooperación (2.426 millones, +7,6), un desglose que detalla el Libro amarillo de los Presupuestos 2023.

Y todo este gasto público, ¿cómo se paga? Pues con impuestos y con déficit público. En los últimos años, por exigencias de Bruselas, las cuentas se hacen al revés: cuanto déficit público puedo presentar  y, en función de eso, cuanto puedo gastar y cuanto tengo que recaudar. Porque el Gobierno Sánchez y su vicepresidenta Calviño saben bien que han de presentar unas cuentas públicas “asumibles” por la Comisión Europea y “los mercados” (los inversores, para que no les pase como a la británica Truss), aunque ahora (primero por la pandemia y ahora por la inflación y la guerra) no esté en vigor el Pacto  de Estabilidad (prohibido tener más del 3% de déficit y más del 60% de deuda para poder estar en la zona euro). Por eso, el Gobierno ha reiterado que estos Presupuestos 2023 tienen “responsabilidad fiscal”: aumentan el gasto, pero reducen el déficit público (del -5% del PIB en 2022 al -3,9% en 2023 y el -3,3% en 2024) y la deuda pública (del 115,2% del PIB en 2022 al 112,4% en 2023 y en 110,9% para 2024).

¿Cómo se puede gastar más y a la vez bajar el déficit público y la deuda? Pues recaudando más. En principio, los Presupuestos contemplan ingresar 262.781 millones de euros por impuestos, un 7,7% más (+18.710 millones), gracias a tres factores: la inflación (que eleva la recaudación porque todo vale más y tributa más, al no “deflactarse” la tarifa, descontarse la inflación de ingresos y precios), el crecimiento (ligero) de la economía y el empleo y los cambios fiscales que ha aprobado el Gobierno y que entrarán en vigor en 2023 y 2024. En los Presupuestos 2023 se contemplan “medidas fiscales Robín Hood”: se reducen los impuestos a 4,5 millones de trabajadores (no se toca su tipo en el IRPF, pero se extiende la deducción por el trabajo a todos los que ganen menos de 21.000 euros anuales, el sueldo mediano en España), a casi 1 millón de autónomos (a los que se rebaja los módulos y se aumenta los gastos deducibles sin justificar) y a 407.000 pymes (se les rebaja los tipos del 25 al 23%) y , en contrapartida, se les suben a 3.600 grandes empresas (que ahora sólo podrán compensar la mitad de las deudas de sus filiales) y a 17.814 inversores,  contribuyentes que ingresan más de 200.000 euros anuales por intereses o dividendos. En paralelo, el Gobierno aprobará en las próximas semanas una Ley ad hoc con dos nuevos impuestos, que entrarán en vigor el 1 de enero y durante 2023 y 2024: un impuesto a las energéticas (eléctricas, petroleras, gasistas) y a la banca.

Con los cambios fiscales incluidos en los Presupuestos 2023, Hacienda ingresará 3.144 euros más entre 2023 y 2024: por las bajadas a trabajadores, autónomos y pymes perderá 2.559 millones y por la subida a grandes empresas e inversores ganará 5.649 millones. Y con los dos nuevos impuestos a energéticas y bancos, ingresará 7.000 millones extras en los próximos dos años. Además, se anuncia un Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, que afectará a 22.935 contribuyentes con más de 3 millones de patrimonio, para compensar la pérdida de ingresos por la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía, Madrid y otras autonomías del PP. Así, la estrategia es doble: ayudar a reanimar la economía reduciendo impuestos a los que más sufren esta crisis, pero seguir aumentando la recaudación neta, para afrontar el aumento del gasto y a la reducción del déficit. Más “gasolina” a la economía, pero financiándola con las grandes empresas y los más ricos.

Hasta aquí, la filosofía de los Presupuestos 2023, que podrían ser también los Presupuestos prorrogados para 2024 (si las elecciones son en diciembre 2023): una “vacuna” social, que pretende evitar la recesión gastando e invirtiendo más, a costa de recaudar más. Esta estrategia, seguida por el Gobierno Sánchez en los tres Presupuestos que ha hecho, coincide ahora con la estrategia en Europa, donde la Comisión, el BCE y la mayoría de los gobiernos defienden importantes ayudas públicas contra la inflación (y antes, contra la pandemia)  financiadas con subidas de impuestos a las grandes empresas y los más ricos. Una estrategia, una “vacuna” contra la crisis, que nada tiene que ver con la que defendía Europa en la pasada década y que aplicó Rajoy en los Presupuestos 2012 a 2015: subida histórica de impuestos y drásticos recortes de gastos. Ya sabemos por experiencia las consecuencias de esa medicina contra la crisis…Ahora hay que ver el fruto de esta otra vía, que ya hemos visto en la crisis COVID: corta recesión en 2020, empresas salvadas y más empleos.

Esta estrategia de gastos e ingresos de los Presupuestos 2023, en línea con Bruselas, va a tropezar con muchas incertidumbres. La primera y fundamental, la evolución de la guerra en Ucrania, los precios de la energía y la inflación. Si el conflicto se prolonga muchos meses y Europa no consigue frenar los precios del gas y la luz (siguen divididos sobre si poner topes y extender “la excepción ibérica”), las familias frenarán el consumo (a pesar del gasto social y los menores impuestos) y las empresas invertirán menos, rebajándose el crecimiento. Y más si Alemania y parte de Europa “pinchan” y entran en recesión. Harían falta más ayudas y eso obligaría a recaudar más o a seleccionar ayudas y gastos.

La otra incertidumbre son los tipos de interés. Si la inflación tarda en bajar, el BCE seguirá subiendo los tipos (a finales de octubre los pondrá ya en el 2%) y eso hará mucho daño a las familias (el Euribor está ya en el 2,42%, lo que encarece una hipoteca media más de 2.000 euros al año…) y a las empresas, aumentando la morosidad y frenando más la actividad, lo que ayuda también a acabar en recesión. Y eso siempre que la subida de tipos y la crisis en Europa no provoque otra “crisis de la deuda” como la de 2010-2012, lo que nos encarecería la financiación del déficit, restando recursos públicos.

Y un tercer tema clave es cómo gastemos los Fondos europeos, unos 25.000 millones anuales incluidos en los Presupuestos de 2021,2022 y 2023. Es un dinero básico, del que depende buena parte de la inversión prevista, pero que en su mayoría no se ha gastado y muchos de los proyectos están sobre el papel, no en ejecución. Todo apunta a que 2023 va a ser el año clave para ejecutar estos Fondos europeos. Y que de hacerlo bien o mal depende en buena medida que España crezca algo o nada el próximo año… Y ejecutar bien este dinero clave para modernizar el país depende en buena medida de una estrecha colaboración entre el Gobierno central, las autonomías y los empresarios, una relación que hoy resulta bastante polémica (y más en un año electoral).

Al final, que la “vacuna” social de estos Presupuestos 2023 “funcione” y nos salve de la recesión depende de que lo noten los 25 millones de españoles beneficiados (por el mayor gasto social y los menores impuestos), reduzcan su incertidumbre y consuman. No es fácil, porque el pesimismo del momento es evidente (“España está mal, aunque los españoles dicen que están bien”, según el último Barómetro del CIS) y existe una tremenda polarización política, que impide hacer necesarios Pactos frente a la crisis. Si los Presupuestos no ayudan a recomponer la confianza o el conflicto en Ucrania  y la inflación se agravan, no será posible crecer el 2,1% previsto en 2023 (el Banco de España prevé que creceremos mucho menos, el 1,4%, y la OCDE, un 1,5%). De ser así, de crecer menos o caer en recesión, las cuentas de los  Presupuesto 2023 no saldrían. Y sólo quedaría subir impuestos o recortar gastos otra vez, recetas que agravarían la situación. Crucemos los dedos para que la “vacuna” funcione.

¿Subir o bajar impuestos?: esa no es la cuestión

Con elecciones por delante, vuelve el viejo dilema: subir o bajar impuestos. Es un debate político, no económico: la prioridad de España debe ser recaudar más, porque llevamos décadas recaudando menos que Europa y urge ingresar más para afrontar la crisis. Para conseguirlo, hay que subir impuestos a los que pueden pagarlos, a las empresas con beneficios y a los ricos. Y si podemos, que paguen menos los que ya pagan y necesitan más ayuda, los trabajadores, autónomos y pymes. Es lo que recomiendan la Comisión Europea, OCDE, FMI y hasta el BCE: subir impuestos selectivamente y no hacer bajadas generalizadas. Y menos a los más ricos, como defiende el PP y sus autonomías. Ahora, a falta de una reforma fiscal de verdad, el Gobierno ha aprobado “un parche Robín Hood”: subir impuestos a 3.600 empresas y 23.000 ricos y bajárselos a 4 millones de trabajadores, 400.000 pymes y un millón de autónomos. Y aun así, recaudar 3.144 millones más en 2023. Por economía, no por ideología.

Enrique Ortega

Antes de entrar en el dilema sobre subir o bajar impuestos, veamos dónde estamos, cual es la situación fiscal de España. Y está claro que tenemos un grave problema de fondo, reiterado por la Comisión Europea y todos los organismos internacionales: recaudamos poco, menos que el resto de Europa. Y no es un problema de ahora, de este Gobierno o el anterior: lo arrastramos desde siempre, con Franco y con la democracia. Así, en 2004, en plena “burbuja inmobiliaria”, España recaudó el 37,4% del PIB, frente al 44,9% que recaudó la UE-28, el 53,9% que recaudaba Francia y el 45,2% que recaudaba Alemania. Y con la crisis, entre 2008 y 2012, la recaudación fue menor en España (36,5% del PIB) mientras se mantenía estable en Europa (45%) y quedaba lejos en Francia (50,7%) y Alemania (44,5%, según la Comisión Europea.

No se trata de que nosotros paguemos más o menos impuestos que el resto de europeos. Se trata de que España recauda un porcentaje menor de su riqueza (PIB), que tenemos mucho menos “músculo fiscal”. Si se toma un periodo amplio, la década entre 2011 y 2020, España recaudó el 38,7% de su PIB, frente al 46,1% la UE-28. Significa que hemos ingresado 85.000 millones menos cada año que si recaudáramos como los demás europeos: una pérdida de ingresos de 851.000 millones en la pasada década. Y si tomamos los datos de 2021, la brecha de recaudación con Europa sigue ahí, aunque se ha reducido por la mejora de recaudación tras la pandemia y las subidas de impuestos del Gobierno Sánchez: España recaudó el 43,7% del PIB, frente al 46,9% de media la UE-27, el 47,8% de Alemania, el 48,3% de Italia y el 52,8% de Francia, según Eurostat. Eso significa que si recaudáramos como los demás europeos, España ingresaría entre 38.562 millones (UE-27), 49.407 millones más (Alemania) o 109.600 millones más (Francia)… cada año.

¿Por qué España recauda menos que la mayoría de Europa? (sólo Irlanda, Rumanía, Bulgaria, Malta, Estonia, Letonia y Lituania recaudan comparativamente menos). Porque recaudamos menos en todos los impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB frente al 10% la UE-27, el 9% que recaudan Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% en Dinamarca. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia: el 6,3% del PIB frente al 6,9% de media en la UE. La culpa es del exceso de productos con el IVA reducido (al 10%) o superreducido (4%). En el impuesto de Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa: el 2,3% del PIB, por debajo del 2,5% que recauda la zona euro. Otra vez, la culpa son las enormes exenciones y beneficios fiscales, que restan recaudación. Y en los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también España recauda menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos, debido a que el tabaco, el alcohol y los carburantes pagan menos impuestos en España. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

Al final, tenemos unos impuestos similares a los europeos, con tipos algo más bajos, pero que recaudan menos porque son “un queso de gruyere”, están llenos de agujeros por los que se pierde recaudación: las deducciones, exenciones y bonificaciones fiscales, que además benefician más a los que declaran mayores ingresos (fomentan la desigualdad). Un dato reciente: en 2021 se concedieron 39.049  millones de “beneficios fiscales”, un 17,5% de la recaudación fiscal. O sea, las deducciones suponen 1 de cada 6 euros de ingresos potenciales y son muy abultadas en el IVA (20.491 millones), en la Renta (11.178 millones) y en Sociedades (3.871 millones de deducciones). Con ello, las grandes empresas y las rentas de capital (intereses y dividendos) pagan un tipo efectivo (9,2% sobre beneficios)  inferior a las pymes (17,2%) y trabajadores (12,81%). Y además, España ingresa también menos porque hay mucho fraude fiscal: la economía sumergida (actividades no declaradas) supone el 20% del total, frente al 13% en Europa, según el FMI.

Así que tenemos un serio problema de baja recaudación, que acarrea dos consecuencias. Una, que como ingresamos menos, también gastamos menos que el resto de Europa. Así ha sido en el pasado (en 2003-2007, el gasto público era en España del 38,7% del PIB frente al 46,8% que gastaba Europa), después de la crisis financiera (44,9% del PIB frente a 48,6% entre 2011 y 2020) y el año pasado: en 2021, España gastó el 50,6% de su PIB (por las ayudas a la pandemia y la inflación), todavía menos que la UE-27 (51,6% del PIB) y que Alemania (51,5%), Italia (55,5%) y Francia (59,2% del PIB). Eso significa que gastamos 12.000 millones menos (al año) que si nuestro gasto público fuera como el del resto de los países europeos.

Y la segunda consecuencia es que, como los gastos públicos acucian y hay que pagarlos, cubrimos una parte de lo que no ingresamos con déficit público y nos endeudamos para financiarlo. El resultado de que “la recaudación no nos llegue” es que España tiene el 6º mayor déficit público de la UE-27 (un 6,9% del PIB en 2021) y la 4ª mayor deuda pública acumulada del continente (debemos 1.425.000 millones, el 118,4% del PIB), que nos obliga a gastar cada año 31.675 millones de euros en intereses, más “la herencia” de la devolución del  principal a nuestros hijos y nietos.

En definitiva, que por culpa de recaudar menos que el resto de europeos, tenemos más déficit y encima gastamos menos en lo que hace falta. Así, España gasta menos en sanidad (7,6% del PIB frente al 8% de media en la UE, el 8,5% en Alemania y el 9% en Francia), en educación (3,5% España frente al 3,9% la UE, el 4,5% Francia y el 5,2% Suecia), en gastos sociales (suponen el 16,9% del PIB frente al 19,2% en Europa) o en Ciencia (España gasta en I+D+i el 1,41% del PIB, la mitad que el 2,32% de la UE y un tercio del 3,14% que gasta Alemania). Y lo mismo podría decirse de una lista larga de necesidades públicas: vivienda,  infraestructuras, obras hidráulicas, protección civil, lucha contra incendios, formación… Todo menos en pagar el desempleo, donde gastamos más que el resto de Europa porque tenemos más del doble de paro.

Visto así, no parece que subir la recaudación sea una opción ideológica (de “izquierdas”) sino una necesidad económica, de puro sentido común. Recaudamos y gastamos menos en lo que hace falta que el resto de europeos y con este menor colchón de ingresos hemos tenido que afrontar dos crisis seguidas, la pandemia y la inflación disparada con la guerra en Ucrania. En la anterior crisis, de 2008 a 2011, Europa y el gobierno Rajoy optaron por “la mayor subida de impuestos de la democracia” (2012-2014) y los recortes. Ahora, Europa y el Gobierno Sánchez optan por el camino contrario: más ayudas, gastar más, con un Plan de recuperación (850.000 millones, 140.000 para España)  y 500.000 millones en ayudas a empresas y familias contra la inflación: España es el 4º país con más ayudas públicas (35.500 millones, el 2,9% del PIB), tras Alemania (100.200 millones, el 2,8%), Francia (71.600 millones, el 2,9%) e Italia (59.200 millones, el 3,3% de su PIB), según Bruegel.

Con este panorama, y el temor a que la guerra en Ucrania y la inflación se prolonguen y exijan más ayudas en los próximos meses, no está el patio para bajar impuestos sino para recaudar más. Es lo que defienden desde hace meses el FMI y la OCDE, y más recientemente la Comisión Europea y el BCE, organismos poco sospechosos de ser “de izquierdas”. Todos reiteran que hacen falta ayudas, no generalizadas sino selectivas (a las familias y empresas más afectadas) y que hay que recaudar más, poniendo impuestos a las empresas que se benefician de la crisis, como las energéticas. Incluso el economista jefe del BCE, Philip Lane acaba de defender “subir impuestos a los más ricos y a las empresas más rentables”. Por pura estrategia económica, no por ideología: es hora de recaudar más para gastar más, no menos. Y España, que recauda poco, con más motivo.

La excepción internacional ha sido la nueva ministra británica, la conservadora Liz Truss, que aprobó un plan para bajar los impuestos… a los ricos: los que ganan más de 150.000 libras al año (172.500 euros) pagarían el 40% en vez del 45%. La medida provocó un desplome de la libra, porque los inversores temían que Reino Unido no pudiera financiar sus ayudas contra la crisis (lleva gastados 178.400 millones de euros, el 6,5% de su PIB) si reduce su recaudación. Incluso sus colegas conservadores estaban en contra, forzando a Truss a retirar esta rebaja concreta, aunque sigue con su Plan: "bajar impuestos es lo correcto, moral y económicamente", reiteró ayer. La otra excepción en Europa es el PP español, con Feijoo defendiendo desde hace semanas la bajada de impuestos, como medida estrella para luchar contra la inflación. Ideología antes que realismo.

Y en medio de este panorama, Andalucía y Madrid, dos autonomías gobernadas por el PP anuncian bajadas de impuestos en 2023, año de elecciones. Ambos aprueban “deflactar” la tarifa de la Renta, lo que supone descontar la inflación a lo que se ha ganado en 2022, lo que hará que se pague menos. Pero ojo, la medida reducirá la recaudación (que tanta falta hace para sanidad, educación, gastos sociales y en Andalucía, contra la sequía) de forma desigual: pagarán menos los que más tienen. En Madrid, por ejemplo, la deflactación ahorrará 19 euros anuales a las rentas más bajas y 110 euros a las más altas. Además, Andalucía se suma a Madrid y también suprime el pago por el impuesto de patrimonio  a sus 20.660 contribuyentes más ricos, con lo que perderá 120 millones de recaudación. Madrid lleva desde 2011 sin cobrar patrimonio y beneficiando a 19.508 declarantes más ricos (250 con más de 30 millones), perdiendo 905 millones de recaudación al año.

Tras las rebajas de Andalucía y Madrid, las demás autonomías gobernadas por el PP  (Murcia, Galicia, Castilla y León) se han lanzado a prometer rebajas de impuestos en 2023, por la vía de deflactar la tarifa o suprimir el impuesto de sociedades. Incluso tres comunidades gobernadas por el PSOE, Valencia, Baleares y Castilla la Mancha, se suman a las rebajas, aunque de otra manera: proponen bajar impuestos a las familias con menos ingresos y subirlas a los más ricos, con un saldo de pérdida de recaudación.

Esta rebaja autonómica de impuestos es injusta por partida triple. Injusta con Europa, cuyos contribuyentes no entenderán que algunas regiones españolas bajan impuestos cuando nos han prometido 140.000 millones (77.200 millones a fondo perdido), que saldrán de sus bolsillos. Injusta con otras autonomías, porque con el sistema de financiación autonómica actual, hay regiones que ingresan de más y otras menos: Madrid recibe el 101,2% de la media (es de las sobre financiadas, junto a Cantabria, la Rioja, Canarias, Extremadura y Baleares), mientras otras reciben menos en el reparto (Valencia, Murcia, Castilla la Mancha y Andalucía están infra financiadas). Y sobre todo, injusta con la mayoría de los ciudadanos: las autonomías que bajan impuestos son las que menos gastan en sanidad (Madrid, Cataluña, Murcia y Andalucía tienen el menor gasto por habitante), en educación (Madrid es la que menos gasta) y gastos sociales (Murcia, Madrid y Andalucía entre las 5 que menos gastan). No es casualidad: si se bajan impuestos, se recauda menos y se gasta menos.

El Gobierno ha querido cortar de raíz esta “carrera de rebajas fiscales”, aprobando varios cambios fiscales para 2023 y 2024, que son un “parche”, un sucedáneo de la reforma fiscal a fondo que España necesita, pero que es imposible pactar en víspera de un año electoral. Es una “estrategia fiscal Robín Hood”: bajar impuestos a una mayoría de familias y empresas con más problemas, a cambio de subirlos a una minoría, buscando que el saldo sea positivo: +3.144 millones de recaudación entre 2023 y 2024.

La bajada de impuestos no es generalizada (en línea con Europa) sino que afecta a tres grupos. El primero, entre 4 y 5 millones de trabajadores con menos ingresos, que ganan menos de 21.000 euros anuales (el salario mediano en España): no se toca su tarifa en el IRPF pero se extiende la deducción por el trabajo, con lo que pagarán menos en Renta (entre 331 euros un matrimonio con dos hijos, 689 menos un pensionista medio y 746 euros un soltero). El segundo, los autónomos, a los que se rebaja un 5% adicional el rendimiento neto de los módulos por los que pagan (beneficiará a 577.000) y se les permite aumentar del 5 al 7% los gastos deducibles sin justificar (beneficia a 956.000 autónomos). Y el tercero, la rebaja de tipos (del 25 al 23%) a las pymes que facturan menos de 1 millón de euros (son 407.384). Y baja el IVA de las compresas al 4%. En total, un ahorro fiscal de 2.505 millones.

Para compensarlo, se suben los impuestos a dos pequeños grupos. Uno, a los grandes grupos empresariales, a los que se limita un 50% la posibilidad de compensar las pérdidas de sus filiales (pagarán más 3.600 grandes empresas). Y otro, a los más ricos, con la creación de un nuevo impuesto de Solidaridad a las grandes fortunas, que afectará sólo a 22.935 contribuyentes con más de 3 millones de patrimonio, que pagarán este impuesto vivan donde vivan. Además, se sube el impuesto a los que ingresan más de 200.000 euros anuales en intereses y dividendos (del 26 al 27 y 28%, según la cuantía), lo que subirá los impuestos a 17.814 contribuyentes. En total, entre grandes empresas y los más ricos, se espera ingresar 5.649 millones más entre 2023 y 2024. Restando los 2.505 millones que se rebajan a trabajadores, autónomos y pymes, se recaudará 3.144 millones más. Que falta van a hacer.

Estos cambios fiscales se suman a los dos nuevos impuestos, a los beneficios extraordinarios de las energéticas (en línea con lo aprobado por Europa) y la banca, para recaudar 7.000 millones extras en dos años, que el Gobierno pondrá  en marcha en 2023, con una Ley ad hoc que tampoco apoya el PP. En conjunto, se busca recaudar más, porque hará falta “con la que está cayendo”. Es una necesidad económica, no ideológica. Por eso digo que subir o bajar impuestos es un falso dilema: ahora, en esta coyuntura económica, hacen falta más ingresos, no menos. Es puro sentido común, no ideología. En España, ya nos faltaban ingresos antes y más ahora, para afrontar esta nueva crisis por la inflación, tras la pandemia. Y urge reforzar la sanidad, la educación, la lucha contra la desigualdad, la modernización del país, que buena falta nos hace. Que no les engañen.