La carne, un negocio millonario

La polémica de las macrogranjas tiene detrás al potente negocio de la carne en España, que mueve 50.000 millones de euros y emplea a 2,5 millones de personas. Un negocio millonario que se inicia en las enormes granjas de cerdos (53 millones) y ovejas, donde España es el primer productor europeo, pollos (700 millones: somos el 2º productor)  o de vacuno, donde somos el tercero. Y sigue en los mataderos e industrias cárnicas, la 4ª mayor industria española. Una parte de esta carne acaba en nuestra mesa (somos los más “carnívoros” de Europa) pero la mayoría se exporta, sobre todo el cerdo a China, Asia y Europa, una “burbuja” que ha disparado las macrogranjas. Problemas: comer demasiada carne es malo para la salud y el medio ambiente: genera emisiones y contamina suelos y aguas, además de maltrato laboral (muchos trabajadores precarios) y a los animales. El dilema no es carne sí o no: deberíamos comer menos carne y producirla dañando menos al medio ambiente. Pero eso implica pagarla más cara.

Enrique Ortega

La carne es un sector económico muy potente en España. Empezando por su producción: a principios de 2021, la ganadería aportaba 20.901 millones de euros a la actividad agraria, el 37,4% de toda la producción del campo, según el Ministerio de Agricultura. Y si tomamos sólo la producción de carne (descontando leche y huevos), las 350.000 explotaciones de carne que hay en España facturaron 15.476 millones de euros, todo un récord, según la Plataforma Campo y Salud. Casi la mitad del valor de la ganadería la producen las 83.360 granjas de cerdos: 7.417 millones de euros facturados en 2020. Les siguen las 130.790 granjas de vacuno (facturaron 3.363 millones), las 20.754 granjas de aves (sobre todo pollos), que produjeron por valor de 2.349 millones, las 113.779 granjas de ovejas y cabras (facturaron 2.072 millones) y las 19.972 granjas de conejos (275 millones más).

Alrededor de estas explotaciones agrícolas giran una serie de negocios que también tienen una alta facturación: fábricas de piensos, empresas de sanidad animal y veterinarios, además de instaladores de granjas y maquinaria. Y a partir de ahí, otra sucesión de empresas que se generan a partir de las explotaciones ganaderas: mataderos, salas de despiece, empresas de empaquetado y congelado, procesado de carne, logística y distribución. Sólo la industria cárnica (mataderos, salas de despiece e industrias de elaboración de productos cárnicos) está integrada por más de 3.000 empresas, que facturaron 27.957 millones de euros en 2020, según la patronal Anice. Eso la convierte en la 4ª mayor industria española, tras la del automóvil, las petroleras o las energéticas. Y supone, sólo la carne, el 22,2% de toda la industria alimentaria española. Ahí no se incluye a las 24.200 carnicerías, que facturan otros 4.300 millones en 2020. Y además, la carne es la 9ª mayor partida exportadora, con unos 10.200 millones de euros vendidos fuera en 2021.

Y ya no es sólo que la carne sea un negocio millonario, es que además mantiene muchísimos empleos. En origen, unas 500.000 personas trabajan en las explotaciones ganaderas de carne, según el Ministerio de Agricultura. La industria de la carne, desde los mataderos a las fábricas de elaboración der productos cárnicos, emplea  a 119.646 trabajadores directos, más un 20% de indirectos. Y en las carnicerías trabajan otros 60.000 empleados. Son las grandes cifras de un negocio que ocupa en España a 2,5 millones de personas, según la Plataforma Carne y Salud, desde las explotaciones ganaderas, las fábricas de pienso, la industria de sanidad animal y veterinarios, el transporte de animales, los mataderos y salas de despiece, las industrias de la carne, la logística, las carnicerías, supermercados y exportadores.

El origen y motor de todo este negocio está en el campo, en la producción de carnes, que se ha disparado en los últimos años: la producción ha pasado de 3,46 millones de toneladas de carne en 1990 a 7,6 millones de toneladas en 2020 (+5,1%), batiendo récords año tras año y colocando a España en cabeza de la UE. Dos tercios de la producción de carne (el 66%) es carne de cerdo, una ganadería que tiene cifras impresionantes: 5 millones de toneladas producidas en 2020 (+8,2%), 53 millones de cerdos al año, lo que nos ha colocado ya como el primer país productor de cerdos de Europa, superando a Alemania, y el tercero del mundo (tras China y EEUU). La 2ª mayor producción de carne son las aves: 1,71 millones de toneladas, un +0,7%  (1,4 millones de pollos: se matan 700 millones al año en las granjas españolas), lo que nos convierte en el 2º mayor productor de aves de Europa (tras Polonia) y el 10º del mundo (un mercado dominado por EEUU, China y Brasil). La tercera mayor producción es la carne de vacuno: 677.296 toneladas en 2020 (bajó un -2,5%), que nos convierten en el tercer mayor productor europeo, tras Francia y Alemania. Y le sigue, en cuarto lugar, la producción de carne de ovino y caprino: 124.467 toneladas (-5,5%), que nos sitúa como el primer productor europeo (15% de la UE), tras la salida del Reino Unido (15,6%),por delante de Francia (11,2%), Grecia (9,2%) e Irlanda (8,4%).

Hasta hace unos años, el tirón de esta producción de carne era el consumo interno, el hecho de que seamos “un país carnívoro”. De hecho, las estadísticas de la FAO (ONU) colocan a España como el primer consumidor de carne de Europa y el 7º del mundo: 98,79 kilos por persona (2018), por delante de Portugal (94,68), Polonia (88,48) o Italia (81,69 kilos) y lejos de Francia (79 kilos), Alemania (78,75) o Paises Bajos (69,18 kilos). El Ministerio de Agricultura rebaja la cifra a 51,45 kilos por persona en 2020, el primer año en que ha subido el consumo (por la pandemia) tras bajar desde 2012. La carne es el mayor gasto en alimentación de las familias (se llevó el 20% del presupuesto en 2020), que consumieron 2.287 millones de kilos, por los que pagaron 15.990 millones de euros, según el Ministerio de Agricultura. Los españoles consumen la carne sobre todo fresca, aunque aumentan la transformada (27%) y congelada (2 %). La carne más consumida es el pollo (625,6 millones de kilos), seguida de los elaborados cárnicos (569,3), el cerdo (501,5 millones kg), vacuno (244, 7 millones kg), oveja y cabras (64,6 millones kg) y aumenta el peso de “otras carnes” (281,9 millones kg).

En la última década, el gran motor que ha tirado de la ganadería de carne son las exportaciones, que se han triplicado: se ha pasado de exportar 3.411 millones de carne en 2011 a 10.200 millones exportados con los que se espera cerrar 2021. En todo 2020 se exportó carne por valor de 9.842 millones de euros y en noviembre de 2021 (último dato) ya se habían exportado 9.405 millones. Con ello, la exportación de carne es la  9ª mayor partida exportadora de España, tras el automóvil (27.644 millones), las frutas (18.848 millones), la energía (15.640 millones), los medicamentos (15.520), la maquinaria (14.088), los textiles (12.434), plásticos (12,288) y aparatos eléctricos (11.218 millones). El principal destino de las exportaciones españolas de carne es China (33,5% en 2020, el doble que en 2019, por las importaciones récord de cerdo ante su epidemia de peste porcina), Francia (12,5%), Portugal (7,9%), Italia (6,8%) y Japón (4,8%).

El “boom” de la exportación de carne española se debe básicamente al cerdo (5.651 millones exportados en 2020), que supone el 58% de todas las exportaciones cárnicas, lo que ha alimentado una “burbuja” de producción y macrogranjas, convirtiendo a España en uno de los cuatro mayores exportaciones mundiales de porcino, junto a EEUU, Alemania y China. El segundo renglón exportador son los productos  elaborados: 1.148 millones exportados, sobre todo jamón, embutidos y derivados, junto a platos preparados. La tercera partida por valor es la exportación de vacuno (760 millones de euros), la mitad a Portugal (26,4%) Italia (18,1%) y Francia (7,4%), seguidas de Libia (6,7% y Grecia (6,2%). La 4ª la exportación de aves, 387 millones, sobre todo a Sudáfrica, Francia, Portugal y Reino Unido. Y le sigue la exportación de ovino y caprino, que en 2020 alcanzó un récord: 367 millones exportados, sobre todo a Francia (28,1%), Libia (15,8%), Arabia (11%), Jordania (7,5%) e Italia (6,1%).

El alto consumo de carnes en España y el boom de las exportaciones, sobre todo a Asia y Europa, han relanzado la industria de la carne, que busca ajustar costes para ofrecer bajos precios con los que competir en España y, sobre todo, en el extranjero. Eso ha provocado dos grandes reajustes en el negocio de la carne. El primero, en origen, la tendencia a montar explotaciones cada vez más grandes, fomentando la creación de macrogranjas, sobre todo de cerdos y pollos, los dos negocios más dirigidos a la exportación. Se estima que de las 350.000 explotaciones ganaderas, sólo 7.100 se pueden considerar “macrogranjas”, radicadas principalmente en Aragón (922), Cataluña (856) y Castilla y León (582), pero cada vez tienen más peso en la producción y exportación. De ellas, las que más crecen son las macrogranjas de cerdos, 3.217 contabilizadas como tales (la mayor, en Castillejar de Granada, puede producir 500.000 cerdos al año) y las de pollos, donde  las granjas tienen un tamaño medio elevado (280.000 pollos).

El otro reajuste en el negocio de la carne, para rentabilizarlo, es que muchas explotaciones y empresas han dado el salto a “la integración vertical”: no sólo explotan granjas de carne sino que han montado empresas de piensos, mataderos y hasta fábricas para productos cárnicos, todo dentro del mismo grupo empresarial. Y muchas ofrecen a los ganaderos ponerles  los animales, los piensos y los servicios, pagándoles porque les cuiden los cerdos o las gallinas, con un pago por animal: 12 euros por cerdo criado, por ejemplo. Este sistema, que ha impulsado un tipo de ganadería “intensiva” considera el proceso de producción de carne como una industria: desde la genética de animales madres hasta los piensos, la tecnología de las instalaciones, los cuidados veterinarios, la recogida, el matadero y el despiece, la elaboración de productos frescos y congelados y la logística para transportar y vender la carne aquí o fuera.

Esta “industrialización” del negocio de la carne ha creado unas industrias cárnicas cada vez más poderosos, creadas por pequeños empresarios desconocidos que ahora gestionan grupos millonarios. Podemos perfilar “5 grandes familias” de las que no se habla. Como la familia Vall Esquerda de Lérida, un grupo que factura 1.600 millones de euros y que mata 4,5 millones de cerdos (es el primer productor de porcino de la UE) y 72 millones de aves. O el Grupo Costa, de Huesca, que factura 1.500 millones, con cerdos (3,6 millones), pollos (60 millones) y productos cárnicos. El Grupo Jorge, aragonés, que es el 2º productor de porcino de España (4 millones) y el primer exportador (el 14% del cerdo que se vende a China). O el Grupo Delisano, de Gerona, especialista en porcina y proveedor de Mercadona, que supera los 1.000 millones de facturación, Y el Grupo Incarlopsa, de Tarancón (Cuenca), proveedor también de Mercadona, que factura 678 millones. Todos tienen negocios “integrados”, desde granjas (propias y “alquiladas) a mataderos o industrias agroalimentarias.

Ya sabemos algo más del negocio de la carne, que crece sin parar, en España y en todo el mundo: el siglo XXI es “la Era de la Carne”: si en  1950, la producción mundial eran 50 millones de toneladas, en el año 2.000 ya se había cuadruplicado con creces (229 millones) y alcanzaba los 337,2 millones Tm en 2020, según la FAO (ONU), que prevé se llegue a los 465 millones Tm en 2050. La tendencia es que los paises ricos occidentales moderan su consumo de carne, pero lo aumentan los paises en desarrollo, sobre todo en Asia y Latinoamérica, y antes o después lo harán en África. Mercados con futuro para las competitivas empresas españolas, que también modifican su oferta en España, con nuevos productos derivados de la carne.

Ser una potencia cárnica es bueno para España, por su aportación creciente a la economía y por el empleo que crea. Pero la industria de la carne acarrea tres graves problemas. El primero, que consumir demasiada carne provoca problemas de salud, como han advertido múltiples veces científicos y la OMS: enfermedades cardiovasculares, mayor riesgo de cáncer colorrectal (por las carnes procesadas y las rojas), diabetes y sobrepeso. Y además, el tratamiento de muchos animales de la ganadería intensiva con hormonas y medicamentos provoca que puedan acabar en los humanos, además de que al procesarse industrialmente la carne se añaden productos que pueden ser nocivos, como los conservantes y aditivos, antioxidantes, excipientes y mucha sal.  La recomendación de la OMS es no consumir más de 21 kilos por persona (51,45 en España), unos 300 gramos a la semana, mientras la Asociación Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) recomienda consumir carne de 2 a 4 veces a la semana (entre 200 y 500 gramos semanales, la tercera parte de los 989 gramos semanales de carne que ahora comemos).

El segundo problema es medioambiental. Por un lado, la ganadería general el 14,5% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo (metano, óxido nitroso y amoniaco), por los animales y las instalaciones. Y en España, la ganadería fue responsable del 9,14% de todas las emisiones, según los datos oficiales .Además, las explotaciones ganaderas (más las macrogranjas) contaminan el suelo y las aguas (primero las subterráneas y luego el resto). Y gastan muchísimo agua: producir 1 kilo de carne de vaca necesita 15.000 litros (y producir un kilo de maíz, 1.500 litros). Además, la fabricación de forraje para el ganado provoca que se talen bosques (cada año, 13.000 hectáreas de bosques se talan para convertirlas en pastizales y cultivos con los que alimentar al ganado (cultivos que no comen las personas).

El tercer problema, del que ahora ya no sólo hablan los ecologistas sino también los científicos, es el maltrato animal, ligado a la ganadería industrial y a las macrogranjas: animales hacinados en jaulas durante largos periodos, engordados a destajo. Pero hay otro maltrato del que se habla menos: el maltrato laboral. La industria de la carne ofrece empleos muy precarios, en muchos casos a inmigrantes, con contratos en exceso temporales y bajísimos salarios, desde las granjas a los mataderos. Esto se ha visto especialmente durante los primeros meses de la pandemia, donde comprobamos que muchos trabajadores de mataderos malvivían hacinados, con subempleos y alto riesgo de contagio.

Al final, muchos han querido convertir el debate de las macrogranjas en un debate simplista: carne sí o carne no. La respuesta debería ser: carne sí, pero menos y producida sin poner en riesgo el medio ambiente y sin maltrato laboral y animal. Había que parar “la burbuja de la carne”, alimentada por el boom exportador, y hacer un Plan para racionalizar el consumo y la producción de carne compatibles con nuestra salud y el Planeta. Y, en consecuencia, aprobar una moratoria para paralizar nuevas explotaciones y racionalizar las existentes, con planes y ayudas para que produzcan carne de forma más sostenible. Es un debate que ya se ha iniciado en Alemania y en Holanda (donde se ha creado incluso un Ministerio de la Naturaleza para reducir las emisiones de la ganadería) y que debía abrirse aquí sin oportunismo político. Y todos debemos saber que si queremos una carne más respetuosa con el medio ambiente, los trabajadores y los animales, será más cara. Así de claro.

Más pobreza y menos ayudas

Sabíamos que la pandemia aumentó la pobreza en España en 2020 (+223.000 "pobres", según el INE) pero Cáritas acaba de anticiparnos que también aumentó en 2021: hay ya 11,59 millones de “pobres” (ingresan menos del 60% que la media), casi 1,5 millones más que en 2018. Y además, casi la cuarta parte de los españoles están en situación de “exclusión social” (2,5 millones más que en 2018), con problemas graves de empleo (parados o con trabajos precarios), vivienda, consumo, salud, educación (y brecha digital) o conflictos familiares. Y mientras aumenta la pobreza (y la desigualdad), sólo el 3% de esos pobres reciben el ingreso mínimo vital y un 8% las rentas mínimas autonómicas, con un dato escandaloso: 7 autonomías redujeron los beneficiarios en 2020, Madrid, Aragón y Baleares en cabeza. Y los servicios sociales de los Ayuntamientos están colapsados, con 25 grandes Ayuntamientos que aprovecharon la pandemia para recortar su gasto social en 2020. Damos de lado a los pobres, una injusticia social y un lastre para la recuperación y la democracia.

Enrique Ortega

En julio de 2021 tuvimos el primer dato oficial sobre la pobreza provocada por la pandemia en 2020: +223.000 pobres más que en 2019, según el INE. Eran 9.940.000 personas, un 21% de la población,  consideradas oficialmente “pobres”, porque ingresaron menos del 60% de la renta media española (menos de 9.626 euros anuales las personas solas y menos de 20.215 euros las familias con dos hijos). Se rompía así una racha de 5 años de bajada de la pobreza en España, desde el máximo de 2014 (22,2%) al mínimo de 2019 (20,7% de pobreza). Los datos oficiales del INE sobre 2021 no se publicarán hasta julio, pero Cáritas acaba de publicar un estudio de la Fundación FOESSA que adelanta la cifra de pobres en el 2º año de la pandemia: 11.503.340 personas, el 24,5% de la población. Y señala que son 1.484.540 “pobres” más que en 2018 (10.108.800). Además, el informe revela que lo que más ha crecido con la pandemia es la pobreza “severa”, las personas que ingresan menos del 40% de la media española : eran ya 5.299.840 personas en 2021, un 11,2% de la población y 853.840 pobres severos más que antes de la pandemia, en 2018.

El informe Foessa revela que la pobreza es mayor entre las mujeres (27,8% son oficialmente “pobres”) que entre los hombres (22,6%), entre los parados (el 52% son pobres), entre las personas sin formación (32% de los que no tienen primaria y 27,9% de los que sólo tienen primaria), entre los inmigrantes (43,6% en situación de pobreza, aunque ha crecido más entre los españoles), entre los que viven en ciudades de más de 50.000 habitantes (36,5% de pobreza, frente al 20% en los pueblos de menos de 5.000 habitantes) y en Cataluña (+10,8%, con un 24% de población “pobre”), Murcia (+9,5% y un 31,4% de “pobres”), Andalucía (+3,4%, con un 28,2% de población “pobre”) , Madrid (+1,9% y un 21,6% de pobreza) y Canarias (+1,2% y un 30,3% de “pobres”), mientras tienen menos pobreza ahora que en 2008 Asturias (13%), Castilla la Mancha (24,3%) y País Vasco (13,6%).

Pero no solo hay que hablar de aumento de la “pobreza monetaria”, de las personas con muy bajos ingresos o ninguno. El informe Foessa analiza las personas que están “en situación de exclusión social”, personas que no están bien integrados en la sociedad porque sufren problemas graves en el empleo, la vivienda, el consumo, la educación, la sanidad, conflictos familiares, desarraigo político o aislamiento social.  El informe de Cáritas divide a los españoles en 4 grupos: personas con integración social plena (el 42,2% de la población, cuando antes de la pandemia, en 2018, eran el 50,6%), con integración “precaria” (el 34,4% hoy frente al 31,1% en 2018), personas con exclusión “moderada” (10,7% ahora frente al 9,7%) y personas en exclusión “severa” (12,7% ahora frente al 8,6% antes). Agrupando los dos últimos escalones, el informe Foessa revela que un 23,4 % de españoles (11.088.200) están en situación de “exclusión social”, frente al 18,3% que lo estaban en 2018 (8.577.400 personas). Son 2.510.800 españoles más “en exclusión social que antes de la pandemia (y 973.700 hogares más, el 20,8% del total de familias).

Así que la pandemia, además de recortar ingresos, ha aumentado las familias y personas que tienen problemas de exclusión en algunas esferas de su vida. El problema que más ha empeorado con la pandemia, según el informe Foessa, es el empleo (afecta al 24,7% de las personas y al 21,8% de los hogares), debido no solo al paro sino sobre todo a la precariedad laboral: 1,9 millones de trabajadores (1 de cada 10) han tenido en 2021 o más de tres meses de paro o más de 3 contratos o han trabajado en más de 3 empresas. El 2º mayor factor de exclusión ahora es la vivienda (afecta al 24% de las personas y al 20,6% de los hogares): se han duplicado las personas que viven en viviendas insalubres o hacinados, los hogares en pobreza severa tras pagar su vivienda (del 11,1 al 14,2% de los hogares) y se han duplicado (de 1,1 a 2 millones) los hogares con retrasos o que no pueden pagar el alquiler o la hipoteca.

El tercer mayor factor de exclusión son los excluidos del consumo (17,6% de las personas y 17,3% de las familias), con problemas para gastar en lo más básico o equipar su casa, además de “acumular deudas”  (887.195 hogares, 189.664 más que en 2018). Y hay 1.530.000 hogares donde nadie está ocupado ni es pensionista ni recibe prestaciones sociales (casi 400.000 hogares más que en 2018). El 4º mayor factor de exclusión es la salud, con un 17,2% de los hogares afectados por problemas de salud (14,4% en 2018): no pueden pagar gastos sanitarios (13,1% hogares), pasan hambre con frecuencia (2,6% de los hogares) o carecen incluso de cobertura sanitaria (0,8% hogares). Además, más de la mitad de los hogares (50,8%) en situación de exclusión social tienen problemas de salud y dos tercios no pueden comprar medicinas, prótesis o seguir tratamientos, según el informe Foessa.

El 5º mayor factor de exclusión social es la política (afecta al 14,5% de la población y al 12,6% de hogares), con un mayor distanciamiento de la ciudadanía y más desinterés por influir en las decisiones políticas (ha subido del 5,9 al 6,9%). El siguiente factor de exclusión es la educación (afecta al 13,2% de las personas y al 13,9% de hogares), con un aumento de las personas con baja formación en exclusión total (del 6,3 en 2018 al 7% en 2021). Y aquí, el informe Foessa lanza una alerta: la “brecha digital”, el analfabetismo del siglo XXI, afecta a casi la mitad de los hogares en exclusión social, a 1,8 millones de hogares (de 3,9 excluidos). Y eso tiene graves consecuencias: en 2021, 850.000 familias con atraso digital (el 4,5% de todas las familias) perdieron por ello oportunidades de mejorar su situación. Sin olvidar que los niños de estas familias, sin ordenadores o Internet, sufren graves retrasos escolares.

El 7º mayor factor de exclusión social son los conflictos sociales en los hogares, que aumentaron con la pandemia, según el informe Foessa-Cáritas: se han triplicado los hogares que admiten malas relaciones entre sus miembros( del 0,5% al 1,5%), las familias con menores de 18 años que van a ser madre o padre (del 0,6 al 1,6%), los hogares con malos tratos (del 2,4 al 3,5%) o donde hubo detenidos (del 0,6 al 1,1%). Y el último indicador de exclusión, el aislamiento social también ha empeorado (lo sufren el 2,9% de la población y el 6,2% de los hogares): se estanca el porcentaje de personas sin amigos ni familia a los que  recurrir (5,4%) , suben algo los que tienen mala relación con sus vecinos (0,6%) y, lo peor, hay  un 5,2% de personas en exclusión social que no tienen relaciones ni apoyos.

Tras este impactante balance, el informe Foessa refleja el perfil de los españoles en situación de exclusión moderada o severa: son más mujeres que hombres, menores de 18 años, con pocos estudios, extranjeros (sobre todo extracomunitarios), de etnia gitana y que viven en ciudades de más de 50.000 habitantes. Y como corolario, indica los 8 factores de riesgo para que una persona o una familia caiga en exclusión social, por este orden: estar en paro (la probabilidad de caer en exclusión severa es 16 veces mayor), ser menor de 30 años (6 veces más riesgo que el resto), el nivel de estudios (2,5 veces más riesgo de exclusión los no formados), la etnia (los gitanos tienen el triple de riesgo de ser excluidos), la nacionalidad (no ser europeo multiplica el riesgo de exclusión por 4), el número de personas del hogar (tener 5 o más de familia y las mujeres solas con niños triplican el riesgo de exclusión), el residir en barrios degradados (multiplica por 2,8 el riesgo de exclusión) y tener discapacitados en casa (x 2,2).

Este resumen de los factores que llevan a la pobreza y exclusión social es a la vez un catálogo de las medidas que habría que tomar: mejorar la formación y el empleo, activar la política de vivienda,  atender a menores y jóvenes, integrar a inmigrantes y gitanos, cuidar mejor a las familias numerosos, con madres solas y discapacitados. Además, el informe Foessa-Cáritas propone un abanico de medidas contra la pobreza y exclusión social: mantener y no retirar las medidas sociales anti-COVID en materia de salud, vivienda y protección social, mejorar la protección del ingreso mínimo vital (que sólo cobran unas 350.000 personas, frente a los 850.000 beneficiarios prometidos por el Gobierno), reducir la precariedad laboral (sobre todo en la limpieza, la hostelería y las labores agrícolas, origen de muchos “trabajadores pobres”), mejorar los bajos salarios (subir el salario mínimo a 1000 euros beneficia a 1,8 millones de trabajadores, sobre todo jóvenes y mujeres), garantizar una atención sanitaria de calidad a todos, mejorar la atención a los dependientes, facilitar alquileres asequibles y mejorar la formación, reduciendo la brecha digital de las familias más desfavorecidas.

Como hemos visto, la pobreza y la exclusión social han empeorado tras dos años de pandemia. Y también la desigualdad: el 10% más rico ha aumentado su parte de la renta total (del 40,2% en 2018 al 43,3% en 2021), mientras el 10% más pobre perdía en su trozo de pastel (del 6,4 al 5,6%), lo mismo que el resto con ingresos intermedios, según el informe Foessa. Y los ingresos del 10% más rico han crecido con la pandemia 8,3 veces más que los ingresos del 10% más pobre, según el Banco de España. Además, mientras aumentaron en 61.000 las familias sin ingresos con la pandemia (ahora 1,02 millones), los 23 milmillonarios españoles han aumentado su riqueza un 29% estos dos años, según un informe de Oxfam.

Ante este tremendo panorama, España tiene un problema de fondo: gasta poco (menos que la media europea) y gasta mal en ayudas sociales (no se benefician más los más necesitados), según ya alertó en 2018 un informe de la OCDE. Y aunque el gasto social ha aumentado con la COVID, no parece que sea efectivo, a la vista del aumento de la pobreza y la exclusión social. Y “la medida estrella”, el ingreso mínimo vital (IMV), aprobado en mayo de 2020, sigue sin funcionar, a pesar de los cambios: lo cobran solamente unas 350.000 personas, un 6,6% de las personas en pobreza severa (5.299.840), según Cáritas. Y lo peor, algunas autonomías han aprovechado la aprobación del IMV para reducir los beneficiarios e importes de sus rentas mínimas, para “hacer caja” y ahorrar costes en 2020, el año peor de la pandemia, como denuncian los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

En 2020, las autonomías gastaron 1.970 millones de euros para pagar una “renta mínima de inserción” a 795.861 beneficiarios, sólo un 8% de las personas que estaban en situación de pobreza (9.940.400, según el INE). Pero lo grave es que 7 autonomías aprovecharon en 2020 para recortar los beneficiarios de las rentas mínimas, con el argumento que se había aprobado el ingreso mínimo vital: fueron Madrid (-12.471 beneficiarios), Aragón (-11.339), Baleares (-7172), Galicia (-5.201), Castilla y León (-3.478), Castilla la Mancha (-3.078) y la Rioja (-39 beneficiarios). Y no sólo redujeran los beneficiarios, también han reducido las ayudas por perceptor, todas las autonomías: bajaron del 17,1% de la renta media al 15,3%. Y además, hay una gran diferencia entre las ayudas que pagan las autonomías: a la cola Andalucía, la autonomía con más pobreza (419,52 euros al mes, el 13,2% de su renta media), Madrid (400 euros, el 12,9% de su renta) y Galicia  (403,38 euros, el 12,2%). Y en cabeza, el País Vasco (693,73 euros mensuales, el 15,5% de su renta media), Cataluña (664 euros, el 11,6%), Navarra (639,73, el 16,2%) y Comunidad Valenciana (630 euros, el 23,4% de su renta media, el mayor porcentaje en toda España), según el Ministerio de Derechos Sociales.

Los servicios sociales que atienden a las familias pobres y en exclusión social dependen de los Ayuntamientos, cuyas oficinas de atención a los más vulnerables están colapsadas, porque atienden a más de 5 millones de personas necesitadas al año. Pero al menos en 2020 aumentaron su gasto social, un +10,2%, hasta 109 euros por habitante y año. Pero aquí también hay “farolillos rojos”, según otro estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales : entre los 369 Ayuntamientos con más  de 20.000 habitantes, hay 25 Ayuntamientos que aprovecharon lo peor de la pandemia (2020) para reducir su gasto social más del 5% (como los demás lo aumentaron un 10,2%, el recorté real supera el -15,2%). Y entre ellos (ver lista), hay 4 capitales: Badajoz (-15% recorte), Albacete (-9%), Santander y Burgos (-5%). Además, el informe revela que hay 39 grandes Ayuntamientos que son “pobres en servicios sociales”, porque gastan menos del 60% de la media (42,80 euros por habitante). De ellos, 19 Ayuntamientos con una “pobre política social” están en la Comunidad de Madrid y hay dos capitales, Badajoz (38,09 euros gasto por habitante) y Toledo (44,96 €).

En resumen, crece la pobreza y la exclusión social pero el ingreso mínimo vital no despega y algunas autonomías y Ayuntamientos aprovechan para ahorrar recortando ayudas a los más necesitados. Y todo ello, con muchas personas “mirando para otro lado”, como si la pobreza no les incumbiera. Pero es un problema de todos. Porque la pobreza creciente es un serio obstáculo para la recuperación económica, que se dificulta si una cuarta parte de la población no puede gastar y consumir, contribuir al crecimiento y al empleo. También ataca   la democracia, porque las personas más vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, la pobreza es una muestra de desigualdad e injusticia social. Por todo ello, la pobreza es un cáncer social, económico y político, que hay que extirpar. No podemos pensar en recuperar la economía y el país dejando a la cuarta parte de los españoles atrás.

Las telecos suben tarifas y buscan fusiones

Hoy 7 de febrero, Movistar sube 3 euros sus tarifas a los clientes antiguos, algo que también harán Orange y Vodafone. Es el 8º año consecutivo de subidas en las tarifas de móvil e Internet. Pero la novedad ahora es que no ofrecen más gigas o más velocidad a cambio (“más por más”) sino que lo justifican en un aumento de costes e inversiones. Porque las telecos tienen un grave problema: sus ingresos están estancados o caen (-4% en 2021), por culpa de una “guerra de tarifas” que les lleva a tirar precios para ganar clientes que compensen los que pierden (cientos de miles), intentando recuperarse con subidas a sus clientes antiguos y despidos (3.822 en 2021). Ahora buscan una salida con las fusiones: ganar tamaño para ser rentables. Vodafone podría fusionarse con MásMóvil y hay “un baile de fusiones” en Europa. Aquí pasaremos de 4 a 3 grandes telecos, que serán más fuertes para imponernos nuevas subidas. Es lo que hay.

Enrique Ortega

Este es el 8º año consecutivo en que suben en España las tarifas del móvil e Internet. Empezaron a hacerlo en 2015, tras las fuertes bajadas de precios hechas entre 2009 y 2014, en medio de una tremenda lucha por el mercado de las comunicaciones. En estos 7 años anteriores, la tónica de subidas ha sido similar: un aumento de tarifas de 2 a 3 euros al mes, una o dos veces al año (en febrero y verano), con la justificación de que a cambio nos daban “más por más”: más datos (Gigas) y más velocidad, aunque los clientes ni lo pedían ni lo necesitaban. Y no quedaba otra opción que “tragar con la subida “y pagar más o cambiarse a otra teleco de la competencia, que hacía subidas parecidas.

Ahora, en 2022, Movistar inicia las subidas de este año, aumentando 3 euros al mes (desde el 7 de febrero) la tarifa mensual a los clientes de Fusión. Y además, el 18 de febrero, subir á 1 euro al mes tres de las cuatro tarifas de líneas móviles adicionales (solo se mantiene la tarifa ilimitada). Y también suben 2 euros sus tarifas sólo móvil (contrato 2 y XL). La novedad de estas subidas es que Movistar no ofrece a cambio ninguna contrapartida (ni más datos ni más velocidad), como hizo en las subidas anteriores (el cliente antiguo sólo podrá recibir un nuevo Smartphone, como los nuevos, siempre que esté ligado a la teleco 36 meses). Ahora, la justificación de la subida es “el aumento de costes y la necesidad de invertir en redes y en ciberseguridad”. Vamos, que nos suben para arreglar sus cuentas. Es lo mismo que ya dijo Vodafone en julio de 2021, al justificar su última subida.

Ahora, se espera que Vodafone y Orange suban también sus tarifas en unos meses, porque sus cuentas lo necesitan. Año a año, parece que lo notamos menos, pero si recopilamos estas subidas veremos que estamos pagando entre 24 y 33 euros más al mes que en 2014 por la tarifa convergente que tenemos (un paquete que incluye telefonía fija y móvil, Internet fijo y móvil y, muchos, también TV de pago). Eso supone que estamos pagando entre 288 y 396 euros más al año por la factura de comunicaciones que en 2014, sin ser muy conscientes de  esta subida. Una subida media del +29% en estos 8 años, muy superior a lo que han subido el conjunto de los precios (+12,7% de subida del IPC) y nuestros salarios (+11,99% han subido los convenios).

Al final, tras este rosario de subidas anuales, España está en una posición intermedia en Europa en cuanto al coste del móvil e Internet: ocupamos el puesto 12 entre los 27 paises UE, según el informe DESI 2021, con tarifas más baratas que la media europea, paises nórdicos, Portugal y la mayoría de paises del Este pero más caras que las tarifas de móvil e Internet en Italia, Alemania o Francia. Según otra estadística relativa a 2020, la de Eurostat, España tiene unas tarifas de “comunicaciones” un 21,5% más caras que la media de Europa: un índice 121,5, por encima de Alemania (120,2), Portugal (118,1), UE-27 (100), Francia (97,2) e Italia (81,2). Y sólo tienen tarifas más caras Holanda (índice 124,8), Bélgica (170,9), Grecia (173) y Noruega (180,1).

El problema ya no es sólo que cada año nos suban las tarifas de móviles e Internet sino que los usuarios sufrimos una política de tarifas “de locos”, que perjudica a los clientes antiguos fieles en beneficio de los clientes que no se conforman y cambian de compañía. Lo que está pasando, desde hace años, es que los clientes antiguos sufren subidas anuales mientras las mismas telecos se dedican a lanzar “ofertas low cost”, directamente o a través de segundas marcas, con las que “tiran los precios” para conseguir nuevos clientes y sustituir a los cientos de miles que les “roban” cada año las nuevas telecos. Un “doble rasero”: subidas a los clientes antiguos y ofertas a la mitad de precio a los nuevos.

Parece una estrategia “suicida” (tratar peor al cliente que más paga”), pero es el resultado de una “guerra de precios” sin sentido que las grandes telecos libran desde hace año con los nuevos operadores ((“virtuales”), que no tienen redes y alquilan las suyas (las de Movistar, Orange y Vodafone) para competir con ellos y quitarles clientes. Y además, se quejan ante la Comisión de la Competencia (CNMC) que les han obligado a abrir y alquilar sus redes (que les han costado elevadas inversiones) a precios demasiado bajos. Por eso critican que los Gobiernos han fomentado la competencia, facilitando la entrada de nuevos operadores, para rebajar precios en las comunicaciones a costa de las cuentas de los grandes.

Esta “estrategia de precios” tiene dos consecuencias. Una, la fuga constante de clientes: los nuevos operadores, sin red y con pocos costes, ofrecen ofertas “low cost” imbatibles que les llevan a quitar clientes a las grandes telecos. En 2020, hubo 6,2 millones de cambios en los contratos de móviles y 2,1 millones en Internet fijo, según la CNMC. Y en 2021, se esperan otros 6,7 millones de cambios en los contratos de móviles (sumaban ya 6,1 millones hasta noviembre, según la CNMC). A falta de que se publiquen oficialmente este mes, la previsión hecha por Xataka es esclarecedora: Movistar habrá perdido -493.000 clientes de móvil y -164.000 de Internet banda ancha, Vodafone -249.000 de móvil y -164.000 de Internet fijo, y Orange perderá -233.000 clientes de móvil y -102.000 de banda ancha. Y enfrente, la rumana Digi habrá ganado +360.000 clientes de móvil y +88.000 de Internet fijo, mientras MasMóvil ganará +342.000 clientes de móvil y +223.000 de Internet fijo.

Y esto es lo que lleva pasando en los últimos años, cuando Movistar, Orange y Vodafone han perdido 1,2 millones de clientes desde 2018. Y eso les ha forzado a volcarse en ofertas “low cost”, para “robar” también ellos clientes y reponer la sangría, utilizando para esta “guerra de precios” a sus “segundas marcas”: O2 en el caso de Movistar, Simyo por parte de Orange y Lowi de Vodafone (y hasta Euskaltel con Virgin Teleco), lanzadas a competir con las marcas de MásMóvil (Yoigo, MásMóvil, Pepephone, Llamaya, Lycamobile y Hits Mobile), con la rumana Digi o con el último nuevo competidor, Avatel, una teleco malagueña que en 2020 dio el salto a Madrid y que ya tiene 150.000 clientes.

Esta “guerra de precios” ha provocado no sólo una pérdida de clientes a las grandes telecos sino también una “sangría” en sus cuentas, estimándose que Movistar, Orange y Vodafone han perdido unos 2.000 millones de ingresos desde 2018. Ya en 2020, los ingresos totales de las telecos (32.211 millones) cayeron un -5,3%, bajando aún más (-6%) los ingresos minoristas (de clientes y empresas).Y en 2021 sigue la mala racha, con otra caída de ingresos de las telecos en el tercer trimestre (7.936 millones) del -4%, según los datos de la CNMC. Movistar ha estancado este año sus ingresos (+0,4% de enero a septiembre), Orange los baja (-4,9%) y Vodafone los sube ligeramente (+1,9% de abril a diciembre), por ingresos extras. Solo crecen y mucho los ingresos de MásMóvil (+22%) y Digi (+28,8%).

Estas preocupantes cuentas explican por qué las telecos vuelven a subir las tarifas a sus clientes antiguos, mientras sigue en la pelea de tirar tarifas para ganar otros nuevos. Y además, las grandes telecos buscan otras vías para recortar costes y aumentar ingresos. La principal, reducir plantillas: redujeron -3.822 empleos en 2021, principalmente Telefónica (2.900 empleados acogidos al Plan de bajas “voluntarias”), Vodafone (442 bajas, 53 de ellas despidos forzosos) y Orange (409 empleados). Esta vía, recortar plantillas para recortar costes y salvar las cuentas, la llevan utilizando las telecos desde 2002: en estos 20 años han recortado 38.252 empleos, un 46% de las plantillas antiguas (tenían 83.034 empleados en 2002 y ahora sólo les quedan 44.782). Un recorte que, como el de la banca, lo notaremos los clientes en una peor calidad en la atención y el servicio.

La tercera vía que usan las telecos para intentar “salvar sus cuentas” (además de subirnos las tarifas cada año y despedir empleados) es diversificar su actividad, intentar conseguir nuevos ingresos con nuevos negocios, aprovechando que tienen 54 millones de clientes a los que intentan “vender otras cosas” que no sean telecomunicaciones. Unos lo intentaron con las finanzas, como Orange, que abrió en noviembre de 2019 Orange Bank (que ya tiene 135.000 clientes y 175 millones en depósitos) o como los créditos rápidos que ofrece MásMóvil.  Movistar y Yoigo se han lanzado al negocio de las alarmas. Y casi todos están ofreciendo online seguros, sobre todo los seguros de salud, en el que se ha volcado Movistar. Y Orange ha entrado también a vender electricidad. Se trata de buscar nuevos ingresos, en alianzas con otras empresas, aunque tampoco así salvan sus cuentas.

En los últimos meses, las telecos exploran “una nueva vía de salida”: las fusiones, de las que se habla más ahora que en toda la última década. En España, el pistoletazo de salida lo ha dado la imparable MásMóvil, que en marzo de 2021 lanzó una OPA amistosa sobre Euskaltel, una operación de compra por 2.000 millones de euros que se cerró en agosto de 2021, consolidando a MásMóvil como el 4º mayor operador español, que con 20 millones de clientes (11,3 millones de líneas móviles y 8,89 millones de banda ancha, según los datos a noviembre de la CNMC), se acerca peligrosamente al 3º operador en España, Vodafone, con poco más de 24 millones de clientes (12,46 millones de clientes de móviles y 11,88 de banda ancha). Y los dos están también cerca ya de Orange, que tiene 23,7 millones de clientes (es el 2º operador en móviles, con 12,8 millones de contratos, y tiene 10,97 millones de clientes de banda ancha). Y el líder, Movistar, ha perdido mucha fuerza en estos años, dado que tiene 37,8 millones de clientes (15,95 millones de móviles y 13,81 de banda ancha).

A finales de 2021 arreciaron los rumores de una fusión de MásMóvil y Vodafone España, la filial de la multinacional británica con peores resultados, que ha perdido 900 millones en los dos últimos ejercicios. Ahora, a primeros de febrero, han vuelto las informaciones sobre esta fusión, donde el problema es que la teleco grande no quiere ser comida por la pequeña. Pero parece que no tiene otra salida. En paralelo, Vodafone Italia estudia una fusión con la filial italiana de la francesa Iliad y en Reino Unido aborda  otra fusión con la teleco británica Hutchison Three. Todo ello, en medio de rumores múltiples de fusiones entre las telecos europeas, en especial Vodafone, Telecom Italia (el fondo norteamericano KKR le lanzó en noviembre una OPA que está aún pendiente), Telefónica, la holandesa KPN, British Telecom, Liverty Global (de RU, Holanda y EEUU) o United Internet (el 4º operador de Alemania).

Las telecos europeas apuestan por las fusiones porque creen que ahora son demasiado pequeñas para rentabilizar sus servicios (piensan que si ganan tamaño, ajustan costes y mejoran  márgenes) y, sobre todo, para competir globalmente con las telecos norteamericanas y asiáticas. Y esgrimen este dato: Europa tiene 98 empresas de telecomunicaciones, mientras Estados Unidos tiene sólo 3 grandes (Verizon, T-Mobile y ATT) y China (China Mobile, China Unicom y China Telecom) o Japón (Softbank, NTT y KDDI)  otras tres grandes. Y ese enorme tamaño les permite ingresar más e invertir más en redes y 5G, asegurarse el futuro. La norteamericana Verizon tiene, por ejemplo, 114 millones de clientes y China Mobile opera con 900 millones de clientes, frente a los 40 millones de clientes que tiene la teleco líder europea, Deutsche Telecom.

Las telecos europeas culpan a la Comisión Europea de tener poco tamaño y no poder así competir con los gigantes norteamericanos y asiáticos. Y marcan una fecha como origen del problema: 11 de mayo de 2016, cuando la Comisión Europea bloqueó la venta de O2 (filial de Telefónica), al operador chino Hutchinson Whampoa, operación que reducía de 4 a 3 los operadores de móviles en Reino Unido. El Tribunal de Justicia europeo anuló el veto cuatro años después, pero ya era demasiado tarde. Y por el camino, nadie ha vuelto a atreverse a una fusión, lo que limita del potencial de las telecos europeas, que siguen pidiendo a la Comisión que cambie de política: que en lugar de apostar por aumentar la competencia, dar entrada a más operadores (que lanzan “peligrosas guerras de precios”), faciliten las fusiones, para que las telecos ganen tamaño e ingresos y puedan lanzarse a las inversiones que hacen falta, en redes y 5G (y el futuro 6G). Y creen que para poder competir mejor  con las telecos USA y asiáticas, deberían quedar sólo 6 grandes telecos en Europa: Deutsche Telecom, Telefónica, Orange, Vodafone, Telia Sonera (Suecia) y Telecom Italia.

Los expertos del sector creen que la postura de la Comisión Europea “está cambiando”, que ahora piensan más en la necesidad de fomentar una industria de telecomunicaciones europeas más fuerte, que sea el vehículo de la revolución digital por la que apuestan. Quizás por eso se han multiplicado los rumores sobre fusiones, incluso entre Orange y Vodafone. Y se apuesta porque habrá “varias” en 2022, esta vez con el apoyo de la Comisión Europea. Y una de ellas en España, donde pasaríamos de 4 grandes operadores a 3.

Quizás las fusiones sean necesarias para aumentar la competitividad de Europa cara al futuro digital. Pero lo que es evidente es que si pasamos de 4 a 3 grandes telecos en España (y a sólo 2 en unos años más), las empresas resultantes tendrán más poder para imponernos tarifas y condiciones de servicio. Es algo que ya hemos visto con la banca. Así que ya lo saben: cuando lean que se han aprobado fusiones de telecos, sepan que vienen más subidas en el móvil e Internet. Y más cuando estamos enganchados al móvil y a Internet, casi todo el día, un 94% de los españoles. Es un servicio sin el que ya no sabemos vivir. Cueste lo que cueste.

La pandemia refuerza los seguros médicos

Pagamos impuestos para que nos atienda la sanidad pública (colapsada), pero    1 de cada 4 españoles paga además un seguro médico privado cada mes (68 euros de media), para evitarse largas listas de espera en especialistas y hospitales. Esto ya pasaba antes, pero la pandemia ha hecho que los seguros médicos sean los que más crezcan y tengamos 12 millones de españoles pagándolos, 1,5 millones más que en 2019. Y su precio subió un +46,9% en la última década, 3,6 veces más que el IPC. Gracias a estos seguros se financia el 64% de la sanidad privada, un negocio con 411 hospitales al que se derivan parte de los pacientes de la sanidad pública, con “conciertos” que les financian otro 26% de sus ingresos. Eso sí, los enfermos más graves y los mayores (menos “rentables”) se los queda la sanidad pública. Urge frenar la sangría de la sanidad pública, con más recursos y personal, para que tener un seguro privado no sea una necesidad.

Enrique Ortega

La pandemia ha dado un fuerte empujón a la contratación de seguros médicos privados. En 2021, estos seguros de salud fueron los que más crecieron (+4,93%), más que los multirriesgo hogar (+4,70%), mientras caían los seguros del automóvil (-0,875), según la patronal UNESPA. Y lo mismo pasó en 2020, con lo que las primas (ingresos) de los seguros médicos han crecido un +10,23% entre 2019 y 2021, cuando el conjunto del seguro en España ingresa todavía menos que antes de la pandemia (-3,65%). El salto de ingresos por primas de seguro médico ha sido espectacular: de facturar 2.000 millones en 1996 se pasó a los 4.000 en 2004, a los 6.000 millones en 2009, a los 8.000 en 2018 y a 9.849 millones ingresados por primas en 2021, según UNESPA. Eso significa que los seguros médicos han multiplicado casi por 5 sus ingresos en los últimos 25 años, mientras todos los seguros multiplicaba su facturación casi por 3 (de 21.000 a 61.835 millones).

El éxito de estos seguros médicos privados se ve también en el número de asegurados, que en 2021 habrán rozado los 12 millones de españoles. A finales de septiembre, último dato de ICEA, había en España 11.610.000 personas con un seguro médico privado, repartidos así: 776.709 asegurados con una póliza de reembolso de gastos médicos (les devuelven los gastos justificados) y 10.833.291 con una póliza de asistencia sanitaria propiamente dicha. Y de este grupo, pueden hacerse tres subgrupos: los funcionarios que tienen un seguro médico privado pagado por el Estado (1.841.659 asegurados), para “descargar” a la sanidad pública (el 83,4% de los funcionarios lo utilizan), los trabajadores a los que paga un seguro médico su empresa (3.791.651) y los particulares que se pagan ellos el seguro médico privado (unos 5.200.000 asegurados en septiembre de 2021). El salto de asegurados ha sido llamativo, porque se ha pasado de 9,2 millones de españoles con seguro médico privado en 2015 a los 12 millones actuales (1,5 millones más que antes de las pandemia).

El negocio de los seguros médicos está muy concentrado en España, ya que las 5 primeras aseguradoras se reparten el 72% del mercado, según datos (2020) de la Fundación IDIS: el 29,5% de las primas (2.732 millones) las ingresa Segur Caixa Adeslas (controlada en un 50% por Mutua Madrileña y el 49% por Vida Caixa Group), otro 15,5% Sanitas (propiedad de la multinacional británica BUPA), un 13,5% Asisa (propiedad de la cooperativa médica Lavinia, dueña de los hospitales HLA), otro 6,9% DVK Seguros (filial del asegurador alemán DKV) y 6,5% Mapfre (propiedad de la aseguradora, varios Fondos y Allianz). Completan el ranking la vasca IMQ (que se integra en Adeslas en 2022), con un 2,6% de cuota, Axa (2,5%), Asistencia Médica Colegial (2,2%), FIATC (1,8%), más otro 18,9% el resto.

Con los últimos datos de 2021, casi un 25% de los españoles tienen un seguro médico privado (que pagan ellos, su empresa o la Administración pública donde trabajan). Los  últimos datos ofrecidos por UNESPA, los del año 2020, ya indicaban que el 23,35% de los españoles tenían un seguro médico privado, frente a sólo el 19,06% en 2012. Pero el reparto es muy desigual. Hay algunas autonomías con muchos más seguros médicos, como Madrid (el 38% de la población lo tenía en 2020), Cataluña (33%) y  Baleares (32%), regiones que coinciden con ser las zonas donde menos gasto público en sanidad se hace: 1.297 euros por habitante en Madrid, 1505 euros en Cataluña o 1.521 euros en Baleares, según revela el último informe de la Fundación Idis. Y hay autonomías donde el seguro médico privado tiene poco peso, como Cantabria (lo tiene el 7,7% de la población), Navarra (12%), Murcia (14%), Castilla y León (18%), Extremadura, Galicia, La Rioja y Comunidad Valenciana (19% de la población), autonomías en general con más gasto público sanitario.

El perfil de los que pagan un seguro médico privado son los que tienen entre 30 y 60 años (el 53,5% de los asegurados), según los datos de UNESPA para 2020, siendo los más numerosos los que tienen entre 41 y 50 años (el 21,38%), los que tienen entre 31 y 40 años (16,49%) y los que tienen de 51 a 60 años (15,44% del total), bajando mucho los asegurados entre los mayores de 70 años (sólo 562.498 tienen seguro médico privado, el 6,08% del total), debido a que las pólizas disparan su precio con la edad  y además, las compañías los “rechazan”. Los expertos indican que hay “dos momentos” en los que las personas se plantean contratar un seguro médico privado: cuando van a tener un hijo (por el parto y las prestaciones pediátricas en los primeros años) y cuando se acercan a la madurez y empiezan los achaques. Y ahora, dos años de pandemia han impulsado todavía más estos seguros, tras el colapso de los centros de salud, especialistas y hospitales y, sobre todo, al conocerse que muchos ancianos en residencias no fueron derivados a hospitales en la 1ª ola (principalmente en Madrid), “salvo los que tenían un seguro médico privado”.

La pandemia y el colapso de la sanidad pública, con sus elevadas listas de espera, han sido “la mejor publicidad” para los seguros médicos privados, pero, además, las aseguradoras se han volcado en agresivas campañas de publicidad, sobre todo en 2021. De hecho, los anuncios en televisión e Internet se han multiplicado por 5, en medio de una auténtica guerra por aprovechar la pandemia para vender “seguros médicos low cost”, sobre todo consultas online, en que se han volcado aseguradoras y telecos (con Movistar a la cabeza). Una novedad es la utilización del marketing digital para vender seguros médicos, con una fuerte presencia publicitaria en Facebook y otras redes sociales. Incluso Sanitas vende ya seguros médicos a través de la plataforma de Amazon. Y, sobre todo, el “boom” de la telemedicina: ofertas de seguros para la atención médica online, a precios muy bajos (11 euros al mes), que no pueden ofrecer un servicio de calidad.

Precisamente, una de las preocupaciones de muchos profesionales es “la guerra de precios” en los seguros médicos, con ofertas gancho “low cost”, desde 40 euros al mes toda la familia (que luego encierran “letra pequeña”, con copagos y limitaciones en la atención sanitaria). Esta guerra de precios encubre una doble estrategia de las aseguradoras, como hacen las telecos: ofertas “low cost” para atraer a nuevos clientes y fuertes subidas anuales a los asegurados que ya son clientes. La subida de los seguros médicos lleva una década siendo muy elevada, en torno al 5% anual. Y en 2021, los seguros médicos subieron un +5,2%, según el INE. Con ello, la subida acumulada de los seguros médicos ha sido del +46,9% desde 2012 (4,69% de subida anual), una subida que es 3,6 veces la subida del IPC global en la última década (+12,9%, un +1,29% anual), según el INE. Así que cuando entramos en la rueda de contratar un seguro médico, sepamos que las fuertes subidas anuales están aseguradas (la atención médica y los equipos son cada vez más costosos). Y además, suben mucho cuando uno de los asegurados supera los 60 años. De media, cada asegurado paga 820 euros al año (68 euros al mes), según los datos de UNESPA, pero la media de coste para una familia está entre 180 y 300 euros mensuales.

Los seguros médicos son “la gasolina” que mueve la sanidad privada, que cuenta con 441 hospitales (frente a 343 hospitales públicos) y 50.960 camas  (frente a 106.289 camas en la sanidad pública. En 2020, la sanidad privada (no benéfica) facturó en España 6.775 millones de euros, algo menos que en 2019 (6.950 millones) y un 9.7% más que en 2016 (6.175 millones). Y los ingresos que les pagan las aseguradoras suponen el 64% de estos ingresos totales de los hospitales privados no benéficos (4.310 millones en 2020), según la Fundación IDIS. Otro 26% de su financiación lo consiguen de los conciertos con la sanidad pública (1.755 millones en 2020): recursos que las autonomías desvían a los hospitales privados para que atiendan y operen a pacientes “derivados” de la sanidad pública.

En conjunto, la sanidad pública (autonomías) desvía un 10% del gasto sanitario público a conciertos con la sanidad privada, pero hay autonomías donde ese “desvío” de fondos públicos es mayor: Cataluña (el 24,5% del gasto sanitario va a los hospitales privados, que allí forman incluso parte de la sanidad pública, recibiendo 2.855 millones anuales), Madrid (10,5% del gasto sanitario público va a conciertos con hospitales privados, 947 millones en 2020), Baleares (8,8% del gasto sanitario público va a conciertos, 289 millones en 2020) y Andalucía (4,1% y 443 millones), según la Fundación IDIS. Sin embargo, hay autonomías donde los conciertos con la sanidad privada apenas tiene peso: Castilla y León (solo les desvían en 3,2% del gasto sanitario público), Cantabria (3,4%) o Extremadura (4%).

El dinero de las aseguradores privadas y de los conciertos públicos lleva años alimentando la creciente sanidad privada en España, donde han puesto sus ojos en los últimos años inversores nacionales y Fondos extranjeros. Hay una parte de esta sanidad privada que es benéfica, sin ánimo de lucro, como los Hermanos de San Juan de Dios (35 hospitales y 7.747 camas), las Hermanas Hospitalarias (14 hospitales y 3.935 camas) o Cruz Roja (6 hospitales y 527 camas), pero la mayoría son hospitales no benéficos de grupos privados o incluso de aseguradoras (Caser, Sanitas, Mutua Terrasa, IMQ y Asistencia Sanitaria Colegial tienen algunos hospitales propios, aunque sólo son el 4% del total), según el desglose que ofrece anualmente la Fundación IDIS.

En el negocio de la sanidad privada hay también mucha concentración, como en el de los seguros médicos: los 5 mayores grupos facturan el 82,5% de todo el sector (que ingresó 6.775 millones en 2020), según los datos de la Fundación IDIS. El grupo líder, a mucha distancia, es Quirón Salud (3.475 millones facturados, el 55% del total), controlado desde 2017 por la multinacional alemana Fresenius, seguido del grupo español Vithas (567 millones facturados, un 8,3% de cuota), controlado por el grupo inversor catalán Goodgrower y CaixaBank, HLA (466 millones, 6,8% cuota), hospitales de la cooperativa médica Lavinia, HM Hospitales ( 435 millones facturados, 6,4% cuota), de la familia Abarca, y Ribera Salud (410 millones facturados y 6% de cuota), cuyos dueños son la norteamericana Centene Corporation (90%) y Banco Sabadell (10%). Les siguen el grupo canario Hospiten (4,8% de cuota), Sanitas (4,2%), Clínica Universitaria de Navarra (3,3%), Juaneda Hospitales de Mallorca (1,6%), Viamed Salud de Rioja (1,5%) y Pascual Hospitales de Andalucía (1,4%).

La sanidad privada y sus hospitales argumentan que “descargan de trabajo a la sanidad pública” y que ahorran al Estado entre 4.689 y 12.676 millones anuales, según el mayor o menor uso que hagan los asegurados de sus servicios. Es verdad. Pero lo que no dicen es que los pacientes que atienden o les desvían son los menos complicados y costosos, quedando la atención más compleja (y más cara) para la sanidad pública. Así, de los 4.873.767 españoles que recibieron el alta en 2019, el 72,8% fueron atendidos en la sanidad pública y el 27,2% en la privada, según la última estadística del INE. Hasta ahí “normal”, aunque estuvieron más días hospitalizados en la privada (9,3 de media) que en la pública (7,7 días). Pero al analizar los motivos de la hospitalización, se ve que el 37,55% de los que estuvieron en hospitales públicos fueron por enfermedades que matan (cáncer, problemas cardiovasculares y enfermedades respiratorias) frente al 26,41% de esos pacientes atendidos en hospitales privados. Además, la sanidad pública atiende a más personas mayores que la privada (un 48% de las estancias frente al 44%) y los atienden más tiempo (8,26 días de estancia en la pública frente a 5,04 días en la sanidad privada), según el último estudio RESA (2019).

Al final, si los seguros médicos crecen y gana terreno la sanidad privada es a costa de los crecientes problemas de la sanidad pública (listas de espera de 75 días para el especialista y 121 días para operarse), agravados por la pandemia. Tenemos una sanidad universal, eficaz y barata, según el último chequeo de la OCDE, pero arrastra problemas derivados de los pasados recortes presupuestarios (-9.787 millones entre 2009 y 2014, 1 de cada 7 euros) y de plantillas (se perdieron 41.000 empleos sanitarios: 11.000 médicos y 30.000 enfermeras), que no se han compensado con el nuevo gasto por la pandemia. Además, las autonomías (que financian el 93% del gasto sanitario) no se han gastado 3.000 millones de los 29.500 millones de Fondos COVID recibidos del Gobierno entre 2020 y 2021 (para sanidad, educación y ayudas sociales). Y para este año 2022, el gasto sanitario de las autonomías sólo va a crecer un +4,15%, menos que la economía (+5,5%). E incluso, con toda la sanidad colapsada, hay 4 autonomías que van a gastar menos que en 2021: Baleares (-7,8%), Aragón (-4,69%), Castilla la Mancha (-1,96%) y Asturias (-0,88%), según la FADSP.

Esta falta de financiación de la sanidad pública en España obliga a las familias a gastar cada año más en sanidad y más que la media de familias en Europa, según revela el último informe de la OCDE: en España, el gasto sanitario privado (2019) supuso 29,4% del gasto sanitario total (el 70,6% restante fue la financiación pública), frente al 20,3% de media en Europa (donde el 79,7% de la financiación sanitaria es pública). De ese gasto sanitario privado, un 21,8% son pagos directos en España (dentista, copago medicamentos y otros servicios), frente al 15,4% en Europa, y el otro 7,6% del gasto sanitario es para pagar seguros médicos privados, cuando en Europa sólo representan el 4,9% del gasto total.

En resumen, pagamos más de nuestro bolsillo por la sanidad que en Europa, debido a que tenemos menos financiación pública. Y los seguros médicos crecen año tras año (+1,5 millones desde 2019), por el colapso en la sanidad pública y las elevadísimas listas de espera, que hacen crecer a la sanidad privada. No tendríamos que pagar dos veces (impuestos y seguros privados) para que nos atiendan. La pandemia ha revelado la vulnerabilidad del sistema sanitario público y urge tomar medidas para fortalecer la sanidad pública, actuando en 6 frentes: aumentar la financiación pública a la sanidad  (hasta el 7% del PIB, la media europea: había que gastar unos 12.000 millones más al año), aumentar las plantillas y reducir la precariedad (un tercio de los contratos actuales son temporales), homogeneizar la atención sanitaria entre autonomías (hay una sanidad de primera en Navarra, País Vasco, Aragón o Asturias, y una mala en Canarias, Murcia, Andalucía y Cataluña, según la FADSP), asegurar la atención sanitaria a los mayores, dedicar más recursos a la prevención y aprobar un Plan sanitario hasta 2050, para afrontar el envejecimiento, el auge de las enfermedades crónicas, los nuevos tratamientos farmacológicos y la renovación tecnológica y digital. Conseguir una mejor sanidad pública para que contratar un seguro médico no sea una necesidad. Amén.