Rentas mínimas para pobres: ¿quién da más?

Siete años largos de crisis han dejado “tirados” a 10,3 millones de españoles que son oficialmente “pobres”, porque ingresan menos del 60% que la media. Y Europa sube la cifra de los que malviven a 13,5 millones de españoles. Demasiados. Por eso la pobreza está presente en esta batalla electoral, donde hay una carrera por ver “quién da más”, quién promete una renta mínima mayor para más pobres (salvo el PP, que ni la promete, o Ciudadanos, que la deja para primavera, como devolución de la renta). Harían falta 12.000 millones al año para atender sólo la pobreza más extrema, a 3 millones de españoles que no tienen para cuidar a los hijos, alquilar una casa, comer o pagar los gastos básicos. No podemos dejarlos “tirados”. La solución es recaudar más impuestos de los que pagan poco (empresas y ricos)  y atenderles a cambio de prepararles para que salgan de la pobreza, que nos puede tocar a cualquiera. Piénselo al votar.
 

enrique ortega

En España, el problema de la pobreza es serio: hay 10.323.000 españoles, un 22,2% de la población, que son oficialmente “pobres”, según el INE: ingresan menos del 60% de la renta media del país, o sea que ganan menos de 7.961 euros al año (solteros) o de 16.719 euros (familias con dos adultos y dos niños). Esta cifra ha subido en 1.800.000 personas con la crisis y la pobreza, como casi todo, también está mal repartida: se concentra sobre todo en Ceuta (44% de la población), Murcia (37,2%) y Extremadura (33,1%), aunque también es alta en Canarias (27,6%) y la Comunidad Valenciana (26,2%). Y la pobreza se ceba más entre los parados, las mujeres solas con niños, los emigrantes, mayores de 45 años, algunos jóvenes y ancianos con pensiones mínimas.

Europa amplía la cifra de pobres, al incluir también los que tienen graves problemas para llegar a fin de mes y los que tienen subempleos, alcanzando la cifra de 13.500.000 españoles pobres, un 27,3% de la población, según el indicador AROPE de Eurostat, que nos coloca como el 9º país con más pobres de Europa, sólo por detrás de Grecia (34,6%), Italia (29,9%) y seis países del Este. Y destacamos aún más en pobreza infantil: el 33,8% de los menores de 17 años, 2.306.000, son niños pobres, según UNICEF, lo que nos sitúa como el segundo país de Europa con más pobreza infantil, tras Rumania.

La mayoría de estos pobres “oficiales” no recibe hoy ninguna ayuda. Vamos a recopilar las que existen, que son dos. Unas ayudas son las que paga la Seguridad Social, a los parados a los que se les ha acabado ya el seguro de pago contributivo (por el que han cotizado). Actualmente hay tres tipos de ayudas a los parados a los que se les ha acabado el subsidio oficial (de 6 meses a dos años). Uno, el subsidio de 6 meses (Prepara) para los que se les ha agotado la prestación y tienen cargas familiares: lo cobran 933.661 parados. El segundo, para los que ya han agotado este, es la renta activa de inserción (RAI), para parados de larga duración con grave necesidad económica, una ayuda que dura un máximo de 11 meses y que se puede cobrar hasta tres veces, pero dejando un año por medio sin cobrar (11 meses cobrando +1 año sin cobrar +11 meses+1 año+ 11 meses) : la reciben hoy 239.328 parados más, entre ellos los parados mayores de 55 años (que cobran este subsidio hasta la jubilación). Y la tercera ayuda, cuando ya han agotado las anteriores, es el nuevo programa de activación para el empleo, que cobran ahora 31.344 parados más.

En total, son 1.204.333 parados que cobran un subsidio asistencial (no contributivo) de la Seguridad Social, por un importe mensual de 426 euros. Fuera de estas ayudas quedan 2.748.184 parados (de los 4.850.800 parados EPA) que no cobran nada, más de la mitad de los parados españoles (un 56,66%). Y recordemos que hay 1.572.900 familias donde ninguno de los adultos trabaja y 721.900 hogares sin ingresos, según el INE.

La otra fuente de ayudas públicas a la pobreza son las autonomías, que pagan lo que se llama rentas mínimas,  una ayuda que se concede a las personas mayores de 25 años, que estén empadronadas desde hace un tiempo (de 12 a 24 meses) y cuyos ingresos estén por debajo de los 532 euros al mes. En 2014 cobraban esta renta mínima 258.408 personas en toda España, a las que se pagaba en total 1.040,62 millones de euros (una media de 335 euros al mes). El mayor problema de estas rentas mínimas es que son muy desiguales entre las autonomías, tanto por los distintos requisitos que se piden como por la duración de la ayuda (en unas duran 6 meses, como Andalucía o Extremadura, en la mayoría 12 meses, en otras 24 meses, como Cantabria o país Vasco y en otras no hay límite, como Castilla y León o Asturias) como por su importe (va desde los 300 euros mensuales de Ceuta o los 375 euros de Madrid a los 548 de Navarra o los 662 euros que paga el País Vasco).

La mayoría de los beneficiarios de estas rentas mínimas (379.165 personas) son familias con hijos (52%) y personas solas (35%), mujeres (55%), con edades entre 35 y 44 años y el 75,96 % españoles (sólo un 24% son inmigrantes).

En total, sumando los beneficiarios de los subsidios a parados y de las rentas mínimas, son 1.583.498 españoles “pobres” que reciben ayudas públicas, sólo un 15,3% de los españoles considerados oficialmente pobres (10.323.000 según el INE). O sea, que sólo 1 de cada 6,6 pobres reciben ayudas públicas y los otros 5 tienen que “buscarse la vida”. Son 8.739.502 españoles pobres sin ayudas, más que toda la población de Andalucía. Una cifra desmesurada como para que cualquier futuro Gobierno no piense qué se puede hacer para ayudarlos de alguna manera.

Las propuestas de ayudas a la pobreza son muy dispares. Un trabajo reciente de la Red Europea de Ayuda contra la Pobreza (EAPN) propone aumentar la renta básica a 700.000 familias más y estima que esto costaría entre 4.607 millones de euros anuales (pagando el 85% del salario mínimo) y 4.066 millones (75% del SM). Los sindicatos CCOO y UGT han llevado al Congreso una propuesta de iniciativa popular para incluir en el cobro de rentas mínimas a 2.150.000 españoles, lo que costaría 10.990 millones anuales, a financiar con impuestos. Y hace años, la Fundación Alternativas estimó que el coste de una renta mínima oscilaría entre 6.475 millones anuales (para 1.293.078 personas) y 8.241 millones (para 1.645.736 personas), con un importe de sólo 417 euros mensuales.

Ahora, en la campaña electoral, algunos partidos se han lanzado a una carrera de promesas, a ver quién ofrece más rentas mínimas para los pobres. El que más puja es Podemos, que ofrece 600 euros mensuales a 7,8 millones de hogares con bajos o nulos ingresos, una propuesta que dicen costaría 15.000 millones de euros (aunque la mayoría cree que mucho más). Izquierda Unida propone pagar 529 euros a 2 millones de personas con ingresos bajos, lo que tendría un coste de 12.696 millones de euros. Y el PSOE va más allá, planteando incluir una renta mínima vital en la Constitución, estimando que debería atenderse a 714.000 personas más (que cobrarían 426 euros al mes) y a las familias con pobreza infantil (ofrecen 1.100 euros anuales por hijo), estimando que todo ello costaría  6.450 millones al año (lo seguro es que si el derecho se incluye en la Constitución, el coste sería más del doble).

La propuesta de Ciudadanos pretende ser “innovadora”: en vez de ofrecer una renta mínima a los más desfavorecidos, ofrecen que Hacienda pague a las familias que lo necesiten con una devolución de impuestos, cuando les toque hacer el IRPF. Y hablan de que las familias recibirían 7.200 millones con este “complemento salarial”. Olvidan dos cosas: que la mayoría de pobres no pagan impuestos y que cobrarían esta ayuda en primavera, cuando se entrega la Renta, pero ¿de qué viven el resto del año? El PP no propone nada nuevo, salvo la promesa de un Plan contra la pobreza infantil (que no ha aprobado en 4 años de Gobierno, donde han congelado las ayudas sociales).

Al margen de las promesas concretas, no es serio “subastar” las ayudas a la pobreza. Lo más objetivo sería fijar un objetivo de españoles a ayudar y luego ver lo que nos cuesta y como recaudarlo. Yo hago aquí una propuesta para atender con una ayuda pública a dos tercios de los parados que no cobran (1.832.000 de los 2.748.184 parados que hoy no reciben subsidio) y a un tercio de los trabajadores pobres (1.100.000 de los 3.300.000 asalariados que son “pobres”, según la OIT, porque ganan menos del 60% de los ingresos medios), en especial los que tienen niños. En total, ayudas para 2.932.000 personas, que se acercan a los 3,3 millones de españoles que están en situación de “pobreza severa”, según Caritas. Darles a estos parados un subsidio de 426 euros al mes y a los trabajadores pobres una ayuda de 200 euros mensuales costaría 12.005 millones al año. Es mucho, pero aun así, atenderíamos sólo a 3 millones de pobres: aún habría 5.740.000 pobres “oficiales” sin ayudas públicas.

Atender a estos 3 millones de pobres más precarios, obligaría a pensar cómo se consiguen esos 12.000 millones de euros que necesitamos para pagarles (una “miseria”). La única solución es recaudar más, algo que España puede hacer porque somos el 7º país europeo que menos recauda: recaudamos el 38,7% de la riqueza (PIB), frente al 46,6% que recaudan los 19 países del euro. Y esto es algo estructural, no por la crisis. Si recaudáramos como los demás europeos, Hacienda podría ingresar 79.000 millones de euros más al año. Pongamos que sólo ingresamos 30.000 millones más, algo posible si se reduce el fraude fiscal y se obliga a pagar más a los que hoy pagan “legalmente” menos (multinacionales, grandes empresas y los más ricos). Podríamos dedicar algo más de un tercio a paliar la pobreza más escandalosa, destinando el resto a bajar el déficit y reanimar la economía.

Pero no basta con recaudar más para pagar más ayudas a los más pobres. Hay que cambiar todo el sistema y la filosofía de las ayudas, unificando los criterios en toda España para que tengan los mismos requisitos y derechos todos los pobres, al margen de dónde vivan. Eso obliga a fijar unas normas estatales para estas ayudas, al margen de que las gestionen las autonomías. Hace falta flexibilizar los requisitos (no es normal pedir 32 meses de empadronamiento como en algunos lugares), adaptándolos a la realidad: debería bajarse el límite de edad de 25 a 18 años y permitir compatibilizar la ayuda con algún trabajo (hoy está prohibido, lo que llevar a rechazar empleos), con algunas condiciones. Y sobre todo, no basta con dar las ayudas: hay que ayudar en paralelo a las familias para que salgan del pozo de la pobreza, con formación a adultos y niños, con programas activos para colocarlos, en colaboración con el SEPE (antiguo INEM), que sigue sin funcionar. Considerar que cobrar una ayuda pública es algo temporal, hasta que se sale del bache, no un modo de vida.

Muchos españoles, como muchos políticos, miran para otro lado cuando se habla de pobreza. Pero la crisis ha demostrado que la pobreza le puede caer a cualquiera, no sólo a los emigrantes y los que no tienen formación: Caritas reitera cada día que cada vez hay más españoles, incluso de clase media, pidiendo ayuda para comer, pagar la luz o el alquiler. Le puede pasar a cualquiera. Por eso, un país moderno y solidario tiene que establecer mecanismos estables y objetivos para atender a los que se quedan por el camino, para ayudarles a sobrevivir y a recuperar su empleo y su vida. No pueden estar al albur de que haya elecciones o de las promesas de los partidos. Es algo a lo que debe tenerse derecho, por ser ciudadano y pagar impuestos: a que no nos dejen tirados. Seamos un país más justo y solidario.