Plan de vivienda: sin las autonomías no sale
El Gobierno aprobó este martes el Plan estatal de
vivienda 2026-2030, que triplica el gasto (7.000 millones) en
vivienda pública, ayudas al alquiler y rehabilitación. El Plan tiene dos
novedades. Una, que el Estado aportará el 60% a las autonomías que financien
el otro 40%. Otra, que impone condiciones: las VPO financiadas no se
puedan vender, incorpora medidas contra la corrupción en su adjudicación
(Alicante) y exige más información y control. Madrid y otras autonomías
gobernadas por el PP (son 11) lo rechazan, porque “invade
competencias”, pero habrá que ver si están dispuestos a perder los 4.200
millones de aportación estatal (667 millones para Madrid). La votación
autonómica del Plan se hará en mayo y si se rechaza, será papel
mojado, como la Ley de Vivienda. Además, faltan medidas (suelo y
financiación) para promover más viviendas “libres” (sólo 80.792
terminadas en 2025) y para conseguir más viviendas en alquiler. Pero
todas exigen colaboración entre Gobierno, autonomías y
Ayuntamientos, algo inexistente. Así, la vivienda no tiene
enmienda. 
El resultado es que la mayoría de las familias y jóvenes
no puede comprar piso. Y tampoco alquilar, porque no hay apenas
casas en alquiler y eso ha disparado los precios: en marzo, el alquiler medio
estaba en 15 euros/m2, según
Idealista, el máximo de la serie histórica y una subida del +44,2% sobre
2019 (10,4 euros/m2), el doble de la subida de la inflación (+24,6%) y los
sueldos (+19,53%). Y esa es la media (1.350 euros de alquiler por un piso de 90
m2), porque los alquileres
son mucho más altos en las grandes capitales, sobre todo en Madrid (23,2
euros/m2: 2.088 euros por un piso de 90 m2) y Barcelona (22,6 euros/m2: 2.034
euros vivienda 90 m2). Y además, los que intentan alquilar se encuentran con
muchos candidatos por cada vivienda, con lo que el dueño “selecciona” y a veces
obliga a pagos y condiciones ilegales, mientras se disparan también los
alquileres por habitación (superan los 500 euros).
Cada año, hay 200.000 nuevas familias y jóvenes
que se incorporan a buscar un piso para vivir y no pueden comprarlo ni
alquilarlo. El problema de fondo es que hay pocas viviendas disponibles y un déficit
estimado de 600.000 viviendas, mientras se construyen pocas
viviendas. Así, en 2025 se iniciaron 121.827 viviendas “libres” (de
promoción privada), +8,5% que en 2024 (112.220), según
los datos de Vivienda. Y entre 2020 y 2025 se iniciaron 605.517 viviendas, menos
en 6 años que las iniciadas en todo 2004, 2005 y 2006 (+600.000 cada año).
Y si miramos las viviendas terminadas, han sido sólo 80.792 viviendas
en 2025, menos que en 2024 (86.609). Y en los últimos 6 años (2020-2025)
se han terminado en España 489.431 viviendas “libres”, menos de las terminadas
en 2004,2005, 2006 y 2007 (+500.000 cada año).
Si miramos las viviendas de protección oficial (VPO),
que promueven el Estado, autonomías o Ayuntamientos, el balance es aún más
preocupante. En 2025, se calificaron provisionalmente 15.503 VPO de planes
estatales y autonómicos, menos que en 2024 (23.967 VPO calificadas), según
datos de Vivienda. Y si vamos a las calificaciones definitivas,
fueron sólo 11.104 las VPO, también menos que en 2024 (14.371 VPO). Y en
los últimos 6 años (2020 a 2025) se han calificado (terminado) 64.542 VPO, una
cifra similar a las VPO calificadas en 2005, 2006, 2007 y 2008 (ojo: más de
60.000 VPO calificadas cada año).
¿Qué está pasando? ¿Por qué ha caído tanto el número de
viviendas terminadas? Las razones
aportadas por promotores y constructores son varias: escasez de suelo
urbanizado (muy caro), problemas burocráticos y administrativos que han parado
muchos Planes urbanísticos, elevados costes de la construcción, falta de mano
de obra cualificada y serias dificultades de financiación, porque la banca
sigue “huyendo el ladrillo”. En el caso de las viviendas protegidas
(VPO) hay
otras razones adicionales: la congelación de los precios máximos de
venta (los módulos se empezaron a actualizar en 2024), la falta de suelo
finalista, los excesivos trámites burocráticos y la escasa financiación. Incluso se ha dado la paradoja de que los precios
de la VPO superaban a los de la vivienda “libre”.
Con 80.000 nuevas viviendas “libres” terminadas al año y
otras 11.000 VPO no se soluciona el problema de fondo de la vivienda, que es la
falta de oferta. Los expertos estiman que habría que construir
unas 150.000 viviendas al año como mínimo (se terminan 91.000), de
ellas 70.000 VPO, la mayoría para alquiler. Pero para eso, el Estado y
las autonomías deberían gastar más en vivienda, algo que hoy no hacen.
Y además, es importante crear un parque público de VPO, para
atender la demanda con menos recursos (jóvenes y familias vulnerables). España
carece de este parque público de VPO: sólo hay unas 300.000 viviendas,
el
3,3% del total, cuando la media en la UE-27 es el 8% (y el 29%
en Paises Bajos, el 24% en Austria, el 20% en Dinamarca o el 16% en Suecia). La
culpa es de los gobiernos anteriores, que han permitido la venta de gran
parte de las VPO a particulares y Fondos de inversión: en
los últimos 40 años se han construido en España 2,7 millones de VPO,
pero la mayoría se han vendido.
En España se promueven pocas viviendas “libres” y muy pocas
VPO porque el gasto público en vivienda es mínimo, mucho menor al
de otros paises europeos. Así, el gasto público en promoción de vivienda
“libre” (2007-2022) ha sido en España de 46,9 euros/habitante, frente a
58,1 euros en Alemania, 103,9 euros en Francia ,111,7 euros en Dinamarca, 121
euros en Francia, 125, 3 euros en Italia y 157,9 euros en Irlanda, según
el Boletín de Vivienda Social 2024. Y si miramos el gasto en protección
social en vivienda (VPO y ayudas), España gastó (entre 2007 y 2021) 34
euros/habitante, la cuarta parte del gasto social en vivienda en la
UE-27, que fue de 160,5 euros/habitante, siendo también mucho mayor
el gasto en Irlanda (334 euros/habitante), Dinamarca (318), Francia (274),
Finlandia (246), Alemania (209), Suecia (187) y Paises Bajos (171,6), aunque
mucho menor en Italia (8,5 euros/habitante).
El gasto público en vivienda (Estado y autonomías)
sufrió también los recortes de Rajoy, pasando de un máximo de 2.761
millones en 2009 a menos de la mitad en 2013 (1.103 millones).
El Gobierno Sánchez subió la aportación estatal y también varias autonomías, a
partir de 2019 (1.590,5 millones) y sobre todo en 2022 (2.668 millones), 2023
(2.149 millones) y 2024
(2.286 millones), aunque el gasto es todavía menor al de 2009. Y el
último Plan estatal de Vivienda 2022-2025 destinó 2.300 millones
del Estado central a promoción de VPO y ayudas a compra y alquiler, 583
millones al año. Una cifra ridícula si se compara con lo
que España gasta al año en pensiones (190.687 millones), en sanidad (99.347
millones), en educación (63.380 millones) o en Dependencia
(11.500 millones), lo que indica que la vivienda es “el patito feo
del Estado del Bienestar” en España.
Ahora, el Gobierno Sánchez ha aprobado un Plan
estatal de Vivienda 2026-2030 más ambicioso, que pretende gastar el
triple, 7.000 millones de euros en 5 años (ojo, son solo 1.400
millones al año en promoción pública de vivienda y ayudas). El Plan tiene 2
novedades importantes sobre el anterior. Una, que el Estado central no
es “el cajero del Plan”, no aprueba una inversión y luego son las autonomías
quienes gastan y lo ejecutan, sin comprometerse a otro gasto adicional. Ahora, el
Estado central (el Presupuesto) aporta el 60% del gasto (4.200 millones),
pero sólo si las autonomías aportan el 40% restante (2.800 millones). Y
la otra novedad, que la inversión está “condicionada”, debe cumplir 3
condiciones: las VPO promovidas no se pueden vender (para crear un parque
público), la adjudicación de los pisos y ayudas ha de ser transparente (para evitar
corruptelas como las
adjudicaciones en Alicante) y las autonomías han de aportar estadísticas
de vivienda y un seguimiento del Plan.
Este nuevo Plan estatal de vivienda 2026-30 tiene
3 objetivos. El primero, aumentar la oferta de
viviendas protegidas (VPO), para lo que se destinan el 40% de los recursos
(2.800 millones). Para conseguirlo, duplica la ayuda actual para promover estas
viviendas VPO (subvenciona hasta 85.000 euros por piso, más otros 8.500 si se
utilizan métodos avanzados de construcción), incorporando la figura de
promotores sociales de vivienda (con ayudas que pueden llegar a 102.000 euros
por vivienda).Y además, contempla la compra de viviendas a particulares para
incorporarlas al parque de VPO (cubriendo el 70% de la compra y hasta el 85% si
se compran en zonas tensionadas). Todo esto, con dos condiciones: que el
alquiler de estas VPO no supere los 900 euros (y tengan un precio de compra
tasado) y blindarlas para que no puedan venderse y sigan siendo VPO en el
futuro.
El 2º objetivo del Plan es mejorar
el parque de vivienda, con un apoyo a la rehabilitación (30% de los
recursos: 2.100 millones). Se darán hasta 20.500 euros por vivienda que se
rehabilite (con mejoras estructurales, de acceso y eficiencia energética), con
una ayuda mayor cuando se rehabilite una vivienda vacía y se ponga después en
alquiler (asequible): se puede conseguir una ayuda de 35.000 euros y hasta
35.000 si está en zona rural.
El tercer objetivo del Plan (con 30% de recursos: 2.100
millones) se destinará a ayudas
al alquiler, especialmente para jóvenes hasta 35 años (la ayuda
llega a 300 euros, un tercio del alquiler máximo subvencionable, con avales
públicos para ayudarles a alquilar) y familias vulnerables, contemplándose
también ayudas al alquiler con opción de compra (hasta 30.000 euros) y ayudas a
la compra en municipios en riesgo demográfico. En todos los casos, el Plan
pretende que el alquiler o la compra no supere en 30% de los ingresos.
El Ministerio de Vivienda dice que ha
tenido 28 reuniones con las autonomías, más muchas otras con
expertos, instituciones, promotores y fuerzas sociales desde que presentó el
primer borrador de este Plan, en septiembre pasado. Y que ha incluido muchas
sugerencias. Pero de momento, la Comunidad de Madrid (Ayuso) y el PP
(Feijóo) han
criticado este Plan, al que acusan de “intervencionista”,
por los condicionantes que exige a las autonomías (que tienen transferida la
gestión de la vivienda). Este Plan estatal de Vivienda no
tiene que pasar por el Parlamento, pero debe votarse en mayo
en la Conferencia sectorial de vivienda, que agrupa al Gobierno central y a las
autonomías, para ponerlo en marcha en el 2º semestre de 2026. La
ministra de Vivienda confía en que las autonomías gobernadas por el PP (11) no
voten en contra, porque perderían el 60% que aporta el Estado: Madrid
perdería 667 millones y Andalucía 718 millones. Madrid
dijo el martes que no
apoyaba el Plan y el miércoles que no se quedará fuera…Así que no sabemos sí
boicotearán el Plan, como ya hicieron con la Ley de Vivienda,
aprobada en 2023 y cuyos controles de alquileres no aplican.
Con todo esto, el Plan estatal de Vivienda, la
herramienta para promover viviendas protegidas y las ayudas al alquiler para
jóvenes, está en el aire. Pero hay otros temas
relacionados con la vivienda que también están en el aire. Por un
lado, relanzar la promoción de viviendas libres, dado que las
viviendas terminadas en 2025 han caído (a 80.792). Urge
un acuerdo (otro) entre el Gobierno, las autonomías, los
Ayuntamientos y lo promotores-constructores para resolver los problemas
que impiden construir más: falta de suelo urbanizado (y urbanizable),
exceso de burocracia en las promociones y resolución de conflictos (la reforma
de la Ley del Suelo, para agilizar licencias, está
parada en el Congreso), frenar subida costes y aumentar la mano de
obra formada, así como conseguir financiación (los bancos “huyen del ladrillo”.
Todo para conseguir duplicar la construcción, hasta 150.000
viviendas/año.
Además, hay que actuar ante el grave problema de los
alquileres, no sólo aumentando la oferta (para lo que hay que limitar
drásticamente los pisos turísticos y los alquileres de temporada) sino creando
entidades públicas (como Bizigune
en el País Vasco ) que den tranquilidad a los propietarios, asegurándoles
que cobran cada mes si alquilan sus viviendas. Y favorecer, con medidas
fiscales (IRPF y el IBI) que se pongan en alquiler pisos vacíos. Y
habrá que ver cómo evolucionan los
topes al alquiler en los 308 municipios que los aplican (271 en
Cataluña, 22 en Navarra, 14 en el País Vasco, más A Coruña), porque parece que han
permitido bajar algunos alquileres en Cataluña, aunque ha sido a costa de
caer más la oferta. Y habría que evaluar qué pasa con el
millón de alquileres que hay que renovar en 2026 y 2027, que el
Gobierno propone congelar (con una subida del 2% anual), aunque PP, Vox, UPN y
Junts votarán
en contra (este martes 28 de abril) del Decreto
aprobado, complicando la vida a 2,6 millones de personas que han de
renovar su alquiler.
Al final, la vivienda es el
primer problema de los españoles, pero nuestros políticos son incapaces
de ponerse de acuerdo en buscar soluciones, desde conseguir suelo,
permisos y financiación para construir a aprobar ayudas públicas eficaces tanto
para construir muchas más viviendas protegidas para que accedan a ellas
jóvenes y familias con ingresos bajos y medios. Este Plan
estatal de vivienda es otra oportunidad de tomar medidas: aunque no
se esté de acuerdo con muchas cosas, es una base para avanzar.
Pero podría bloquearse por el constante enfrentamiento político. Unos
por otros, la vivienda no se enmienda. Y lo sufren millones de españoles
¡ Ya está bien !
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