El Gobierno aprobará mañana el ingreso mínimo vital (IMV), una ayuda estatal entre 462 y 1.015 euros mensuales para 850.000 familias vulnerables. Y 100.000 hogares empezarán a cobrarlo en junio. El detonante de esta renta mínima, prometida en esta Legislatura, es el coronavirus, que ha recortado ingresos a millones de españoles. Pero la pobreza no es nueva: antes de la pandemia, España era el 7º país de Europa con más pobreza, 12 millones de españoles, según Eurostat. Y lo peor: éramos el 4º país europeo donde más creció la pobreza desde 2008, a pesar de la recuperación. Ahora, el coronavirus sólo agrava una pobreza que ya clamaba al cielo antes. Y no es sólo un problema de justicia social, sino también económico (frena el consumo y el crecimiento) y político (alimenta el populismo y la extrema derecha, ahora “preocupada” por las “colas del hambre”). Pero no basta con “la caridad” del ingreso mínimo vital . Hay que sacarles de la pobreza con formación, empleo y ayudas sociales mejor repartidas. Y pagarlo con impuestos más justos.
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| enrique ortega |
La pobreza ya estaba aquí, en España, mucho antes del coronavirus. La Comisión Europea utiliza desde 2008 un indicador, el AROPE (At Risk of Poverty and Exclusion) que mide las personas en riesgo de pobreza o exclusión social a partir de 3 indicadores: sus ingresos (son pobres los que ganan menos del 60% del ingreso medio de cada país), la privación material severa (carecen de 4 de 9 bienes, desde comer carne dos veces por semana a llegar a fin de mes) y hogares con adultos que trabajan pocas horas (menos de 20 en el último año). Si alguien cumple 1 de estos 3 indicadores, es oficialmente “pobre”. En Europa había 109,2 millones de pobres en 2018, un 21,7% de la población, según el último dato de Eurostat. Y España era, con 12.047.000 “pobres”, un 26,1% de la población, el 7º país europeo con más pobreza (AROPE), sólo por detrás de Bulgaria (32,8%), Rumania (32,5%), Grecia (31,8%), Letonia (28,4%), Lituania (28,3%) e Italia (27,3%), según Eurostat.
De los 12.047.288 españoles ya pobres en 2018, hay 10.065.967 personas que sufren sólo pobreza monetaria (el primer indicador), porque ingresan menos del 60% de la renta media de los españoles, un tope fijado para 2018 en 8.871 euros anuales (739 euros mensuales) para solteros y en 18.629 euros anuales (1.552 euros al mes) para familias con 2 hijos. En total, son un 21,5% de españoles en situación de pobreza monetaria, frente al 16,9% que la sufren en Europa. Eso nos coloca como el 6º país europeo con más pobres por ingresos (menos del 60% de la media), tras Rumanía (23,5% de pobres monetarios), Letonia (23,5%), Lituania (22,9%), Bulgaria (22%) y Estonia (21,9%), según Eurostat.
Y dos datos más para evaluar nuestra pobreza antes del coronavirus. De esos 10 millones largos de “pobres”, más de la cuarta parte, 2.661.809 de españoles están en situación de “pobreza severa” (el 5,7% de la población total), porque ingresan menos del 30% de la renta media, en el caso der España, menos de 370 euros al mes (solteros) o menos de 776 euros mensuales (familias). Y no podemos olvidar la pobreza infantil, porque España es el 2º país europeo con más niños pobres (tras Rumania): 2.458.000, el 26,8% de los menores de 18 años, viven en situación de pobreza, según la estadística europea AROPE. Y de ellos, 650.000 niños españoles viven en familias con pobreza severa.
Lo más preocupante es que esta pobreza ha ido a más en la última década, a pesar de la recuperación y de presumir de ser uno de las paises donde más crecía el PIB. Así, en 2018 teníamos 1.200.000 pobres más que en 2008 (23,8% de pobreza AROPE), siendo España el 4º país europeo donde más ha aumentado la pobreza en la última década (+2,8%), sólo por detrás de Bulgaria (+6,7%), Luxemburgo (+6%) e Italia (+3,4%), según Eurostat. Y ha aumentado incluso la pobreza severa, que ahora sufren 740.000 españoles más que en 2008. Crecíamos mucho antes del coronavirus, pero también crecía la pobreza.
Este aumento de la pobreza, a pesar de la recuperación, provoca que se haya “enquistado” en la sociedad (como denuncia Cáritas) y se haya generalizado, por la precariedad laboral y salarial de cada vez más españoles. Con ello, el perfil del “pobre” ha cambiado y podría ser nuestro vecino, no sólo los que venden pañuelos en los semáforos… Un informe de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN) traza un perfil de los pobres en España: la mayoría son españoles (el 82,8% hoy, frente al 76,6% en 2008), adultos (77,6% tienen más de 18 años), con un nivel educativo medio o alto (22,9% con Bachillerato y 13,4% universitarios) y que trabajan (el 32,6 % de los españoles pobres trabajan). Y además, viven más en las zonas rurales (allí residen el 31,4% de los pobres españoles y el 24,4% de los no pobres), porque buscan zonas donde es más barato sobrevivir (aunque tengan menos servicios). Y además, los pobres españoles son hoy más pobres que en 2008: han perdido un -10,7% de capacidad adquisitiva (la inflación se ha comido su pequeño aumento de ingresos) mientras el resto de españoles no pobres han perdido el -3,7%, según este informe de la EAPN.
Para completar el perfil, veamos qué españoles tienen más boletos en esta lotería de la pobreza, según la EAPN: sufren más la pobreza los parados (el 58,9% son pobres, frente al 26,1% de media), los inmigrantes de fuera de la UE (el 56% son pobres) e incluso los comunitarios (el 47,7% son pobres, por los que vienen de Europa del Este), las mujeres solas con niños (50% son pobres), los inactivos (37,6%), los poco formados (el 33,8% de los que tienen sólo primaria, la ESO o menos), los jóvenes de 16 a 29 años (33,8% son pobres), los hogares con niños (33,6%), los discapacitados (31,1%) y más las mujeres (27% son pobres) que los hombres (25,1%). También depende mucho de dónde se viva: la España del sur tiene una tasa de pobreza (35,5%) doble que la España del norte (18,8%). Destacan por su alta tasa de pobreza Extremadura (44,6%), Andalucía (38,2%), Canarias (36,5%), Castilla la Mancha (33,5%) y Murcia (32,7%), frente a bajos niveles en el País Vasco (12,1%), Navarra (12,6%), Aragón (17,7%), Baleares (18,1%), Cataluña (18,9%) y Madrid (19%).
Frente a esta pobreza tan extendida, poco se hace desde la Administración, cargando el problema sobre las ONGs (como Cáritas, Cruz Roja, cientos de pequeñas organizaciones y asociaciones de vecinos) y los servicios sociales de los Ayuntamientos, que atienden sin medios a 6 millones de españoles cada año. Eso sí, las autonomías afrontan el problema con una renta básica, que implantó el País Vasco en 1989 y que ahora ofrecen todas, gastando 1.500 millones al año en ayudar a 293.302 hogares (671.180 beneficiarios), según los últimos datos publicados (de 2018). O sea, que esta ayuda autonómica sólo llega al 5,5% de los pobres españoles. Y además, esta renta básica es muy desigual por autonomías: varía entre los 300 euros mensuales de Ceuta, los 400 de Madrid, los 430,27 de Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Murcia o la Rioja, los 478 euros de Canarias, los 515 de la Comunidad Valenciana, los 604 de Cataluña, 610 de Navarra y 644,49 euros del País Vasco, todos con diferencias plazos y requisitos para recibirla.
Además de las ayudas de ONGs y esta renta básica autonómica, las familias pobres reciben ayudas sociales (estatales, autonómicas y locales), para alquileres, recibos y por hijos. Pero España, a pesar de ser uno de los líderes europeos en pobreza, es uno de los paises con menos gasto social: destina el 16,6% del PIB frente al 18,8% que gasta la UE-28, el 19,8% de la zona euro, el 22,4% que gasta Dinamarca, el 19,2% que gasta Alemania, el 24,3% de Francia, el 20,9% de Italia o el 15,2% de Reino Unido. A lo claro: destinamos 25.700 millones menos que los europeos cada año a gasto social. Y eso es ahora y también antes de la crisis de 2008, según los últimos datos de Eurostat (2017). Gastamos menos que los demás paises en ayudas a la familia (somos el país UE que menos gasta, acaba de decir la Comisión Europea), en sanidad, educación, dependencia y pensiones. Sólo gastamos más en desempleo, porque tenemos el doble de paro que Europa.
El problema no es sólo que el gasto social en España sea escaso, sino que además, está mal hecho, es ineficaz, como alertó en enero el FMI (y antes, la OCDE y la Comisión Europea). Según su informe, el 40% de las familias españoles más pobres apenas reciben el 30% de las ayudas sociales, que benefician sobre todo a las familias con recursos medios y altos y a los jubilados, en perjuicio de los más pobres y los jóvenes. La propia Comisión Europea ya advirtió, en enero de 2018, que “España es con Italia el país en el que las prestaciones sociales menos ayudan a las rentas bajas”. Y eso, porque se distribuyen mal y los impuestos no benefician a los más pobres, sino que “benefician más a las rentas medias y bajas” (por exceso de deducciones y exenciones), según otro informe de la OCDE, de noviembre 2018. Y aportan otro dato muy explícito: el 20% de los hogares con menos ingresos reciben en España el 55% del pago medio que reciben todas las familias (en la OCDE reciben el 119%), mientras el 20% de hogares con más ingresos reciben el 160% del pago medio (en la OCDE reciben el 95%). Según la OCDE, de sus 34 paises, sólo Portugal, Italia y Grecia hacen una política social peor que España.
Con este panorama, una pobreza récord y un gasto social escaso e ineficiente, nos llega el coronavirus. Una pandemia que no afecta a todos por igual, como se dice, sino que se ceba con las personas más pobres, según demuestran varios estudios. En España, los contagios se han concentrado más en los barrios más pobres de Madrid y Barcelona. Y lo mismo se ha detectado en Inglaterra y Gales o en Nueva York, donde los contagios se han duplicado entre los negros e hispanos del Bronx respecto a los blancos de Manhattan. Y eso porque las familias pobres tienen más enfermedades previas (sobrepeso, hipertensión, diabetes), más dificultad para estar confinados (más hacinamiento) y teletrabajar, empleos más precarios (los que primero se pierden) y dependen más de la economía sumergida y de trabajos que no entran en ERTEs ni cobran desempleo.
Así que la emergencia sanitaria y la emergencia económica se han cebado más en los que ya eran pobres, a los que se han sumado otros “pobres nuevos”. Y eso, porque un tercio de hogares (6,3 millones) no tienen “hucha” para aguantar tres meses sin ingresos (y un tercio, 2,4 millones, ni siquiera un mes), según un estudio de BBVA Research. Por eso, con el coronavirus, hay otros 6 millones de españoles que se pueden sumar a la lista de pobres (donde ya había 10 millones), según Foessa (Cáritas). Unos y otros, muchos sin ingresos por el confinamiento, se juntan en las “colas del hambre”. Pero aunque VOX y el PP no lo digan, ya había "colas del hambre" antes del coronavirus, sobre todo en los peores años de la crisis y los recortes, entre 2012 y 2015.
Esta pobreza extra ha acelerado la aprobación del ingreso mínimo vital, que PSOE y Podemos prometieron esta Legislatura. Se aprueba mañana 29 de mayo, en un Consejo extraordinario, que crea una nueva prestación a cargo de la Seguridad Social, compatible con las rentas mínimas de las autonomías. Es una renta mensual, que oscila entre los 462 euros (adulto solo) a 877 euros (2 adultos y 2 niños) y hasta 1.015 euros (tres adultos y 2 niños), a la que tendrán derecho los que ingresen menos de 230 euros mensuales por miembro familiar adulto. Se estima que este ingreso mínimo vital (IMV) puede llegar a 850.000 familias (2,3 millones de personas), aunque las primeras 100.000 familias (ya identificadas) la van a recibir en junio, de oficio. Esta ayuda es compatible con algunos ingresos (se fijan límites) y exigirá que el perceptor busque trabajo o reciba formación, que intente salir adelante y no "vivir subsidiado".
En toda Europa hay ayudas a las familias más desfavorecidas, aprobadas hace años por gobiernos de todo signo político, según este exhaustivo estudio de la revista de la Seguridad Social: en Reino Unido (unificadas en 2013 seis prestaciones antes independientes, con 1.176 euros por familia con 2 niños), en Francia (la RSA, desde 2009, 550 euros a individuos y 1.046 euros a familias), en Alemania (subsidio común a todos los länder, desde 2005, 432 euros a solteros y 1.238 euros a familias), Italia (la “renta de ciudadanía", aprobada en 2019, de 500 a 900 euros mensuales), Bélgica (desde 2002, con 1.410 euros para familias) y Holanda (1.771 euros para familias), con menos importes en Finlandia (560 euros) y paises nórdicos, porque tienen unas prestaciones muy generosas de servicios sociales. En otros paises, como Australia, Nueva Zelanda y EEUU, las ayudas son más restrictivas y suelen ser deducciones fiscales reembolsables (en USA, el EITC, una ayuda fiscal de 3.100 dólares al año).
Ahora, la clave es que se agilice el sistema de concesión de esta renta mínima, dotando de más medios a los servicios sociales municipales y autonómicos, colapsados por la pobreza anterior y la nueva del coronavirus. Y sobre todo, asegurar unos recursos suficientes para financiarla (cuesta 3.000 millones al año), para que no pase como con la Dependencia: los dependientes tienen un derecho desde hace 13 años, pero faltan recursos y por eso hay 261.616 dependientes “en lista de espera”. Y que esta nueva prestación sea “permanente”, no temporal por el coronavirus, porque una cuarta parte de los españoles ya eran pobres antes.
Pero no basta con aprobar esta nueva ayuda, que la derecha ve como “caridad” y no como un derecho que habrá que mantener, sobre todo porque la tecnología y los robots auguran un negro futuro para el empleo. Hay que apostar por otra política social, con más recursos y más eficiencia, como piden el FMI, la OCDE y la Comisión Europea. Y otra política de empleo, para mejorar la formación de las personas vulnerables y ayudarles a encontrar empleo, lo que exige una reforma a fondo de las oficinas de empleo (SEPE), que no ayudan a los parados a recolocarse. Y además, preocuparse de la vivienda y los alquileres, que conducen a muchas familias a la pobreza, al tener que destinar hasta un 40% de sus ingresos a pagar su casa. No basta con dar un cheque al mes para ayudarles a sobrevivir, hay que ayudar a los más pobres a formarse, trabajar y encontrar un alojamiento barato, lo que exige no poner topes a los alquileres sino lanzar un ambicioso programa de alquileres públicos.
Ahora, con el coronavirus, volvemos a hablar de la pobreza, que se ha agravado, aunque siempre ha estado ahí, mientras la mayoría miraba para otro lado. Pero combatir la pobreza no es sólo una exigencia social, de justicia. También debe ser una prioridad económica, porque no será posible la reconstrucción si una cuarta parte de los españoles se queda atrás. Y una exigencia política, porque los pobres se sienten excluidos de la sociedad, no participan en la democracia y son caldo de cultivo del populismo y la extrema derecha. Hay que extirpar la pobreza, enquistada entre nuestros vecinos, porque es un cáncer social, económico y político. Pero para lograrlo, no basta con la renta mínima. Hay que hacer otra política social.
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