Otro año más, nos suben las tarifas del móvil, internet y TV de pago. Hoy 15 de enero, Movistar aplica la subida a sus 22,8 millones: entre 1 y 3 euros más al mes, según tarifas (y un 1 euro adicional en los contratos con TV de pago). Una subida media del +3,1%, inferior a la aplicada a principios de 2023 (entre 6 y 13 euros, un +6,18%). Como ya ocurrió en la subida de 2023, en esta de 2024 no hay una mejora de servicios, no se amplía a cambio ni la velocidad de conexión ni los datos. Y se justifica por el aumento de la inflación y costes. Otra teleco, Vodafone, ya subió el 1 de enero las tarifas a sus 11 millones de clientes: entre 0,70 y 4,30 euros más al mes, una subida media del +4,38% (inferior al 8,1% que subió Vodafone sus tarifas en 2023). Mientras, Orange no ha anunciado una nueva subida, aunque ya el año pasado se desmarcó y aumentó sus precios en marzo de 2023, dos meses después que Movistar y Vodafone. Y además, está pendiente de que Bruselas apruebe su fusión con MásMóvil, que en 2023 no subió tarifas (aunque sí las subió a finales de 2022 al 20% de sus clientes). Y Digi no va a subir tarifas este año, como tampoco lo hizo en 2023.
La subida de este año 2024 es la 2ª que no se justifica por una mejora de servicios (“más
por mas”: más velocidad o más datos), como tampoco la de 2023, sino por
la subida costes de las operadoras. Vodafone
ya cambió
sus contratos en 2022 para introducir una clausula de
revisión automática anual de tarifas, según la subida del IPC entre
octubre del año anterior y septiembre de cada año. Y también Movistar ha incluido una clausula para subir las tarifas por tres
posibles motivos: subida del IPC, cambios normativos o aumento de costes del
servicio (energía, licencias, impuestos). Eso sí, Movistar da la opción a sus
clientes de darse de baja sin penalización, mientras Vodafone establece que los
clientes con permanencia deben pagar una penalización si se dan de baja.
Con estas subidas de enero, es ya el 10º año consecutivo en que las telecos nos suben el precio del
servicio. Las
subidas empezaron en 2015, tras las fuertes bajadas de precios
hechas entre 2009 y 2014, en medio de una batalla salvaje por el recién liberalizado
mercado de las telecomunicaciones. En estos 10 años, las tarifas de las telecos por los servicios de móvil e Internet
(más TV de pago) han subido entre 28 y
40 euros al mes desde 2015, lo que supone que ahora pagamos entre 336 y 480
euros más al año, lo que significa que pagamos
casi el doble por estar conectados, aunque no nos demos cuenta
porque han sido muchas pequeñas subidas consecutivas. Una subida media global
del +38,1% desde 2015, muy superior a lo que ha subido la inflación
en estos años (+23%)
y mucho más de lo que han subido los
salarios (+16,86
subieron los convenios).
Lo peor no es que
llevemos 10 años pagando más por utilizar los móviles e Internet, sino que los usuarios sufrimos una
política de tarifas “de locos”,
que perjudica a los clientes antiguos “fieles”
en beneficio de los clientes nuevos, que consiguen mejores tarifas de
entrada al cambiarse de compañía. Lo que sucede desde 2015 es que los clientes antiguos sufren subidas
anuales (+38,1% en 10 años), mientras las mismas telecos se dedican a lanzar
“ofertas low cost” a través de
segundas marcas, con las que “tiran precios” para conseguir nuevos clientes y sustituir a los
cientos de miles que les roban cada año las nuevas telecos. Un “doble rasero”
que ya hemos visto en las aseguradoras:
subidas anuales a los clientes antiguos y ofertas a mitad de precio a los
clientes nuevos. Y así pagamos 85 euros
al mes por un paquete de móvil e Internet (y más de 100 euros con fútbol),
mientras esa misma teleco (a través de sus marcas low cost: O2, Lowi, Simyo) ofrece por 38 euros (y menos incluso)
un servicio básico de móvil e internet…
Esta locura de tarifas (y las “ofertas”
por Navidad o verano, que complican aún más el mercado) es fruto de la tremenda
competencia entre las
telecos, tanto entre las cuatro grandes (Movistar,
Orange, Vodafone y MásMóvil) como entre ellas y las nuevas operadoras
(Digi, Finetwork, Avatel o Adamo), que no tienen casi red y alquilan las de las
grandes telecos para competir con ellos, aprovechando que tienen menos costes e
inversiones. Esto provoca una espectacular “fuga de clientes” entre las
telecos: en 2021,
las tres grandes (Movistar, Orange y Vodafone) perdieron 1,5 millones de clientes y en
2022 perdieron otro millón, según los datos de la CNMC), en beneficio
de Más Móvil y Digi. Y en 2023, los
datos provisionales indican que Vodafone
perdió 598.000 clientes, Movistar
otros 273.000 y Orange 176.000, ganándolos
MásMóvil
(+57.000) y sobre todo la rumana Digi
(+598.000 clientes), que ya supera los 6,1 millones de clientes.
Esta guerra de tarifas y la fuga constante de clientes ha
hundido las cuentas de las principales telecos en España: las compañías tienen más clientes (varios contratos por persona), cada vez más
conectados, pero ingresan menos
que hace una década: la facturación
del sector se ha reducido un -25%, cayendo
de un máximo de 44.080 millones en 2008 a 32.693 millones en 2021. Ingresan menos por cliente, porque las tarifas reales de móviles (por la
guerra del “low cost”) han caído un -32%
desde 2008, según la CNMC. En 2022, las telecos congelaron sus ingresos por
servicios minoristas, que sólo crecieron un 0,96%. Y en 2023, las tres grandes telecos (Movistar, Orange y Vodafone)
ingresaron en España 15.734 millones de euros, de enero a septiembre, sólo
un 0,2% más que en ese periodo
de 2022 (MásMóvil facturó un 3% más y Digi un +30,5%), según la CNMC. Como
además de ingresar lo mismo, tienen que invertir en redes, sus
beneficios se resienten: Telefónica ganó 2.011 millones (-40%), Orange
1.111 millones (-4%), Vodafone 947 millones (-1,1%) y MásMóvil 1.199 millones
(+26%).
Con estas cuentas tan
deterioradas, no sorprende que las
telecos necesiten subir cada año las tarifas a sus clientes. Además, han
buscado otras vías para ajustar sus cuentas. La primera vía, recortar
plantillas año tras año, en
perjuicio de la atención a los clientes: desde 2002 a 2021, las telecos que
operan en España han recortado 38.252 empleos, un 46% de las plantillas. Y no
paran. En enero de 2024, Telefónica ha pactado con los sindicatos un
ERE para despedir a 3.421 empleados mayores de 56 años, el 21% de la
plantilla (tras haber salido 11.000 empleados desde 2015). Y se teme que los
cambios accionariales en Vodafone España traigan más despidos este año a su plantilla
(4.000 trabajadores), lo mismo que a Orange y MásMóvil tras la fusión. La 2ª
vía para ajustar cuentas ha sido la
venta de activos, desde redes y clientes a torres de telefonía. La
tercera vía, diversificar
y meterse en nuevos negocios, para aprovechar sus 54 millones de
clientes, a los que intentan vender alarmas, energía, seguros de salud,
banca y créditos. Y la cuarta vía son las fusiones, intentar “ganar
tamaño” para conseguir “economías de escala” (más ingresos y menos costes).
Las telecos españolas llevan años quejándose
de que en Europa hay demasiada competencia, porque los Gobiernos han fomentado la entrada de nuevos operadores (sin
red ni inversiones), para forzar a la
baja los precios. Y denuncian también que hay demasiados
operadores: Europa
tiene 98 empresas de telecomunicaciones, mientras EEUU tiene solo 3 grandes (Verizon, T-Mobile y ATT), igual que China (China Mobile, China Unicom y
China Telecom) y Japón (Softbank,
NTT y KDDI). Y este enorme tamaño de norteamericanos y asiáticos (Verizon tiene
114 millones de clientes y China Mobile 900 millones frente a 40 millones de clientes
Deutsche Telecom, la teleco líder en Europa) es lo que les permite ingresar
más, invertir más, ofrecer más servicios y competir mejor con Europa. Y encima,
en España hay 8 operadores de
telecomunicaciones, frente a tres o
cuatro en los principales paises europeos.
Por todo ello, las telecos
que operan en España llevan años defendiendo
las fusiones, mientras la Comisión Europea no las apoya. En
2016, bloqueó
la venta de la filial británica de Telefónica, O2, a la china Hutchinson Whampoa.
Y ahora, la Comisión Europea está retrasando
la autorización de la fusión de Orange y MásMóvil, anunciada
en julio de 2022 y pendiente de que Bruselas se pronuncie en febrero, tras
varias dilaciones y exigencias. Esta fusión
Orange-MásMóvil creará la primera teleco en España, con 31 millones de clientes (el 43% del
mercado, por delante del 28% de Movistar y el 22% de Vodafone).
Mientras el sector espera la luz verde a esta fusión, este
mes de enero se ha concretado otro cambio
importante en Vodafone España, la 3ª mayor operadora (fruto de la compra de
Airtel en el año 2000 y de Ono en 2014): ha tomado las riendas de la gestión su
nuevo propietario, el fondo británico
Zegona, que compró en octubre el 100% de Vodafone España por 5.000
millones, una operación pendiente de aprobar por el Gobierno, la CNMC y
Bruselas. Al ser Zegona un fondo de
inversión y no una teleco, algunos expertos temen que utilice su control
para desmantelar Vodafone (vendiendo redes y clientes), mientras los sindicatos
temen más despidos. Y los
nuevos gestores anticipan que van a utilizar su marca low cost, Lowi, para
promover una política de tarifas más
agresiva y recuperar clientes.
En medio de la “movida” por la fusión de Orange y MásMóvil
y el cambio de propietario en
Vodafone España, el sector se ha visto impactado por otra compra, la que anunció el 5 de septiembre la teleco saudí STC (controlada por PIF, el Fondo soberano de
Arabia Saudí): había comprado
(por sorpresa, sin avisar antes) el 4,9%
del capital de Telefónica y
tenía intención de comprar otro 5%,
para convertirse en el primer accionista
de la compañía. Esta compra hizo saltar todas las alarmas,
en Telefónica y en el Gobierno Sánchez.
Primero, porque ya había
un precedente “poco edificante”: otro fondo de los Emiratos Árabes
Unidos (EAU), Etisalat,
compró entre 2022 y 2023 un 14,6% de la multinacional Vodafone, con la
intención de controlar el 25%. Y en octubre de 2023, decidió vender la filial
Vodafone España al fondo de inversión Zegona. Y segundo y más importante,
porque Telefónica es la compañía que
presta
servicios estratégicos de comunicaciones a las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas españolas, que
ahora controlaría un fondo soberano saudí. No por casualidad, es Defensa
quien tiene que autorizar la 2ª compra de STC, el 5% pendiente.
El Gobierno Sánchez decidió apostar por el carácter
estratégico de Telefónica y aprobó en Consejo de Ministros, el 19
de diciembre de 2023, la
compra del 10% de Telefónica por la SEPI (la empresa pública que controla las participaciones del
Estado en empresas públicas como Correos, Navantia, Mercasa, Hispasat o
Tragsa y en empresas privadas como Indra, Red Eléctrica, Enagás o Iberia), con
lo que el Estado
se convertirá en el primer accionista de Telefónica. Algo que, a
pesar de las críticas del PP, sucede ya en otros paises europeos,
cuyos Gobiernos
controlan su principal teleco,
por motivos estratégicos: el estado alemán posee el 13,8% de Deutsche Telecom, el francés
controla el 13,4% de Orange y el
gobierno italiano aprobó en agosto aumentar al 20% el control público en Telecom Italia. Además, el Gobierno promueve un frente de accionistas españoles en Telefónica, sumando al 10% de
la SEPI el 6,03% de la Caixa y Criteria y el 4,87% que tiene el BBVA. En total
un 20,9% de capital español, frente
al 9,9% de STC (si se autoriza el 5% pendiente), más las participaciones de fondos extranjeros (4,48% de Black Rock, 3,14% de Vanguard Group y 1,95% de Norges Bank).
Este mes de enero,
el Gobierno y la SEPI contratarán a un banco para organizar
la compra de ese 10% de Telefónica entre inversores y Bolsa, que hoy costaría 2.136 millones (la acción cotiza a 3,71 euros), algo más de lo que les costó a los saudíes
(2.000 millones, porque la acción de Telefónica estaba en agosto a 3,68 euros). Y a partir de ahí, el Estado y los inversores españoles
pasarán a controlar la gestión de Telefónica, al cumplir 100 años de crearse, el 19 de abril de 1924, durante la dictadura de
Primo de Rivera y controlada por la norteamericana ITT. En 1945, Franco
nacionalizó Telefónica, que se privatiza después, entre 1995 (Felipe González vende un
10,7%) y 1997, cuando Aznar privatiza el 20,96% restante y pone al frente a
directivos afines (Villalonga, Alierta), iniciándose su internacionalización, con 315
millones de clientes en 20 paises.
Como se ve, el sector de las telecos está en medio de “una gran movida” accionarial y de poder,
con los Gobiernos europeos intentando promover una independencia estratégica
frente a fondos especulativos y multinacionales extranjeras. Todo apunta a que habrá
más fusiones y menos empresas ofreciendo servicios, lo que puede ser
bueno para competir pero malo
para los usuarios: tendremos
menos operadores, más fuertes, que impondrán tarifas y condiciones, como se
ha visto con los bancos, las petroleras y las eléctricas. Es lo que viene. Y pagaremos
lo que nos cobren, porque no podemos vivir sin estar conectados. Cueste
lo que cueste.
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