El precio de la luz en el mercado
mayorista bajó en septiembre (-10,8%), por tercer mes
consecutivo, recuperándose del apagón. Pero el recibo de la luz que
pagamos apenas ha bajado (13 céntimos), porque aunque la luz sea más
barata en origen (por las renovables), hay que pagar las centrales de gas
disponibles para evitar otro corte. El Gobierno aprobó en junio
un “Decreto antiapagones”, para reforzar la red eléctrica, pero no
consiguió aprobarlo en el Congreso: en julio, lo tumbaron PP, Vox, UPN, Junts, BNG y Podemos.
A falta de estas medidas, los consumidores pagamos en el recibo un
sobrecoste, 2.300 millones anuales. Ahora, el Gobierno busca aprobar
algunas medidas por Decreto-Ley, para no pasar por el Parlamento, como
el apoyo al autoconsumo (560.000 hogares y empresas tienen placas
solares). Y propone invertir 13.590 millones en la red eléctrica,
para multiplicar por 14 su capacidad. Objetivo: electrificar la economía
y que las renovables aporten el 81% de la luz en 2030, abaratando
más nuestro recibo.
Sin embargo, esta rebaja de la luz en septiembre en
origen (-10,8%) no se ha trasladado a los consumidores que
tiene tarifa regulada (PVPC), 8,4 millones (otros 20 millones tienen tarifa
“libre”, que renegocian cada año). Y eso porque el precio mayorista supone sólo
un tercio del recibo final: los otros dos tercios son impuestos, costes fijos
regulados (para pagar la deuda eléctrica, el parón nuclear, la ayuda a las
islas o a las renovables), el transporte y la distribución y los “ajustes del
sistema”. Y aquí está pesando ahora el coste específico que tiene Red Eléctrica
(REE) por mantener disponibles 30 centrales de gas para evitar otro apagón como el
del 28 de abril. Este coste, llamado “operación
reforzada”, pasó de 8,19 euros/MWh en julio a 16,15 euros en agosto y 17,5
euros en septiembre… Un extracoste que pagamos en el recibo (hace un
año eran 10,24 euros) para “evitar apagones”.
Al final, la factura media de la luz que ha pagado un
hogar (con 4,6 KW de potencia y un consumo mensual de 292 kwh) ha sido de 67,61
euros en septiembre, sólo 13 céntimos menos que en agosto
(67,74 euros), menos que en julio (68,12 euros) y casi como en junio (67,43
euros), según
la OCU. Y es una factura algo más cara que hace un año (62,08 en
septiembre 2024) y que hace dos (65,19 en septiembre de 2023) , por la
subida del IVA y los mayores peajes obligatorios este año.
El Gobierno aprobó el 24 de junio un “Decreto
antiapagones” para reforzar la seguridad de la red eléctrica y
evitar a medio plazo este “extracoste” en el recibo por pagar las centrales de
gas. Por un lado, reforzaba la vigilancia y la supervisión del sistema
eléctrico, con
más poder de la CNMC y REE, que deben hacer informes periódicos de
funcionamiento y control de tensión, modificando procedimientos y regulación.
Por otro, se fomenta el almacenamiento de las energías renovables
(baterías) y la electrificación de la economía, para sustituir el uso de
combustibles fósiles (petróleo, fuel, gas) por electricidad renovable. Además,
este “Decreto antiapagones” tenía otro objetivo: dar
un empujón a las energías renovables, flexibilizando
y agilizando los plazos para instalar nuevos
proyectos renovables, incentivando el almacenamiento (ayudas a las
baterías) y facilita que las renovables participen en el control de tensión
del sistema (cobrando por ello). El objetivo es avanzar en los proyectos
renovables, donde el sector debe invertir 200.000 millones.
Este “Decreto antiapagones” contaba con el
apoyo de las eléctricas, de los ecologistas y consumidores y de Bruselas, pero chocó
con un Parlamento donde prima la derrota política del Gobierno sobre el
contenido de lo que se vota. Y así, el 23 de julio, el
Congreso rechazó convalidar el “Decreto antiapagones”, que fue tumbado
por 183 votos en contra (al PP, Vox y UPN se sumaron Junts,
BNG y Podemos). Este rechazo ha provocado que REE siga con su
política de mantener las centrales de gas (su producción ha aumentado
un 33% este año) para asegurar mejor el suministro, dominado por las energías
renovables (con menos mecanismos para afrontar las tensiones del sistema). Y
todo apunta a que este extracoste lo seguiremos pagando en el recibo este año y en 2026, al menos el primer trimestre. Un extracoste que nos supone a los consumidores un
pago extra en el recibo de 2.300 millones anuales…De momento, Red Eléctrica acaba de pedir a la CNMC que apruebe cambios urgentes en las operaciones de la red para evitar nuevos apagones (alerta de que "hay riesgos"), cambios que reconoce subirán temporalmente el recibo de la luz a los consumidores. .
El Gobierno no se resigna a reforzar la seguridad del
sistema eléctrico, aunque la pelea política haya frustrado el Decreto
antiapagones que apoyaba el sector. Y así, va a aprobar algunas de sus medidas por vía Decreto-ley, para
no tener que pasar por el Parlamento, aunque la Comisión de la Competencia (CNMC) las considera "innecesarias". De momento, el Gobierno ultima
un Decreto para fomentar el autoconsumo eléctrico, para facilitar
que particulares y empresas instalen paneles solares y molinos para producir
su propia electricidad, una
vía cada vez más utilizada: son ya 484.000 hogares y 76.000 empresas
las que utilizan este autoconsumo, a un coste cero en su factura (el coste es
la instalación y mantenimiento). Y ahora, el objetivo del Decreto es
facilitarlo más, permitiendo que haya hasta 5 kilómetros desde la instalación
al punto de consumo y facilitando vender los excedentes (un colegio o una
empresa podrá vender un domingo la luz solar que no usa).
En paralelo, el Gobierno, la Comisión de la Competencia
(CNMC) y Red Eléctrica estudian
otras medidas para reforzar la seguridad de la red sin pasar por el
Parlamento. Y en paralelo, está en fase de consulta pública el
Plan de inversiones para la red eléctrica entre 2026 y 2030, que
pretende invertir 13.590 millones en los próximos 5 años, un 65% más que
en 2021-2026. Y con ello, se pretende multiplicar por 14 la capacidad de
la red eléctrica española, para evitar los “cuellos de botella”
actuales y permitir que se “enchufen” a la red más polígonos industriales,
nuevas viviendas, líneas de ferrocarril y puertos, además de nuevos proyectos
tecnológicos (hidrógeno verde, centros de datos). Se trata de evitar la actual
saturación de algunos puntos de la red eléctrica y conseguir una red más
extensa y segura.
Estas importantísimas inversiones en la red eléctrica
han
de ser negociadas ahora con las eléctricas y los futuros usuarios,
además de con las autonomías, en un reparto del pastel que traerá
enfrentamientos. El objetivo de este ambicioso Plan de inversiones es aumentar
la capacidad de la red para hacer frente a la “electrificación
de la economía” (cambiar el petróleo, el carbón y el gas por luz de
origen renovable), pero sin pasarse, sin crear una “burbuja eléctrica” (como
sería aceptar los aumentos de capacidad que piden algunas industrias y muchas
eléctricas), porque estas inversiones en la red se acaban pagando con
nuestro recibo, las financiaremos los consumidores…
Cara al futuro, contar con una red eléctrica más potente y
segura llevará a un aumento de la tarifa eléctrica, que debería ser
compensado por la rebaja que supone producir más de la mitad de la
electricidad con energías renovables, mucho más baratas. De hecho, el
auge de las renovables en España ya han provocado un gran ahorro en la factura:
el precio de la electricidad en España era en 2025 un 32% más barato
que en Europa (cuando en 2019 era más cara), gracias al mayor peso de las
renovables, según
un reciente estudio de Ember, que refleja como en 2019, los combustibles
fósiles (fuel, carbón y gas) determinaban el 75% del precio mayorista de la
electricidad y en 2025 sólo influyen en el 19%.
Ahora, el gran reto es seguir promoviendo las energías
renovables (entre diciembre de 2019 y junio de 2025, España ha
duplicado su capacidad eólica y solar, consiguiendo un liderazgo en Europa). Entre
enero y septiembre de 2025, el 56,8% de la electricidad generada ha
sido renovable, superando la eólica (20,4%) y la fotovoltaica (20%) a la
energía nuclear (19,5%) y al gas (15,5%), con un 13,1% de energía hidráulica. Y tanto en
agosto como en septiembre, el carbón no ha generado ni un
kilovatio de electricidad en España… Ahora, se trata de seguir
avanzando, con más inversiones en las
nuevas instalaciones renovables , sobre todo en seguridad ( instalando inversores,
que convierten la corriente continua en corriente alterna, permitiendo su
vertido a la red) y en la instalación de baterías,
que permitan almacenar la energía renovable que no se consume.
Todas estas inversiones persiguen conseguir el gran objetivo
del Plan
de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030) : que el 81% de la electricidad
generada en 2030 sea renovable. Y por supuesto, conseguir una luz mucho más
barata, además de más limpia (con menos emisiones). Son objetivos que deberían
unir a todos los partidos, al Gobierno central y a las autonomías, a los
consumidores. Pero resulta imposible y la energía se ha convertido en otra
bandera política, en medio de un preocupante auge
de las posiciones negacionistas sobre el Cambio Climático. En definitiva,
que la tarifa de la luz debería seguir a la baja (salvo subidas puntuales), por
el peso creciente de las renovables y la baja demanda: de hecho, los precios mayoristas están bajando en octubre. Y los futuros de la electricidad
apuestan por un precio mayorista de la luz de 60 euros/MWh en 2026 (en
septiembre fue de 61 euros) y en torno a 58 euros/MWh entre 2027 y 2030.
Pero todo va a depender de la política, de que
los enfrentamientos partidistas bloqueen o no los cambios y nos hagan pagar más
cara la luz. Y provoquen ir más despacio para conseguir una luz
mayoritariamente renovable. El riesgo es político, no tecnológico:
podemos tener una luz más limpia y barata. No lo impidan políticamente a costa
de nuestro bolsillo.
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