Curso escolar 2026-27: la enseñanza, al límite
Esta semana han vuelto a colegios e institutos 8,2
millones de niños y adolescentes, una cifra de alumnos que cae
por tercer año consecutivo, por la caída de la natalidad. Y han
encontrado unos profesores hartos de su precaria situación
laboral y que también protestan por no poder atender unas aulas cada vez más complejas, con
muchos alumnos inmigrantes (el 13,5% y en algunas provincias hasta el 30%) y alumnos
“con necesidades especiales” (el doble que hace 6 años). Por todo ello, los
docentes han convocado huelgas en Madrid, Cataluña y Andalucía, que podrían
extenderse este curso a otras 6 autonomías más. Los profesores piden más
medios, más docentes y más gasto educativo, muy desigual entre
autonomías. Y una bajada de los alumnos por clase, unos ratios
muy diferentes entre autonomías. Este curso, la enseñanza no universitaria
está al límite, mientras sigue la apuesta de muchas autonomías del PP por
promover la enseñanza concertada y privada. Urgen medidas para
mejorar la calidad de nuestra enseñanza, “manifiestamente mejorable”.
Al haber nacido menos niños, los
alumnos que se esperan este curso (8.200.000) serán casi los mismos que en
el curso 2018-2019 (8.217.330). Los más pequeños (de 0 a 3 años) irán al primer
ciclo de educación infantil (488.543 el curso pasado), una enseñanza no
obligatoria que ya cubre a la mitad de estos niños (50,2% en 2025-26), una de
las tasas más altas en Europa. En el 2º ciclo de Infantil (3 a 6 años)
se matricularon el año pasado 1.079.663 niños. Y en Primaria (6-11 años)
está el grueso de los alumnos, 2.711.025 el curso pasado. Crecen los alumnos de
“educación especial”, hasta 45.725 estudiantes. Y el otro gran bloque de
alumnos, 2.090.250 en 2025-26, estudiaron la ESO (12-15 años). Y Bachillerato
(16-17 años) otros 741.280 alumnos, el 8% “a distancia” (online). Quedan los
alumnos de Formación Profesional (FP), 1.211.062 el curso pasado,
un récord histórico y el mayor salto en la enseñanza no universitaria,
dado que sólo 582.576 alumnos estudiaban FP hace 6 años.
La pérdida de alumnos en las enseñanzas no
universitarias, de Infantil a Bachillerato, sería mucho mayor si no fuera por los
hijos de los inmigrantes, cuya presencia en las aulas se ha disparado:
eran sólo 207.112 a principios de siglo (curso 2001-2002), el 3% de todos
los alumnos, y subieron hasta el 10% en el curso 2021-22 (857.175 alumnos sin
nacionalidad española) para alcanzar
el curso pasado (2025-26) la cifra de 1.175.063 alumnos
extranjeros, el 13,5% del total de estudiantes de enseñanzas no
universitarias, según los datos de Educación. Un tercio son alumnos nacidos en Latinoamérica,
un 23,7% son de origen europeo y otro 21,8% africanos, destacando por
paises Marruecos (193.809 alumnos), Colombia (128.612), Rumanía
(93.821), Venezuela (85.273), Perú (67.938), China
(44.896) y Ucrania (44.311 alumnos). Con todo, hay una gran
diferencia entre autonomías: el mayor porcentaje de alumnos extranjeros se
da en los centros de la Comunidad Valenciana (19,9%), Baleares (19,3%), la
Rioja (18,6%), Aragón (17,6%), Cataluña (17%), Madrid (16%) y Murcia (15,8%),
mientras es bajo en Extremadura (5%), Galicia (6,6%) y Andalucía (7,9%). Eso
sí, el
74,7% de estos alumnos extranjeros estudian en centros públicos.
Este curso 2026-27 no habrá grandes novedades educativas,
salvo que será el 5º Curso en que se aplique la nueva Ley de Educación, la
Lomloe (aprobada en 2020 y que se empezó a implantar en el Curso
2022-2023), con lo que se
graduarán de la ESO los segundos estudiantes educados con la nueva Ley,
que pretende una educación menos “memorística” y más basada en potenciar
habilidades, como defienden los expertos educativos y el Informe PISA,
aunque los expertos creen que apenas se notará el cambio, porque hará falta más
tiempo y el reciclaje de los profesores. También será el 2º año en que se
mantendrán las prohibiciones
y limitaciones al uso de móviles en las aulas, generalizadas en
toda España, aunque el País Vasco y la Rioja dejan que lo regulen los propios centros
educativos.
La gran novedad de este curso escolar es el clima
de preocupación y tensión con el que han vuelto a clase los
profesores de colegios e institutos (806.153 docentes el curso pasado),
sobre todo los que trabajan en centros públicos (589.058
profesores), aunque también los que trabajan en la enseñanza concertada
(200.000 docentes). Ya en los últimos meses del curso
pasado hubo destacadas protestas de profesores en media España y
ahora se han convocado
ya huelgas de docentes en Madrid (indefinida a partir
del 14 de octubre), Cataluña (el 8 de septiembre) y Andalucía (el
11 de noviembre), mientras hay tensiones entre el profesorado y los gobiernos de
la Comunidad Valenciana, Cantabria, Aragón, Baleares, Navarra y Castilla y
León, que podrían terminar en más paros de docentes.
El clima de hartazgo este curso entre la
mayoría del profesorado se debe a una combinación
de factores, laborales y educativos. En primer lugar, los
profesores se quejan de la precariedad de su trabajo y sus bajos sueldos.
Por un lado, el
31% de los docentes tienen un contrato temporal (llega incluso al 43,4% en Cataluña,
al 41,3% en Canarias y al 37% de los docentes en Cataluña) y muchos sufren cada
año que les despidan en junio y los contraten otra vez en septiembre. Junto a
esta inestabilidad laboral, que se une a sufrir muchos cambios de
centros, están sus bajos
salarios: el sueldo neto de un profesor de Primaria oscila
entre 1.700 y 2.200 euros, según antigüedad. Y el sueldo neto en Secundaria
oscila entre 2.000 y 2.700 euros. Y en la reciente huelga, las cuidadoras
de educación infantil denuncian sueldos de 1.100 euros a jornada
completa…
Pero los profesores de colegios e institutos no se quejan
sólo de su situación laboral, también protestan porque no pueden formar
como quieren a sus alumnos, por falta de medios y personal. Su
mensaje es claro: las aulas son ahora más diversas y complejas y
no pueden dedicar a sus alumnos la atención que necesitan, lo que deteriora la
calidad de la enseñanza. Por un lado destacan el cambio en el alumnado.
Primero, por el
mayor peso de alumnos extranjeros: el curso pasado, señalan, en
los centros públicos de 17 provincias, al menos 1 de cada 5 alumnos eran
extranjeros (el 30% en Alicante), lo que exige más dedicación, tanto para
que aprendan la lengua (en ocasiones, además, la autonómica) como para que se
adapten a una nueva formación, con el agravante de que muchos alumnos proceden de
familias desfavorecidas (un tercio de los menores están en situación de
pobreza) y eso dificulta su formación y reduce la ayuda en casa, obligando a
una mayor atención docente.
Los profesores no sólo se quejan por la complejidad de
tener más alumnos extranjeros sino también porque han
aumentado los alumnos “con necesidades especiales”, desde
alumnos con autismo (TEA) a estudiantes con déficit de atención
(TDH), discapacitados y alumnos que se han incorporado tarde a la
escuela. Los últimos datos oficiales (curso 2024-25) reflejan que los centros
educativos acogieron a 422.631 alumnos con necesidades especiales en
Primaria y 298.915 en la ESO, el doble que 4 años antes. Y si
embargo, los centros no han duplicado medios, aulas ni profesores.
Además, los profesores se
quejan de que cada vez tienen más tareas burocráticas, “papeleo”
(desde rellenar informes a protocolos), lo que les impide aumentar las horas
docentes para atender a los alumnos que necesitan más atención. Y, sobre todo,
luchan porque los centros (públicos y concertados) aumenten recursos y
plantillas, que consideran insuficientes. El sindicato CCOO considera que haría
falta contratar a 80.000 nuevos profesores en colegios e
institutos, sobre todo docentes para materias específicas, como matemáticas,
filosofía, idiomas y FP, así como a profesores de refuerzo. Y además, piden un cambio
radical en las oposiciones de docentes, denunciando
falta de objetividad, disparidad de criterios entre tribunales y el alto
volumen de suspensos en las últimas oposiciones.
La “marea
verde” de profesores, que ha protagonizado las últimas protestas y
está detrás de las próximas huelgas (muchas
veces al margen de los sindicatos tradicionales) plantean sus
reivindicaciones a las distintas autonomías, que gestionan la educación,
pero también tienen una serie de exigencias
al Ministerio de Educación. La primera, que complete la bajada
de alumnos por clase (ratios) en toda España, dado que cada
autonomía tiene un tope distinto de alumnos por clase en cada etapa escolar (ver
mapas). En abril de 2012, el Gobierno Rajoy subió los ratios
en las aulas (de 25 a 30 en Primaria, de 30 a 36 en la ESO y de 35 a 40 alumnos
en Bachillerato) para poder imponer sus recortes en el gasto educativo.
En marzo de 2019, el Gobierno Sánchez revertió la
medida a los ratios anteriores. Y posteriormente, las autonomías los
han bajado algo, de forma desigual. Por eso, el Gobierno aprobó en abril de 2026
una Ley
para homogeneizar los ratios en toda España: 22 alumnos por clase en
Primaria (frente a los 25 actuales) y 25 en la ESO (frente a 30 ahora). El
problema es que esta Ley no se ha aprobado todavía en el Congreso,
aunque el Gobierno confía en conseguirlo y aplicar las nuevas ratios
progresivamente, desde el curso 2027-28 al curso 2031-32. Y mientras,
ha pactado con los sindicatos rebajar,
por decreto, los ratios en educación infantil (de 8 a 4 niños
en 0 años, de 13 a 6 en 1 año y de 20 a 8 en 2 años), la reivindicación clave
de la huelga de las escuelas infantiles. Se aplicarán en el curso 2027-28.
La 2ª exigencia de los profesores es que
el Gobierno apruebe una normativa para exigir “unos parámetros
mínimos de calidad” a los centros privados de Formación Profesional, que
están proliferando por toda España (ya cuentan con un tercio de todos los
alumnos) ante la falta de plazas en los centros públicos de FP. Los sindicatos
creen que faltan 100.000 plazas en centros públicos de FP y eso
ha promovido la creación de academias y “chiringuitos”
de FP, con altos precios y financiados por inversores y Fondos extranjeros. Este
boom de la FP privada se concentra en
el País Vasco (43,8% alumnos), Madrid (37,6%), Cataluña (35,9%) y Andalucía (33,1%),
con el agravante de que consiguen más prácticas en empresas que los centros públicos.
La 3ª exigencia de la marea verde es que el Gobierno impulse
y financie con las autonomías un Plan
para la climatización de las aulas, dado que los alumnos sufren unas aulas sobrecalentadas
varios meses del curso escolar (y otras frío en invierno). Además, plantean
que el Gobierno regule
la Inteligencia Artificial (IA) en la educación y facilite a
profesores y alumnos una plataforma pública de IA que puedan usar en clase.
Por último, la marea verde de la enseñanza insiste en
criticar que muchas autonomías (las gobernadas por el PP) están fomentando
la enseñanza concertada y privada en perjuicio de la enseñanza
pública, que es la que concentra más alumnos inmigrantes y con necesidades
especiales o de familias con menos recursos. Son los famosos “conciertos”
educativos, el dinero público que las autonomías transfieren cada año a los
centros concertados. El gasto en conciertos ha pasado de 5.768 millones en 2014
a 8.342
millones en 2024, el 11,7% del gasto público total. Y eso
provoca que los centros concertados ganen en alumnos, sobre todo en algunas
autonomías que los apoyan más. Así, los 8.249.174 alumnos matriculados en
infantil, primaria, ESO, Bachillerato y FP, el
66,7% acuden a centros públicos, pero un 24,6% acuden ya a centros
concertados y un 8,7% a centros privados. Y hay autonomías con mucho más
peso de la enseñanza concertada y privada, como el País Vasco (48,6%) o Madrid
(46%), también Cataluña (35,3%) y Baleares (35,1%).
Al final, estos y otros problemas de fondo de la enseñanza
no universitaria en España conducen a unos resultados educativos preocupantes,
que les “duelen” especialmente a los profesores. Lo dejan claro los
estudios PISA, que relegan a los alumnos españoles en matemáticas y
comprensión lectora. Y varios datos incontestables. Uno, el alto porcentaje de repetidores:
el 2,1% en primaria (1,2% en la UE-25) y el 7,8% en secundaria 1ª etapa (2,2%
en la UE-25) y un 6,5% en la 2ª etapa. Otro, el
abandono escolar temprano, el alto porcentaje de jóvenes que dejan sus
estudios sin acabar el Bachillerato o la FP: 12,8% en 2025 frente al 9,4% en la
UE-25. Y el tercero, el elevado porcentaje de jóvenes “ni-nis”
(ni estudian ni trabajan): 11,5% en España y 11% en Europa.
¿Qué se puede hacer? Parece evidente que hay que gastar
más en educación, desde infantil a Bachillerato y FP, sobre todo en
centros públicos y en las
autonomías que menos gastan por habitante (Madrid, Asturias, Cataluña,
Galicia, Canarias, Castilla la Mancha y Baleares). Pero no se trata sólo de
gastar más sino de gastar
“de otra manera”, concentrando el gasto en los centros y
ciudades donde hay más problemas (barrios con más familias vulnerables y
más inmigrantes), reforzando la enseñanza de quienes lo más lo necesitan,
con clases de refuerzo, desdobles y profesores de apoyo. Y en paralelo, reforzar
las plantillas docentes, estabilizando sus contratos y mejorando sus sueldos y
su formación (con esa buena idea del MIR
educativo, para los profesores que empiezan).
Y sobre todo, urge
un Pacto educativo, entre el
Gobierno central, las autonomías, los profesores y las familias, para asegurar
una financiación suficiente y acordar medidas para mejorar la calidad
de la enseñanza. Pero aquí nadie busca consensos y por ello se
avecina un otoño de huelgas en la enseñanza. Lo pagarán nuestros
niños y jóvenes, el futuro del país.
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