El curso escolar acaba con protestas

Este viernes acaba el curso escolar en colegios e institutos, tras multiplicarse en los últimos meses las protestas de profesores en media España, desde Cataluña y la Comunidad Valenciana a Aragón y Madrid. Los docentes piden cosas para ellos (menos precariedad laboral, menos horas y más sueldos), pero sobre todo piden más medios y recursos para enseñar mejor: menos alumnos por clase), más clases y profesores de refuerzo para alumnos con problemas, menos horas lectivas y menos tareas burocráticas para mejorar su salud mental. Y reducir el desvío de fondos públicos a la enseñanza concertada, que controla casi  la mitad de los alumnos en el País Vasco y Madrid. Además, piden más financiación para la enseñanza pública, que gasta menos por alumno que en Europa y donde hay grandes diferencias de gasto por autonomías: 1.608 euros/alumno en País Vasco frente a 910 euros en Madrid. Son problemas que se traducen en una peor calidad de la enseñanza y que podrían llevar a una huelga de profesores en septiembre en toda España.

                  Protestas de profesores en media España y amenaza huelga en septiembre

En los últimos meses han estallado múltiples protestas de profesores en media España, tras años de problemas educativos enquistados y que ahora afloran. En Cataluña hubo una primera huelga de docentes el 11 de febrero, a la que han seguido 23 jornadas de protestas, que se cerraron el 14 de junio con una masiva manifestación de profesores, alumnos y familias, mientras la mayoría de docentes rechazaba un acuerdo firmado por varios sindicatos y la Generalitat para subir los sueldos 400 euros al mes en 4 años e incorporar 6.400 docentes, mejoras consideradas “insuficientes”. También han sido masivas las protestas de docentes en la Comunidad Valenciana, desde el 11 de mayo, con casi un mes de huelga y múltiples manifestaciones, con otro desacuerdo ante las mejoras que propone la Generalitat. También en Aragón se produjeron 2 huelgas de profesores (enero y mayo) más múltiples concentraciones y protestas, que se han producido también en Madrid, el epicentro de una huelga estatal de educadoras de educación infantil (0-3 años) que continúa desde abril.

¿Qué piden los profesores con estas huelgas y protestas? Básicamente, tienen dos grupos de reivindicaciones. Unas, relacionadas con ellos, con mejoras laborales y profesionales: contratos menos precarios, mejores sueldos y menos horas de trabajo efectivo, que en muchos casos les suponen problemas de ansiedad y mentales. Y otras, relacionadas con mejorar su trabajo en colegios e institutos: menos alumnos por clase (ratios), mejora de infraestructuras y aulas, más clases de refuerzo, más profesores de apoyo, menos burocracia y trabajo administrativo (exceso de informes y registros digitales). Y como telón de fondo, una mayor financiación para la enseñanza pública y dejar de desviar recursos públicos a la enseñanza concertada, que no deja de crecer a costa de la pública. Veámoslo.

Los profesores que trabajan en colegios e institutos eran 850.880 el curso 2024-25 (últimos datos de Educación), casi las tres cuartas partes en centros públicos (624.368 docentes), los que tienen más problemas laborales, aunque también empeora la situación de los casi 200.000 docentes que trabajan en la enseñanza concertada. El principal problema de los docentes públicos es su precariedad: el 31% tienen un contrato temporal y muchos ven como les despiden ahora en junio para volver a contratarlos en septiembre. Junto a esta inestabilidad laboral, que se une a muchos cambios de centros, están sus bajos salarios: el sueldo neto de un profesor de Primaria oscila entre 1.700 y 2.200 euros, según antigüedad. Y el sueldo neto en Secundaria oscila entre 2.000 y 2.700 euros. Y en la reciente huelga, las cuidadoras de educación infantil denuncian sueldos de 1.100 euros…

Al margen de sus problemas laborales, la principal queja de los profesores es el exceso de alumnos por clase, que les impide hacer bien su trabajo y les crea problemas de ansiedad y mentales. Actualmente, la ratio en Primaria es de 25 alumnos, en Secundaria de 30 y en Bachillerato y FP de más de 35 alumnos por clase, una ratio superior a las que tienen los docentes europeos y que además varía por autonomías. El 21 de abril, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de Ley para bajar las ratios, de 25 a 22 en Primaria y de 30 a 25 en Secundaria. Pero el proyecto está parado en el Congreso, básicamente porque Junts y el PNV presentaron una enmienda a la totalidad y no es seguro que apoye la bajada el PP. El objetivo de la medida es ir aplicando progresivamente las nuevas ratios, curso a curso, para alcanzar el objetivo en el curso 2031-32. Una medida que está en el aire y que tiene un coste de 28.180 millones en 10 años, para contratar más profesores y construir más aulas.

Otra queja de los profesores es que, con las ratios actuales, no pueden atender como necesitan a los alumnos retrasados o que tienen necesidades especiales, lo que obliga a “dejarles a su ritmo” y acabar perdiéndolos o a bajar el ritmo de toda la clase. Estos alumnos con más necesidades han crecido sobre todo en los colegios públicos, que son los que tienen más alumnos de familias vulnerables y más alumnos inmigrantes, dos tipos de alumnos que la enseñanza concertada “evita”. El problema es que estos alumnos (sobre todo los extranjeros) se concentran más en determinadas provincias de España y en los colegios públicos. Así, el mayor porcentaje de alumnos extranjeros (1.066.875 en toda España en colegios e institutos, el 12,2% del alumnado) se concentran en los centros públicos (17,3% en Primaria, frente al 11,7% en centros concertados y privados, 15,1% en la ESO) y sobre todo en 7 provincias: Alicante (29% de alumnos extranjeros de Primaria en la pública y 16,2% en los concertados), Lleida (27%), la Rioja (26,4%), Castellón (26,1%), Murcia (24,8% en los centros públicos y 8,3% en los privados), Girona (24,7%) y Teruel (24,6%).

Los docentes reiteran que estos alumnos “con más necesidades educativas” (unos porque proceden de familias desestructuradas o vulnerables, otros porque son inmigrantes y en muchos casos tienen la barrera del idioma) necesitan una atención especial, con “aulas de acogida” al principio y clases y profesores de refuerzo, que la mayoría de los centros no pueden ofrecer, lo que agrava “la impotencia” de los profesores. Y aún con pocos alumnos con necesidades especiales, el número de alumnos en cualquier clase es excesivo y dificulta seguir los programas y cumplir objetivos. Y además, obliga a los profesores a ampliar su jornada lectiva (ahora 23 horas lectivas en colegios y 18 horas en institutos), en la que dedican muchas horas a tareas burocráticas y no docentes.

Al final, todas las protestas de profesores inciden en el meollo del problema educativo: faltan medios, recursos y profesores porque hay poca financiación, menos que en la mayoría de los paises occidentales. En 2024, el gasto público en Educación fue de 71.348 millones de euros, el 4,48% del PIB, de los que 50.920 millones se destinaron a la enseñanza no universitaria (infantil, primaria, secundaria, Bachillerato y FP), el 3,19% del PIB español. Un porcentaje del gasto que es algo inferior al gasto en enseñanza universitaria en la OCDE (3,3% del PIB) y algo superior a la media UE-15 (gastan 3% PIB), aunque es inferior al gasto en Francia (3,7%), Reino Unido (4%) o EEUU (3,5% PIB ) y algo superior a Alemania (3,1% PIB). Al concretar este gasto no universitario por alumno, España gastó 10.924 dólares, frente a 11.905 dólares la UE-15, 12.438 dólares la OCDE, 14.503 dólares Alemania, 12.321 dólares Francia y 12.666 dólares por alumno en Italia, según los últimos datos de la OCDE.

Otro problema, junto al menor gasto, es que la gran mayoría del gasto educativo en colegios e institutos lo gestionan las autonomías (les correspondió el 84,3% del gasto en 2024) y hay una enorme disparidad de gasto educativo por regiones. Si la media de este gasto no universitario fue de 1.126 euros por alumno en 2024, hay 10 regiones que gastaron más, encabezadas por País Vasco (1.608 euros/alumno), Navarra (1.492), Extremadura y Murcia (1.264), según el ranking de los Directores de Servicios Sociales. Y otras 7 autonomías gastan mucho menos en educación: Madrid, el farolillo rojo (gasta 910 euros/alumno no universitario), Asturias (1.034), Cataluña (1.042), Galicia (1.055), Canarias (1.069), Castilla la Mancha (1.076) y Baleares (1.109 euros/alumno).

Además de la falta de financiación, otro problema del que se quejan los profesores es que muchas autonomías (básicamente las gestionadas por el PP) llevan años desviando recursos públicos (no sólo dinero, también solares) a la educación concertada, en perjuicio de la pública. Son los famosos “conciertos”, el dinero público que se transfiere cada año a los centros privados, básicamente los concertados, para que acojan alumnos que no tienen ya hueco en la escuela pública (donde apenas se ha invertido las últimas décadas). El gasto en conciertos ha pasado de 5.768 millones en 2014 a 8.342 millones en 2024, el 11,7% del gasto público total. Y eso provoca que los centros concertados ganen en alumnos, sobre todo en algunas autonomías que los apoyan más. Así, los 8.348.000 alumnos matriculados en infantil, primaria, ESO, Bachillerato y FP, el 66,9% acuden a centros públicos, pero un 24,4% acuden ya a centros concertados y un 8,8% a centros privados. Y hay autonomías con mucho más peso de la enseñanza concertada y privada, como el País Vasco (48,6%) o Madrid (46%), también Cataluña (35,3%) y Baleares (35,1%).

Mientras falta financiación para mejorar la enseñanza pública, las familias gastan más en la educación de sus hijos cada año, aunque sea oficialmente “gratuita” de los 6 a los 16 años (Primaria y ESO). El gasto familiar en educación se ha duplicado en los últimos 12 años, pasando de 13.217 millones en el cursos 2011-2012 a 27.806 millones en el curso 2023-24, según los últimos datos del INE. Y la cuarta parte de este gasto familiar, 6.115 millones anuales, se gasta en los hijos que estudian Primaria y Eso, los ciclos “gratuitos”. La estimación es que entre 5 y 9 años, las familias gastan 1.964 euros anuales por estudiante, que suben a 2.414 euros anuales entre 15 y 19 años. Un gasto que se va en actividades extraescolares, servicios complementarios (comedores, transporte y residencia), libros y uniformes y actos extraescolares fuera del centro. Eso sin contar el gasto creciente en academias y profesores particulares, que se ha disparado y alcanza otros 4.052 millones anuales.

Todos estos problemas estructurales de la educación (profesores con contratos precarios, bajos sueldos y “superados” por el trabajo, falta de medios y profesores para el refuerzo de alumnos, infraestructuras obsoletas con calor, frío y cortes de luz, falta de financiación y enorme disparidad de gasto por autonomías más un creciente gasto de las familias en la educación de sus hijos…) conducen a unos resultados educativos preocupantes, que les “duelen” especialmente a los profesores. Lo dejan claro los estudios PISA, que relegan a los alumnos españoles en matemáticas y comprensión lectora. Y varios datos incontestables. Uno, el alto porcentaje de repetidores: el 2,1% en primaria (1,2% en la UE-25) y el 7,8% en secundaria 1ª etapa (2,2% en la UE-25) y un 6,5% en la 2ª etapa. Otro, el abandono escolar temprano, el alto porcentaje de jóvenes que dejan sus estudios sin acabar el Bachillerato o la FP: 12,8% en 2025 frente al 9,4% en la UE-25. Y el tercero, el elevado porcentaje de jóvenes “ni-nis” (ni estudian ni trabajan): 11,5% en España y 11% en Europa.

Y hay otro problema de nuestra educación más preocupante: cada vez hay más distancia educativa entre los alumnos de bajo nivel social y los de clase media y alta. Así, los 120.000 adolescentes de 15 años que viven en hogares más acomodados llevan hasta 4 años de ventaja en matemáticas a los 120.000 adolescentes de esa edad que viven en familias desfavorecidas, según refleja el último informe PISA. Eso confirma lo que señalan muchos expertos: cada vez hay más distancia entre la formación de los alumnos de familias medias y altas, que les ayudan y exigen más, gastan lo que haga falta en clases particulares y tienen más recursos para orientar su futuro. Eso viene a decir que la educación deja de ser “el ascensor social” y que los hijos de las familias más vulnerables salen peor formados y tendrán un peor futuro, básicamente porque la escuela actual  no corrige las desigualdades. 

¿Qué se puede hacer? Parece evidente que hay que gastar más en educación, desde infantil a Bachillerato y FP, sobre todo en centros públicos. Pero no se trata sólo de gastar más sino de gastar “de otra manera”, concentrando el gasto en los centros y ciudades donde hay más problemas (barrios con más familias vulnerables y más inmigrantes), reforzando la enseñanza de quienes lo más lo necesitan, con clases de refuerzo, desdobles y profesores de apoyo. Y en paralelo, reforzar las plantillas docentes, estabilizando sus contratos y mejorando sus sueldos y su formación (con esa buena idea del MIR educativo, para los profesores que empiezan). Y reforzando los centros públicos, desde las infraestructuras a los equipos, con personal técnico y gestor que quite tareas no docentes a los profesores. Y con una mayor autonomía de los equipos docentes, a cambio de cumplir objetivos auditables.

Pero sobre todo, lo que piden a gritos nuestros colegios e institutos es que se abra un debate público sobre sus problemas y necesidades, que las autoridades educativas autonómicas colaboren con el Ministerio, los profesores y las asociaciones de padres para alcanzar un verdadero Pacto educativo, donde se acuerde una financiación suficiente y medidas para mejorar la calidad de nuestra enseñanza, hoy con grandes necesidades sin cubrir. Pero no parece que estemos en ese camino de acuerdo y negociación, como demuestran el rosario de huelgas, manifestaciones y huelgas de estos meses. Tenemos la educación, sobre todo la pública, a punto de estallar, con una amenaza de huelga en toda España en septiembre. Hay que tomárselo en serio, sentarse y acordar soluciones para mejorar y homogeneizar la calidad de la enseñanza en España, para conseguir que la educación de nuestros hijos y nietos no dependa de dónde vivan y de los ingresos de sus padres. Nos jugamos el futuro.