España lleva ya 4 años seguidos creciendo más
que la media europea (2021,2022, 2023 y 2024) y eso nos ha permitido conseguir
algo importante: reducir la brecha de productividad y riqueza con Europa.
Si en 2020, por la recesión de la pandemia, producíamos el 83% de la
media europea, en los últimos 4 años hemos dado un salto importante y ya
producimos el 92% (la brecha que teníamos en 2016). Con todo, lo preocupante
es que todavía estamos en el puesto 14º del ranking europeo de productividad
(y riqueza): nos adelantan no sólo las grandes economías sino
también paises como Luxemburgo, Irlanda, Paises Bajos, Dinamarca,
Bélgica, Austria, Suecia, Malta , Finlandia o Chipre. El motivo: que en
España trabaja menos gente y con menos eficacia, por nuestro modelo
económico y empresarial. Ahora, con los aranceles de Trump, parece que
dañarán más a otros paises europeos que a España, que crecerá, por
5ª año, más que la media europea. Y eso nos permitirá acercarnos más
a Europa en 2025.
Pero este dato del PIB total es engañoso,
porque unos paises tienen más población que otros. Por eso, lo relevante es lo que
produce cada país por habitante, el verdadero indicador de la productividad
y la renta de cada país. Y con esta estadística (PIB por habitante), la
situación cambia drásticamente: España produjo 27.740 euros por
habitante en 2024, un 92% de la media UE-27 (33.530 euros), un 65% que Alemania
(42.580 euros/habitante), un 73,2% que Francia (37.870 euros/habitante)
y un 84,5% que Italia (32.810 euros/habitante), según
Eurostat. Y además, producimos casi la mitad que Paises Bajos (51.170
euros por habitante) y menos de la mitad que Dinamarca (60.510 euros/habitante),
Irlanda (85.700) y Luxemburgo (100.880), los 3 paises más
productivos de Europa.
Este dato es el mejor para comparar la productividad en Europa
por paises (y la renta o nivel de vida), ya que tiene en cuenta la
población y la inflación de cada país. Eurostat
acaba de publicar el dato de 2024 y España ha mejorado su posición
en el ranking de paises más productivos, subiendo del puesto 15º que
teníamos en 2023 (y en 2019, antes de la pandemia) al puesto 14º en 2024.
El PIB por habitante de España en 2024 fue el 92% de la media europea
(UE-27), subiendo del 91% que estábamos en 2023 y en 2019.
Cuando España ingresó en la CEE, en 1986, teníamos
un PIB por habitante que era del 76% de la media europea. En el año
2000 rozamos el 100% (98%) y lo superamos en 2002 (101%),
alcanzando nuestro máximo en 2006 (105% del PIB por habitante europeo) y
manteniéndonos por encima de la media UE en 2007 (104%), 2008 (102%) y 2009
(101%). Pero la crisis financiera y de la deuda nos llevó a una recesión, más
grave en España, que volvió
a alejarse de Europa, desde 2010 (96% del PIB por habitante UE-27)
hasta 2013 (90%). Y aunque luego se recuperó ligeramente (92% en 2016),
cayó fuerte con la pandemia (83% del PIB por habitante europeo en 2020),
recuperándose después hasta el
92% de 2024.
Estos datos significan que España, aunque sea la 4ª
mayor economía de la UE-27, está por detrás de 13 paises europeos que nos
ganan en producción por habitante (PIB por habitante) y por tanto en
renta y nivel de vida. En 2024, había 10 paises UE que produjeron más
por habitante que la media UE-27 (índice 100) y por eso “son los más ricos”, según
Eurostat: Luxemburgo (241% del PIB por habitante europeo, porque
tiene un alto PIB y poca población censada), Irlanda (211% del PIB
UE-27, porque tiene radicadas muchas multinacionales que facturan allí y
producen en otros paises), Paises Bajos (produce el 135% de la media
UE-27), Dinamarca (128%), Bélgica (117%), Austria y Alemania
(producen el 115% de la media UE-27), Suecia (114%), Malta (109%,
por ser paraíso fiscal y sede muchas multinacionales) y Finlandia (103%). A
estos “10 más productivos y ricos” les siguen Francia (99% del PIB de la
UE-27), Italia (98%) y Chipre (95%), ocupando el puesto 14º
España, con un PIB por habitante que es el 92% de la media UE-27. En
2019 nos superó también Chequia y en 2023 nos superaba Eslovenia,
dos paises que ahora están por detrás de España.
Lo llamativo de este ranking
del PIB por habitante en 2024 es que los paises ricos del centro y norte
de Europa han empeorado su productividad (PIB por habitante en relación a
la media UE-27), por su menor crecimiento y la recesión en Alemania, mientras ha
mejorado su situación la Europa del sur, que ha crecido más tras la pandemia.
Así ha caído el porcentaje del PIB/habitante frente a la media (entre 2019-2024)
de Austria (-9%), Alemania (-7%), Francia (-6%), Finlandia y Chequia (-4%) o
Suecia (-3%), mientras reducían su brecha de productividad con la
UE-27 Portugal (+5%), Grecia (+3%), Italia o Chipre (+2%) y
España (+1%: del 91% en 2019 al 92% del PIB europeo en 2024). Eso quiere
decir que los paises “malos” (“PIGS”
) de la crisis financiera se han comportado mejor que “los buenos” tras
la pandemia, gracias al Plan de recuperación y a las ayudas nacionales.
En definitiva, el mayor crecimiento de España los
últimos 4 años nos ha permitido reducir
la brecha de productividad y riqueza con Europa,
aunque poco. Y todavía somos el país nº 14 en PIB por habitante,
aunque seamos el 4º económicamente más grande. Así que tenemos un
problema “de fondo”, estructural, del que apenas se habla: somos poco
productivos y por eso nuestros salarios y nivel de vida son más bajos
que en la mayoría de Europa. ¿Por qué pasa esto? Básicamente hay
2 causas de fondo que explican que seamos menos productivos y
por ello tengamos menos renta que dos tercios de los europeos: en España
trabaja menos gente y trabajan peor, con menos eficacia y
productividad. Veámoslo.
Primero, trabaja menos gente: hay menos personas en edad
de trabajar que están ocupadas y creando riqueza (PIB). La tasa de
empleo en España (porcentaje de personas de 15 a 64 años ocupadas) era del 66,4%
(4º trimestre 2024), frente al 70,9% en la UE-27, el 77,6% en
Alemania, el 68,9 en Francia o el 62,2% en Italia (y el 75,5% en la
República Checa o el 73,8% en Lituania, por ejemplo), según
Eurostat. Este bajo nivel de empleo tiene mucho que ver con nuestro modelo
de crecimiento, basado en los servicios y el turismo, en empresas más pequeñas,
con poca tecnología y exportación, que crean menos valor añadido y menos
empleo. Ojo: si España tuviera la tasa de empleo de la UE-27, tendríamos
1,5 millones de personas más trabajando (y aumentando nuestro PIB
por habitante y nuestra renta). Y si tuviéramos la de Alemania, en España trabajarían
3,6 millones más.
Segundo, los que trabajan lo hacen “peor”, son menos
eficientes. Un dato lo resume bien: en la eurozona, cada hora
trabajada aporta 61 dólares al PIB, frente a 53 dólares en España
(-13,11%), según
la OCDE. Y esa menor productividad en España acumula una caída del -7,3%
del año 2.000 al 2022, mientras en Estados Unidos creció un +15,5%, en Alemania
un +11,8% y en Francia un +0,8%, bajando también en Italia (-5,1%), según
un reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Esta pérdida de
productividad en las últimas dos décadas no se debe a la productividad
del trabajo (PIB dividido por horas trabajadas), que ha crecido una media
anual del +0,7% (menos que el +1,1% en la UE), sino a la caída de la
productividad del capital (valor añadido generado por el capital
disponible), que ha bajado un -1,2% anual. Y eso, por el exceso de
inversión inmobiliaria, que ha supuesto un lastre para la productividad del
capital en España, por el exceso de activos inmobiliarios poco productivos
acumulados por las empresas. Y también por la
baja inversión de las empresas españolas en “activos intangibles”,
claves para aumentar la productividad: I+D+i, software y bases de datos,
diseño, imagen de marca, formación y organización y gestión.
¿Por
qué España tiene menos productividad? La causa que siempre se argumenta
es nuestro
modelo productivo, el elevado peso en la economía de los servicios
(turismo, hostelería y comercio), actividades intensivas en mano de obra y con
baja productividad, y el menor peso de la industria. Pero si España
tuviera la misma estructura productiva del resto de Europa, seguiríamos
teniendo un -10% de productividad, según
la Fundación BBVA e Ivie, que señala otro factor que suele esgrimirse,
con razón: el
menor tamaño de nuestras empresas (exceso de pymes), lo que les
dificulta financiarse, invertir e innovar. De hecho, el 80% de las empresas
españolas tienen menos de 3 trabajadores y sólo hay 5.273 empresas (el
0,18%) con más de 250 trabajadores. Pero resulta que cuando se comparan las
empresas españolas con las alemanas, francesas o italianas, todas producen
entre un 10 y un 20% menos, independientemente de su tamaño.
Por eso, estos expertos argumentan otras causas con
más peso. La primera y fundamental, la
menor formación de los trabajadores españoles y sus jefes. Hay pocos
trabajadores con formación tecnológica y capacidades digitales y las empresas
españolas. En paralelo, muchas empresas adolecen de capacidades
gerenciales y hay empresarios que gestionan sin la suficiente formación
y sin capacidad de organizar equipos, apoyados en el “ordeno y mando”. La
2ª causa es la
falta de tecnología e innovación en las empresas. En España,
el gasto en I+D+i fue del 1,49% del PIB en 2023,
frente al 2,25% en la UE-27. Y esta baja inversión en tecnología es aún
menor en las empresas (0,7% del PIB, la mitad que las empresas europeas). Un
tercer factor que juega contra la productividad es la
caída de la inversión en España, pública y sobre todo privada, desde
2008. Otras causas se atribuyen a factores
institucionales: demasiada economía sumergida (¿20%?), excesiva
dependencia de las empresas del crédito bancario (más que en el resto de
Europa ), mucha burocracia (sólo
en 2022, el Estado y las autonomías aprobaron 11.000
nuevas normas), barreras de entrada sectoriales y territoriales que reducen
la competencia, dispersión normativa en 17 autonomías y dificultades
regulatorias y fiscales para que las pymes superen los 50 trabajadores.
Al final, la
reflexión es que el crecimiento de España se ha basado en el
esfuerzo, en el trabajo (se hacen más horas que en otros paises) y el
capital tangible (maquinaria, naves e infraestructuras) más que en el
progreso tecnológico, la innovación y la inversión en intangibles (desde la
imagen de marca al big data). Urge
avanzar por un triple camino: mejorar la productividad del
trabajo (empleados mejor formados), mejorar la productividad del capital
(invirtiendo en tecnología que permita producir más) y mejorar la
organización y gestión de las empresas, para ser más productivos con el
trabajo y el capital disponibles. Tareas que exigen
cambios de fondo en la enseñanza (de la escuela a la
Universidad), en el reto tecnológico y digital, en la comercialización
y exportación, en la organización del trabajo y en las políticas
públicas, que deben dirigirse a promover la productividad global.
La mejora de la productividad de España es uno
de esos grandes retos del que casi no se habla, en medio de la polarización
política y las sucesivas crisis (pandemia, Ucrania, inflación, aranceles…). De
momento, la OCDE espera que España vuelva a crecer en 2025 más que el resto
de Europa (+2,4%
frente al 1% la UE-27), lo que reducirá otro poco la
brecha europea (quizás hasta el 94% de la media UE). Pero debemos
aspirar a más, a estar en el Top 10 del ranking europeo de
productividad y riqueza. Eso supone avanzar en modernizar la economía y
hacerla más competitiva, para conseguir que, en las próximas 2 décadas, España
sea más productiva y tengamos más empresas competitivas. Nos jugamos
mejorar el nivel de vida y acercarnos a la Europa rica. Es nuestra gran
asignatura pendiente.
Trump ha declarado una guerra comercial
a 185 paises del mundo, algo inédito. Lo justifica porque han “estafado”
a EEUU, provocando déficits comerciales y hundiendo su economía,
obviando que son ellos quienes han perdido competitividad y se
han lanzado a fabricar en medio mundo. Europa
se debate entre negociar y defenderse con nuevos aranceles, como ha
hecho China. Pero Trump no dará marcha atrás: ha lanzado un “chantaje”
y pretende conseguir dinero (hasta 600.000 millones) y contrapartidas
para sus tecnológicas, para bajar impuestos en USA y consolidar su
revolución de extrema derecha. Si Putin se saltó hace 3 años todas
las reglas al invadir Ucrania, ahora Trump (otro autócrata) se
salta todas las reglas económicas para imponer al mundo unos
aranceles que nos van a empobrecer a todos. Como frente a Putin, hay que
aliarse frente a Trump, porque lo que está en juego
no son las ventas de coches, aceite o vino, sino la ruptura de las reglas de
juego y el futuro de Europa. Ya sabemos por la historia que no se
detiene a un dictador negociando.
Pero claro, esa no puede ser la explicación de un
presidente “nacionalista”, que prefiere recurrir al viejo tópico del “enemigo
exterior” para “hacer a America grande de nuevo”, en lugar de
explicarles que han de reconvertir a fondo su economía para competir en un
mundo globalizado. Y como buen “populista”, Trump
apuesta por “soluciones simples”: seremos un país grande de nuevo
si ponemos “aranceles”, impuestos a los productos extranjeros” (una medida del
siglo XIX, sin sentido hoy) y obligamos a las empresas (las norteamericanas y
las extranjeras) a instalarse en Estados Unidos. Es el cuento de la lechera:
“así vamos a ingresar millones de dólares y a recuperar empresas y empleos”.
Y para poner en marcha esta estrategia unilateral frente al
mundo, se inventa una
fórmula que es otra mentira: vamos a imponer unos “aranceles
recíprocos”, para responder a los aranceles que otros paises imponen
ahora a EEUU. Y como somos “buenos”, en lugar de responder con el arancel
que ellos nos imponen, les impondremos un arancel más bajo. Todo mentira. La
fórmula (verla al lado), una ecuación teóricamente “sesuda” (incluso
con letras griegas) es un invento (otro): refleja solo una cosa, el
déficit comercial que tiene cada país con EEUU, que es el criterio para imponerles
ahora los aranceles. Veamos
el caso de Europa. El arancel a imponer a la UE-27 sale de dividir
el déficit comercial (235.600 millones) entre las importaciones USA
(605.800): da 39%. Nada que ver con el arancel real que aplica Europa a
los productos USA, que ronda el 3%. Y como “somos buenos”, añade
Trump, divido ese 39% por la mitad y, redondeando, me sale ponerles un 20%
de arancel…
Y así con todos los paises que venden a EEUU más de lo que
les compran, 185 paises del mundo, incluidas dos islas autónomas australianas
(Heard y McDonald) donde sólo viven pingüinos y excluyendo a Rusia,
Bielorrusia, Cuba y Corea del Norte. … No hay “formulas” que valgan:
los aranceles se imponen unilateralmente contra todos los paises
(un 10% de entrada), pero se agravan contra los paises con los que EEUU tiene
más déficit comercial. En 2024, ese déficit comercial
(importaciones-exportaciones) alcanzó la cifra
récord de -1.212.000 millones de dólares (1,2 billones), más que en
2013 (1,06 billones) y 2023 (1,17 billones). La cuarta parte del déficit total
USA fue por China (-295.400 millones $), seguida de la
Unión Europea (-235.571 millones $), México (-171.189
millones $), Vietnam (-123.436 millones), Taiwán (-73.900 millones),
Japón (-68.500 millones $) y Canadá (-63.336 millones).
Y estos son, justamente, los
paises a los que Trump ha aplicado sus aranceles más altos, no
porque estos paises les apliquen a ellos aranceles (apenas tienen) sino
porque son quienes les venden más que les compran, bien porque tienen
productos más competitivos o bien porque en ellos fabrican muchas
multinacionales USA (coches Tesla o iPhone de Apple en China o zapatillas Nike
en Vietnam). Así, el mayor arancel se impone a China (39% ahora,
que se suma al 20% de aranceles impuestos en enero y febrero: 54%),
seguida de Lesoto (50%: allí se fabrican los Levi´s), Camboya (49%), Vietnam (46%),Sri Lanka (44%), Bangladés
(37%), Tailandia (36%), Taiwán e Indonesia (32%), India (26%), Suiza
(31%), Sudáfrica (30%),Corea del Sur (25%), Japón y Malasia (24%) y Europa
(22%), con un 10% para Reino Unido (ver
listado de aranceles por paises).
Estos nuevos
aranceles entraron en vigor el 5 de abril (para los 117 paises a los
que “sólo” les aplica un 10%) y desde este miércoles el 9 de abril para los
40 paises con aranceles más altos, entre ellos los paises europeos. Pero
estos son “los nuevos” aranceles, porque hay otros aranceles USA que ya se
están aplicando. Recapitulemos. El 4 de marzo entraron en vigor los
aranceles del 25% a México y Canadá (al 50% de los productos, los que
están excluidos del Tratado de Libre Comercio). El 12 de marzo entraron en
vigor los aranceles del 25% a todas las importaciones extranjeras de aluminio
y acero. El 3 de abril se empezaron a cobrar los
aranceles del 25% a los coches extranjeros (las piezas lo pagarán
desde el 2 de mayo). Y también están en vigor los aranceles que se impondrán a
los paises que compren petróleo a Venezuela (España entre ellos). Y además,
el 2 de mayo entra en vigor la extensión de aranceles (54%) a los productos
chinos que lleguen en pequeños paquetes (por importe inferior a 800 euros),
que hasta entonces no pagan aranceles.
Hasta aquí el “órdago” de Trump, el “chantaje”
de Trump al mundo, que ya es un hecho. Ahora, está sentado
a la espera de que el mundo “negocie”, le ofrezca algo (“tiene
que ser fenomenal”, ha dicho)
para rebajar estos aranceles que, insisto, ya están en marcha. En el caso de
Reino Unido, ya ha anticipado que podría ser una rebaja de impuestos y
controles a los grandes de Internet (sus financiadores y socios), algo
que también va a pedir a la Unión Europea. Y por si acaso el mundo no
cede, dice que estudia
futuros aranceles específicos
al vino y bebidas alcohólicas, cobre, los productos farmacéuticos, la madera,
los minerales críticos y la energía (petróleo y gas).
De momento, China, el país más afectado, se queja
ante “una intimidación unilateral” y ha respondido anunciando
nuevos aranceles a EEUU del 34% (como los últimos de Trump)
a partir del 10 de abril. Ya había respondido antes a los aranceles USA que sufre desde enero (10%) y febrero (otro
10%), imponiendo aranceles del 10 al 15% a muchos productos norteamericanos,
desde alimentos a productos manufacturados y energía (por un valor global de
35.000 millones de euros). Ahora la respuesta es más contundente, porque los últimos
aranceles USA afectan a 440.000 millones de exportaciones chinas. Pekín
ha anunciado otras medidas, como penalizar exportaciones a 27
empresas USA (que se suman a otras 15 penalizadas antes) y restringir la venta de
minerales estratégicos a empresas norteamericanas, además de abrir una
investigación antimonopolio a Google y denunciar a EEUU ante la
Organización Mundial de Comercio (OMC).
Y ¿cómo reacciona Europa? En principio, con muchas
palabras y pocos hechos. La presidenta
Von der Leyen dijo que estos aranceles serán “nefastos para millones de
personas en el Planeta”, pero mantiene abiertas todas las puertas para
negociar con Trump antes de aprobar aranceles a los productos made in USA. El
viernes ya hubo contactos (telemáticos) y la Comisión mantiene las
puertas abiertas a negociar con Trump antes de contraatacar. De hecho, hasta
el 9 de abril no se votarán en Bruselas los aranceles europeos de respuesta
(a la soja, algunos wiskis y motos) a los aranceles impuestos ya al aluminio y
acero (25% desde el 12 de marzo), que entrarían
en vigor el 15 de abril. Y todavía no han cerrado una 2ª lista de
aranceles europeos para responder a los aranceles al automóvil (25% desde el 3
de abril) y a los aranceles adicionales del 20% impuestos el 3 de abril. Cada
país tiene su lista y no resulta fácil pactar la respuesta, que sería para el
15 de mayo.
La gran "baza negociadora" de Europa es presionar con más controles normativos (evaden todas las normas de libre competencia) e impuestos (apenas pagan) a los gigantes de Internet USA (Google, Meta, Amazon, X, Microsoft ..), que tienen en Europa un gran negocio online (publicidad, búsquedas, ventas online, redes sociales, centros de datos...), con un superávit a favor de EEUU frente a Europa del que no habla Trump: +109.000 millones de euros en 2023, según la Comisión Europea.
El mayor error que puede cometer Europa
es retrasar su respuesta o dar señales de debilidad ante EEUU. Porque Trump,
como Putin, sólo
valora a los “enemigos” fuertes, se agranda frente a los débiles (como “los
abusones” del patio de colegio…). Y si no ven una actitud dura y firme en
Europa, no van a ceder sino que amenazarán con nuevos aranceles. Hay
que dar una respuesta firme y rápida a Trump por tres razones. Una,
porque se ha saltado toda la legalidad internacional, al imponer
unilateralmente aranceles, al margen de la OMC. Otra, porque Europa
es la primera potencia comercial del mundo (450 millones de
consumidores) y tiene que aparecer como “un faro” para el resto del mundo,
liderar la respuesta a Trump y no intentar “librarse en lo posible” cediendo. Y
la tercera, porque estos aranceles van a hundir la economía europea, que
apenas crece, en otra recesión.
Esto es lo que el mundo debería entender y contraatacar: los
aranceles de Trump van
a dañar a todos los paises y a la mayoría de empresas y
consumidores (incluidos los de EEUU). Por un lado, imponer aranceles
conduce a encarecer todos los productos importados un 20 o un 25%, lo que hará
subir la inflación, en Europa y en todo el mundo. Por otro, muchos paises
podrán exportar menos y eso llevará a hundir sus ventas, su crecimiento y
sus empleos. En el caso de Europa, se estima un daño de 750.000 millones de
euros en 4 años (200.000 sólo en Alemania, el país más afectado junto a
Irlanda, Italia y Francia), según
el Instituto de Economía alemán. Y la Comisión cree que están
en riesgo una cuarta parte de las exportaciones europeas a EEUU,
nada menos que 133.000 millones en riesgo (la UE exportó por valor de
531.600 millones de euros). Es un tema muy serio, con muchas empresas y empleos
en juego. En el caso de España, el daño será menor: están en
riesgo 4.500 millones de los 18.179 millones exportados en 2024.
Y además de los aranceles, Trump está jugado otra “carta secreta”, que ya intentó EEUU el siglo pasado: depreciar
el dólar, otra medida que también “empobrece” al resto del mundo,
como los aranceles. Con una moneda más débil, EEUU tiene más fácil exportar sus
bienes y servicios (desde el petróleo a la tecnología), porque son más baratos.
Y el resto del mundo ve como se encarecen sus productos y venden menos en USA,
no sólo por los aranceles. Los datos indican que el dólar se ha depreciado
un -7,76% frente al euro desde la llegada de Trump a la Casa Blanca (el euro
cotizaba
el viernes a 1,1035 dólares, frente
a 1,024 el 13 de enero), con lo que los productos europeos son un 7,76% más
caros.
Con los aranceles actuales y futuros y la debilidad del
dólar, el
daño económico de Trump al resto del mundo es muy preocupante. ¿Qué
pretende Trump? . No está loco, tiene una estrategia de la
que apenas se habla. Con estos aranceles pretende ingresar muchos millones
del resto del mundo (hasta
600.000 millones de dólares anuales, 81.000 de Europa) para financiar con
ellos, y con lo que se ahorre cuando Musk acabe de desmantelar la Administración
y el gasto público USA (otros 400.000 millones), tener una “hucha” de 1
billón de dólares para poner en marcha su revolución conservadora: bajar drásticamente los
impuestos (más a los ricos, pero también a la mayoría de
norteamericanos) y promover un mayor poder de las grandes empresas
tecnológicas, para defender sus valores de extrema derecha no sólo en EEUU sino
en el resto del mundo, en especial en Europa. Sabe que ahora pueden caer las
Bolsas, subir la inflación en EEUU y crecer menos a corto plazo, pero confía en
que la bajada de impuestos y el tirón empresarial le lleven a asentarse
en el poder, incluso a cambiar
la Constitución para un tercer mandato (o para Vance y sus seguidores).
Así que lo que está en juego no es sólo si Europa
vende menos coches en EEUU o si los españoles venden menos aceite o vino ni que
comprar cualquier producto extranjero (electrónica, teléfonos, ropa y
zapatillas, medicamentos) sea más caro. Lo
que está en juego son unas relaciones económicas internacionales sin
control, donde un autócrata sin contrapesos impone su Ley, la del más
fuerte, empobreciendo al resto del mundo para financiar su modelo
político de extrema derecha, intentando desmantelar el modelo europeo. Ya
lo hizo Putin en 2014, con la invasión de Crimea, y como nadie reaccionó,
lo repitió en Ucrania. Ahora, Trump declara
al mundo esta “guerra comercial”, frente a la que no valen medias tintas.
Ya sabemos por la historia qué pasa cuando no se hace frente a
un dictador. Urge que Europa busque aliados y medidas eficaces
(como controlar
más a los gigantes de Internet) para frenar a Trump. No podemos
perder esta guerra.
Hoy 3 de abril entra en vigor la Ley orgánica para
mejorar la eficiencia de la Justicia, la mayor reforma de los
tribunales en 70 años. Antes de finales de 2025, los Juzgados de jueces unipersonales se
integrarán en Tribunales de Instancia, con varios jueces que se
repartirán los casos y coordinarán sentencias, apoyados por Oficinas
judiciales. También se crean Oficinas municipales de Justicia, donde harán
sus trámites judiciales los ciudadanos. Y además, se obliga a quien presente un litigio,
que busque antes una mediación para intentar acuerdos extrajudiciales. El
objetivo es reducir los litigios y agilizar los trámites, que hoy
duran años, más que en Europa. En paralelo, se ha reformado la carrera
judicial, para que haya más jueces y menos endogamia. Toda esta reforma,
bien recibida por los expertos, necesita ahora financiación, personal,
digitalización y rodaje, así como implicación de los jueces.
Pero necesitamos que funcione, porque afecta a nuestra vida (años
para dirimir una custodia de hijos, un despido o una herencia) y a
nuestra economía.
La Comisión Europea lleva años presionando a
España para que reforme la Administración de Justicia, porque sale
mal parada en los exámenes anuales a los paises de la UE-27. El último, “The
2024 EU Justice Scoreboard”, revela que España es el 4º país europeo
donde más se retrasan las sentencias judiciales, sólo por detrás de
Chipre, Italia y Grecia: 350 días de media en 1ª instancia, 340 días en 2ª
instancia (Tribunales superiores) y hasta 700 días si se recurre a la 3ª
instancia (Supremo), el doble de la media de la UE. Además, el examen revela
que España está a la cola europea en jueces (11 por 100.000 habitantes,
frente a 25 Alemania), aunque el gasto en Justicia (101 euros por
habitante) está en la media europea. Y otro punto negro de nuestra Justicia es
que los
ciudadanos no la ven “independiente”: somos el 6º país UE con menos
percepción de independencia, sólo por detrás de Hungría, Bulgaria, Polonia,
Eslovaquia e Italia, según el Eurobarómetro 2024.
Este complejo panorama justifica la insistencia de
Bruselas en que España mejore la Justicia. Por eso, su reforma se incluyó como un
reto clave en el Plan de Recuperación, como una de las exigencias para
recibir esos 140.000 millones de subvenciones y créditos previstos hasta 2026.
En este caso, el plazo para aprobar la reforma se acababa el 31
de diciembre de 2024 y el Gobierno lo cumplió “in extremis”: el
19 de diciembre consiguió que el Congreso aprobara la Ley
Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de
Justicia, aprobada
por el Consejo de Ministros el 12 de marzo de 2024. Al final, el Gobierno la
sacó la adelante por 177 votos a
favor y 170 en contra (PP, Vox y UPN), con lo que al día
siguiente (20 diciembre) pidió
a Bruselas el 5º pago de los Fondos Europeos (25.000 millones en
subvenciones y créditos), que dependían de esta y otras reformas.
Esta Ley Orgánica
1/2025 es una macro Ley, con más de 300 artículos que
reforman unas 30 normas vigentes, algunas no modificadas desde hace 70 años
y otras con más de un siglo de antigüedad. La reforma, que debe materializarse
entre julio y diciembre de 2025, supone
3 grandes cambios. El primer cambio supone la
reorganización de los Juzgados : los actuales Juzgados unipersonales (3.800),
vinculados a un Juez titular, se integran en los Tribunales de instancia
(431, tantos como partidos judiciales), que serán ahora los Tribunales
de 1ª instancia, el primer escalón para acudir a la Justicia. Estos
Tribunales de Instancia estarán formados por varios jueces (uno será el
presidente), que se repartirán el trabajo, lo que permitirá una mayor integración,
especialización y coordinación, evitando diferencias de interpretación que ahora
aumentan los recursos en 2ª instancia. Así que los nuevos Tribunales de
Instancia serán más colegiados y tratarán de compartir recursos y
experiencia, apoyados cada uno por una Oficina Judicial que aportará
sus funcionarios, personal y medios. Además, se contempla en algunos casos las sentencias
“orales”, más rápidas, que luego serán documentadas.
El segundo cambio es que los Juzgados de Paz de los pueblos
se incluyen en las
Oficinas Municipales de Justicia, el futuro lugar donde los
ciudadanos presentarán sus litigios y harán sus trámites con la Justicia, sin
tener que desplazarse a la capital de la provincia. Además, se pondrá en marcha
en esta Oficinas municipales de Justicia servicios telemáticos, tanto para
enviar documentos como para poder realizar declaraciones telemáticas. Serán una
especie de ventanillas públicas judiciales, como una
ventanilla única que facilite trámites.
La tercera pata de la reforma (y quizás la más importante)
es promover
la mediación, exigir a ciudadanos y empresas que acudan
antes a los servicios de un mediador que a un Juzgado, que no aceptará
una demanda si antes no se ha intentado un acuerdo con un mediados profesional
independiente. Ahora, la Ley obliga a las partes implicadas en un litigio que
acudan primero a mediadores profesionales, empresas y profesionales neutrales que
tratarán de buscar un acuerdo para no acabar en un Juzgado (quedan fuera los
litigios en materia penal, laboral y concursal). Para incentivarlo, además
de no aceptar el recurso si no se ha acudido a una mediación, se permitirá la
suspensión de la ejecución de una sentencia para acudir a una mediación y se penalizan
algunas “costas procesales”.
Con esta tercera medida se trata de reducir
los nuevos litigios que llegan a los Tribunales cada año (7
millones en 2023) y con las otras dos, que los Tribunales trabajen de
forma más colectiva y eficiente, con parte del trabajo ahora descentralizado
en las Oficinas Municipales. Además, la Ley orgánica contempla otros cambios
importantes. Uno, la ampliación de competencias de los actuales Juzgados
de Violencia contra la Mujer, que asumirán (a finales de 2025) nuevos
delitos para los que en principio tienen mayor especialización (y “sensibilidad”):
delitos contra la libertad sexual, la trata o el acoso machista. Aunque se
ampliarán con más jueces, algunos
magistrados han advertido que “colapsarán”.
Otro cambio importante se dará en
los litigios laborales: a partir del 3 de abril, las partes en
conflicto (empresa y trabajador) tendrán que presentar sus pruebas
(documentales y periciales) 10 días antes del juicio, en formato electrónico.
Con ello, se obliga a las partes a “enseñar sus cartas” antes del juicio,
buscando aumentar los acuerdos de conciliación y desatascar los Juzgados de lo
social. Además, la Ley incluye (por presión del PNV) los
juicios rápidos contra la ocupación de viviendas y locales, en un
plazo de 15 días. Y también se aprovecha esta Ley para suprimir
la “Golden Visa” aprobada por Rajoy en 2013 (dar la nacionalidad
española a quien compre un piso o invierta en España más de 500.000 euros) y
para abrir una vía a las Comunidades
de vecinos que no quieran un piso turístico: podrán negar el permiso
a que se instale en su edificio (ojo: a partir del 3 de abril) si lo
votan el 60% de los vecinos…
El “mundo jurídico”, sobre todo los abogados
y expertos ha recibido “bastante bien” estos cambios
de una Ley en la que Justicia trabajaba desde la época de Gallardón (PP). Creen
que la reorganización y agrupación de los Juzgados puede agilizar procesos y
coordinar criterios, reduciendo las apelaciones. Pero todos ponen
el énfasis en un tema: hacen falta medios, desde jueces
y funcionarios a una digitalización de Juzgados y oficinas, sobre todo
ahora las Oficinas Municipales, que quieren ser “la antecámara de la Justicia”.
Y como ya es habitual, se ha aprobado la Ley pero no su financiación, más en entredicho porque llevamos dos años sin Presupuestos y no
parece fácil aprobar unos para 2026.
Otro problema que preocupa a muchos expertos es que
la exigencia de mediación previa antes de ir a un Juzgado retraiga a
muchos ciudadanos y empresas pequeñas, que no tienen
experiencia o presupuesto para pagar a un mediador (y más si creen que después
pueden acabar pagando abogado, procurador y las costas del juicio si pierden).
Por eso, es importante multiplicar la oferta de mediadores, que la gente
confíe en su trabajo y comprenda que es mejor un acuerdo regular hoy
que un mejor acuerdo dentro de varios años (“Es mejor mala avenencia que buena
sentencia”, dice el refrán). En el caso de los litigios contra los
bancos por cláusulas abusivas, se obliga a los clientes a
hacer una reclamación extrajudicial previa a la entidad, que deberá contestarse
en el plazo de un mes. Y en el caso de reclamaciones frente a empresas, se
podrá imponer una penalización a los empresarios que no contribuyan a una
solución consensuada (ver
casuística).
Con todo, muchos
expertos creen que no basta con más presupuesto, más medios y más digitalización
para agilizar la Justicia en España. Que la clave sigue estando en los
jueces y en cómo organizan los Juzgados y su trabajo. Y aportan, como
ejemplo, este dato: la
tasa de resolución (asuntos resueltos/asuntos ingresados) ha
bajado, del 102,8% en 2013 al 92% en 2023. O sea que los jueces apenas sacan
más sentencias (+1,1% en 2023), pero como entran muchos más litigios, no
aumentan apenas su eficacia. Y eso tiene mucho que ver con cada Juez y
la organización de cada Juzgado, con enormes diferencias entre ciudades y
autonomías, con jueces “más productivos” y otros mucho menos. Por eso, muchos
profesionales del Derecho piden que el Consejo del Poder Judicial realice más
evaluaciones de resultados y que se incluyan incentivos por
eficacia, no el “café para todos”.
Algo que mejoraría la “eficacia judicial” sería ampliar
el número de jueces, porque tenemos menos que en Europa y porque apenas han
crecido las plantillas (5.799 jueces en 2023, sólo 437 plazas más que
en 2013, a pesar del aumento de los litigios). Para ampliar las plantillas
de jueces, el
Gobierno ha aprobado un anteproyecto de Ley, el 21 de enero, para reformar
la carrera judicial, Ley que pretende aprobar en el Congreso en junio
(difícil, porque la mayoría de las asociaciones de jueces están en contra).
La reforma tiene 4 patas: igualdad de
oportunidades en el acceso a la judicatura (con becas para que los
opositores sobrevivan los 4 años que dura), creación de una Escuela pública para
opositores (ahora, a la mayoría les preparan jueces en activo, muchos
cobrando “en negro”, lo que favorece la endogamia judicial), cambios
en el examen para juez y fiscal (se suprime una prueba oral y se cambia por
un caso práctico, por escrito y anónimo, sin el nombre del candidato) y medidas
para ampliar el número de jueces (permitiendo el acceso extraordinario de jueces
“sustitutos”: 913 hoy, algunos “ejerciendo” desde hace más de 20 años),
reforzando el acceso por el 4ª turno (juristas con reconocido
prestigio). Además, la reforma incluye cambios
en la elección de los órganos judiciales (Salas de Gobierno o Comisiones
de ética), para conseguir que haya más “pluralidad” (ahora, la Asociación
Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, copa la mayoría de
los cargos judiciales). Y elegirlos por 3 años en vez de por 5.
En resumen, que Europa nos ha forzado a una reforma de
la organización de la Justicia que no había intentado ningún Gobierno
democrático en España. Por eso, la aprobación de esta Ley Orgánica ya
es un avance, aunque hubiera sido mejor que la apoyara el PP. Ahora falta
ponerla en marcha y eso requerirá tiempo, medios, personal, digitalización
y presupuesto. Y sobre todo, la
implicación de los jueces, los primeros interesados en demostrar
que la Justicia funciona y en reducir las esperas (meses y años), que afectan a
miles de ciudadanos y empresas y que paralizan millones de euros a la espera de
ejecutar sentencias. ”La justicia retardada es injusticia manifiesta”,
dice el refrán. Un país moderno y
eficiente necesita una Justicia que funcione, en todas las ciudades y
regiones. Es hora de intentarlo, de poner las bases para conseguir una Justicia
más ágil en una década. Amén.
Mañana 1 de abril entra en vigor la 3ª fase de
la reforma de las pensiones, iniciada por el Gobierno en 2021 y continuada
en 2023. Los cambios, pactados con sindicatos y patronal el
verano pasado (y apoyados por el PP en el Congreso), incentivan retrasar
la jubilación y facilitar que un jubilado trabaje o se jubile parcialmente
y siga trabajando. Se busca reducir los nuevos jubilados (368.000 en 2024),
para frenar el gasto en pensiones, que en 2024 superó los 200.000
millones (73% para pagar jubilaciones). De momento, las medidas tomadas
para penalizar las jubilaciones anticipadas y retrasar la jubilación han
dado frutos: 34.273 trabajadores retrasaron su jubilación en 2024, el
9,3% del total y el doble que en 2021. Con todo, cada año aumentan los
jubilados, con pensiones más altas, y preocupa que las reformas consigan
sostener a medio plazo las cuentas. Hoy, la AIReF publicará un
balance, impuesto por Bruselas, para ver si las reformas funcionan o si hay
que tomar nuevas medidas.
El problema de la factura de las pensiones es
doble. Por un lado, cada vez hay más españoles en edad de jubilarse, por
el envejecimiento de la población. Así, el número de pensiones de jubilación ha
saltado de 5.994.755 pensiones en diciembre de 2018 a 6.562.698
pensiones de jubilación en febrero de 2025 (+9,5%). Y por otro,
estos nuevos jubilados (368.234 en 2024) cobran más, porque han tenido
mejores carreras profesionales, han cotizado más años y por sueldos crecientes,
con lo que se jubilan con pensiones mucho más altas. Así, los que se
jubilaron en febrero pasado lo hicieron cobrando
1.650 euros de media, un 11% más de los que se jubilaron en 2019. Y
además, aunque también hay bajas, los nuevos jubilados cobran un 20% más de lo
que cobraban los que se han muerto.
Esta es la endiablada “trampa de las pensiones”: cada
año hay más jubilados (en 2024 se jubilaron 64.671 trabajadores
más que en
2019) y se jubilan cobrando más, porque han cotizado más años y por
sueldos más altos. Y esto va a empeorar a medio plazo: a partir
de 2025, el coste de las jubilaciones va a aumentar más (hasta 2044), porque se
jubila la generación del “baby boom” (los nacidos entre 1960 y 1977). Y
además, como van a vivir más (la esperanza
de vida subirá de 83,5 años a 86,5 a mediados de siglo), cobrarán las
futuras pensiones (más altas) durante más años (casi 20).
Para afrontar este panorama y conseguir que las
pensiones sean “sostenibles”, en España se han hecho varias reformas
en las últimas décadas. La primera reforma la
hizo Zapatero, en julio de 2011,
apoyada por los sindicatos, la patronal, PSOE y CiU. Era una reforma impuesta
por la Comisión Europea, que exigía hacer recortes para que España
evitara el rescate. Esta reforma de ZP intentó frenar el gasto futuro con 4 medidas polémicas pero eficaces: subir la edad de jubilación (de 65 a 67
años en 2027), elevar el periodo cotizado
para recibir el 100% de pensión (de 35 a 37 años en 2027), aumentar los años exigidos para retirarse a
los 65 años (de 35 a 38 y 6 meses en 2027) y aumentar el periodo de cómputo cotizado (de 16 años a 25 en 2022).
La segunda reforma de pensiones la
aprobó Rajoy en septiembre de 2013,
esta vez en solitario, con Bruselas también vigilante en una época de recortes.
Dos
fueron las medidas impuestas: una mínima revalorización de las pensiones
(no con el IPC, sino en función del déficit de la SS), que aumentó las
pensiones un +0,25% entre 2014 y
2017, y un Factor
de Sostenibilidad, para subir menos las pensiones futuras (suponía un
recorte del -30% para 2050). Al final, Rajoy
tuvo que dar marcha atrás en 2017, forzado por el PNV (lo
necesitaba para aprobar los Presupuestos de 2018) y aprobó una mayor revalorización (+1,6% en 2018) y retrasó (de 2019 a 2023) la
entrada en vigor del Factor de Estabilidad.
En 2020, la
mayoría progresista que apoyaba al Gobierno
Sánchez, promovió en la Comisión del
Pacto de Toledo (Congreso) la aprobación (el 27 de octubre) de 22 medidas de reforma de las pensiones (apoyadas por todos los partidos, salvo
VOX, y la abstención de ERC y Bildu), que se resumían en 4 medidas básicas: revalorización
de las pensiones con el IPC, quitar a la SS de gastos impropios, acercar la
edad de jubilación real a la oficial y una subida extra de las cotizaciones del
0,6%. Con este amplio acuerdo político, el
Gobierno Sánchez aprobó en 2021 y 2022 la
1ª fase de esta tercera reforma de pensiones. Primero, a
finales de 2021, aprobó la revalorización de las pensiones con el IPC
previsto para 2022 (+2,4%), un decreto Ley que votaron en
contra PP, Vox y Ciudadanos. Segundo, ya en
2021 transfirieron a la SS 13.929 millones para cubrir parte de los gastos “impropios”. En
2022 transfirieron otros 18.396
millones y 22.567 millones más en
2023, lo que suprimía el déficit del sistema.
La 3ª medida, aprobada en 2022, fue penalizar más a los que se jubilen anticipadamente (la edad real de
jubilación era 64
años y 6 meses en 2021), lo que suponía
un gran ahorro (14.000 millones anuales por cada año que suba la jubilación
real). Y en paralelo, incentivar (con un cheque) a los que se jubilen más tarde de lo debido. Y la 4ª medida,
aprobada en 2022 y la única no apoyada
por la patronal CEOE, fue implantar una
cotización extra, del +0,6%
(+0,5% lo pagarán las empresas y el 0,1% sus trabajadores), a pagar entre 2023
y 2032, para crear una “hucha” (el Mecanismo de Equidad Intergeneracional,
MEI), para reforzar los ingresos del sistema de pensiones a partir de 2032, cuando se dispare el gasto
con las jubilaciones del “baby boom”.
Estas 4 medidas de la 1ª fase de la reforma de pensiones del
Gobierno Sánchez recibieron en 2022
el visto bueno de la Comisión Europea, obsesionada
(como en 2011 y 2013) porque las pensiones disparen el déficit público en
España. Pero no les bastaban: creían que se
había tapado el déficit de la SS, con los ingresos trasvasados de los
Presupuestos, pero que no se aseguraba el futuro de las pensiones.
Y pedían más medidas, como
requisito para
que España siguiera recibiendo Fondos europeos en 2023. Así que el Gobierno contempló aprobar una 2ª fase de la reforma al revés: negociando primero con Bruselas.
Al final, el 16 de marzo de 2023, el Gobierno Sánchez
aprobó
una 2ª fase de la reforma de pensiones, pactada con Bruselas y
los sindicatos pero rechazada por la patronal, PP, Vox y Ciudadanos. Esa nueva
reforma se centraba en aumentar los ingresos (15.000 millones
anuales hasta 2050), que saldrán de aumentar las cotizaciones, sobre todo a los
sueldos más altos. Y además, se subieron los años de cómputo para
calcular la pensión, de 25 a 27 años, con dos “cautelas” para suavizar el
ajuste: que los futuros pensionistas podrán “elegir” (hasta 2044) entre tomar
los últimos 25 años cotizados o los últimos 29 quitando los dos peores y que el nuevo sistema se implantará de forma
progresiva hasta 2038.
Tras esta 2ª fase, quedaban unos “flecos” a
la reforma de pensiones, que se
pactaron entre los sindicatos, la patronal y el Gobierno en julio de 2024, firmándose
en La Moncloa el 18 de septiembre de 2024 y trasladándose a un Real
decreto Ley aprobado por el Gobierno
en diciembre de 2024 y convalidado
en el Congreso el 22 de enero
pasado (con el voto favorable del PP y los votos en contra de Vox, Bildu,
Podemos y BNG). Esta normativa, que cierra las reformas de las pensiones de
2021,2022 y 2023, pretende
hacer compatible la jubilación con un empleo, que la opción
de un trabajador no sea trabajar o jubilarse sino que pueda seguir
trabajando después de los 65 años (o de los 66 años y 8
meses ahora, si ha cotizado menos de 38 años y 3 meses) e incluso compatibilizar
pensión y trabajo (jubilación activa o parcial), como se permite en muchos
paises. Objetivo: reducir el número de jubilados y frenar el
aumento de la factura de las pensiones.
La nueva
normativa pactada, que entra en vigor este 1 de abril, se centra
en 3 tipos de jubilaciones. Una, la
jubilación demorada: se aumentan los incentivos para que un trabajador retrase
su jubilación después de los 65 años (o 66 años y 8 meses en 2025 y 67
años en 2027). Ya había un incentivo, aprobado en 2022, para aumentar
un 4% cada año la pensión de quien la retrase. Ahora, se mejora
este incentivo: se cobrará el extra por cada 6 meses de demora, sin
esperar al año. Así, alguien que retrase su jubilación 2 años y 7 meses,
cobrará un extra en su pensión del 4% por año y del 2% por los 6 meses de
retraso (+10% en total).
El 2º cambio afecta a la
jubilación activa, a los que compatibilizan durante un tiempo
pensión y trabajo. Esto ya se podía hacer, pero ahora se introduce una
mejora clave: se elimina el requisito de tener una carrera cotizada
completa (38 años y 3 meses) y se permite compatibilizar pensión y trabajo a
los que hayan cotizado 15 años. Esto beneficiará a los trabajadores con
carreras cortas e intermitentes, especialmente a las mujeres. El acceso a
poder trabajar de nuevo se permite 1 año después de la jubilación
y el jubilado podrá cobrar el 50% de la pensión (si es autónomo
con al menos 1 empleado, cobrará el 100%) y el sueldo que le paguen por su
trabajo (a jornada completa o parcial). Otra novedad importante es que esta
jubilación activa permitirá cobrar también los incentivos a la jubilación
demorada señalados antes. Así que cada año que demore la jubilación y tenga
una jubilación activa, aumentará el porcentaje que cobra de pensión (si es 5
años o más cobrará el 100%).
El tercer cambio afecta a la
jubilación parcial, que permite compatibilizar la jubilación anticipada
(a los 63 años si ha cotizado suficiente) con un trabajo por cuenta ajena con
reducción de jornada: ahora se permite una reducción del 25 al 50% de la
jornada, pero con el cambio puede llegar al 75% de reducción si
se contrata a un joven como relevo (y además, en este caso, se permite la
jubilación parcial a los 62 años). La pensión que cobrará el jubilado
parcialmente será en función de lo que recorte su jornada como trabajador. El
objetivo es incentivar a los trabajadores en sus últimos años de vida laboral
(62 o 63) a que trabajen menos horas para dejar hueco a un joven
(que debe tener contrato indefinido, para evitar fraudes), pudiendo cobrar una
parte de su pensión según la jornada que haga.
Una variante que también cambia es la
jubilación anticipada en la industria manufacturera, prorrogando el
marco actual hasta 2029 (incluido), rebajando sus cotizaciones al 80%,
permitiendo una organización más flexible de las empresas y mejorando la
situación de los jóvenes “relevistas” (el que sustituye a un mayor que se
jubila parcialmente). Estas mejoras son claves para muchas industrias, como
las del automóvil, que han presionado al Gobierno y a los sindicatos
a facilitarles la renovación de sus plantillas en España.
Otro cambio que incluye la nueva normativa es la mejora
del acceso a la jubilación
de los trabajadores fijos discontinuos, que sólo trabajan unos
meses (o días) y el resto cobran el paro, una figura muy usual en hostelería,
turismo, campo o construcción. Se mantiene el beneficio del coeficiente
multiplicador (1,5) al calcular sus cotizaciones para jubilarse: 6 meses
cotizados equivaldrán a 9 meses. Y por último, el
Real Decreto aprovecha para incluir otro cambio: a partir de ahora, los
médicos de familia podrán “derivar” a las Mutuas las pruebas y la
rehabilitación de los trabajadores con bajas por problemas musculoesqueléticos,
siempre que el trabajador quiera (el médico es quien seguirá dando las altas
y bajas).
Todos estos cambios, la 3ª fase de la reforma de las
pensiones, deberán
ser evaluados por el Gobierno y la SS a finales de 2028, para
ver si han funcionado y aceleran el retraso de las jubilaciones y las
jubilaciones activas. De momento, las reformas de 2021 han reducido
las jubilaciones anticipadas: de 123.498 en 2021 (el 39% del total) han
bajado a 108.968 en 2024 (el 29,60%), por lo que mucho que se pierde ahora al
jubilarse anticipadamente (del
3,26 al 21%: ver cuadro). Y en paralelo, los incentivos a retrasar la
jubilación han hecho que lo hagan muchos más trabajadores: 34.273
en 2024 (el 9,31%), el doble que en 2021 (15.250, el 4,8%),
según los datos de la Seguridad Social.
Con todo, no se puede cantar victoria, porque cada
mes hay más jubilados y más gasto. Y aumentará más con la jubilación de los
“baby boom” (nacidos entre 1960 y 1977). Por eso, la
Comisión Europea nos vigila de cerca, porque “no quiere sustos” y
que el gasto en pensiones rompa la extraordinaria bajada del déficit
público (del
9,9% del PIB en 2020 al 2,8% en 2024) . Y ha encargado un informe a la Autoridad Fiscal española
(AIReF) para que haga un balance del gasto en pensiones 2022-2024,
tras las reformas. Informe que se
conocerá hoy, 31 de marzo. Si hay un desfase entre ingresos y
gastos (se habla de 12.000 millones), Bruselas podría forzar a España a
nuevas reformas en los próximos meses. En realidad, la reforma de
las pensiones es “una reforma permanente”, con cambios periódicos
para asegurar su futuro. Así que la reforma que entra en vigor mañana
será “la
penúltima”. Atentos a las noticias.
No lo hemos votado, pero ya sufrimos el desgobierno
de Trump. No sólo porque ponga en peligro la seguridad, la
democracia y el Estado del bienestar en Europa, con su apoyo
a la extrema derecha y a Putin, sino porque nos afecta al bolsillo:
el mundo crecerá menos este año y tendrá más inflación, por el
proteccionismo y los aranceles de Trump, según alerta la OCDE. Y Europa
seguirá estancada, con más inflación y sin poder bajar más los tipos,
según el BCE. El daño dependerá de los aranceles que finalmente aplique
Trump al resto del mundo (automóviles y otros), el 2 de abril. España los
sufrirá (desde el aceite y el vino a la
maquinaria), aunque menos que
Alemania, Irlanda, Italia o Francia. Es urgente que Europa reaccione con
más firmeza ante esta “epidemia Trump”, con más inversiones y proyectos
para afianzar la competitividad, la industria, la tecnología y la
descarbonización, para reanimar la economía y el empleo y asegurarnos la autosuficiencia,
la seguridad y la democracia. 
La alerta la
acaba de lanzar la OCDE, el organismo que agrupa a los 35 grandes paises
de Occidente: la economía mundial va a crecer menos este año 2025, por
las políticas proteccionistas de Trump y la incertidumbre geopolítica: el
mundo crecerá el 2,2% en 2025 (-0,2% menos de lo previsto en
diciembre) y el 1,6% en 2026 (-0,5% de lo que preveían hace sólo tres
meses). El crecimiento
será este año menor al esperado en EEUU (2,1%, -0,2%), la
eurozona (1%, una rebaja del -0,3%), Alemania (0,4%, -0,3% que en
diciembre), Francia (0,8%, -0.1 sobre lo previsto), Italia (0,7%,
-0,2% frente a lo previsto antes) y Reino Unido (1,4%, -0,3% de rebaja),
aunque España será el único país que crecerá más de lo previsto
en diciembre (2,6%, +0,3%), junto con China (4,8%, +01% de lo previsto).
México entrará en recesión (-1,3%) y Canadá apenas crecerá (0,7%,
-1,3% que antes).
La otra consecuencia negativa de la incertidumbre económica
desatada por Trump y sus aranceles es que subirá la inflación en el mundo: aumentará
un 0.3% adicional en los próximos 3 años, según
la OCDE, que estima una inflación mundial del 3,8% en 2025, un 2,2%
en la zona euro (+0,1% que antes), 2,4% en Alemania (+0,4%) y un 2,8% en EEUU
(+0,7% más de lo previsto en diciembre), mientras subirá al 2,5% en España
(+0,4% sobre la previsión anterior), el 1,5% en Francia (-0,1%) y el 1,7% en
Italia (-0,4%), disparándose la inflación en Canadá (3,1%, +1,1% que en
diciembre) y México (4,4%, +1,1%).
En el caso específico de Europa, el
BCE acaba de lanzar otra alerta: si Trump ejecuta su
amenaza de aranceles a los productos europeos, la zona euro se estancará,
creciendo sólo un 0,4% en 2025 (frente al 0,9% que esperaban creciera hace unos
meses). Y además, subirá más la inflación, al encarecerse los productos
importados de EEUU, del 2,3% que antes se esperaba al 2,8% en 2025. Y eso,
advierte el BCE, les
dificultará nuevas bajadas de los tipos de interés, que están en el 2,5%
tras las 6 bajadas hechas en los últimos 9 meses. De hecho, el Euribor , que marca la revisión de las hipotecas, ha frenado sus
bajadas y lleva una media
mensual de 2,414%, superior al Euribor de febrero (2,407%).
Así que las
medidas de Trump y la incertidumbre geopolítica que ha desatado
supondrán un menor crecimiento de la mayoría de paises, que afectará
a España (exportaremos menos y los turistas tendrán menos dinero para
visitarnos y gastar, retrayendo además las inversiones extranjeras hacia España),
nos subirá la inflación (por el encarecimiento de las importaciones,
entre ellas la energía) y evitará
que nos bajen más las hipotecas, lo que acabará frenando el consumo,
la inversión y el empleo, con el riesgo de que el mayor gasto en Defensa y
Seguridad que nos exigirá Europa obligue a relegar otras inversiones y gastos
sociales. Demasiadas consecuencias como para no preocuparse.
Y todas estas previsiones negativas se han hecho sin
que aún sepamos realmente los aranceles (impuestos a los
productos extranjeros) que va a
imponer Trump al resto del mundo, porque en las últimas semanas se ha
dedicado a amenazar y luego desdecirse, con lo que resulta
difícil seguirle. Las decisiones
que sí ha tomado han sido subir un 10% los aranceles a China el
4 de febrero y otro 10% adicional (20% en total) el 4 de marzo. Y decretar una
subida de aranceles al acero y al aluminio del resto del mundo, desde el
12 de marzo. A partir de aquí, el resto de las subidas de aranceles las anunciará el próximo miércoles 2 de
abril , que Trump ha bautizado como “el día de la liberación”,
asegurando a los norteamericanos que va a recaudar “miles de millones de dólares”… Eso sí, como "aperitivo", ayer Trump anticipó que subirá los aranceles un 25% a todos los coches extranjeros (Europa vende 750.000 coches al año a EEUU...).
¿Qué otros aranceles va a aplicar Trump el 2 de abril ? En
un principio, su Administración ha hablado de gravar con aranceles los productos extranjeros
de algunos sectores, como los automóviles, microprocesadores,
productos farmacéuticos y alimentos y bebidas (vino, aceite). Pero ahora,
parece que los
futuros aranceles no serán tanto sectoriales como “recíprocos”:
se centrarán en los paises con los
que EEUU tiene más déficit comercial, además de los aranceles del 25% a
sus vecinos Canadá y México (aprobados ya, pero con 2 prórrogas
sobre su entrada en vigor). Eso significaría que los aranceles serían
mayores con las regiones y paises con los que EEUU tiene un mayor
déficit comercial.
Veamos cuáles son. En 2024, el “agujero” comercial de
EEUU (déficit, la diferencia entre lo que importa y lo que exporta) fue
de 1,212
billones de dólares (1.212.000.000 millones $), mayor que en
2013 (1,062 billones) y en 2022 (1,173 billones), un déficit alentado
por el fuerte consumo de los estadounidenses estos años y la pérdida de
competitividad de algunas industrias y sectores, que han aupado a Trump. La
cuarta parte de este déficit comercial USA es con
China (-295.400 millones de dólares en 2024, menor que entre 2012
y 2022), seguido del déficit comercial con la Unión Europea (-235.571
millones de dólares), México (-171.189 millones $), Vietnam
(-132.500 millones $), Taiwán (-73.900 millones $), Japón
(-68.500 millones $) y Canadá (-63.336 millones $). Así que, lo probable
es que Trump aumente más los aranceles a China, la UE, México, Vietnam, Taiwán,
Japón y Canadá.
Después de China, la
UE es la bestia negra de Trump, no sólo por el déficit comercial
sino también porque su Gobierno está apoyado por “la tecnocracia de
Internet” (Meta, Google, Amazon, X…), que han tenido y tienen serios “encontronazos
regulatorios” (expedientes y multas) con la Comisión Europea,
que les impone normas y Leyes. Además, el modelo político y social de la
UE es “enemigo político” de Trump y su ultraderecha, que defienden recortes
en la Administración, obligando a los norteamericanos a pagarse (aún más) la
sanidad, la educación o recortando los gastos sociales. Son “dos
modelos sociales” enfrentados y la Administración Trump pretende
debilitar a Europa recortando su papel en la OTAN (que obliga a un mayor gasto
europeo en Defensa y Seguridad y apoyando a la extrema derecha europea, para exportar
su “modelo” (antisocial, antinmigración y anti verde).
Pero los aranceles de Trump pretenden, sobre todo, debilitar
a la economía europea y forzar más compras de productos “made in USA”
(sobre todo energía) y la instalación en suelo norteamericano de más empresas
extranjeras. Por eso, los grandes objetivos de Trump en Europa
son las economías que más les venden, las que tienen un mayor superávit comercial
con EEUU. En 2024, el superávit comercial de la UE-27 con EEUU fue de +198.200
millones de euros (+26% sobre 2023), según
Eurostat, un superávit para Europa que ha ido en aumento, incluso
durante el primer mandato de Trump (en 2018 era de +136.382 millones de
euros y subió a +152.723 millones en 2020).
La mayor parte de este superávit europeo ( o del
déficit comercial de EEUU frente a Europa) se
concentra en 5 paises que serán los que más “sufran” ahora los
aranceles de Trump: Alemania (+92.247 millones de superávit comercial
con USA en 2024), Irlanda (+50.828 millones), Italia (+38.870
millones), Austria (+11.415 millones) y Suecia (+9.299 millones).
Francia apenas tiene superávit comercial con EEUU (+2.989 millones euros) y sólo
hay 2 paises de la UE que tengan déficit comercial con EEUU: Paises
Bajos (-24.758 millones) y España (-5.981 millones de déficit
comercial con EEUU en 2024).
Con estas
cifras, lo “esperable” (con Trump es mucho decir) sería que los
paises más afectados por los esperados aranceles USA a Europa sean Alemania
e Italia, también Francia (son los 3 que más les venden), y menos Irlanda,
porque allí hay instaladas muchas multinacionales USA. España podría verse menos afectada,
porque tenemos déficit con EEUU y les vendemos poco (18.971 millones de
euros en 2024), además de que estas ventas representan menos porcentaje del
total exportaciones no europeas (el 12,3%) que en el caso de Irlanda (el 53,7%
de sus exportaciones no UE van a EEUU), Austria (25,7%), Portugal (23,3%),
Finlandia (23%) y Alemania
(el 22,7% de las exportaciones no europeas van a EEUU). Pero eso no quita
para que haya preocupación en algunos sectores españoles, “amenazados”
por posibles aranceles de Trump: aceite de oliva, vino, piezas de automóvil,
medicamentos, cerámica y motores/aparatos eléctricos.
La Comisión Europea (y no los paises) es quien tiene
la competencia sobre comercio exterior y la que tiene que responder a los
aranceles de Trump. Inicialmente, Bruselas elaboró una lista de productos made in USA a los que aplicar
aranceles (impuestos) el 2 de abril: barcos de recreo, motos Harley
Davison y ropa Levis, más productos agrícolas (soja) y bourbon, una lista de
productos agrícolas e industriales que está pactando con los paises. Pero,
finalmente, la
Comisión ha decidido “posponer” 2 semanas, hasta el 16 de abril, la
lista y la entrada en vigor de estos aranceles europeos que responden a las
amenazas de Trump. Es una manera de “ganar tiempo”, para conocer la
lista USA del 2 de abril y posibles negociaciones.
Al final, habrá
que esperar al 2 de abril para ver hasta donde llegan los
aranceles de Trump y la respuesta europea. Pero mientras, hay
varias cuestiones claras. Una, que parte del daño está hecho,
por el aumento de la incertidumbre económica, que está hundiendo el crecimiento
y avivando la inflación. Dos, que los
aranceles no benefician a nadie, tampoco a Europa, aunque Trump
sólo entiende las respuestas enérgicas y habrá que responderle con aranceles
que dañarán, no sólo a los norteamericanos sino también a los europeos. Y tres,
que Europa está ante otro “momento crítico”, como cuando llegó la
pandemia o Rusia invadió Ucrania. Y como en estas dos crisis, ha de reaccionar
unida y tomando medidas contundentes.
Si el desgobierno de Trump y el avance de las autocracias
parece imparable, Europa tiene que reforzarse, no sólo políticamente
(reforzando la integración europea y consiguiendo una
mayor autonomía en Defensa y Seguridad) sino sobre todo económicamente.
Si la epidemia del COVID dio lugar al Plan de Recuperación, la “epidemia
Trump” debe obligar a poner en marcha otro
Plan ambicioso, que permita invertir en modernizar la economía
europea, con más tecnología, innovación , digitalización y descarbonización, que
permita remontar los daños de los aranceles y mejorar el crecimiento y la
competitividad europea en el mundo, buscando nuevos socios e inversores
(Canadá, Latinoamérica, Australia, Asia) al margen de EEUU. Urge poner
en marcha el Plan Draghi para asegurar el futuro de Europa.
No parece que Europa, con la crisis política en Alemania,
Francia e Italia, haya optado por esta vía y de momento sólo avanza en la
mejora de la seguridad, “asustada” por Rusia. Pero urge poner en marcha un
2º Plan de Recuperación europeo, avanzando en un tema clave:
Europa necesita más recursos públicos (el Presupuesto europeo es ridículo:
el
1% del PIB, mientras el Presupuesto Federal USA asciende
al 38,5% de su PIB ) y más inversión privada (urge la reforma de los
mercados de capitales y promover multinacionales europeas) para financiar este “saldo
adelante” que necesitamos. Y sobre todo, avanzar en una Europa más unida,
frente al avance de la ultraderecha nacionalista. No son tareas
fáciles.
