Reforma desempleo y fallos políticas de empleo

El 1 de noviembre entró en vigor la reforma del desempleo asistencial: 1 millón de parados registrados cobrarán algo más (570 euros) y otros 450.000 que no cobraban lo recibirán un tiempo. A cambio, tendrán que declarar el IRPF y cumplir diversas obligaciones para facilitar su contratación (incluso podrán cobrar el paro y trabajar hasta 6 meses). Esta reforma parcial del desempleo está bien, pero el problema de fondo es otro: las oficinas de empleo (SEPE) no funcionan. Sólo consiguen trabajo al 2,2% de los parados, la mayoría de los jóvenes ni se apuntan, hacen cursos largos que no interesan a los parados y las empresas no las utilizan para buscar trabajadores (sólo ETTs privadas y conocidos). Resultado: tenemos el doble de paro que Europa y hay 1 millón de parados que llevan más de un año sin trabajar (585.000 llevan más de 4 años parados). Urge tomar medidas eficaces para ayudarles a trabajar, sobre todo las autonomías, que gestionan (también) las fallidas políticas de empleo.

                            Enrique Ortega

Empecemos por ver cuántas personas cobran hoy el subsidio de desempleo. En septiembre de 2024 (último dato de Trabajo), cobraban alguna ayuda 1.703.095 desempleados, el 66,13% de los parados registrados en las oficinas de empleo (2.575.285 en septiembre). Eso significa que hay 872.190 parados registrados en el SEPE que no cobran ninguna ayuda, porque se les ha acabado el subsidio contributivo (24 meses ) o porque no han cotizado lo suficiente. Pero si miramos otro dato, las personas que “se consideran en paro”, según la EPA del tercer trimestre de 2024 (INE), los parados “estimados” eran 2.754.100 personas en septiembre. Hay 178.815 parados que “no se molestan” en registrarse como parados. Y así, hay más de 1 millón de parados “reales” (1.051.005) que no cobran ningún subsidio en España.

Pero además, los que sí cobran no cobran lo mismo. Hay “2 clases de parados”. Unos, los que tienen un subsidio contributivo, cuya cuantía tiene que ver con lo que cotizaron al desempleo cuando trabajaban y el tiempo cotizado: eran 783.907 parados beneficiarios de prestaciones contributivas en septiembre (el 46% del total) y cobraban de media 988,70 euros al mes. Y luego están el resto de parados que cobran alguna ayuda (919.188 beneficiarios, el 54% del total), un subsidio “asistencial”, por unos meses, porque se les ha acabado el subsidio contributivo o porque no tenían derecho a él por haber cotizado poco o nada. Y esta mitad larga de parados cobran 480 euros al mes. 

Resulta que el seguro de desempleo, aunque es una de las mayores partidas del Presupuesto (22.130 millones gastados en 2023), no llega a un tercio de los parados reales (a 1 millón de parados) y además, supone un ingreso mínimo para casi  otro millón. Por eso, ser parado en España (se cobre o no) es ser “casi pobre”: el 41,4% de los parados eran “pobres” en 2023 (ingresaban menos del 60% de la media española, menos de 916 euros mensuales), frente al 20,2% de pobres que hay entre todos los españoles, el 14,8% entre los jubilados y el 11,9% entre los que trabajaban, según la Red EAPN.

Así que el subsidio de paro, aunque lo critican como un “despilfarro” los neoliberales y muchos empresarios, es claramente “insuficiente”. Lo señala incluso un reciente estudio del Banco de España, que indica dos diferencias con Europa. Una, que la cobertura del desempleo es baja (61% sobre el paro real) y menor que en la mayoría de paises. Y la otra, que el subsidio recibido aquí es más alto, entre el 60 y el 80% del último salario, más que la media en Europa (claro que aquí también los sueldos son mucho más bajos). Además, la Comisión Europea lleva años pidiendo a España que reforme el subsidio de desempleo, no sólo para cubrir a más parados sino para que incluya mecanismos que inciten al parado a buscar más activamente un trabajo y le ayuden mejor a recolocarse. 

Bruselas pidió a España que incluyera la reforma del desempleo dentro del paquete de reformas exigidas a cambio de los Fondos europeos. Pero esta reforma supuso primero un enfrentamiento político entre dos “alas” del Gobierno Sánchez: el Ministerio de Trabajo (Yolanda Díaz) hacía más hincapié en mejorar las ayudas a los parados y la Vicepresidenta económica (entonces Nadia Calviño) estaba más preocupada por exigir una actitud más activa a los parados para buscar trabajo y en las medidas para recolocarles. Al final, se llegó a “un pacto contra reloj” entre ambas, porque era una reforma obligada a aprobar en 2023 para que España cobrara la 4ª entrega de los Fondos Europeos. Y por eso, el Real Decreto se aprobó el 19 de diciembre de 2023, en uno de los primeros Consejos del nuevo Gobierno Sánchez (21 noviembre). Después se envió al Congreso para convalidarse, pero tropezó: en enero de 2024, Podemos votó en contra, como “castigo al Gobierno” por no mejorar la cotización de los parados mayores de 52 años y PP y Vox aprovecharon para hacer “la pinza” y echar atrás la reforma pactada con Bruselas.

El Gobierno, ya fuera de plazo, se puso a la tarea de aprobar otra reforma. Yolanda Díaz quiso “arroparse” en sindicatos y patronal para sacarla adelante. El 8 de mayo de 2024, la ahora vicepresidenta y ministra de Trabajo se hizo una foto con los sindicatos, que apoyaron el nuevo texto de la reforma, que incluía “subir del 100 al 125% lo que se cotiza por los parados mayores de 52 años hasta que se jubilan”. Pero la patronal no apoyó la reforma, alegando que no se había dado “una verdadera negociación” y no se avanzaba en mejorar “la empleabilidad” de los parados ni en reformar las políticas activas de empleo”. Con este apoyo parcial, el Gobierno Sánchez volvió a aprobar la reforma del desempleo, el 21 de mayo, y la reenvió al Congreso, donde finalmente se aprobó el 20 de junio, con el apoyo ahora de Podemos (178 votos a favor) y 171 abstenciones (ahora) de PP y Vox.

El Decreto-ley de reforma entró en vigor este 1 de noviembre y afecta al desempleo “asistencial”, no al subsidio contributivo. El primer objetivo es ampliar el número de beneficiarios y aumentar lo que cobran. Para ello, se incluyen en este subsidio asistencial a 450.000 nuevos beneficiarios, de 3 colectivos que hasta ahora no cobraban: 160.000 parados menores de 45 años sin cargas familiares (recibirán 6 meses de subsidio), 260.000 eventuales agrarios de toda España (ahora solo tienen derecho los de Andalucía y Extremadura) y otros 30.000 que son trabajadores “transfronterizos” (marroquíes) en Ceuta y melilla. Estos nuevos beneficiarios y los 919.188 que ya cobraban el subsidio asistencial recibirán, ya este mes, una ayuda mayor: los 480 euros actuales subirán a 570 euros los primeros 6 meses, bajarán a 540 euros los 6 siguientes y volverán a 480 euros los 18 meses restantes (el máximo de este subsidio asistencial son 30 meses, según edad, circunstancias familiares y duración prestación contributiva). Sólo los parados mayores de 52 años seguirán cobrando lo mismo: 480 euros hasta que se jubilen.

El segundo cambio de esta reforma del subsidio asistencial es que se simplifica y se reduce burocracia. A partir de ahora, sólo hay 2 motivos para cobrar este subsidio. Uno, haber agotado la prestación contributiva (por la que se cotiza) o no haber cotizado suficiente para recibirla. Y el otro, ser un parado mayor de 52 años. Para el resto, los que no tengan ahora derecho a prestación, se abre “una pasarela” para que accedan a cobrar el ingreso mínimo vital (IMV), ya fuera del desempleo. Otras novedades pretenden simplificar el “papeleo”: se suprime el mes de espera para solicitar un subsidio, se amplía a 6 meses el plazo para solicitarlo y se recibirá desde el día de la solicitud. Además, se suprime el doble requisito de que justifiquen  rentas bajas el beneficiario y su familia. Eso sí, tendrán que presentar la declaración de la renta (IRPF) cada año, ganen lo que ganen.

El tercer cambio y el principal objetivo de este reforma es promover y facilitar que los parados encuentren trabajo. La primera medida es que a todos los parados que cobren ayudas se les va a exigir ahora la firma de “un acuerdo de actividad”: una serie de obligaciones que ha de cumplir cada parado para mejorar su empleabilidad, desde cursos de formación y adaptación hasta explicar los trabajos que rechacen. Significa que habrá “un mayor control” del parado, no bastará con que renueve su demanda y cobre, como ahora (de hecho, el reconocimiento del subsidio durará ahora 3 meses: luego tendrá que renovar la solicitud). A cambio, la reforma abre una vía inédita a los parados: que puedan aceptar un trabajo (6 meses) sin perder temporalmente el desempleo. Hasta ahora era incompatible y eso hacía que muchos parados renunciaran a trabajos de temporada (verano o Navidad) porque perdían el paro y no les compensaba. Este cambio ahora puede facilitar que los parados acepten trabajos y las empresas “los prueben”. Sólo se ponen dos salvaguardas para evitar fraudes: que no puedan hacerlo empresas con ERE y que una empresa no pueda contratar temporalmente a un parado que haya trabajado con ella el año anterior.

Ahora falta ver cómo se desarrolla esta reforma del subsidio asistencial, si la cobran más parados y si les ayuda a salir del desempleo. Porque esta es la clave: recolocar a los parados, algo que las oficinas de empleo no consiguen. Los datos son muy evidentes, en el pasado y ahora. Así, en la última década (julio 2012 a julio de 2022), las oficinas de empleo sólo intermediaron 4,2 millones de contratos, el 2% de los contratos hechos (mientras las ETTs privadas intermediaron el 16,4% ). Y en 2022, las oficinas de empleo (SEPE), gestionadas por las autonomías, sólo intermediaron el 2,2% de los contratos . Por si no quedara claro, en el último Barómetro del CIS (octubre 2024), cuando se pregunta a los españoles “cómo consiguieron su trabajo actual”, sólo el 1,9% responde que a través de los servicios de empleo (INEM o SEPE). La mayoría dice que lo consiguió por “familiares, amigos y conocidos” (19,5%), llevando su currículo a empresas (18,2%), por “oposición” (14,4%), haciéndose autónomo (13,5%), en Webs de empleo (11,1%) o ETTs (2,5%).

España gasta menos que el resto de Europa en “políticas activas de empleo”, a pesar de que tenemos el doble de paro: en 2024, vamos a gastar 6.400 millones de euros, más del doble que hace una década  pero un porcentaje más bajo (el 0,41% del PIB) que la media europea (0,55% del PIB), Alemania (0,5%), Francia, Dinamarca o Finlandia (gastan 0,65% de su PIB). Este es “el primer contrasentido”: gastamos comparativamente más que toda Europa en pagar a los parados (y aún así, 1 millón no cobran nada hasta esta reforma) y muchísimo menos en ayudarles a buscar trabajo. Y “el 2º contrasentido”: gestionamos mal las políticas de empleo, porque no les interesan ni a los parados.

El primer dato llamativo es que hay 178.815 parados que se consideran como tales cuando les pregunta el INE (EPA) y que no están registrados como parados en las oficinas de empleo (SEPE) : ni se “molestan”, porque piensan que no van a pagarles un subsidio. Pero el desinterés por el SEPE es mayor entre los jóvenes. Salta a la vista con este otro dato: hay 524.000 parados menores de 30 años “estimados” en la EPA (septiembre 2024) y sólo 394.434 parados menores de 30 años registrados en el SEPE. De hecho, un estudio de InfoJobs y Linkedin señala que sólo la mitad (58%) de los parados de 16 a 24 años están registrados en las oficinas de empleo, porque la mayoría busca trabajo en Internet y con la ayuda de amigos y familiares.

Y no es de extrañar, porque las 4.000 oficinas de empleo (SEPE), mal gestionadas por las autonomías (y de forma muy desigual),  están colapsadas y no tienen ni medios ni personal (8.100 personas, pero necesitarían 12.000, según los sindicatos) ni tecnología (su sistema informático es obsoleto y colapsa con frecuencia) para ayudar a los 2.602.054 parados registrados (octubre 2024). Y sobre todo, no tienen personal cualificado ni realizan un seguimiento para “asesorar a los trabajadores” (uno a uno) a buscar y encontrar empleo, como establece la Ley de Empleo aprobada en febrero de 2023 y que debería estar aplicándose este año. Pero la realidad es otra: sólo 1 de cada 38 parados recibe una oferta de empleo del SEPE, según sus propias estadísticas. El resto, “se busca la vida”…

Mucha culpa de esta ineficacia de la SEPE la tienen las empresas españolas, que se quejan de que “no encuentran trabajadores” pero que apenas utilizan las oficinas de empleo públicas para buscar empleados: se apoyan más en ETTs, redes sociales y conocidos. Baste otro dato: en la web del SEPE hay registradas sólo 74.419 empresas, que tienen registradas 26.710 ofertas de trabajo…Y además, las empresas no colaboran con las oficinas públicas de empleo para promover cursos de formación a parados que les sean útiles para contratarlos después. De hecho, los cursos de formación del SEPE son otro fracaso: asisten menos del 10% de los parados registrados. Y en muchos casos, porque son demasiado largos (más de 600 horas) y poco ligados a la formación que se necesita, además de muy presenciales.

Otra pata que falla en las políticas de empleo son los incentivos a la contratación de parados, generalmente bonificaciones o deducciones en las cotizaciones sociales a las empresas que contratan a determinados trabajadores (mayores, discapacitados, mujeres, jóvenes. Los expertos (AIReF, Funcas) han reiterado que estos contratos subvencionados (15 millones al año) son un coste inútil, “un peso muerto”: la mayoría se harían sin la ayuda, que sólo reduce el coste laboral de las empresas. Hay colectivos de parados cuya contratación hay que apoyar, pero por otras vías, como la formación y reconversión. Una urgencia  son los “parados de larga duración” , los que llevan más de 1 año sin trabajar: son ya 1.025.000 parados (el 79%, mayores de 45 años), el 37,21% del total (el 44% en Andalucía y Canarias). Y entre ellos, hay 585.000 que llevan parados más de 4 años. El Gobierno prometió en 2023  un Plan especial para combatir  este “paro enquistado” y no se ha aprobado nada.

En resumen, somos el país con más paro de Europa y el que menos y peor gasta en ayudar a esos 2,7 millones de parados reales a recolocarse. Esa es la reforma del paro que urge y la que no se aborda, porque la gestión del empleo está (también) en manos de las autonomías y cada una gestiona a su aire los recursos públicos de Europa, del Presupuesto estatal y de sus propias cuentas (poco). Así que seguimos fracasando ante “una tasa de paro inadmisible”, nuestra gran “asignatura pendiente”.

DANA y Clima: muertos, pérdidas... y más CO2

Los españoles seguimos conmocionados por las inundaciones de Valencia. Levante ha sufrido decenas de riadas los últimos siglos, pero ahora son más frecuentes y extremas, por el Cambio Climático, según confirmaron expertos de la ONU tras la tragedia: el aumento de la temperatura, en el mar y en la atmósfera, acelera las lluvias torrenciales, que han dañado en septiembre y octubre media Europa. “El Mediterráneo es un bidón de gasolina”, alertan los meteorólogos. Así que España sufrirá más inundaciones, lo que obliga a mejorar el sistema de alertas, modificar la ocupación del territorio (2,7 millones viven en “zonas inundables”) y, sobre todo, reducir las emisiones que provocan estos fenómenos extremos. Pero el mundo apenas toma medidas y las emisiones de CO2 aumentaron en 2023 y 2024. El lunes comienza otra Cumbre del Clima, en Bakú, pero no se esperan avances significativos (¡menos con Trump!). Y si los paises no toman medidas más drásticas, la temperatura aumentará 3,1 grados y habrá más desastres. “Estamos jugando con fuego”, advierte la ONU.

                Dana Valencia                                             Foto: AP Photo, Alberto Saiz

“La humanidad ha abierto las puertas del infierno”, declaró el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el 20 de septiembre de 2023, en Nueva York. Lo decía tras el verano más cálido del siglo (superado en 2024), que provocó tremendos incendios en Canadá y EEUU, tornados y huracanes en el Caribe y Asia, potentes inundaciones en Grecia y Libia. Un año después, en octubre de 2024, los expertos de World Weather Atribution (WWA) han publicado un informe donde concluyen que “el Cambio Climático ha intensificado los 10 eventos meteorológicos más mortíferos registrados en el mundo  en las dos últimas décadas “, que se han cobrado 576.000 vidas, tras analizar 3 ciclones tropicales, 4 olas de calor (dos en Europa), 1 sequía y 2 inundaciones sufridas entre 2004 y 2023. “El Cambio Climático y el aumento de temperatura están haciendo nuestra vida más peligrosa”, concluyen.

Un día después, el 1 de noviembre, otro informe encargado por la Comisión Europea señalaba que “el Cambio Climático aparece como un factor clave de riesgo” y propone reforzar la preparación civil y militar de Europa ante las amenazas naturales. No en vano, un reciente estudio del Parlamento Europeo señala que las inundaciones han afectado a 5,5 millones de europeos en los últimos 30 años, causando 3.000 muertos y más de 170.000 millones de euros en daños económicos. Aunque no lo recordamos, en 2021, las graves inundaciones en Bélgica y Alemania dejaron más de 200 muertos. En 2023, nuevas inundaciones en Italia, Eslovaquia, Austria, Grecia, Italia y Francia causaron graves daños. Y entre el 12 y 15 de septiembre de 2024, la tormenta Boris provocó 24 muertos y afectó a 2 millones de personas en Centroeuropa. Y entre el 18 y 20 de octubre, el sur de Francia e Italia sufrieron las peores inundaciones en los últimos 40 años. Unos días después, el 29 de octubre, Valencia sufrió las peores inundaciones de la historia, con cientos de muertos y gravísimas pérdidas.

Europa y la cuenca mediterránea es una de las regiones del mundo más afectadas por el Cambio Climático, porque el continente se está calentando al doble de velocidad que el resto del Planeta, según los expertos. Dos días después de la tragedia de Valencia, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) emitió este comunicado, con una idea clave: que el Cambio Climático antropogénico (provocado por la acción del hombre) provoca que los fenómenos climáticos extremos “se hayan vuelto más probables y graves”, porque la atmósfera está más caliente y retiene más la humedad, propiciando lluvias más intensas.

Trombas de agua e inundaciones se han producido en el Levante español (y sur de Europa) desde hace siglos: desde la conquista de Valencia en 1238, se han producido 11 riadas catastróficas en el Turia, según señala el meteorólogo José Ángel Núñez. La más grave fue la de 1957 (81 muertos) y la última importante en septiembre de 1999, con 5 muertos, 3.500 evacuados y graves destrozos en Levante. La diferencia es que antes eran cada 70 años y ahora son más frecuentes. Eso se debe, según los expertos de la OMM,  a “la presencia de aire cálido en superficie, alimentado por el exceso de humedad del mediterráneo, más cálido, y la inestabilidad provocada por el choque con el aire frío de la atmósfera superior conduce a grandes nubes convectivas, con fuertes aguaceros e inundaciones repentinas”. Es lo que llaman DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos).

Así que el Cambio Climático, al aumentar la temperatura de la atmósfera y el mar, provoca, al chocar con el aire frío polar (que ahora llega más fácilmente al sur) que haya más inundaciones y más intensas. “El Mediterráneo actúa como un bidón de gasolina y con una DANA, el resultado es explosivo”, comentaba el meteorólogo Francisco Martín. El análisis de la OMM reitera que España y otros paises europeos deben prepararse para afrontar estos fenómenos meteorológicos extremos tomando medidas en dos frentes: mejorando los sistemas de alerta (para evitar muertes y daños) y actuando sobre la ocupación del territorio, para prevenir daños futuros en viviendas e infraestructuras. Dos temas claves que han fallado en esta DANA de Valencia y en las anteriores inundaciones.

España, como otros paises, cuenta con sistema de alerta ante inundaciones, que ha fallado parcialmente. No falló la AEMET (Agencia de Meteorología), que desde días antes anunció lluvias torrenciales y que a las 7,36 de la mañana del 29 de octubre, el día de la tragedia, activó el aviso rojo por inundaciones. No falló tampoco la Confederación Hidrográfica del Júcar, que tiene sondas en ríos y barrancos: a las 12,07 de la mañana del 29 de octubre envió un correo alertando que el barranco del Poyo superaba los tres niveles de alerta, con un caudal de 264 metros cúbicos por segundo (superando los 150 metros cúbicos del nivel 3), con tendencia “ascendente”. Y a las 18,43 de la tarde, la Confederación alerta que el caudal del Poyo está fuera de control: 1.686 metros cúbicos por segundo, rompiendo 12 minutos después los aparatos de medida, con un aluvión de 2.282 metros cúbicos/segundo (el triple del caudal del río Ebro), a las 18,55 de la tarde.

Con estas dos alertas tan evidentes, la Generalitat Valenciana trató de quitar importancia al riesgo de riada, diciendo (a las 11,48 horas) que el temporal “se iba hacia Cuenca” y esperaban “que remitiera a partir de las 18 horas”. Finalmente, a las 20,12 horas de la noche (casi 2 horas después de la alerta de riada máxima), la Generalitat lanzó una alerta a los móviles. Demasiado tarde: muchos habían muerto en casas bajas, coches y garajes o arrastrados por el sunami de los barrancos. Y cientos más estaban refugiados en tejados y pisos altos cuando recibieron la alerta. Está claro que el sistema falló, no sólo por la indecisión de la Generalitat sino por una falta de información a la población, que nunca ha hecho simulacros ante riadas, aunque las sufren periódicamente. Eso sí, sirvió de ejemplo para Andalucía y Cataluña, donde ha habido pocos muertos y menos daños: la población estaba avisada y se actuó mejor.

La otra recomendación de la ONU frente a las inundaciones es reordenar el territorio, porque el agua “tiene memoria” y cuando llueve tanto (en poco más de 3 horas llovió como en todo un año), busca los cauces de ríos y barrancos antes secos y a cuyo alrededor se han construido viviendas y viven cientos de miles de personas. En Levante y otras zonas de España, el turismo y el desarrollismo de los años 60 y 70 llevaron a construir por todos lados, incluidos viejos cauces y zonas aledañas, colonizadas por viviendas. Esto ocurrió profusamente hasta 2015, cuando la última versión de la Ley del Suelo obligó a los Ayuntamientos a elaborar “Informes de inundabilidad”, señalando como “no urbanizables” zonas con riesgo de inundación. Pero todavía hay muchos municipios y pedanías con Planes urbanísticos de hace más de 15 años, donde estas viviendas siguen en pie e incluso se hacen nuevas construcciones.

En España hay 26.773 kilómetros cuadrados (casi el 5% del territorio) catalogados como “zonas inundables (ver mapa del Ministerio de Transición Ecológica), donde viven 2,7 millones de personas, potencialmente en riesgo ante futuras riadas. Incluso la Comunidad Valenciana tiene un Plan de acción territorial de zonas inundables (PATRICOVA), que se puso en marcha en 2003 y se revisó en 2015. Pero esta cartografía regional de zonas inundables, entre las mejores de Europa, sirve de poco: las autonomías no tienen medios para vigilarlas y para hacer cumplir las normas urbanísticas. Y en muchos casos, la única opción es demoler estas viviendas, algo políticamente difícil de aplicar.

Los expertos en obras hidráulicas proponen muchas medidas que se pueden tomar para reducir los riesgos de riadas en estas zonas, como se ha hecho en Europa y en EEUU (en Nueva Orleans, a raíz del Katrina). Hay que empezar con obras en las cuencas, muy arriba de los pueblos en riesgo: reforestar zonas aledañas, canalizar ríos y construir presas de alivio, canales filtrantes y zonas inundables. Luego, en pueblos y ciudades, además de ensanchar los cauces (Turia), se pueden construir estanques de tormentas y parques fluviales, como se ha hecho en Zaragoza (al lado del Ebro), en Rotterdam o Pamplona. Y por supuesto, reordenar el urbanismo, impidiendo nuevas construcciones  en zonas inundables y derribando las viviendas próximas a barrancos, trasladando a los vecinos ”amenazados”.

Con estas dos medidas, alertas eficaces (con formación a los vecinos y “simulacros” ) y reordenación de las zonas inundables, las próximas riadas nos pillarán mucho más preparados y se reducirán las muertes y los daños, aunque para eso hay que invertir ya. Pero la clave es luchar contra el Cambio Climático, tomar medidas eficaces para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que agravan las lluvias torrenciales y aceleran las inundaciones. Y aquí, los paises están haciendo poco, con lo que no se frena el aumento de la temperatura, que está detrás de la DANA de Valencia y otras que vendrán.

El dato es grave: las emisiones de CO2 aumentaron en 2023, según los datos publicados el 24 de octubre por el PNUMA, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente: se emitieron 57,04 Gigatoneladas de CO2 equivalente, un +1,3 que en 2022 y un +44% que a principios de siglo (39,51 Gigatoneladas año 2000). La mayor parte de estas emisiones (39,02 Gigatoneladas) son de CO2 (producido por el hombre y su uso de combustibles fósiles), otra parte (9,75 Gigatoneladas) es metano (los humanos somos responsables del 60% y el resto procede de fuentes naturales), otra parte oxido nitroso (2,56 Gigatoneladas, el 43% por culpa del hombre) y el resto son emisiones de gases fluorados (1,68 GTm) y por cambio de usos del suelo  (4,03 GTm). Y con este nivel de emisiones, el mundo bate los récords históricos de CO2 (420 partes por millón), metano y óxido nitroso.

El 68% de estos gases de efecto invernadero, responsables de la mayor parte del Cambio Climático, los genera el transporte y la producción de energía y electricidad, el 10% la industria el 18% el campo y los bosques y el 5% los residuos, según la ONU. Y los paises desarrollados del G-20 produjeron el 77% de todas las emisiones del Planeta en 2023, acumulando 6 paises más de la mitad: China (28%), USA (10,5%), India (7,26%), la UE (5,67%), Rusia (4,67%) y Brasil (2,28%). El problema, según la ONU, es que 7 miembros del G-20 no han alcanzado todavía su “pico de emisiones” y  seguirán emitiendo más para alimentar su “desarrollo”: China, India, Indonesia, México, Corea, Turquía y Arabia Saudí.

Lo peor es que este año 2024, siguen aumentando las emisiones de CO2: el 30 de septiembre, en el mundo se emitieron 95,5 millones de Tm de CO2, un +6,8% que ese mismo día de 2023, según los datos de Carbon Monitor. Y han aumentado las emisiones este año en China (+14,6%), USA (+4,7%), India (+5,6%), Europa (+6,1%), Francia (+8,8%), Alemania (+6,5%), Italia (+8,8%) y España (+13,4%). Y los expertos de la Agencia Internacional de la Energía están preocupados, porque los bajos precios del petróleo y el gas han aumentado su consumo y en general la demanda energética.

El último informe del PNUMA (ONU) , publicado el 24 de octubre, alerta al mundo sobre este aumento de las emisiones y el riesgo de más calentamiento: con las políticas actuales de los paises, la temperatura subirá +3,1 grados a finales de siglo sobre la época preindustrial, cuando en la Cumbre de París (2015) se acordó que no debía subir más de 1,5 grados (este año 2024 acabará con +1,55 grados, según Copernicus). Ahora creen que “será difícil evitar que suba 2 grados”, aunque se tomen medidas, lo que incrementará los fenómenos climáticos extremos (como la DANA de Valencia). Lo advirtió otra vez  Antonio Guterres, 5 días antes de la catástrofe de Valencia: “Existe una relación directa entre el aumento de las emisiones y los desastres climáticos cada vez más frecuentes e intensos. En todo el mundo, la gente está pagando un precio terrible. Las emisiones récord significan temperaturas récord del mar que sobrealimentan huracanes monstruosos; el calor récord está convirtiendo los bosques en un polvorín y las ciudades en saunas; las lluvias récord provocan inundaciones bíblicas. Estamos jugando con fuego…”.

Avisados estamos. Urge tomar medidas para reducir las emisiones, como volverá a plantearse del 11 al 29 de noviembre, en la Cumbre del Clima (COP 29) de  Bakú (Azerbaiyán). Se acaba el tiempo para actuar y la ONU insiste en que hay que recortar ya las emisiones (un -42% para 2030), no dejarlo para después. Los paises tienen que presentar nuevos Planes de recorte de emisiones en febrero de 2025, pero los expertos son muy pesimistas y creen que los grandes emisores retrasan los recortes, a pesar de los desastres climáticos. China sólo piensa crecer a cualquier precio. EEUU lo mismo y peor con la victoria apabullante del "negacionista" Trump. Y en Europa, paladín de la lucha contra el Cambio Climático, ha crecido el poder de la derecha y la ultraderecha (16 de los 26 Comisarios, más la presidenta), más “negacionistas”, que defienden ahora menores recortes de emisiones que las previstas inicialmente (-90% en 2040 frente a las de 1990).

En resumen, todos nos conmocionamos cuando se desata una tragedia como la DANA de Valencia o nos preocupamos por las olas de calor, huracanes, sequías e incendios, pero no somos conscientes de que las estamos provocando nosotros, los humanos, con nuestro consumo descontrolado de energías fósiles y un estilo de vida no sostenible para el medio ambiente. Pedimos cuentas a los políticos por desatender a los damnificados por la DANA  pero no les exigimos aprobar planes más drásticos para el recorte de emisiones que causan estos desastres. Recuerden: “estamos jugando con fuego”.

Este Blog cumple 14 años

Ayer se cumplieron 14 años desde que empecé a publicar este Blog, el 4 de noviembre de 2010, en lo peor de la crisis financiera en España y Europa. Son ya 1.367 artículos y dibujos (muchísimas gracias, Enrique Ortega, por tu “ilustrada ayuda” estos años…), dos artículos por semana (lunes y jueves), sin fallar ni una (salvo en agosto, por vacaciones). Son una crónica de nuestra historia reciente, desde la grave crisis económica de 2008-2014 a la débil recuperación posterior, la desoladora pandemia, la nueva crisis desatada por la invasión de Ucrania y la inflación y ahora, el estancamiento de Europa y los riesgos geopolíticos en el mundo. Han sido 14 años muy complicados, con ”la crisis como norma” y “sustos” económicos, políticos y sociales sin parar, el último la DANA en Valencia y su secuela de muertos y pérdidas. En medio de tanta incertidumbre y desinformación, este Blog lleva 728 semanas tratando de informar y explicar la economía nuestra de cada día. A lo claro y con rigor.

                             Enrique Ortega

Este Blog nació hace 14 años porque la economía se había convertido en la principal preocupación de los españoles y yo pensaba que no se explicaban bien los problemas y la mayoría de la gente no entendía lo que pasaba. Traté de aportar un granito de arena, intentando explicar la economía “a lo claro” para todo el mundo. Y además, me propuse hacerlo con rigor, aportando datos e información, no soltando comentarios de tertuliano ni “opiniones de barra de bar”. Creo que la realidad es compleja y no hay soluciones simples, salvo las “populistas”. Por eso, mi intención con este Blog es averiguar lo que hay detrás de las noticias que nos preocupan, buscar las raíces y los datos reales de los problemas (con estadísticas fiables) y aportar también distintas soluciones de expertos. En definitiva, aportar datos, análisis y material para que el lector comprenda y saque conclusiones.

El problema es que la mayoría de la gente no lee ni se informa. Muchos, porque optan por leer y ver sólo informaciones que confirman sus ideas: siguen determinados medios, radios, TV o redes sociales que les confirman lo que piensan y no se preocupan de más, no quieren saber qué hay detrás del problema de la vivienda, del descontento juvenil, del paro, del cambio climático, el turismo masivo o las riadas. Lo importante no es la información ni la verdad, sólo confirmar sus ideas. Y es peor aún en el caso de los jóvenes: se informan por redes sociales e influencers, que sueltan desinformación, bulos y mentiras, que los algoritmos multiplican y difunden por millones de clics. En conjunto, millones de personas que no leen informaciones serias, escritas por periodistas profesionales, rigurosos e independientes (quedan pocos). Y que configuran una sociedad muy poco informada en realidad.

En este maremágnum de desinformación, este Blog es “una gota en el océano”. Cada semana, intento afrontar los grandes temas que nos preocupan, desde el empleo y el paro, a la inflación, vivienda, sanidad, educación, Dependencia, pensiones, el cambio climático o la tecnología, sin obviar otros temas importantes como el coste de la muerte, el auge del juego online o el negocio del fútbol. Porque siempre he creído que “economía es todo” y no sólo el PIB y las grandes cifras que nadie entiende. Por eso, intento explicar a lo claro “lo que hay detrás de nuestra vida cotidiana”, con cifras y datos, “traduciendo” estudios y análisis serios, analizando los problemas y aportando soluciones varias de expertos. El objetivo no es ofrecer “soluciones mágicas” a problemas complejos, sino que el lector comprenda lo fundamental del problema y se informe para opinar después. Para ello, dedico muchas horas a buscar datos y análisis, tratando de resumir lo importante en 2.400 palabras. Y que se entienda.

Tras estos 14 años, este Blog tiene pocos lectores, aunque muy fieles. Muchos creen que doy “demasiados datos” (sin datos no se pueden aclarar los problemas) y otros que “es demasiado largo” (el problema de la vivienda o la crisis climática no se pueden resumir en un tuit). Pero yo sigo intentando aportar información y rigor con un lenguaje directo y claro. Creo que el periodismo serio es el único que puede explicar lo que pasa. Aunque tenga pocos lectores y la masa se “aborregue” con los tuits, bulos e insultos de las redes sociales. Muchos días me planteo dejarlo, cerrar el Blog, porque parece una pelea inútil. Pero no lo hago y sigo escribiendo cada semana, para intentar explicar lo que pasa. Y para seguir siendo periodista y sentirme vivo. 

Así que aquí seguiré. Gracias a los que leéis este Blog. Difundirlo.

Turismo: más repartido y verano récord

Este verano llegaron a España 31,37 millones de turistas extranjeros, 2,2 millones más que el verano de 2023 y un nuevo récord histórico, sobre todo en septiembre. El 85% de los turistas llegaron de Europa, pero aumentaron más las llegadas desde América y Asia, que gastan más. Precisamente, el gasto turístico también fue récord este verano: 43.411 millones (+12,6% que  el verano anterior) , en parte por la fuerte subida de precios. Con todo, lo importante es que el turismo extranjero ha sido también récord de enero a junio y cada vez aumentan más los turistas que vienen fuera de temporada y de fuera de Europa. Ahora llevamos ya casi 74 millones de turistas y se espera cerrar el año con 93 millones (y llegar a 100 millones en 2025…). Una locura, que colapsa pueblos, ciudades, infraestructuras y servicios. Urge un Plan a medio plazo, para reordenar el turismo y que sea sostenible y aceptable socialmente. Si no, nos cargaremos “la gallina de los huevos de oro”.

                                  Enrique Ortega

El turismo en España ya se recuperó en 2023 de la grave crisis causada por la pandemia en 2020, 2021 y parte de 2022. Así, el año 2023 cerró con un nuevo récord histórico de turistas: 85.169.050 extranjeros, superando ya (+2%) los turistas llegados en 2019 (83,5 millones). Y sobre todo, se dispararon los ingresos por turismo que dejaron en España, alimentados por una fuerte subida de precios en viajes, hoteles y estancias: el gasto turístico fue de 108.789 millones de euros, un +18,36% que en 2019, antes de la pandemia. Pero lo más importante no son las cifras, sino el hecho de que la pandemia ha cambiado el turismo en el mundo: la gente tiene ahora más “ansia” de viajar, de salir, de moverse y los viajes y vacaciones se han convertido en un gasto prioritario, en Europa y en el mundo.

Y esto está beneficiando a España, la 2ª potencia turística del mundo, en turistas (tras Francia) y en ingresos (tras EEUU) y podría ser la 1ª a finales de 2024 o en 2025. Somos líderes en competitividad turística y nos está “beneficiando” el conflicto en Oriente Próximo, que nos prioriza como destino turístico mundial frente a otros paises mediterráneos. Por todo ello, 2024 está siendo un año récord para el turismo en España, incluso “mejor de lo esperado”. La primera sorpresa se dio en el primer trimestre, cuando la llegada de extranjeros dio el primer salto, que continuó en el 2º trimestre. Y con ello, de enero a junio ya se batieron los récord de llegadas de turistas: 42.525.988 extranjeros, casi 5 millones más de turistas (+13,2%) que en la primera mitad de 2023. Y además, se gastaron también mucho más, sobre todo por los altos precios: 55.573 millones de gasto (+20,6%).

La racha de turistas y gasto del primer semestre continuó este verano, según los datos del INE conocidos el jueves: entre junio y septiembre llegaron a España 31.377.058 turistas extranjeros, 2,27 millones más que el verano de 2023 (+7,8%), un nuevo récord histórico, que ha superado el anterior récord de turistas del verano de 2017 (29,76 millones). Aumentaron los turistas en los tres meses de verano, pero sobre todo en septiembre (que cerró con casi 800.000 turistas más que en septiembre de 2023). Este tirón histórico del verano se ha debido al aumento de los turistas europeos (a pesar de la crisis en Alemania y Reino Unido), pero sobre todo a un aumento mayor de los turistas de America (han crecido un +11% en lo que va de año), Asia y el resto del mundo (las llegadas crecen un +21,3%).

Han llegado muchos más turistas este verano y se han gastado mucho más, aunque su estancia media sigue estabilizada (6,7 días de media): los ingresos por turismo han sido de 43.511 millones de euros en los tres meses de verano, un 12,6% más que el verano anterior. Eso significa que el gasto crece más que los turistas (+12,6% frente al +7,8%). Primero porque han subido mucho los precios turísticos de enero a septiembre: un +32,5% los hoteles y un 3,4% los restaurantes y un +6,4% los vuelos internacionales, según el INE). Y segundo, porque aumenta la llegada de los turistas que gastan más, sobre todo americanos y asiáticos: el gasto medio por turista fue de 1.315 euros en septiembre, variando de 891 euros los italianos, 929 los franceses, 1,200 los británicos, 1.256 los alemanes y 1.366 euros los nórdicos a 1.535 euros diarios que se gastaron los turistas llegados de fuera de Europa.

“El verano ha sido mejor de lo esperado”, señala la patronal turística Exceltur en su último informe, donde indican los tres factores que han llevado a datos récord: la recuperación de rentas en los paises de origen (a pesar del estancamiento económico en la UE), la estabilidad geopolítica de España (“ayudada” por el conflicto de Oriente Próximo y el tirón de las Olimpiadas de París)  y la elevada competitividad del sector turístico. Las empresas turísticas han aumentado sus ingresos un +6,3% este verano, destacando que los negocios que han ido mejor son las empresas de transporte, alquiler de coches y ocio. Y destacan que el negocio ha crecido sobre todo por los turistas extranjeros, cuyas estancias y pernoctaciones han crecido más que las de los españoles, que han viajado más al extranjero este verano. Y las llegadas e ingresos han crecido más en Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, mientras el turismo nacional crecía más en el interior y las costas.

El sector turístico espera que el final de 2024 será también muy bueno para el turismo y que las empresas cerrarán con otro récord de ingresos (207.929 millones de euros), con un PIB turístico que crecerá este año un +6,3% sobre 2023, el doble que la economía (+2,9%). Y con 500.000 nuevos empleos en el sector, que emplea ya a casi 2,9 millones de trabajadores (un 13,5% del empleo total, 1 de cada 7 ocupados). Pero en medio del optimismo, sobre 2024 y 2025, la patronal turística ve “dos puntos negros” en el sector: la oleada de protestas contra la masificación del turismo en muchas regiones (Baleares, Canarias, Cataluña) y la competencia desleal de los “pisos turísticos”, que no paran de crecer, disparando una oferta de turismo “low cost”: contabilizan 388.453 plazas en agosto en 25 ciudades, +55.295 que en junio y casi tantas como plazas hoteleras disponibles (420.736).

Con todo, lo más destacable del turismo en España este año es que asistimos a una cierta “desestacionalización” del turismo extranjero: ya no sólo vienen mucho en verano (aunque haya sido récord), sino que vienen también muchos más turistas el resto del año, lo que indica que su “fiebre de viajar” (ahora no sólo en verano) “cuenta con España”, empujados además por los viajes de los jubilados europeos y los teletrabajadores. Los datos de pernoctaciones de extranjeros en hoteles (INE) son muy ilustrativos: crecieron un +11,2% entre enero y junio, aumentando sólo +5,2% en julio, +4,9% en agosto y +4,4% en septiembre. Esto es un buen indicativo de que los turistas extranjeros ya no vienen sólo en pleno verano (incluso en septiembre han llegado más que nunca ese mes), lo que facilita a las empresas mantener su actividad y empleo casi todos los meses, evitando “baches” y cierres.

Otro factor muy positivo es la mayor diversificación geográfica de los turistas que nos visitan, aunque el 85% sigan siendo europeos. Pero crecen los turistas de otros continentes, que hacen viajes largos y con más gasto, fuera del verano y que no buscan sol y playa sino ocio, gastronomía, negocios, deportes o salud. Un ejemplo es el aumento de estos turistas no europeos hasta septiembre: llegaron 3,35 millones de norteamericanos (+12,5%), 3,90 millones de otros americanos (+10,38%) y 4,4 millones del resto del mundo (+21,3%), frente a 8,04 millones de alemanes (+9,3%) o 14,7 millones de británicos (+7,45%).

Lo que no mejora es la excesiva concentración del turismo en sólo una parte de España. Del total de turistas extranjeros llegados a España en 2024 (enero-septiembre), dos tercios de las llegadas (68,76%) se concentran en 4 regiones: Cataluña (21,35% del total), Baleares ( 18%), Canarias (14,84%) y Andalucía (14,57%). Y si añadimos Comunidad Valenciana (12,79%) y Madrid (8,98%), resulta que el 90,53% de los turistas se quedan en 6 de las 17 autonomías que tenemos. Y en cuanto al gasto, estas 6 mismas autonomías se benefician del 92,35% de todos los ingresos que se gastan los turistas extranjeros.

Así que necesitamos avanzar en un turismo más desestacionalizado (menos en verano y más repartido en el resto del año) y menos concentrado en sólo 6 regiones españolas, que se benefician especialmente de sus ingresos y empleos. Pero sobre todo, necesitamos un turismo “más sostenible”, porque hay zonas y regiones totalmente saturadas de turistas (extranjeros y españoles). Y estamos alcanzando “una cifra de turistas imposible”. Hasta septiembre nos han visitado ya casi 74 millones de extranjeros (73.903.045 turistas), según el INE. Y si en el 4º trimestre llegan un 10% más que el año pasado (llegaron 18,5 millones de octubre a diciembre), serían otros 20 millones más y podríamos cerrar 2024 con los 93 millones de turistas extranjeros que algunos anticiparon hace meses. Y hay estimaciones de alcanzar los 100 millones de turistas en 2025, más del doble que el año 2.000 (46,4 millones y el triple que en 1995 (32,97 millones). Unas cifras de vértigo…

Es un horizonte turístico insostenible, sobre todo en algunas ciudades y regiones, donde el turismo extranjero (y nacional) ha tensionado precios, alquileres y servicios, reventando las costuras de las infraestructuras, sanidad, seguridad y otros servicios públicos en verano, provocando rechazo y contestación social de los que no viven del turismo. La propia patronal turística Exceltur ha firmado un Manifiesto en defensa del turismo sostenible, donde piden un rediseño de las zonas turísticas, con colaboración pública y privada, para asegurar un control de los alojamientos turísticos y dotar a las infraestructuras turísticas de  recursos humanos y materiales, para evitar aglomeraciones y quejas. Además, piden una mayor adaptación del turismo al cambio climático, una exigencia vital.

Tras la confirmación de este verano récord, hay que huir del triunfalismo ciego: es prioritario que el Gobierno, las autonomías (que tienen la competencia) y los grandes municipios turísticos se sienten con las empresas del sector y los sindicatos para alcanzar un gran Pacto por el futuro del turismo, para conseguir que sea sostenible, social y ambientalmente. Porque no puede seguir creciendo sin control, salvo que queramos “matar la gallina de los huevos de oro”. Hay que regular su crecimiento y su futuro, limitando la afluencia de turistas en algunas zonas y fechas, tratando de diversificar y ampliar la oferta, tanto en origen como en destino, para que no lleguen la mitad de los turistas en cuatro meses, sino más a lo largo del año, de nuevos países y a destinos menos masificados.

En definitiva, el turismo sigue salvando la economía y el empleo en España, pero hay que pensar en el futuro y evitar que la burbuja turística nos coma y reviente. Urge una “hoja de ruta” para planificar el turismo en la próxima década, reconvertir la oferta y hacerla sostenible con el medio ambiente y la sociedad que no vive del turismo y lo sufre. Podemos y debemos ser una potencia turística, pero promoviendo un turismo menos masivo y de más calidad, ” evitando que nuestros aeropuertos, carreteras, trenes, hoteles, bares, restaurantes, playas y monumentos sean “una monumental cola”. Eso no es turismo ni vacaciones ni descanso: es agobio y desencanto. Y se nos volverá en contra. Planifiquen.

2,5 millones son "pobres" a pesar de trabajar

Hay 2,5 millones de personas que van cada día a trabajar y son “pobres”: ganan menos del 60% que la media (menos de 916 euros mensuales) y no pueden atender gastos básicos. Son tanto hombres como mujeres, jóvenes y personas de 45 a 59 años, muchos inmigrantes, familias y mujeres solas con niños, personas con poca formación y contratos precarios en el campo, hostelería, construcción, limpieza y servicio doméstico, en el sur y Levante. España es el tercer país europeo con más “trabajadores pobres”, un porcentaje (11,9% de los que trabajan) similar al de 2008. Y Caritas alerta que la mitad de las personas que atienden tienen trabajo. Ahora, la subida de alquileres ha aumentado esta tasa de pobreza laboral, vinculada a empleos precarios y mal pagados, así como a tener hijos. Pero los expertos insisten en que no basta con mejorar empleos y sueldos: urgen políticas para aumentar las ayudas a los más pobres y a las familias con niños. Pobres con empleo.

                               Enrique Ortega

Hasta hace 2 décadas, tener un trabajo permitía a las personas vivir “medianamente bien”: emanciparse, formar una familia, tener una casa o un coche y mantener un ritmo de vida “digno”. Pero la crisis financiera de 2008 trastocó esta “vida tranquila” de la mayoría de trabajadores: muchos perdieron su empleo y otros vieron recortar sus sueldos y sus expectativas vitales, de la mano de los recortes presupuestarios. Y a partir de 2012, con la reforma laboral aprobada por el Gobierno Rajoy, muchas empresas “cambiaron a su personal”, sustituyendo personal mayor por jóvenes peor pagados y con contratos precarios. Y después, la pandemia y la inflación disparada se comieron parte de los sueldos, que apenas habían subido, deteriorando más la calidad de vida de las familias.

Con todo ello, la pobreza afecta a una parte importante de la sociedad, en Europa y en España. En la UE-27, había 72 millones de personas “pobres” en 2023, un 16,2% de la población que ingresaban menos del 60% de la media del continente, según Eurostat. Y España es el 6º país europeo con más porcentaje de población “pobre”, un 20,2% que ingresa menos del 60% de la media española (10.990 euros al año), 9.715.577 personas en 2023, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), sólo por detrás de Estonia (22,6% son “pobres”), Letonia (22,4%), Rumanía (21,1%), Bulgaria y Lituania (20,6%), según Eurostat, que refleja también un alto nivel de “pobreza monetaria” en Italia (18,9% de la población), Francia (15,4%) y Alemania (14,4%).

Lo que quizás se conoce menos es que muchos de estos “pobres” tienen un trabajo, son “pobres con empleo”. En España, los últimos datos del INE revelan que un 32% de los pobres tenían empleo, mientras otro 22% son parados, un 15% son jubilados y el 31% restantes son inactivos (personas que ni trabajan ni buscan trabajo, la mayoría mujeres y jóvenes). Si se aplica el criterio de “pobreza” a las personas que trabajan, que ingresen menos de 10.989 euros al año (916 euros al mes), que se amplía a 23.078 euros anuales (1.923 euros al mes) para familias con dos progenitores y dos niños, según el INE, resulta que un 11,9% de los que tenían un empleo en 2023 eran “pobres”: casi 2,5 millones de trabajadores “pobres” (2.499.654), según los cálculos de la Red EAPN.

El problema de que hay muchos “trabajadores pobres” no es nuevo: lo arrastramos desde 2008, cuando ya eran “pobres” (ingresaban menos del 60% de la media) el 11,7% de los ocupados: eran 2.370.139 trabajadores “pobres”. Después, el porcentaje aumentó con la crisis, hasta un máximo del 14,8% en 2015, para bajar al 12% en 2020 y volver a subir al 14,3% en 2021, por la pandemia, bajando al 12,5% en 2022 y al 11,9% de 2023. Con este último dato, España se sitúa como el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores pobres” (11,9%), sólo por detrás de Rumanía (15%) y Bulgaria (11,7%), peor que Portugal (10%) o Grecia (9,85) y por encima de la media de la UE-27 (8,9% de trabajadores “pobres”), así como de Italia (9,9%), Francia (7,8%) o Alemania (6,5%), según Eurostat.

Dentro de estos 2,5 millones de “trabajadores pobres” en España, el grupo más preocupante son los 890.000 trabajadores (el 4,2% de todos los que trabajan) que viven en “pobreza severa”, porque ingresan menos del 40% de la media (menos de 611 euros al mes los individuos y menos de 1.283 euros mensuales las parejas con 2 hijos). Son “los más pobres entre los trabajadores pobres”, un porcentaje que apenas ha mejorado desde 2008 (cuando los trabajadores en pobreza severa eran el 4,3% del total de ocupados). Y están muy lejos de salir de esta situación, según el estudio de la Red EAPN: ingresan de media 4.521 euros al año y tendrían que ingresar 2.805 euros más al año para salir de la pobreza severa. Y ganar 6.469 euros más al año (539 euros más al mes, vez y media lo que ganan) para salir de la pobreza. Algo imposible… En el caso del resto de “trabajadores pobres”, los que ingresan menos del 60% de la media del país, ganan de media 7.705 euros al año, así que necesitan ganar un 22% más (2.423 euros más al año) para dejar de ser pobres. Difícil…

¿Quiénes son estas personas “pobres” a pesar de trabajar? Son algo más hombres (12,4% de ocupados) que mujeres (11,3%), más jóvenes (12,9% de ocupados entre 16 y 29 años) que mayores (11,8% entre 45 y 64 años), aunque sube la pobreza entre los que tienen de 45 a 59 años, según un estudio de Intermón Oxfam, porque este grupo de trabajadores sufrió más la crisis de 2008 y encima tienen en casa a hijos que no pueden emanciparse. Hay más “pobreza laboral” entre los ocupados con baja formación (27,9% de los que sólo tienen primaria son “pobres”) y sobre todo entre los inmigrantes: un 32,3% de trabajadores de fuera de la UE son pobres (19% si vienen de la UE), frente al 9,9% de españoles ocupados “pobres”. Y lo sufren más zonas rurales (15,4%) que urbanas (11,4%).

Un factor clave es el tipo de contrato que tengan: los trabajadores con contrato temporal tienen más tasa de pobreza (17,9%) que los fijos (7,8% son pobres) y lo mismo los que tienen contratos a tiempo parcial, por horas o días (22,5% son pobres) frente a los que trabajan a jornada completa (sólo 10,1% son pobres). Y como estos contratos precarios les suponen ganar menos, muchos son pluriempleados (el 13,4% son pobres). Otro factor decisivo que explica la pobreza laboral es el sector en que se trabaje. Los que salen peor parados son los autónomos, según el estudio de Intermón Oxfam: el 26,9% son pobres, básicamente porque son “falsos autónomos” o porque son actividades que hacen solos, sin empleados). Y entre los asalariados, los más “pobres” son los que trabajan en el campo (31,4% ocupados son pobres), las empleadas de hogar (29,4% pobres), en hostelería (21,1%) y construcción (19,6%), estando por encima del 15% de empleados pobres los que trabajan como monitores deportivos (15,7%) y en Call centers y limpieza de edificios (15,3%).

Por autonomías, las zonas con más porcentaje de “trabajadores pobres” son Andalucía (19,4% ocupados), Extremadura (17,2%), Ceuta (16,3%), Castilla la Mancha (15,4%), Murcia (14,3%), Canarias y Comunidad Valenciana (13,8%), todas por encima de la media. En resumen, el sur y Este de España. Y tienen poca “pobreza laboral” Navarra (6,3%), país Vasco (6,6%), Madrid (7%), Baleares (9,6%), Cantabria o Asturias (9,6%) y Aragón (10%).

Es importante añadir que la composición de los hogares también es decisiva para que un trabajador sea o no pobre, según el estudio de Intermón Oxfam. Así, esta “pobreza laboral” se concentra más en las familias numerosas (el 39% de los hogares con 3 o más hijos) y en los hogares monoparentales (el 75% de ellos con mujeres solas) con niños (el 29,5% de estos hogares donde la madre trabaja son pobres). Los expertos reiteran que la existencia de menores agrava el riesgo de pobreza, se trabaje o no. También es mayor la tasa de pobreza entre los trabajadores que viven solos (13,3%), ya sean jóvenes o mayores.

Un dato llamativo son los gastos de estos “trabajadores pobres”. El estudio de Intermón Oxfam revela que un tercio viven en alquiler (y el 24% pagan una hipoteca) y que pagarlo se lleva el 53,6% de sus ingresos mensuales  (cuando supone un 22,4% de los ingresos en los hogares sin pobreza). Y otro 25,6% se lo lleva el pago de suministros (luz, agua y gas). Así que entre alquiler (o hipoteca) y pagos del hogar, las familias pobres destinan hasta el 79,2% de sus ingresos (frente al 32% las familias que no son pobres), lo que apenas les deja margen para comida, enseñanza (transporte, comida, uniformes y libros) o sanidad (la mayoría de los hogares pobres no pueden pagar al dentista, las gafas o algunas medicinas). Y por eso, 1 de cada 4 familias pobres acuden a ONGs o a los servicios sociales: Caritas dice que la mitad de las personas a las que atendió en 2023 trabajan.

¿Por qué hay trabajadores que son pobres? La primera causa es que su trabajo es precario y por eso tienen un sueldo bajo, que les dificulta sobrevivir. En España, aunque la reforma laboral ha bajado el porcentaje de contratos temporales (16,4% de los asalariados en septiembre, según la EPA) y a tiempo parcial (12,8%), aún son más que en Europa. Y tenemos  un exceso de trabajos que exigen baja formación y en el sector servicios, que están peor pagados. En  consecuencia, el salario medio bruto en España era de 1.964 euros brutos en 2023, casi un 20% inferior al salario medio en la UE-27, que era de 2.351 euros brutos, según un estudio de Adecco con datos del INE y Eurostat. Y hay 11 paises europeos que cobran más que España: Luxemburgo (4.086 euros brutos mensuales), Holanda (3.771), Irlanda (3.596), Dinamarca (3.494), Austria (3.205), Alemania (3.174), Finlandia (3.040), Bélgica (2.967), Suecia (2.827), Francia (2017) e Italia (2017).

No se trata sólo de que los sueldos sean más bajos, sino que en España se cobra también menos por hora trabajada, según Eurostat: 18,2 euros en 2023, un -24,2% menos que en la UE-27 (24 euros por hora) y bastante menos que en Dinamarca (42 euros/hora), Bélgica (36,3), Irlanda (33,3), Paises Bajos (33), Alemania (31,6), Francia (28,7)o Italia (21,5). Y sólo ganan menos por hora en Portugal (13,7), Grecia (12,6) y los paises del Este.

El segundo problema que explica la pobreza laboral es la inflación, que se ha ido comiendo las subidas de salarios, sobre todo entre 2021 y 2023, pero también antes. Así, el salario medio bruto en España pasó de 1.774 euros en 2008 a 2.128 en 2022 (+20%),  según el INE. Pero como la inflación subió más (+29,9%), pues los salarios reales (descontando la inflación) han bajado, de 1.774 a 1.652 euros. Y esto afecta más a las familias más vulnerables, que son las que sufren más la inflación, por el tipo de gastos que tienen.

Un tercer factor que explica nuestra mayor pobreza laboral es que los salarios se han revalorizado menos en España los últimos años. Así, el salario por hora trabajada aumentó aquí un +27% entre 2008 y 2023,según Eurostat, mientras aumentó un +49% en la UE-27, un 44,95% en Alemania, un +37% en Francia y un +37% en Portugal.

Pero hay más causas que explican por qué tenemos más “trabajadores pobres”. Una es que hemos tenido un salario mínimo muy bajo, menor al del resto de Europa, aunque el Gobierno Sánchez lo haya subido de 736 euros (2018) a 1.134 euros en 2024 (+54%), lo que beneficia a 2,5 millones de trabajadores (muchos han dejado de ser “pobres”, otros no, porque trabajan menos de la jornada completa). Otra causa, clave, es que los trabajadores pobres en España tienen menos ayudas públicas: sólo llegan a un tercio de las familias pobres y su impacto es reducido (suponen el 22% de los ingresos totales), según el estudio de la Red EAPN.

Por eso, los expertos reiteran que no sólo hay que actuar sobre los contratos y los sueldos para reducir la pobreza laboral, sino que hay que aumentar las ayudas públicas a la pobreza, sobre todo a los hogares vulnerables con niños, dado que España destina sólo el 1,5% del PIB a la infancia y la familia, la mitad del gasto que hace la UE (2,4% del PIB). Para ello, habría que ampliar el alcance del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que sólo llegaba en septiembre a 661.640 hogares (con 2 millones de beneficiarios). Además, es importante la reforma del seguro de desempleo, que entrará en vigor el 1 de noviembre y permitirá cobrar un subsidio y aceptar un trabajo (para animar a buscarlo), lo que aumentará los ingresos de algunos “trabajadores pobres”. Además, hay que seguir negociando mayores subidas en los convenios para los trabajadores peor pagados, mejorando en paralelo el salario mínimo.

Y será clave mejorar las ayudas a la infancia, porque los hogares con niños son más proclives a la pobreza. En este sentido, es indignante que la Ley de Familia siga estancada en el Congreso (desde febrero en que la envió el Gobierno), porque pretende asentar las ayudas por hijo (100 euros al mes para hijos menores de 3 años), que el Gobierno quiere ampliar a 200 euros en 2025 (ojo, va a tenerlo difícil si no consigue aprobar los Presupuestos) y generalizarla en el futuro para todos los menores hasta los 6 años.

En resumen, que en pleno siglo XXI, hay 2,5 millones de españoles que se levantan cada día para trabajar sabiendo que su empleo no les impide ser pobres y malvivir. Somos un país que crece y crea mucho empleo, pero a muchos eso no les permite vivir dignamente y tienen graves problemas para subsistir. Habría que polarizar menos la política y pactar de una vez un Plan contra la pobreza, que es una vergüenza social y un cáncer para la economía. Contratos y salarios dignos, alquileres y precios asumibles y ayudas para los que se quedan atrás, esos casi 10 millones de españoles pobres, una cuarta parte trabajando.