España: las ayudas contienen la inflación

La inflación agobia a toda Europa, pero en España lleva 3 meses bajando y tenemos la 2ª menor inflación de la UE, el 7,3% (un tercio menos que en julio). Ello se debe a las ayudas aprobadas para compensar las subidas de la luz, carburantes y gas, pero sobre todo a “la excepción ibérica”: el tope al gas para producir electricidad, que cumple mañana 5 meses, nos ha ahorrado 3.000 millones en la factura de la luz. Ahora, el Gobierno estudia la prórroga de las ayudas para 2023, pero hay 3 problemas: son muy costosas (18.000 millones), alimentan las emisiones de CO2 (consumimos más carburantes y gas) y son injustas (ayudan más a los que más tienen), por lo que muchos defienden concentrarlas en los 6 millones de familias que más sufren la inflación. Mientras, Europa no aprueba un tope al gas ni extiende la excepción ibérica. Y cada país aumenta sus ayudas, más los ricos (+200.000 millones Alemania). Urge un Fondo UE contra la inflación.

Enrique Ortega

La inflación amenaza todas las economías, acercándonos a la recesión, especialmente en Europa, que apenas crecerá el año próximo (+0,3%), cayendo Alemania (-0,6%) y creciendo España sólo un +1%, según el último pronóstico de la Comisión Europea. La fuerte dependencia del gas ruso y de una energía disparada (gas y petróleo), más el repunte de la demanda y los embudos en las cadenas de producción, han provocado que la inflación lleve 16 meses consecutivos subiendo en la zona euro: pasó del 1,9% en junio 2021 al 2,2% en julio y el 5% en diciembre, para escalar al 7,4% en marzo (tras la invasión de Ucrania) y el 10,7% en octubre, la inflación más alta en los 20 años de historia del euro. En España, la inflación también se disparó, del 2,7% en junio de 2021 al 6,5% en diciembre, el 9,8% en marzo de 2022 y un máximo del 10,8% en julio, pero desde entonces lleva ya tres meses bajando, hasta el 7,3% en octubre, según el INE, algo que sólo ha pasado en otros tres países europeos (Estonia, Chipre y Eslovenia). Y tenemos la 2ª menor inflación de la zona euro, sólo algo mayor que Francia (+7,1%) y mucho menor a la de Holanda (16,8%), Bélgica (13,1%), Italia (12,8%) o Alemania (+11,6%), según Eurostat. Y menor que Reino Unido (+9,9%) o EEUU (+7,7%).

Así que nuestra inflación es muy alta (7,3%, la más alta desde 1986), pero es menor que la de la mayoría de Europa. Eso se debe a varios factores, desde una menor dependencia del gas ruso a un mayor peso de las energías renovables (somos el 2º país que genera más electricidad con renovables, tras Alemania), a la contención de los salarios (las subidas pactadas en los convenios, hasta octubre, han sido del 2,6%) y, sobre todo, a las medidas tomadas estos meses por el Gobierno para frenar la subida de los precios de la energía: bajada del IVA y los impuestos a la electricidad, supresión de cargos en el recibo de la luz, bajada del IVA del gas, bonificación de 20 céntimos a los carburantes y ayudas a distintos sectores (transportes, pesca, industria), subvenciones al transporte público y, sobre todo, la aprobación de la “excepción ibérica”, el tope al gas para producir electricidad aprobado por Bruselas.

Mañana se cumplen 5 meses de la entrada en vigor de la excepción ibérica, el 15 de junio de 2022, tras aprobarlo la Comisión Europea sólo para España y Portugal (durante un año), por su avance en las energías renovables y el escaso peso de las importaciones eléctricas (una “isla” eléctrica). La medida suponía poner un tope al precio del gas que se utiliza para producir electricidad (40 euros MWh al principio y hasta 70 euros al final, en junio de 2023), de tal manera que el resto de energías (hidráulica, carbón, térmicas de fuel y renovables) no se beneficiaban de cobrar más de ese tope (los “beneficios caídos del cielo”) y el coste de la electricidad en el mercado mayorista se abaratara drásticamente. Y aunque los consumidores tenían que compensar a las eléctricas de la diferencia en el precio del gas (precio mercado-tope), aun así la factura se abarataba.

Veamos el positivo balance de la “excepción ibérica estos 5 meses. Por un lado, el precio mayorista de la luz se ha mantenido bastante estable, al toparse el precio del gas natural  costase lo que costase en el mercado: de tener “picos” que sobresaltaban al consumidor (360 euros MWh el 22 de diciembre o 545 euros el 15 de marzo, tras la invasión de Ucrania) se ha pasado a un mercado más estabilizado (ver curva de precios), con precios en origen de 165,59 euros el 15 de junio a un máximo de 200 euros el 3 de octubre y 121,18 el viernes 11 de noviembre. Y eso se ha traducido en que la media mensual del precio mayorista de la luz ha pasado de 283,3 euros en marzo 2022 a 169,63 euros en junio y 126,68 euros en octubre de 2022, el precio en origen más bajo desde agosto de 2021.

Y aunque el consumidor ha tenido que pagar más por la luz (al sumar a este precio mayorista la compensación a las eléctricas por el tope al gas), el precio final de la factura también es menor que si no hubiera existido el tope al gas: se ha pasado de pagar 225 euros el 15 de junio (con compensación)  a 475 euros con el precio más alto del gas (30 de agosto), para bajar luego a un mínimo de 80,44 euros en octubre y 128,86 euros el viernes (con compensación al gas). Y si miramos la factura final, a los consumidores con tarifa regulada (11 millones en el sistema PVPC), el recibo ha bajado de 143 euros que pagaron de media en marzo de 2022 (tras la invasión) a 98,8 euros en mayo, para subir luego a 114 en julio, 131 euros en agosto (el 2º peor mes) y 85,63 euros en octubre 2022, la factura de la luz más baja desde agosto 2021 (78,31 euros), según la OCU.

El Gobierno estimó en octubre que “la excepción ibérica” había ahorrado a los españoles 3.000 millones en la factura de la luz, una media de 17 euros al mes por recibo. Y con ello, España está pagando la luz un 35% más barata que los franceses, un 40% más barata que los italianos y un 25% menos que los alemanes, razón por la que la mayoría de países quieren extender esta “excepción ibérica” a toda Europa. Sin embargo, el PP y Feijóo siguen hablando de “timo ibérico” y se agarran a un dato que es falso: que los consumidores españoles “estamos financiando con 1.000 millones a los consumidores franceses”. La realidad es que las “rentas de congestión” (para compensar la diferencia de precios entre dos zonas) entre el 15 de junio y el 17 de octubre han sido positivas para España, más de 700 millones, de los que 414 millones se han inyectado a las centrales, para reducir la compensación a pagar al gas. Y en octubre, la renta de congestión ha sido de 99 millones, el 50% para España, según la OMIE…

Otra medida que ha sido muy efectiva para bajar la inflación los últimos 3 meses ha sido la  subvención al transporte público, tanto la gratuidad en los servicios de cercanías, rodalies de Cataluña y media distancia (que beneficia a 2 millones de usuarios y que se va a extender a todo 2023) como la subvención al 30% en los bonos del transporte público de grandes ciudades. Y también han sido decisivos los 20 céntimos de subvención a los carburantes, que hacen que los conductores paguen ahora por la gasolina (1,51 euros, descontando la bonificación) y el gasóleo (1,76 euros de media la semana pasada) menos de lo que pagaban en marzo (1,81 euros el litro de gasolina y 1,83 el gasóleo). Y por supuesto, también han moderado las subidas de la energía la bajada de impuestos a la luz y el gas.

El problema es que aunque los precios hayan bajado un tercio estos tres últimos meses, hay muchas familias que apenas lo notan, porque sus ingresos no les permiten llegar a fin de mes: son 6 millones de familias, el 32% de los hogares, que no ingresan lo suficiente para pagar la vivienda, la energía, la educación y los alimentos, según el último informe Foessa publicado por Cáritas. Y encima, estos datos son de finales de 2021, con lo que hoy serán muchas más de 6 millones las familias vulnerables, las que están sufriendo especialmente la actual subida de precios. Son, según Cáritas, las familias con 2 hijos que ingresan menos de 2.208 euros al mes, las mujeres solas con niños con ingresos inferiores a 1.816 euros y los que viven solos con menos de 1.136 euros al mes. Es sobre estas familias más vulnerables (en alquiler, con hijos o con trabajos y sueldos precarios) sobre quien cae lo peor de esta crisis de la inflación, aunque nos afecte a todos.

Ahora, la inflación podría estar bajando o estabilizada en noviembre, dado que el gas, el petróleo, la luz y los carburantes no suben apenas, aunque sí los alimentos. Pero todo apunta a que, cuando llegue el frío, la energía, el gas y la luz volverán a subir, dificultando más los problemas de las familias vulnerables y del resto. Y por eso, el Gobierno Sánchez estudia estos días prorrogar las ayudas contra la inflación para 2023, al menos hasta abril. Una decisión que choca con tres problemas, que se están evaluando.

El primer problema es el elevado coste de las ayudas contra la inflación. El Gobierno estima que todas las ayudas aplicadas en 2022 han costado ya 38.500 millones de euros, el 3,19% del PIB. Y ampliar sólo las medidas para frenar los precios de la luz, el gas y los carburantes costaría 18.528 millones en 2023, según FEDEA. Además hay que sumar las ayudas directas a las familias más vulnerables: aumento ingreso mínimo vital, bono social, complemento de becas, ayuda 200 euros personas con bajos ingresos, rendimientos trabajo IRPF…), otra cifra que rondará otros 20.000 millones. La cuestión es que la mayoría de estos costes no están incluidos en los Presupuestos 2023, aunque el Gobierno le ha comentado a Bruselas que cuenta con un “colchón” de 20.000 millones de recaudación extra que espera ingresar en 2023. Pero la AIREF y muchos expertos alertan de que España, con su alto déficit y muchísima deuda, debe mirar mucho lo que gasta en ayudas, sobre todo porque llevamos “tirando del Presupuesto” desde 2020, primero por la pandemia y ahora por la inflación.

El segundo problema que plantea prorrogar algunas ayudas es que favorecen el consumo de energía y las emisiones de CO2, agravando el Cambio Climático. De hecho, entre abril y octubre, la bonificación a los carburantes ha aumentado su consumo, aunque todo el mundo se queje del alto precio: el consumo de gasolina ha crecido un +6,2% y el de gasóleo A un +1,77%, según CORES.Y el consumo español de gas ha crecido un +0,66% entre abril y agosto. Solo ha bajado el consumo de electricidad, un -3%, y más por el buen tiempo que porque ahorremos luz. Así que mantener la bonificación a los carburantes (costaría 4.269 millones), la bajada de impuestos y cargos a la luz (10.452 millones de coste) o la rebaja del IVA al gas (800 millones), tendría un alto coste económico y climático.

El tercer problema es más de fondo: muchas de las ayudas en vigor son injustas, socialmente regresivas, porque benefician más a los que más tienen. Sobre todo las que no son ayudas directas a las familias vulnerables, como las bonificaciones a los carburantes (benefician más a los que tienen más coches, más caros y que gastan más), la bajada de impuestos a la luz y al gas, o incluso la gratuidad y rebaja en los transportes públicos, según demuestra un estudio de la AIReF y ya habían alertado la OCDE y el FMI.

En definitiva, que hay que pensarlo bien antes de prorrogar las ayudas actuales, porque son muy costosas, contaminantes y benefician más a los que sufren menos la inflación. Por eso, la AIReF y muchos expertos, incluyendo la Comisión Europea, defienden concentrar las ayudas en las familias más vulnerables, en esos 6 millones de hogares que sufren más esta crisis, según Cáritas. FEDEA ha lanzado una propuesta concreta: si se centran las ayudas en los que ganan menos de 2.000 euros al mes, podrían recibir un cheque de 1.900 euros anuales con el mismo coste (y más eficacia) que hoy tienen las ayudas vigentes para todos. Eso tiene dos dificultades. Una técnica: perfilar estas familias y poner en marcha un sistema que sea ágil y flexible (algo difícil, como se ha visto con el ingreso mínimo vital). La otra "pega" es política: es difícil que un Gobierno, en un año electoral, prefiera concentrar las ayudas en un tercio de las familias en lugar de generalizarlas a todos los ciudadanos (y votantes).

Probablemente, la decisión del Gobierno será híbrida: más ayudas directas a los más vulnerables y mantener las ayudas generalizadas, con cambios en la subvención a los carburantes (más restrictiva). Con todo, el Presupuesto no es de chicle y habrá que ver qué pasa si la guerra se prolonga mucho y hay que mantener las ayudas todo 2023. De momento, ya vemos lo que ha pasado: que los países ricos de Europa están gastando mucho más que los pobres, según Bruegel: 264.200 millones en ayudas lleva Alemania (7,33% del PIB), 97.000 Reino Unido (3,66%), 71.600 Francia (2,86% PIB), 62.600 Italia (3,51%), 38.500 España (3,19% PIB), frente a 12.400 millones Polonia (0,47% PIB), 10.500 Grecia (5,77%), 7.000 Portugal (3,2%) o 1.800 millones Bulgaria (1,29% PIB).

Y cara al futuro, Alemania ya ha anunciado que va a gastar otros 200.000 millones en ayudas, limitando desde febrero 2023 el precio que pagan hogares e industrias por el gas, la calefacción y la electricidad (subvencionará un 40% los precios). Y mientras, en diciembre, el Gobierno alemán asumirá el 100% de la factura de gas de familias y empresas. Así que el país más rico de Europa se niega a poner un tope al precio del gas europeo y extender la “excepción ibérica” a todo el continente, pero mientras subvencionará a sus hogares y empresas, que tendrán menos costes energéticos para afrontar la recesión y ejercerán una “competencia desleal” con el resto de Europa. España y otros países se han quejado de estas anunciadas ayudas alemanas, pero no las retirarán. Así que a los demás no les queda otro camino que seguir su estela, mantener y aumentar si pueden las ayudas, aunque se carguen las cuentas públicas, salvo que quieran enfrentarse a protestas sociales y a perder las próximas elecciones.

La alternativa europea debería ser otra, por un doble camino: tomar medidas eficaces para frenar los precios de la energía (tope al gas, desechado por Alemania, Holanda y la Comisión Europea, y extender "la excepción ibérica", que nos ha funcionado) y, en paralelo, crear un Fondo europeo de ayudas contra la inflación, como se hizo con la pandemia, para homogeneizar las ayudas públicas entre los 27 y repartir su coste y financiación (problema: los países ricos pagarían más e ingresarían menos). Dos caminos en los que Europa no avanza, mientras la recesión amenaza a la vuelta de la esquina.

El "salto" en los contratos fijos discontinuos

En los 10 primeros meses de 2022, los contratos que más crecieron fueron los “fijos discontinuos”: se hicieron casi 2 millones, 9 veces más que antes de la reforma laboral. Cubren tareas de temporada (turismo, hostelería, campo, conserveras…) pero son contratos fijos: la empresa llama al trabajador cada temporada y el resto del tiempo cobra el paro. Por eso, Feijóo acusa al Gobierno de utilizarlos para “maquillar” las cifras del paro, cuando debería saber que no figuran como parados desde 1985 (tampoco con Aznar y Rajoy), por una norma estadística europea. Lo que ha detectado la inspección de Trabajo es que hay mucho fraude: las empresas abusan del fijo discontinuo para cubrir trabajos que son permanentes y no de temporada, por lo que ha transformado 25.593 en fijos indefinidos. Pero los fijos discontinuos han ayudado a reducir la temporalidad, aunque aún hay muchos contratos precarios, a tiempo parcial (4,68 millones este año), con bajísimos salarios. Y así, 1 de cada 7 trabajadores (2,8 millones) son “pobres”.

Enrique Ortega

El contrato “fijo discontinuo” no es nuevo: se contempla en el Estatuto de los Trabajadores (artículo 16) y su objetivo es incluir trabajos que se realicen de una forma intermitente o periódica pero estable. Es el caso, por ejemplo, de trabajos de temporada en hoteles y restaurantes, en actividades de ocio, monitores de vacaciones o de estaciones de esquí, socorristas de piscinas, logística y comercio (Navidad o rebajas), profesores, trabajadores temporeros en el campo o personal de conserveras y la pesca. Son empleos en los que no se trabaja todo el año, sólo unos meses, pero que tienen una estabilidad año tras año, son”trabajos de temporada” pero estables. Pero hasta 2022, con la reforma laboral, este contrato fijo discontinuo se utilizaba poco: sólo suponía el 10% de los contratos firmados cada mes y lo tenían 373.000 asalariados en 2021 (el 2,19% del total).

El gran cambio en el contrato fijo discontinuo lo introduce la reforma laboral, en vigor desde el 31 de diciembre de 2021 (y totalmente a partir del 31 de marzo de 2022). El objetivo del Gobierno es reducir los contratos temporales y aumentar los fijos, para lo que se potencia el contrato fijo discontinuo, como una forma de canalizar trabajos de temporada que se hacían con contratos temporales (ahora prohibidos). Para eso, junto a la realización de trabajos de naturaleza estacional o actividades de temporada, la reforma laboral incluye 4 nuevas modalidades de contrato fijo discontinuo: trabajos de prestación intermitente (no estacional) que tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados (revisiones periódicas de seguridad, por ejemplo), trabajos de contratas a otras empresas (limpieza, reparación o mantenimiento), personal de ETTs para ser cedidos y trabajos periódicos esenciales para administraciones y empresas públicas.

En definitiva, la reforma laboral ha ampliado  el abanico de posibilidades del contrato fijo discontinuo, para derivar contratos hasta ahora temporales, pero siempre con una idea clara: no puede usarse para una actividad permanente. Para el trabajador, el contrato fijo discontinuo ofrece muchas más garantías que uno temporal: es un contrato fijo, el trabajador forma parte de la plantilla de la empresa, cotiza a la Seguridad Social y cobra un sueldo cuando trabaja, devengando antigüedad y vacaciones. Y la empresa está obligada a llamarle a trabajar cuando se inicie de nuevo la actividad: si no lo hace, el trabajador fijo discontinuo puede reclamar legalmente (en 20 días) y cobrar una indemnización si es despedido (de 20 a 33 días, según sea procedente o improcedente, frente a 12 días de indemnización los temporales).

El trabajador con un contrato fijo discontinuo, cuando no trabaja tiene derecho a cobrar el desempleo, siempre que haya cotizado el mínimo exigido (360 días dentro de los 6 años previos). Pero durante el tiempo que esté sin trabajar, no computa como parado (aparece como DENOS: demandantes de empleo no ocupados). Esto es lo que utiliza el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para acusar al Gobierno Sánchez de “maquillar” las cifras del paro con los fijos discontinuos. Debería saber que esto se hace en España desde 1985 (también con los Gobiernos de Aznar y Rajoy), en cumplimiento de una normativa estadística europea, para  homogeneizar las estadísticas de paro en Europa…

El efecto de la reforma laboral, potenciando y ampliando el contrato fijo discontinuo para reducir la temporalidad laboral, ha dado sus frutos, al disparar su utilización por las empresas este año. Ya en abril de 2022, los contratos fijos discontinuos se multiplicaron por 14 (238.760 contratos frente a 17.391 en abril 2021). Y así han seguido creciendo mes a mes, siendo en octubre el contrato laboral más utilizado: 258.800 contratos fijos discontinuos, un 37,2% de todos los contratos fijos hechos. Y si tomamos los 10 primeros meses de este año (enero a octubre), las empresas han hecho 1.928.700 contratos fijos discontinuos, 9 veces más que en ese periodo de 2021 (sólo se hicieron 212.200). Es el contrato laboral que más crece este año (+809% en 10 meses), más que los fijos indefinidos (+259%), mientras han caído los contratos temporales (-30,5% de enero a octubre).

Este “salto” en los contratos fijos discontinuos hizo saltar las alarmas en el Ministerio de Trabajo en primavera. A finales de mayo, la Inspección de Trabajo envió cartas a 83.600 empresas donde se había detectado un uso “inusual” de los contratos fijos discontinuos, en actividades donde trabajaban 200.000 personas. Fruto de estas cartas y del trabajo de los inspectores, se consiguió detectar, para septiembre, 25.593 contratos fijos discontinuos fraudulentos, en los que las empresas denunciadas los habían utilizado para “enmascarar empleos estructurales como periódicos o intermitentes”, para ahorrarse costes y cotizaciones, imponiendo una precariedad a trabajadores que debían ser fijos permanentes. Un uso abusivo de los contratos fijos discontinuos, que resulta estar muy extendido: se ha detectado en el 66% del los contratos investigados en Aragón, el 63,2% en Asturias y el 59% en Cataluña, según el balance de Trabajo. Ahora, las empresas que han abusado de estos contratos se enfrentan a multas de hasta 10.000 euros por contrato, además de obligarles a regularizar la situación laboral de los trabajadores afectados.

A pesar del “gran salto” en los contratos fijos discontinuos, este tipo de contrato es todavía marginal en España, aunque su peso haya aumentado: a finales de septiembre de 2022, había 525.100 trabajadores con contrato fijo discontinuo (el 57% mujeres y las tres cuartas partes mayores de 30 años), un 3% de todos los asalariados, según la última EPA. Pero  son 151.700 asalariados más con este contrato fijo discontinuo que a finales de 2021, lo que supone un avance para estos trabajadores, que han ganado el tener un contrato fijo y no temporal como antes, aunque sea peor en ingresos que uno fijo continuo (a tiempo completo, no por temporada). Es un avance en derechos laborales, aunque todavía haya demasiadas empresas que lo utilizan de forma abusiva, para “camuflar” contratos temporales precarios, sobre todo en el turismo, la hostelería, y el campo.

La reforma laboral y los contratos fijos discontinuos han conseguido que se firmen este año, de enero a octubre, 5.947.800 contratos fijos indefinidos (4,3 millones más que el año pasado), casi un 38% de todos los contratos firmados este año, cuando en 2021, los contratos fijos firmados no llegaban al 11% (10,9%). Un avance indudable, que consigue ya que casi el 80% (79,81%) de los asalariados españoles tengan un trabajo indefinido (13.890.800 asalariados con empleo fijo, según la EPA septiembre 2022), un porcentaje aún por debajo de la media europea (89,5% empleos indefinidos en la UE-27).

Otro aspecto positivo de la reforma laboral es que se han reducido las personas que trabajan a tiempo parcial, por horas o por días: eran 2.622.000 ocupados a finales de septiembre, 116.000 personas menos que a finales de 2021. Y eso se debe a que la reforma ha encarecido la cotización a la SS de los contratos temporales de duración determinada, sobre todo los contratos de menos de 30 días. Pero todavía son demasiadas las personas que trabajan a tiempo parcial, con jornada reducida: 2.622.000 empleados, el 12,72% de todos los ocupados. El problema es que la mayoría de estos “ocupados parcialmente” no lo eligen, sino que son los únicos empleos que encuentran: trabajos por horas o días, con los que ganan un 59,7% del salario de los ocupados a jornada completa, según el INE. Y los que más lo sufren son las mujeres (1.924.300 trabajan a tiempo parcial) y los jóvenes (los tienen el 38% de los menores de 25 años).

Este tipo de empleos, temporales y a tiempo parcial, son el meollo de lo que se consideran trabajadores subempleados, personas que trabajan menos de lo que necesitan para vivir:  1.617.500 ocupados a finales de septiembre, según el INE, sumando 1.495.600 asalariados, 117.700 autónomos y 4.200 personas en otra situación. Un subempleo que se da sobre todo en los servicios (1.384.700 ocupados), aunque también en la industria (120.100), la construcción (73.800) y en el campo (38.900 subempleados). Y un problema que coloca a España como el país europeo con más “infraempleo”, trabajadores con una ocupación que apenas les llega para sobrevivir: serían un 5,6% de todos los empleados en España (1,15 millones de ocupados), muy por delante del infraempleo en Grecia (4,7% ocupados), Francia (4,5%), Italia (4,1%), Portugal (2,9%), Rumanía (1,8%) o Alemania (1,3% infraempleo), según los últimos datos de Eurostat.

Consciente de este grave problema de “subempleo” e “infraempleo”, la ministra de Trabajo anunció en septiembre en el Congreso medidas contra la explotación laboral. En concreto, Yolanda Díaz anunció un Plan específico de la Inspección de Trabajo para investigar la situación laboral de 290.000 trabajadores sobre los que existen “indicios” de que están realizando jornadas superiores a las declaradas.

En cualquier caso, la reforma laboral no ha podido frenar un problema que crece en España, por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores: han aumentado las personas con trabajo que son oficialmente “pobres” (ingresan menos del 60% de la media). Eran el 14,3% de los trabajadores en 2021, frente al 11,7% en 2013 y el 12% en 2020, según el último informe  de la Red Europea de lucha contra la pobreza (EAPN). Son ya 2.886.455 trabajadores pobres, 1 de cada 7 personas con empleo. Un problema muy serio, que debería servir para replantearse “otra vuelta de tuerca” al mercado laboral, para reducir seriamente el subempleo y mejorar los salarios, tanto el salario mínimo como el salario de la mayoría, para conseguir más empleos decentes y que permitan llegar a fin de mes. Acabar con los trabajos que mantienen en la pobreza.  Es la otra reforma laboral pendiente.

Cumbre del Clima: peligran salud y economía

Esta semana y la próxima se celebra en Egipto la Cumbre del Clima: 196 países intentarán afrontar el Cambio Climático, que ha ido a peor en 2022, con un aumento de las emisiones (también en 2021) y más fenómenos climáticos extremos, con la temperatura subiendo en Europa el doble que en el mundo. Y con los Gobiernos subvencionando el doble a los combustibles fósiles, para atajar la inflación. Un Cambio Climático que no sólo destroza el Planeta: también nuestra salud (mata) y la economía (altos costes).La ONU reitera que urge recortar más drásticamente las emisiones, desde ahora y sin esperar a 2040 o 2050, porque entonces será demasiado tarde. Y piden a los países ricos que ayuden a los países pobres, que sufren más las peores secuelas del Cambio Climático. Pero no se espera que esta Cumbre del Clima, la nº 27 desde 1972, sirva para mucho: los Gobiernos están preocupados por lo inminente, la inflación y la recesión, y el desastre climático les parece “lejano”.

Enrique Ortega

La actual crisis, desatada por la energía y la alta inflación, no debería hacernos olvidar el mayor problema del mundo en este siglo XXI: el Cambio Climático, donde nos jugamos el futuro del Planeta y de la especie humana. Porque mientras nos preocupa el precio de la luz y del carro de la compra o la hipoteca, el deterioro del medio ambiente ha ido a más, en 2021 y 2022, con un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y un aumento de la temperatura y de los fenómenos climáticos extremos (olas de calor, inundaciones, huracanes, sequías e incendios). Y mientras, los Gobiernos se han dedicado a aprobar ayudas públicas contra la inflación que han agravado el consumo de los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón), dando un paso atrás en la lucha contra el Cambio Climático.

De hecho, 2021 y 2022 suponen un retroceso en las políticas climáticas, tras el “espejismo” de 2020, cuando la pandemia redujo el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero (-5,4%), por primera vez desde 2015. Ya en 2021, la recuperación de las economías provocó un aumento de las emisiones del +6%, la mayor subida desde 2010, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Y este año 2022, las emisiones siguen subiendo, aunque algo menos, por el menor crecimiento mundial provocado por la inflación, la energía y la guerra de Ucrania: hasta finales de septiembre, las emisiones habían crecido un +2% en el mundo, un +3,3% en EEUU , un +4,2% en Europa (+3,2% en Alemania, +4,3% en Francia, +7,5% en Italia y +11,6% en España), un +7,7% en India, un +3,1% en Japón y un +0,1% en Rusia, bajando sólo en China (-1,7%) y Brasil (-12,6%), según Carbón Monitor. Y la previsión de la AIE es que las emisiones crezcan este año el +1%, gracias al efecto positivo de las energías renovables y el coche eléctrico.

Así que el mundo, en lugar de recortar emisiones las aumentó en 2021 y 2022. Y ahora, en 2023, la “esperanza” es que se estabilicen o incluso bajen algo, gracias a que las economías entren en recesión o apenas crezcan, por la inflación, la energía y la subida de tipos. Pero eso no sirve, porque la lucha contra el Cambio Climático exige recortes drásticos de emisiones, a ser posible antes de 2050, según los expertos de la ONU. Y porque las emisiones de las últimas tres décadas ya han provocado una concentración récord de gases de efecto invernadero en la atmósfera: en mayo y junio de 2022 se alcanzaron las 421 partes por millón de CO2 en el Observatorio de Mauna Loa (Hawái), 18 ppm más que en 2021 y la mayor concentración vista en millones de años.

Este aumento de emisiones y la histórica concentración de CO2 siguen provocando un aumento de la temperatura de la atmósfera (+1,15 grados sobre el siglo XIX), un aumento del deshielo de los glaciares, una subida del nivel del mar (+20 centímetros entre 1901 y 2018), una pérdida de especies y biodiversidad y un agravamiento de los fenómenos climáticos extremos en 2022: inundaciones en gran parte de Pakistán y sur de Asia, sequía en el cuerno de África, inundaciones y altas temperaturas en India, gigantescos huracanes y un calor extremo en el hemisferio norte, con incendios devastadores.

Los tremendos efectos negativos del Cambio Climático se estaban notando más en Asia, África y Latinoamérica, pero este año los ha sufrido también Europa: ha padecido el verano más caluroso desde 1880 y es  la región del Planeta donde ha subido más rápido la temperatura, el doble que la media mundial en las últimas 3 décadas (+0,5 grados por década), según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y Copernicus. Eso ha provocado olas de calor (42 días en España), inundaciones, sequías e incendios, fenómenos de una intensidad nunca vista antes, que han afectado a millones de europeos, provocando miles de muertes y daños por valor de 50.000 millones de euros. Y la OMM alerta de que estos fenómenos extremos se van a agravar en el futuro en Europa (y en todo el mundo), con un aumento de precipitaciones en el norte, menores lluvias en el Mediterráneo, más problemas para el transporte y el turismo, más muertes por olas de calor y contaminación y un aumento de las alergias en Europa (incluida el asma grave), en adultos y niños.

A nivel global, los expertos del IPPC (ONU) llevan años advirtiendo de las consecuencias evidentes del Cambio Climático, agravadas por el aumento de las emisiones: aumento de la temperatura del Planeta (ya ha subido +1,1 grados y, si no se toman medidas, aumentará hasta +4,4 grados a fin de siglo, lo que provocaría el caos ecológico, económico y vital: el límite debería estar entre +1,5 y +2 grados en 2100), deshielo de los polos y glaciares, aumento temperatura del mar, destrucción de especies y biodiversidad, fenómenos climáticos extremos (sequías, olas de calor,  inundaciones, huracanes), que destruirán cosechas y provocarán migraciones climáticas… Y más recientemente, otros estudios inciden en los graves efectos del Cambio Climático sobre la salud y la economía.

“El Cambio Climático nos está matando”, dijo el secretario general de la ONU, a finales de octubre, como resumen del estudio realizado por 99 expertos mundiales y publicado en la revista The Lancet. Analizan 40 indicadores de salud y concluyen que el Cambio Climático empeora las dolencias cardiovasculares y respiratorias (1,3 millones de muertes en 2020 por la contaminación atmosférica, 117.000 en Europa), así como las alergias, enfermedades infecciosas (malaria) y el riesgo de enfermedades zoonóticas (de transmisión entre animales y humanos, como el COVID 19), aumentando las muertes relacionadas con olas de calor, problemas mentales e inseguridad alimentaria. El estudio destaca que el Cambio Climático afecta más a la salud de los mayores, niños y las personas más vulnerables de los países pobres, que sufren más la sequía, el hambre y el clima extremo.

El Cambio Climático no sólo daña la salud del mundo, también las economías, desde las viviendas, infraestructuras o bosques y cosechas destruidas a las empresas y familias afectadas año tras año. Sólo en Europa, las pérdidas económicas ligadas al clima se estimaron en 12.885 millones de euros en 2020, según Eurostat, con un balance de 145.000 millones de euros perdidos en la última década (2010-2020). Una pérdida anual de 27 euros por habitante (2020), que es mayor en Grecia (91 euros), Francia (62), Irlanda (42,2) o Italia (41,5) y menor en Alemania (20,73 euros), España (13,88 euros), Portugal (8,55), Austria (7,93) o Suecia (6,07 euros perdidos por habitante). Y además de las pérdidas por fenómenos climáticos extremos, el Cambio Climático pone en riesgo el suministro de energía, porque el 15% de las centrales nucleares y un tercio de las centrales térmicas  (que necesitan agua para refrigerarse) están situadas en zonas de “estrés hídrico”, según la OMM, lo que pone en riesgo el suministro futuro de electricidad, en Europa y en medio mundo.

Vistas las graves consecuencias de las emisiones de gases de efecto invernadero y del Cambio Climático, parecería lógico que combatirlo fuera la gran prioridad de todos los países en este siglo XXI. Pero por desgracia, no es así. En la Cumbre del Clima de París, de 1985, se marcó una “hoja de ruta”, para conseguir cero emisiones netas en 2050 y evitar así que la temperatura de la Tierra subiera más de 2 grados en 2010 (y mejor, no más de +1,5 grados). Pero en los años sucesivos, los expertos de la ONU han visto que el Cambio Climático se acelera y los recortes prometidos por los 196 países son insuficientes y se retrasan, a partir de 2030 o 2040. Ya el año pasado, en la Cumbre del Clima de Glasgow, lanzaron la alerta: hay que acelerar los recortes de emisiones, hacerlos más drásticos: reducir entre el -22% y el -50% las emisiones para 2030, según los países.

Ahora, en la antesala de la Cumbre de Egipto, los expertos de la ONU vuelven a lanzar otra alerta al mundo: en 2022, sólo 24 de los 193 países que firmaron el Acuerdo de París han revisado sus planes (entre ellos China) de reducción de emisiones para 2030 y en conjunto, los recortes son insuficientes: plantean una reducción de emisiones del -7% para 2030, muy lejos del recorte del -43% (sobre 2019) que propone la ONU (IPPC). Con estos Planes de los países, la temperatura del Planeta crecería +3 grados para finales de siglo, el doble del objetivo de París, un aumento inasumible, que colocaría al mundo en una gravísima situación climática, según la ONU, que reitera: los recortes hay que hacerlos ahora, en esta década, porque dejarlos para 2040 o 2050 sería demasiado tarde.

Así que el primer gran objetivo de esta Cumbre de Egipto es que los países se comprometan a mayores recortes de emisiones para 2030, algo difícil en un momento donde la mayoría están subvencionando la producción de electricidad , la industria y  el transporte con gas, petróleo y hasta carbón (China y algunos países europeos). Europa (7,7% de las emisiones mundiales) lidera los recortes, tras comprometerse en 2020 a recortar sus emisiones un -55% para 2030. El problema es que los grandes emisores de CO2 no apuestan por recortes similares: China (30,5% emisiones mundiales) se propone alcanzar el pico de sus emisiones en 2030 y retrasar la neutralidad climática hasta 2060, mientras EEUU (2º mayor emisor mundial, con el 14%) se compromete a reducir sus emisiones un -50% para 2030 (con problemas de Biden con los republicanos) e India (tercer emisor mundial: 7,4% emisiones) ha aumentado su recorte al -45% (ojo: sobre 2005). Rusia (4,7% emisiones totales) también retrasa el objetivo de emisiones cero para 2060 y Japón (el 5º país más contaminante: 3% emisiones mundiales) ha prometido reducir sus emisiones un -46% para 2030.

El segundo gran objetivo de esta Cumbre del Clima es que los países aumenten sus inversiones en la transición energética, retrasadas tras la doble crisis de la pandemia (2020-21) y la inflación (2021-22). El mundo debería dedicar 9,2 billones de dólares anuales a la transición energética y dedica 5,7 billones (dos tercios), según un informe de McKinsey. Los expertos de la ONU y de la OCDE reiteran que la primera medida debería ser reducir las enormes ayudas que dan los países a las energías fósiles y destinarlas a promover las energías renovables. Los datos son escalofriantes: en 2021, las subvenciones de 51 países a los combustibles fósiles fueron de 697.200 millones de dólares, el doble de ayudas que en 2020 (362.400 millones), según la OCDE y la AEI. Y este año 2022, con los Gobiernos subvencionando el gas, la electricidad y los carburantes, las ayudas se dispararán. Dinero público que alimenta las emisiones y el Cambio Climático, un suicidio…

El tercer gran objetivo de esta Cumbre de Egipto, el más “vistoso” para la ONU, es lograr que los países ricos ayuden más a la transición energética de los países pobres. En el Acuerdo de París (2015) se pactó un Fondo de 100.000 millones de dólares a partir de 2020. Pero los países ricos han incumplido su compromiso, por partida doble: en 2020 sólo aportaron 83.300 millones y la mayoría de estos fondos fueron préstamos que los países pobres han de devolver (sólo un 21% fueron subsidios a fondo perdido). Y además, dos tercios de estos fondos fueron a reducir las emisiones en esos países y sólo un tercio del dinero occidental (29.000 millones en 2020) se destinó a paliar los daños del Cambio Climático. Ahora, la ONU pide que haya más recursos en este Fondo (entre 160.000 y 340.000 millones al año hasta 2030) y que la mitad de ese dinero se destine a paliar las consecuencias más graves del Cambio Climático, que afectan sobre todo a 10 países de África, Latinoamérica y Asia (Somalia, Haití, Yibuti, Kenia, Níger, Afganistán, Guatemala, Madagascar, Burkina Faso y Zimbabue, según Intermón Oxfam).” Dinero para salvar millones de vidas de la carnicería climática”, ha dicho muy gráficamente Antonio Guterres desde la ONU.

Esta Cumbre de Egipto es la Cumbre Climática nº 27 celebrada hasta ahora (la primera se realizó en Estocolmo en 1972 y la siguiente en Río en 1992), un largo proceso con muchas buenas intenciones y pocos avances concretos. Todo apunta a que este año, con la crisis de la inflación y la amenaza de recesión mundial, el Cambio Climático no será la prioridad y habrá que esperar a mejores tiempos para hacer recortes más drásticos de emisiones y multiplicar las inversiones. El problema es que cuanto más se tarde, peor clima y más costes, económicos  y humanos. Y se acaba el tiempo para actuar. Nos jugamos la vida y el Planeta.

Este Blog cumple 12 años

Se acaban de cumplir 12 años desde que empezamos a publicar este Blog, el 4 de noviembre de 2010, en lo peor de la crisis financiera en España y en Europa. Son ya 1.175 artículos y dibujos (mil gracias, Enrique Ortega, por tu ilustrada ayuda…), dos por semana (lunes y jueves), sin fallar ni una sola (salvo en agosto). Un intento de afrontar las 3 crisis que nos han caído encima (financiera, pandemia, inflación) y analizar lo que está pasando con datos, informes, expertos y un análisis crítico, pero sobre todo “a lo claro”: a la gente le interesa cada vez más la economía, pero “le da “pereza” leer sobre ella, tiene miedo a no entenderla. Este Blog ha pretendido, estos 12 años, analizar los temas de actualidad, lo que nos preocupa (desde el paro, la hipoteca, el recibo de la luz y la subida de precios a las cuentas del fútbol, los impuestos o los problemas de Europa y el Cambio Climático), con la intención de informar y ayudar a entender. Y aquí seguiremos, aunque sea un duro trabajo con pocos lectores.

Enrique Ortega

Escribo este Blog para contribuir a que se comprenda lo que pasa, en un momento donde se echa de menos el periodismo de calidad y donde sobran los “expertos” y tertulianos que simplifican los problemas y las soluciones. En un país donde la gente no lee y pasa horas siguiendo “memes” y “tuits”, es fundamental acercarse a lo que hay detrás de las noticias, explicar por qué sube la luz, qué pasa con los alquileres, si hay que subir o bajar impuestos y qué pasa con el empleo, con las hipotecas o la energía. Son cuestiones complejas, que no se explican con un tuit ni con un meme: mi objetivo es situar los temas, dar los datos básicos, reflejar los distintos ángulos del problema, analizar las posturas de forma crítica y aportar posibles soluciones de instituciones y expertos serios, pasadas por el tamiz de 45 años escribiendo de economía. Por eso, este Blog tiene más de 2.000 palabras: los temas son complejos y no se analizan con 140 caracteres.

El  gran objetivo de este Blog es que los lectores tengan información, datos y análisis para crearse una opinión sobre los problemas nuestros de cada día: todo el mundo es suficientemente inteligente para entender lo que pasa si se le cuenta con datos, independencia y sentido crítico. Eso sí, hay que hacer el esfuerzo de leer, de seguir los temas, para entenderlos y que no nos engañen. Es lo que echo de menos en el periodismo hoy y por eso le dedico muchas horas a rastrear los temas, buscar datos y opiniones, encontrar posibles alternativas, trasladar críticas y sugerencias, informar y formar. Con poco éxito, ya que tenemos pocos lectores cada semana, mientras muchos se quejan de que el Blog tiene “demasiado texto y demasiados datos”… Lo siento, pero la realidad es compleja y tratamos de ser un Blog serio, que aporte información útil y un análisis interesante de la realidad.

Aquí seguimos, tras estos 12 años, con la inestimable ayuda de Enrique Ortega y sus dibujos, que valen más que mil palabras. Y aunque a veces nos desanimamos, sabemos que tenemos seguidores habituales que nos leen cada semana, que agradecen nuestro esfuerzo. Por ellos y porque tenemos el periodismo en la sangre, vamos a seguir aquí. Gracias y leer el Blog cada semana. Y si os gusta, divulgarlo entre amigos y familiares. Aquí estaremos. 

Crisis: hoy gas, mañana materias primas

Primero fue la pandemia: Europa no tenía mascarillas, respiradores ni medicamentos y tuvo que buscarlos en China, a precios desorbitados. Luego, la invasión de Ucrania y el cierre del grifo del gas ruso, que suponía más del 50% del suministro total en 14 países europeos, más la subida récord de alimentos y fertilizantes. Dos crisis que han revelado la tremenda vulnerabilidad de Europa. Y que han llevado a la Comisión Europea a preparar un Plan para asegurarse en el futuro las materias primas fundamentales, desde principios activos de medicamentos, baterías, chips, hidrógeno, tecnologías en la nube y 30 materias primas críticas (del litio al cobalto o las tierras raras) que son básicas para múltiples industrias, electrónica, construcción, energías renovables, alimentación, salud o digitalización. Materias primas que hoy proceden de China (primer proveedor de la mayoría) y países en desarrollo, muchos de ellos autocracias. Se busca diversificar suministros y aumentar el autoabastecimiento, para que, ante futuras crisis, no nos pase como ahora con el gas.

Enrique Ortega

La primera crisis económica de la postguerra europea se produjo en 1973, por una materia prima básica, el petróleo. En octubre de 1973, una coalición árabe liderada por Egipto y Siria atacó a Israel (guerra del Yom Kipur) y posteriormente la OPEP decretó un embargo petrolero a Occidente, disparando los precios del crudo: de costar 3,65 dólares en octubre 1973 pasó a 12 dólares en marzo de 1974. Y eso disparó los precios y hundió las economías. En España, la dictadura trató de amortiguar las subidas, pero la Transición heredó una inflación récord del 28,4% anual en agosto de 1977, que obligó a un ajuste acordado en los Pactos de la Moncloa de octubre de 1977. En 1979 llegó la 2ª crisis del petróleo, tras la revolución iraní y la guerra Irán-Irak, que volvió a disparar los precios del crudo de 13 dólares barril (1979) a 34 dólares (1981), abriendo paso a otra crisis económica en los años 80. Y en 2008, tras la crisis financiera, el petróleo volvió a disparar su precio, hasta un máximo histórico: 144,99 dólares barril el 11 de julio de 2008. Después, el precio se moderó con la recuperación (50,38 dólares a finales de 2019) y se hundió con la pandemia (24,65 dólares en junio 2020). Y en febrero de 2022, con la invasión de Ucrania, estalló la 4ª gran crisis del petróleo, con un precio máximo de 129,49 dólares el 7 de marzo, que ahora ronda los 95 dólares, pero que subirá este invierno, tras la reciente decisión de la OPEP y Rusia de recortar la producción de crudo desde octubre.

Son casi 50 años en que los vaivenes del precio del petróleo han marcado las economías, incapaces de reducir drásticamente su consumo, a pesar de los precios y el Cambio Climático. En el último año, es el gas natural el que hunde las economías, una materia prima de la que nadie hablaba porque tenía un precio estable: en enero de 2021 costaba 19,84 euros MWh. Pero a lo largo del año pasado el precio saltó a 50,52 euros en septiembre y a un récord de 172,88 euros el 22 de diciembre, al utilizar Putin esta energía como arma para presionar a Europa, donde 14 países se aprovisionaban en más del 50% de gas ruso (90% Letonia o Finlandia, 64% Austria, 55% Alemania, 46% Italia, 8,9% España). Y el 24 de febrero de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, el precio saltó a 134,32 euros, que serían casi el doble el 7 de marzo (227,30 euros MWh). Y el récord llegó a finales de agosto, tras los problemas en el gasoducto Nord Stream 2 y el corte de suministro, alcanzando los 346 euros MWh. Luego ha ido bajando, por debajo de los 100 euros, quedando ahora en torno a los 116 euros (indicador europeo TTF), por el buen tiempo (que ha bajado la demanda) y porque los almacenes de gas europeo están llenos. Pero es algo coyuntural y los expertos alertan que el precio del gas subirá en los próximos meses, encareciendo la luz, la calefacción y los costes industriales, lo que alimentará la recesión europea.

En paralelo a las subidas del petróleo y el gas natural, han subido también drásticamente los precios de los cereales y muchas materias primas, debido primero al aumento de la demanda mundial tras la pandemia y los problemas en el transporte marítimo, y después por el corte de suministros de Rusia y Ucrania, que representan más de un tercio de las exportaciones mundiales de cereales, más de la mitad de la exportación de aceite de girasol y son los mayores productores y exportadores mundiales de fertilizantes. Los alimentos ya subieron un 30% en 2021, antes de la guerra de Ucrania, tanto los cereales (+47% entre marzo 2020 y febrero 2022), como los aceites vegetales (+136%), el azúcar (+62%) o los lácteos (+39%), según los datos de la FAO. Y subieron aún más tras la invasión y el corte de suministros, hasta alcanzar un máximo en mayo y junio (+27% de subida sólo este año 2022), aunque ahora los precios están más bajos. Pero los problemas en el tráfico de cereales desde Ucrania y las malas cosechas esperadas en 2022 harán que vuelvan a encarecerse los alimentos, disparando la cesta de la compra en Occidente y el hambre en los países pobres.

Todo apunta a que en los próximos meses, la energía, los alimentos y las materias primas seguirán al alza, agudizando la recesión económica en Europa y gran parte del mundo. Una crisis que ha disparado los beneficios de las empresas energéticas: las multinacionales petroleras y gasistas obtendrán unos beneficios extras de 2 billones de euros en 2022, según la estimación de la Agencia Internacional de la Energía, beneficios que saldrán de los bolsillos de los consumidores y de las ayudas públicas de las Gobiernos a familias y empresas, que superan ya los 500.000 millones de euros en Europa.

Y además, esta crisis de la energía y los alimentos ha alimentado dos negocios más. Por un lado, el de los intermediarios de materias primas, cuyos beneficios se han disparado este año: las multinacionales suizas Glencore (minería y energía), con 19.000 millones de beneficios en la primera mitad de 2021, y Vitol (energía, minería y productos básicos), con 4.500 millones de beneficios en el primer semestre (más que en todo 2021), Gunvor (el tercer operador mundial de crudo, desde Ginebra y Singapur), Trafigura (metales y carburantes) a caballo entre Suiza y Singapur, con 2.700 millones de beneficio en el primer semestre (+30%) y Cargill (sede en paraíso fiscal de Delaware, USA), líder mundial en el comercio de cereales y alimentos. Estos intermediarios conforman un sector concentrado en pocas manos, muy opaco y fuera del control de los Gobiernos, con una operativa que ha provocado numerosas denuncias de corrupción, como revela el interesante libro “El mundo está en venta: la cara oculta del negocio de las materias primas”, escrito por Javier Blas y Jack Farchy.

Otros que hacen negocios con la energía, los alimentos y las materias primas son los Fondos y bancos de inversión y algunos Fondos de pensiones. Son especuladores financieros que tratan de hacer negocios con el petróleo, el gas, los alimentos y hasta el agua, apostando por la compra de futuros y tratando de sacar beneficios extraordinarios de los vaivenes de precios de las materias primas, acelerando la subida de precios. El caso más escandaloso es la implicación de Fondos de pensiones europeos en inversiones especulativas (más de 37.600 millones) en materias primas básicas, incluidos alimentos (maíz o trigo), lo que alimenta la volatilidad y subida de precios, según una reciente investigación coordinada por la organización de periodismo colaborativo Lighthouse Report.

Este complejo panorama de las materias primas preocupa especialmente en Europa, por la tremenda dependencia del continente. Y parece que los Gobiernos europeos empiezan a darse cuenta de su peligrosa vulnerabilidad, ya puesta de manifiesto en las dos últimas crisis. En la pandemia, Europa no disponía de mascarillas, respiradores y medicamentos y tuvo que depender de los suministros de China, a precios desorbitados. Y ahora, con la crisis de la energía y los alimentos, Europa se ha visto otra vez contra las cuerdas, buscando a la carrera barcos con gas y alimentos, tras más de un año con industrias sin chips ni baterías para los coches. Y parece que esta vez, los dirigentes europeos han aprendido la lección y buscan una mayor autosuficiencia y diversificación en la provisión de materias primas, cara a futuras crisis.

La primera señal de alerta la dio la Comisión Europea en septiembre de 2020, tras las graves enseñanzas del COVID-19. En una Comunicación al Parlamento Europeo, Bruselas advertía de la existencia de 30 materias primas fundamentales para el funcionamiento de la economía y donde China es el principal suministrador para Europa de 20 de ellas, junto a otros países de África, Latinoamérica y Asia, muchos de ellos “autocracias”. Son básicamente minerales y “tierras raras” básicos para la industria aeroespacial, industria energética, electrónica, energías renovables, automóvil, construcción, industria agroalimentaria, salud y economía digital: antimonio, baryte, bauxita, berilio, bismuto, borato, cobalto, carbón de coque, escandio, estroncio,  fluorita, fosforo, galio, germanio, hafnio, litio, indio, magnesio, grafito natural, caucho natural, niobio, platino, roca fosfatada, silicio, tántalo, titanio, tierras raras (ligeras y pesadas), tungsteno y vanadio (ver aquí lista minerales, para qué se utilizan y países productores).

En mayo de 2021, otra Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo trata de situar el problema de la dependencia de Europa de las materias primas, señalando que de los 5.200 productos que importa la UE hay 137 que son “sensibles”, por su importancia económica y la dependencia exterior de Europa. Y señala 6 áreas estratégicas sobre las que actuar, para evitar la vulnerabilidad que ya se vio con la pandemia: principios activos farmacéuticos, baterías, semiconductores (“chips”), hidrógeno, tecnologías en la nube y materias primas críticas (la lista anterior de 30 minerales básicos). Y reitera la enorme dependencia exterior para asegurar estas 6 áreas estratégicas, dado que más de la mitad de las importaciones de estos productos estratégicos dependen de China (52%), Vietnam (11%) y Brasil (5%), viniendo el resto de Corea del Sur (45%), Singapur (4%), EEUU (3%), Reino Unido (3%), Japón (3%) y Rusia (3%). Y recuerdan que China suministra el 98% de las tierras raras, Turquía el 98% del borato o Sudáfrica el 92% del iridio, el 84% del rodio o el 93% del rutenio.

En noviembre de 2021, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión una estrategia europea para asegurar el suministro de las materias primas fundamentales, que serán mucho más importantes en el futuro: para 2030, Europa necesitará 18 veces más de litio (que se produce en Chile, Argentina y Australia, pero el 60% se procesa en China), 5 veces más de cobalto (que viene un 50% de África central, un 24% de Australia y un 10% de América) y 5 veces más de “ tierras raras” (el 90% proceden de China). La estrategia de la Comisión pasa por actuar en varios frentes: diversificar los países suministradores (buscando alianzas con productores de África y Latinoamérica, así como en los Balcanes), aumentar la capacidad de suministro europea (con plantas de chips, baterías y principios activos de medicamentos, así como con el fomento de minas de litio en Portugal, España, Francia y países del este y norte de Europa), fomento del reciclaje (se podría recuperar más del 50% del litio y tierras raras que utiliza la UE), aumento desaladoras (de la salmuera se puede obtener magnesio, litio y tierras raras) y la inversión de 300.000 millones de euros en el proyecto Global Gateway, para asegurar la presencia europea en infraestructuras y  futuras cadenas de suministro de energía,  medicamentos, materias primas y digitalización.

Hace poco, en septiembre de 2022, la presidenta de la Comisión anunció en el Parlamento Europeo que se va a aprobar una Ley europea de Materias Primas Fundamentales, para identificar los proyectos estratégicos (desde la extracción, refinado, transformación y reciclado) y crear unas reservas estratégicas, que echamos en falta con la pandemia y la actual crisis de la energía y los alimentos. De momento, es un gran avance que Europa reconozca lo vulnerable que es y se prepare para ser más autosuficiente en materias primas estratégicas, aunque los proyectos punteros, como las nuevas giga factorías  de chips, baterías y materias primas farmacéuticas estén muy retrasadas y sigamos lejos de China y EEUU. Lo importante es haber detectado el problema y empezar a actuar. Porque habrá futuras crisis, provocadas por otras materias primas y otros Putin. Y saldremos mejor de ellas si nos anticipamos, diversificamos proveedores  y somos más autosuficientes. Aprendamos de los errores desvelados por la pandemia y el gas.